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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03360-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03360-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: lesividad. Subtema 3: Régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Subtema 4: defectos fáctico y
sustantivo.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Rigoberto Peña Cifuentes contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

El señor Rigoberto Peña Cifuentes presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y
al mínimo vital, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 19 de
marzo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 76001-23-33-000-2018-00496-02.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

2. El señor Rigoberto Peña Cifuentes interpuso acción de tutela en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. El
Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, Valle del Cauca, mediante sentencia del

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado

8 de octubre de 2013, amparó las garantías invocadas y ordenó el reconocimiento
de la pensión de vejez al actor.

3. En cumplimiento de la anterior decisión, Colpensiones emitió la Resolución
núm. GNR 173210 del 12 de junio de 2015, en la que reconoció la prestación en
cuantía de $566.700 a partir del 19 de junio de 2012 y un retroactivo pensional de
$30.539.899.

4. La Dirección de Prevención del Fraude de Colpensiones inició investigación
administrativa y concluyó que la anterior providencia realizó una interpretación
errada de los requisitos del régimen de transición para acceder a la pensión de
vejez.

5. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho [lesividad] con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución núm. GNR 173210 del 12 de junio de 2015 y, en consecuencia, que se
ordenara el reintegro de las sumas pagas por concepto de la pensión de vejez y del
retroactivo pensional.

6. El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que, mediante sentencia del 6 de junio de 2024, declaró la nulidad parcial
de la Resolución núm. GNR 173210 del 12 de junio de 2015 al considerar que el
demandado no tenía derecho a la prestación reconocida por cuanto no era
beneficiario del régimen de transición. A título de restablecimiento del derecho,
ordenó a Colpensiones que pagara una pensión de vejez no menor a 1 SMMLV al
señor Peña Cifuentes, de cuya mesada la entidad debía descontara el aporte de ley
hasta que este completara las 1300 semanas de cotización. Ambas partes apelaron
la anterior decisión.

7. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 19 de marzo de 2026, revocó el restablecimiento del derecho
ordenado por el a quo1 y confirmó en todo lo demás la providencia recurrida.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. En
consecuencia, pidió lo siguiente:

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias del seis (06) de junio de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del 19 de marzo
de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro
del proceso con Número de radicado: 76001-23-33-000-2018-00496-02 (4483-2024).

CUARTO: ORDENAR a la autoridad accionada dictar una nueva sentencia donde se
reconozca que el accionante cumple con el requisito de semanas establecido en el Acto
Legislativo 01 de 2005 y, por ende, tiene derecho reconocimiento de su pensión de

1
Juez de primera instancia.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03360-00, índice 2, certificado 2AECC17DDC6C13F4
72B644905DF56AC7 854A1D4F87A82184 300E04FE7E5B4BBA.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado

vejez bajo el régimen de transición, amparado mediante Sentencia de Tutela
número131, Radicación:76-100-40-89-0012013-0189-00, de fecha 8 de octubre de
2013.

QUINTO: DECLARAR que la Resolución GNR 173210 del 12 de junio de 2015, emitida
por COLPENSIONES, goza de plena validez y aplicabilidad3.

9. Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, incurrió en un defecto fáctico al fundar su
decisión en una historia laboral desactualizada de Colpensiones, la cual registraba
746,85 semanas al 29 de julio de 2005. Lo anterior, sin valorar las planillas de pago4
que aportó en la tutela presentada en 2013, con las que acreditaba que superó el
requisito de 750 semanas exigido por el Acto Legislativo 1 de 2005.

10. Indicó que en la providencia judicial acusada se configuró un defecto sustantivo
debido a que se negó la aplicación del régimen de transición en desconocimiento
de los principios de «favorabilidad laboral y pro homine» así como el precedente
constitucional de la sentencia SU-023 de 2015.

2.3. Trámite procesal

11. El despacho ponente, mediante auto del 6 de mayo de 20265, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y puso en conocimiento el escrito de tutela al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y a Colpensiones, en calidad de terceros con
interés.

12. El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó su impedimento para conocer
de la presente acción de tutela, con fundamento en la causal prevista en el numeral
5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

13.La Sala Dual de la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación,
mediante auto del 9 de junio de 20266, declaró fundado el impedimento y separó al
magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera del conocimiento del trámite
constitucional.

