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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03768-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03768-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por el señor Óscar Javier Araque Garzón, actuando en calidad de gerente del Instituto Financiero de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 38 Corte Constitucional, Auto 1455 de 2025, M.P. Vladimir Fernández Andrade – “27. Aunque dicho contrato no consta por escrito, resulta razonable afirmar su existencia, dado que, de acuerdo con los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, las empresas industriales y comerciales del Estado se rigen por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades comerciales y en su contratación. Así, al momento de autorizar el crédito, como habría ocurrido en el presente caso, no era necesaria la existencia de un contrato escrito, ya que conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, aplicables al mutuo comercial por remisión del artículo 822 del Código de Comercio, el contrato se perfecciona con la sola entrega del dinero prestado, lo cual efectivamente ocurrió en este caso.” Negrillas y subrayas de la Sala. 39 Como se precisó en esta providencia, la aplicación de una exigencia formal carente de sustento en el régimen jurídico aplicable impidió el examen de fondo de una obligación derivada de recursos públicos efectivamente desembolsados, desconociendo los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política y privando a la entidad accionante de una tutela judicial efectiva respecto de una acreencia destinada al cumplimiento de finalidades de interés general. www.consejodeestado.gov.co 16 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-03352-00 Accionante: Óscar Javier Araque Garzón en representación del Instituto Financiero de Casanare - IFC Segundo: Dejar sin efectos los autos del 6 de agosto y del 4 de diciembre de 2025 proferidos por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare respectivamente dentro del proceso ejecutivo radicado núm. 85001-33-33-001-2025-00121-00. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03768-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2026

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03768-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón1
Accionados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Amparar los derechos fundamentales invocados en protección

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor Óscar Javier Araque Garzón actuando en
su calidad de gerente del Instituto Financiero de Casanare, en contra del Tribunal
Administrativo del Casanare y del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Yopal, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, supuestamente ocurrida
con ocasión del auto del 4 de diciembre de 20252 proferido por el ad quem que
confirmó el auto del 06 de agosto3 de la misma anualidad dictado por el a quo, que
negó el mandamiento de pago y la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante,
dentro del proceso ejecutivo radicado 85001-33-33-001-2025-00121-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela4 y del expediente se colige que el Instituto Financiero de
Casanare – IFC, representado por su gerente Oscar Javier Araque Garzón, instauró
un proceso ejecutivo el 15 de marzo de 2024 contra la señora Liliana Jácome
Montaño, con fundamento en el pagaré núm. 4121785 de 21 de junio de 2021, por
valor aproximado de $2.700.000, correspondiente a un crédito otorgado por dicha
entidad.

3. El trámite fue inicialmente asumido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de
Yopal, el cual mediante auto de 7 de noviembre de 2024 declaró su falta de
competencia y remitió el asunto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al
estimar que la obligación derivaba de un contrato celebrado por una entidad pública
no vigilada por la Superintendencia Financiera.

1
Actuando en representación del Instituto Financiero de Casanare - IFC
2
Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 85001-33-33-001-2025-00121-00
3
Índice 6 del aplicativo SAMAI, exp. 85001-33-33-001-2025-00121-01
4
Presentado el 15 de mayo de 2026

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4. Una vez asignado el proceso al Juzgado Primero Administrativo de Yopal,
mediante auto de 6 de agosto de 2025, negó el mandamiento de pago solicitado por
el IFC, al considerar que el pagaré y su carta de instrucciones no constituían por sí
solos título ejecutivo, al no estar aportado el contrato de mutuo que, según el
despacho, integra el título ejecutivo complejo exigido en esta jurisdicción.

5. Contra dicha decisión, la parte ejecutante interpuso un recurso de reposición
y en subsidio de apelación el 13 de agosto de 2025, el cual fue resuelto mediante
auto del 28 de agosto de 2025 en el sentido de no reponer la decisión y conceder la
apelación ante el Tribunal Administrativo de Casanare.

6. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante providencia de 4 de
diciembre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, indicando que al no
haberse aportado el contrato de mutuo no se constituyó un título ejecutivo complejo,
requisito que estimó indispensable para librar mandamiento de pago tratándose de
obligaciones derivadas de contratos estatales.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al considerar que las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas desconocieron la
eficacia del pagaré como título ejecutivo autónomo, imponiendo exigencias formales
no previstas en la ley para el perfeccionamiento del contrato de mutuo, lo que, desde
su perspectiva, impidió el acceso efectivo al cobro judicial de la obligación.

8. En primer lugar, alegó la configuración de un defecto fáctico, en la medida en
que las autoridades judiciales, según su afirmación, realizaron una indebida
valoración del material probatorio al restarle mérito ejecutivo al pagaré núm. 4121785
y a su carta de instrucciones, pese a que dichos documentos, a su entender,
contienen una obligación clara, expresa y exigible que acredita el crédito reclamado.

9. De igual forma, alegó la configuración de un defecto sustantivo, al considerar
que los jueces accionados interpretaron de manera errónea el artículo 297 del
CPACA y las normas civiles aplicables al contrato de mutuo, al exigir el aporte de un
contrato escrito, desconociendo que dicho negocio jurídico se perfecciona con la
entrega del dinero y puede estar integrado en un solo documento, como el título valor
base de ejecución.

10. En esa misma línea argumentativa, planteó la existencia de un exceso ritual
manifiesto, al estimar que la exigencia del contrato de mutuo en documento
independiente constituye una formalidad innecesaria frente a un contrato de
naturaleza consensual, lo cual, en su criterio, sacrifica su derecho y restringe
injustificadamente el acceso a la administración de justicia.

11. Asimismo, adujo el desconocimiento del precedente judicial, en particular del
Auto A-2014 de 4 de diciembre de 2024 de la Corte Constitucional, el cual, desde su
punto de vista, reconoce que el pagaré suscrito en el marco de un contrato de mutuo
celebrado por una entidad pública presta mérito ejecutivo por sí mismo y no exige la
existencia de un contrato escrito para efectos de su ejecución.

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12. Finalmente, invocó la violación directa de la Constitución, al considerar que
las decisiones cuestionadas, en su sentir, desconocen los principios de prevalencia
del derecho sustancial, igualdad y acceso a la justicia, en tanto imponen cargas
probatorias adicionales no previstas por el ordenamiento, lo que, en su criterio, afecta
de manera desproporcionada la posibilidad de hacer efectivo el crédito a su favor.

2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:

«PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a
la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que
se desconocieron por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE YOPAL en auto emitido en fecha 06 de agosto 2025 y su confirmatorio, emitido
el 04 de diciembre de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
dentro del proceso 85001-33-33 001-2025-00121-00

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 06 de
Agosto 2025 emitido por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 04 de diciembre de
2025, dentro del medio de control 85001-33-33 001-2025-00121-00, por encontrarse
tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito
ejecutivo al pagare 4121785 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente
un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de
contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del pagare, pese a que
a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las demandas se presentarán en
forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos,”; así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de
precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48
horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, se proceda a rehacer
las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre mandamiento de
pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE en contra de la
demandada LILIANA JACOME MONTAÑO, decrete y efectivice las medidas
cautelares, dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-001-2025-00121-00, adelante
el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en
este tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis10 o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO
DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo
autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente
análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir
en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.» (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 19 de mayo

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de 20265 a través del cual se ordenó notificar como accionado al Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Yopal y como interesados en el resultado del proceso a la señora Liliana Jácome
Montaño y a los demás intervinientes en el proceso ejecutivo citado. Asimismo, se
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su
competencia.

2.4.1 El Tribunal Administrativo del Casanare6 indicó que no vulneró los
derechos fundamentales invocados y que la providencia cuestionada fue adoptada
con fundamento en la valoración probatoria y la normativa aplicable al asunto,
particularmente el régimen de contratación estatal. Argumentó que, por la naturaleza
del Instituto Financiero de Casanare, el negocio subyacente al pagaré corresponde
a un contrato estatal, por lo que es exigible su acreditación escrita para conformar
adecuadamente el título ejecutivo.

