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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00009-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00009-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 6 de febrero de 2026 proferido por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: ABSTENERSE de resolver de fondo la medida provisional solicitada por el actor, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 27001-23-33-000-2026-00009-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Renzo Mosquera Echeverry.
Parte accionada: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó.
Radicación: 27001-23-33-000-2026-00009-01.
Asunto: Acción de tutela contra autoridad judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Inexistencia de la mora judicial alegada.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
6 de febrero de 2026 proferido por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Renzo Mosquera Echeverry presentó demanda ejecutiva en
contra del Departamento del Chocó – Secretaría de Educación
Departamental, con el propósito que se librara mandamiento de pago a
su favor.

1.2. Mediante autos proferidos el 9 de mayo de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó libró mandamiento de pago en
contra del Departamento del Chocó y decretó el embargo y retención de
las sumas de dinero que tenga o llegare a tener el ejecutado en los
Bancos de Bogotá, AV. Villas, Popular, Bancolombia, BBVA y Agrario en

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las cuentas denominadas recursos propios y del sistema general de
participación.

1.3. Por oficio núm. 143 de 14 de mayo de 2024 se comunicó a las
entidades financieras antes referidas de la orden de embargo.

1.4. A través de autos de 20 de junio y 5 de septiembre de 2024, se
resolvió seguir adelante con la ejecución del mandamiento de pago y se
solicitó a las partes allegar “[…] Certificación de salarios devengados por
el ejecutante, acto administrativo de cumplimiento del fallo, factores
salariales del demandante, depósitos Judiciales a favor del demandante
[…]”.

1.5. Mediante autos dictados el 26 de noviembre de 2025, se resolvió
reiterar el embargo y la retención de las sumas de dinero que tenga o
llegare a tener el Departamento del Chocó y se solicitó al Banco de
Bogotá informar “[…] la razón por la cual no ha procedido a darle
aplicación al embargo decretado en las cuentas del Ente Ejecutado […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada ha vulnerado sus
derechos fundamentales porque pese a que el Banco de Bogotá emitió el 17
de mayo de 2024 respuesta al oficio mediante el cual se decretó la medida
cautelar de embargo, no se han desplegado más actuaciones judiciales
encaminadas a dar cumplimiento a la sentencia, configurándose un retardo
injustificado.

Mencionó que “[…] el despacho incurrió en omisiones reiteradas y dilaciones
injustificadas y no logró expedir el oficio de reiteración específico para el Banco
de Bogotá con los correspondientes números de cuentas e instrucciones
claras y completas para que pudiera cumplir la orden judicial […]”.

Señaló que “[…] El 26 de noviembre de 2025, el despacho comunicó al Banco

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de Bogotá presunto desacato a orden judicial, sin haber realizado antes alguna
gestión frente a la respuesta emitida por el banco mediante oficio fechado 17
de mayo 2024 […]”.

Refirió que “[…] pese que se le solicitó al juzgado reiterar el oficio de embargo,
el día 4 de agosto 2025, el juzgado guardó silencio por más de 5 meses sin
emitir pronunciamiento ni adoptar actuación efectiva alguna. Solo después de
transcurrido más de 15 meses (17/05/2024 – 27/11/2025) de la respuesta
emitida por el banco del oficio No. 143, el juzgado reiteró el oficio al Banco de
Bogotá […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia del accionante.

2. Declarar que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó – Chocó incurrió en mora judicial injustificada dentro del proceso
de radicado No. 27001-33-33 003–2023–0049800.

3. Ordenar al juzgado accionado que dentro de un término perentorio:

*Resuelva de fondo lo que corresponda decidir, y
*Impulse de manera efectiva la etapa de ejecución, adoptando las
medidas necesarias.

4. Prevenir al despacho judicial para que se abstenga de incurrir
nuevamente en dilaciones injustificadas […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 26 de enero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y
se negó la medida provisional solicitada por el actor.

2. El 6 de febrero de 2026, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó profirió sentencia de primera instancia negando las
pretensiones de amparo de la referencia.

