Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03408-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03408-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03408 01
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección C
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con
el requisito de inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 21 de mayo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Juan Pablo Bonilla Malaver, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra de la providencia dictada el 22 de agosto de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y para ello formuló
las siguientes pretensiones1:
1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
trabajo, vulnerados por la providencia proferida por la Magistrada Amparo Oviedo
Pinto.
2. Como consecuencia, dejar sin efecto la mencionada providencia judicial, así
como la Resolución No. 00408 del 15 de febrero de 2012 expedida por la Dirección
General de la Policía Nacional.
3. Ordenar a la autoridad competente que disponga mi reintegro inmediato al
servicio activo de la Policía Nacional, en el mismo cargo y grado que ocupaba
antes de mi retiro, o en otro de igual o superior categoría y remuneración.
4. Ordenar el pago de los salarios, prestaciones sociales, primas, bonificaciones y
demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de mi retiro hasta la fecha
de mi reintegro, con la correspondiente indexación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
5. Ordenar que el tiempo durante el cual estuve separado del servicio se considere
como tiempo efectivo de servicio para todos los efectos legales, incluidos los
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03408 00.
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Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
relativos a la pensión, cesantías y carrera administrativa. [Negrillas del escrito de
tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante manifestó que ingresó a la Policía Nacional el 6 de junio de 1996 en el
grado de Patrullero y que durante más de diecisiete años de servicio no registró
antecedentes disciplinarios o penales, recibiendo distintos reconocimientos por su
desempeño institucional.
Indicó que el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 17 de febrero de 2011,
lo condenó por el delito de lesiones personales dolosas a la pena de un (1) año y cuatro
(4) meses de prisión y le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena.
Señaló que dicha decisión quedó ejecutoriada el 7 de marzo de 2011 y que, en
consecuencia, no estuvo privado de la libertad.
Expuso que mediante la Resolución núm. 00408 del 15 de febrero de 2012, la Dirección
General de la Policía Nacional dispuso su separación absoluta del servicio con
fundamento en el artículo 66 del Decreto 1791 de 2000, pese a que, en su criterio,
resultaba aplicable el artículo 68 de la misma normativa, relativo a los eventos en que se
concede la ejecución condicional de la pena.
Conforme lo anterior, relató que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra dicho acto administrativo la cual correspondió por reparto al Juzgado
Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá que, mediante sentencia del 24 de enero
de 2014, accedió a las pretensiones y ordenó su reintegro. Sin embargo, la decisión fue
revocada por la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia del 22 de agosto de 2014, al considerar que el artículo
68 del Decreto 1791 de 2000 solo era aplicable a delitos culposos y que, para los delitos
dolosos, procedía la separación absoluta prevista en el artículo 66 ibidem.
Como fundamento de la solicitud de amparo, el accionante sostuvo que las providencias
cuestionadas incurrieron en defectos fáctico, por violación directa de la Constitución y por
desconocimiento del precedente judicial.
Señaló que la autoridad judicial accionada omitió aplicar el artículo 68 del Decreto 1791
de 2000 y se apartó injustificadamente de la jurisprudencia del Consejo de Estado que,
según afirmó, ha reconocido la procedencia de la separación temporal del servicio cuando
la condena penal se encuentra acompañada del beneficio de ejecución condicional.
Asimismo, alegó la vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso, al
considerar que recibió un trato distinto frente a otros miembros de la Policía Nacional que
se encontraban en situaciones fácticas y jurídicas similares, sin que existiera una
justificación objetiva y suficiente para ello.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3.1. La tutela fue radicada el 30 de abril de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Quinta de esta Corporación que, por auto del 6 de mayo de 20263 la admitió y dispuso
notificar4 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C;
asimismo, ordenó vincular a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al
Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, como terceros con interés directo en las resultas del
proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y al Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá para que
allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 11001 33 35 026 2012 00063 00/01.
3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
solicitó5 declarar la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de
inmediatez. No obstante, sostuvo que su actuación no vulneró derechos fundamentales
ni estuvo revestida de arbitrariedad; en consecuencia, de manera subsidiaria, pidió negar
las pretensiones.
3.3. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional allegó escrito6 en el que indicó
que la acción de tutela está orientada a la protección inmediata de derechos
fundamentales frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, situación que no fue
alegada ni demostrada en el presente caso. Por ello, solicitó desestimar las pretensiones
de la demanda.
3.4. El Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá allegó7
informe en el que señaló que las decisiones adoptadas en las distintas instancias se
fundamentaron en normas y precedentes jurisprudenciales aplicables al caso, y que
fueron debidamente notificadas a las partes. Asimismo, precisó que el proceso surtió la
segunda instancia y se dio cumplimiento a lo resuelto por el superior.
3.5. Los demás intervinientes guardaron silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de mayo de 20268,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de inmediatez.
