Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00496-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00496-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-00496-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00496-02 (4483-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Demandado: Rigoberto Peña Cifuentes.
Tema: Nulidad y restablecimiento del derecho contra actos
administrativos proferidos en cumplimiento de una orden de tutela
• Procedencia / Régimen de transición de la Ley 100 de 1993 /
Reconocimiento pensional según el régimen general / Reintegro
de mesadas pagadas. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos las partes, contra la sentencia
proferida el seis (06) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra el señor Rigoberto Peña Cifuentes en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 173210 del 12 de junio de
2015, por medio de la cual se reconoció la pensión de vejez al demandado, en
cumplimiento de una orden de tutela. A título de restablecimiento del derecho, se
declare que no tiene derecho al reconocimiento pensional por no ser beneficiario del
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régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y se le ordene reintegrar los valores
pagados.
HECHOS
3. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
4. Que el señor Rigoberto Peña Cifuentes nació el 19 de junio de 1952, por lo
que tenía más de 40 años al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993; sin
embargo, no contaba con 15 años de servicios cotizados.
5. Que para el 31 de julio de 2010 tenía 58 años y 775 semanas, por lo que
tampoco cumplía con los requisitos para pensionarse conforme al Decreto 758 de
1990.
6. Que el 13 de febrero de 2013 solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez,
la cual fue negada mediante Resolución GNR 044792 del 19 de marzo de 2013.
Contra dicho acto se interpuso recurso de reposición y en la Resolución GNR 193678
del 26 de julio de 2013, se confirmó la decisión.
7. Que instauró acción de tutela y mediante sentencia del 8 de octubre de 2013,
el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolivar Valle ordenó el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez. En cumplimiento, se emitió la Resolución GNR 173210 del 12
de junio de 2015, por la que se reconoció la pensión en cuantía de $566.700 a partir
del 2012 y se liquidó un retroactivo pensional de $30’539.899.
8. Que la Dirección de prevención del fraude de Colpensiones inició investigación
administrativa y concluyó que, si bien la Resolución GNR 173210 del 12 de junio de
2015 fue emitida en cumplimiento de la tutela, lo cierto es que el beneficiario no
cumplía con las exigencias para obtener la prestación. Que el Juez que adoptó la
decisión erró en la interpretación normativa e incurrió en hechos que podrían
constituir fraude.
9. Que el Juez fue denunciado para ser investigado por los delitos de prevaricato
por acción y peculado por apropiación y se requirió el consentimiento para revocar
directamente el acto, sin obtenerse la autorización.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Citó como vulneradas las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 599 de 2000 y
1450 de 2011; el Decreto 758 de 1990 y la Constitución Política de1991.
11. Como concepto de violación expuso que se observaba que el afiliado no era
beneficiario del régimen de transición ―al no acreditar 750 semanas cotizadas a la
entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005― pero el Juez de tutela aplicó de
forma errada el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para señalar que era beneficiario
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de la transición «bajo un amañando concepto del principio de favorabilidad1». De
acuerdo con ello, indicó que debe declararse la nulidad del acto demandado por
violación de norma superior.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
12. La demanda fue admitida el 11 de marzo de 20212, por auto del 21 de julio del
2022 se negó la suspensión provisional. Mediante auto del 01 de diciembre de 2022
se confirmó la decisión.
13. En la contestación de la demanda se sostuvo que como el acto fue proferido
en cumplimiento de una orden de tutela, es legal. Que la sentencia de tutela no fue
recurrida en su momento por Colpensiones y, por ende, se encuentra en firme e hizo
tránsito a cosa juzgada. Que, en atención al principio de seguridad jurídica, no podía
reabrirse el debate. Además, expuso que había operado la caducidad del medio de
control.
14. El 23 de noviembre de 2023 se dio trámite de sentencia anticipada, se
resolvieron las excepciones previas, se fijó el litigio, se decretó pruebas y se corrió
traslado para alegar3.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 06 de
junio de 2.024 accedió parcialmente a las pretensiones.