15. Asimismo, la autoridad judicial señaló que la tutela resulta improcedente, pues
la controversia planteada ya fue debatida en el proceso ejecutivo y carece de
relevancia constitucional, siendo un asunto de contenido estrictamente económico.
En consecuencia, concluyó que el accionante pretende convertir la tutela en una
tercera instancia para reabrir la discusión jurídica, lo cual desnaturaliza este
mecanismo excepcional y excede la competencia del juez constitucional.

2.4.2 El Juzgado Primero Administrativo de Yopal7 solicitó negar el amparo al
sostener que la decisión que negó el mandamiento de pago se encuentra
debidamente motivada en el análisis fáctico, probatorio y jurídico del caso, y fue
además objeto de control en segunda instancia, confirmándose su validez dentro del
marco de la autonomía judicial.

16. En ese sentido, precisó que la negativa obedeció a la ausencia de un título
ejecutivo debidamente conformado, en la medida en que el pagaré y la carta de
instrucciones no resultaban suficientes para estructurar la obligación en esta
jurisdicción, al tratarse de un título complejo que exige la acreditación del contrato de
mutuo como fuente de la obligación.

17. Finalmente, indicó que no se configuró un exceso ritual ni existió vulneración
de derechos fundamentales, toda vez que la exigencia del contrato responde a los
parámetros legales del artículo 2978 del CPACA. Aunado a lo anterior, manifestó que
la acción de tutela no puede ser utilizada como mecanismo para reabrir el debate ni
como una instancia adicional frente a una decisión adversa.

5
Índice 5 del aplicativo SAMAI
6
Índice 13 del aplicativo SAMAI
7
Índice 14 del aplicativo SAMAI
8
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 297. Título ejecutivo: Para los efectos
de este Código, constituyen título ejecutivo: 1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. 2. Las
decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades
públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible. 3. Sin perjuicio de la prerrogativa
del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los
documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento,
el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten
obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones. Negrillas de la Sala.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de
un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La
autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer
ejemplar.

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2.4.3. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 20199 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De las providencias objeto de estudio en sede constitucional

19. Si bien el auto del 4 de diciembre de 2025 proferido por el Tribunal
Administrativo del Casanare que confirmó el auto del 06 de agosto de la misma
anualidad dictado por el a quo, que negó el mandamiento de pago y la medida
cautelar solicitada por la parte ejecutante decidió de forma definitiva el asunto, la
Sala considera necesario realizar un estudio conjunto de las dos decisiones al estar
relacionadas directamente.

3.2.2. Del análisis de los defectos alegados en sede constitucional

20. De manera preliminar, la Sala estima pertinente precisar la metodología de
estudio de los cargos formulados por la parte accionante, en aras de garantizar los
principios de economía procesal, celeridad y coherencia argumentativa que rigen la
función judicial.

21. En tal sentido, se advierte que, si bien el actor planteó de manera diferenciada
la presunta configuración de distintos defectos en las providencias reprochadas, lo
cierto es que varios de dichos reproches comparten un mismo núcleo
argumentativo10, referido a la inconformidad con la interpretación jurídica
adoptada por las autoridades judiciales frente a la naturaleza del título
ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

22. Por consiguiente, la Sala abordará el análisis del defecto fáctico de manera
autónoma, dado que se circunscribe al ámbito de la valoración probatoria, mientras
que los cargos restantes, esto es, el defecto sustantivo, el alegado exceso ritual
manifiesto, el supuesto desconocimiento de precedente y la presunta violación
directa de la Constitución, serán examinados de forma conjunta, en tanto se
encuentran intrínsecamente relacionados y derivan de una misma discusión jurídica.

23. Lo anterior, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias y facilitar una
respuesta integral y sistemática a los planteamientos del accionante.

3.3. Problema jurídico

24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a

9 Reglamento interno del Consejo de Estado.
10
Con relación a los presuntos defectos: sustantivo, por exceso ritual manifiesto, por desconocimiento de precedente y la
posible violación directa de la Constitución.

