Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00286-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00286-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2012-00286-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00286-00
Actor: RAMÓN ANTONIO MENDOZA BULA
TESIS: LOS ARTÍCULOS DEMANDADOS NO CREARON UN
PROCEDIMIENTO DISTINTO DEL PREVISTO PARA LA
OBTENCIÓN DE LA HABILITACIÓN PARA PRESTAR EL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LAS DISPOSICIONES
CONTROVERTIDAS ESTABLECEN REGLAS DE TRANSICIÓN
ORIENTADAS A QUE LAS EMPRESAS PREVIAMENTE
AUTORIZADAS ADECUEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A
LAS CONDICIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO
DEMANDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el
señor RAMÓN ANTONIO MENDOZA BULA, quien actúa en nombre
propio, en la que solicita se declare la nulidad de los artículos 46 y
47 del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001, “POR EL CUAL SE
REGLAMENTA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA”,
expedido por el gobierno nacional, conformado por el presidente de
la República y el Ministerio de Transporte.
2
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00286-00
Actor: RAMÓN ANTONIO MENDOZA BULA
I.- LA DEMANDA
I.1.- El señor RAMÓN ANTONIO MENDOZA BULA, en ejercicio del
medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA-, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a
obtener las siguientes declaraciones:
“[…] 1. Se declare la nulidad de los artículos 46 y 47,
transitorios, del Decreto 171 del 5 de febrero de 2001,
expedido por el Gobierno Nacional, "Por el cual se reglamenta el
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros
por Carretera."
2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se conmine
al Gobierno Nacional para que presente un proyecto de Ley ante
el Congreso de la República, en el que se declare que las
empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros
por carretera que con anterioridad a la sanción de la Ley se
encontraban prestando el servicio en áreas o zonas de operación
y según demanda, no seguirán el trámite administrativo del
concurso público para la adjudicación de rutas y horarios […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se destacan los
siguientes:
Indicó que el Congreso de la República, a través de las leyes 105 de
1993 y 336 de 1996, reguló el transporte público automotor en
Colombia y estableció que la prestación del servicio estaría sujeta a
una autorización.
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Actor: RAMÓN ANTONIO MENDOZA BULA
Que para el caso del transporte de pasajeros por carretera, dicho
permiso se otorga una vez cumplido un proceso licitatorio de rutas y
horarios, previo estudio que determina la demanda insatisfecha y las
necesidades del servicio.
Señaló que el Gobierno Nacional, a través de los artículos 46 y 47 del
Decreto 171 de 2001, estableció una excepción a la regla, y autorizó
a las empresas que prestaban el servicio con anterioridad a la
expedición del decreto para que continuar su prestación con las rutas
y horarios que venían realizando en “zona de operación” y “según
demanda”.
Manifestó que las disposiciones omitiendo el procedimiento previsto
por el legislador, esto es, la realización del concurso público
correspondiente, que reglamentaron el procedimiento de
adjudicación de rutas y horarios.
Explicó que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante las
sentencias de 24 de agosto de 2006 y 27 de febrero de 2003, declaró
la nulidad de los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Decreto 175 de
2001; y 8°, numeral 2, del Decreto 171 de 2001, fundadas en el
hecho de que el Gobierno Nacional carecía de competencia para
excluir de la realización del concurso correspondiente a las empresas
de transporte que prestaran los servicios que no se encontraran
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Actor: RAMÓN ANTONIO MENDOZA BULA
excluidos expresamente por la ley, tales como el de taxi y servicios
especiales.
I.3.- Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora sostuvo que los artículos demandados transgredieron
los artículos 13 y 336 de la Constitución Política; 3°, numerales 5, 6
y 7 de la Ley 105 de 19931; y 19 de la Ley 336 de 19962.
Afirmó que el Gobierno Nacional excedió su facultad reglamentaria,
toda vez que estableció un procedimiento diferente al previsto en las
leyes mencionadas para la adjudicación de rutas a las empresas que
prestan el servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros en
“áreas de operación” y “según demanda”, pues omitió el proceso de
licitación de rutas.
Explicó que la prestación del servicio de transporte en “zona de
operación” y “según demanda”, no ha sido reglamentada por el
Gobierno Nacional, lo cual generó una mala prestación del servicio,
la existencia de competencia desleal, la “guerra del centavo”,
produciendo muertos, heridos y pérdidas económicas para los
propietarios de las empresas transportadoras.
1
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”.
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II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1.- Admisión. Mediante proveído de 29 de mayo de 20143 se
admitió la demanda de la referencia y se ordenó notificar al ministro
de Transporte.
II.2.- Medida cautelar. Según escrito separado de la demanda, el
actor solicitó la suspensión provisional de los efectos del decreto
acusado, la que fue denegada mediante auto de 5 de abril de 20194,
por cuanto de un examen preliminar de las disposiciones acusadas
se podía inferir que fueron expedidas en ejercicio de las facultades
de reglamentación del Ejecutivo autorizadas por la Constitución y las
normas reglamentadas.
