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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00007-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00007-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cuatro (04) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Segundo. Se condena en costas en segunda instancia a la parte demandada y demandante, conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2018-00007-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00007-01 (3234-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Demandado: María Eugenia Restrepo Giraldo.

Tema: Conservación de los beneficios del régimen de transición por
traslado al RAIS / Reintegro de mesadas pagadas. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, contra la
sentencia proferida el cuatro (04) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra la señora María Eugenia Restrepo Giraldo en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 260308 del 17 de octubre de
2013, por la cual se reconoció la pensión de vejez a favor de la señora María
Eugenia Restrepo Giraldo y como consecuencia se le ordene reintegrar todos
los valores pagados con ocasión al acto administrativo demandado, con sus
respectivos intereses y ajustes monetarios conforme el artículo 178 del
CPACA.
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3. Que se ordene a la Entidad Promotora de Salud SURA EPS el reintegro de
los valores girados por concepto de salud en favor de la señora María Eugenia
Restrepo Giraldo desde la fecha de inclusión en nómina pensional.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que mediante Resolución GNR 260308 del 17 de octubre de 2013,
Colpensiones le reconoció pensión de vejez a la demandada, en cuantía de
$4,137,005, a partir del 1 de noviembre de 2013, teniendo en cuenta 1,202
semanas en aplicación del Decreto 758 de 1990.

6. Que la decisión de reconocimiento pensional se notificó el 20 de noviembre
de 2013 y el 3 de diciembre de 2013, se interpuso contra ella, recurso de
reposición.

7. Que Colpensiones, mediante Resolución GNR 270653 del 29 de julio de 2014
(notificada el 11 de septiembre de 2014), solicitó autorización a la señora
María Eugenia Restrepo Giraldo, para revocar la Resolución GNR 260308 del
17 de octubre de 2013 por enmarcarse en el numeral 1 del artículo 93 del
CPACA.

8. Que se interpuso recurso de apelación contra la Resolución GNR 270653 del
29 de julio de 2014, que fue desatado por Colpensiones en la Resolución VPB
53823 del 24 de julio de 2015, confirmando la decisión.

9. Que la demandada elevó petición el 14 de agosto de 2015, en la que solicitó
aclarar su situación pensional y reliquidar su prestación para que se tuvieran
en cuenta las 1719 semanas acreditadas. La solicitud fue negada nuevamente
por Colpensiones, a través de la Resolución GNR 324159 del 21 de octubre
de 2015.

10. Que contra dicha negativa el apoderado de la demandada interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron desatados también
de forma adversa a la interesada, mediante las resoluciones GNR 6600 del 08
de enero de 2016 y VPB 14702 del 01 de abril de 2016, respectivamente.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

11. Citó como vulneradas la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003, el Acto
Legislativo 1 de 2005, Decreto 758 de 1990 y la Constitución Política de1991.
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12. Sostuvo que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que contiene el régimen de
transición, se consagró para las personas que, al momento de entrar en
vigencia la norma, tuvieran 35 años o más si eran mujeres y 40 años o más,
en el caso de los hombres; o acreditar al menos 15 años de servicios
cotizados.

13. Que el régimen de transición no sería aplicable cuando estas personas
voluntariamente se acogieran al régimen de ahorro individual con solidaridad
o para quienes, habiendo escogido el régimen de ahorro individual con
solidaridad, decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. En
ese orden de ideas, las personas que se trasladen al régimen de ahorro
individual con solidaridad y posteriormente se devuelvan al ISS, no
conservarían el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

14. Que la señora María Eugenia Restrepo Giraldo presentó traslado del régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad Fondo Privado de Pensiones
HORIZONTE, al Régimen de Solidaridad de Prima Media con Prestación
Definida al ISS hoy COLPENSIONES, razón por la que era necesario que
acreditara los 15 años de servicio para recuperar régimen de transición, a la
entrada en vigor de la ley 100 de 1993, es decir al 01 de abril de 1994.

15. Que, según el expediente administrativo, para esa fecha demandada solo
contaba con 732 semanas y, por lo tanto, no es beneficiaría del régimen de
transición. En consecuencia, no es procedente aplicar el Decreto 758 de 1990
para el reconocimiento de la pensión de vejez y el acto administrativo
demandado se torna ilegal.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

16. La demanda fue admitida el 20 de febrero de 2018 y por auto del 22 de junio
del 2018 se negó el decreto de la suspensión provisional solicitada. Se
interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por auto del 24 de agosto de
2018, confirmando la decisión.

