Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03364-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03364-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03364-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
18 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03364-00
Demandante: Luz Mariela Barbosa Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 18 de junio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03364-00
Demandante: LUZ MARIELA BARBOSA ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Contra providencias dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de pensión docente.
Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Mariela Barbosa Rojas,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 30 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y, a través de apoderado, la
señora Luz Mariela Barbosa Rojas pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 29
de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 110013335-023-2020-00024-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se AMPAREN los Derechos Fundamentales de la accionante al DEBIDO PROCESO, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL y MÍNIMO VITAL conforme
a las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias, decantadas por la Corte
Constitucional en reiterados pronunciamientos o precedentes constitucionales, y por el honorable
Consejo De Estado, al ser víctima de una vía de hecho, por tanto, Solicito comedidamente que, como
consecuencia del amparo a los derechos fundamentales mencionados en el presente numeral, se sirva
ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN C- subsanar el ERROR GRAVE que se denota de parte de la Justicia al inaplicar el
principio de retrospectividad de la Ley 100 de 1993 y desconocer la aplicación del Acuerdo 049 de 1990
a favor de la accionante, conforme a las sentencias de unificación SU-317 de 2021, SU-769 de 2014 y
SU-049 de 2024.
3. Como consecuencia del anterior Amparo Constitucional, solicito respetuosamente DEJAR SIN
EFECTO LA SENTENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “C”, NOTIFICADA EL
4 DE NOVIEMBRE DE 2025, MP. DR DR. CARLOS ALBERTO ORLANDO JAIQUEL, y en su lugar,
ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que, en el
marco de sus competencias, en el término de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de
esta sentencia, profiera una nueva decisión, que reconozca la pensión en favor de la señora Luz
Mariela Barbosa, toda vez que su situación jurídica se halla amparada por el Acuerdo 049 de 1990, en
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estricta observancia de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-317
de 2021.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. De la actuación administrativa
El 1 de marzo de 2012, la señora Luz Mariela Barbosa Rojas solicitó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge del señor Rafael Augusto Riveros
Sáchica (q.e.p.d.), quien falleció el 12 de febrero de 1993 y en vida fue cotizante del
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, en adelante FONCEP.
La solicitud fue negada por el FONCEP mediante Resolución 1504 de junio 25 de 2012.
Posteriormente, el 27 de junio de 2019, la tutelante solicitó nuevamente el reconocimiento
de pensión de sobrevivientes, a lo que obtuvo respuesta negativa por medio de la
Resolución SPE-GDP 000727 del 22 de julio de 2019.
3.2. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El 3 de febrero de 2020, la accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del FONCEP, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución
SPE-GDP 000727 del 22 de julio de 2019; a título de restablecimiento, solicitó el
reconocimiento de la pensión con base en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de
1993 o, en su defecto, con aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aplicables en virtud del
principio de retrospectividad y favorabilidad avalado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
El proceso se adelantó bajo radicado No. 110013335-023-2020-00024-00/01 y fue
asignado al Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia
del 26 de julio de 2024 denegó las pretensiones por considerar que la posición del
Consejo de Estado en la materia es que los derechos prestacionales derivados de la
muerte se consolidan a la luz de las normas vigentes al momento del fallecimiento, las
cuales para el caso concreto eran las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975. Sin embargo,
guardó silencio sobre la aplicación del Acuerdo 049 al causante.
Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación, en el que
alegó el desconocimiento de sentencias que consagran la posibilidad de aplicar
retrospectivamente la Ley 100 de 1993, tales como la dictada el 12 de octubre de 2017
por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el expediente 15001333301420140013401 y
el fallo dictado por la Corte Constitucional en la acción de tutela T-017 de 2022.
Mediante sentencia del 29 de octubre de 20251, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, confirmó la decisión del juez de primera
instancia, para lo cual precisó que la Sección Segunda del Consejo de Estado de manera
unificada, en sentencia de 25 de abril de 2013, rectificó la tesis adoptada en fallos del 29
de abril de 2010 y 1.° de noviembre de 2012 y definió que, en materia de pensión de
sobrevivientes, no es procedente la aplicación retrospectiva de la ley, pues la norma que
gobierna la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del
causante y no una posterior.
Que para efectos de resolver la situación pensional de la actora, no resultaba procedente
dar aplicación a los principios de retrospectividad ni retroactividad de la ley, toda vez que
los derechos prestacionales causados con la muerte del causante se consolidaron en
vigencia de la normatividad que regía al momento de presentarse dicha contingencia y
no en una norma posterior como la invocada en la demanda.