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determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si las autoridades judiciales
accionadas, con ocasión de los autos del 06 de agosto11, y 4 de diciembre de 202512
mediante los cuales se negó el mandamiento de pago y se confirmó dicha decisión,
respectivamente, dentro del proceso ejecutivo radicado 85001-33-33-001-2025-
00121-00/01, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, por exceso ritual
manifiesto, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución, y si con ello presuntamente vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

25. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

28. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

29. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien

11 Que negó el mandamiento de pago y la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante.
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demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no habían transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la decisión cuestionada en sede de tutela13 y esta
cobró ejecutoria, toda vez que el escrito de tutela fue presentado el 15 de mayo de
la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto sometido a consideración de la Sala reviste relevancia
constitucional, en la medida en que se orienta a establecer la posible vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por la presunta configuración de los defectos fáctico, sustantivo, por exceso
ritual manifiesto, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución, los cuales, se encuentran razonadamente planteados.

30. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

31. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional14 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa15, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

13
Lo cual ocurrió el 4 de diciembre de 2025, siendo notificada por estado el día 5 del mismo mes y anualidad.
14
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
15
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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b. Una dimensión positiva16, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

32. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente
después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios »17.
Negrillas de la Sala.

33. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.5.1. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

34. La Sala recuerda que el defecto fáctico, en su dimensión negativa, se
configura cuando la autoridad judicial omite valorar pruebas determinantes para la
resolución del caso, les resta injustificadamente eficacia demostrativa o desconoce
hechos objetivamente acreditados dentro del proceso, circunstancia que termina
incidiendo de manera directa en el sentido de la decisión adoptada.

35. En el asunto bajo examen, la parte accionante sostuvo que las autoridades
judiciales accionadas desconocieron el valor probatorio del pagaré núm. 4121785 y
de la carta de instrucciones aportados junto con la demanda ejecutiva, al considerar
que dichos documentos no permitían acreditar la existencia del contrato de mutuo
que dio origen a la obligación cuyo recaudo se pretendía.

36. Al revisar las providencias cuestionadas, la Sala observa que tanto el Juzgado
Primero Administrativo de Yopal como el Tribunal Administrativo de Casanare
concluyeron que la ausencia de un contrato de mutuo escrito impedía tener por
demostrada la existencia del negocio jurídico subyacente y, por consiguiente,
imposibilitaba la conformación del título ejecutivo exigido para librar mandamiento de
pago.

37. Sin embargo, dicha conclusión prescindió del análisis conjunto de los
elementos de convicción obrantes en el expediente. En ese entendido, junto con la
demanda fueron aportados el pagaré suscrito por la ejecutada, la correspondiente
carta de instrucciones y los documentos relacionados con la obligación crediticia
cuyo recaudo se perseguía, medios de prueba que evidenciaban la existencia de una
relación jurídica previa entre el IFC y la deudora.

38. Particularmente, el pagaré incorporaba una promesa incondicional de pago,

16
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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identificaba a las partes de la obligación, determinaba el monto adeudado y hacía
referencia a las condiciones del crédito otorgado, mientras que la carta de
instrucciones regulaba los eventos en los cuales el título podía ser diligenciado por
la entidad acreedora. Tales documentos no podían ser valorados de manera aislada
ni reducidos a la condición de simples garantías desprovistas de toda eficacia
demostrativa respecto del negocio que les dio origen.

39. Además, las autoridades accionadas pasaron por alto que la propia
demandada había suscrito los instrumentos aportados por la entidad ejecutante y
que estos daban cuenta de una obligación derivada de recursos efectivamente
desembolsados por el IFC. En tales condiciones, la inexistencia de un documento
contractual independiente no equivalía, por sí sola, a la ausencia absoluta de prueba
sobre la existencia del mutuo.

40. La omisión adquiere especial relevancia si se considera que la Corte
Constitucional, al resolver conflictos de jurisdicción relacionados con operaciones
crediticias celebradas por entidades de naturaleza semejante, ha reconocido que la
existencia del contrato de mutuo puede inferirse razonablemente a partir de la
documentación que evidencia el otorgamiento del crédito y la suscripción de los
títulos valores asociados a este, aun cuando el negocio no conste en un documento
escrito autónomo.

41. Así las cosas, la Sala encuentra que las autoridades accionadas edificaron su
conclusión sobre una valoración incompleta del material probatorio obrante en el
expediente, pues concentraron su análisis exclusivamente en la ausencia del
contrato escrito y dejaron de apreciar de manera integral los documentos allegados
por la entidad ejecutante, pese a su evidente relevancia para establecer la existencia
de la relación obligacional discutida.

