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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03464-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03464-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. 2. Prevenir a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en la omisión que dio origen a la presente acción de tutela. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03464-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

25 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03364-00
Demandante: Ruth Estela España Castillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03464-00
Demandante: RUTH ESTELA ESPAÑA CASTILLO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Temas: Derecho de petición. Solicitud de traslado por razones de salud.
Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Ruth Estela España contra el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 6 de mayo de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Ruth Estela España Castillo pidió la protección de los derechos fundamentales de
petición, debido proceso, salud, dignidad humana y el trabajo en condiciones dignas y
justas.

A juicio de la actora, la vulneración se presenta por la falta de respuesta de fondo a la
petición de traslado que elevó el 4 de febrero de 2026 ante la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial a través del aplicativo CARDJUD, en la que, como asistente judicial
grado 6 en propiedad del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, por razones de salud
solicitó su traslado para el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pasto – Nariño.

2. Pretensiones

La actora formuló las siguientes pretensiones:

AMPARE mis derechos fundamentales vulnerados.

ORDENE a la entidad accionada emitir, dentro de un término perentorio, decisión de fondo, motivada
y por escrito sobre la solicitud de traslado radicada el 04/02/2026.

ORDENE la notificación formal de dicha decisión a la suscrita y al despacho judicial correspondiente.

3. Hechos

Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

La señora Ruth Estela España Castillo ostenta el cargo de asistente judicial grado 6 en
propiedad en el Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali y, por razones de salud mental, el
4 de febrero de 2026, elevó ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial una
solicitud de traslado al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pasto.

1 Índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03364-00
Demandante: Ruth Estela España Castillo

A través de correo electrónico enviado el 2 de marzo de 2026, la accionante solicitó a la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial que le informaran el estado de su petición
y, mediante correo enviado el 9 de abril de 2026, dicha unidad le solicitó el envío de la
copia de la cédula de ciudadanía, el acta de posesión del cargo y la resolución de
nombramiento, así como el registro y actualización de escalafón y/o certificado de tiempo
de servicios, por lo que la actora los envió.

La accionante afirmó que para la fecha de presentación de la tutela no había recibido
respuesta de fondo por parte de la entidad accionada.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que la dilación prolongada y la falta de decisión por parte de la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial frente a su petición, que sustentó en
razones de salud, vulnera sus derechos fundamentales a la salud, debido proceso
administrativo, derecho de petición y desconoció los principios de celeridad y eficacia.

5. Trámite procesal

Por auto del 13 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandado al presidente del Consejo
Superior de la Judicatura y a la directora de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial.

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó la
notificación correspondiente, por correos electrónicos enviados el 19 de mayo de 2026.

6. Intervenciones

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, a través de la directora de la Unidad, solicitó que se declarara la carencia actual
de objeto por hecho superado, toda vez que mediante oficio CJO26-2156 de 7 de mayo
de 2026 dio respuesta de fondo a la solicitud elevada por la actora el 4 de febrero de
2026. Al respecto, señaló que, de acuerdo a sus competencias, emitió concepto
favorable de traslado, respuesta que le notificó a la accionante al correo que suministró
para tal fin y que corresponde a amoreec@yahoo.es.

Además, precisó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo
PCSJA25-12352 del 26 de noviembre de 2025, los conceptos favorables deben remitirse
al respectivo Consejo Seccional, por lo que mediante oficio CJO26-2228 de 11 de mayo
de 2026 envió al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño el concepto favorable de
traslado para el correspondiente trámite ante la autoridad nominadora, con copia a la
peticionaria.

Señaló que, al haberse proferido una respuesta clara, expresa y congruente frente a la
petición de la accionante, en particular con concepto favorable de traslado de salud para
la sede solicitada, no subsiste vulneración alguna del derecho fundamental invocado, por
lo que afirmó que la acción de tutela perdió su objeto al encontrarse satisfecho el núcleo
esencial del derecho de petición y en esa medida se configuró hecho superado.

La accionante, mediante correo electrónico enviado el 19 de mayo de 2026 a la
Secretaría General de esta Corporación, señaló que ya le habían informado sobre el
trámite realizado y, por lo tanto, desistía de la acción; no obstante, en esa misma data
envió otro correo en el que solicitó hacer caso omiso al desistimiento de la acción de
tutela y solicitó << se vincule a la seccional Nariño, toda vez que el concepto favorable
de traslado ya fue notificado.>>

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Demandante: Ruth Estela España Castillo

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Ruth Estela España Castillo para proteger su derecho fundamental de petición
presuntamente vulnerado por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial por no
dar respuesta clara, precisa, congruente y de fondo a la petición de traslado por razones
de salud que radicó el 4 de febrero de 2026.

La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
comoquiera que, dentro del trámite de la acción de tutela, la Unidad de Administración
de Carrera Judicial respondió de fondo, clara, congruente e integral a la petición de
traslado por razones de salud que elevó la accionante el 4 de febrero de 2026 al emitir
concepto favorable de traslado.

