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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03431-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03431-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03431-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03431-00
Accionante: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Dirección Territorial de Salud
de Caldas contra el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través de apoderado, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso
a la administración de justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica,
cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de diciembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 17001-3333-002-2023-
00212-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
17001-3333-002-2023-00212-00/01 contra la Nación - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, el
Departamento de Caldas y la E.S.E. Hospital San Antonio de Manzanares con el fin
de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución núm. SUB 143101 de 18 de
junio de 2021 y, en consecuencia, se declarara que esa entidad no es la competente
para el pago de la cuota parte pensional causada por la señora Beatriz Elena

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03431-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

Calderón Botero, cuando laboró en la E.S.E. Hospital San Antonio de Manzanares,
del 7 de diciembre de 1988 al 7 de diciembre de 1989.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Manizales, autoridad judicial que, mediante providencia
de 27 de marzo de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones interpuso
recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal Administrativo de Caldas,
a través de providencia de 12 de diciembre de 2025, revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, resolvió “[…] DECLARAR probada de oficio la excepción de
falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, y
en consecuencia NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.

2.4. Consideró que la providencia mencionada supra vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la administración de
justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica por haber incurrido en
los defectos sustantivo, procedimental absoluto, desconocimiento del precedente
judicial y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.5. Como fundamento del defecto sustantivo indicó que el “[…] Tribunal reconoció la
naturaleza parafiscal de las cuotas partes pensionales y acto seguido concluyó que
el conflicto es "laboral y no tributario", introduciendo una distinción —entre la fase
de reconocimiento y la fase de cobro— que la norma no contempla, que la
jurisprudencia no avala y que suprime la exclusión legal, pues bajo esa lógica la
prohibición del artículo 90-1 nunca operaría en asuntos distintos al cobro coactivo,
haciéndola prácticamente inaplicable […]”.

2.6. Sobre el defecto procedimental absoluto adujo que “[…] El incumplimiento del
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial es, por expresa disposición
del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 y de la jurisprudencia constitucional uniforme,
una causal de inadmisión de la demanda de carácter subsanable. Es decir, de haber
advertido el Juzgado de primera instancia dicha falencia al momento de calificar la
demanda, la DTSC habría tenido la oportunidad de corregirla dentro del término
legal. Sin embargo, la demanda fue admitida sin reparo alguno sobre este punto; el
proceso surtió íntegramente todas sus etapas —contestación de la demanda,
período probatorio, alegatos de conclusión y sentencia de fondo—; y fue solo hasta
la sentencia definitiva de segunda instancia —instancia de cierre sin recurso
procedente— que el Tribunal declaró de oficio la excepción, privando a la DTSC de
toda oportunidad de pronunciarse, contradecir o subsanar. […]”.

2.7. Encuanto al desconocimiento del precedente judicial manifestó que “[…] la
providencia desconoce el precedente constitucional sobre la naturaleza tributaria de
las contribuciones parafiscales. La Corte Constitucional, en Sentencia C-040 de
1993 y C-711 de 2001, estableció de manera vinculante que las contribuciones
parafiscales son una especie del género tributario. Esta regla jurisprudencial es de
obligatorio acatamiento y su desconocimiento por parte del Tribunal —que

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03431-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

reconoció la naturaleza parafiscal de las cuotas partes pero negó su carácter
tributario— constituye una contradicción directa con el precedente constitucional
vigente […]”.

2.8. Sobre la violación directa de la Constitución indicó que “[…] Este defecto se
configura cuando la providencia judicial desconoce de forma específica preceptos
constitucionales, ya sea por inaplicación de derechos fundamentales o por omisión
en la interpretación de mandatos superiores. La sentencia cuestionada viola el
artículo 13, 29, 209, 229, 228 de la Constitución Política […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, al
DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURIDÍCA (sic) y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de mi representada, actualmente vulnerados
por la decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CE (sic) CALDAS, proferida
dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con
el radicado 17001-3333-002-2023-00212-01.

Como consecuencia de la anterior declaración, se concedan las siguientes
pretensiones en salvaguarda de los derechos fundamentales de la Dirección
Territorial de Salud de Caldas:

SEGUNDO: DEJAR sin efectos jurídicos la Sentencia nro. 212 proferida el 12
de diciembre de 2025 dentro del expediente radicado 17001-3333-002-2023-
00212-01 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas a que profiera una
nueva sentencia de segunda instancia resolviendo de fondo el recurso de
apelación interpuesto por Colpensiones y el Departamento de Caldas, sin
aplicación del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, en
atención a la naturaleza tributaria o parafiscal de las cuotas partes pensionales
[…]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 7 de mayo de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, al
Departamento de Caldas, a la E.S.E. Hospital San Antonio de Manzanares, a la
señora Beatriz Elena Calderón Botero y al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Manizales.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03431-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

5.1. El Tribunal Administrativo de Caldas señaló que la acción de tutela no puede
ser utilizada como un mecanismo para reabrir el debate ya agotado en una
providencia judicial, pues ello equivaldría a tramitar una tercera instancia no prevista
en la ley procesal. Indicó que tal proceder vulneraría los principios de seguridad
jurídica y cosa juzgada, pilares esenciales del ordenamiento jurídico.