42. En consecuencia, la decisión de negar el mandamiento de pago no se
sustentó únicamente en una discrepancia jurídica respecto de la naturaleza del título
ejecutivo, sino también en una insuficiente apreciación de los elementos probatorios
disponibles, circunstancia que condujo a desconocer hechos objetivamente
acreditados dentro de la actuación.

43. Por lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso se configuró el
defecto fáctico alegado por la parte accionante, toda vez que las autoridades
judiciales accionadas omitieron valorar adecuadamente pruebas relevantes para
determinar la existencia del negocio jurídico subyacente y el alcance demostrativo
de los documentos aportados con la demanda ejecutiva.

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

44. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al
caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una

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sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la
interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios
mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico» 18.

45. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de
las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado,
ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su
interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el
fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces
dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los
valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en
vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el
marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada
y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»19.

46. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.7. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

47. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de

18
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
19
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189620, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

48. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

49. Respecto del precedente vertical21, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

50. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso22.

51. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación23.

52. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.8. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

53. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se advierte
que este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus
actuaciones generan una denegación de la justicia24. Este defecto procedimental
puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a
la administración de justicia cuando: i) se aplican normas procesales que se oponen
a la vigencia de derechos constitucionales en cada caso concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas
imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se

20 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
21
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
22
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
23
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,

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incurre en un exceso de severidad procedimental en la apreciación de las pruebas,
iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar25.

54. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto del defecto
procedimental absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales26.

3.9. Violación directa de la Constitución

55. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto
que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según el
cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»27

56. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto
se configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental necesario
para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c)
el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución28”29.

57. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad30

4. Análisis de los presuntos defectos sustantivo, por exceso ritual manifiesto,
por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución
en el caso concreto.

58. Como se advirtió en la cuestión previa, en lo atinente a los cargos citados en
este numeral, la Sala realizará su estudio de manera conjunta teniendo en cuenta
que todos ellos convergen en una misma inconformidad relativa a la discrepancia del
accionante con la interpretación jurídica adoptada por los jueces naturales en torno
a la configuración del título ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso

25
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y T-053
de 2012.
26
Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
27
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
28
Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de 2010.
29
Sentencia T-369 de 2015.
30
Sentencia SU-198 de 2013.

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administrativo.

59. En ese entendido, el núcleo argumentativo del actor radica en sostener que el
pagaré, por sí solo, constituye título ejecutivo suficiente, sin necesidad de allegar el
contrato de mutuo, tesis que fue expresamente analizada y descartada por las
autoridades accionadas mediante decisiones motivadas y sustentadas en el
ordenamiento jurídico vigente.

60. En el presente asunto, el Instituto Financiero de Casanare -IFC- promovió un
proceso ejecutivo con fundamento en el pagaré núm. 4121785 suscrito por Liliana
Jácome Montaño, con el propósito de obtener el recaudo de una obligación derivada
de un crédito otorgado por dicha entidad. Inicialmente, el asunto fue conocido por el
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Yopal, que mediante auto de 7 de noviembre de
2024 declaró la falta de jurisdicción y remitió el expediente a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo al considerar que la obligación tenía origen en un
negocio jurídico celebrado por una entidad pública.

61. Recibido el proceso, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal,
mediante auto de 6 de agosto de 2025, negó el mandamiento de pago solicitado por
el IFC al concluir que el pagaré y la carta de instrucciones no constituían título
ejecutivo suficiente y que resultaba indispensable acreditar la existencia de un
contrato de mutuo escrito para conformar el título ejecutivo complejo exigible en esta
jurisdicción.
62. Una vez interpuestos los recursos de reposición y apelación por parte de la
entidad ejecutante, el juzgado mantuvo su postura mediante providencia de 28 de
agosto de 2025 y, posteriormente, el Tribunal Administrativo de Casanare, a través
de decisión mayoritaria de 4 de diciembre de 2025, confirmó la negativa al estimar
que la inexistencia de un contrato de mutuo escrito impedía acreditar el negocio
jurídico subyacente y, por ende, estructurar válidamente el título ejecutivo.