16. Al resolver las excepciones, concluyó que el acto podía demandarse en
cualquier tiempo por tratarse del reconocimiento de una prestación periódica. En
relación con la cosa juzgada, sostuvo que no se configuró porque el acto
administrativo que fue expedido con ocasión del cumplimiento de una orden de tutela
sí podía ser cuestionado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
17. Al estudiar el fondo, definió que la resolución demandada era ilegal porque el
demandado no tenía derecho al régimen de transición y tampoco cumplía con los
requisitos para obtener la prestación bajo el régimen de la Ley 100 de 1993, dado
que le faltaban 153,28 semanas de cotización.
18. Sin embargo ―pese a la ilegalidad―, para garantizar los derechos a la
1 Citado del texto de la demanda.
2 Si bien la demanda se radicó el 9 de mayo de 2018, en primer lugar, se desató un conflicto negativo de
competencia entre el Tribunal y los Juzgados Laborales del Circuito, que fue dirimido correspondiendo a esta
Jurisdicción.
3 Índice 068 de SAMAI en el radicado de primera instancia.
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seguridad social, vida digna y salud del demandado4, ordenó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de vejez, con una mesada que no fuera inferior a 1
SMLMV, en aplicación del artículo 33 de la Ley 797 de 2003. Con la finalidad de
completar las semanas que le hacían falta para alcanzar su estatus pensional, ordenó
que se descontara el valor mensual correspondiente al aporte de Ley, hasta que se
completaran las 1.300 semanas de cotización.
19. Como razones para sustentar el reconocimiento, sostuvo que al demandado
sólo le faltaban 153,28 semanas de cotización, que había laborado 22,29 años de su
vida y se encontraba próximo a cumplir 72 años; que la tutela fue proferida el 8 de
octubre de 2013 y, a pesar de que Colpensiones la consideró ilegítima, no impugnó
el fallo.
20. Consideró que el demandado, sin perjuicio del reconocimiento pensional,
continuó laborando hasta el 30 de septiembre de 2014 y que el acto por el que
Colpensiones dio cumplimiento al fallo de tutela se profirió solo el 12 de junio de
2015, es decir, casi dos años después del amparo constitucional, cuando el
demandado tenía 61 años.
21. Que Colpensiones instauró la demanda de lesividad más de 3 años después
del reconocimiento pensional, es decir, el 9 de mayo de 2018 y con la avanzada edad
del demandado, le era imposible cotizar los casi 3 años que le harían falta para
acceder a la prestación, pero que, si Colpensiones hubiera actuado con celeridad, el
demandado habría tenido la oportunidad de realizar las cotizaciones que se echan
de menos.
22. Respaldó su decisión en la sentencia del 13 de abril de 2023 emitida por la
Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación5.
23. En relación con la devolución de las mesadas y retroactivo pensional,
consideró que no había lugar a acceder a la pretensión porque no se demostró la
mala fe del beneficiario porque el reconocimiento pensional había surgido del error
en la interpretación por parte del operador judicial.
4 Como razones para realizar la mencionada modulación, sostuvo: a) que al demandado sólo le faltaban 153,28
semanas de cotización, b) había laborado 22,29 años de su vida y se encontraba próximo a cumplir 72 años, c)
la tutela fue proferida el 8 de octubre de 2013 y, a pesar de que Colpensiones la consideró ilegítima, no impugnó
el fallo; d) que el demandado, sin perjuicio del reconocimiento pensional, continuó laborando hasta el 30 de
septiembre de 2014, e) el acto por el que Colpensiones dio cumplimiento al fallo de tutela se profirió solo hasta
el 12 de junio de 2015, es decir, casi dos años después del amparo constitucional, cuando el demandado tenía
61 años; f) Colpensiones instauró la demanda de lesividad más de 3 años después del reconocimiento pensional,
es decir, el 9 de mayo de 2018 y con la avanzada edad del demandado, le es imposible cotizar los casi 3 años
que le harían falta para acceder a la prestación, pero que, si Colpensiones hubiera actuado con celeridad, el
demandado habría tenido la oportunidad de realizar las cotizaciones que se echan de menos; g) que no fue
probado el fraude aludido porque el reconocimiento pensional había surgido del error en la interpretación por
parte del operador judicial.