17. La demandada se opuso a la declaratoria de nulidad por considerar que la
Resolución fue expedida de forma regular, por funcionario competente y
consultando la normativa favorable sus intereses. Expresó que el régimen de
transición no se perdió al haberse trasladado de régimen pensional porque se
trata de un derecho adquirido e irrenunciable.

18. Que el contenido de la resolución demandada no se compadece con el
contenido de la historia laboral, puesto que registra solo 1.202 semanas
cotizadas hasta el 31 de julio de 2012, cuando en la historia se observan 1.745
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semanas; razón por la que, afirmó, no podría extinguirse el derecho pensional
de la demandada puesto que desde el 15 de septiembre de 2013 cumplió los
55 años de edad y ese tiempo cotizado resulta suficiente para la adquisición
del status pensional, al amparo del régimen general.

19. Que tampoco debía prosperar la pretensión de devolución de las mesadas
recibidas, puesto que no hay lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.

20. Por auto del 25 de mayo de 2021 se profirió auto de sentencia anticipada1, se
resolvieron las excepciones previas, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas
y se corrió traslado para alegar2.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

21. El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a las
pretensiones, por considerar que aun cuando la demandada tenía más de 35
años al momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, lo cierto es
que en virtud del traslado que efectuó al régimen de ahorro individual con
solidaridad el 15 de diciembre de 1997, no se cumplía con el segundo de los
supuestos para conservar el régimen de transición, ya que para el 1º de abril
de 1994 sólo había laborado 733.42 semanas que equivalen a 14,26 años,
cuando debía acreditar mínimo 15 años de servicios cotizados.

22. En consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, pero
no accedió a la devolución de las mesadas solicitadas, porque no encontró
acreditada la mala fe de la demandada.

23. Además, al verificar que la demandada cumplía con los presupuestos
legalmente establecidos para disfrutar de la pensión en el artículo 33 de la Ley
100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, dado que cumplió 55 años
de edad el 15 de septiembre de 2013 y contaba con las semanas de cotización
exigidas (esto es 1745,57 semanas al 30 de septiembre de 2013); ordenó a
Colpensiones que en 4 meses contados a partir de la ejecutoria, debía
reconocer la prestación con base en el régimen que le resultara más favorable.

24. Aclaró que hasta tanto se dispusiera sobre el nuevo reconocimiento,
Colpensiones debía continuar con el pago de las mesadas.

1 En el trámite de primera instancia, inicialmente se fijó fecha para celebrar la audiencia inicial que tuvo lugar el

10 de mayo de 2019, en la cual el Despacho resolvió sanear el litigio y enviar el proceso a los Juzgados Laborales
del Circuito de Pereira, quienes propusieron conflicto negativo de competencia que fue resuelto por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, asignando la competencia a esta jurisdicción.
2 Índice 026 de SAMAI en el radicado de primera instancia.

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RECURSO DE APELACIÓN

25. La demandada interpuso recurso de apelación, por considerar que además
de cumplir con el requisito de edad para beneficiarse del régimen de
transición, contaba con el 99,04% de semanas requeridas y que, por razones
de equidad y justicia, se debía llamar la atención del operador judicial para
atemperar la aplicación de la Ley al caso concreto.

26. Colpensiones, en su recurso expresó que ordenar el pago de una pensión ya
reconocida como ilegal, hasta tanto se diera un reconocimiento atendiendo el
régimen más beneficioso, sin el cumplimiento de los requisitos legales, atenta
contra la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

27. Que, si bien la pensión en principio se había otorgado por un error de
Colpensiones, lo cierto era que sí se demostró la mala fe de la demandada,
cuando la entidad le solicitó la autorización para revocar directamente el acto
administrativo y ella, pese a que se pusieron en su conocimiento las razones
por las que procedía revocar el acto, se negó. Razón por la que considera que
debió ordenarse el reintegro de las mesadas percibidas.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

28. El 17 de junio de 2024 se admitieron los recursos de apelación. Las partes y
el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

29. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

30. La Sala determinará si corresponde declarar la nulidad de la GNR 260308 del
17 de octubre de 2013, por la que se otorgó la pensión a la demandada, por
haber operado la pérdida del régimen de transición al trasladarse del régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida.