II.3.- Contestación
II.3.1. El Ministerio de Transporte señaló que las figuras
denominadas “zonas de operación” y “despachos” se encontraban
reguladas por disposiciones anteriores al decreto demandado, por lo
que, en virtud del principio de confianza legítima, adoptó medidas
transitorias con la finalidad de evitar consecuencias negativas para
la prestación del servicio de transporte.
3
Cfr. índice núm. 10 del expediente digital.
4
Visible en el índice núm. 46 del expediente digital.
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Indicó que las disposiciones demandadas no quebrantan los
principios del concurso público, pues estas se limitaron a poner en
igualdad de condiciones a las empresas respecto de las cuales
existían situaciones administrativas consolidadas, previa expedición
de los decretos 1927, 170 y 171 de 2001.
Manifestó que el Decreto 171 de 2001 fue expedido con la finalidad
de organizar el servicio público de transporte, toda vez que con
anterioridad a dicha disposición eran las empresas prestadoras del
servicio las que determinaban y cuantificaban la oferta y demanda
del transporte, incluyendo número, clase y nivel de servicio.
Afirmó que, comoquiera que las autorizaciones anteriores a la
expedición de la norma gozaban de presunción de legalidad, era
necesario establecer un procedimiento para unificar los criterios en
la prestación del servicio, impidiendo que las empresas antiguas
operaran de una forma y las nuevas de otra.
Adujo que, contrario a lo afirmado en la demanda, los artículos
controvertidos no establecen una excepción al procedimiento de
asignación de rutas, sino que regulan la posibilidad de que las
empresas que ya se encontraban autorizadas con anterioridad, bajo
la denominación de zonas de operación o frecuencias según la
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demanda, cambiaran sus esquemas operativos y se acogieran a rutas
y horarios.
Expuso que el supuesto reglamentado en los artículos 46 y 47 del
Decreto 171 de 2001, no tiene que ver con adjudicación de rutas sino
con la definición de trayectos o la determinación de frecuencias frente
a rutas previamente autorizadas.
II.4.- Audiencia inicial. El Despacho sustanciador, mediante
proveído de 25 de marzo de 20225, dio aplicación a lo previsto en el
artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por
el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021, y prescindió de
realizar la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA,
fijó el litigio6 y resolvió acerca de las pruebas aportadas por las partes.
Posteriormente, en auto de 13 de mayo de 20227 corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
II.5.- Alegatos de conclusión
5
Visible en el índice núm. 36 del expediente digital.
6
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar sí los artículos 46
y 47 del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001, expedido por el MINISTERIO DE TRANSPORTE,
desconocieron o no los artículos 13 y 336 de la Constitución Política; 3°, numerales 5, 6 y 7 de la Ley 105
de 1993; y 19 de la Ley 336 de 1996 y sí se excedió la facultad reglamentaria sobre la prestación del
servicio público de transporte terrestre automotor, conforme a lo expuesto por el actor a folios 62 a 66 del
expediente físico y a lo respondido por la demandada a folios 96 a 102 del expediente […]”.
7
Visible en el índice núm. 45 del expediente digital.
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II.5.1- El Ministerio de Transporte8 reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.
Insistió en que los artículos 46 y 47 pretendían, de manera
transitoria, reglamentar las figuras de “zonas de operación” y
“despachos según demanda”, toda vez que, antes de la expedición
del Decreto 171 de 2007, se adjudicaban a las empresas de
transporte autorizaciones según las necesidades de cada empresa,
pues ellas mismas determinaban la cuantificación de la demanda y
oferta, incluyendo el número, la clase de vehículo y el nivel del
servicio.
Indicó que los artículos demandados pretendían unificar la prestación
del servicio respecto de las empresas que tenían autorizaciones
vigentes y de aquellas nuevas que entraran a operar en dichas zonas.
Insistió en que las disposiciones demandadas no establecían una
excepción a la forma de adjudicación de las rutas, toda vez que sus
reglas eran aplicables a “las empresas que cuentan con
autorizaciones para prestar el servicio de transporte de pasajeros por
carretera”, por lo que para aplicar el régimen transitorio debía existir
una autorización previa obtenida agotando el procedimiento previsto
por la normativa anterior al Decreto 171 de 2001.
8
Visible en el índice núm. 51 del expediente digital.
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II.5.2- El actor guardó silencio y el Ministerio Público no rindió
concepto.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1.- Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149.1 del
CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el
artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del asunto de la referencia.
III.2.- El acto acusado
En el caso en concreto, el señor RAMON ANTONIO MENDOZA
BULA solicitó la nulidad de los siguientes artículos del Decreto 171
de 2001:
“[…] DECRETO 171 DE 2001
(febrero 5)
por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
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Constitución Política de Colombia, las Leyes 105 de 1993 y 336 de
1996 y el Código de Comercio.
