Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04650-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 25000-23-42-000-2017-04650-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04650-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04650-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
8 de febrero de 2024
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandada: María del Rosario Cabrales Lozano
Temas: Conservación de los beneficios del régimen de transición. Retorno
al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Ley 797 de
2003. REVOCA Y ACCEDE PARCIALMENTE
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el primero (1. °) de julio de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
Colpensiones instauró demanda contra la señora María del Rosario Cabrales Lozano,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución GNR044948 de 19 de marzo de 2013, que
reconoció una pensión de vejez a la demandada con base en el artículo 20 del Decreto
758 de 1990.
A título de restablecimiento del derecho, condenar a la demandada a devolver todas las
sumas de dinero pagadas de más con ocasión de la pensión reconocida, así como los
respectivos intereses y ajustes monetarios.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
Que la señora María del Rosario Cabrales Lozano nació el 19 de diciembre de 1957.
Que Colpensiones mediante Resolución GNR044948 del 19 de marzo de 2013, le
reconoció pensión de vejez con sustento en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, en
un porcentaje del 90%.
Que el 25 de abril de 2014 Colpensiones le solicitó a la pensionada autorización expresa
para revocar el acto de reconocimiento pensional por estar incurso en la causal 1 del
artículo 93 del CPACA. El fundamento de esa solicitud consistió en que la demandada
no conservó el régimen de transición pues al 1 de abril de 1994 no contaba con 15 años
de servicios y/o 750 semanas cotizadas. Concluye además que la prestación debió ser
estudiada a la luz de los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, modificada por
la Ley 797 de 2003.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 7 de noviembre de 2017 y notificada a la pensionada,
oponiéndose a las pretensiones indicando que en diciembre de 2012 cumplió los 55
años de edad y contaba con más de 1600 semanas cotizadas a pensión, por lo que sí
cumplía los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición. Que, si bien se
trasladó de régimen pensional de ahorro individual, retornó al de prima media dentro
del periodo de gracia que dio la Ley 797 de 2003 y, que según la Circular Interna 08 de
2014 de Colpensiones, conservaba el régimen de transición.
Propuso las excepciones de caducidad, buena fe, compensación, «falta de causa para
pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas» y la genérica o innominada.
El 15 de julio de 2020 se dispuso adelantar el trámite para dictar sentencia anticipada,
según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, corriendo
traslado para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones considerando que,
si bien la pensionada se trasladó al RAIS y luego retornó al ISS desde el 1° de enero
de 2004, tal traslado se efectuó dentro del periodo de gracia que concedió el artículo 2
de la Ley 797 de 2003.
Que solamente las personas que eran beneficiarias del régimen de transición y se
trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad podían conservar el
beneficio de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 trasladándose al Régimen
de Prima Media con Prestación Definida siempre y cuando al 1.° de abril de 1994
tuvieran 15 años o más de servicio.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
Que de la lectura de la Circular 08 de 30 de abril de «2004» se advierte que
Colpensiones concedió una prerrogativa a quienes se devolvieron en el periodo de
gracia de la Ley 797 consistente en no exigirles los 15 años de servicio a la entrada en
vigencia de la Ley 100. Que en consideración a que a la demandada se le aceptó su
traslado de conformidad con la Circular 08, «no puede en esta oportunidad
COLPENSIONES desconocer su propio acto y demandar en lesividad a la ciudadana,
que confió en el dicho de la administración».
RECURSO DE APELACIÓN
Colpensiones apeló la sentencia reiterando que la demandada se trasladó de régimen,
por lo que, al no haber acreditado 15 años de servicio a la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993, perdió el régimen de transición.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante auto del 1.° de marzo de 2022 se admitió el recurso, y por no haber pruebas
que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar, de
conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución GNR 044948
de 19 de marzo de 2013, por medio del cual se reconoció a la demandada el derecho
a la pensión de vejez en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y de conformidad con el Decreto 758 de 1990, pues no cumple con el
presupuesto de acreditar 15 años de servicios o 750 semanas cotizadas al 1 de abril
de 1.994, que le permitiera conservar el régimen de transición luego de retornar del
RAIS al RPM.