5 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de abril de 2023. Radicado: 25000-23-42-000-2017-01340-
01 (1024-2021).
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RECURSO DE APELACIÓN
24. El demandado interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que el
Tribunal debió declarar la improcedencia de la demanda por tratarse del control de
un acto administrativo de ejecución por el cual se materializó una orden de tutela,
pues consideró que no es posible que la administración, al momento de configurar
dichos actos, pueda dar lugar a situaciones jurídicas distintas a las que fueron objeto
de debate en esa sede judicial.
25. Que se debió concluir que sí era beneficiario del régimen de transición porque
para acreditar dicha calidad bastaba con el cumplimiento de solo un requisito del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y contaba con 41 años al momento de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993. Que, además, tenía 500 semanas de cotización dentro
de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad y más de 1000 en cualquier
tiempo.
26. Que el régimen de transición perduró hasta el 2014 y se adquirió el derecho a
la pensión en el 2012, razón por la que insistió en que debía aplicarse la transición y
revocar los numerales primero y segundo de la sentencia.
27. Colpensiones interpuso recurso de apelación y su inconformidad específica
consistió en que el Tribunal no debió ordenar el reconocimiento de la prestación
porque no se acreditó el cumplimiento de los requisitos del artículo 33 de la Ley 100
de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, al no alcanzar el tiempo de cotización.
28. Que no debió ordenarse ese reconocimiento sin que se hubieran presentado
los documentos necesarios para realizar el estudio de la viabilidad de la prestación
con base en el régimen general de pensión porque no existe un pronunciamiento
previo sobre ese punto en sede administrativa. Con dicho reconocimiento se vulneró
el principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.
29. Que, dado que se había desvirtuado la buena fe del demandado, al haber
aportado una historia laboral adulterada, el Tribunal debió ordenar la devolución de
los valores percibidos con ocasión de la pensión. En consecuencia, pidió revocar la
sentencia en estos puntos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
30. El 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
señor agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.
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31. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
32. La Sala debe determinar, en primer lugar, si es procedente demandar la
nulidad de un acto administrativo de reconocimiento pensional, proferido en
cumplimiento de una orden de tutela.
33. En caso afirmativo, debe determinarse si debía declararse la nulidad de la
resolución por la que se otorgó la pensión a favor del demandado.
34. También se definirá si la decisión del tribunal de conceder otra pensión al
demandado, luego de anulada la que venía percibiendo, es ajustada a derecho. Por
último, se establecerá si logró probarse que el demandado realizó maniobras
fraudulentas para lograr la obtención de la pensión y, en consecuencia, si es
procedente ordenar la devolución de las mesadas y el retroactivo pensional.
Resolución del caso concreto
Sobre la procedencia de la demanda contra el acto administrativo proferido en
cumplimiento de una orden de tutela.
35. En relación con este punto, se pronunció esta Sección6, mediante decisión del
17 de abril de 2013, en los siguientes términos:
«(…) Predicar por parte del juez que el acto administrativo que expresa la eficacia
de una decisión judicial y que por consiguiente no resulta susceptible de control
ordinario, porque ello supondría de forma indirecta, oficiar como criterio de
corrección de la decisión judicial en firme, representa un argumento cuya
justificación es equívoca en razón a que tal postura, además de sustraer una
decisión de la administración del control de su juez natural, por vía de
interpretación, establece un criterio inconstitucional, es decir, una restricción no
prevista por el constituyente a las competencias de la justicia de lo contencioso
administrativo, lo cual acarrea evidente lesión al orden jurídico, y supone desde
luego, un error conceptual inaceptable dentro del marco de la teoría general del
acto administrativo.
Es necesario subrayar que si bien esta Corporación ha expresado que los actos
administrativos que dan cumplimiento a una decisión judicial son actos de
ejecución (sic) y únicamente tendrían control jurisdiccional si suprimen o
cambian lo ordenado por la providencia judicial, la verdad es que pese a la
impropiedad de la nomenclatura del precedente, sustancialmente lo que está es
reconociendo cuál es el tema de controversia en esta clase de acciones, pero de
ningún modo descartando ab initio la opción de control.