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3. Mediante auto de 10 de febrero de 2026, se concedió la impugnación
presentada por el actor contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó realizó un
recuento del trámite surtido dentro del proceso ejecutivo y sostuvo que se han
realizado todas las actuaciones dentro de sus competencias con la finalidad
de adelantar la ejecución del mandamiento de pago librado y de la medida
cautelar de embargo decretada, por lo que no ha incurrido en mora judicial.

Destacó que no tiene injerencia frente a las respuestas emitidas por las
entidades bancarias sobre la inexistencia de recursos, por cuanto sus
funciones se limitan a ordenar y reiterar la aplicación de las medidas cautelares
decretadas, sin facultad para intervenir en la disponibilidad presupuestal del
ente ejecutado.

Por tanto, concluyó que el proceso ejecutivo dentro del cual se alega la mora
judicial ha surtido su trámite normal dentro de los términos legalmente
establecidos.

De otra parte, puso de presente que el accionante presentó una queja
disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó por
los mismos hechos alegados en la acción de tutela, lo que a su juicio evidencia
una actuación contraria al principio de buena fe procesal.

2. El Departamento del Chocó señaló que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, por cuanto los hechos
relacionados con el presunto retardo judicial no se encuentran dentro de su
órbita competencial, por lo que no le son atribuibles. Con fundamento en lo
anterior, solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de
legitimación por pasiva.

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IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, mediante
sentencia de 6 de febrero de 2026, negó las pretensiones de amparo al
considerar que no se encuentra demostrado un retardo injustificado y lesivo
de derechos fundamentales que sea imputable a la autoridad judicial
accionada.

Advirtió que: “[…] en el expediente se evidencia que el Juzgado libró y reiteró
órdenes de embargo, ordenó seguir adelante con la ejecución, dispuso la
remisión para liquidación del crédito e impartió requerimientos a la entidad
bancaria. Estas actuaciones, aunque no produjeron el resultado esperado,
descartan la inactividad absoluta y revelan un curso procesal en desarrollo. La
sola circunstancia de que la medida cautelar no haya producido efectos
inmediatos, por razones ajenas al despacho, no equivale a mora injustificada
[…]”.

Señaló que la materialización del embargo dependía de causas externas al
juez, tales como son la existencia de embargos anteriores y disponibilidad de
recursos del ente ejecutado.

Adicionalmente, el a quo desvinculó del presente trámite al Departamento del
Chocó y al Banco de Bogotá.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos:

Sostuvo que “[…] la decisión impugnada incurre en una aplicación
excesivamente formalista del estándar constitucional de mora judicial,
desconociendo el deber de diligencia reforzada que recae sobre el juez en la
etapa de ejecución de una sentencia ejecutoriada, así como el contenido
material del derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de

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justicia […]”.

Indicó que el “[…] juzgado accionado conocía desde el inicio, que la medida
de embargo decretada no estaba produciendo efectos reales, y aun así
permitió que transcurriera un lapso superior a dieciocho (18) meses sin adoptar
decisiones eficaces orientadas a la satisdación del crédito reconocido
judicialmente. La sentencia impugnada no examina críticamente esta omisión,
limitándose a afirmar que el resultado dependía de factores externos, sin
valorar que el deber constitucional del juez no se agota en reiterar
mecánicamente una medida que ya ha demostrado su ineficacia […]”.

Señaló que la “[…] sentencia impugnada no analiza estas circunstancias
limitándose a invocar de manera abstracta el principio de subsidiaridad, lo que
configura un déficit de motivación constitucionalmente relevante. […]”.

Con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó revocar el fallo
impugnado y, en consecuencia, se ordene al juzgado accionado adoptar
actuaciones eficaces y conducentes para impulsar la ejecución del proceso
ejecutivo.