Marco normativo y jurisprudencial
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó que los beneficios del régimen de transición
pensional no serían aplicables a quienes eligiesen el régimen de ahorro individual con
solidaridad y, posteriormente, decidan cambiarse al de prima media con prestación
definida1.
Frente a la anterior restricción prevista por el legislador, la Corte Constitucional en
1 El inciso en cuestión prevé exactamente: «Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de
ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.»
3
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
sentencia C789 de 2002 declaró su inexequibilidad condicionada2, bajo el supuesto de
que deben protegerse las expectativas legítimas de quienes siendo beneficiarios del
régimen de transición y hubiesen elegido el régimen de ahorro individual, siempre que
tuviesen un mínimo de 15 años de servicio al momento de entrar en vigor la Ley 100 de
1993, lo que no ocurre con quienes únicamente acreditaban el requisito de edad para
estar cobijados por la garantía regulada en el artículo 36 citado.
Esa misma Corporación, en sentencia SU130 de 2013, unificó su jurisprudencia sobre
las consecuencias para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, en relación con el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de
prima media con prestación definida, indicando en dicho fallo lo siguiente:
«Bajo esa orientación, en la Sentencia C-789 de 2002, se declaró [la] exequibilidad
condicionada de los incisos 4° y 5° de la Ley 100/93, en cuanto se entienda que su
contenido no aplica para las personas que tenían 15 años o más de servicios
cotizados para la fecha en que entró en vigencia en SGP. Es decir, que únicamente
esta categoría de trabajadores no pierde el régimen de transición por el hecho de
trasladarse al régimen de ahorro individual, pudiendo hacerlo efectivo una vez
retornen al régimen de prima media con prestación definida. Para tal efecto, se
fijaron dos importantes condiciones, a saber: (i) que al regresar nuevamente al régimen
de prima media se traslade a él todo el ahorro efectuado en el régimen de ahorro
individual y (ii) que dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal
correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media.»
(Negrita de la Sala)
Sobre el particular, esta Sección ha tenido la posibilidad de pronunciarse acogiendo la
sentencia de constitucionalidad C789 de 2002, en los siguientes términos:
«De esta forma, es claro que las personas que son beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tienen un derecho adquirido, sino una
expectativa a pensionarse en los términos de la normativa anterior a la entrada del Sistema
General Pensiones, aunado a ello, se reafirma que quien se trasladó de régimen sin
cumplir los 15 años de servicio o 750 semanas cotizadas, perdió dicha transición.»3
En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
lineamientos.
2 En el ordinal segundo de la sentencia de constitucionalidad se indicó expresamente: «Declarar así mismo
EXEQUIBLE el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición se aplica
a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de ahorro
individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al
momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen de prima
media con prestación definida, siempre y cuando: a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al régimen de
ahorro individual con solidaridad; y b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en
caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado
en el régimen de prima media.»
3 Así se expuso en sentencia del 5 de noviembre de 2020, proferida por esta subsección en el proceso con radicación
20001233900020150035801 (4244-2017) de Libia del Carmen Ripoll Ripoll contra la UGPP y otro.
Ver además las sentencias del 18 de marzo de 2015 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el proceso con radicación interna 0868-2009, o de la Subsección A del 7 de mayo de 2020 en el proceso
con radicación 250002342000201503434 01, del 22 de julio de 2021 en el proceso 68001233300020130025301
(2767-2017) o más recientemente, en la del 3 de agosto de 2023 en el proceso con radicación
25000234200020180233601 (0723-2021)
4
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
Resolución del caso concreto
La decisión del Tribunal se sustentó en que, si bien quienes se trasladaron al Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad perdieron el régimen de transición, aquellos que
retornaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida lo recuperan siempre
que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones tuviesen 15 años o más
de cotizaciones efectivas, pero como en el presente caso a la demandada «se le aceptó
su traslado de conformidad a la Circular 08 de 30 de abril de 2004», Colpensiones no
podía desconocer su propio acto.
