República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03431-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03431-01 (8666)
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: conciliación extrajudicial. Subtema 3:
acto administrativo que designa responsables en el pago de la cuota parte
pensional. Subtema 4: defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la Dirección Territorial de Salud de Caldas contra la
sentencia del 4 de junio de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera.
1. Síntesis del caso
La Dirección Territorial de Salud de Caldas, por conducto de apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad
con el principio de seguridad jurídica, que consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia del 12 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 17001-33-33-002-2023-00212-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03431-01 (8666)
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
2.
La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, mediante
Resolución núm. SUB143101 del 18 de junio de 2021, asignó a la Dirección
Territorial de Salud de Caldas una cuota parte pensional del 3.36% de la pensión
de la señora Beatriz Elena Calderón Botero, correspondiente a 361 días laborados
en la ESE Hospital San Antonio de Manzanares del departamento Caldas, entre el
7 de diciembre de 1988 y el 7 de diciembre de 1989.
3.
La Dirección Territorial de Salud de Caldas presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de que se dejara sin
efecto la referida resolución y, en consecuencia, se ordenara a la entidad
demandada a redistribuir la cuota parte y condenar al departamento de Caldas y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a que reintegren en la proporción que les
corresponda las sumas pagadas por la demandante en atención al acto
administrativo demandado, junto con sus respectiva indexación.
4.
El Juzgado Segundo Administrativo de Manizales, mediante sentencia del 27
de marzo de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que la
señora Beatriz Elena Calderón Botero laboró en el Hospital San Antonio de
Manzanares entre el 7 de diciembre de 1988 y el 7 de diciembre de 1989 y, según,
el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, el pago del pasivo pensional generado en
instituciones públicas del sector salud hasta finalizar 1993 se encontraba a cargo de
las entidades territoriales y del Ministerio de Hacienda, las cuales deben suscribir
un contrato de concurrencia.
5.
La parte demandada, inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de
apelación.
6.
El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de providencia del 12 de
diciembre de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró de
oficio la excepción de falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad, previo a la demanda promovida por la Dirección
Territorial de Salud de Caldas, de conformidad con el artículo 187 del CPACA.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, al DEBIDO
PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA de mi representada, actualmente vulnerados por la decisión del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS, proferida dentro del Proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho identificado con el radicado 17001-3333-002-2023-
00212-01.
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00, índice 2, certificado núm. F5B21B329EAFCDBA 5A883E6830F28B47
0E02C0F1AF92695A 32A6C6B108D0998B.
2
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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Como consecuencia de la anterior declaración, se concedan las siguientes
pretensiones en salvaguarda de los derechos fundamentales de la Dirección Territorial
de Salud de Caldas:
SEGUNDO: DEJAR sin efectos jurídicos la Sentencia nro. 212 proferida el 12 de
diciembre de 2025 dentro del expediente radicado 17001-3333-002-2023-00212-01 por
el Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas a que profiera una nueva
sentencia de segunda instancia resolviendo de fondo el recurso de apelación
interpuesto por Colpensiones y el Departamento de Caldas, sin aplicación del requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial, en atención a la naturaleza tributaria o
parafiscal de las cuotas partes pensionales. […]2.
8.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que la
providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, porque dejó de aplicar el
numeral 1 del artículo 90 de la Ley 2220 de 2022, el cual establece que no son
susceptibles de conciliación los asuntos «que versen sobre conflictos de naturaleza
tributaria», como es el «cobro de cuotas partes pensionales».
9.
Asimismo, expuso que el Tribunal reconoció la naturaleza parafiscal de las
cuotas partes pensionales, pero, concluyó que el conflicto era «laboral y no
tributario», con lo cual introdujo una distinción entre la fase de reconocimiento y la
fase de cobro que no está prevista en la norma, carece de respaldo jurisprudencial
y desconoce la exclusión legal aplicable. Indicó que, bajo esa lógica, la prohibición
contenida en el numeral 1 del artículo 90 resultaría prácticamente inaplicable a
cualquier asunto distinto del cobro coactivo, pues su operatividad quedaría limitada
únicamente a esa etapa, en contravía del alcance normativo de la disposición.
10.
Por otro lado, advirtió que la providencia cuestionada incurrió en defecto
procedimental, debido a que se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo
frente a sus pretensiones, con fundamento en la exigencia de un requisito de
procedibilidad, en una etapa definitiva de la actuación judicial.
11.
