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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03408-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03408-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03408-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03408-00
Accionante: JUAN PABLO BONILLA MALAVER
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 6 de mayo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Juan Pablo Bonilla Malaver, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, junto con
los principios de legalidad y proporcionalidad.

2. Le atribuye la transgresión de sus garantías constitucionales a la sentencia

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Asimismo, se
dispuso la vinculación del Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, así como de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1
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Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03408-00

del 22 de agosto de 2014, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó
el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-
026-2012-00063-01, para en su lugar, negarlas.

3. En concreto, solicitó lo siguiente:

1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo,
vulnerados por la providencia proferida por la Magistrada Amparo Oviedo Pinto.

2. Como consecuencia, dejar sin efecto la mencionada providencia judicial, así
como la Resolución No. 00408 del 15 de febrero de 2012 expedida por la Dirección
General de la Policía Nacional.

3. Ordenar a la autoridad competente que disponga mi reintegro inmediato al
servicio activo de la Policía Nacional, en el mismo cargo y grado que ocupaba
antes de mi retiro, o en otro de igual o superior categoría y remuneración.

4. Ordenar el pago de los salarios, prestaciones sociales, primas, bonificaciones y
demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de mi retiro hasta la fecha
de mi reintegro, con la correspondiente indexación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

5. Ordenar que el tiempo durante el cual estuve separado del servicio se considere
como tiempo efectivo de servicio para todos los efectos legales, incluidos los
relativos a la pensión, cesantías y carrera administrativa.

1.2. Hechos

4. El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 00408 del 15 de
febrero de 2012, por medio de la cual fue separado del servicio activo como
miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. En dicha oportunidad, solicitó
su reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía y el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación hasta el reintegro
efectivo.

5. El Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá
dictó sentencia de primera instancia el 24 de enero de 2014, en la que accedió a
las pretensiones. Al respecto «concluyó que el [d]irector de la Policía debió dar
aplicación al artículo 68 del decreto 1791 de 2000, y proceder al retiro temporal
del demandante, toda vez que, se encuentra probado que fue condenado por el
delito de lesiones personales en la modalidad dolosa, pero se le otorgó el
subrogado penal de ejecución condicional».

6. La anterior decisión fue apelada por la parte demandada. La alzada se
resolvió por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en providencia del 22 de agosto de 2014.

7. El ad quem revocó el fallo de primer grado, al considerar que no era

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aplicable la figura de suspensión temporal dispuesta en el artículo 68 del Decreto
1791 de 20003, toda vez que el actor fue condenado a la pena privativa de 1 año
y 4 meses, aunque haya sido favorecido por un subrogado penal.

1.3. Sustento de la vulneración

8. La parte accionante afirmó que la autoridad judicial accionada interpretó
de forma errónea el artículo 68 del Decreto 1791 de 2000, el cual sí regula «el
caso de quienes reciben el beneficio de ejecución condicional de la pena», con
lo cual también incurrió en «error jurídico manifiesto» y en falsa motivación.

9. Asimismo, aludió que se desconoció el precedente del Consejo de Estado
dispuesto «en los expedientes de Armando Baquero, Julio Hernando Castillo,
José Torres, Carlos Enrique Moreno Rubio y José Leonardo González Escobar»,
en los que se aclaró que la separación del servicio policial debe ser temporal si
al condenado se le otorga el subrogado penal de ejecución condicional, razón por
la que también se «incumplió el principio de motivación suficiente» porque el
Tribunal omitió las razones por las que se aparta de la postura del órgano de
cierre.

10. Por último, señaló que la sanción administrativa a la que fue sometido, al
ser separado completamente de su cargo, «excede la gravedad de la medida
penal».

1.4. Intervenciones

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C solicitó que se declare la improcedencia de la acción porque se
excedió el término de la inmediatez. En todo caso, aclaró que no violó garantías
constitucionales ni incurrió en arbitrariedad, por lo que pidió de forma subsidiaria
que se nieguen las pretensiones.

12. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional precisó que la
tutela fue diseñada para proteger derechos fundamentales ante la inminencia de
un perjuicio irremediable, lo cual no se alegó o presentó en esta oportunidad. Por
ende, pidió negar las súplicas de la demanda.

3
ARTICULO 68. SEPARACIÓN POR SENTENCIA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL. Al
personal que se le hubiere concedido el subrogado penal de condena de ejecución condicional,
se le separará en forma temporal, por un lapso igual al tiempo físico de la condena.
Igualmente será separado en forma temporal el personal al que se le hubiere impuesto como
sanción accesoria por la comisión de delitos culposos la interdicción de derechos y funciones
públicas, por el tiempo que determine la sentencia.

3
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II. CONSIDERACIONES

13. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
satisfacer el requisito de la inmediatez, como pasa a exponerse.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

14. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

15. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

16. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

17. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
7
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
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18. La Sala advierte que Juan Pablo Bonilla Malaver está legitimado en la
causa por activa, por ser quien promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que se dictó la sentencia que cuestiona por
este medio.

19. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, se encuentra legitimado en la
causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión controvertida.

20. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable8, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo9.

21. De acuerdo con lo anterior, esta Sección10 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

22. No obstante, se debe analizar en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.

23. En el sub judice, se cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C el 22 de
agosto de 2014, que fue notificada el 27 de agosto de 2014, mediante la acción
de tutela de la referencia que se radicó el 4 de mayo de 2026.

24. Es decir que, entre la fecha en la que el actor tuvo conocimiento de la
sentencia enjuiciada y la interposición del mecanismo de amparo transcurrieron
más de 10 años, sin que en el escrito de tutela haya expuesto las razones por las
que acudió tanto tiempo después de la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a pedir la intervención del juez de tutela.

8
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
10
Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

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Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03408-00

25. En ese sentido, la Sala declarará la improcedencia del mecanismo de
amparo por no encontrar satisfecho el requisito de procedibilidad de la
inmediatez, teniendo en cuenta que el accionante tardó más de 10 años en
cuestionar la sentencia de la que deriva la presunta vulneración iusfundamental
que debate por esta vía, sin que medien supuestos que le hayan impedido acudir
dentro de la oportunidad que la jurisprudencia ha considerado oportuna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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