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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03352-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03352-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción de tutela presentada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR de conformidad con lo expuesto en el numeral 3.2.1. de la presente providencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Alicia Bermúdez Ramos, en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03352-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03352-00
Accionante: Alicia Bermúdez Ramos
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por la señora Alicia Bermúdez Ramos por conducto de
apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad, a la protección integral de la familia y al acceso a la
administración de justicia supuestamente ocurrida con ocasión de la providencia del
20 de marzo de 2026 que revocó la sentencia del 2 de diciembre de 2024, a través
de la cual el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó accedió a las
pretensiones de la demanda promovida por la accionante contra la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela1 y del expediente se colige que el señor Raúl Antonio
Hoyos Zapata (q.e.p.d.) falleció el 15 de abril de 2006, habiendo sido beneficiario de
asignación de retiro reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional – CASUR, situación que dio lugar a la sustitución pensional a favor de sus
beneficiarios.

3. Con ocasión de lo anterior, mediante resolución expedida en el año 2006,
CASUR reconoció la sustitución de la asignación de retiro en favor de la señora María
Soledad Mejía, en calidad de cónyuge supérstite, y de una hija del causante,
correspondiéndole posteriormente a aquella el 100% de la prestación, al extinguirse
el derecho de la otra beneficiaria.

4. Posteriormente, el 19 de octubre de 2009, la señora Alicia Bermúdez Ramos
solicitó ante CASUR el reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de
compañera permanente, aduciendo haber convivido con el causante por más de

1
Presentado el 30 de abril de 2026

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treinta (30) años y haber procreado tres hijos dentro de dicha relación.

5. Ante la negativa administrativa, la accionante instauró una demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue
resuelta en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2024, accediendo parcialmente
a las pretensiones y reconociendo la sustitución pensional en un 50% a favor de la
señora Bermúdez Ramos y en el mismo porcentaje para la cónyuge María Soledad
Mejía.

6. Contra dicha decisión interpusieron recurso de apelación tanto la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR como la señora María Soledad
Mejía, quien en su condición de cónyuge supérstite se opuso al reconocimiento del
derecho a la ahora accionante, cuestionando la acreditación de la convivencia
exigida por la ley.

7. El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó - Sala Quinta
de Decisión, mediante sentencia núm. 044 del 20 de marzo de 2026, en la cual
revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se acreditó la convivencia efectiva durante los cinco (5) años
anteriores al fallecimiento del causante.

2.2. Fundamento jurídico

8. La accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la protección integral de la familia y al
acceso a la administración de justicia, al estimar que el Tribunal Administrativo del
Chocó, adoptó una decisión arbitraria, irrazonable y contraria a la Constitución al
negar el reconocimiento de la sustitución pensional reclamada.

9. La señora Bermúdez Ramos reprochó que se configuró un defecto fáctico,
pues sostuvo que el Tribunal realizó una valoración arbitraria del acervo probatorio
al desconocer elementos determinantes que, en su criterio, acreditaban la
convivencia con el causante, lo que condujo a una conclusión contraria a la evidencia
obrante en el proceso respecto del cumplimiento del requisito exigido para acceder
a la sustitución pensional.

10. Bajo esa misma línea argumentativa, la parte actora adujo que se presentó
una contradicción interna en la decisión, en tanto que, pese a reconocer la existencia
de una relación familiar prolongada y con descendencia común, el ad quem concluyó
que no se encontraba acreditada la convivencia, circunstancia que, en el sentir de la
accionante, obedeció a la exigencia de un estándar probatorio excesivo y a la
desestimación de testimonios que consideró relevantes.

11. Por otro lado, la accionante invocó de manera separada los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional sustentando ambos
cargos en un mismo reproche orientado a la supuesta interpretación restrictiva del
requisito de convivencia2 y la presunta inaplicación de la jurisprudencia

2
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004. “Por medio del cual se fija el régimen pensional
y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.” Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte
en servicio activo. Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de
las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las

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constitucional3 frente al citado requisito.

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:

«Amparar los derechos fundamentales invocados.
Dejar sin efectos la sentencia No. 044 del 20 de marzo de 2026.
Ordenar nueva decisión conforme a la Constitución.» (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 4 de mayo
de 20264 a través del cual se ordenó notificar5 como accionado al Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión y como terceros interesados en
el resultado del proceso al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó,
a CASUR, a las señoras María Soledad Mejía, Lilian Alicia Hoyos Bermúdez, Pilar
Andrea Ortega Torres y Yassy Yadira Mosquera. Asimismo, a la Procuraduría 186
Judicial I Administrativa de Quibdó y a la Procuraduría 77 Judicial para Asuntos
Administrativos. De igual forma, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia.