31. También deberá determinar si debió ordenarse a Colpensiones el
reconocimiento de la prestación con base en el régimen que resultare más
favorable a la demandada; y si se encontró desvirtuada la buena fe, para que
proceda la devolución de las sumas pagadas.

Marco normativo y jurisprudencial

Conservación de los beneficios del régimen de transición por traslado al
RAIS

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32. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó que los beneficios del régimen de
transición pensional no serían aplicables a quienes eligiesen el régimen de
ahorro individual con solidaridad y, posteriormente, decidan cambiarse al de
prima media con prestación definida3.

33. La Corte Constitucional en la sentencia C 789 de 2002, declaró la
exequibilidad condicionada4 de esta restricción, bajo el supuesto de que
deben protegerse las expectativas legítimas de quienes siendo beneficiarios
del régimen de transición y hubiesen elegido el régimen de ahorro individual,
siempre que tuviesen un mínimo de 15 años de servicio al momento de entrar
en vigor la Ley 100, lo que no ocurre con quienes únicamente acreditaban el
requisito de edad para estar cobijados por la garantía regulada en el artículo
36 citado.

34. Esa misma Corporación, en la sentencia SU 130 de 2013, unificó su
jurisprudencia sobre las consecuencias para los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 en relación con el traslado del régimen de ahorro
individual con solidaridad al de prima media con prestación definida, indicando
en dicho fallo lo siguiente:

«(…) Bajo esa orientación, en la Sentencia C - 789 de 2002, se declaró [la]
exequibilidad condicionada de los incisos 4° y 5° de la Ley 100/93, en cuanto
se entienda que su contenido no aplica para las personas que tenían 15
años o más de servicios cotizados para la fecha en que entró en
vigencia el SGP. Es decir, que únicamente esta categoría de
trabajadores no pierde el régimen de transición por el hecho de
trasladarse al régimen de ahorro individual, pudiendo hacerlo efectivo
una vez retornen al régimen de prima media con prestación definida.
Para tal efecto, se fijaron dos importantes condiciones, a saber: (i) que al
regresar nuevamente al régimen de prima media se traslade a él todo el
ahorro efectuado en el régimen de ahorro individual y (ii) que dicho ahorro
no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de
que hubieren permanecido en el régimen de prima media (…)» (Negrita de
la Sala)

35. Sobre el particular, esta Sección ha tenido la posibilidad de pronunciarse
acogiendo la sentencia de constitucionalidad C - 789 de 2002, en los
siguientes términos:

3 El inciso en cuestión prevé exactamente: «(…) Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el

régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida (…)»
4 En el ordinal segundo de la sentencia de constitucionalidad se indicó expresamente: «Declarar así mismo

EXEQUIBLE el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición se
aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de
ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados
al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen de
prima media con prestación definida, siempre y cuando: a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al
régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal
correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo
trabajado les será computado en el régimen de prima media.»

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«(…) De esta forma, es claro que las personas que son beneficiarios del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tienen un
derecho adquirido, sino una expectativa a pensionarse en los términos de la
normativa anterior a la entrada del Sistema General Pensiones, aunado a ello,
se reafirma que quien se trasladó de régimen sin cumplir los 15 años de servicio
o 750 semanas cotizadas, perdió dicha transición (…)» 5

Devolución de mesadas percibidas

36. Según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición
que reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, «no habrá
lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe».

37. Al respecto, esta Sección6 en los casos en que las prestaciones periódicas,
tales como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la
administración, ha mantenido una posición pacífica en punto a que no
procederá la devolución de las mesadas por haber sido percibidas de
buena fe. Específicamente se ha sostenido lo siguiente.

«(…) La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el
derecho al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada
pensional a partir del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a
seiscientos diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos con noventa y un
centavos ($610.959,91) cuando por este concepto le correspondía solamente
la suma de quinientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos
con sesenta y cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir
del 1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo
143 de la Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por
equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa
medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque
fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no
obstante, la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que
la administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la

5 Así se expuso en sentencia del 5 de noviembre de 2020, proferida por esta subsección en el proceso con

radicación 20001233900020150035801 (4244-2017).
Ver además las sentencias del 18 de marzo de 2015 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el proceso con radicación interna 0868-2009, o de la Subsección A del 7 de mayo de 2020 en el
proceso con radicación 250002342000201503434 01, del 22 de julio de 2021 en el proceso
68001233300020130025301 (2767-2017) o más recientemente, en la del 3 de agosto de 2023 en el proceso con
radicación 25000234200020180233601 (0723-2021)
6 Sentencia de 17 de mayo de 2007, radicado 25000-23-25-000-1999-05334-01 (3287-05). Ver también: Sección

Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014, radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02
(3130-2013). Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007, radicado 25000-23-25-000-
2004-03752-01 (0950-2006). Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado:
68001-23-15-000-2001-03370-01 (0488-07). Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de
2016. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00149-01 (2677-2015).