1 Notificada por correo electrónico el 17 de junio de 2025
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Adicionalmente, indicó que, en gracia de discusión, la sentencia citada como precedente
en el recurso de alzada fue clara al indicar que, para aplicar por favorabilidad una norma
posterior, se debe acreditar un periodo considerable de cotizaciones de más de 15 años,
lo cual no ocurre en este caso, en el que el causante solo cotizó un periodo aproximado
de 4 años.
Finalmente, analizó oficiosamente el requisito contemplado en el Acuerdo 049 de 1990
para reconocer la pensión de sobrevivientes y concluyó que éste solo es aplicable a los
afiliados al ISS, requisito que no cumplió el causante.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, identificó como defectos los siguientes:
Defecto sustantivo, pues el tribunal accionado confundió la irretroactividad con la
retrospectividad. Advirtió que la Corte Constitucional SU-049 de 2024, ha reiterado que
las normas de seguridad social tienen efectos inmediatos sobre situaciones no
consolidadas, por lo que negar la aplicación de la Ley 100 de 1993 a un fallecimiento
ocurrido meses antes de su vigencia, cuando los efectos de la desprotección social de
la viuda son permanentes, vulnera el principio de favorabilidad.
Desconocimiento del precedente contenido de la sentencia SU 317 de 2021, de la
Corte Constitucional: al exigir que el causante estuviera afiliado al ISS para aplicar el
Acuerdo 049 de 1990, el Tribunal desconoció el carácter unificado del sistema de
seguridad social y discrimina injustificadamente al trabajador oficial frente al privado,
violando el derecho a la igualdad.
Agregó que, a la luz de la sentencia SU 769 de 2014, es válida la acumulación de tiempos
laborados en entidades públicas para cumplir los requisitos del Acuerdo 049 de 1990.
5. Trámite procesal
Por auto del 8 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela
y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Asimismo, dispuso
vincular como terceros con interés, al Juez 23 Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Segunda y al director general del FONCEP.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 11 de mayo de
2026.
6. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por
medio del magistrado ponente de la decisión cuestionada, indicó que en el presente caso
no se configuran los requisitos dispuestos por la Corte Constitucional para que la acción
de tutela proceda contra providencias judiciales, sino que, por el contrario, lo que
pretende la parte accionante es que se surta una tercera instancia, por cuanto no fueron
atendidas favorablemente sus pretensiones.
Agregó que se opone a los argumentos de la tutela incoada, pues la sentencia
controvertida no adolece de defectos o violación alguna de los derechos fundamentales
invocados por el accionante, toda vez que la decisión se adoptó con fundamento en las
normas pertinentes y con la interpretación que a ellas corresponde, esto es, con
prevalencia de los principios de la sana crítica y la buena fe, después de haberse surtido
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el procedimiento con garantía de igualdad e imparcialidad de las partes en contienda, y
en ella, se consignaron ampliamente los motivos que llevaron a la Sala a confirmar la
decisión de primera instancia.
La Juez 23 Administrativo del Circuito rindió informe sobre las actuaciones surtidas
en el proceso ordinario de reconocimiento pensional y solicitó su desvinculación de la
presente acción, como quiera que se discute la decisión proferida en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 29 de octubre de 2025.
La subdirectora jurídica del FONCEP solicitó que se declare la improcedencia de la
acción, por cuanto los defectos alegados obedecen únicamente a la exclusiva
interpretación de la parte actora.
Finalmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la situación
expuesta por la accionante no evidencia ninguna vulneración a derechos fundamentales
por parte de esa entidad.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa -sobre la falta de legitimación
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
Asimismo, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
En el presente asunto, el demandante discute la providencia de 29 de octubre de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, que confirmó la sentencia que negó las pretensiones en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 110013335-023-2020-00024-01, adelantado contra el
FONCEP.
En la contestación de la tutela, la representante del FONCEP alegó su falta de
legitimación en la causa por pasiva. Por su parte, la Juez 23 Administrativo del Circuito
de Bogotá adujo que el gerente de la entidad debe ser desvinculado, ya que no tuvo
injerencia en la expedición de la providencia cuestionada.
Sobre el particular se advierte que las referidas entidades solo se vincularon al trámite
como terceros con interés y no como demandadas que deban cumplir una eventual orden
de amparo, de suerte que no se considera procedente su solicitud, la cual será negada.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por la señora
Luz Mariela Barbosa Rojas para dejar sin efectos la sentencia del 29 de octubre de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 110013335-023-
2020-00024-01, que confirmó la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda.