En este sentido, explicó que el incumplimiento del requisito de la conciliación
extrajudicial constituye, por expresa disposición del artículo 92 de la Ley 2220 de
2022, una causal de inadmisión de la demanda. Por ello, de haber advertido dicha
falencia al momento de calificar el libelo, el juzgado de primera instancia debió
conceder a la demandante la oportunidad legal para subsanarla. Sin embargo, la
demanda fue admitida sin reparo alguno y el proceso se surtió en su integridad hasta
obtener una decisión de fondo. Solo en la segunda instancia el Tribunal declaró de
oficio la excepción y privó a la accionante de la posibilidad de ejercer su derecho de
defensa frente a la irregularidad invocada y de adoptar las medidas necesarias para
su eventual subsanación.
12.
De igual manera, alegó que la decisión acusada desconoció el precedente
constitucional sobre la naturaleza tributaria de las contribuciones parafiscales.
Resaltó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-040 de 1993 y C-711 de 2001,
2
Se transcribe incluso con errores
3
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estableció de manera vinculante que las contribuciones parafiscales son una
especie del género tributario. Esta regla jurisprudencial es de obligatorio
acatamiento y su inadvertencia constituye una contradicción directa con del criterio
vigente.
13.
Finalmente, expuso que la sentencia objeto de tutela incurrió en el defecto de
violación directa de la Constitución, por cuanto transgredió preceptos superiores
contenidos en los artículos 13, 29, 209, 228 y 229 de la Carta Política.
2.3. Trámite procesal
14.
El despacho ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
auto del 7 de mayo de 20263, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación
al Tribunal Administrativo de Caldas, en su condición de autoridad accionada y,
puso en conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, al
departamento de Caldas, a la ESE Hospital San Antonio de Manzanares, a la señora
Beatriz Elena Claderon Botero y al Juzgado Segundo Administrativo de Manizales,
en calidad de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
15.
El Tribunal Administrativo de Caldas4 manifestó que la acción de tutela no puede
emplearse como un mecanismo alternativo para reabrir un debate jurídico que ya
se agotó ante las autoridades naturales competentes, pues ello equivaldría a
tramitar una tercera instancia, cuyo trámite no está previsto en el ordenamiento
jurídico procesal. Indicó que acceder a lo pretendido por la accionante vulneraría los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. En consecuencia, solicitó que se
declare improcedente la tutela.
16.
La Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público5 afirmó que la solicitud de
amparo es improcedente porque no cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción constitucional contra providencia judicial.
17.
Explicó que el asunto carece de relevancia constitucional, por cuanto la parte
actora intenta «[…] replantear el debate jurídico ya agotado en sede ordinaria,
buscando que el juez constitucional sustituya el criterio interpretativo adoptado por
el juez natural. Tal pretensión excede claramente el ámbito excepcional de la acción
de tutela y desconoce que las diferencias hermenéuticas o interpretativas entre las
partes y el operador judicial no constituyen, por sí mismas, violaciones de derechos
fundamentales […]».
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00, índice 5, certificado núm.46D9692853BBE6F2 541DD8718F37375E
30501A3AB2B23267 80C0622947BEF225.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00, índice 18, certificado núm. 2FDD76D6C1C791DB EE669660C4D609C6
1AD081763E86F9C4 C17F05DC4A1FB744.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00, índice 12, certificado núm. 9CED40F525B7FF6E FDE70B065B0B12D4
4F04C1BE6D65C740 0DD6E296AFCB838F.
4
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18.
Subsidiariamente pidió que se niegue el amparo de tutela, debido a que no se
configura una acción u omisión de la autoridad judicial que constituya vulneración
alguna de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante.
19.
El Juzgado Segundo Administrativo de Manizales6 remitió, a esta corporación,
el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
20.
La Unidad de Prestaciones Sociales del departamento de Caldas7 solicitó que
se nieguen las pretensiones de la tutela, por cuanto la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas no vulneró los derechos fundamentales de la accionante
y se basó en una correcta aplicación de las normas procesales vigentes.
21.
La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones8, solicitó que se
declare improcedente la solicitud de amparo, porque no se ha materializado ninguna
irregularidad, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial accionada, en la medida en que su decisión se encuentra ajustada
a derecho.
22.
La ESE Hospital San Antonio de Manzanares9 indicó que la acción de tutela es
improcedente en la medida en que la parte accionante pretende reabrir el debate
jurídico y probatorio, que ya fue expuesto y decidido por el juez natural dentro del
proceso ordinario, lo cual desconoce la autonomía e independencia de la autoridad
judicial accionada.