2.4.1 La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR6 solicitó ser
desvinculada del trámite de tutela y que se declare la improcedencia del amparo, al
considerar que no está legitimada en la causa por pasiva al no haber dictado la

escuelas de formación, en servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden: 11.1 La mitad al cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18
años y hasta los 25 años si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del causante. 11.2 Si no hubiere
cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años
e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y a los hijos inválidos, si dependían económicamente del causante.11.3 Si no hubiere hijos, la pensión
corresponderá la mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para los padres
que dependían económicamente del causante.11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos,
la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran económicamente del causante.11.5 Si no hubiere
cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de
que el causante era su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o inválidos. La porción del cónyuge
acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás
casos no habrá lugar a acrecimiento. PARÁGRAFO 1°. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y hermanos
será el establecido en el Código Civil, y la calificación de la invalidez de los beneficiarios, será acreditada con fundamento en
las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan lo concerniente a la determinación de dicho estado. PARÁGRAFO 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez, cuando exista cónyuge
y compañero o compañera permanente, se aplicarán las siguientes reglas: a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar
que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte; b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de treinta (30) años de
edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos con el causante se aplicará el literal
anterior. Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a y
b del presente parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge o
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de
la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo.

Si no existe convivencia simultánea
y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente
podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente. (Ver Sentencia
Consejo de Estado 2017-02535 de 2020). Negrillas y subrayas de la Sala. 3
Al respecto, la accionante invocó las sentencias T-190 de 1993, T-553 de 1994, T-110 de 2011 y SU-337 de 2017 de la Corte
Constitucional, a partir de las cuales sostuvo que la convivencia, para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional,
no se agota en la cohabitación física, sino que comprende elementos como la solidaridad, el apoyo mutuo y la construcción de
un proyecto de vida común. 4
Índice 4 del aplicativo SAMAI
5
Asimismo, se requirió al profesional que se presentó como apoderado de la parte actora para que allegara el poder
debidamente diligenciado, el cual fue aportado posteriormente y se puede visibilizar en el índice 20 del aplicativo SAMAI. 6
Índice 15 del aplicativo SAMAI

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providencia cuestionada de la que adujo ya resolvió de fondo el asunto con base en
el régimen aplicable y un análisis razonado del acervo probatorio, sin vulnerar
derecho fundamental alguno.

14. En tal sentido, sostuvo que la negativa a las pretensiones de la actora
obedeció a la falta de acreditación del requisito de convivencia dentro del término
legal exigido, descartando la existencia de los defectos alegados, por lo que afirmó
que la acción perseguía reabrir un debate ya resuelto por el juez natural,
pretendiendo utilizar el amparo como una tercera instancia por lo que la acción
carecía del requisito de relevancia constitucional.

2.4.2 No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 20197 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

16. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR solicitó su
desvinculación de este trámite constitucional, al sostener que no profirió las
providencias judiciales cuestionadas ni desplegó una actuación susceptible de
control mediante acción de tutela, por lo cual consideró que carecía de legitimación
en la causa por pasiva.

17. No obstante, la Sala estima que, al haber sido vinculada en calidad de tercero
con interés legítimo, en tanto hizo parte del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que dio origen a la presente controversia, resulta procedente mantener
su vinculación. En consecuencia, se negará la solicitud de desvinculación formulada,
en garantía de su derecho fundamental de defensa y contradicción.

3.2.2. De la delimitación del estudio de los defectos en sede constitucional

18. De manera preliminar, la Sala advierte que, si bien la accionante estructuró su
solicitud de amparo a partir de la invocación de diversos reproches relacionados con
la valoración de las pruebas, la supuesta contradicción interna de la providencia, la
alegada exigencia de un estándar probatorio excesivo y la desestimación de
testimonios, todos se contraen a cuestionar la actividad valorativa de las pruebas por
parte del Tribunal, por lo cual serán analizados desde la perspectiva del defecto
fáctico.

19. Por otra parte, si bien la parte actora invocó de manera separada los defectos
por desconocimiento del precedente y sustantivo, la Sala observa que ambos se

7 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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sustentaron en la misma inconformidad relacionada con la supuesta interpretación
restrictiva del requisito de convivencia y la presunta inaplicación de la jurisprudencia
constitucional sobre la materia, razón por la cual serán abordados de manera
conjunta bajo el análisis del defecto por desconocimiento del precedente.

