Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03484-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03484-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03484-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
11 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03484-00
Demandante: Renzo Mosquera Echeverry
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03484-00
Demandante: Renzo Mosquera Echeverry
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial - fallo de tutela. Falta de
cumplimiento de requisitos generales.
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Renzo
Mosquera Echeverry contra el Consejo de Estado Sección Primera y Tribunal
Administrativo de Chocó, de conformidad con lo establecido en el artículo 1. ° del
Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de mayo de 2026, el señor Renzo Mosquera Echeverry presentó acción de tutela
contra el Consejo de Estado Sección Primera y Tribunal Administrativo de Chocó por
considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia.
2. declarar que las providencias incurrieron en defectos constitucionales
3. Dejar sin efecto:
• El auto del 28 de abril de 2026 del consejo de estado.
• La sentencia del 19 de marzo de 2026 (segunda instancia)
4. Ordenar al Consejo de Estado emitir una nueva decisión:
• Valorando íntegramente las pruebas.
• Analizando el periodo de inactividad
• Motivando adecuadamente.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Del proceso ejecutivo 27001-33-33-003-2023-00498-00
El señor Renzo Mosquera Echeverry presentó demanda ejecutiva en contra del
departamento del Chocó – Secretaría de Educación Departamental, con el propósito
que se librara mandamiento de pago a su favor, la cual le correspondió al Juzgado
Tercero Administrativo de Quibdó bajo el radicado 27001-33-33-003-2023-00498-00.
Mediante auto proferido el 9 de mayo de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo de
Quibdó libró mandamiento de pago en contra del departamento del Chocó y decretó
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1
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Demandante: Renzo Mosquera Echeverry
el embargo y retención de las sumas de dinero que tenga o que tuviera el citado
departamento en los Bancos de Bogotá, AV. Villas, Popular, Bancolombia, BBVA y
Agrario en las cuentas denominadas recursos propios y del sistema general de
participación.
A través de autos de 20 de junio y 5 de septiembre de 2024, se resolvió seguir adelante
con la ejecución del mandamiento de pago y se solicitó a las partes allegar «[…]
Certificación de salarios devengados por el ejecutante, acto administrativo de
cumplimiento del fallo, factores salariales del demandante, depósitos Judiciales a
favor del demandante […]».
Mediante providencias del 26 de noviembre de 2025, se resolvió reiterar el embargo
y la retención de las sumas de dinero que tenga o llegare a tener el Departamento del
Chocó y se solicitó al Banco de Bogotá informar «[…] la razón por la cual no ha
procedido a darle aplicación al embargo decretado en las cuentas del Ente Ejecutado
[…]».
De la acción de tutela con radicado 27001-23-33-000-2026-00009-00/01
La parte actora presentó ante el Tribunal Administrativo del Chocó acción de tutela
contra el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó con el objeto de que ese
despacho judicial «Resuelva de fondo lo que corresponda decidir», e «Impulse de
manera efectiva la etapa de ejecución, adoptando las medidas necesarias.».
Manifestó que el citado Juzgado vulneró sus derechos fundamentales porque pese a
que el Banco de Bogotá emitió el 17 de mayo de 2024 respuesta al oficio mediante el
cual se decretó la medida cautelar de embargo, el despacho judicial no desplegó más
actuaciones judiciales encaminadas a que se culmine el proceso ejecutivo, lo que
consideró el tutelante que era un retardo injustificado.
Señaló que el 26 de noviembre de 2025, el despacho comunicó al Banco de Bogotá
un presunto desacato a orden judicial, sin haber realizado antes alguna gestión frente
a la respuesta emitida por el banco mediante oficio fechado 17 de mayo de 2024.
La parte actora afirmó que el Tribunal demandado vulneró sus derechos
fundamentales porque, pese a que el Banco de Bogotá emitió el 17 de mayo de 2024
respuesta al oficio mediante el cual se decretó la medida cautelar de embargo, la
mencionada Corporación no desplegó más actuaciones judiciales encaminadas a dar
cumplimiento a la sentencia, dado que, hasta el 4 de agosto de 2025, luego de 15
meses sin emitir pronunciamiento ni adoptar actuación efectiva alguna, el juzgado
reiteró el oficio al Banco de Bogotá.