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mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes pagados (…)».
(Negrita para resaltar)

38. Dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad,
que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos,
probar que el peticionario actuó de mala fe. En ese sentido, en los eventos en
los que por un error de la administración se reconoce la pensión a quien no
reúne los requisitos, no puede con posterioridad alegar a su favor su propia
culpa, a fin de recuperar un dinero que fue recibido por una persona sin ningún
tipo de dolo o actuación malintencionada.7

39. No obstante, en aquellos casos en los que el error no provenga de la
administración, se deberá analizar cada caso particular, para determinar si hay
lugar o no a la devolución de los dineros.

40. En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos lineamientos.

Resolución del caso concreto

41. De los documentos aportados al expediente se advierte que, a través de la
Resolución GNR 260308 del 17 de octubre de 2013, Colpensiones reconoció
a la demandada el pago de una pensión de vejez, en cuantía de $4.137.005,
efectiva desde el 1º de noviembre de 2013 basada en 1202 semanas de
cotización sobre un IBL de $ 4.755.178 con tasa de reemplazo de 87%, de
conformidad con el Decreto 758 de 19908.

42. Logró determinarse que la señora María Eugenia Restrepo nació el 15 de
septiembre de 19589 y para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1996
contaba con más de 35 años de edad, lo que, en principio, la haría beneficiaria
del régimen de transición.

43. Sin embargo, también se determinó que estuvo afiliada al régimen de prima
media con prestación definida desde el 23 de abril de 1980, se trasladó al
régimen de ahorro individual el 15 de diciembre de 1997 hasta el 31 de mayo
de 2011, fecha a partir de la cual regresó al régimen de prima media, en el
que estuvo afiliada desde el 1º de junio de 201110.

7 En este sentido, se pronunció la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del 17 de noviembre

de 2016, interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.
8 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del

Tribunal. Archivo denominado: 35_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_03ANTECEDENT. Página 119.
9 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del

Tribunal. Archivo denominado: 35_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_03ANTECEDENT. Página 74.
10 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del

Tribunal. Archivo denominado: 35_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_03ANTECEDENT. Página 151.

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44. Lo anterior quiere decir que, en efecto, para que la demandada conservara el
beneficio del régimen de transición, debía acreditar un mínimo de 15 años de
cotizaciones a la entrada en vigencia de la Ley 100 (es decir, para el 1. ° de
abril de 1994), según lo dispuso en su sentencia C789 de 2002, regla que
también fue recogida en sentencia de unificación SU130 de 2013, posición
jurisprudencial que ha sido aplicada por esta Corporación.11

45. Tal como lo observó el Tribunal, la demandada no acreditó el mínimo de 15
años, puesto que para el 1 de abril de 1994 sólo había laborado 733.42
semanas que equivalen a 14,26 años. Esto mismo fue reconocido en el
recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora María Eugenia
Restrepo Giraldo, al indicar que la afiliada contaba con el 99,04% de semanas
requeridas12.

46. Claro este punto, resulta evidente que la demandada no recuperó el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 y, por consiguiente, deben despacharse
desfavorablemente los argumentos del recurso y confirmarse la sentencia de
primera instancia en este aspecto.

47. Ahora, Colpensiones en su recurso sostuvo que el Tribunal no debió ordenarle
que continuara pagando la prestación hasta tanto se le reconociera una nueva
pensión con base en el régimen que le fuera más beneficioso, porque ello iría
en contravía del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

48. Considera esta Sala de decisión que el hecho de que se haya ordenado a
Colpensiones realizar un nuevo estudio pensional a la hoy demandada, en el
que tuviera en cuenta las 1.741 semanas cotizadas13 (producto del tiempo que
siguió laborando después del 1 de abril del 94) y aplicar el régimen pensional
que le fuera más beneficioso, no va en contravía de la estabilidad financiera
del sistema pensional, pues esta segunda decisión está respaldada en el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación, pero no con base
en el régimen de transición, sino con base en la misma Ley 100 de 1993.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2024, radicado 25000-23-