63. Corresponde entonces determinar a la Sala, si la exigencia de aportar un
contrato de mutuo escrito, como presupuesto indispensable para habilitar la
ejecución del pagaré suscrito a favor del IFC, resulta compatible con el régimen
jurídico aplicable a la operación crediticia debatida y con las garantías
constitucionales invocadas por la entidad accionante.

64. Esta Subsección advierte de entrada que encuentra configurado el defecto
sustantivo alegado, toda vez que tanto el Juzgado como el Tribunal, edificaron sus
decisiones sobre la premisa de que el contrato de mutuo celebrado por el IFC se
encontraba sometido a las formalidades previstas en los artículos 39 31 y 7532 de la
Ley 80 de 1993, particularmente a la exigencia de constar por escrito para efectos
de acreditar su existencia y servir de fundamento a la acción ejecutiva.

65. No obstante, dicha interpretación desconoció el régimen jurídico especial
aplicable a la actividad desarrollada por el IFC. Al respecto, el artículo 93 de la Ley

31
Ley 80 de 1993. Artículo 39.- De la Forma del Contrato Estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán
por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o
imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas legales
vigentes deban cumplir con dicha formalidad. Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación,
inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. (...)
32
Ibidem, Artículo 75.- Del Juez Competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para
conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la
jurisdicción contencioso administrativo. (...)

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489 de 199833, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, dispone
que las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades
comerciales se rigen por las disposiciones aplicables a dichas actividades. Al
respecto, la Corte Constitucional34 recordó que el IFC, como empresa de gestión
económica sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del
Estado, desarrolla operaciones crediticias sujetas al derecho privado en el marco de
su objeto misional.

66. Desde esa perspectiva, las providencias cuestionadas terminaron imponiendo
a un negocio jurídico regido por el derecho privado una solemnidad que el
ordenamiento no contempla para su existencia ni para su perfeccionamiento. En
efecto, el artículo 2221 del Código Civil define el mutuo como el contrato mediante el
cual una parte entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir
otras tantas del mismo género y calidad, mientras que el artículo 2222 ibidem
establece que “no se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición”.

67. Así las cosas, las autoridades accionadas atribuyeron efectos jurídicos a una
exigencia normativa ajena al régimen jurídico que gobernaba la operación crediticia
objeto de controversia, circunstancia constitutiva del defecto sustantivo reprochado.

68. Aunado a lo anterior, la Sala observa que la exigencia del contrato escrito se
convirtió en el fundamento exclusivo para impedir el avance de la actuación ejecutiva,
sin verificar previamente si dicha formalidad resultaba jurídicamente exigible frente
al negocio realmente celebrado ni examinar la controversia desde el régimen
normativo aplicable a la actividad crediticia desarrollada por la entidad accionante.

69. Tal circunstancia evidencia la configuración de un exceso ritual
manifiesto teniendo en cuenta que el análisis del mérito ejecutivo de la obligación
fue sustituido por la exigencia de una formalidad que terminó adquiriendo prevalencia
sobre el examen sustancial del derecho reclamado, pese a que la controversia giraba
alrededor de una obligación crediticia respaldada por documentos suscritos por la
propia deudora y derivados de una suma efectivamente desembolsada por la entidad
acreedora.

70. En tales condiciones, la ausencia del documento exigido por las autoridades
judiciales accionadas no operó como una garantía idónea para proteger los derechos
de la deudora ni como un mecanismo orientado a verificar la legalidad de la
obligación, sino que, por el contrario, se convirtió en una barrera procesal que impidió
el examen de fondo de una acreencia.