El 6 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Chocó negó el amparo solicitado
por el señor Mosquera Echeverry, al considerar que no se acreditó un retardo
injustificado atribuible a la autoridad judicial, pues del expediente se evidenció que el
despacho adelantó diversas actuaciones orientadas a impulsar el proceso (como
órdenes y reiteraciones de embargo, decisión de seguir adelante con la ejecución,
remisión para liquidación del crédito y requerimientos al banco), lo que descartó
inactividad absoluta; además, precisó que la falta de efectividad inmediata de la
medida cautelar obedeció a factores externos al juez, como la existencia de embargos
previos o la disponibilidad de recursos, y no a una mora judicial.
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El señor Mosquera Echeverry impugnó la anterior decisión al considerar que el
Tribunal incurrió en un enfoque excesivamente formalista sobre la mora judicial, al
desconocer el deber de diligencia reforzada del juez en la fase de ejecución y el
alcance material del derecho de acceso efectivo a la justicia; afirmó que, pese a que
el despacho era consciente de la ineficacia de la medida de embargo desde su inicio,
permitió que transcurrieran más de dieciocho meses sin adoptar medidas efectivas
para lograr la satisfacción del crédito, limitándose a reiteraciones ineficaces, lo cual
no fue valorado críticamente en la sentencia impugnada, que además omitió un
análisis concreto y suficiente amparándose de forma abstracta en la subsidiariedad;
con base en ello, solicitó revocar el fallo, ordenar actuaciones eficaces para impulsar
el proceso ejecutivo y, como medida provisional, disponer que el juzgado adopte de
manera inmediata acciones que materialicen el embargo y dinamicen el trámite.
El 19 de marzo de 2026, el Consejo de Estado – Sección Primera confirmó la anterior
decisión al concluir que no se configuró la mora judicial alegada, ya que el proceso ha
tenido un trámite constante y dentro de un plazo razonable desde su asignación al
Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó, y evidenció actuaciones recientes que
descartan falta de diligencia o inactividad; precisó que, aunque no se ha materializado
el embargo, ello no obedece a negligencia del despacho sino a factores externos
relacionados con la disponibilidad de recursos del ejecutado, por lo que coincidió con
el juez de primera instancia en que la ineficacia de la medida cautelar no constituye
mora injustificada.
El 10 de abril de 2026, el tutelante presentó incidente de nulidad contra la sentencia
de segunda instancia con el argumento de que se omitió valorar pruebas
determinantes y por falta de motivación.
El 28 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Primera rechazó de plano la
nulidad, pues indicó que no se invocó causal del artículo 133 del CGP.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante alegó que las decisiones judiciales incurrieron en varios defectos
constitucionales que vulneran sus derechos fundamentales.
En primer lugar, alegó la configuración de un defecto fáctico por omisión de
valoración probatoria, ya que ninguna de las providencias analizó el periodo
comprendido entre el 4 de agosto y el 26 de noviembre de 2025, en el cual
transcurrieron aproximadamente tres meses y veintidós días sin actuación frente a
una solicitud concreta de embargo; esta omisión resultó determinante, pues
evidenciaría una inactividad judicial relevante que fue ignorada y que pudo incidir
directamente en la conclusión sobre la inexistencia de mora.
En segundo lugar, argumentó la existencia de un defecto procedimental por exceso
de ritual manifiesto, dado que el Consejo de Estado, Sección Primera rechazó la
nulidad por no invocar expresamente una norma (artículo 133 del CGP), a pesar de
que en el escrito sí se expusieron los hechos, la irregularidad y su impacto, con lo cual
privilegió indebidamente la forma sobre el fondo. Asimismo, denunció una falta de
motivación, en tanto las decisiones no explicaron ni justificaron el periodo de
inactividad ni analizaron la prueba clave, lo que implica un déficit de argumentación
constitucional relevante.
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Adicionalmente, afirmó que se configuró una violación al plazo razonable y mora
judicial, puesto que la actuación requerida (la expedición de un oficio a una entidad
bancaria) era de simple trámite y debía resolverse en días o semanas, no en un
periodo cercano a cuatro meses, sin que la carga laboral justifique tal dilación. Esta
situación generó una afectación material, al retrasar la efectividad del embargo,
comprometer la ejecución del crédito y afectar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Con base en estos argumentos, solicitó dejar sin efecto las decisiones cuestionadas
y ordenar la emisión de una nueva providencia que valore integralmente las pruebas,
analice el periodo de inactividad y esté debidamente motivada.