Con vista en el acto acusado (…) si bien su expedición tuvo por finalidad
acatar el fallo de tutela proferido por el Juez Séptimo Penal del Circuito Judicial
6 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Auto del 17 de abril de 2013. Exp. 05001 23 33 000 2012
00301 01 (0469-2013). C.P. Gustavo Gómez Aranguren.
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de Manizales, calendado 30 de mayo de 2008, ya que tanto en su parte motiva
como en la resolutiva, se hace alusión de manera exclusiva al obedecimiento
estricto de la decisión que allí se adoptó, también lo es que la autoridad que
lo expidió no compartió lo allí resuelto, razón por la cual introdujo un
elemento nuevo en su texto, tanto en su motivación como en la resolución,
para dejar una salvedad sobre la procedencia de tal reconocimiento por no
estructurarse en el beneficiario los supuestos consagrados en la ley.
Estas dos particularidades provocan que la resolución No. UGM 018652 del 29
de noviembre de 2011 no pueda ser considerada como un mero acto de
ejecución, ya que, por una parte, su génesis se encuentra en una sentencia
que, por haber sido proferida por funcionario que no era el juez natural de
la causa, provoca la modificación de un derecho económico de carácter
laboral que afecta de manera directa y significativa un interés general como
lo es el patrimonio público, poniendo de paso en tela de juicio la moralidad
administrativa al haberse dado eventualmente su reconocimiento por fuera
de la esfera jurídica reguladora de la forma como debe liquidarse la pensión
de vejez.
(…) Por todo lo anotado en precedencia, la Sala da claridad y alcance a la teoría
decantada sobre la procedencia de la acción contenciosa en contra de actos
administrativos expedidos en cumplimiento a decisión judicial, para precisar
que, en cada caso en particular, el juez debe analizar todos los elementos
de carácter jurídico que sean vinculantes a la producción del acto, de
acuerdo como lo plantee la demanda, pero de ninguna forma afirmar la
identidad improbable de asimilar los actos de ejecución de actos
administrativos con manifestaciones de la voluntad administrativa en
ejercicio de un poder legal y conforme a las reglas que condicionan su
actuar (…)». (Negrita para resaltar)
36. Ante la claridad de la cita anterior, es evidente que sí se puede resolver sobre
la legalidad de este tipo de actos, por lo que no prospera el argumento del recurso
del demandado según el cual el medio de control es improcedente. Superado este
problema jurídico, la Sala pasará a estudiar los demás.
Sobre la legalidad de la resolución por la que se otorgó la pensión a favor del
demandado.
37. La Ley 100 de 1993 reguló la seguridad social integral para proporcionar la
cobertura integral de las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad
económica, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la
comunidad. El Sistema General de Pensiones «tiene por objeto garantizar a la
población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la
muerte», para lo cual, entre otras medidas, derogó los regímenes pensionales
existentes antes de su expedición.
38. En su artículo 367, consagró un régimen de transición en materia pensional,
con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a adquirir su
7 «(…) Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
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derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían derogados con
su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los presupuestos
para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.
39. Sobre los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, la Corte
Constitucional en sentencia C-168 de 1995, señaló:
«(…) Dado que en la ley 100 de 1993 se modifican algunos de los requisitos para
acceder a la pensión de vejez, se establece en el inciso segundo del artículo 36,
materia de acusación, un régimen de transición que da derecho a obtener ese
beneficio mediante el cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicio,
o semanas cotizadas estatuidas en la legislación anterior, para las personas que
a la fecha de entrar a regir el nuevo sistema de seguridad social, tengan 35 años
o más de edad si son mujeres, y 40 o más años de edad si son hombres; o a
quienes hayan cumplido 15 o más años de servicios cotizados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para obtener tal derecho
son los contenidos en las disposiciones de la nueva ley. […] Adviértase, cómo el
legislador con estas disposiciones legales va más allá de la protección de los
derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están
próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a
adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible
política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que
ordena dar especial protección al trabajo (…)»
40. Para determinar la fecha de entrada en vigencia del sistema general de
pensiones es necesario remitirse a lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley 100,
según el cual este regiría desde el 1 de abril de 1994; pero para los empleados
públicos de los niveles departamental, municipal y distrital entraría a regir a más
tardar el 30 de junio de 1995.