5.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que el asunto carece de
relevancia constitucional exigida toda vez que, lo que se observa en el presente
asunto es “[…] un intento de replantear el debate jurídico ya agotado en sede
ordinaria, buscando que el juez constitucional sustituya el criterio interpretativo
adoptado por el juez natural. Tal pretensión excede claramente el ámbito
excepcional de la acción de tutela y desconoce que las diferencias hermenéuticas
o interpretativas entre las partes y el operador judicial no constituyen, por sí mismas,
violaciones de derechos fundamentales […]”.

5.3. La Unidad de Prestaciones Sociales del Departamento de Caldas solicitó
negar las pretensiones de la demanda, comoquiera que la sentencia del tribunal no
vulnera derecho fundamental alguno y se funda en la correcta aplicación de las
normas procesales vigentes.

5.4. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones solicitó que se
declare improcedente la presente acción de tutela por cuanto no se ha materializado
ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte del
Tribunal.

5.5. La E.S.E. Hospital San Antonio de Manzanares señaló que la acción de tutela
es improcedente en la medida en que la parte accionante pretende reabrir el debate
jurídico y probatorio ya decidido por el juez competente dentro del proceso ordinario,
desconociendo la autonomía e independencia judicial.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03431-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03431-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
8
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través de apoderado, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso
a la administración de justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica,
cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12 de diciembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 17001-3333-002-2023-
00212-00/01.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03431-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

13
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

16
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03431-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03431-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo de Caldas, vulneró
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la
administración de justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica, por
haber incurrido, presuntamente en los defectos sustantivo, procedimental absoluto,
desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de la
Constitución.

25. Como fundamento del defecto sustantivo indicó que el “[…] Tribunal reconoció la
naturaleza parafiscal de las cuotas partes pensionales y acto seguido concluyó que
el conflicto es "laboral y no tributario", introduciendo una distinción —entre la fase
de reconocimiento y la fase de cobro— que la norma no contempla, que la
jurisprudencia no avala y que suprime la exclusión legal, pues bajo esa lógica la
prohibición del artículo 90-1 nunca operaría en asuntos distintos al cobro coactivo,
haciéndola prácticamente inaplicable […]”.

26. Sobre el defecto procedimental absoluto adujo que “[…] El incumplimiento del
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial es, por expresa disposición
del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 y de la jurisprudencia constitucional uniforme,
una causal de inadmisión de la demanda de carácter subsanable. Es decir, de haber
advertido el Juzgado de primera instancia dicha falencia al momento de calificar la
demanda, la DTSC habría tenido la oportunidad de corregirla dentro del término
legal. Sin embargo, la demanda fue admitida sin reparo alguno sobre este punto; el
proceso surtió íntegramente todas sus etapas —contestación de la demanda,
período probatorio, alegatos de conclusión y sentencia de fondo—; y fue solo hasta
la sentencia definitiva de segunda instancia —instancia de cierre sin recurso
procedente— que el Tribunal declaró de oficio la excepción, privando a la DTSC de
toda oportunidad de pronunciarse, contradecir o subsanar. […]”.

27. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial manifestó “[…] la
providencia desconoce el precedente constitucional sobre la naturaleza tributaria de
las contribuciones parafiscales. La Corte Constitucional, en Sentencia C-040 de
1993 y C-711 de 2001, estableció de manera vinculante que las contribuciones
parafiscales son una especie del género tributario. Esta regla jurisprudencial es de

18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

obligatorio acatamiento y su desconocimiento por parte del Tribunal —que
reconoció la naturaleza parafiscal de las cuotas partes pero negó su carácter
tributario— constituye una contradicción directa con el precedente constitucional
vigente […]”.

28. Sobre la causal de violación directa de la Constitución indicó que “[…] Este
defecto se configura cuando la providencia judicial desconoce de forma específica
preceptos constitucionales, ya sea por inaplicación de derechos fundamentales o
por omisión en la interpretación de mandatos superiores. La sentencia cuestionada
viola el artículo 13, 29, 209, 229, 228 de la Constitución Política […]”.

29. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

31. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal Administrativo de
Caldas, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, resolvió “[…]
DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad, y en consecuencia NEGAR las
pretensiones de la demanda […]”..

32. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Caldas en la providencia cuestionada:

“[…] En el caso en concreto, se observa que la demanda fue presentada el 22
de junio de 2023, esto es, en vigencia de la Ley 2220 de 2022, la cual entró en
vigor seis meses a partir del 30 de junio de 2022 fecha de su expedición, esto
es, a partir del 30 de diciembre de 2022.

Igualmente se observa que, tanto la parte demandante Dirección Territorial de
Salud de Caldas, como la demandada Administradora Colombiana de
Pensiones Colpensiones, Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público),
Departamento de Caldas y ESE Hospital San Antonio de Manzanares, son
entidades públicas de conformidad con el artículo 104 del CPACA.