2.4. Intervenciones

14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado7 refirió que la
providencia del 19 de marzo de 2026 estuvo soportada en las pruebas obrantes
dentro del expediente, entre las que no se encuentran las planillas de aportes a
pensión correspondientes a los meses de noviembre de 2004 y abril de 2005, dado
que no fueron allegadas al proceso por ninguna de las partes. Por tanto, manifestó
que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante.

3
Se transcribe incluso con errores.
4
Correspondiente a los meses de febrero y noviembre de 2004 y abril de 2005.
5
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03360-00, índice 4.
6
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03360-00, índice 25.
7
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03360-00, índice 10.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado

15. Colpensiones8 solicitó que se declare improcedente el amparo por cuanto no se
ha materializado ninguno de los defectos o vulneraciones alegadas por el
accionante. Además, indicó que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, dado que esta no puede usarse como una tercera instancia para
controvertir las decisiones del juez ordinario.

16. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Rigoberto Peña Cifuentes contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

18. La legitimación en la causa por activa del señor Rigoberto Peña Cifuentes está
acreditada, porque actuó como demandado en el proceso en el que fue expedida la
providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, debido a que fue la autoridad que
profirió la sentencia objeto de tutela.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

20. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

21.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;

8
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03360-00, índice 14.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado

v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

22. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

23. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

24. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

25. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

11
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado

26. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación
de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuró una indebida valoración probatoria que, a su juicio, impidió
que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

27. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

28. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 19 de marzo de 2026 por la Subsección A
de la Sección Segunda de esta corporación, fue notificada el 14 de abril siguiente15
y la demanda de tutela se presentó el 30 de abril del mismo año16, esto es, dentro
del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo
de Estado18 como razonable.

29. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

30. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

31. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico y sustantivo, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

32. La Sala debe determinar si ¿la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora al proferir la sentencia del 19 de marzo de 2026,
mediante la cual revocó parcialmente la decisión de primera instancia?

33. En concreto, deberá establecer si ¿la providencia objeto de tutela incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo al establecer que el accionante no cumplió con las
semanas exigidas para ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de

15
Samai, exp. núm. 76001-23-33-000-2018-00496-02, índice 18.
16
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03360-00, índice 1.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
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la Ley 100 de 1993?

34. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

35. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»20 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

36. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»21. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»22.

37. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso23.

38. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial24, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las

19
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
20
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-289 de 2019.

7

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reglas generales de competencia»25.

39. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]26.

3.4.2. El defecto sustantivo

40. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado27.

41. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

42. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar

25
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
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el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]28.

43. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

44. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).29

3.5. Caso concreto

45. En el caso bajo estudio, el señor Rigoberto Peña Cifuentes pretende que se
deje sin efectos la sentencia del 19 de marzo de 2026 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76001-23-
33-000-2018-00496-02.

46. A juicio del actor, la providencia objeto de tutela incurrió en defecto fáctico al
concluir que no era beneficiario del régimen de transición a partir de una historia
laboral desactualizada de Colpensiones y desconoció las planillas de pago
aportadas con las que acreditó más de 750 semanas a la fecha de entrada en
vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005.

47. Al respecto, se observa que la autoridad judicial accionada revisó los requisitos
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y encontró que el señor Peña
Cifuentes tenía 41 años al 1 de abril de 1994, por lo que, en principio era beneficiario
del régimen de transición. Sin embargo, en atención a lo dispuesto en el parágrafo
4 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005, para conservar dicho beneficio después
del 31 de julio de 2010 debía acreditar mínimo 750 semanas de cotización al 29 de
julio de 2005.

48. De esa manera, examinó el reporte de semanas allegado al expediente y
observó que el señor Peña Cifuentes solo reunió 746,85 semanas cotizadas al 29
de julio de 2005. Por ello, concluyó que no era beneficiario del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993. Al respecto, expuso lo siguiente:

44. De las pruebas, se observa que el demandado nació el 19 de junio de 1952, por

28
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado

lo que contaba con 41 años para la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones (1° de abril de 1994), lo que en principio permite afirmar que tenía la
condición de beneficiario del régimen de transición, conforme al numeral 2º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

45. Sin embargo, se precisa que el Acto Legislativo 01 de 2005 puso un límite
temporal al régimen y, para que se pudiera extender su condición de beneficiario más
allá del 31 de julio de 2010, debía acreditar que para el 29 de julio de 2005 tenía
mínimo 750 semanas cotizadas, lo que no certificó, pues tenía un total de 746,85.