Sobre la teoría del acto propio, la jurisprudencia ha considerado que es una expresión
del principio de buena fe, por el cual nadie puede ir válidamente contra sus propios
actos para alterar la confianza que los mismos generaron o irradiaron en el entorno4.
Así pues, la Corte Suprema de Justicia, en fallo SL15966- 2016, afirmó que:
“(…) conforme el principio de confianza legítima, que junto con el de respeto al
acto propio, emanan del postulado de la buena fe -artículo 83 de la Constitución
Política-, las autoridades tienen la obligación de preservar un comportamiento
consecuente, coherente y no contradictorio; lo que implica que si en un caso
concreto, un sujeto fija una posición frente a un determinado asunto, que
establece en cabeza de otro una expectativa en el sentido de que frente a
actuaciones posteriores se respetará la palabra dada, no es posible que de
forma intempestiva y sin justificación alguna, se cambie, en afrenta a su acto
propio (CSJ SL-17447-2014).
Lo anterior, tiene sentido en la medida que la confianza es una circunstancia
elemental para que una colectividad subsista de forma pacífica; además de
comportar una conducta que, recíprocamente, deben asumir quienes
pertenezcan a aquella. Así pues, esa condición tiene cabida en todos los
ámbitos de una sociedad, especialmente en el laboral, donde las partes
mantendrán sus buenas relaciones, basados en un ambiente estable, confiable
y previsible.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 2 de marzo de 2017 5 se
pronunció en los siguientes términos:
«Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del
respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y
de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe
(art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible
toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio
comportamiento efectuado por el sujeto.
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Fernando Castillo Cadena, SL 4537-2019, radicación
73936.
5 Fallo proferido en el proceso con radicación 25000233700020130041701 (21440) de Seguros Colpatria S.A. contra
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con ponencia del consejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
[…] su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena
fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría
vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y
contradictoria.
[…]
Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias
podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas
del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto
de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede
tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una
extralimitación del propio derecho.
[…]
Así, la teoría del acto propio requiere de tres requisitos para ser aplicado:
i) Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz. Esa primera
conducta debe ser jurídicamente relevante y eficaz porque es el
comportamiento que se tiene dentro
de una relación jurídica que afecta unos intereses vitales y que suscita la
confianza del destinatario de la conducta. Asimismo, debe haber una conducta
posterior que sea contraria a la anterior.
ii) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona
o centros de interés que crea la situación litigiosa debido a la contradicción
entre la conducta anterior y la posterior, atentatoria de la buena fe existente
entre ambas conductas. Esta nueva conducta, que en otro contexto resultaría
lícita, en ese caso es inadmisible por ser contraria a la primera conducta.
iii) La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas
conductas.»
La Sala advierte en el presente caso que, si bien la sustentación jurídica del fallo puede
ser acertada, existe un error de hecho que impide la aplicación de la teoría del acto
propio, y es que ni el retorno de la señora Cabrales Lozano al régimen de prima media
(2004), ni el reconocimiento pensional efectuado (2013) se podían sustentar en la
Circular citada porque esta no fue emitida en el año 2004 como erradamente lo indicó
el juez de primera instancia, sino en el 2014, incumpliendo con el primer requisito
expuesto por la jurisprudencia, toda vez que el contenido de la Circular no puede
considerarse como una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz.
En consecuencia, la premisa que tuvo por cierta el Tribunal respecto a que la aceptación
del traslado obedeció a lo dispuesto en la Circular 08, y que conllevó a la conclusión de
que Colpensiones no podía desconocer su propio acto, no resulta acertada puesto que
dicha circular no existía para la fecha en que se aceptó el traslado de la señora María
del Rosario Cabrales Lozano al Instituto de Seguros Sociales como administradora del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Por otra parte, la pensionada considera tener derecho a la pensión en la forma que fue
reconocida (con aplicación del régimen de transición), señalando que conforme a la
Circular 08 de 30 de abril de 2014 conservó ese beneficio al haberse trasladado al
Régimen de Prima Media dentro del periodo de gracia concedido por la Ley 797 de
6
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
2003.
