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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03493-01

Fecha
4 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03493-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 12 de junio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de tutela que interpuso Jackson Martínez Mayo, en nombre propio y en calidad de curador de la señora Sissy Mayo Perea, contra el Tribunal Administrativo del Chocó. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03493-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

4 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03493-01
Accionante: Jackson Martínez Mayo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03493-01
Accionante: Jackson Martínez Mayo y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia de
12 de junio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 6 de mayo de 2026 el señor Jackson Martínez Mayo, en nombre propio y en calidad de
curador de la señora Sissy Mayo Perea, formuló acción de tutela con el propósito de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Chocó, con ocasión de la presunta mora judicial en proferir sentencia dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Mayo Perea
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Chocó –
Secretaría de Educación, identificado con el radicado núm. 27001-23-33-000-2021-
00197-00.

2. Hechos

Del escrito de tutela1 y los archivos allegados al presente trámite se desprenden los
siguientes supuestos fácticos:

2.1. En 2021, la parte actora promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Chocó –

1
Índice 00003 del expediente digital de primera instancia, certificado 7A39B5144C8990D6 B369DDFEC3C14F23
EEC62C749AF786D3 0AC6D8855312375E.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03493-01
Accionante: Jackson Martínez Mayo

Secretaría de Educación, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo mediante
el cual se retiró del servicio a la señora Sissy Mayo Perea como maestra de la Escuela
Rural Mixta El Llano.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Chocó, bajo el
radicado 27001-23-33-000-2021-00197-00. Inicialmente el proceso fue asignado al
despacho de la magistrada Norma Moreno Mosquera; sin embargo, posteriormente pasó
al conocimiento de la magistrada Adela Casas Dunlap.

2.3. Mediante auto del 22 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó ordenó
correr traslado para alegar de conclusión.

2.4. Para el 6 de mayo de 2026, fecha de presentación de la acción de tutela, el Tribunal
Administrativo del Chocó no había proferido sentencia dentro del referido medio de
control.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“PETICION
• Tutelar los derechos Constitucionales Fundamentales al debido proceso
administrativo y acceso a la administración de justicia invocados en la presente
actuación y en consecuencia:
• Ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ dictar
sentencia del proceso bajo rad. 27001233300020210019700.
• Ordenar a la Magistrada ADELA CASAS DUNLAP remitir el expediente al
Magistrado que le sigue en sala y lo correspondiente al art. 121 de la ley 1564 de
2012”.

La parte actora señaló que, de acuerdo con los boletines correspondientes a los años
2024 y 2025, en los que constaban las estadísticas del Tribunal Administrativo del Chocó,
se evidenciaba un avance del 120 % y una disminución de la carga laboral. A partir de lo
anterior, sostuvo que no existía una justificación razonable para que esa corporación no
hubiera proferido sentencia de primera instancia dentro del referido medio de control.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto de 7 de mayo de 20262, el despacho ponente de la Sección Primera
del Consejo de Estado requirió al señor Jackson Martínez Mayo para que precisara: “i) la
razón por la cual allega el documento “[…] ACTA DE POSESIÓN CURADOR
DEFINITIVO […]” de la señora Sissy Mayo Perea; y ii) la calidad en que actúa”.

4.2. El 12 de mayo de 20263 el señor Jackson Martínez Mayo precisó que actúa en calidad
de curador de la señora Sissy Mayo Perea y también en nombre propio.

2
Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado EC186E1B6DEBB4DB 333BDEE5353349FC
689EDBEF4AEADB0E D554ED608C6B4BF6.
3
Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 0CE553E89BCEEC25 88FE4B08A5D36DC2
49D91191541DA7E5 BF8C3AA6125C81E9.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03493-01
Accionante: Jackson Martínez Mayo

4.3. Mediante auto del 27 de mayo de 20264, el despacho admitió la acción de tutela, tuvo
como accionado al Tribunal Administrativo del Chocó y le requirió que allegara copia del
expediente identificado con el radicado núm. 27001-23-33-000-2021-00197-00.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.4. El Ministerio de Educación5 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva en
razón de que no es la entidad llamada a responder a las pretensiones del accionante y no
ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante.