46. Esto se observa en la siguiente tabla que se extrajo del reporte de semanas
cotizadas en el período de enero de 1967 hasta julio de 2013:

47. De esta información se concluye que el demandado inició su vinculación laboral y
cotizaciones, el 9 de septiembre de 1970, pero la sumatoria de las semanas, con las
interrupciones presentadas, hasta el 29 de julio de 2005, es menor a 750 (15 años de
servicios). Claro este punto, resulta evidente que no era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, razón por lo que no asiste razón al demandado en
relación con ese argumento de apelación y en esa medida, se confirmará la decisión
en cuanto declaró la nulidad del acto administrativo que había reconocido la pensión.

49. En efecto, se observa que la autoridad judicial sustentó esa conclusión en el
reporte de historia laboral obrante en el proceso, para lo cual detalló los períodos
computados y las interrupciones registradas y explicó que el total era inferior a las
750 semanas exigidas constitucionalmente. Ahora bien, respecto a las planillas de
pagos de los meses de febrero y noviembre de 2004 y abril de 2005, que el
accionante refirió en la tutela, no se advierte que las mismas hayan sido aportadas
al proceso ordinario, por lo que no es posible afirmar que la Subsección A hubiese
omitido valorar documentos que estuvieran incorporados al expediente.

50. Lo anterior, comoquiera que, si bien el accionante manifestó que aportó las
planillas de pago de aportes a pensión correspondientes a los meses febrero y
noviembre de 2004 y abril de 2005, lo cierto es que dichos elementos no obran en

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado

el expediente ordinario, por lo que la acción de tutela no puede convertirse en un
mecanismo para incorporar nuevas pruebas con el fin de desplazar o invalidar la
valoración probatoria libre y autónoma realizada por el juez natural30.

51. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables”.
En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume de buena fe
y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por el que le
resulte convincente»31.

52. Por otro lado, el accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto porque sustantivo desconoció los principios de «favorabilidad laboral y pro
homine» al negar la aplicación del régimen de transición. Además, sostuvo que se
inaplicó el precedente de la sentencia SU-023 de 2015.

53. Frente a lo anterior, la Sala no observa que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado haya realizado una interpretación irrazonable o
desproporcionada de los requisitos fijados por el legislador para acceder al régimen
de transición de la Ley 100 de 1993. Finalmente, en relación con la aplicación de la
sentencia SU-023 de 2015, dicha decisión aborda la responsabilidad patronal por
periodos laborados sin cobertura del Instituto de Seguros Sociales, lo cual
constituye un tema totalmente diferente al debatido en esta oportunidad, por lo que
no constituye un precedente aplicable al presente caso.

54. Así las cosas, la Sala considera que la sentencia del 19 de marzo de 2026,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, pues la decisión de confirmar la nulidad
de la resolución que reconoció la pensión de vejez estuvo soportada en un estudio
racional de los elementos de convicción allegados al proceso ordinario en conjunto
con la normativa aplicable al tema.

55. Ciertamente, la autoridad judicial accionada, en ejercicio de los principios de
autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una interpretación
coherente de las pruebas aportadas al proceso ordinario y de los requisitos para ser
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Por estas razones, si
bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa
que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.

56. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a
sus intereses y pretensiones.

30
Corte Constitucional, sentencia SU-490 de 2016.
31
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03360-00 (5270)
Accionante: Rigoberto Peña Cifuentes
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado

4. Conclusión

57. La providencia del 19 de marzo de 2026, dictada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis
arbitrario o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que configure los defectos fáctico y sustantivo y que exija la intervención del juez de
tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por el accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Rigoberto Peña Cifuentes en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, conforme a la parte considerativa de esta decisión.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Con impedimento
Jorge Edison Portocarrero Banguera

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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