DECRETA
[…]
Artículo 46. Transitorio - zonas de operación. Las empresas
que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de
transporte de pasajeros por carretera "en zonas de operación",
presentarán la relación de rutas y horarios servidos en los tres
(3) meses previos a la publicación del presente decreto,
debidamente soportada en los despachos realizados desde los
terminales de transporte, anexando un plan de rodamiento que
contemple la capacidad transportadora autorizada.
Verificado lo anterior, el Ministerio de Transporte expedirá el acto
administrativo reconociendo estas rutas y horarios,
entendiéndose como no servidos o abandonados aquellos
servicios no relacionados u omitidos por las empresas.
Artículo 47. Transitorio - despachos según demanda. Las
empresas que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio
de transporte de pasajeros por carretera "según la demanda",
presentarán la relación de rutas y horarios servidos en los tres
(3) meses previos a la publicación del presente decreto,
debidamente soportada en los despachos realizados desde los
terminales de transporte, anexando un plan de rodamiento que
contemple la capacidad transportadora autorizada.
Verificado lo anterior, el Ministerio de Transporte expedirá el acto
administrativo reconociendo estos horarios, entendiéndose como
no servidos aquellos no relacionados u omitidos por las empresas
[…]”.
IV.3.- Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si como lo alega el actor procede la
declaratoria de nulidad de los artículos 46 y 47 del Decreto 171 de
2001, “por el cual se reglamenta el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”,
expedido por el Gobierno Nacional, en razón a que esta autoridad
administrativa excedió su facultad reglamentaria al fijar una
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excepción no prevista en la ley para el proceso de adjudicación de
rutas y excluirlas de adelantar el proceso de licitación para obtener
la autorización necesaria para la prestación del servicio de transporte
en esas modalidades.
IV.4.- De la decisión
IV.4.1.- Normas violadas
Como se expuso, la parte actora solicita que se declare la nulidad de
los artículos 46 y 47 del Decreto 171 de 2001, por la presunta
vulneración de los artículos 13 y 336 de la Constitución Política; 3°,
numerales 5, 6 y 7, de la Ley 105 de 1993; y 19 de la Ley 336 de
1996, que prevén:
• Constitución Política
“[…] Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
[…]
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Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como
arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y
en virtud de la ley.
La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de
que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en
virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una
actividad económica lícita.
La organización, administración, control y explotación de los
monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio,
fijado por la ley de iniciativa gubernamental.
Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte
y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de
salud.
Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores,
estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y
educación.
La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de
monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los
términos que establezca la ley.
El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas
del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad
cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos
que determine la ley.
En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los
trabajadores.
• Ley 105 de 19939
“[…] Artículo 3.- Principios del transporte público. El transporte
público es una industria encaminada a garantizar la movilización
de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada
una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad
de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una
contraprestación económica y se regirá por los siguientes
principios:
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“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias
y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones”
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[…]
5. DE LAS RUTAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS:
Entiéndese por ruta para el servicio público de transporte el
trayecto comprendido entre un origen y un destino, con un
recorrido determinado y unas características en cuanto a
horarios, frecuencias y demás aspectos operativos.
El otorgamiento de permisos o contratos de concesión a
operadores de transporte público a particulares no genera
derechos especiales, diferentes a los estipulados en dichos
contratos o permisos.
El Gobierno Nacional, establecerá las condiciones para el
otorgamiento de rutas para cada modo de transporte, teniendo
en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en
las características de la demanda y la oferta.
6. DE LA LIBERTAD DE EMPRESA:
Para la constitución de empresas o de formas asociativas de
transporte no se podrán exigir otros requisitos que los
establecidos en las normas legales y en los reglamentos
respectivos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a
la prestación del servicio público, las empresas, formas
asociativas de transporte y de economía solidaria deberán estar
habilitadas por el Estado. Para asumir esa responsabilidad,
acreditarán condiciones que demuestren capacidad técnica,
operativa, financiera, de seguridad y procedencia del capital
aportado.
Las autoridades sólo podrán aplicar las restricciones a la iniciativa
privada establecidas en la Ley, que tiendan a evitar la
competencia desleal, el abuso que personas o empresas hagan
de su posición dominante en el mercado, para garantizar la
eficiencia del sistema y el principio de seguridad.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o sus
organismos adscritos reglamentará las condiciones de carácter
técnico u operativo para la prestación del servicio, con base en
estudios de demanda potencial y capacidad transportadora.
El transporte de carga será prestado por personas naturales o
jurídicas debidamente autorizadas por las autoridades y el
Gobierno Nacional regulará su funcionamiento. El Gobierno
establecerá los lineamientos para que el transporte de carga se
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lleve a cabo bajo condiciones de seguridad y eficiencia.
Igualmente no existirán restricciones para rutas y frecuencias,
estas serán determinadas por el mercado. El Gobierno Nacional
podrá establecer condiciones técnicas y de seguridad para la
prestación del servicio y su control será responsabilidad de las
autoridades de tránsito.