20. En consecuencia, la Sala circunscribirá su estudio a determinar si en la
providencia judicial cuestionada se configuraron los defectos: fáctico y por
desconocimiento del precedente.

3.3. Problema jurídico

21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Quinta de Decisión, con ocasión de su providencia del 20 de marzo de
2026 que revocó la sentencia del 2 de diciembre de 2024, a través de la cual el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó accedió a las pretensiones
de la demanda promovida por la accionante contra la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional “CASUR”, incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento
del precedente, y si con ello presuntamente vulneró los derechos fundamentales
invocados por la señora Alicia Bermúdez Ramos.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

22. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

25. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito

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garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

26. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no habían transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la decisión cuestionada en sede de tutela, lo cual
ocurrió el 20 de marzo de 2026 y la presentación de la acción de tutela realizada el
30 de abril de la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto sometido a consideración de la Sala reviste relevancia
constitucional, en la medida en que se orienta a establecer la posible vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la
administración de justicia de la parte actora, derivada de la valoración probatoria y
de la interpretación del requisito de convivencia efectuada por el Tribunal
Administrativo del Chocó en la sentencia del 20 de marzo de 2026, la cual, según se
alega, habría desconocido parámetros constitucionales y jurisprudenciales
aplicables a la materia, configurando presuntamente los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente, los cuales se encuentran razonadamente
planteados.

27. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

28. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del

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supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional8 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa9, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

b. Una dimensión positiva10, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

29. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente
después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»11.
Negrillas de la Sala.

30. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada
por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.5.1. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

31. La Sala recuerda, en primer lugar, que el defecto fáctico, como causal
específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
configura únicamente cuando la decisión carece de sustento probatorio adecuado, o
cuando el juez natural desconoce de manera injustificada una realidad probatoria
objetivamente determinante en el desenlace del proceso.

32. En ese escenario, no resulta suficiente que la parte accionante manifieste un
desacuerdo con el modo en que la autoridad judicial valoró los medios de convicción,
pues solo es posible predicar la configuración del defecto cuando dicha valoración
resulta abiertamente arbitraria, irracional o contraevidente, al punto de que ninguna
lectura objetiva y razonable del acervo probatorio permita arribar a la conclusión
adoptada.

33. En el presente asunto, esta Subsección advierte que la parte actora sostuvo
que el Tribunal desconoció pruebas que acreditaban la convivencia, particularmente
testimoniales, y que su decisión se cimentó en una valoración probatoria arbitraria;

8
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
9
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
10
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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sin embargo, dicho reproche se limitó, en esencia, a controvertir el análisis realizado
por el ad quem y no a evidenciar una indebida valoración probatoria que constituya
abiertamente una vulneración ius fundamental.

34. En ese entendido, contrario a lo planteado por la actora, la Sala advierte que
en la providencia cuestionada se evidencia que el Tribunal definió con precisión el
objeto del análisis probatorio, el cual se centró en la acreditación de la convivencia
durante los cinco años anteriores al fallecimiento12, delimitando así el alcance del
requisito exigido por la normativa aplicable al asunto.

35. Así las cosas, lejos de no realizar un estudio de las pruebas, la autoridad
judicial accionada desarrolló un examen individualizado y crítico de los testimonios13,
lo cual evidencia una actividad valorativa explícita y consciente, incompatible con la
configuración de un defecto fáctico.

36. Adicionalmente, el ad quem no solo identificó las pruebas, sino que construyó
razones para modular su credibilidad, atendiendo a inconsistencias14 en su
contenido, lo que corresponde al ejercicio legítimo de las reglas de la sana crítica.
Asimismo, la restricción15 en la valoración de ciertos medios de prueba no fue
arbitraria, sino que respondió a la necesidad de salvaguardar garantías procesales.

37. En consecuencia, de manera consistente, el Tribunal analizó la dinámica
relacional relevante para el caso, incluyendo la alternancia16 de residencia del
causante, elemento que incide directamente en la acreditación del requisito legal de
convivencia.

