RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2017-00706-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00706-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00706-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia del 12 de mayo de 2020, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, relativo a la condena en costas de primera instancia, por los motivos expuestos. Segundo. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia del 12 de mayo de 2020, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023) Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-00706-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Martha Lozano Hurtado

Tema: Nulidad y restablecimiento del derecho contra actos
administrativos proferidos en cumplimiento de una orden de tutela
• Procedencia / Conservación de los beneficios del régimen de
transición por traslado al RAIS / Costas. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el doce (12) de mayo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra la señora Martha Lozano Hurtado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 057325 del 10 de abril de
2013, por la cual se reconoció la pensión de vejez a favor de la señora Martha Lozano
Hurtado y, como consecuencia, se le ordene reintegrar todos los valores pagados
con ocasión al acto administrativo demandado, con sus respectivos intereses y

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

ajustes monetarios conforme el artículo 178 del CPACA.

HECHOS

3. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

4. Que la señora Martha Lozano Hurtado nació el 17 de agosto de 1956. Se
trasladó del régimen de ahorro individual con solidaridad, al de prima media con
prestación definida (ISS), el 1.° de mayo de 2010.

5. Que, dicho traslado, se logró a través del Juzgado Treinta y Siete Penal del
Circuito de Bogotá quien, mediante sentencia del 9 de marzo de 2010, tuteló los
derechos fundamentales a la seguridad social y libre escogencia de régimen y ordenó
al Fondo de Pensiones Horizonte autorizar el traslado al ISS, bajo el argumento de
que estaba en el régimen de transición y podía trasladarse en cualquier tiempo sin
restricción alguna.

6. Que el ISS le reconoció la pensión de vejez mediante Resolución GNR 057325
del 10 de abril de 2013, a partir del 12 de febrero de 2013, con fundamento en el
Decreto 758 de 1990. Para ello tuvo en cuenta 1154 semanas de cotización.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Citó como vulneradas la Constitución Política y las siguientes normas: Ley 100
de 1993, Ley 797 de 2003, Decreto 3800 de 2003, Decreto 758 de 1990 y Decretos
3800 de 2003 y 3995 de 2008.

8. Considera que no es posible acceder al reconocimiento prestacional con
régimen de transición, puesto que dicho derecho es exclusivo para las personas que
se encuentren en el régimen de prima media que al 1° de abril de 1994 tuvieran 15
años de cotización.

9. Que, al trasladarse de régimen del RAIS al RPM, pretendió recuperar el
régimen de transición, que fue erróneamente reconocido por la entidad y al cual, en
su caso, no era posible acceder.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

10. Que solo las personas que a la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones acreditaran 15 años o más de servicios y/o cotizaciones (750 semanas),
conservarían el régimen de transición, en caso de traslado del RAIS al RPM.

11. Que para el 1° de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993) acreditaba 8 años y 6 meses de cotización, es decir, no cumplía con el
requisito de los 15 años de servicios que le permitían conservar el régimen de
transición.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

12. La demanda fue admitida el 6 de junio de 20171 la demandada2 expresó que
mediante sentencia del 9 de marzo de 2010 el Juzgado Treinta y Siete Penal del
Circuito de Bogotá declaró que es beneficiaria del régimen de transición por cuanto
al 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba
con más de 35 años de edad teniendo en cuenta que nació el 17 de agosto de 1956.

13. Que la decisión constitucional se encuentra en firme e hizo tránsito a cosa
juzgada por lo que no puede abrirse el debate en este proceso sobre la aplicación o
no del régimen de transición.

14. El 5 de marzo de 20193 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó el
litigio y se decretaron las pruebas y se corrió traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 12 de
mayo de 2.0204 accedió a la pretensión de nulidad del acto acusado, pero negó el
restablecimiento del derecho.

16. Consideró que la demandada al 1° de abril de 1994, solo acreditaba 8 años, 6
meses y 11 días de cotización y no los 15 años que se exige para pertenecer al
régimen de transición. Que una vez determinado que no era beneficiaria del régimen
de transición, debía verificarse el cumplimiento de los requisitos conforme a la Ley

1 Folio 20.
2 Folios 58 a 72.
3 Folios 85 y 86 y CD folio 87.
4 Folios 108 a 113.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

100 de 1993 para acceder a la prestación.