7. DE LOS PERMISOS O CONTRATOS DE CONCESIÓN:
Sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de
carácter internacional, la prestación del servicio de transporte
público estará sujeta a la expedición de un permiso o contrato de
concesión u operación por parte de la autoridad competente.
Quien cumpla con las exigencias que al respecto se establezcan,
tendrá derecho a ese permiso o contrato de concesión u
operación. Quedan incluidos dentro de este literal los servicios
de transportes especiales […].
• Ley 336 de 1996. ESTATUTO GENERAL DE TRANSPORTE
[…]
ARTÍCULO 19.- El permiso para la prestación del servicio
público de transporte se otorgará mediante concurso en el que
se garanticen la libre concurrencia y la iniciativa privada sobre
creación de nuevas empresas, según lo determine la
reglamentación que expida al Gobierno Nacional.
Cuando el servicio a prestar no está sujeto a rutas y horarios
predeterminados el permiso se podrá otorgar directamente junto
con la habilitación para operar como empresa de transporte […]”.
IV.4.2.- Alcance de la potestad reglamentaria
Ahora, para delimitar si los artículos demandados transgreden las
disposiciones anteriormente reseñadas, la Sala considera relevante
resaltar los siguientes aspectos:
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Sobre la potestad reglamentaria, la Sección, en reiterada
jurisprudencia, entre otras, en sentencia de 14 de mayo de 202610,
sostuvo lo siguiente:
“[…] Frente al ejercicio de la potestad reglamentaria, esta
Sección, entre otras providencias, en sentencia del 20 de noviembre
de 201411, definió sus parámetros, así: (i) se trata de una facultad
constitucional atribuida permanentemente a ciertas autoridades
para expedir disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto,
a través de las cuales se desarrollan reglas y principios fijados en la
ley; (ii) su finalidad consiste en establecer detalles y
pormenores necesarios para la debida aplicación de las
disposiciones legales; (iii) en ningún caso puede modificar,
ampliar o restringir su contenido material o alcance; y (iv) su
atribución corresponde principalmente al Presidente de la República,
pero también, de manera derivada, a otros órganos constitucionales
dentro de la Rama Ejecutiva, como a los ministerios, de acuerdo con
lo señalado por el artículo 208 de la Carta; y en la Rama Judicial a
las altas cortes, como sucede según lo dispuesto así en los artículos
241 para la Corte Constitucional, 237 para el Consejo de Estado y
235 para la Corte Suprema de Justicia.
En lo atinente a los límites de la potestad reglamentaria, esta
Corporación también ha dicho que, en el ejercicio del poder
reglamentario, a las autoridades les compete complementar la
ley en la medida en que sea necesaria para lograr su
cumplida aplicación, pero no conlleva la interpretación de los
contenidos legislativos, sino que debe limitarse y subordinarse a
su contenido12.
Ahora bien, como la Sala se encuentra frente al cargo de nulidad
relacionado con el presunto exceso de potestad reglamentaria,
conviene aludir al concepto de reserva de ley, comoquiera que esa
noción sirve de ayuda para delimitar las competencias del legislador
y de la administración. Para ello, resulta particularmente ilustrativa
la sentencia C-507 de 2014, en la que se estudió la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 25 de la Ley 1564 de
2012, por el cual se le asignaba al Consejo Superior de la Judicatura
la facultad para modificar las cuantías como factor de competencia.
En esa oportunidad, la Corte Constitucional indicó lo siguiente:
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2026, Radicación núm: 11001 03 24 000 2017 00110 00; M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.
11
C.P.: Guillermo Vargas Ayala. Radicado número: 11001-03-24-000-2010-00119-00.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 6 de julio
de 2017. C.P.: William Hernández Gómez, radicado número: 11001-03-24-000-2008-00390-00(0585-
09).
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4.2.1. De manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha
señalado que en razón de la cláusula general de competencia a que
se refieren los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Constitución
Política, corresponde al Legislador regular los procedimientos
judiciales y administrativos, especialmente lo relacionado con la
competencia de los funcionarios, los recursos, los términos, el
régimen probatorio, las cuantías, entre otros.
4.2.2. En estos términos, la Corte ha señalado que en virtud de su
potestad legislativa en materia de procedimientos, el legislador
puede “(…) regular y definir entre los múltiples aspectos de su
resorte legislativo, algunos de los siguientes elementos procesales:
(i) el establecimiento de los recursos y medios de defensa que
pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las
autoridades, -esto es, los recursos de reposición, apelación, u otros
-, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los
mismos. (ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades
que se deben cumplir en cada uno de los procesos. (iii) La radicación
de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y
cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera
explícita en la Carta. (iv) Los medios de prueba y (v) los deberes,
obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los
terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y eficacia del
trámite, o para proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir
daños o perjuicios en unos u otros procesos”. Sin embargo, ha
señalado esta Corporación que dicha potestad no es absoluta, pues
“[…] debe ser ejercida sin desconocer los principios y valores
constitucionales, la vigencia de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, y los principios de razonabilidad, proporcionalidad y
prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo (Art. 228 C.P.),
que se constituyen en límites al ejercicio legítimo de tales
competencias”.