38. Por lo anteriormente expuesto, esta Subsección evidencia que la conclusión17

12
Providencia del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión, del 20 de marzo de 2026. - «En ese orden, el
análisis que se debe realizar para establecer las condiciones que la Ley, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional indican para ser beneficiario de la sustitución pensional consiste en determinar la convivencia real y material en
condiciones de auxilio o apoyo mutuo, comprensión, vida en común y responsabilidad económica con la potencialmente
beneficiaria durante los últimos 5 años de vida del señor Raúl Antonio Hoyos Zapata (Q.E.P.D). 13
Ibidem. - «49. Por su parte, de los testimonios rendidos en la audiencia de pruebas a favor de la señora Alicia
Bermúdez Ramos, se advierte que no todos, tal y como lo indica la parte vinculada en su recurso, generan un
convencimiento sobre su conocimiento y consistencias de sus afirmaciones sobre la convivencia entre aquella y el
señor Raúl Hoyos Zapata.» Negrillas y subrayas de esta Sala. 14
Ibidem. - «50. Pues, a juicio de la Sala el señor Víctor Hugo Perea Orejuela fue consistente y espontáneo en su relato,
precisando las razones por las cuales conoce a la demandante y al causante, incluso indicó que recordaba la fecha del
fallecimiento del señor Raúl Hoyos debido a que, según su dicho, su cónyuge murió en el mes de 2006, es decir, unos meses
antes que aquel. Mientras que, el señor Vladimir Moreno Córdoba se observó dudoso sobre los hechos expuestos,
impreciso sobre las circunstancias de tiempo. Sumado a ello, dicho testigo parecía que estaba siendo inducido a las
respuestas que le formulaba el a quo, lo que no genera a esta instancia judicial credibilidad sobre sus afirmaciones». Negrillas
y subrayas de esta Sala. 15
Ibidem. - «51. Respecto de la declaración rendida por la señora Flor María García Bejarano aunque fue consistente y
transmitió credibilidad sobre su conocimiento de los hechos, lo cierto es que, en la diligencia en la que se practicó la prueba
testimonial de aquella no se contó con la comparecencia del apoderado de la parte vinculada ni de su prohijada, debido
a un error en el envío del link de la audiencia. De tal suerte que, la testigo no culminó sus manifestaciones debido a que la
diligencia tuvo que ser suspendida y el referido profesional del derecho no presenció la intervención de aquella. 52. Luego, el
1 de septiembre de 2023, cuando se reanudó la audiencia la testigo Flor María García Bejarano no compareció para
concluir la prueba decretada. En virtud de ello, estima la Sala que dicho testimonio no puede ser valorado en su
integridad al quedar inconcluso, pues hacerlo afectaría el derecho de contradicción y defensa de la contraparte. »
Negrillas y subrayas de esta Sala. 16
Ibidem. - «Aunado a ello, si bien algunos declarantes indicaron que el causante alternaba su permanencia entre el domicilio
de la demandante y la residencia conyugal donde convivía con la señora María Soledad Mejía, no precisaron la dinámica
concreta de la convivencia, fundamentalmente los cinco (5) años anteriores al deceso del señor Raúl Antonio Hoyos Zapata.»
17
Ibidem. - «54. Lo expuesto, permite concluir que, en el presente asunto, no existe un medio de prueba con la entidad
suficiente para acreditar el requisito de la convivencia real y efectiva entre la actora y el causante durante el tiempo
exigido por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, teniendo en cuenta que como se sostuvo en precedencia, algunos de
aquellos presentan inconsistencias o vicios en su práctica que afectaron su credibilidad y valor probatorio. 55.

En este punto,
conviene precisar que la manifestación efectuada por la parte vinculada a través de su apoderado en su escrito de
contestación de la demanda respecto a la veracidad de la unión marital de hecho que existió entre la señora Alicia
Bermúdez Ramos y el señor Raúl Antonio Hoyos Zapata, no da fe de que la misma se hubiera prolongado hasta la
fecha del fallecimiento de este último, pues tal hecho fue precisamente lo que negó dicho extremo procesal. 56. Así
las cosas, dado que la parte demandante no acreditó la convivencia exigida por el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, no es
posible acceder al reconocimiento de la pensión de sobreviviente y hacerlo, vulneraria el principio de igualdad y sostenibilidad
financiera del sistema pensional.». Negrillas y subrayas de esta Sala.

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alcanzada por la segunda instancia, en el sentido de que no existía prueba suficiente
para acreditar la convivencia exigida, se desprende de una valoración conjunta,
razonada y estructurada del acervo probatorio y no en su desconocimiento.

39. Visto lo anterior, la Sala concluye que la providencia cuestionada no incurrió
en un defecto fáctico, pues la valoración probatoria fue expresa, motivada y
razonable, limitándose la inconformidad de la accionante a un desacuerdo con la
conclusión alcanzada por la autoridad judicial en ejercicio de su autonomía, lo cual
resulta insuficiente para activar el control excepcional del juez de tutela.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

40. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189618, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

41. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

42. Respecto del precedente vertical19, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

43. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso20.

44. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación21.

45. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

18
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
19
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
20
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
21
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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3.6.1. Análisis del presunto defecto por desconocimiento de precedente en el
caso concreto

46. Corresponde a la Sala analizar el alegado desconocimiento del precedente
invocado, el cual exige demostrar que la autoridad judicial se apartó
injustificadamente de una regla jurisprudencial aplicable, sin ofrecer razones
suficientes que sustenten dicho distanciamiento.

47. En ese contexto, esta Subsección advierte que a pesar de que la accionante
afirmó que la autoridad judicial reprochada adoptó una interpretación restrictiva del
concepto de convivencia, esta premisa no encuentra asidero al examinar el
contenido de la providencia.

48. En ese entendido, el Tribunal acogió un entendimiento amplio de convivencia,
alineado con la jurisprudencia, reconociendo que esta trasciende la simple
cohabitación física e involucra elementos sustanciales de la vida en común 22.
Asimismo, vinculó dicho concepto con la finalidad constitucional de protección del
núcleo familiar, descartando cualquier lectura restrictiva o meramente formal del
requisito.

49. Ahora bien, la Sala advierte que contrario a lo planteado por la parte
accionante, la negativa del Tribunal no se fundamentó en la adopción de un criterio
jurídico restrictivo, sino en la insuficiencia probatoria para acreditar el requisito dentro
del marco temporal exigido por la ley23. Así las cosas, la providencia fue explícita en
señalar que el problema no radicó en la existencia de la relación, sino en la
acreditación de la convivencia24 en el periodo legalmente relevante.

50. En consecuencia, la controversia no se ubica en el plano de la interpretación
normativa, sino en el terreno probatorio, lo cual excluye la configuración de un
defecto por desconocimiento del precedente.

51. No se evidencia, por tanto, un apartamiento explícito ni implícito de la
jurisprudencia, ni la adopción de una regla jurídica incompatible con esta, sino la
aplicación de un criterio acorde con ella, condicionado a la acreditación de los
hechos.

52. En tal medida, la Sala concluye que no se configura el defecto alegado, toda
vez que la providencia cuestionada se encuentra fundada en una interpretación
coherente con el precedente constitucional y en una valoración probatoria razonada,
descartándose un apartamiento arbitrario que comprometa derechos fundamentales.

22
Providencia del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión, del 20 de marzo de 2026. - «47. Al respecto, el
Honorable Consejo de Estado ha sostenido11 de manera pacífica y reiterada que la convivencia es entendida no solamente
como "habitar juntamente" y "vivir en compañía de otro" sino como acompañamiento espiritual y moral permanente,
auxilio, apoyo económico y vida en común, lo que se constituye en el cimiento del concepto de familia. Núcleo básico
de la sociedad, que es el objeto principal de protección de la sustitución pensional. Es decir, debe observarse la
voluntad de conformar hogar y mantener una comunidad de vida, elementos distintivos y esenciales del grupo
familiar.» Negrillas y subrayas de esta Sala.
23
Ibidem. - «48. En el presente asunto, las pruebas arrimadas al plenario dan cuenta que entre la actora y el señor Raúl
Antonio Hoyos Zapata existió una relación sentimental prolongada, de la que nacieron tres (3) hijos. No obstante, tal
circunstancia por sí sola, no tiene la entidad suficiente para tener por acreditado el requisito específico de convivencia
exigido por el ordenamiento jurídico para el reconocimiento de la prestación reclamada.» Negrillas y subrayas de esta
Sala.
24
Ibidem. - «[…] en el presente asunto, no existe un medio de prueba con la entidad suficiente para acreditar el requisito
de la convivencia real y efectiva entre la actora y el causante durante el tiempo exigido por el ordenamiento jurídico.
Lo anterior, teniendo en cuenta que como se sostuvo en precedencia, algunos de aquellos presentan inconsistencias o vicios
en su práctica que afectaron su credibilidad y valor probatorio.» Negrillas y subrayas de esta Sala.

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53. Así las cosas, lo que se observa es que la decisión cuestionada se ajustó al
ordenamiento jurídico y no se configuró vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados en esta sede constitucional.

54. En consecuencia, la Sala procederá a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante por no configurarse el defecto alegado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción de tutela presentada por
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR de conformidad con lo
expuesto en el numeral 3.2.1. de la presente providencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Alicia Bermúdez Ramos, en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Quinta de Decisión, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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