2.5. Sentencia de primera instancia
23.
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 4 de junio de
202610, declaró improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
24.
Al respecto, indicó que, si bien la parte accionante alegó la vulneración de sus
derechos fundamentales, lo cierto es que no acreditó que la providencia censurada
hubiese incurrido en una arbitrariedad judicial, pues el motivo de su inconformidad
se centró en el hecho de que el Tribunal Administrativo de Caldas revocó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, resolvió «[…] DECLARAR probada de oficio la
excepción de falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad, y en consecuencia NEGAR las pretensiones de la demanda […]».
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00 índice 13, certificado núm. 0E555642D5A42F0D AF93EABE219394F8
14C2A30CA84F9175 6F96A9D717398467.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00 índice 19, certificado núm. AE86B8197A6F807F D46BB664A22BAC68
E6C68F63EB02BEB9 515F30E09D005824.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00 índice 21, certificado núm. D85541034C4013E4 747E9EAF38221956
CEC2EC891EC3971E CF237B8215526469.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00 índice 22, certificado núm. 52C2BA75C71FAB49 65BA4FB77B0F1E7B
1F6577697CE9583C 15A4B0DACA27C0F0.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00 índice 24, certificado núm. 0A2C120CD559F4F5 EFB895A3A4470981
4DE4B62789C8AC97 01889076124843E4.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03431-01 (8666)
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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
25.
Mencionó que el asunto planteado en esta sede constitucional fue analizado por
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo de forma razonable y coherente. De
manera, que la decisión cuestionada no permitía advertir la existencia de alguna
arbitrariedad ni el desconocimiento de los derechos fundamentales de la parte
accionante durante el trámite judicial. En consecuencia, la providencia judicial se
dictó dentro de los parámetros de legalidad y respeto por el debido proceso.
2.6. Impugnación
26.
La parte actora presentó impugnación11 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Primera. En su escrito, indicó que el asunto planteado en la tutela
tiene relevancia constitucional, porque no cuenta con recursos ordinarios o
extraordinarios para cuestionar la sentencia del Tribunal accionado. Además, el
asunto trasciende el interés particular de la accionante, pues la autoridad judicial
aplicó criterios contradictorios en casos idénticos, con respecto a las controversias
relacionadas con cuotas partes pensionales y la exigencia del instrumento de la
conciliación extrajudicial, lo cual requiere la intervención del juez constitucional.
27.
En este sentido, refirió que la providencia impugnada omitió efectuar un estudio
de fondo de las causales de procedibilidad alegadas en la solicitud de amparo y, en
consecuencia, dejó de pronunciarse sobre las circunstancias jurídicas que se
presentaron en el proceso ordinario y, que derivaron en la vulneración de sus
derechos fundamentales.
28.
Resaltó que el Tribunal actuó de manera arbitraria al exigir la conciliación
prejudicial en un asunto en el que la ley la prohíbe expresamente en ejercicio de
este mecanismo de resolución de conflictos. Las cuotas partes pensionales son
contribuciones parafiscales que están excluidas del trámite conciliatorio por el
artículo 90 de la Ley 2220 de 2022. Pese a ello, la autoridad judicial desestimó sus
pretensiones y se abstuvo de resolver de fondo el litigio. Esto no puede considerarse
como una actuación razonable sino como una decisión sin sustento normativo que
limitó injustificadamente el debate judicial.
29.
Agregó que la sentencia impugnada validó la tesis del Tribunal, sin realizar el
análisis constitucional exigido, pues aceptó la exigencia de conciliación e ignoró que
la parafiscalidad es una categoría tributaria y, por tanto, está cobijada por la
prohibición legal de ejercer el requisito de procedibilidad.
30.
Sostuvo que el juez de tutela de primera instancia omitió verificar si el asunto
propuesto en la demanda ordinaria era conciliable conforme el artículo 92 de la Ley
2220 de 2022. Al no hacerlo, terminó reconociendo una interpretación contraria al
tenor literal de la ley.
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00, índice 28, certificado núm. E0D7AD1C857386E8 D711684892979CA2
260113C82343F072 E16C6486D58DBC9A.
6
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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
31.
En este sentido, consideró que es necesario que el juez de tutela corrija la
vulneración que afectó sus derechos fundamentales y establezca una regla clara
que elimine la incertidumbre jurídica y garantice un tratamiento uniforme en casos
de naturaleza similar.