Sobre el particular, la circular en comento dispuso lo siguiente:
«1.3 CONSERVACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN CASO DE TRASLADO
AL RAIS – EXIGENCIA DE CALCULO DE RENTABILIDAD.
De acuerdo al precedente judicial de las sentencias C-789 de 2002, C-754 de 2004, C-
1024 de 2004, SU-062 de 2010, SU-130 de 2013 y SU-856 de 2013, la Ley 797 de 2003,
los Decretos 3800 de 2003 y 3995 de 2008 y la Circular 06 de 2011 emitida por la
superintendencia Financiera de Colombia, el cálculo de rentabilidad se exige con base
en las siguientes reglas:
[…]
3. Los afiliados que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 y el 28 de enero de
2004, periodo que corresponde al periodo de gracia que dio la Ley 797 de 2003 para
que las personas pudieran recuperar el régimen de transición, NO requieren que se les
solicite a la Gerencia de Ingresos y Egresos de la Vicepresidencia de Financiamiento e
Inversiones de Colpensiones el cálculo de rentabilidad, para recuperar el régimen de
transición, ni los 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.»
De una lectura literal y parcial de la regla transcrita (3) se podría concluir, como hizo la
demandada, que los afiliados que se trasladaron en ese periodo «no requieren […] el
cálculo de rentabilidad, para recuperar el régimen de transición, ni los 15 años de
servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993»; sin embargo, esa
interpretación desconoce la consideración general que se sustenta en el ordenamiento
jurídico y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que precisamente ha sostenido
de manera pacífica que el régimen de transición solo lo conservarían quienes se
cambiaron de régimen pero tenían 15 años de cotizaciones efectivas al 1.° de abril de
1994.
Para la Sala, el contenido de la regla debe ir en armonía con el supuesto jurídico que
la precede, y que en el caso concreto corresponde a la Ley 797 de 2003 y sus dos
decretos reglamentarios, los cuales han sido objeto de análisis constitucional,
advirtiendo la Corte que el régimen de transición de quienes se trasladaron al RAIS solo
lo recuperan quienes se afilien al Régimen de Prima Media y tengan 15 años de
cotizaciones a la entrada en vigencia de la Ley 100 según lo dispuso en su sentencia
C789 de 2002, regla que también fue recogida en sentencia de unificación SU130 de
2013. Esta posición jurisprudencial, además, ha sido aplicada de forma reiterada por
esta Corporación, como da cuenta la sentencia del 5 de agosto de 2021, entre otras6.
Como consecuencia de todo lo anterior, y atendiendo a que la demandada únicamente
acreditó un total de 4062 días cotizados hasta el 1.° de abril de 1994, lo que equivale
aproximadamente a 580 semanas u 11 años de servicio 7, resulta evidente que no
6 Esta posición también ha sido defendida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en
sentencias
SL16356-2016 del 21 de septiembre de 2016 y SL1000-2023 del 9 de mayo de 2023.
7 Así se advierte del Resumen de Semanas Cotizadas por Empleador expedido por Colpensiones, documento
aportado por la demandada al contestar la demanda visible a folios 55 a 58 del expediente.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
recuperó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por consiguiente, debe
revocarse la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a la pretensión
de nulidad del acto administrativo acusado.
Frente a la pretensión de restablecimiento del derecho consistente en ordenar la
devolución de los dineros pagados por concepto de la pensión indebidamente
reconocida, la Sala negará la petición en aplicación del principio de buena fe,
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, así como lo
dispuesto en el literal c), numeral 1 del artículo 164 del CPACA, según el cual no habrá
lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe. Lo anterior porque la
entidad demandante no demostró que la particular beneficiada con la pensión hubiese
actuado de mala fe en el reconocimiento de su prestación.