4.2.3. Esta competencia, según lo ha señalado esta Corporación, “le
permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se
asegura la plena efectividad del derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son
reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el
equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el
principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. Y […]
mientras el legislador, no ignore, obstruya o contraríe las garantías
básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para
establecer las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como
‘el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza
del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las
diversas instancias judiciales o administrativas”.
4.3.1. La cláusula de reserva de ley es una de las
manifestaciones de los principios democrático y de
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Actor: RAMÓN ANTONIO MENDOZA BULA
separación de poderes, que suponen que las normas que
rigen la vida en sociedad reflejen mínimos de legitimidad, al
ser la expresión de la soberanía popular, el resultado del
procedimiento deliberativo en el proceso de formación de las leyes y
el reparto del ejercicio del poder normativo, que significa que el
Legislador debe adoptar las decisiones que el Constituyente le ha
confiado, y que el instrumento a través del cual estas se reglamentan
no puede establecer disposiciones que sean propias del ámbito del
Legislador.
4.3.2. La reserva de ley exige que la regulación de ciertas
materias solo pueda adelantarse mediante ley, o cuando
menos se funde en ella, en ciertos casos bajo el concepto de
ley en sentido formal, es decir, emanada directamente del
Congreso de la República, y denominada estricta reserva
legal; y en otros bajo la noción de ley en sentido material,
permitiendo la intervención del ejecutivo como excepcionalmente
facultado para dictar normas con fuerza de ley (CP. art. 150.10). Lo
anterior, significa que el Legislador de ninguna manera puede
despojarse de las funciones que la Constitución le ha atribuido para
delegarlas, sin más, en otra autoridad so pretexto de su
reglamentación.
Bajo estos parámetros, a manera de síntesis, se puede afirmar
que, según lo dispuesto en el artículo 150 (numeral 2°) de la
Carta Política y la jurisprudencia, la regulación de los
aspectos procesales aplicables a los procedimientos
judiciales y administrativos le corresponde al legislador, y la
potestad reglamentaria está reservada para complementar la ley con
el fin de garantizar su debida aplicación.
Es decir que cuando el legislador ejerce su competencia y
expide la ley regulando el tema, las autoridades revestidas
de la potestad reglamentaria, llámese presidente de la
república o ministros podrán complementar la ley para su
debida aplicación, atendiendo criterios de necesidad,
adecuación y suficiencia; pero en ningún caso podrán modificar,
ampliar, o restringir su contenido material o alcance, so pena de
excederse en la potestad reglamentaria, pues estaría usurpando una
función constitucional de una de las ramas del poder público.
En este punto, conviene resaltar que la extralimitación en la potestad
reglamentaria, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,
podría configurarse en los siguientes eventos. El primero de ellos es
cuando el legislador no ha ejercido su función constitucional, es
decir, no ha expedido la ley, y la autoridad revestida de la potestad
reglamentaria lo hace en su lugar. El segundo escenario se presenta
cuando, existiendo la ley, la autoridad revestida de la potestad
reglamentaria expide el acto y materialmente no cumple con la
finalidad de complementariedad, adoptando reglas que no son
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necesarias o no son adecuadas y suficientes para alcanzar el
propósito que la reglamentación persigue, que es el cumplimiento de
la ley que reglamenta. El tercer supuesto se presenta siempre que,
expedida la ley, la autoridad revestida de la potestad reglamentaria
modifica, amplía o restringe su contenido material o alcance; en este
caso desconoce la norma superior que reglamenta, lo que implica la
nulidad de la reglamentación, pero no precisamente por
extralimitación en la competencia, sino por infracción a norma
superior13 […]”. (Resaltas fuera de texto)
IV.4.3.- Generalidades del servicio de transporte
Conforme lo define la Corte Constitucional14, la actividad de
transporte constituye un servicio público15 y bajo esa clasificación el
Estado debe garantizar su prestación de manera permanente, regular
y continua, debido a que su función es esencial en el desarrollo de
las actividades que cumplen sus usuarios, bien para el transporte de
personas o de mercancías.
En efecto, la legislación en la que se fundaron los actos acusados define
que el sistema de transporte terrestre automotor por carretera de
pasajeros se presta en la modalidad de: i) pasajeros, entendida
como “[…] el traslado de personas al lugar o sitio convenido […]”16, y
13
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López. Sentencia del 13 de febrero de 2025. Radicación núm.:
11001-03-26-000-2015-00007-00. Actor: Antonio María Barrera Carbonell.