32.
Por lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
33.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 4 de
junio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
34.
La legitimación en la causa por activa de la Dirección Territorial de Salud de
Caldas está acreditada, porque fue la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
35.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Caldas, debido a que fue la autoridad que profirió la providencia,
objeto de estudio.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
36.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional13.
37.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7
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iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
38.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales14 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
39.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución15.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
40.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional16 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
41.
Así pues, contrario a lo que determinó la Sección Primera del Consejo de Estado
en la sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión que se discute
reviste relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados en el
fallo del 4 de junio de 2026 los defectos alegados en el escrito de tutela, quedaría
acreditado en el proceso ordinario que la existencia de una irregularidad procesal
que implicaría estudiar de fondo los argumentos y pretensiones expuestos por la
Dirección Territorial de Caldas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, relacionadas con la competencia para asumir el pago de la cuota parte
pensional que le asignó Colpensiones.
42.
En ese escenario, la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que revocó
la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda
comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo amparo se acudió
a esta acción constitucional.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8
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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
43.
Adicionalmente, la presente acción constitucional supera el requisito de
subsidiariedad, porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios
y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó
las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
44.
También se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, toda vez que la
sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, fue notificada el 15 de dicho mes y año17, y la demanda de tutela se presentó
el 5 de mayo de 202618, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.
45.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.
46.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
47.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación con los defectos sustantivo, procedimental,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
3.4. Problema jurídico
48.
La Sala debe determinar lo siguiente: ¿El Tribunal Administrativo de Caldas
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de la Dirección Territorial de Salud de Caldas e incurrió
en los defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, al proferir la sentencia del 12 de diciembre de
2025, mediante la cual revocó el fallo de primera instancia21, que accedió a las
pretensiones de la accionante dirigidas a dejar sin efecto el acto administrativo
expedido por Colpensiones que le asignó efectuar el pago de una cuota parte de la
pensión reconocida a la señora Beatriz Elena Calderón Botero?.
49.
Para el efecto, se estudiarán: (i) la generalidad del defecto invocado; y (ii) el
caso concreto.
17
Samai, exp. 17001-33-33-002-2023-00212-01, índice 14.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03431-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
21
Sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03431-01 (8666)
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
3.4.1. El defecto sustantivo
50.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.
51.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
52.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]23.
53.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
54.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).24
3.4.2. El defecto procedimental
55.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.
56.
En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
57.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»25.
58.
Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»26.
59.
De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
60.
En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
24
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
25
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
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afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»27.
3.4.3. El desconocimiento del precedente judicial
61.
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas28
62.
Al respecto, la Corte Constitucional29 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales30.
63.
Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
27
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
29
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
30 Se transcribe incluso con errores.
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funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia31.
64.
Así las cosas, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»32.
65.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela33.
66.
Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación34.
67.
Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.4.4. Violación directa de la Constitución
68.
De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene
fundamento en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual
la Carta Política es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y,
ante cualquier «incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de
procedencia ocurre cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un
31 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
33 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
34 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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alcance insuficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto
superior»35.
69.
En un principio, el defecto de violación directa de la constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200536.
Ahora bien, el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura
en los siguientes eventos:
i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución; y
iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales37.
70.
En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el
artículo 4 superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los
postulados de la Constitución Política, sus reglas, principios y valores.
3.5 Caso concreto
71.
En el asunto bajo estudio, la Dirección Territorial de Salud de Caldas presentó
escrito en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Colpensiones, con la pretensión de dejar sin efecto el acto administrativo que le
asignó una cuota parte pensional de la prestación reconocida a la señora Beatriz
Elena Calderón Botero y, en su lugar, ordenar la redistribución de la cuota asignada
entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Caldas y, el
reintegro de los valores pagados por la entidad demandante .
72.
En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales,
mediante providencia del 27 de marzo de 2025, accedió a las pretensiones de la
demanda.
73.
Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Caldas emitió
providencia el 12 de diciembre de 2025 en la que revocó la decisión del juzgado y
declaró probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad del medio de control invocado y, en
35
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
36
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
37
Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
14
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consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
74.
Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia del 12 de diciembre de 2025, incurrió en defecto
sustantivo, porque concluyó que el conflicto planteado en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho era de carácter «laboral y no tributario». En
consecuencia, dejó de aplicar el numeral 1 del artículo 90 de la Ley 2220 de 2022,
el cual establece que no son susceptibles de conciliación los asuntos «que versen
sobre conflictos de naturaleza tributaria», como es el cobro de cuotas partes
pensionales.