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La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción por cuanto, (i) la solicitud
de aplicación retrospectiva de la ley 100 de 1993 no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues con ella se pretende convertir esta acción en una tercera instancia,
y (ii) la discusión sobre la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 no cumple con el requisito
de carga argumentativa, como quiera que la demandante no agotó el recurso de
apelación para controvertir la inconformidad que ahora pretende plantear en la acción de
tutela.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, (iii) la subsidiariedad
y (iv) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. Relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que la providencia del 29 de octubre de 2025, dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, incurrió
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
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en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, al confirmar el fallo que negó
las pretensiones de la demanda; sin embargo, lo cierto es que sustenta este argumento
de la tutela en aspectos ya decididos, toda vez que insiste en discutir que el Tribunal ha
debido conceder la pensión de sobrevivientes a pesar de que el fallecimiento del causante
ocurrió con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 en virtud del principio de
favorabilidad. Veamos.
En el recurso de apelación formulado por la parte actora contra el fallo del 26 de julio de
2024, dictado por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá, señaló lo
siguiente:
2. DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL Y PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, MARCO
LEGAL EN SENTIDO GENERAL
(…)
A este respecto, es pertinente resaltar que el fin último por el que se ha inclinado el Legislador y la
Altas Cortes, es el de la protección del derecho a la Seguridad Social, pues esta protección responde
a la necesidad de mantener para el beneficiario al menos el mismo grado de seguridad social y
económica con que contaba en vida del pensionado o afiliado fallecido, lo cual, al desconocerse,
puede significar una evidente desprotección del mencionado derecho.
3. DE LA APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA LEY 100 DE 1993. PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL
Suplico al Honorable Magistrado Ponente dar aplicación, para el momento de resolver el recurso de
apelación impetrado, las siguientes Sentencias:
a) La Sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá de fecha 12 de octubre de 2017, Referencia:
Expediente 15001333301420140013401.
(…)
b) La T-, Referencia: Expediente T-8.309.403, Acción de tutela instaurada por María Esther Laguna
García en contra del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión y
otro. Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER
(…)
Conforme a lo anterior, es claro que a la demandante, LUZ MARIELA BARBOSA ROJAS, C.C
63.290.608, le asiste el derecho a la Pensión de sobrevivientes como cónyuge supérstite del
causante RAFAEL AUGUSTO RIVEROS SÁCHICA (Q.E.P.D.), en virtud del principio de
favorabilidad, aplicando retrospectivamente la Ley 100 de 1993, de conformidad con el precedente
reiterado y uniforme de la Honorable Corte Constitucional.
Por todo lo anteriormente expuesto, con el respeto debido y de la manera más comedida, suplico al
Señor Juez Ad Quem, revocar la Sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones
incoadas en el libelo introductorio de demanda.
En el mismo sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:
1. Defecto Sustantivo por Desconocimiento de la Retrospectividad (SU-049 de 2024)
La autoridad accionada incurre en un error conceptual al confundir la irretroactividad con la
retrospectividad. La Corte Constitucional ha reiterado que las normas de seguridad social tienen
efectos inmediatos sobre situaciones no consolidadas. Negar la aplicación de la Ley 100 de 1993 a
un fallecimiento ocurrido meses antes de su vigencia, cuando los efectos de la desprotección social
de la viuda son permanentes, vulnera el principio de favorabilidad (Art. 53 CP). La SU-049 de 2024
establece que la protección debe ser integral y no restringida por lecturas exegéticas de la ley 153
de 1887.
Sin embargo, ese argumento ya fue resuelto en la providencia cuestionada, así:
Atendiendo a las pretensiones de la demanda y en especial al recurso de apelación, también resulta
necesario entrar a analizar el contenido del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” el cual dispone:
“Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común,
que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido
alguno de los siguientes requisitos
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Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis
(26) semanas al momento de la muerte;
(…)”
Así las cosas, examinado el contenido de la norma cita ut supra, la Sala no pasa por alto que los
requisitos exigidos en la misma, son mucho más favorables, que los establecidos a las normas
vigentes al momento de la muerte del causante; esto es Ley 33 de 1973, Ley 12 de 1975 y Ley 33
de 1975, según las cuales, el derecho a la pensión de sobreviviente, sólo era posible si el causante
había cotizado el tiempo requerido para ser acreedor del reconocimiento pensional (20 años).