4.5. El Tribunal Administrativo del Chocó6 solicitó que se negaran las pretensiones de
la solicitud de amparo, por considerar que no vulneró los derechos fundamentales de la
parte accionante.

Se refirió a la importancia del derecho fundamental al debido proceso y señaló que la
acción de tutela no puede convertirse en una vía paralela al trámite ordinario, ni en un
mecanismo para desplazar la competencia del juez natural u obtener decisiones que
corresponden a este en ejercicio de su autonomía e independencia judicial.

Asimismo, manifestó que la situación que dio origen a la solicitud de amparo había
desaparecido, toda vez que, el 28 de mayo de 2026, profirió sentencia de primera
instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante
la cual declaró probada de oficio la excepción de caducidad.

En ese sentido, sostuvo que la omisión judicial cuestionada había cesado con la
expedición de la referida providencia y que, por consiguiente, se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado.

Respecto de la pretensión encaminada a que el expediente fuera remitido al magistrado
que siguiera en turno en la Sala, indicó que también se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado, debido a que ya se había proferido la sentencia de primera
instancia. Agregó que el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012 no resulta aplicable a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4.6. Mediante memorial presentado el 11 de junio de 20267 la parte accionante solicitó dar
aplicación al artículo 121 del Código General del Proceso, dejar sin efectos la sentencia
de primera instancia proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y compulsar copias a la magistrada Adela Casas Dunlap por extralimitación
de sus funciones.

4
Índice 00011 del expediente digital en primera instancia, certificado EC186E1B6DEBB4DB 333BDEE5353349FC
689EDBEF4AEADB0E D554ED608C6B4BF6.
5
Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado ABD6BC57051845F3 5FC31570273AC531
FC3588DD7EC8196B E980A18FCF91332D.
6
Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 865AF547780B2401 BBF752680CCE2115
9C9852CCACA914F4 BE020DBC211F7745.
7
Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado 824573062BEEDD44
5517CA47B67DC29F AF26D0E4A956FF21 967D93CCBD005BFF. (formato diferente)
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03493-01
Accionante: Jackson Martínez Mayo

Sostuvo que el despacho judicial incurrió en falta de diligencia y desconoció los términos
previstos en el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, pues, a su juicio, el plazo para
resolver la primera instancia es de un año, vencido el cual cualquier actuación posterior
estaría viciada de nulidad. Afirmó que, en el caso concreto, habían transcurrido más de
cuatro años y cinco meses sin que se profiriera sentencia.

Adicionalmente, argumentó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó estaba viciada de la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 133 del
Código General del Proceso, por cuanto, en su criterio, dicha autoridad judicial actuó
después de haber perdido competencia, como consecuencia del vencimiento del término
establecido en el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 12 de junio de 20268 la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Para sustentar su decisión, consideró que, con la expedición de la sentencia de 28 de
mayo de 2026 por parte del Tribunal Administrativo del Chocó, cesó la situación que dio
origen a la solicitud de amparo. En efecto, señaló que la pretensión de la parte actora
estaba encaminada a que se ordenara a la autoridad judicial accionada proferir sentencia
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, finalidad que se
satisfizo durante el trámite de la acción de tutela. Además, verificó que dicha providencia
fue notificada electrónicamente el 1º de junio de 2026 a las direcciones
jacksonmartinezmayo@gmail.com y mayojackson92@gmail.com.

En cuanto a la pretensión dirigida a que se ordenara a la magistrada Adela Casas Dunlap
remitir el expediente al magistrado que siguiera en turno en la Sala, concluyó que también
había perdido su objeto, en la medida en que ya se había proferido sentencia de primera
instancia dentro del referido medio de control. Adicionalmente, señaló que la Sección
Primera del Consejo de Estado ha sostenido que las disposiciones contenidas en el
artículo 121 del Código General del Proceso no son aplicables a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo9.

6. Impugnación10

La parte accionante solicitó revocar la sentencia de tutela de primera instancia y, en su
lugar, acceder al amparo solicitado y ordenar al Tribunal Administrativo del Chocó proferir
sentencia de conformidad con el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012.