75.
Por otro lado, advirtió que la providencia cuestionada incurrió en defecto
procedimental, debido a que se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo
frente a sus pretensiones, al exigir la acreditación del requisito de la conciliación
prejudicial, sin tener en cuenta que este no era procedente y, menos en una etapa
definitiva de la actuación judicial, como era el fallo.
76.
De igual manera, alegó que la decisión acusada desconoció el precedente
constitucional sobre la naturaleza tributaria de las contribuciones parafiscales.
Resaltó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-040 de 1993 y C-711 de 2001,
estableció de manera vinculante que las contribuciones parafiscales son una
especie del género tributario.
77.
Por último, expuso que la sentencia objeto de tutela vulneró preceptos
superiores contenidos en los artículos 13, 29, 209, 228 y 229 de la Constitución.
78.
Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela (sentencia
del 12 de diciembre de 2025), se observa que el Tribunal Administrativo de Caldas
precisó que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la
Dirección Territorial de Salud de Caldas contra Colpensiones fue presentada el 22
de junio de 2023, cuando ya se encontraba en vigor la Ley 2220 de 202238 «Por
medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras
disposiciones».
79.
De igual manera, el Tribunal resaltó que las partes que concurrieron al litigio son
entidades públicas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA,
toda vez que la demanda fue presentada por la Dirección Territorial de Salud de
Caldas contra la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, departamento de
Caldas y la ESE Hospital San Antonio de Manzanares.
80.
Aunado a lo anterior, la providencia cuestionada refirió que al asunto objeto de
estudio no le era aplicable lo previsto en el artículo 613 del Código General del
Proceso en cuanto indica que «cuando quien demande sea una entidad pública» no
le es exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
38
Se aclara que la norma entró en vigor a partir del 30 de diciembre de 2022.
15
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pues, dicho precepto solo regula lo relativo al hecho en el que la demandante sea
una autoridad pública, pero no estableció la hipótesis en que ambas partes sean
entidades públicas. En contraste, este aspecto fue regulado de manera específica
en la Ley 2220 de 2022.
81.
Bajo este contexto normativo, la autoridad judicial accionada expuso que la
demandante pretendía que se declarara «la nulidad parcial del acto administrativo
que reconoció una pensión de vejez a favor de la señora Beatriz Elena Calderón
Botero, respecto de la asignación de una cuota parte pensional a cargo de la DTSC
correspondiente al 3,36% de la pensión por 361 días laborados en la ESE Hospital
San Antonio de Manzanares». Asimismo, pidió que se ordenara «a Colpensiones
redistribuir la cuota parte pensional causada excluyendo a la DTSC y condenar a la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al departamento de Caldas a
reintegrar los emolumentos debidamente indexados que por concepto de cuotas
partes pensionales que se hubieren llegado a cancelar».
82.
De esta manera, el Tribunal Administrativo de Caldas consideró que el asunto
en litigio debía someterse al requisito de la conciliación prejudicial en los términos
del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, en la medida el objeto de la pretensión
permitía advertir que era posible transar los efectos económicos de los actos
administrativos demandados. Al respecto, la providencia cuestionada expuso lo
siguiente:
Sobre el asunto objeto de controversia, se advierte que, si bien las pretensiones recaen
sobre un acto administrativo a través del cual se realizó un reconocimiento pensional;
lo cierto es que, en este caso lo que se cuestiona es la asignación de la cuota parte
pensional fijada por Colpensiones en contra de la DTSC, lo que en nada afecta los
derechos mínimos e irrenunciables de la señora Beatriz Elena Calderón Botero.
Así mismo, se aclara que, si bien hay pretensiones orientadas a cuestionar la legalidad
parcial de actos administrativos que no son susceptibles de conciliación, en tanto su
definición corresponde de manera exclusiva a esta jurisdicción; ello no sucede con las
solicitudes formuladas a título de restablecimiento del derecho.
Al efecto, es oportuno recordar el contenido normativo del inciso sexto del artículo 89
de la Ley 2220 de 2022 vigente para la época de presentación de la demanda, el cual
estableció que:
“Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre
los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 93
de la Ley 1437 de 2011, evento en el cual, una vez aprobado el acuerdo por el juez
contencioso administrativo, se entenderá revocado o modificado el acto y
sustituido por el acuerdo”.