No obstante, resulta necesario analizar si ella resulta aplicable al caso concreto, de manera
retrospectiva, dado que el fallecimiento del causante ocurrió antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993.
Al respecto, se debe advertir que, la Sección Segunda del Consejo de Estado de manera unificada,
en sentencia de fecha 25 de abril de 2013, rectificando la tesis adoptada en fallos del 29 de abril de
2010 y 1° de noviembre de 2012, definió que en materia de pensión de sobrevivientes no es
procedente la aplicación retrospectiva de la ley, pues la norma que gobierna la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior.
Como se ve, la parte actora formuló en la acción de tutela inconformidades que coinciden
con las que expuso en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, la parte actora reabre los temas sobre su inconformidad con las razones que
llevaron al tribunal a no aplicar de manera retrospectiva ni retroactiva la Ley de 1993 para
reconocer la pensión de sobrevivientes. Por consiguiente, resulta evidente que la tutela
busca revivir la discusión propuesta. En últimas, la demandante pretende imponer su
criterio en cuanto a la aplicación favorable a su caso de la Ley 100 de 1993.
Siendo así, como se expuso, aunque la demandante alega que la providencia objeto de
tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se
reabra el debate respecto de la retrospectividad de la ley analizada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Ahora, en lo que alude a la discusión planteada sobre la indebida interpretación y
aplicación del Acuerdo 049 de 1990 a efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes
solicitada en el proceso ordinario, la Sala considera que se trata de aspectos que no
discuten los argumentos expuestos por el tribunal para denegar la aplicación de esta
norma.
En efecto, la Sala advierte que en la sentencia de 29 de octubre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, negó la aplicación del
Acuerdo 049 de 1990 por considerar que tratándose de los servicios prestados con
posterioridad al año de 1945, la pensión estaba a cargo del empleador o del Instituto de
Seguros Sociales, siempre que dicha entidad la hubiera asumido una vez comenzó a
funcionar, de conformidad con el Acuerdo No. 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041
del mismo año.
El tribunal resaltó que el legislador creó el Instituto de los Seguros Sociales y le confió,
entre otras, la seguridad del personal que determinó y la de los que voluntariamente se
afiliaran. Para el caso del ISS, los cotizantes eran fundamentalmente trabajadores
particulares, y excepcionalmente fueron afiliados empleados públicos y trabajadores
oficiales.
En consecuencia, concluyó que los reglamentos y normas reclamadas por la
demandante, fueron expedidas para las personas afiliadas al Instituto de Seguros
Sociales, en los precisos términos que allí se consagraron tales prestaciones, como la
pensión de sobrevivencia, de manera que “Las personas objeto de protección bajo esas
reglas legales, son únicamente los afiliados o asegurados de dicha entidad (ISS). Por
consecuencia, aquellas no son aplicables a las personas que trabajaron en el sector
público y que cotizaron a otras Cajas, como el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones – FONCEP”.
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Demandante: Luz Mariela Barbosa Rojas
Para reforzar su argumento, el tribunal citó sentencias del Consejo de Estado en las que
se ha sostenido la tesis según la cual el Acuerdo 049 de 1990 solo puede ser aplicado a
quienes hayan estado afiliados al ISS5.
No obstante, en la acción de tutela, el accionante no discute las razones y las
jurisprudencias que fueron analizadas en la sentencia cuestionada, sino que invoca el
contenido de las sentencias SU 769 de 2014 y SU-317 de 2021, las cuales se refirieron
a la posibilidad de acumular tiempos de servicios para servidores afiliados al ISS que
hicieron aportes adicionales en otras cajas de previsión, mas no a quienes nunca tuvieron
la calidad de afiliados a dicho instituto, que fue la razón principal esbozada por el tribunal
accionado para negar esta pretensión.
Así las cosas, como quiera que la demandante reitera argumentos sobre la aplicación de
la Ley 100 y formuló argumentos que no se acompasan con las razones de la decisión
objeto de tutela, la Sala constata que la acción de tutela interpuesta resulta improcedente
ante el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Bogotá y el FONCEP, conforme a la parte motiva.
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 6
5
Sección Quinta. C.P: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO. Providencia del diez (10) de agosto de dos mil diecisiete
(2017). Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00794-01(AC) 15 de julio de 2021. C.P. Dr. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Rad No.05001-23-33-000-2015-01010-01 (4573-19).
6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03364-00
Demandante: Luz Mariela Barbosa Rojas
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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