Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-00708-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-00708-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-010-2017-00708-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-010-2017-00708-01 (0618-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Miguel Alberto Morales Agudelo
Tema: Conservación de los beneficios del régimen de transición por
traslado al RAIS / Reintegro de mesadas pagadas. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra el señor Miguel Alberto Morales Agudelo en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 197384 del 01 de agosto de
2013, por la cual se reconoció la pensión de vejez a favor del señor Miguel Alberto
Morales Agudelo y las resoluciones GNR 202979 del 05 de junio de 2014 y GNR
119530 del 28 de abril de 2015, por las que se reliquidó la prestación.
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4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al demandado a
reintegrar todos los valores pagados con sus respectivos intereses y ajustes
monetarios conforme el artículo 178 del CPACA y se ordene el reintegro de los
valores girados por concepto de salud.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que al señor Miguel Alberto Morales Agudelo, mediante Resolución GNR
197384 del 1 de agosto de 2013, Colpensiones le reconoció la pensión de vejez por
$9.709.219, efectiva desde el 1 de agosto de 2013, con 1.507 semanas cotizadas y
una tasa de reemplazo del 90%, en aplicación del Decreto 758 de 1990.
7. Que mediante Resolución GNR 202979 del 5 de junio de 2014 se repuso la
decisión y se reliquidó la mesada en $10.186.749, basándose en 1.545 semanas
cotizadas. Luego, en la Resolución GNR 119530 del 28 de abril de 2015, se realizó
una nueva reliquidación en $10.354.412, tras contabilizar un total de 1.558 semanas.
8. Que el pensionado interpuso recursos de reposición y apelación contra la
última reliquidación, para que el cálculo se ajustara al artículo 21 de la Ley 100 de
1993, pero fueron resueltos por la entidad confirmando las decisiones, mediante las
Resoluciones GNR 160702, VPB 28443 y VPB 30423 de 2016, al advertirse que no
era beneficiario del régimen de transición.
9. Que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994), solo
acreditaba 11 años, 6 meses y 2 días de servicios, sin cumplir el requisito legal de
contar con 15 años (750 semanas) de cotizaciones para conservar el régimen de
transición, al haberse trasladado al régimen de ahorro individual con prestación
definida y luego haber regresado al de prima media; por lo que se solicitó el
consentimiento para revocar los actos, pero el beneficiario no accedió.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Citó como vulneradas la Ley 100 de 1993, la Ley 33 de 1985, Ley 797 de 2003,
el Acto Legislativo 1 de 2005, Decreto 758 de 1990 y la Constitución Política de 1991.
11. Sostuvo que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que contiene el régimen de
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transición, se consagró para las personas que, al momento de entrar en vigencia la
norma, tuvieran 35 años o más si eran mujeres y 40 años o más, en el caso de los
hombres; o acreditar al menos 15 años de servicios cotizados.
12. Que el régimen de transición no sería aplicable cuando estas personas
voluntariamente se acogieran al régimen de ahorro individual con solidaridad o para
quienes, habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad, decidan
cambiarse al de prima media con prestación definida. En ese orden de ideas, las
personas que se trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad y
posteriormente se devuelvan al ISS, no conservarían el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
13. Que al verificar la historia laboral del demandado se evidenció que para el 1
de abril de 1994 solo logró acreditar 11 años 6 meses y dos días, razón por la cual
se determinó que no recuperó el régimen de transición y, en consecuencia, su
régimen pensional era la Ley 797 del 2003 la norma aplicable.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
14. La demanda fue admitida el 25 de julio de 2017 y por auto del 26 de marzo del
2019 se negó el decreto de la suspensión provisional solicitada.
15. El demandado se opuso a la declaratoria de nulidad por considerar que las
resoluciones demandadas son legales puesto que al momento en que Colpensiones
realizó el estudio de reconocimiento pensional, debió haber observado el
cumplimiento de todos los requisitos para acceder a la prestación. Sobre la
devolución de los valores pagados afirmó que actuó de buena fe y que no se
aportaron pruebas que demostraran que la prestación había sido reconocida por
maniobras engañosas o fraudulentas.
16. El 17 de febrero de 2021 se profirió auto de sentencia anticipada, se fijó el
litigio, se decretaron las pruebas y se corrió traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones.