14
Corte Constitucional. Sentencia C-066 de 1999. M.P. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
15
Así lo define la Ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte". En su
“ARTÍCULO 5-El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le
otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general
sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección
de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo”
16
Decreto 1557 de 1998 “por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor de pasajeros por carretera”. El artículo 5° prevé:
“Para los efectos previstos en este decreto la actividad transportadora terrestre automotor se clasifica:
1. Según su modalidad.
a) Pasajeros. Es el traslado de personas al lugar o sitio convenido.
b) Mixto. Es el traslado simultáneo de personas y cosas al lugar o sitio convenido […]”
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ii) mixta, que hace referencia al transporte simultáneo de personas
con sus respectivos bienes o carga17.
Cada modalidad, por expresa disposición del artículo 11 de la Ley 336,
debe estar debidamente regulada y, con ello, el reglamento que las
desarrolle deberá contener los requisitos para el otorgamiento de la
habilitación, la cual es definida como la autorización que expide la
autoridad competente para la prestación del servicio público de
transporte. El artículo en comento dispone:
“Artículo 11.- Las empresas interesadas en prestar el servicio
público de transporte o constituidas para tal fin, deberán
solicitar y obtener habilitación para operar.
La habilitación, para efectos de esta ley, es la autorización
expedida por la autoridad competente en cada modo de
transporte para la prestación del servicio público de
transporte.
El Gobierno Nacional fijará las condiciones para el otorgamiento
de la habilitación, en materia de organización y capacidad
económica y técnica, igualmente, señalará los requisitos que
deberán acreditar los operadores, tales como estados financieros
debidamente certificados, demostración de la existencia del
capital suscrito y pagado, y patrimonio bruto, comprobación del
origen del capital aportado por los socios, propietarios o
accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de
transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y
necesidades del servicio […]”.
17
Decreto 175 de 2001. Artículo 6°: Servicio público de transporte terrestre automotor
mixto. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 4190 de 2007. Es aquel que se presta bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada, a
través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el
vehículo de servicio público a esta vinculado, para su traslado simultáneo con el de sus bienes o carga,
en un recorrido legalmente autorizado o registrado.
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IV.4.4.- Examen de la jurisprudencia de la Sección invocada
en la demanda
La parte actora resaltó que la Sección Primera ya ha declarado la nulidad
de disposiciones a través de las cuales el Ministerio de Transporte
reglamentó el servicio de transporte desconociendo los artículos 13 y
336 de la Constitución Política; 3°, numerales 5, 6 y 7, de la Ley 105
de 1993; y 19 de la Ley 336 de 1996, por excluir del procedimiento
de concurso el otorgamiento de permisos para tal efecto.
Al respecto, se tiene que, en el primer caso reseñado por la demandante,
la Sección, mediante providencia de 27 de febrero 200318, declaró la
nulidad de los artículos 8° numeral 2, literal c), y 30 a 34 del Decreto
171 de 2001, que reglamentaban el procedimiento para obtener la
habilitación para prestar el servicio preferencial de lujo terrestre
automotor de pasajeros por carretera, por desconocer que este debía
adelantarse a través de la licitación prevista en la ley, por los siguientes
motivos:
“[…] Los textos transcritos permiten concluir que al excluirse del
concurso el otorgamiento de permisos para la prestación y
operación del servicio público de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera en el nivel preferencial de lujo, el Ejecutivo
efectivamente desconoció los artículos 13 y 333 de la Constitución
Política, que postulan los principios de igualdad y de libre
competencia económica.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de
febrero de 2003, radicación número: 11001-03-24-000-2001-00120-01(6973); M.P. Camilo Arciniegas
Andrade.
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Actor: RAMÓN ANTONIO MENDOZA BULA
Se violaron también los artículos 3 de la Ley 105 de 1993 y 19 de la
Ley 336 de 1996, pues al reglamentar la modalidad preferencial de
lujo del servicio público de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera, el Gobierno Nacional debió respetar el
marco que el Legislador trazó al disponer que el permiso para
la prestación del servicio público de transporte se otorgará
mediante concurso en el que se garanticen la libre
concurrencia y la iniciativa privada, con lo que, de contera
excedió el ámbito material de su potestad reglamentaria al
contravenir lo dispuesto por el Legislador.
La propia definición del servicio preferencial de lujo contiene el
concepto de ruta. Es, pues, manifiesto que como esta modalidad
está sujeta a un trayecto, no encuadra en ninguno de los dos casos
en que según la ley se permite la adjudicación directa, previstos en
los artículos 19 y 20 transcritos en precedencia.
Para la Sala la interpretación dada por el Ministerio de Transporte al
artículo 17 de la Ley 336 de 1996, es errónea. La sola lectura de este
precepto permite concluir que la facultad de determinar las
condiciones de regulación o libertad a que dicha norma se refiere, se
predica de las condiciones mismas de la prestación del servicio, en
sus aspectos de áreas de operación, rutas y horarios o
frecuencias de despacho.