De lo anterior se concluye que al presente asunto le son aplicables los preceptos
consagrados en la Ley 2220 de 2022, por cuanto, se trata una ley especial que

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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

regula aspectos puntuales concernientes a la figura jurídica de la conciliación y
porque empezó a regir con anterioridad a la radicación de la demanda.

[…]

En ese sentido, contrario a lo afirmado por la parte demandante, al presente
asunto no le es aplicable lo consagrado en los artículos 613 del Código General
del Proceso que prevén que “cuando quien demande sea una entidad pública”
no le es exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito
de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues, como se advierte, dichos preceptos solo regulan lo relativo
al hecho en el que la demandante sea una entidad pública, pero, no
contemplaron la hipótesis en que ambas partes sean entidades públicas,
aspecto que fue regulado puntual y específicamente en la Ley 2220 de 2022.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la demandante pretende se declare
la nulidad parcial del acto administrativo que reconoció una pensión de vejez a
favor de la señora Beatriz Elena Calderón Botero, respecto de la asignación de
una cuota parte pensional a cargo de la DTSC correspondiente al 3,36% de la
pensión por 361 días laborados en la ESE Hospital San Antonio de Manzanares.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho solicita que se
ordenen a Colpensiones redistribuir la cuota parte pensional causada
excluyendo a la DTSC y condenar a la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito
Público) y al Departamento de Caldas a reintegrar los emolumentos
debidamente indexados que por concepto de cuotas partes pensionales se
hubieren llegado a cancelar.

Así mismo, se aclara que, si bien hay pretensiones orientadas a cuestionar la
legalidad parcial de actos administrativos que no son susceptibles de
conciliación, en tanto su definición corresponde de manera exclusiva a esta
jurisdicción; ello no sucede con las solicitudes formuladas a título de
restablecimiento del derecho.

Esto implica reconocer que si bien la legalidad no se concilia, sino los efectos
económicos de los actos administrativos, la consecuencia de la conciliación es
entender revocado el acto administrativo objeto de censura.

Y este asunto, conforme a lo expuesto, contienen derechos de naturaleza
patrimonial y económica que pueden ser objeto de disposición por las partes, y
se alega una de las causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011,
específicamente “Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política
o a la ley”; por lo que se hace exigible la conciliación extrajudicial.

Bajo este entendido, se determina que las pretensiones de restablecimiento del
derecho formuladas en el presente medio de control no corresponden a
derechos ciertos e indiscutibles, sino que se inscriben dentro de aquellos
susceptibles de conciliación. En particular, en los casos donde se debate la
asignación de cuotas partes pensionales y la devolución de lo cancelado, lo que
constituye un derecho de naturaleza patrimonial que puede ser objeto de
transacción, dado que la discusión no recae sobre la existencia del derecho
pensional de la señora Beatriz Elena Calderón Botero, sino sobre la legalidad
de la asignación de la cuota parte pensional a la DTSC y, como consecuencia,
la cesación en el pago y la devolución de lo cancelado.

[…]

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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

De igual forma, se advierte que si bien, las cuotas partes pensionales son
contribuciones parafiscales, en este caso se debate su asignación en el proceso
de reconocimiento pensional y no el proceso de cobro coactivo, por lo que
corresponde a un conflicto en material laboral y no tributario; por lo que tampoco
se podría considerar que el caso se encuentra excluido de la conciliación
extrajudicial de conformidad con el artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 y el
artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015 […]”.

[…]

Por lo tanto, ante el incumplimiento del requisito de procedibilidad correspondía
a la Jueza de primera instancia adoptar una decisión ajustada al ordenamiento
jurídico, pues si bien es cierto, la demanda se admitió acogiendo las
manifestaciones de la demandante, no lo es menos que aquella actuación, que
permitió avanzar en las diferentes etapas procesales, en modo alguno impedía
que al desatar el problema jurídico, se evaluara nuevamente, máxime si se tiene
en cuenta que de conformidad con el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011,
agotada cada etapa del proceso, el juez debe ejercer el control de legalidad y
que, en términos del artículo 187 de la misma normativa, «en la sentencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador
encuentre probada».

Precisado este punto, la decisión adoptada no debió ser la de acceder a las
pretensiones de la demanda. Lo primero, porque acceder o no a lo pretendido
implica el estudio de fondo del concepto de violación, lo que no sería posible en
el escenario procesal ya descrito; lo segundo, porque la sentencia es por
excelencia la providencia que, al resolver los extremos de la litis, pone fin a la
actuación.

Llegados al momento de proferir el fallo, lo que corresponde a la realidad
procesal es que se encontró probada la excepción de falta de agotamiento de
la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, y es de aquellas
que el juez debe declarar de encontrar acreditada, según el inciso segundo del
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.

33. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

34. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20.

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibidem

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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas

35. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.

36. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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