Consideró que Colpensiones no logró probar que el demandado se hubiera afiliado
al régimen de ahorro individual desde el año 2009, puesto que «los aportes que en
su momento realizó el demandado a los fondos privados fueron transferidos a
Colpensiones con éxito, sin que sea dable entonces afirmar que los pagos fueron
destinados a otra entidad».
18. Que al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con
41 años de edad, por lo que podía pensionarse con el régimen anterior establecido
en el artículo 12 del Decreto 758 del 11 de abril de 1990. Que, acreditó más de 1000
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semanas de cotización, «pues fue la misma Administradora de Pensiones la que
certificó en la Resolución GNR 119530 de 28 de abril de 2015, 1.558 semanas
reportadas al sistema».
19. Que para el 25 de julio de 2005, tenía un aproximado de 7.668 días laborados,
lo que se traduce en 1.095 semanas cotizadas; lo que, a su juicio, significaba que se
cumplió con lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y, en consecuencia, no perdió el beneficio del régimen de transición.
RECURSO DE APELACIÓN
20. Colpensiones, interpuso recurso de apelación por considerar que sí se está
acreditado que el demandado no era beneficiario del régimen de transición, porque
no cumplía el requisito de 15 años de servicio (750 semanas) para la entrada en
vigencia de la ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994), pues solo tenía 11 años y 6
meses de cotizaciones, razón por la cual no era cierto que hubiera recuperado el
régimen de transición del artículo 36 de ley 100 de 1993.
21. Que la aplicación indebida del régimen de transición conlleva la nulidad de los
actos que reconocen derechos por fuera de los parámetros legales y que negar la
devolución de los dineros pagados por una pensión que no debió reconocerse,
significa, por un lado, un desbalance y afectación a las finanzas del régimen
prestacional y, por otro, un enriquecimiento sin causa que atenta contra la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 24 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el señor
agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.
23. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
24. La Sala debe determinar si debía declararse la nulidad de las resoluciones
GNR 197384 del 01 de agosto de 2013, GNR 202979 del 05 de junio de 2014 y GNR
119530 del 28 de abril de 20151, por haber operado la pérdida del régimen de
transición al trasladarse del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, al Régimen
de Prima Media con Prestación Definida y en caso de encontrarse que si, se deberá
determinar si se encontró desvirtuada la buena fe, para que proceda la devolución
de las sumas pagadas.
1 Por las que se reconoció la pensión de vejez a favor del demandado y se reliquidó su prestación,
respectivamente.
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Marco normativo y jurisprudencial
Conservación de los beneficios del régimen de transición por traslado al RAIS
25. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó que los beneficios del régimen de
transición pensional no serían aplicables a quienes eligiesen el régimen de ahorro
individual con solidaridad y, posteriormente, decidan cambiarse al de prima media
con prestación definida2.
26. La Corte Constitucional en la sentencia C 789 de 2002, declaró la
exequibilidad condicionada3 de esta restricción, bajo el supuesto de que deben
protegerse las expectativas legítimas de quienes siendo beneficiarios del régimen de
transición y hubiesen elegido el régimen de ahorro individual, siempre que tuviesen
un mínimo de 15 años de servicio al momento de entrar en vigor la Ley 100, lo que
no ocurre con quienes únicamente acreditaban el requisito de edad para estar
cobijados por la garantía regulada en el artículo 36 citado.
27. Esa misma Corporación, en la sentencia SU 130 de 2013, unificó su
jurisprudencia sobre las consecuencias para los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 en relación con el traslado del régimen de ahorro individual
con solidaridad al de prima media con prestación definida, indicando en dicho fallo lo
siguiente:
«(…) Bajo esa orientación, en la Sentencia C - 789 de 2002, se declaró [la]
exequibilidad condicionada de los incisos 4° y 5° de la Ley 100/93, en cuanto se
entienda que su contenido no aplica para las personas que tenían 15 años o
más de servicios cotizados para la fecha en que entró en vigencia el SGP.