33
Ley 489 de 1998, Artículo 93.- Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan las empresas industriales y
comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se
sujetaran a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se
sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales. Negrillas y subrayas de esta
Sala
34
Corte Constitucional, Auto 1455 de 2025., M.P. Vladimir Fernández Andrade - “27. Aunque dicho contrato no consta
por escrito, resulta razonable afirmar su existencia, dado que, de acuerdo con los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, las empresas industriales y comerciales del Estado se rigen por el derecho privado
en el desarrollo de sus actividades comerciales y en su contratación. Así, al momento de autorizar el crédito, como
habría ocurrido en el presente caso, no era necesaria la existencia de un contrato escrito, ya que conforme a los
artículos 2221 y 2222 del Código Civil, aplicables al mutuo comercial por remisión del artículo 822 del Código de
Comercio, el contrato se perfecciona con la sola entrega del dinero prestado, lo cual efectivamente ocurrió en este
caso”. Negrillas y subrayas de esta Sala.

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71. Precisamente por ello, el artículo 228 constitucional35 dispone que en las
actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial, mandato incompatible con
una interpretación que hace depender la efectividad del derecho reclamado de una
formalidad no prevista por el régimen jurídico aplicable.

72. Esta Sala considera, además, que los recursos colocados por el IFC
corresponden a fondos públicos destinados al cumplimiento de finalidades de
fomento económico y social. Por consiguiente, una interpretación que torne
judicialmente inexigibles obligaciones derivadas de créditos desembolsados no solo
restringe el acceso a la administración de justicia de la entidad acreedora, sino que
compromete la protección del patrimonio público y dificulta la recuperación de
recursos que deben reintegrarse para continuar financiando los programas y
objetivos misionales para los cuales fue creada la entidad.

73. En ese entendido, la tesis acogida por las autoridades accionadas conduce
así a un resultado constitucionalmente problemático, pues permite que quien recibió
recursos públicos y reconoció su obligación de pago conserve el beneficio económico
obtenido, mientras la entidad pública queda privada de una vía judicial efectiva para
procurar su recuperación. Tal consecuencia no deriva de una exigencia prevista en
la ley aplicable al caso, sino de una carga formal incorporada por vía interpretativa,
con sacrificio evidente del derecho sustancial y con claro favorecimiento del
incumplimiento de la obligación asumida.

74. Igualmente, esta Subsección encuentra configurado el desconocimiento
del precedente judicial aplicable al asunto, teniendo en cuenta que en el Auto 2014
de 202436, la Corte Constitucional sostuvo que la ausencia de un contrato escrito
resulta compatible con la naturaleza de las operaciones crediticias desarrolladas por
empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al derecho privado, y
precisó que el perfeccionamiento del mutuo no exige documento escrito cuando ha
ocurrido la entrega de los recursos mutuados.

75. En ese entendido, la Corte indicó expresamente que el pagaré emitido en
desarrollo de una operación de mutuo constituye un documento en el que consta una
obligación clara, expresa y exigible, susceptible de configurar un título ejecutivo en
los términos del artículo 297 del CPACA37.

35
Constitución Política de Colombia, Artículo 228. - La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Negrillas de la Sala.
36
Corte Constitucional, Auto 2014 de 2024. - “25. El negocio jurídico subyacente al título ejecutivo que pretende ejecutarse es
un contrato estatal, por lo que los procesos ejecutivos y controversias consecuencia del mismo son competencia de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. En efecto, la obligación insoluta cuyo cumplimiento se persigue en el marco del
proceso ejecutivo está contenida en el pagaré No. 473 el cual al parecer se emitió como consecuencia de un contrato de mutuo
celebrado entre el IFEY y las personas naturales demandadas, el cual, como indicó la parte actora, no consta por escrito. Esto
último guarda lógica si en cuenta se tiene que las empresas industriales y comerciales del Estado conforme a los
artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, se rigen por el derecho privado en el
desarrollo de sus funciones actividades y/o comerciales y, por ende, en su contratación. De manera que, al momento
de autorizar un crédito, como ocurrió en el caso concreto, no debía mediar un contrato escrito pues conforme a los
artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo comercial conforme a la remisión del artículo 473 del Código
de Comercio) basta con la entrega de la cosa dada en préstamos para el perfeccionamiento del negocio jurídico”.
Negrillas y subrayas de la Sala.
37
Corte Constitucional, Auto 2014 de 2024, MP Jorge Enrique Ibáñez Najar– “27. El pagaré No. 473 presta mérito ejecutivo
conforme al artículo 297 del CPACA. El título ejecutivo base de la ejecución fue firmado por los demandados como
consecuencia de un contrato de mutuo celebrado con el IFEY, de manera que el pagaré No. 473 es un documento suscrito
por una de las partes del negocio subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los documentos a los que se refiere el numeral
3 del artículo 297 del CPACA”. Negrillas y subrayas de la Sala.