Del citado precepto no puede válidamente colegirse que hubiese
conferido al Ejecutivo una facultad discrecional para decidir el
procedimiento para acceder a la prestación del servicio de transporte
terrestre de pasajeros en el nivel preferencial de lujo, ni menos aun,
que gozara de habilitación legislativa para crear por la vía del
reglamento una excepción al procedimiento licitatorio que el
legislador previó para el otorgamiento de permisos, no sólo porque
esta materia es de competencia del Legislador, sino además porque,
según se vio, en las Leyes 105 y 336 el Congreso dispuso que el
permiso para la prestación del servicio público de transporte se
otorgará mediante concurso, excepto los dos casos previstos en los
artículos 19 y 20.
La Sala reitera que lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 336 en
modo alguno significa que al Gobierno le corresponda, por la vía del
reglamento, regular el procedimiento para acceder a la prestación
del servicio de transporte de pasajeros por carretera en el nivel
preferencial de lujo, ni que le sea dable desatender los parámetros
fijados por el Congreso en las leyes que rigen la prestación del
servicio público de transporte; ni que al expedir los reglamentos en
que determine las condiciones de regulación o libertad para la
prestación del servicio, pueda invadir la órbita de competencia del
Congreso, pues su competencia se contrae a fijar las condiciones de
libertad o de regulación para la prestación del servicio en áreas de
operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, una vez que
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00286-00
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el permiso para su prestación haya sido otorgado mediante concurso
[…]”. (Resaltas fuera de texto)
Asimismo, la Sección, a través de providencia de 24 de agosto de
200619, también declaró la nulidad de los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y
28 del Decreto 175 de 5 de febrero de 2001, que reglamentaban el
procedimiento para la autorización del servicio de transporte terrestre
automotor mixto por los mismos motivos expuestos en la sentencia
anteriormente citada. Sobre el tema señaló:
“[…] Teniendo en cuenta las anteriores normas y definiciones, para
la Sala no queda duda alguna de que el servicio público mixto de
transporte terrestre automotor involucra el concepto de ruta o
recorrido, es decir, el de un origen y destino previamente
determinados, esto es, entre los centros de mercadeo, de cuya
definición se extrae que están establecidos, y las zonas de parqueo,
cuya definición expresamente señala que son sitios fijos y
establecidos.
Prueba de lo anterior, es que el mismo Decreto acusado en sus
artículos 30, 31, 32 y 33 preceptúa que la autoridad competente
podrá autorizar hasta por el término de seis (6) meses a los
propietarios de los vehículos vinculados a una empresa cuya
habilitación haya sido cancelada o aquella con licencia de
funcionamiento que no obtuvo habilitación para seguir prestando el
servicio público de transporte en las rutas autorizadas; que
cuando se compruebe que una empresa dejó de servir una ruta
autorizada, la autoridad competente revocará el permiso; que
cuando una empresa considere que no está en capacidad de servir
total o parcialmente los servicios registrados (que para el caso
son las mismas rutas o recorridos), así lo manifestará a la autoridad
competente solicitando que se decrete la vacancia de los mismos; y
que las empresas que cuentan con autorizaciones para prestar el
servicio público de transporte mixto “en zonas de operación”
presentarán la relación de recorridos y frecuencias, la cual una
vez verificada la autoridad competente expedirá los
correspondientes certificados de registro de servicios, entendiéndose
como no servidos o abandonados aquellos servicios (recorridos y
frecuencias) no relacionados u omitidos por las empresas.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de
agosto de 2006. Radicación número: 11001-0324-000-2004-00166-01. M.P. Martha Sofía Sanz Tobón.
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En consecuencia, le asiste razón a la actora cuando afirma que se
violaron los artículos 3º de la Ley 105 de 1993 y 19 de la Ley 336 de
1996, al igual que los artículos 13 y 333 de la Constitución Política,
pues no es cierto que el servicio público mixto de transporte terrestre
automotor se encuentre dentro de las excepciones a que alude
el inciso final del artículo 19 citado, ya que, se reitera, está
sujeto a rutas predeterminadas, luego su otorgamiento debe
hacerse mediante concurso en el que se garanticen la libre
concurrencia y la iniciativa privada y, al haber excluido de tal
concurso al servicio mixto en cuestión, el Decreto acusado excedió
la voluntad del Legislador, quien sólo excluyó del concurso a los
servicios que se presten sin sujeción a rutas y horarios
predeterminados, como son el de transporte terrestre automotor
individual de pasajeros en vehículos taxi y el de servicios especiales,
esto es, el escolar, el de asalariados y el de turismo, en los cuales,
esos sí, por su naturaleza, el permiso se otorga conjuntamente con
la habilitación […]”. (Resaltas fuera de texto)
Del análisis de estos pronunciamientos se tiene que la razón que motivo
la nulidad obedeció a la fijación de un procedimiento ajeno al previsto
por la ley para la operación y prestación de las diferentes modalidades
de transporte frente a las cuales el legislador ya había previsto un
modelo de licitación a través del cual se cubría la oferta de servicio y las
rutas requeridas.
Bajo esta precisión, procede la Sala a resolver el cargo de nulidad
planteado.