42-000-2017-04650-01(0464-2022). Posición que también ha sido defendida por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en sentencias SL16356-2016 del 21 de septiembre de 2016 y SL1000-2023 del 9 de mayo
de 2023.
12 Gestión documental de SAMAI en el radicado del Tribunal. Página 5 del recurso de apelación interpuesto por

el apoderado de la demandada.
13 Así se observa de los antecedentes administrativos aportados e incluso Colpensiones así lo reconoció en la

Resolución VPB 14702 del 01 de abril de 2016, al momento de resolver la solicitud de reliquidación pensional de
la hoy demandada. Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en
el radicado del Tribunal. Archivo denominado: 35_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_03ANTECEDENT.
Páginas 230 a 238.

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00007-01 (3234-2024)

49. Es esta lógica la que se lee en la Resolución VPB 14702 del 01 de abril de
201614, en donde Colpensiones, al resolver la solicitud de reliquidación
elevada por la beneficiaria de la pensión, indicó:

«(…) Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 12,189 días
laborados, correspondientes a 1,741 semanas.

Que nació el 15 de septiembre de 1958 y actualmente cuenta con 57 años de
edad.

(…) Que el(la) asegurado(a) al 1 de abril de 1994 NO acredita 15 años de
servicios y/o cotizaciones (750 semanas) razón por la cual NO conserva el
régimen de transición y la prestación deberá ser estudiada a la luz de los
requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003.

(…) Que en consideración a lo anterior la pensión de la interesada debe
estudiarse a la luz de la ley 797 de 2003, conforme a la siguiente
ilustración.

(…)15» (Negrillas de la Sala)

50. De este modo, considera esta Sala que hizo bien el Tribunal al advertir la
ilegalidad del acto demandado, puesto que no se cumplía con lo necesario
para ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100, pero también al
amparar el derecho a la pensión que ostenta la señora María Eugenia
Restrepo Giraldo, por haber acreditado los requisitos contenidos en el régimen
general de pensión.

51. De acuerdo con lo anterior, también habrá de confirmarse la sentencia sobre
este particular.

52. Por otra parte, Colpensiones afirmó en su recurso que sí se acreditó la mala
fe de la demandada y que dicha prueba está dada por la conducta desplegada
en el trámite administrativo en el que se le hizo ver a la demandada la

14 Por la cual se resolvió el recurso de apelación contra la Resolución GNR 324159 del 21 de octubre de 2015

que negó la reliquidación pensional solicitada por la hoy demandada.
15 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del

Tribunal. Archivo denominado: 35_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE_03ANTECEDENT. Páginas 234 a
237.

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00007-01 (3234-2024)

ilegalidad de la prestación reconocida y se le solicitó su autorización para
revocarlo.

53. Considera esta Subsección que
los argumentos planteados por Colpensiones no bastan para acceder a lo
pretendido, pues para que haya lugar a ordenar la devolución de las sumas
percibidas, fruto de las mesadas pensionales reconocidas, es requisito
indispensable que se logre acreditar la mala fe por parte de la pensionada, la
cual se observa, por ejemplo, cuando en el trámite administrativo se
despliegan actividades dolosas y mal intencionadas, en procura de un
beneficio.

54. No resulta suficiente, como lo sostiene la recurrente, que al habérsele
notificado a la demandada el error de la entidad y no otorgar el consentimiento
para la revocatoria del derecho, sea prueba de la mala fe, toda vez que no se
advierte que la solicitud pensional presentada por la parte demandada ante
Colpensiones, la haya realizado bajo alguna actuación fraudulenta que
indujera a la administración a adoptar una decisión errada.

55. De acuerdo con lo anotado, se comparte la decisión de primera instancia en
cuanto concluyó que no había lugar a ordenar el reintegro a favor de la
entidad, dado que no se acreditó que la señora María Eugenia Restrepo
Giraldo haya actuado de mala fe en su trámite pensional.

56. Bajo ese contexto, se confirmará en su integridad la sentencia.

De la condena en costas en segunda instancia

57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose
de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

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Radicación: 66001-23-33-000-2018-00007-01 (3234-2024)

59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

60. En consecuencia, se impondrán costas a ambas partes recurrentes, por
cuanto se niega totalmente las peticiones de los recursos de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cuatro (04) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Segundo. Se condena en costas en segunda instancia a la parte demandada y
demandante, conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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