17. Que se acreditó que para el año 2011 cotizó un total de 1204 semanas, es
decir, superó el requisito de las 1200 previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que
ordenó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de conformidad con el
régimen general desde el 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de las mesadas que
ya habían sido pagadas desde el 10 de abril de 2013.

18. Que, en principio, gozaba del derecho al reconocimiento y pago del retroactivo
por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2011 y el 9 de abril de 2013,
no obstante, tenía hasta el 9 de marzo de 2016 para solicitar el reconocimiento de la
última mesada pensional que no fue pagada por Colpensiones y, de este modo, evitar
que operara la prescripción, sin embargo, tal circunstancia no se presentó porque no
se elevó ninguna petición. En consecuencia, las mesadas causadas desde la fecha
en que la demandada adquirió el estatus, a la fecha en que se reconoció por
Colpensiones la pensión de vejez, se encuentran prescritas.

19. Frente a la devolución de sumas de dinero pagadas por el reconocimiento
pensional, señaló que no se demostró que la pensionada hubiese actuado de mala
fe, por lo que era improcedente su recuperación. Finalmente, condenó en costas a la
demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

20. La demandada interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que fue
Colpensiones quien reconoció la pensión con base en los documentos por ella
aportados, lo que llevó a que dejara de cotizar bajo la certeza de que tenía derecho
a una pensión en los términos del Acuerdo 049 de 1990, sin que se le comunicara
situación alguna acerca de la pérdida del régimen de transición o de que aún no tenía
derecho a la prestación periódica solicitada.

21. Que fue la sentencia de tutela del 9 de marzo de 2010, proferida por el
Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito de Bogotá la que definió que era
beneficiaria del régimen de transición en tanto que para el 1° de abril de 1994 tenía
más de 35 años de edad. Que dicha providencia se encuentra en firme e hizo tránsito
a cosa juzgada, por lo que no podía reabrirse el debate sobre la aplicación o no del
régimen de transición.

22. Finalmente se opuso a la condena en costas en su contra dada la naturaleza

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

de la acción de lesividad y porque la demandada actuó de buena fe.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

23. El 18 de abril de 2023 se admitió el recurso de apelación y el 15 de enero de
2024 se corrió traslado para alegar.

24. Colpensiones reiteró los argumentos propuestos en la primera instancia y
solicitó revocar la decisión de acceder al reconocimiento pensional con base al
régimen general5.

25. La parte demandada y el señor agente del Ministerio Público guardaron
silencio en esta etapa.

26. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

27. La Sala determinará si es procedente el estudio de legalidad del acto
administrativo acusado, dada la decisión adoptada por el Juzgado Treinta y Siete
Penal del Circuito de Bogotá, en sede constitucional.

28. En caso afirmativo, debe determinarse si debía declararse la nulidad de la
resolución por la que se otorgó la pensión a favor de la demandada, por haber
operado la pérdida del régimen de transición al trasladarse del régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

29. Por último, se definirá si hay lugar a revocar la condena en costas impuesta
en primera instancia.

Resolución del caso concreto

Procedencia del estudio de legalidad del acto demandado al haber operado el
fenómeno de cosa juzgada en sede de tutela

5
Samai, índice 019.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

30. En el recurso de apelación se explicó que el Juzgado Treinta y Siete Penal del
Circuito de Bogotá mediante sentencia del 9 de marzo de 2010, definió que la
demandada era beneficiaria del régimen de transición por tener más de 35 años para
el 1° de abril de 1994, por lo que no podía reabrirse el debate sobre la aplicación o
no del régimen de transición en esta instancia judicial al haber operado el fenómeno
de la cosa juzgada.

31. Considera la Sala que no puede predicarse el fenómeno jurídico de la cosa
juzgada, por la existencia del fallo proferido el 9 de marzo de 2010, así expresamente
haya declarado que la hoy demandada tiene derecho al régimen de transición, puesto
que, no se presenta entre el fallo de tutela y la acción ejercida a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, ninguno de los elementos de la
triple identidad necesarios para la configuración de la cosa juzgada.