De otra parte, no se estudiará la solicitud de la demandante relacionada con el
desistimiento de la acción porque pidió hacer caso omiso de la misma y tampoco se
estudiará la solicitud de vinculación del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño
porque ello implicaría una modificación en la causa petendi, pues el objeto primigenio de
la tutela era que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial se pronunciara frente
a su solicitud, lo que ya hizo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) derecho fundamental de petición, (iii) la carencia
actual de objeto, (iv) análisis del caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que
sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de
los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

3. Derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es fundamental
y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a
obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.

El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.
El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable
al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de competencia

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Demandante: Ruth Estela España Castillo

para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el
destinatario quede exento de pronunciarse.

El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.

4. Carencia de objeto

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes».

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte2 ha establecido que la carencia actual de objeto
puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias distintas: el
hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente. En lo que aquí interesa,
el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que generaba la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

5. Análisis del caso concreto

En el presente asunto, la señora Ruth Estela España Castillo, a través del aplicativo
CARDJUD, el 4 de febrero de 2026, elevó ante la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial una solicitud de traslado por razones de salud del Juzgado 014 Civil del Circuito
de Cali al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pasto, cuyo motivo obedeció a
<<problemas de salud mental que requieren del acompañamiento familiar, situación que
se complica porque su núcleo familiar está asentado en la ciudad de Pasto.>>

Mediante oficio CJO26-2156 de 7 de mayo de 2026, dirigido al Juez Quinto Civil del
Circuito de Pasto y remitido al correo de la accionante el 11 de mayo de 2026, la directora
de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial emitió concepto favorable de
traslado por razones de salud de la señora Ruth Estela España Castillo como asistente
judicial grado 06 del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali para el Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Pasto. Al respecto, señaló:

<<En relación con el documento que acredita el estado de salud de la servidora judicial, se verifica que
fue expedido por la EPS a la cual se encuentra afiliada y contiene una recomendación que permite
concluir la necesidad de su traslado por razones de salud a la ciudad de Pasto (Nariño), ante la
imposibilidad de continuar desempeñando el cargo del cual es titular, en los términos exigidos por el
artículo 9 del Acuerdo PCSJA25-12352 de 2025.

En consecuencia, al cumplirse los presupuestos fijados para la procedencia del traslado por razones
salud para el cargo de asistente judicial grado 06 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pasto (Nariño),
esta Unidad emite concepto favorable de traslado.

La determinación sobre la solicitud de traslado debe adoptarse por el respectivo nominador dentro del
término señalado en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 69 de la Ley 2430
de 2024, y su negativa sólo puede motivarse en razones objetivas, en los términos señalados por la
Corte Constitucional en sentencias C-134 de 2023, C-295 de 2002 y T-488 de 2004.

2 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03364-00
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En firme la decisión del traslado, de acogerse, debe reportarse de manera inmediata al Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño, a fin de que realicen las anotaciones y controles correspondientes
en el Registro Seccional de Escalafón.>>

A través de oficio CJO26-2228 de 11 de mayo de 2026, la directora de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial remitió al presidente del Consejo Seccional de
Nariño, el concepto de traslado por razones de salud de la señora Ruth Estella España
Castillo CJO26-2156, en el que le solicitó informar de manera inmediata acerca del
trámite y decisión que adopte el nominador. Así:

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, durante el trámite de este asunto
constitucional, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial dio respuesta de fondo,
clara y congruente a la petición de traslado por razones de salud al Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Pasto que elevó la accionante el 4 de febrero de 2026, al haber emitido
concepto favorable de traslado, respuesta que la accionante manifestó conocer en el
memorial que presentó el 19 de mayo de 2026 a la Secretaría General de esta
Corporación, además, se verificó que el mismo fue notificado al Juez Quinto Civil del
Circuito de Pasto y al correo electrónico de la accionante y remitido al Consejo Seccional
de la Judicatura de Nariño para el trámite correspondiente.

Dicho lo anterior, la Sala encuentra que las respuestas dadas por la entidad accionada
ponen fin a lo que motivó la presentación de la acción de tutela e imponen declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado.

Pese a lo anterior, llama la atención de la Sala que la petición de traslado que elevó la
accionante data del 4 de febrero de 2026 y solo hasta el 9 de abril de 2026 le fueron
requeridos documentos y el 11 de mayo y con ocasión de la acción de tutela, se remitió
a la actora el concepto favorable de traslado, pese a que la solicitud obedecía a razones
de salud3, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del
Decreto 2591 de 1991, se prevendrá a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en la omisión que dio origen a la
presente acción de tutela.

3 Regulado en el Acuerdo PCSJA25-12352 de 2025.

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Demandante: Ruth Estela España Castillo

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

2. Prevenir a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial para que, en lo
sucesivo, se abstenga de incurrir en la omisión que dio origen a la presente acción
de tutela.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador4

4 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la Ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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