Finalmente, atendiendo a que la demandada es una mujer de 67 años de edad, quien
ha venido recibiendo su pensión de vejez desde el año 2013, según se advierte del acto
administrativo demandado, y toda vez que este debe ser declarado nulo porque no
podía recuperar el beneficio del régimen de transición, pero del cual se advierte que en
todo caso cumpliría los requisitos para pensionarse en los términos de la Ley 797 de
20038, la Sala considera necesario ordenar a la Administradora Colombiana de
Pensiones que, para no vulnerar sus derechos fundamentales a la seguridad social y el
mínimo vital, proceda a reconocer la prestación conforme a derecho.
Sobre el particular, es pertinente acudir a lo expuesto por esta Subsección en
providencia del 27 de septiembre de 2018, que en un asunto similar expuso:
«En este punto es necesario indicar que, si bien es cierto, la entidad demandada
mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad
de lesividad, demandó sus propios actos al demostrarse que el reconocimiento
pensional no era procedente dado los medios ilegales por los cuales se había
reconocido, es preciso señalar que no se vulnera el debido proceso de la entidad de
previsión social, al aplicar el principio iura novit curia, pues como se explicó en
precedencia la función del juez es la efectividad de los derechos y, en esa medida, se
debe buscar la protección de los derechos de la demandada de llegar a encontrarse
demostrado el cumplimiento de los requisitos en virtud de la Ley 100 de1993, que le
permitiría percibir una pensión para así garantizar sus derechos fundamentales y no
tener que obligarla a acudir nuevamente a la jurisdicción con todo lo que ello implica,
para así acceder a dicha prestación, más aún cuando la persona beneficiaria de la
pensión tiene protección constitucional reforzada en atención a su edad y su estado en
situación de discapacidad.»9
En consecuencia, para esta Sala, ordenar a la entidad demandante reconocer la
pensión que en derecho corresponde no vulnera su derecho al debido proceso porque
el juez tiene como función garantizar la efectividad de los derechos de las partes y, al
8 Así se indica en el acto demandado, Resolución GNR044948 del 19 de marzo de 2013, estimando para el 1.° de
abril de 2013 como fecha de efectividad de la prestación, en cuantía equivalente a $1.149.375, advirtiéndose por la
Sala que tiene 1.619 semanas cotizadas y que cumplió 57 años de edad el 19 de diciembre de 2014.
9 Proferida en proceso con radicación 25000234200020120099401 (3694-14).
8
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
aplicar el principio de «iura novit curia» según el cual el juez conoce el derecho, este
debe buscar la protección de los derechos de la parte demandada, máxime si se trata
de una persona de la tercera edad, que posiblemente ya no tenga la capacidad de
trabajar para obtener su sustento, o de tenerla vea restringido su acceso al mercado
laboral por sus condiciones y que no puede quedar desprotegida mientras inicia todo
un nuevo procedimiento ante la administración para que le reconozca el derecho, con
los trámites y tiempos que ello conlleva.
Por lo anterior, se ordenará a Colpensiones, por razones de equidad y justicia, que
proceda a reconocer la pensión de vejez que en derecho corresponda a la señora María
del Rosario Cabrales Lozano.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual,
en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá
analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, se observa que la parte vencida obró en defensa de sus intereses
jurídicos y no se demostró que hubiese obrado con manifiesta carencia de fundamento
legal. En consecuencia, no se impondrá condena en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el primero (1.°) de julio de dos mil veintiuno
(2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso promovido por la
Administradora Colombiana de Pensiones contra la señora María del Rosario Cabrales
9
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04650-01 (0464-2022)
Lozano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su
lugar,
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución GNR044948 del 19 de marzo de 2013,
por medio de la cual Colpensiones reconoció una pensión a la señora María del Rosario
Cabrales Lozano en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990,
como beneficiaria del régimen de transición.
Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto. Ordenar, por razones de equidad y justicia, a la Administradora Colombiana
de Pensiones que proceda a reconocer la pensión de vejez que en derecho
corresponda a la señora María del Rosario Cabrales Lozano.
Quinto. Sin condena en costas de segunda instancia.
Sexto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.