Esto implica reconocer que, si bien la legalidad no se concilia, sino los efectos
económicos de los actos administrativos, la consecuencia de la conciliación es
entender revocado el acto administrativo objeto de censura.
16
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Y este asunto, conforme a lo expuesto, contienen derechos de naturaleza patrimonial
y económica que pueden ser objeto de disposición por las partes, y se alega una de
las causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, específicamente “Cuando sea
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”; por lo que se hace exigible
la conciliación extrajudicial.
Bajo este entendido, se determina que las pretensiones de restablecimiento del
derecho formuladas en el presente medio de control no corresponden a derechos
ciertos e indiscutibles, sino que se inscriben dentro de aquellos susceptibles de
conciliación. En particular, en los casos donde se debate la asignación de cuotas partes
pensionales y la devolución de lo cancelado, lo que constituye un derecho de
naturaleza patrimonial que puede ser objeto de transacción, dado que la discusión no
recae sobre la existencia del derecho pensional de la señora Beatriz Elena Calderón
Botero, sino sobre la legalidad de la asignación de la cuota parte pensional a la DTSC
y, como consecuencia, la cesación en el pago y la devolución de lo cancelado.
83.
De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal accionado puso de
presente que la demanda promovida por la Dirección Territorial de Salud de Caldas
involucra derechos de contenido patrimonial y económico, susceptibles de
disposición por las partes, relacionados con la consecuente cesación del pago de la
cuota parte pensional asignada a la entidad demandante y la devolución de las
sumas ya canceladas. Esto pese a que la discusión tenía origen en un acto
administrativo.
84.
Con respecto a la validez del acto, la providencia censurada resaltó que en
atención al inciso final del artículo 89 de la Ley 2220 de 2022 «podrá conciliarse
sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo
93 de la Ley 1437 de 2011, evento en el cual, una vez aprobado el acuerdo por el
juez contencioso administrativo, se entenderá revocado o modificado el acto y
sustituido por el acuerdo». De manera que las partes del litigio podrán de mutuo
acuerdo acudir a las circunstancias previstas en el mencionado artículo 93 (entre
otras la denominada oposición manifiesta a la Constitución o a la ley), para cesar
los efectos de la actuación administrativa.
85.
Adicionalmente, la autoridad judicial aclaró que, «si bien, las cuotas partes
pensionales son contribuciones parafiscales, en este caso se debate su asignación
en el proceso de reconocimiento pensional y no el proceso de cobro coactivo, por
lo que corresponde a un conflicto en material laboral y no tributario; por lo que
tampoco se podría considerar que el caso se encuentra excluido de la conciliación
extrajudicial de conformidad con el artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 y el artículo
2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015 […]».
86.
Así pues, al revisar los documentos allegados con la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo de Caldas constató que la
Dirección Territorial de Salud de Caldas no acreditó haber agotado el requisito de
procedibilidad, bajo la convicción de que era una entidad pública demandante y que
el objeto de la demanda tenía relación directa con una cuota parte pensional, cuya
naturaleza tributaria no requería conciliación. Sin embargo, no tuvo en cuenta que
17
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la discusión jurídica tenía relación con la determinación de la autoridad responsable
para asumir el pago de dicha obligación, que incide en el reconocimiento pensional,
lo cual era un aspecto de carácter laboral.
87.
Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que «ante el
incumplimiento del requisito de procedibilidad correspondía a la jueza de primera
instancia adoptar una decisión ajustada al ordenamiento jurídico», que permitiera
adecuar el trámite procesal, con el fin de proferir una decisión de fondo.
88.
Además, precisó que, si bien, el juzgado de primera instancia admitió la
demanda con base en las manifestaciones de la demandante y, en consecuencia,
se avanzó en las diferentes etapas procesales, lo cierto es que ello no impedía que
el Tribunal en sede apelación evaluara nuevamente los presupuestos de
procedibilidad, si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 207 de la
Ley 1437 de 2011, el juez debe ejercer el control de legalidad una vez se agote cada
etapa del proceso. Así pues, el artículo 187 del CPACA establece que «en la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que
el fallador encuentre probada».
89.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que la Dirección Territorial
de Salud de Caldas no agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación previo
a instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, la Nación, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el departamento de Caldas y la ESE Hospital San
Antonio de Manzanares Caldas, por lo que en atención a lo dispuesto en el artículo
187 del CPACA era procedente declarar de oficio la excepción de «falta de
agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad» y, en
consecuencia, revocar la sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Manizales.