Indicó que la providencia objeto de reproche fue proferida el 22 de agosto de 2014 y
notificada el 27 del mismo mes y año, mientras que la acción de tutela fue radicada el 4
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03408 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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4 Esta orden se cumplió el 7 de mayo de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03408 00.
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03408 01
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
de mayo de 2026. En consecuencia, transcurrieron más de diez años entre el momento
en que el actor tuvo conocimiento de la decisión cuestionada y la interposición del
mecanismo de amparo, sin que en el escrito de tutela se hayan expuesto razones que
justifiquen dicha demora para acudir ante el juez constitucional.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante la impugnó9 y solicitó su
revocatoria, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales invocados.
Sostuvo que el requisito de inmediatez no puede analizarse exclusivamente desde una
perspectiva temporal, sino a partir de la permanencia y actualidad de la presunta
vulneración. En ese sentido, afirmó que la afectación alegada no constituye un hecho
agotado, sino una situación cuyos efectos continúan produciéndose en el tiempo.
Indicó que su desvinculación laboral sigue generando consecuencias directas sobre sus
derechos fundamentales, debido a que no ha sido restablecida su situación jurídica ni se
ha dispuesto su reintegro o el reconocimiento de las prestaciones dejadas de percibir.
Asimismo, manifestó que al momento de su retiro contaba con más de diecisiete años de
servicio, por lo que la decisión cuestionada le impidió completar el tiempo requerido para
acceder a la asignación de retiro o a la pensión correspondiente, circunstancia que, en
su criterio, afecta de manera permanente sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la
seguridad social.
Finalmente, señaló que los efectos de dicha situación también se han extendido a su
núcleo familiar, particularmente respecto del acceso a los servicios de salud de su
cónyuge, razón por la cual considera que la vulneración alegada subsiste y requiere una
protección constitucional efectiva.
5.2. Por auto proferido el 3 de junio de 2026 se concedió la impugnación10 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 17 de junio de 202611.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
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Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03408 00.
10 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03408 00.
11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03408 01.
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03408 01
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
6.2.1. El señor Juan Pablo Bonilla Malaver, por conducto de apoderado judicial, promovió
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad
de la Resolución No. 00408 del 15 de febrero de 2012, mediante la cual fue retirado de
manera absoluta del servicio activo.
Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al
cargo que ocupaba o a otro de igual o superior jerarquía, así como el pago de la totalidad
de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de desvinculación.
6.2.2. La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Veintiséis Administrativo de
Oralidad de Bogotá, el cual, mediante sentencia del 24 de enero de 2014, accedió a las
pretensiones formuladas.
6.2.3. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C, mediante
sentencia del 22 de agosto de 2014, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
16 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 11001 33 35 026 2012 00063
00/01.
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Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros17.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición18.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia 19 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
17 Sentencia T-584 de 2011.
18 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
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Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
En el asunto bajo examen, el accionante cuestiona la providencia proferida el 22 de
agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, mediante las cuales se revocó la sentencia de primera instancia proferida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el proceso
identificado con el radicado núm. 11001 33 35 026 2012 00063 00/01.
En ese sentido, comoquiera que la providencia que puso fin al referido medio de control
fue notificada el 27 de agosto de 201420 a los correos electrónicos del accionante y al de
su apoderado en el proceso contencioso, y la presente acción de tutela fue radicada el
30 de abril de 202621, se desprende, tal como lo señaló a quo, que la solicitud de amparo
no cumple con el requisito general de inmediatez, dado que fue promovida luego de
transcurridos más de seis meses desde la notificación de la providencia cuestionada, sin
que se hubiese expuesto una justificación objetiva y razonable que explique la inactividad
del accionante durante dicho lapso.
Ahora bien, en el escrito de impugnación el accionante sostuvo que dicho requisito debía
flexibilizarse debido a que los efectos de su desvinculación de la Policía Nacional
continúan produciendo consecuencias negativas sobre sus derechos fundamentales,
particularmente en materia laboral, prestacional y de seguridad social, situación que,
según afirmó, también ha repercutido en su núcleo familiar, especialmente respecto del
acceso a los servicios de salud de su cónyuge.
Sin embargo, la Sala estima que tales circunstancias no resultan suficientes para justificar
la inactividad procesal observada durante más de una década. En efecto, la persistencia
de las consecuencias derivadas de una decisión judicial no releva al interesado de la
carga de acudir oportunamente al mecanismo constitucional, ni constituye, por sí sola,
una razón objetiva y razonable que explique la tardanza en la presentación de la solicitud
de amparo. A ello se suma que no se acreditó la existencia de una situación de debilidad
manifiesta ni de circunstancias excepcionales que impidieran al accionante ejercer
oportunamente los mecanismos de defensa a su alcance.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de inmediatez, por lo que se confirmará el fallo
proferido el 21 de mayo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
20 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
33 35 026 2012 00063 01.
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03 15 000 2026 03408 00.
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Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de julio
de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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