41. En ese orden, para ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 se requiere que, al 1° de abril de 1994, la persona demuestre tener 35
años o más si son mujeres, 40 años o más si son hombres o 15 o más años de
servicio cotizados, salvo que se tratara de un servidor público del orden territorial a
quien, por disposición del legislador, se le aplicarían las normas de ese sistema «a
más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva
autoridad gubernamental»
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto
de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años
de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en
la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el
tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el
ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos (…)».
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42. No obstante, la citada transición fue modificada por el Acto Legislativo 01 de
20058, en el que se dispuso su terminación y, para dichos efectos, estableció que no
podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010. También previó como excepción
a los trabajadores que, estando en dicho régimen, tuvieren cotizadas al menos 750
semanas o su equivalente en tiempo de servicios, a la fecha en que inició su vigencia.
Solo respecto de estos se mantendrían los beneficios del régimen hasta el 31 de
diciembre del año 2014.
43. Analizados los recursos de apelación, en ambos, se solicitó verificar el
cumplimiento de los requisitos para definir el derecho pensional. Lo que se hará en
las siguientes líneas:
44. De las pruebas, se observa que el demandado nació el 19 de junio de 1952 9,
por lo que contaba con 41 años para la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones (1° de abril de 1994), lo que en principio permite afirmar que tenía la
condición de beneficiario del régimen de transición, conforme al numeral 2º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
45. Sin embargo, se precisa que el Acto Legislativo 01 de 2005 puso un límite
temporal al régimen y, para que se pudiera extender su condición de beneficiario más
allá del 31 de julio de 2010, debía acreditar que para el 29 de julio de 2005 10 tenía
mínimo 750 semanas cotizadas, lo que no certificó, pues tenía un total de 746,8511.
46. Esto se observa en la siguiente tabla que se extrajo del reporte de semanas
cotizadas en el período de enero de 1967 hasta julio de 2013:
Identificación Empleador Desde Hasta Semanas
aportante
4010100152 SOC DE CULTIVOS AGRI 09/09/1970 13/01/1971 18,14
4199816904 COOP TRAB DE TULUA L 14/01/1992 30/06/1993 76,28
4199816904 COOP TRAB DE TULUA L 01/07/1993 31/12/1994 78,42
891900254 COOP DE 01/01/1995 31/12/1995 52,14
TRANSPORTAD
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/04/1995 30/04/1995 4,28
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/05/1995 31/12/1995 35
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/01/1996 31/12/1996 52,28
891900254 COOP DE 01/01/1997 31/12/1997 52,14
TRANSPORTAD
891900254 COOP DE 01/01/1998 31/12/1998 52,14
TRANSPORTAD
8 «(…) Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas
que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los
trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente
en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014.
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen (…)».
9 Según consta en la cédula e ciudadanía aportada con el expediente administrativo. Visible en Gestión
documental de SAMAI en el radicado del Tribunal. Archivo denominado: 2013_20771_GEN-DDI-AF.pdf
10 Fecha de entrada en vigencia del mencionado acto.
11 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del
Tribunal. Carpeta 005- Digitalización Contrato 104 de 2020 – SASI-2020-09.zip. CD1, Carpeta CC-6137205.
Archivo denominado: HL-2012_857941-1373299412644.PDF
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Radicación: 76001-23-33-000-2018-00496-02 (4483-2024)
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/01/1999 30/11/1999 47,71
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/01/2000 31/01/2000 4,428
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/02/2000 31/12/2000 47,85
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/01/2001 31/07/2001 30,28
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/08/2001 31/08/2001 4,42
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/09/2001 31/12/2001 17,42
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/01/2002 31/12/2002 52,14
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/01/2003 31/12/2003 52,14
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/01/2004 31/01/2004 4,42
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/03/2004 31/10/2004 35
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/12/2004 31/12/2004 4,428
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/01/2005 31/03/2005 12,85
6137049 MAXIMILIANO PENA CIF 01/05/2005 29/07/2005 12,85
TOTAL 746,85
47. De esta información se concluye que el demandado inició su vinculación
laboral y cotizaciones, el 9 de septiembre de 1970, pero la sumatoria de las semanas,
con las interrupciones presentadas, hasta el 29 de julio de 2005, es menor a 750 (15
años de servicios). Claro este punto, resulta evidente que no era beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, razón por lo que no asiste razón al
demandado en relación con ese argumento de apelación y en esa medida, se
confirmará la decisión en cuanto declaró la nulidad del acto administrativo que había
reconocido la pensión.