IV.4.5.- El caso concreto
Con apoyo en lo expuesto en los acápites que anteceden se tiene que,
en el asunto bajo examen, el Gobierno Nacional no transgredió las
normas invocadas, toda vez que los artículos 46 y 47 del Decreto 171
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de 2001, no fueron expedidos con la finalidad de establecer un
procedimiento de habilitación para las empresas prestadoras del servicio
de transporte de pasajeros por carretera “en zonas de operación” y
“despachos según demanda”.
En efecto, de la revisión de estas disposiciones se advierte con facilidad
que su finalidad fue la de establecer un régimen de transición
aplicable a las empresas que contaban con esas autorizaciones previas
vigentes para prestar el servicio en “zonas de operación” y “despachos
según demanda”, las que habían sido otorgadas por la autoridad
administrativa conforme a los requisitos existentes con anterioridad a la
expedición del decreto objeto de estudio.
Por ello, la Sala advierte que el procedimiento previsto en los artículos
46 y 47 del Decreto 171 de 2001 tiene como finalidad permitir que las
empresas previamente autorizadas se adecuen a la prestación del
servicio a las reglas de rutas y horarios introducidas por la nueva
reglamentación, sin que ello suponga el otorgamiento de una nueva
autorización pues es adelante todos se sujetan al procedimiento de
licitación previsto en la ley.
De ahí que los pronunciamientos jurisprudenciales en lo que se apoyó la
demanda no resulten aplicables habida cuenta que esta reglamentación
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Actor: RAMÓN ANTONIO MENDOZA BULA
transitoria tuvo como propósito articular los permisos existentes y la
nueva reglamentación que dispuso que el otorgamiento de rutas y
horarios se hiciera a través de un procedimiento licitatorio, lo que en
todo caso no implicaba la revocatoria de los permisos existentes sino la
integración del nuevo modelo a la prestación del servicio existente.
Dicha circunstancia tampoco implica la transgresión del derecho a la
igualdad de las empresas transportadoras que aspiraban a prestar el
servicio, en la medida en que estas se encontraban en una situación
distinta frente a aquellas que ya contaban con licencia de funcionamiento
y autorización para prestar el servicio de transporte con anterioridad a
la expedición del decreto.
En todo caso, la Sala destaca que la naturaleza jurídica de los permisos
en la prestación del servicio lleva inmersa la revocabilidad por cuanto
está de por medio un servicio de carácter púbico y general que se
superpone a los intereses del prestador, de ahí que las normas
cuestionadas en ese proceso de transitoriedad exijan a los operadores
autorizados adaptarse a la nueva modalidad so pena de no incluirlos y
puedan desconocerlos o declararlos abandonados los servicios que no se
acojan a lo allí previsto.
Así lo puntualizó la Corte Constitucional:
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“En efecto, la Corte, sobre este particular, refiriéndose de manera
específica a las autorizaciones para la prestación del servicio
público de transporte, expresó:
“No puede considerarse que el otorgamiento de
licencias de funcionamiento para operar el servicio
público de transporte genere derechos adquiridos a
favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo
como tales -lo ha dicho la Corte- aquellos que "se entienden
incorporados válida y definitivamente o pertenecen al
patrimonio de una persona". Se trata simplemente de
derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas
condiciones y modificaciones que se deriven de la
regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo
caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la
comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra
respaldo constitucional en los principios fundantes y fines
esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés
general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de
la población.”20
En la misma providencia la Corte precisó que las modificaciones
que es posible imponer a las condiciones de la autorización,
o incluso la revocatoria de la misma cuando se presenten
cambios en las circunstancias, no pretenden desconocer el
derecho que tiene el particular para operar el servicio
público, sino que “... dado que se trata de una actividad en
la que resulta comprometido el interés general, el derecho
otorgado es precario y temporal y, por tanto, puede resultar
afectado en cuanto a su ejecución, o bien por
determinaciones de la Administración dirigidas a la
optimización del servicio, o bien por normas posteriores de
carácter legal o reglamentario, también dictadas por motivos de
utilidad pública o de interés general.” Siguiendo al tratadista
Roberto Dromi en su obra “Derecho Administrativo”21 la Corte puso
de presente la precariedad de los derechos que se derivan de la
autorización frente a la posibilidad, e incluso el imperativo, que
tiene la Administración de afectarlos cuando así lo exija el interés
público, en el marco de regulación del respectivo servicio público y
conforme a las normas que rigen la intervención del Estado en la
economía […]”22. (Resaltas fuera de texto)
20
Sentencia C-043 de 1998
21
DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, pág. 171, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, Argentina.
22
C-1078 de 2002- Corte Constitucional. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Por todo lo expuesto, la Sala denegará las pretensiones de la demanda,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
IV.5.- De las costas
Atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que se
promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18823 del CPACA, que no
hay lugar a condenar en costas habida cuenta que la naturaleza de
la acción exime de esta fijación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, conforme
con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
23
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo
caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
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SEGUNDO: No se condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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