90.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 12 de diciembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, no incurrió en los
defectos alegados, pues la decisión de revocar la providencia de primera instancia39,
que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por el tutelante y, en su lugar, declaró probada la excepción de
falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial, estuvo soportada en un estudio
razonable de los hechos y los elementos probatorios aportados al trámite judicial.
91.
En efecto, se observa que la providencia cuestionada efectuó una valoración de
los sujetos demandados y los alcances de las pretensiones invocadas por la parte
demandante. Además, efectuó un análisis sobre la aplicabilidad de la Ley 2220 de
2022, en particular hizo énfasis en las situaciones reguladas en los artículos 89, 90
y 92, para precisar la exigencia del requisito de procedibilidad de la conciliación
como presupuesto previo para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.
39
Sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales.
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92.
En este punto, es importante mencionar que las cuotas partes pensionales
constituyen un mecanismo de concurrencia financiera entre diferentes entidades
que tuvieron a su servicio a un empleado o trabajador que posteriormente adquiere
el derecho a una pensión. Su finalidad consiste en distribuir entre las entidades
responsables el costo de la prestación pensional, de acuerdo, fundamentalmente,
con el tiempo durante el cual el trabajador estuvo vinculado a cada una de ellas.
93.
La Corte Constitucional ha explicado que las cuotas partes pensionales
constituyen soportes financieros del sistema de seguridad social en pensiones y
permiten que el trabajador reciba integralmente su mesada de la entidad que
reconoce la pensión, sin perjuicio del derecho de esta a obtener posteriormente el
reembolso de las entidades concurrentes.40
94.
Dicho esto, es pertinente indicar que las cuotas partes pensionales tienen una
doble dimensión jurídica. De un lado, tiene un componente de naturaleza laboral
cuando se discuten aspectos relacionados con la determinación y distribución de la
mesada pensional entre las entidades concurrentes. Por otra parte, puede ser un
asunto tributario cuando lo que se discute es el recobro de sumas reconocidas y
definidas, en este evento las cuotas partes constituyen un concepto crediticio de
carácter parafiscal. Este tipo de controversias se derivan, generalmente, en el
desarrollo de un proceso de cobro coactivo.
95.
Sobre el particular, conviene referir que la Sección Cuarta41 de esta corporación
se pronunció sobre las circunstancias en las que la discusión que involucra una
cuota parte puede considerarse un asunto laboral o tributario, en los siguientes
términos:
En el caso bajo examen, no está probado que la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Espinal S.A. E.S.P. haya iniciado un procedimiento de cobro
coactivo porque no ha proferido un mandamiento de pago. Sin embargo, esto no es
relevante, pues lo que se discute es si el acto administrativo acusado (que negó la
prescripción del derecho al recobro de mesadas pensionales) tiene naturaleza
tributaria o no para determinar si es exigible el requisito de procedibilidad del numeral
1° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.
Para decidir este asunto, debe tenerse en cuenta que el artículo 4 de la Ley 1066 de
2006 dispone que el derecho (no la acción) al recobro de las cuotas partes
pensionales prescribe en el término de tres años contados a partir del momento del
pago.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-895 de 2009, señaló que deben
diferenciarse las cuotas partes pensionales, del derecho al recobro. Las primeras
corresponden al soporte financiero para la seguridad social en pensiones, sustentado
en el concepto de concurrencia. Mientras que el segundo es un derecho crediticio a
favor de la entidad que reconoció y pagó la mesada pensional.
40
Corte Constitucional, sentencia C-895 de 2009.
41
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 11 de noviembre de 2021, radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00175-01
(25556).
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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Con base en esta distinción, la Corte Constitucional precisó que los créditos que
derivan del pago de la mesada pensional pueden extinguirse por prescripción porque
se tratan de obligaciones económicas de tracto sucesivo. Empero, «la obligación de
concurrencia de las diferentes entidades para contribuir al pago pensional a través
del sistema de cuota parte no puede extinguirse mediante la prescripción, porque
tiene un vínculo directo con el derecho, también imprescriptible, al reconocimiento de
la pensión».