4. Trámite previo de la acción de tutela
Mediante auto del 8 de mayo de 2026 se admitió la acción de tutela, ordenó notificar
al demandante, al Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Tercera de Decisión en calidad de demandados y al Juzgado Tercero
Administrativo de Quibdó, al Banco de Bogotá S.A. y al departamento del Chocó como
terceros interesados, a quienes les remitió copia de la demanda.
5. Oposiciones
El Consejo de Estado, Sección Primera concluyó que esta acción de tutela es
improcedente, ya que no evidencia defectos autónomos ni una actuación fraudulenta
en las decisiones cuestionadas en otra acción constitucional, sino simplemente una
discrepancia del actor frente a lo resuelto; en consecuencia, para la Alta Corporación
no se cumplen los criterios excepcionales fijados por la jurisprudencia constitucional
para admitir tutela contra tutela, por lo que solicitó que se declare su improcedencia.
El Tribunal Administrativo del Chocó indicó que la decisión cuestionada fue
adoptada tras un análisis integral del material probatorio y que el accionante realmente
pretende obtener impulso procesal dentro de un proceso ejecutivo y utiliza la tutela
como mecanismo para dirigir el trámite. Precisó que la tutela por mora judicial tiene
carácter excepcional y que, en el caso concreto, el actor dispone de múltiples
herramientas dentro del proceso ordinario para solicitar medidas, impulsar
actuaciones o controvertir decisiones.
En esa línea, afirmó que no se configuró una mora judicial injustificada, puesto que
existieron actuaciones de impulso y factores objetivos que explican la falta de
efectividad inmediata de la medida cautelar; por tanto, la providencia cuestionada se
encuentra debidamente motivada, respeta la autonomía judicial y no vulnera derechos
fundamentales, razón por la cual solicitó negar el amparo.
6. Intervinientes
El Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó, al Banco de Bogotá S.A. y al
departamento del Chocó guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
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acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si es procedente la acción de tutela
presentada en este caso, porque se dirige contra decisiones judiciales proferidas en
el marco de otra acción de tutela, lo que implica analizar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos de procedencia establecidos por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional para estos casos.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de amparo, al encontrar
que no se cumplen los requisitos de procedibilidad por la jurisprudencia constitucional
para cuestionar una sentencia dictada dentro de una acción de tutela.
Para llegar a esta conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela, y; (ii) caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones en proceso de tutela.
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional1, la acción de
tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran dentro
de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe superarse.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima, casos
en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso2.
En sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional unificó la jurisprudencial
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anterior o posterior a la sentencia.
Esto es, fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
dictadas en el trámite de la acción de tutela, según tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una decisión anterior al fallo y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión
posterior3.
Asimismo, estableció que, por regla general, la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela. No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal
diferente a esta Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta
1
La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró, entre
otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-
528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-
237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-
208 de 2013.
2
Sentencia T – 162 de 1997.
3
Reiterada en sentencia T-322 de 2019.
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identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude [Fraus omnia corrumpit] y, (v) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. Tal como se lee de
la motivación de la referida providencia:
«4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse actuaciones. Una
de las hipótesis posibles, como ya se vio es la de que el juez niegue la impugnación del fallo de
tutela, que acaece después del fallo de primera instancia, pero antes de que pueda darse el de
segunda.
(…)
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de
tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de
él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En
este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse
ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto,
se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a
la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez
de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la
demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela,
la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero
si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el
trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.»
(Negrita y subraya fuera del texto)
Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia T-286 de 2018, reiteró la
sentencia de unificación 627 de 2015, en particular, se refirió un caso en que la
vulneración alegada se predicó en un trámite posterior al fallo de tutela4, en el que
recordó que «4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero
si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el
trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
4
En ese caso, el allí accionante censuró el auto por medio del cual la autoridad accionada negó la impugnación, esto es, la
actuación posterior al fallo de tutela, análisis el cual, la sala procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
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acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional».