32. Lo anterior por cuanto, no hay identidad de objeto, porque la acción de tutela
propugnó por la salvaguarda de los derechos fundamentales de la accionante
mientras que el presente proceso está representado en el examen de legalidad de la
Resolución GNR 057325 del 10 de abril de 2013, proferidas por Colpensiones; no
hay identidad de causa, porque como se vio, la acción de tutela se sustenta en la
violación a derechos fundamentales y, en cambio, este proceso se basa en la petición
de declaratoria de nulidad, al considerar que el acto administrativo demandado viola
la Constitución y la ley; y no hay identidad de partes, ya que en la tutela el sujeto
pasivo estuvo representado por Colpensiones, mientras que en este proceso es el
acto mediante el cual se reconoció el derecho pensional, en aplicación del Decreto
758 de 1990 y el beneficiario de dicha resolución.

33. En relación con este punto, se pronunció esta Sección6, mediante decisión del
17 de abril de 2013, en los siguientes términos:

«(…) Predicar por parte del juez que el acto administrativo que expresa la eficacia
de una decisión judicial y que por consiguiente no resulta susceptible de control
ordinario, porque ello supondría de forma indirecta, oficiar como criterio de
corrección de la decisión judicial en firme, representa un argumento cuya
justificación es equívoca en razón a que tal postura, además de sustraer
una decisión de la administración del control de su juez natural, por vía de
interpretación, establece un criterio inconstitucional, es decir, una
restricción no prevista por el constituyente a las competencias de la
justicia de lo contencioso administrativo, lo cual acarrea evidente lesión al
orden jurídico, y supone desde luego, un error conceptual inaceptable dentro del
marco de la teoría general del acto administrativo (…)». (Negrita para resaltar)

34. Sean las anteriores consideraciones suficientes para determinar que en el

6 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Auto del 17 de abril de 2013. Exp. 05001 23 33 000 2012

00301 01 (0469-2013). C.P. Gustavo Gómez Aranguren.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

presente caso no estamos ante la presencia de la cosa juzgada. Ante la claridad de
la cita anterior, es evidente que sí se puede resolver sobre la legalidad del acto
demandado.

35. A esta misma conclusión llegó esta Subsección en providencia del 19 de
marzo de 20267. En consecuencia, no prospera el argumento del recurso según el
cual el medio de control es improcedente. Superado este problema jurídico, la Sala
pasará a estudiar los demás.

Legalidad de la resolución por la que se otorgó la pensión a favor de la
demandada. Conservación de los beneficios del régimen de transición por
traslado al RAIS

36. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó que los beneficios del régimen de
transición pensional no serían aplicables a quienes eligiesen el régimen de ahorro
individual con solidaridad y, posteriormente, decidan cambiarse al de prima media
con prestación definida8.

37. La Corte Constitucional en la sentencia C 789 de 2002, declaró la
exequibilidad condicionada9 de esta restricción, bajo el supuesto de que deben
protegerse las expectativas legítimas de quienes siendo beneficiarios del régimen de
transición y hubiesen elegido el régimen de ahorro individual, siempre que tuviesen
un mínimo de 15 años de servicio al momento de entrar en vigor la Ley 100, lo que
no ocurre con quienes únicamente acreditaban el requisito de edad para estar
cobijados por la garantía regulada en el artículo 36 citado.

38. Esa misma Corporación, en la sentencia SU 130 de 2013, unificó su
jurisprudencia sobre las consecuencias para los beneficiarios del régimen de

7
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2026. Exp. 76001-23-33-
000-2018-00496-02 (4483-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
8 El inciso en cuestión prevé exactamente: «(…) Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el

régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida (…)»
9 En el ordinal segundo de la sentencia de constitucionalidad se indicó expresamente: «Declarar así mismo

EXEQUIBLE el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición se
aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de
ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados
al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen de
prima media con prestación definida, siempre y cuando: a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al
régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal
correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo
trabajado les será computado en el régimen de prima media.»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

transición de la Ley 100 en relación con el traslado del régimen de ahorro individual
con solidaridad al de prima media con prestación definida, indicando en dicho fallo lo
siguiente:

«(…) Bajo esa orientación, en la Sentencia C - 789 de 2002, se declaró [la]
exequibilidad condicionada de los incisos 4° y 5° de la Ley 100/93, en cuanto se
entienda que su contenido no aplica para las personas que tenían 15 años o
más de servicios cotizados para la fecha en que entró en vigencia el SGP.
Es decir, que únicamente esta categoría de trabajadores no pierde el
régimen de transición por el hecho de trasladarse al régimen de ahorro
individual, pudiendo hacerlo efectivo una vez retornen al régimen de prima
media con prestación definida. Para tal efecto, se fijaron dos importantes
condiciones, a saber: (i) que al regresar nuevamente al régimen de prima media
se traslade a él todo el ahorro efectuado en el régimen de ahorro individual y (ii)
que dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente
en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media (…)»
(Negrita de la Sala)

39. Sobre el particular, esta Sección ha tenido la posibilidad de pronunciarse
acogiendo la sentencia de constitucionalidad C - 789 de 2002, en los siguientes
términos:

«(…) De esta forma, es claro que las personas que son beneficiarios del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tienen un
derecho adquirido, sino una expectativa a pensionarse en los términos de la
normativa anterior a la entrada del Sistema General Pensiones, aunado a ello,
se reafirma que quien se trasladó de régimen sin cumplir los 15 años de servicio
o 750 semanas cotizadas, perdió dicha transición (…)» 10

40. De los documentos aportados al expediente se advierte que, a través de la
Resolución GNR 057325 del 10 de abril de 2013, Colpensiones reconoció el pago de
una pensión de vejez, en cuantía de $1.573.128, efectiva desde el 12 de febrero de
2013 basada en 1154 semanas de cotización, de conformidad con el Decreto 758 de
199011.

10 Así se expuso en sentencia del 5 de noviembre de 2020, proferida por esta subsección en el proceso con

radicación 20001233900020150035801 (4244-2017).
Ver además las sentencias del 18 de marzo de 2015 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el proceso con radicación interna 0868-2009, o de la Subsección A del 7 de mayo de 2020 en el
proceso con radicación 250002342000201503434 01, del 22 de julio de 2021 en el proceso
68001233300020130025301 (2767-2017) o más recientemente, en la del 3 de agosto de 2023 en el proceso con
radicación 25000234200020180233601 (0723-2021)
11 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Expediente físico. Medio magnético visible en el folio

15A. Archivo denominado: GRF-AAT-RP-2013_1622669-1373167864180.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

41. Logró determinarse que la demandada nació el 17 de agosto de 195612 y para
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1996 contaba con más de 35 años de edad,
lo que, en principio, la haría beneficiaria del régimen de transición.

42. Si bien no se advierte documento en el que se reporten las fechas de
vinculación, desvinculación y traslado efectuado entre regímenes; al revisar el detalle
de los pagos efectuados a Colpensiones por concepto de aportes, sí se observa que
a partir de marzo de 1999 y hasta marzo del 2010, se detalló la observación de «pago
recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado13»

43. Lo anterior quiere decir que sí logró probarse el traslado de régimen pensional
y, en consecuencia, para que la demandada conservara el beneficio del régimen de
transición, debía acreditar un mínimo de 15 años de cotizaciones a la entrada en
vigencia de la Ley 100 (es decir, para el 1. ° de abril de 1994), según lo dispuso la
Corte Constitucional en la sentencia C789 de 2002, regla que también trae la
sentencia de unificación SU130 de 2013, posición jurisprudencial que ha sido
aplicada por esta Corporación.14

44. Al verificar el historial laboral se observa que la demandada no acreditó el
mínimo de 750 semanas cotizadas para el 1 de abril de 1994, pues solo contaba con
462.015, tal como se observa en la siguiente tabla:

Identificación Nombre o Razón Social Desde Hasta Semanas
Aportante
4326200055 BANCO CAFETERO 01/12/1975 14/10/1977 97.71
4222300019 QUINTEX S.A. 24/08/1977 08/05/1978 36.86
4322300063 TEJIDOS PUNTO SPORT 04/09/1978 03/03/1980 78.14
4013100125 LABORATORIOS CALIFOR 14/04/1980 30/05/1980 6.71
4326110470 MODAS CARIÑO LTD 26/03/1985 02/08/1985 18.57
4012403114 PLASTIFORMAS LTDA 05/10/1988 29/12/1988 12.29
4012403114 PLASTIFORMAS LTDA 22/02/1989 22/12/1989 43.43
4012403114 PLASTIFORMAS LTDA 16/02/1990 15/03/1990 4.0
4223901082 PROM PLASTIC PUBLICI 07/02/1991 01/04/1994 164.29
TOTAL 462.0

12 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Expediente físico. Medio magnético visible en el folio

15A. Archivo denominado: GRP-DDI-PB-2013_8462145-20140607160725.
13 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Expediente físico. Medio magnético visible en el folio

15 A. Archivo denominado: GRP-SCH-HL-66554443332211_918-20170117101802.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2024, radicado 25000-23-

42-000-2017-04650-01(0464-2022). Posición que también ha sido defendida por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en sentencias SL16356-2016 del 21 de septiembre de 2016 y SL1000-2023 del 9 de mayo
de 2023.
15 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Expediente físico. Medio magnético visible en el folio

15 A. Archivo denominado: GRP-SCH-HL-66554443332211_918-20170117101802.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

45. Se observa que la demandada inició su vinculación laboral y cotizaciones, el
1 de diciembre de 1975. La sumatoria de las semanas, con las interrupciones
presentadas, hasta el 1 de abril de 1994, es menor a 750 (15 años de servicios).

46. Claro este punto, resulta evidente que no recuperó el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 y, por consiguiente, no prosperan los argumentos del recurso de
apelación y debe confirmarse la sentencia en cuanto declaró la nulidad de la
resolución demandada.

47. Ahora, la Subsección advierte que, en relación con la solicitud realizada por la
parte actora en su escrito de alegatos de conclusión16, no es posible realizar
pronunciamiento alguno, porque Colpensiones no interpuso recurso de apelación.

De la condena en costas en primera instancia y segunda instancia

48. En el recurso de apelación la parte demandada se opuso a la condena en
costas en su contra al considerar que por tratarse de una acción de lesividad no
debían imponerse y, además, porque actuó de buena fe en el curso procesal.

49. En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala advierte que la
modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la
procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

50. En este contexto, es preciso aclarar que, contrario a lo sostenido por la parte
apelante sobre el análisis de su conducta procesal, el término «dispondrá» de la
referida norma equivale a condenar a la parte vencida como regla general, y no debe
interpretarse como una facultad del juez para decidir si procede o no la condena,
además porque la norma no permite efectuar valoración alguna sobre su procedencia
en razón de la actuación de las partes, salvo cuando se trate de procesos donde se
ventile un interés público.

51. Es por ello que la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley no fue establecer una regla nueva o distinta a la objetividad de la

16
En el que pretende se revoque la sentencia en cuanto al ordinal que ordenó reconocer la pensión
a la demandada, bajo los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003. Índice 019 de Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

condena, sino aclarar que, incluso en procesos de interés público, si la demanda
carece manifiestamente de fundamento legal, también procede la condena.

52. De esta forma, se creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos, pero tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia ordenará la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

53. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. Con base en lo anterior se concluye que no era procedente la condena en
costas impuesta en primera instancia contra la parte demandada puesto que se
accedió parcialmente a las pretensiones y, si bien se declaró la nulidad del acto que
le reconoció la prestación, también se ordenó a Colpensiones su reconocimiento con
base en el régimen general.

55. Sucede lo mismo en esta instancia, puesto que prosperaron parcialmente los
argumentos expuestos en el recurso de apelación. En consecuencia, se revocará la
condena en costas de primera instancia y no se condenará en segunda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia del 12 de mayo de 2020,
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, relativo a la condena en
costas de primera instancia, por los motivos expuestos.

Segundo. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia del 12 de mayo de 2020, emitida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00706-01 (1724-2023)

Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.