Con base en la anterior distinción, esta Sección señaló que el recobro de cuotas
partes pensionales es un asunto de naturaleza tributaria porque se trata de una
contribución parafiscal, pues constituyen un aporte obligatorio del empleador que se
destina al pago de las mesadas pensionales dentro del esquema de financiamiento
del sistema general de pensiones42. En consecuencia, la controversia sobre este tipo
de actos administrativos es de competencia de la Sección Cuarta, en aplicación del
artículo 13 del Acuerdo Nro. 080 de 2019 proferido por el Consejo de Estado. Norma
actualmente vigente y que establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS
SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala
de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo
un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Cuarta
1. Los procesos de simple nulidad que versen sobre actos administrativos
relacionados con impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales,
excepto las tasas.
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre
las materias enunciadas en el numeral precedente».
En concordancia con lo anterior, la Sección también precisó que la controversia de
actos relacionados con la determinación y distribución de la mesada pensional entre
las entidades concurrentes era de naturaleza laboral y, por lo tanto, de competencia
de la Sección Segunda del Consejo de Estado43.
En efecto, esto es así porque el artículo 13 del Acuerdo Nro. 080 de 2019 señala que
dicha Sección en la competente en los siguientes eventos:
«Sección Segunda
1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre
asuntos laborales.
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral
no provenientes de un contrato de trabajo».
Así también lo consideró Presidencia del Consejo de Estado que, al resolver un
conflicto de competencia entre secciones, concluyó que los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantados contra actos administrativos que resuelven
42
En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-27-
000-2011-00220-01 (19148). Auto del 4 de diciembre de 2014. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y ii) Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 05001-23-33-000-2015-00734-01 (23165). Auto del 13 de
diciembre de 2017. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
43
En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-
000-2016-02070-01 (23368). Auto del 27 de septiembre de 2018. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez; y ii) Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2016-02069-01 (23683). Auto del 22 de
noviembre de 2018. CP: Milton Chaves García.
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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
sobre la constitución o extinción de las cuotas partes pensionales son de carácter
laboral y de competencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado44.
96.
Conforme a lo anterior, es dable inferir que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho tenía por objeto establecer la entidad responsable del
pago de la cuota parte asignada por Colpensiones respecto de la pensión
reconocida a la señora Beatriz Elena Calderón Botero y no guardaba relación con
la naturaleza, el valor o el alcance de la obligación económica. Por lo tanto, era
posible concluir que el asunto correspondía a un tema de carácter laboral y no
tributario.
97.
Así las cosas, puede afirmarse que el Tribunal Administrativo de Caldas acertó
al concluir que los argumentos planteados por la Dirección Territorial de Salud de
Caldas en el escrito de demanda implicaban una discusión de naturaleza laboral y,
por esta razón no le era aplicable el numeral 1 del artículo 90 de la Ley 2220 de
2022. De manera que, bajo este contexto, el asunto objeto de debate era susceptible
de conciliación y, por ende, le era exigible el requisito de procedibilidad como lo
expuso en el contenido de la providencia cuestionada.
98.
En efecto, se advierte que el análisis de la normativa procesal desarrollado por
la autoridad judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u
omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al
contenido de los contenidos descritos por el legislador, por lo que no es posible
inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el
Tribunal no le haya dado la interpretación que el tutelante pretendía que se les
atribuyera las normas que regulan el tema de la conciliación prejudicial.
99.
Por otro lado, no se observa que la providencia cuestionada hubiese incurrido
en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues las sentencias referidas
por la parte actora (sentencia C-040 de 1993 y C-711 de 2001), si bien desarrollan
el concepto de contribuciones parafiscales como un elemento tributario, lo cierto es
que no establece una regla de derecho aplicable al caso desarrollado por el Tribunal
Administrativo de Caldas en la decisión acusada, toda vez que no se pronunciaron
sobre la exigencia del requisito de la conciliación extrajudicial para acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativo, en asuntos relacionados con la
determinación de las autoridades responsables de las cuotas partes pensionales.
100.
Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los documentos allegados al proceso
ordinario. Por estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías
constitucionales, como lo plantea la parte accionante.
44
Consejo de Estado. Presidencia. Proceso: 17001-23-31-000-2010-00247-01 (4404-2013). Auto del 17 de abril de 2015. CP:
Luis Rafael Vergara Quintero.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
101.
De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
102.
Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo, procedimental
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución que exija la
intervención del juez de tutela.
103.
En consecuencia, se modificará la sentencia del 4 de junio de 2026 proferida
por la Sección Primera de esta corporación, que declaró improcedente la tutela y,
en su lugar, negará la solicitud de amparo.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 4 de junio de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En
su lugar, quedará así:
Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por la Dirección Territorial de
Salud de Caldas contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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