8
Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado 9A9D9020BB9ECB3C 2DFB336F9300F078
2CD486E06B4998FC 3F1D713DD3594B15.
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de octubre de 2024.
Radicación núm. 25000-2315-000-2024-00671-01. C.P. Oswaldo Giraldo López; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de junio de 2023. Radicación núm. 25000-2315-000-
2023-00336-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Auto de 13 de octubre de 2023. Radicación núm. 11001-0324-000-2021-00460-00. C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.
10
Índice 00028 del expediente digital de primera instancia, certificado 2E41BC52D7671F7C DFCD2F822DBDFBDD
9BAFEADA86D74F02 63F9BB4B0C6A4BB3.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03493-01
Accionante: Jackson Martínez Mayo

Alegó que la sentencia de primera instancia al declarar la carencia actual inaplicó el
artículo 121 de la ley 1564 de 2012 y la sentencia 11001-03-15-000-201901048-00, por lo
que dicha providencia adolece de un defecto orgánico por extralimitación de funciones.
Además, que no consideró que la mora judicial del despacho es completamente
injustificada y con ello desconoció el precedente del Consejo de Estado.

Mediante auto del 10 de julio de 202611, el magistrado ponente de la Sección Primera del
Consejo de Estado concedió la impugnación formulada por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida el 12 de junio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado que
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de tutela
que interpuso la parte actora.

3. Carencia actual de objeto

Cuando los hechos que motivaron la solicitud de amparo desaparecen o cuando no hay
forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser y, por tanto,
cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no surtiría ningún efecto.
La Corte Constitucional ha definido tal situación como “carencia actual de objeto”, noción
desarrollada jurisprudencialmente. La jurisprudencia constitucional considera que esta
figura se enmarca en unas categorías particulares, dentro de ellas la del hecho superado,
que, por su relevancia para el asunto, pasa a explicarse:

“41. Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló dos categorías en las que podían
subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho superado y daño consumado.
Aunque la distinción no siempre fue clara[45], el hecho superado responde al sentido obvio
de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción
de lo pedido en tutela[46], como producto del obrar de la entidad accionada. En otras
palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna[47]. Es importante precisar que en estos casos le
corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por
completo[48] lo que se pretendía mediante la acción de tutela [49]; (ii) y que la entidad
demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir,
voluntariamente[50]. (…)”12.

11
Índice 00030 del expediente digital de primera instancia, certificado AEE6C938A0A1B2A4 230D04F0F2C45F53
FDF6821F5F31C46D 5F85689D1108AD9F.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03493-01
Accionante: Jackson Martínez Mayo

En esta medida, la Corte Constitucional ha reiterado que “la carencia actual de objeto
implica que la acción de amparo pierda su razón de ser como mecanismo de protección
judicial en el caso concreto”13. Lo indicado, sin perjuicio de que bajo algunas
circunstancias sea posible que el juez realice algún pronunciamiento de fondo, lo que
depende del asunto concreto y el cumplimiento de ciertos requisitos jurisprudenciales.

4. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, que declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado, por las razones que se expondrán a continuación.

4.1. De los antecedentes previamente descritos se advierte que la parte actora formuló las
siguientes pretensiones en la solicitud de amparo:

“PETICION
• Tutelar los derechos Constitucionales Fundamentales al debido proceso
administrativo y acceso a la administración de justicia invocados en la presente
actuación y en consecuencia:
• Ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ dictar
sentencia del proceso bajo rad. 27001233300020210019700.
• Ordenar a la Magistrada ADELA CASAS DUNLAP remitir el expediente al
Magistrado que le sigue en sala y lo correspondiente al art. 121 de la ley 1564 de
2012”.

La parte accionante sustentó la solicitud de amparo en que la demanda promovida en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada en
2021 y, mediante auto de 22 de febrero de 2023, se ordenó correr traslado a las partes
para alegar de conclusión. Señaló que, pese al tiempo transcurrido desde esa actuación,
el Tribunal Administrativo del Chocó no había proferido sentencia de primera instancia.

Asimismo, sostuvo que, de acuerdo con los informes estadísticos del despacho judicial
accionado, su carga laboral había disminuido, circunstancia que, a su juicio, permitía
concluir que no existía una justificación razonable para la tardanza en adoptar la decisión
correspondiente.