Por su parte, en sentencia T-322 de 20195, desplegó el estudio de la procedencia de
la acción de tutela contra otra acción de tutela frente a una decisión anterior al fallo,
en la que se precisó que para que se estructure la cosa juzgada fraudulenta también
es necesario, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, que: (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre
de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude [Fraus omnia corrumpit] y, (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
En esa decisión, la Corte resaltó que «la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar
una línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la revocatoria de una sentencia de
tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela
incumplió un deber básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se
anudan a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y (ii) que la sentencia cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implica además -en principio- una afectación grave del patrimonio
público.».
Por lo anterior, señaló que no serían de recibo «razones o interpretaciones que
obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese
presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional».
Por otro lado, en sentencia T-023 de 2023, la Corte Constitucional preciso que para
estudiar las acciones de tutela en contra de sentencias de tutela en las que se alega
la existencia de cosa juzgada fraudulenta, para que el amparo proceda en estos casos,
debe acreditarse el cumplimiento de dos tipos de requisitos: (i) los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales6 y,
(ii) los requisitos específicos de procedencia excepcional en los casos de fraude.
En punto a los requisitos generales, estableció que se deben satisfacer los requisitos
de:
a) relevancia constitucional, cuyo propósito de es preservar la competencia y “la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional”;
b) inmediatez, que, exige que la acción de tutela sea presentada en un “término razonable” respecto
de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales;
c) identificación razonable de los hechos, que, tiene como propósito que el actor evidencie con
suficiencia y claridad los fundamentos de la transgresión de los derechos fundamentales;
d) tener efecto decisivo de la irregularidad procesal, porque, los yerros alegados deben tener una
“magnitud” significativa, afectar los derechos fundamentales del accionante y haber incidido
efectivamente en la providencia que se cuestiona;
e) subsidiariedad, implica que la tutela solo procede si los recursos y mecanismos “propios existentes
en sede del proceso de tutela” fueron agotados y, sin embargo, no permitieron corregir los yerros, en
estos eventos, existen principalmente dos mecanismos para controlar las sentencias de tutela: los
recursos e incidentes propios del proceso de tutela y el trámite de selección y eventual revisión a cargo
de la Corte Constitucional.
Específicamente, sobre el requisito general de subsidiariedad la Corporación explicó
que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en principio son improcedentes
5
M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
6
Al respecto, precisó “La acreditación de estos requisitos es una condición para adelantar el estudio de fondo. Por lo
tanto, su incumplimiento conduce a la improcedencia de la acción de tutela.”.
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las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de
selección y eventual revisión se haya surtido. Esta regla de improcedencia, sin
embargo, no es absoluta. En casos excepcionales, la acción de tutela contra
decisiones de tutela puede ser procedente si, a pesar de que la parte accionante no
participó en el trámite de selección o este no se ha surtido, las pruebas practicadas
en sede de revisión evidencian prima facie la existencia de una situación de fraude
que se habría materializado en los fallos de tutela de instancia.
Los requisitos específicos de procedencia excepcional en los casos de fraude
fueron enlistados, en los siguientes términos:
«La acción de tutela procede excepcionalmente contra decisiones de tutela cuando exista fraude,
siempre que se cumplan tres requisitos:
(i) La acción de tutela presentada no debe compartir identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada.
(ii) Deben existir pruebas o indicios que demuestran de manera “clara y suficiente” que la decisión
de tutela fue producto de una situación de fraude.
(iii) El accionante no cuenta con otro mecanismo legal para revertir la situación de fraude.
La acreditación de estos requisitos es una condición necesaria para emitir una orden de amparo
y declarar la existencia de cosa juzgada fraudulenta. Por esta razón, si estos requisitos no se
constatan, el amparo debe ser negado».
De la procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela en el presente
caso
Como se anticipó, cuando la solicitud de amparo se presenta contra el fallo dictado en
otra solicitud de la misma naturaleza, en la sentencia SU-627 de 2015 la Corte
Constitucional dispuso que, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción
de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude [Fraus omnia
corrumpit]; y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver
la situación».