Es decir, que únicamente esta categoría de trabajadores no pierde el
régimen de transición por el hecho de trasladarse al régimen de ahorro
individual, pudiendo hacerlo efectivo una vez retornen al régimen de prima
media con prestación definida. Para tal efecto, se fijaron dos importantes
condiciones, a saber: (i) que al regresar nuevamente al régimen de prima media
se traslade a él todo el ahorro efectuado en el régimen de ahorro individual y (ii)
que dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente
en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media (…)»
(Negrita de la Sala)
28. Sobre el particular, esta Sección ha tenido la posibilidad de pronunciarse
acogiendo la sentencia de constitucionalidad C - 789 de 2002, en los siguientes
2 El inciso en cuestión prevé exactamente: «(…) Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el
régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida (…)»
3 En el ordinal segundo de la sentencia de constitucionalidad se indicó expresamente: «Declarar así mismo
EXEQUIBLE el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición se
aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de
ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados
al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen de
prima media con prestación definida, siempre y cuando: a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al
régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal
correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo
trabajado les será computado en el régimen de prima media.»
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términos:
«(…) De esta forma, es claro que las personas que son beneficiarios del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tienen un
derecho adquirido, sino una expectativa a pensionarse en los términos de la
normativa anterior a la entrada del Sistema General Pensiones, aunado a ello,
se reafirma que quien se trasladó de régimen sin cumplir los 15 años de servicio
o 750 semanas cotizadas, perdió dicha transición (…)» 4
Devolución de mesadas percibidas
29. Según lo prescribe el numeral 1, literal c) del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición que
reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA, «no habrá lugar a
recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe».
30. Al respecto, esta Sección5 en los casos en que las prestaciones periódicas,
tales como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la
administración, ha mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la
devolución de las mesadas por haber sido percibidas de buena fe.
Específicamente se ha sostenido lo siguiente.
«(…) La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el
derecho al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada
pensional a partir del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos
diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos
($610.959,91) cuando por este concepto le correspondía solamente la suma de
quinientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y
cuatro centavos ($565.965,64).
Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del
1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143
de la Ley 100 de 1993.
No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación
pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos
efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de
buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto
que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni
4 Así se expuso en sentencia del 5 de noviembre de 2020, proferida por esta subsección en el proceso con
radicación 20001233900020150035801 (4244-2017).
Ver además las sentencias del 18 de marzo de 2015 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el proceso con radicación interna 0868-2009, o de la Subsección A del 7 de mayo de 2020 en el
proceso con radicación 250002342000201503434 01, del 22 de julio de 2021 en el proceso
68001233300020130025301 (2767-2017) o más recientemente, en la del 3 de agosto de 2023 en el proceso con
radicación 25000234200020180233601 (0723-2021)
5 Sentencia de 17 de mayo de 2007, radicado 25000-23-25-000-1999-05334-01 (3287-05). Ver también: Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014, radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02
(3130-2013). Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007, radicado 25000-23-25-000-
2004-03752-01 (0950-2006). Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado:
68001-23-15-000-2001-03370-01 (0488-07). Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de
2016. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00149-01 (2677-2015).
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en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la
obtención de los reajustes pagados (…)». (Negrita para resaltar)
31. Dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad,
que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos, probar
que el peticionario actuó de mala fe. En ese sentido, en los eventos en los que por
un error de la administración se reconoce la pensión a quien no reúne los requisitos,
no puede con posterioridad alegar a su favor su propia culpa, a fin de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona sin ningún tipo de dolo o actuación
malintencionada.6
32. No obstante, en aquellos casos en los que el error no provenga de la
administración, se deberá analizar cada caso particular, para determinar si hay lugar
o no a la devolución de los dineros.
33. En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos lineamientos.
Resolución del caso concreto
34. De los documentos aportados al expediente se advierte que, el señor Miguel
Alberto Morales Agudelo nació el 11 de junio de 19537 y para la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1996 contaba con más de 40 años de edad, lo que, en principio, lo
haría beneficiario del régimen de transición8.
35. Recuérdese que Colpensiones en la demanda y en el recurso de apelación
indicó que debía revocarse la sentencia por haberse acreditado que el demandado
se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y, al devolverse al régimen
de prima media, no conservó el beneficio de la transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, al no acreditar 15 años de servicio para el 1 de abril de
1994. Traslado que, según el Tribunal, no logró probarse.
36. Si bien no se advierte documento en el que se reporten las fechas de
vinculación, desvinculación y traslado efectuado entre regímenes; al revisar el detalle
de los pagos efectuados a Colpensiones por concepto de aportes, sí se observa que
a partir de agosto de 1995 y hasta noviembre del 2009, se detalló la observación de
«pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado 9» y, además, en
comunicado dirigido al demandado para solicitar el consentimiento de revocatoria
6 En este sentido, se pronunció la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del 17 de noviembre
de 2016, interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.