Finalmente, el accionante solicitó como medida provisional se ordene al
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó que de manera
inmediata adopte medidas efectivas que materialicen la orden de embargo y
se “[…] Impulse eficazmente el proceso ejecutivo […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa – De la medida provisional solicitada en segunda
instancia.

La Sala advierte que el actor en el trámite de segunda instancia solicitó como
medida provisional que se ordene “[…] al Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Quibdó, que de manera inmediata y sin esperar el fallo de fondo:
1. Adopte una decisión de fondo frente a la situación de concurrencia de
embargos informada por el Banco de Bogotá S.A., mediante oficio de fecha 19
de enero de 2026 […]” e, “[…] 2. Impulse eficazmente el proceso ejecutivo,
adoptando las decisiones necesarias para que la medida cautelar decretada
produzca efectos reales […]”.

El artículo 7° del Decreto Ley 2591 de 1991 prevé que las medidas
provisionales constituyen una herramienta excepcional del juez constitucional
para la protección de derechos fundamentales presuntamente afectados,
siempre que se advierta la necesidad y urgencia de su adopción; o la
posibilidad de evitar un daño más gravoso, de tal manera que la decisión
adoptada en el fallo de tutela resulte eficaz.

La solicitud de medida provisional resulta procedente en cualquier instancia,
inclusive en sede de revisión ante la Corte Constitucional; sin embargo, no hay
lugar a emitir un pronunciamiento al respecto cuando se va a proferir la
sentencia respectiva2.

2 En sentencia T-103 de 2018 la Corte Constitucional precisó que: “[…] Ante la necesidad de

una decisión que resuelva la causa objeto de revisión con efectos de cosa juzgada, la Sala
considera pertinente emitir una determinación definitiva en el asunto de la referencia y
no resolverlo provisionalmente. Se trata de imprimir celeridad en este caso y fallarlo de
manera expedida. En la causa analizada se encuentran en disputa de manera inmediata el
derecho a la consulta previa de una comunidad étnica; y de forma mediata el derecho a la
salud de 210.000 personas, por lo que se requiere una pronta respuesta por parte de la
administración de justicia […]”. [Negrillas por fuera del texto original]

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En ese orden de ideas, la Sala estima que no hay lugar a emitir un
pronunciamiento frente a la solicitud de medida provisional presentada en
segunda instancia por el actor dado que, a través de la presente decisión se
va a resolver de manera definitiva la controversia planteada en la impugnación.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado3, la Sección debe
establecer:

A) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales de
la parte actora con ocasión de la presunta mora judicial en el marco
del proceso ejecutivo con radicado núm. 27001-33-33-003-2023-
00498-00.

4. Caso concreto

La mora judicial ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”4 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la
administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones
procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios
a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

La Corte Constitucional5 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos
procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los
derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la
autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable,
también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no
sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

3
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
4 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017,

M.P.: María Victoria Calle Correa.
5 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

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constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para determinar
si esta es justificada o no, dado que es necesario que concurran determinadas
circunstancias para tenerla como injustificada6.

Para establecer si el desconocimiento de los términos procesales, en un
asunto particular, conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el
debido proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible a la falta
de diligencia del funcionario encargado de la resolución del litigio.

Precisado lo anterior, se procede a examinar las actuaciones procesales
adelantadas dentro del expediente con radicación 27001-33-33-003 2023-
00498-00, en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los
presupuestos que configuran la mora judicial injustificada. Veamos:

• El 13 de diciembre de 2023, la parte actora presentó demanda ejecutiva
en contra del Departamento del Chocó – Secretaría de Educación
Departamental.

• Mediante auto de 25 de enero de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó dio trámite a la solicitud de
librar mandamiento de pago e indicó que “[…] previo a librar
mandamiento de pago se ordena a la parte ejecutante, que se sirva
allegar la sentencia nro. 05 del 23 de enero de 2023, con la constancia
de ejecutoria […]”.

• Posteriormente, en auto de 15 de febrero de 2024, resolvió abstenerse
de librar mandamiento de pago.