48. Ahora, como el tribunal, en la sentencia del 06 de junio de 2.024, ordenó el
reconocimiento de la pensión en aplicación del artículo 33 de la Ley 797 de 2003 y,
para completar el tiempo que le hacía falta, dispuso que se descontara el valor
mensual correspondiente al aporte de Ley, hasta que se completaran las 1.300
semanas de cotización, Colpensiones también interpuso recurso y en él se muestra
inconforme, no solo porque se reconoció una pensión que considera ilegal por el no
cumplimiento de los requisitos, sino porque no se respetó la facultad de decisión
previa de la administración y con ello, se violó el debido proceso, pues se le
sorprendió con esa decisión en la sentencia.
49. El segundo aspecto de los planteados es evidente, pues inexplicablemente, el
tribunal se salió del principio de congruencia, ya que esa pensión nunca fue pedida,
resuelta, ni discutida y, esa sola circunstancia, da lugar a que la sentencia sea
revocada en ese aspecto.
50. Ahora, como el tribunal la justificó su actuación en los derechos fundamentales
del demandado y en la mora de Colpensiones en actuar, se hace necesario estudiar
si la persona tenía o no derecho al reconocimiento de esta nueva pensión, lo cual
también fue motivo de apelación por Colpensiones, veamos:
51. Se tiene que el demandado tampoco acreditó el cumplimiento de los requisitos
del régimen general (artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003), al no alcanzar el tiempo de cotización.
52. El artículo 33 de la Ley 797 de 2003, establece los requisitos para obtener la
pensión de vejez:
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«(…) Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta
(60) años si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y
siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en
50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015 (…)».
53. Revisado el expediente se observa que para el 1º de junio de 2015, fecha a
partir de la cual fue reconocida la pensión de vejez12, no cumplía con los
presupuestos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de
2003, pues si bien cumplió los 62 años de edad el 19 de junio de 2014, lo cierto es
que las semanas de cotización, al momento del cumplimiento de la edad, eran
1.084,28 de acuerdo con el reporte aportado por la entidad demandante14 y, además,
en su vida laboral logró acreditar un total de 1.142,42. Veamos:
Identificación Empleador Desde Hasta Semanas
aportante
6137049 MAXIMILIANO PEÑA CIF 01/01/2006 30/09/2006 39,00
6137044 MAXIMILIANO PEÑA CIF 01/10/2006 31/10/2006 4,43
6137049 MAXIMILIANO PEÑA CIF 01/11/2006 31/12/2006 8,71
6137049 MAXIMILIANO PEÑA CIF 01/01/2007 31/12/2007 52,14
6137049 MAXIMILIANO PEÑA CIF 01/01/2008 30/06/2008 26,00
6137205 RIGOBERTO PENA CIFUE 01/07/2008 31/01/2009 30,71
6137205 RIGOBERTO PENA CIFUE 01/02/2009 31/01/2010 52,14
6137205 RIGOBERTO PENA CIFUE 01/02/2010 31/12/2010 47,71
6137205 RIGOBERTO PENA CIFUE 01/01/2011 31/01/2011 4,43
6137205 RIGOBERTO PENA CIFUE 01/02/2011 31/12/2011 47,71
6137205 RIGOBERTO PENA CIFUE 01/01/2012 31/01/2012 4,43
6137205 RIGOBERTO PENA CIFUE 01/02/2012 31/12/2012 47,86
6137205 RIGOBERTO PENA CIFUE 01/01/2013 31/03/2013 12,86
6137205 PEÑA CIFUENTES RIGOB 01/04/2013 30/04/2013 4,29
6137205 PEÑA CIFUENTES RIGOB 01/05/2013 31/07/2013 13,14
TOTAL, período del año 2006 al 2013 395,57
TOTAL, período del año 1970 al 2013 (746,85 + 395,57) 1.142,42
54. Es claro que no puede accederse a un reconocimiento pensional cuando el
beneficiario de la prestación no cumple con los requisitos legales necesarios para
obtener el derecho, pues, tal como lo explicó Colpensiones, ese reconocimiento no
solo es ilegal, sino que vulneraría el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional.