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76. Posteriormente, en el Auto 1455 de 2025 38, reiteró esa misma línea
argumentativa y, al referirse específicamente al IFC, concluyó que, aunque el
contrato de mutuo no constara por escrito, resultaba razonable afirmar su existencia.
Pese a ello, las autoridades demandadas fundamentaron la negativa del
mandamiento de pago precisamente en la ausencia de ese documento, sin ofrecer
razones suficientes que justificaran apartarse de tales reglas jurisprudenciales.

77. Así las cosas, la Sala concluye que la providencia cuestionada incurrió en los
defectos sustantivo, por exceso ritual manifiesto y por desconocimiento del
precedente, los cuales condujeron a la vulneración directa de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia
del Instituto Financiero de Casanare39.

78. En consecuencia, esta Subsección amparará los derechos fundamentales
invocados en protección, vulnerados con ocasión de los autos de 6 de agosto y 4 de
diciembre de 2025 proferidos por las autoridades judiciales accionadas dentro del
proceso ejecutivo radicado 85001-33-33-001-2025-00121-00.

79. Como consecuencia de lo anterior, se dejará sin efectos las providencias
citadas, mediante las cuales se negó el mandamiento de pago solicitado por la
entidad ejecutante.

80. En su lugar, ordenará al Juzgado Primero Administrativo de Yopal que, dentro
de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una
decisión de reemplazo mediante la cual resuelva nuevamente la solicitud de
mandamiento de pago, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta
sentencia, particularmente las relativas al régimen jurídico aplicable a las
operaciones crediticias desarrolladas por dicha entidad, a la naturaleza jurídica del
contrato de mutuo, al alcance del pagaré aportado como fundamento de la ejecución
y al precedente constitucional relevante sobre la materia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia invocados por el señor Óscar Javier Araque Garzón,
actuando en calidad de gerente del Instituto Financiero de Casanare, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

38
Corte Constitucional, Auto 1455 de 2025, M.P. Vladimir Fernández Andrade – “27. Aunque dicho contrato no consta por
escrito, resulta razonable afirmar su existencia, dado que, de acuerdo con los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, las empresas industriales y comerciales del Estado se rigen por el derecho privado en el
desarrollo de sus actividades comerciales y en su contratación. Así, al momento de autorizar el crédito, como habría
ocurrido en el presente caso, no era necesaria la existencia de un contrato escrito, ya que conforme a los artículos
2221 y 2222 del Código Civil, aplicables al mutuo comercial por remisión del artículo 822 del Código de Comercio, el
contrato se perfecciona con la sola entrega del dinero prestado, lo cual efectivamente ocurrió en este caso.” Negrillas
y subrayas de la Sala.
39
Como se precisó en esta providencia, la aplicación de una exigencia formal carente de sustento en el régimen jurídico
aplicable impidió el examen de fondo de una obligación derivada de recursos públicos efectivamente desembolsados,
desconociendo los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política y privando a la entidad accionante de una tutela judicial
efectiva respecto de una acreencia destinada al cumplimiento de finalidades de interés general.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03352-00
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón en representación
del Instituto Financiero de Casanare - IFC

Segundo: Dejar sin efectos los autos del 6 de agosto y del 4 de diciembre de 2025
proferidos por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare respectivamente dentro del proceso ejecutivo radicado
núm. 85001-33-33-001-2025-00121-00.

Tercero: Ordenar al Juzgado Primero Administrativo de Yopal que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión
de reemplazo mediante la cual resuelva nuevamente la solicitud de mandamiento de
pago, observando las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia, particularmente las relativas al régimen jurídico aplicable a las
operaciones crediticias desarrolladas por dicha entidad, la naturaleza del contrato de
mutuo, el alcance jurídico del pagaré aportado como fundamento de la ejecución y
el precedente constitucional aplicable a la materia.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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