• Mediante auto de 9 de mayo de 2024, el Juzgado Tercero

6 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017,

M.P.: María Victoria Calle Correa.

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Administrativo Oral del Circuito de Quibdó libró mandamiento de pago
contra el Departamento del Chocó. En providencia de esa misma fecha
se decretó el embargo y retención de las sumas de dinero que tenga o
llegare a tener el ejecutado.

• A través de auto de 20 de junio de 2024, el juzgado accionado ordenó
seguir adelante con la ejecución.

• En auto de 5 de septiembre de 2024, se solicitó a las partes procesales
allegar “[…] Certificación de salarios devengados por el ejecutante, acto
administrativo de cumplimiento del fallo, factores salariales del
demandante, depósitos Judiciales a favor del demandante […]”.

• Mediante auto de 26 de noviembre de 2025, se resolvió reiterar el
embargo y la retención de las sumas de dinero que tenga o llegare a
tener el Departamento del Chocó en las “[…] cuentas corrientes o de
ahorro en el de AV VILLAS, BOGOTÁ, POPULAR BANCOLOMBIA,
AGRARIO, BBVA, recursos propios y recursos del Sistema General de
Participación (Sector Educación) […]”.

• Por auto de 26 de noviembre de 2025, se dispuso que “[…] previo a la
apertura de incidente de desacato se solicitará a la Entidad Bancaria
Banco de Bogotá, que se sirva informar a este despacho judicial, la razón
por la cual no ha procedido a darle aplicación al embargado decretado
en las cuentas del Ente Ejecutado […]”.

• A través del oficio núm. 001 de 16 de enero de 2026, el juzgado
accionado le informa al Banco Agrario de Colombia que “[…] el oficio No.
279 Proceso/Rad/Res No. 202300498000, […] está reiterando la medida
de embargo que fue comunicada mediante oficio 143 de fecha 20 de
mayo del 2024 […]”.

• Finalmente, por oficio núm. 279 de 22 de enero de 2026, el Banco de
Bogotá le informó al juzgado accionado que ha “[…] registrado la
novedad en el sistema, no obstante, los productos de captación del

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cliente con nuestra entidad financiera afectados con la cautela a la fecha
recaen medidas de embargo previamente registradas. Por lo
anteriormente expuesto, la medida cautelar que nos ha sido informada
por su despacho se atenderá de acuerdo con la disponibilidad de los
recursos que se lleguen a depositar en las cuentas del cliente, una vez
atendida o levantada la medida cautelar que se encuentra registrada con
anterioridad a la presente […]”.

Del anterior recuento procesal, la Sala advierte que no se ha configurado la
mora judicial alegada por la parte actora. Por el contrario, se observa que,
desde que el proceso le fue asignado al Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Quibdó se han adelantado las actuaciones correspondientes
dentro de un término razonable, resaltándose que la última actuación judicial
es del 16 de enero de 2026.

Por lo anterior, la Sala no advierte “[…] falta de diligencia y omisión sistemática
de los deberes del funcionario judicial […]”, ya que el proceso se le ha
impartido el trámite correspondiente.

De ahí que, si bien es cierto a la fecha no se ha hecho efectivo la orden de
embargo decretada dentro del proceso ejecutivo, ello no obedece a una mora
judicial y muchos menos a la desidia o negligencia de la autoridad judicial
accionada, sino a causas externas dado que aquel está supeditado a la
concreción de situaciones fácticas y presupuestales que habiliten la
disponibilidad del recurso del ejecutado.

Debido a lo anterior, esta Sección concuerda con el juez de primera instancia
cuando consideró que “[…] la sola circunstancia de que la medida cautelar no
haya producido efectos inmediatos, por razones ajenas al despacho, no
equivale a mora injustificada […]”.

Así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que la
autoridad judicial accionada no ha incurrido en mora judicial injustificada, razón

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por la cual se confirmará el fallo impugnado que negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 6 de febrero de 2026 proferido
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: ABSTENERSE de resolver de fondo la medida provisional
solicitada por el actor, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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