55. Considera esta Sala que no es correcto justificar el otorgamiento de una
pensión ―sin el lleno de las exigencias legales―, por la protección al derecho a la
seguridad social, vida digna y salud del demandado, puesto que su situación es igual
a la de los demás usuarios sobre los que se resuelven, día a día, pretensiones
12 Tal como se observa en el artículo 2 de la Resolución GNR 173210 del 12 de junio de 2015.
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relativas a sus derechos pensionales. En todos los casos se debe resolver en apego
a la Ley, para así garantizar la igualdad en la resolución de este tipo de conflictos.
56. En consecuencia, se revocará la modulación del restablecimiento para
declarar que el demandado no tiene derecho al reconocimiento pensional.
Devolución de mesadas percibidas
57. Según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición que
reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, «no habrá lugar a
recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe».
58. Al respecto, esta Sección13 en los casos en que las prestaciones periódicas,
tales como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la
administración, ha mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la
devolución de las mesadas por haber sido percibidas de buena fe.
Específicamente se ha sostenido lo siguiente.
«(…) La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el
derecho al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada
pensional (…)
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación
pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos
efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de
buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto
que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni
en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la
obtención de los reajustes pagados (…)». (Negrita para resaltar)
59. Dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad,
que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos, probar
que el peticionario actuó de mala fe. En ese sentido, en los eventos en los que por
un error de la administración se reconoce la pensión a quien no reúne los requisitos,
no puede con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona sin ningún tipo de dolo o actuación
malintencionada.14
13 Sentencia de 17 de mayo de 2007, radicado 25000-23-25-000-1999-05334-01 (3287-05). Ver también: Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014, radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02
(3130-2013). Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007, radicado 25000-23-25-000-
2004-03752-01 (0950-2006). Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado:
68001-23-15-000-2001-03370-01 (0488-07). Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de
2016. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00149-01 (2677-2015).
14 En este sentido, se pronunció la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del 17 de noviembre
de 2016, interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.
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60. No obstante, en aquellos casos en los que el error no provenga de la
administración, se deberá analizar cada caso particular, para determinar si hay lugar
o no a la devolución de los dineros.
61. En el recurso de apelación, Colpensiones afirmó que debía ordenarse la
devolución de las mesadas y el retroactivo pensional porque el demandado realizó
maniobras fraudulentas para ser acreedor de la prestación, pues presentó una
historia laboral irregular ante el Juzgado que ordenó el reconocimiento en sede de
tutela.
62. Sin embargo, se considera que, si bien se aportó al expediente la constancia
de haberse realizado una denuncia ante la fiscalía general de la Nación por los delitos
de prevaricato por acción y peculado por apropiación, lo cierto es que no se observa
la historia laboral que supuestamente fue aportada con la acción de tutela.
63. Considera esta Subsección que para que haya lugar a ordenar la
devolución de las sumas percibidas, fruto de las mesadas pensionales reconocidas,
es requisito indispensable que se logre acreditar la mala fe por parte del pensionado,
lo cual no logró ser probado en este curso procesal.
64. De acuerdo con lo anotado, se comparte la decisión de primera instancia
en cuanto concluyó que no había lugar a ordenar el reintegro a favor de la entidad.
De la condena en costas en segunda instancia
65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
67. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
68. En este contexto, en el caso concreto, pese a que se está revocando la
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Radicación: 76001-23-33-000-2018-00496-02 (4483-2024)
sentencia, la Subsección considera que teniendo en cuenta que las peticiones del
recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial, no puede
predicarse que alguna de las partes haya sido totalmente vencida en el proceso. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 6 de junio de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, declarar la
nulidad de la Resolución GNR 173210 del 12 de junio de 2015 por los motivos
expuestos.
Segundo. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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