7 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del
Tribunal. Carpeta denominada: 015Contrato 104 de 2020 – SASI-2020-09. Zip
8 Es decir, al 1 de abril de 1994 contaba con 40 años, 9 meses y 19 días.
9 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del
Tribunal. Carpeta denominada: 015Contrato 104 de 2020 – SASI-2020-09. Zip. En el reporte de semanas
cotizadas en pensiones, período de informe enero 1967 a enero de 2017 actualizado al 17 de enero de 2017.
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Radicación: 76001-23-33-010-2017-00708-01 (0618-2025)
directa, se le indicó que «cuenta con un traslado del régimen individual mediante
sentencia 1024 del 20 de octubre de 200410»
37. Lo anterior quiere decir que sí logró probarse el traslado de régimen pensional
y, en consecuencia, para que el demandado conservara el beneficio del régimen de
transición, debía acreditar un mínimo de 15 años de cotizaciones a la entrada en
vigencia de la Ley 100 (es decir, para el 1. ° de abril de 1994), según lo dispuso en
su sentencia C789 de 2002, regla que también trae la sentencia de unificación SU130
de 2013, posición jurisprudencial que ha sido aplicada por esta Corporación.11
38. Al verificar el historial laboral se observa que el demandado no acreditó el
mínimo de 750 semanas cotizadas para el 1 de abril de 1994, pues solo contaba con
641,2712, tal como se observa en la siguiente tabla:
Empleador Desde Hasta Total, semanas
ALIANZA COLOMBO FRAN 01/05/1978 30/06/1978 8,71
ALIANZA COLOMBO FRAN 11/09/1978 30/11/1978 11,57
UNION FEDERAL HEBREA 03/09/1979 30/06/1980 43,14
INGENIO LA CABA A LT 01/07/1980 01/09/1981 61,14
INGENIO LA CABA A LT 01/11/1984 30/11/1989 265,14
INGENIO LA CABA A LT 10/01/1990 01/12/1991 98,71
INGENIO LA CABA A LT 27/01/1992 31/12/1994 152,86
641,27
39. Se observa que el demandado inició su vinculación laboral y cotizaciones, el
1 de mayo de 1978. La sumatoria de las semanas, con las interrupciones
presentadas, hasta el 1 de abril de 1994, es menor a 750 (15 años de servicios).
40. Claro este punto, resulta evidente que no recuperó el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 y, por consiguiente, deben prosperar los argumentos del recurso
y revocarse la sentencia de primera instancia.
41. Ahora, tanto en la demanda como en las resoluciones por las que se negó la
última reliquidación solicitada, Colpensiones indicó que lo procedente para el caso
del demandado es realizar la valoración prestacional bajo los parámetros de la Ley
100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. Veamos:
10 Comunicado del 19 de mayo de 2016 BZ2015_11177221-12516662. Antecedentes administrativos aportados
con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del Tribunal. Carpeta denominada: 015Contrato
104 de 2020 – SASI-2020-09. Zip. Comunicado del 19 de mayo de 2016 BZ2015_11177221-12516662.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2024, radicado 25000-23-
42-000-2017-04650-01(0464-2022). Posición que también ha sido defendida por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en sentencias SL16356-2016 del 21 de septiembre de 2016 y SL1000-2023 del 9 de mayo
de 2023.
12 Tal como se observa del resumen de semanas cotizadas por empleador, en el reporte de semanas cotizadas
en pensiones, período de informe enero 1967 a enero de 2017 actualizado al 17 de enero de 2017. Antecedentes
administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del Tribunal. Carpeta
denominada: 015Contrato 104 de 2020 – SASI-2020-09. Zip.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 76001-23-33-010-2017-00708-01 (0618-2025)
«(…) Revisados los tiempos cotizados (…) se tiene que, al 01 de abril de 1994,
cuenta con 11 años y 6 meses de servicio, lo que nos indica que el peticionario
no recuperó el régimen de transición de conformidad con la normativa enunciada.