De la lectura de los fundamentos de las pretensiones de la acción de tutela, es posible
evidenciar que la actuación frente a la cual el señor Renzo Mosquera Echeverry alega
la vulneración de sus derechos fundamentales son las sentencias del 6 de febrero de
2026 y 19 de marzo de 2026, proferidas por el Tribunal Administrativo del Chocó y la
Sección Primera del Consejo de Estado, respectivamente, a través de las cuales se
resolvió una acción de tutela presentada contra el Juzgado Tercero Administrativo de
Chocó por mora judicial en el trámite de un proceso ejecutivo, y el auto del 28 de abril
de 2026, por medio del cual la citada Sección de la alta Corporación negó la nulidad
solicitada.
Cabe resaltar que ese proceso de tutela finalizó con la sentencia de 19 de marzo de
2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado. De ahí que, esa decisión
sea la presunta vulneradora de los derechos fundamentales invocados.
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Es decir, la acción de tutela de la referencia se ejerce contra un fallo de igual
naturaleza que puso fin al trámite constitucional radicado bajo el número 27001-23-
33-000-2026-00009-01.
Sobre el particular, cabe señalar que el asunto objeto de estudio no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, porque el accionante aprovecha la presente
acción para insistir en los mismos argumentos que ya planteó en la tutela que ahora
cuestiona, esto es, la supuesta mora judicial y la falta de impulso en el trámite del
proceso ejecutivo. Tales reproches fueron resueltos de manera desfavorable a sus
pretensiones, pues tanto el Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 6 de
febrero de 2026, como la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del
19 de marzo de 2026, concluyeron que no se configuró una mora judicial injustificada,
ya que el proceso registró actuaciones de impulso y la falta de efectividad de la medida
cautelar obedeció a factores externos al despacho judicial. De este modo, lo que en
realidad pretende el accionante es reabrir, por la vía de una nueva tutela, una
discusión ya zanjada, sin que exponga un reproche distinto de su mera inconformidad
con lo decidido.
Además no se cumple el requisito de subsidiariedad, porque a la fecha no se ha surtido
el trámite de selección y eventual revisión ante la Corte Constitucional de la acción de
tutela con radicado 27001-23-33-000-2026-00009-01 interpuesta por el señor Renzo
Mosquera Echeverry. Se verificó que, el 12 el mayo de 2026, esta Corporación remitió
a la Corte Constitucional el expediente de tutela para tal trámite. Y al consultar en la
página web de la citada corte, se encontró que no se le ha realizado el correspondiente
ni se le ha asignado número.
En ese orden, se considera que la sentencia de tutela cuestionada no ha hecho
tránsito a cosa juzgada material debido a que aún no se ha decidido si será
seleccionada o no y en esa medida no es posible habilitar el estudio de la presente
solicitud de amparo.
Por otro lado, aunque se ha permitido la procedencia excepcional de la acción de
tutela en los casos que no han hecho tránsito a cosa juzgada, lo cierto es que en esos
casos deben existir pruebas o indicios claros que evidencien una situación de fraude,
lo que en este caso no se alegó.
En efecto, la actora en la solicitud de tutela no indica que la autoridad accionada haya
cometido una actuación que constituya una situación de fraude real, clara y suficiente
que justifique excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela contra las
decisiones judiciales ni puede inferirse de la revisión del expediente.
En consecuencia, en el caso analizado no se reúnen las condiciones de procedibilidad
de la tutela contra el fallo dictado en otro trámite de solicitud de amparo y, por ello, se
declarará improcedente el amparo solicitado por la actora contra el Tribunal
Administrativo del Chocó.
Finalmente, admitir el estudio de fondo en un asunto como el presente implicaría
desbordar los límites fijados por la sentencia SU-627 de 2015 y desnaturalizar la
acción de tutela, al convertirla en un mecanismo para reabrir debates ya resueltos en
sede constitucional sin la acreditación de los estrictos requisitos exigidos para ello. Así
las cosas, al no demostrarse la concurrencia de las condiciones excepcionales
relacionadas con la cosa juzgada fraudulenta, la acción de tutela resulta
improcedente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03484-00
Demandante: Renzo Mosquera Echeverry
En consecuencia, se declarará improcedente el amparo solicitado por el señor Renzo
Mosquera Echeverry contra el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal
Administrativo del Chocó.
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Renzo Mosquera
Echeverry contra el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo
del Chocó.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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