Que por lo tanto al no ser beneficiario del régimen de transición, es procedente
efectuar el estudio de la prestación a la luz de la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003.
(…) se tomó en cuenta que el peticionario cumple los requisitos para los
siguientes tipos de pensión, siendo aplicada, por favorabilidad, en la columna
“Aceptada Sistema”
(…)»13
42. Revisado el expediente se observa que para el 1º de agosto de 2013, fecha a
partir de la cual fue reconocida la pensión de vejez, cumplía con los presupuestos
del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. Cumplió
los 60 años de edad el 11 de junio de 2013, y las semanas de cotización, al momento
del cumplimiento de la edad, se encuentran superadas, pues, de acuerdo con el
reporte aportado por la entidad demandante, al 30 de junio de 2013 contaba con
1.579,00 semanas cotizadas14.
43. De este modo, considera esta Sala que tal como la misma entidad
demandante lo advierte, es válido reconocer el derecho por haber acreditado los
requisitos contenidos en el régimen general de pensión.
44. Igual regla de decisión fue adoptada por esta Sala en sentencia del 12 de
febrero de 202615, al considerar que «(…) hizo bien el Tribunal al advertir la ilegalidad
del acto demandado, puesto que no se cumplía con lo necesario para ser beneficiaria
del régimen de transición de la Ley 100, pero también al amparar el derecho a la
pensión (…) por haber acreditado los requisitos contenidos en el régimen general de
pensión».
13 Resolución GNR 160702 del 27 de mayo de 2016, visible en los aantecedentes administrativos aportados con
la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del Tribunal. Carpeta denominada: 015Contrato 104
de 2020 – SASI-2020-09. Zip.
14 Antecedentes administrativos aportados con la demanda. Gestión documental de SAMAI en el radicado del
Tribunal. Carpeta denominada: 015Contrato 104 de 2020 – SASI-2020-09. Zip. En el reporte de semanas
cotizadas en pensiones, período de informe enero 1967 a enero de 2017 actualizado al 17 de enero de 2017.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de febrero de 2026, radicado 66001-
23-33-000-2018-00007-01 (3234-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 76001-23-33-010-2017-00708-01 (0618-2025)
45. De acuerdo con lo anterior, se decretará la nulidad de las resoluciones
demandadas, pero se ordenará a Colpensiones que, dentro de los 4 meses
siguientes, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, reconozca en favor
del señor Miguel Alberto Morales Agudelo, la pensión de vejez con base en la Ley
100 de 1993, modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
46. Hasta tanto Colpensiones disponga el nuevo reconocimiento prestacional,
deberá continuar con el pago de las mesadas, conforme a lo dispuesto en la
Resolución GNR 197384 del 01 de agosto de 2013. Esta orden garantiza el derecho
a la seguridad social y la vida digna.
47. Por otra parte, Colpensiones, en su recurso de apelación, afirmó que debía
ordenarse la devolución de los dineros pagados por la pensión y que, no hacerlo,
significaba un desbalance, afectación a las finanzas del régimen prestacional y un
enriquecimiento sin causa que atentaba contra la sostenibilidad financiera del
sistema pensional.
48. Considera esta Subsección que
los argumentos planteados por Colpensiones no bastan para acceder a lo
pretendido, pues para que haya lugar a ordenar la devolución de las sumas
percibidas, es indispensable que se acredite la mala fe, la cual se observa, por
ejemplo, cuando en el trámite administrativo se despliegan actividades dolosas y mal
intencionadas, en procura de un beneficio.
49. De acuerdo con lo anotado, no prosperan los argumentos del recurso en
cuanto a este punto.
De la condena en costas en segunda instancia
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
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Radicación: 76001-23-33-010-2017-00708-01 (0618-2025)
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En este contexto, en el caso concreto, pese a que se está revocando la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda, la Subsección considera que
teniendo en cuenta que las peticiones del recurso de apelación están siendo
concedidas de manera parcial, no puede predicarse que alguna de las partes haya
sido totalmente vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en ambas esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, ordenar a Colpensiones
que, dentro de los 4 meses siguientes, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, reconozca en favor del señor Miguel Alberto Morales Agudelo, la
pensión de vejez con base en el régimen que le sea más favorable.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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