4.2. Ahora bien, la Sala advierte que, mediante sentencia de 28 de mayo de 2026, el
Tribunal Administrativo del Chocó resolvió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 27001-23-33-000-2021-
00197-00 y declaró probada de oficio la excepción de caducidad.

En este punto, conviene recordar que las pretensiones inicialmente formuladas en la
acción de tutela estaban encaminadas a que se ordenara al Tribunal Administrativo del
Chocó proferir sentencia y, además, a que se dispusiera que la magistrada Adela Casas
Dunlap remitiera el expediente “al Magistrado que le sigue en sala y lo correspondiente al
art. 121 de la ley 1564 de 2012”.

13
Ibid.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03493-01
Accionante: Jackson Martínez Mayo

En ese contexto, la expedición de la sentencia del 28 de mayo de 202614, permite concluir
que cesó la omisión judicial que dio origen a la solicitud de amparo, pues la autoridad
judicial accionada profirió la decisión cuya expedición reclamaba la parte actora. En otros
términos, durante el trámite de la acción de tutela se llevó a cabo la actuación procesal
cuya realización se pretendía obtener mediante la intervención del juez constitucional.

4.3. Ahora bien, en el escrito de impugnación, la parte accionante formuló
cuestionamientos relacionados con la presunta pérdida de competencia de la magistrada
Adela Casas Dunlap y con la eventual nulidad de la sentencia de 28 de mayo de 2026.
Para sustentar esos reparos, sostuvo que, por el tiempo transcurrido antes de proferirse
la decisión, resultaba aplicable el artículo 121 del Código General del Proceso.

Sin embargo, tal como lo señaló el a quo constitucional, dicha disposición no resulta
aplicable al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contiene una regulación
propia sobre la materia. Por consiguiente, no existe un vacío normativo que, en los
términos de su artículo 306, habilite la aplicación del artículo 121 del Código General del
Proceso en esta jurisdicción.

De otra parte, los cuestionamientos formulados por el actor se dirigen a controvertir la
validez de una providencia judicial expedida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y, por tanto, deben plantearse a través de los mecanismos
procesales que resulten procedentes dentro de ese trámite. En consecuencia, no
corresponde al juez constitucional, en el marco de una acción de tutela promovida
inicialmente para cuestionar una presunta mora judicial, pronunciarse sobre la validez de
una sentencia proferida con posterioridad ni sustituir los mecanismos ordinarios previstos
para controvertirla.

En efecto, el presente asunto no corresponde a una acción de tutela contra la sentencia
de 28 de mayo de 2026, pues, al momento de promoverse la solicitud de amparo, dicha
providencia aún no había sido proferida y, por consiguiente, no integraba el objeto de la
controversia constitucional.

Admitir que, en estas circunstancias, el juez de tutela examine directamente los
cuestionamientos formulados contra esa providencia implicaría modificar el objeto inicial
de la controversia constitucional para someter a estudio una decisión judicial
sobreviniente. Asimismo, supondría abordar su validez sin que la parte actora hubiera
estructurado sus reparos conforme a las exigencias propias de la acción de tutela contra
providencia judicial, precisamente porque aquella decisión no existía al momento de
presentar la solicitud de amparo.

En ese sentido, un eventual cuestionamiento constitucional contra la sentencia de 28 de
mayo de 2026 exigiría verificar, en primer término, el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, solo en

14
Índice 00076 del expediente digital ordinario, certificado 1A9191C2CB1DDF74 1378609222C383E1
59AF7188CFD16878 9C65811EEBADE64B.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03493-01
Accionante: Jackson Martínez Mayo

caso de superarse dicho examen, determinar si se configura alguna de las causales
específicas que habilitan excepcionalmente la intervención del juez constitucional. Se
trata, por tanto, de un objeto de controversia distinto del planteado en la solicitud de
amparo que dio origen al presente trámite.

4.4. En consecuencia, la Sala concluye que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que la actuación judicial cuya realización reclamaba la parte
accionante tuvo lugar con posterioridad a la presentación de la acción de tutela y antes de
que se profiriera la sentencia de primera instancia.

En efecto, con la expedición de la sentencia de 28 de mayo de 2026 desapareció la
omisión que sustentaba la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Por consiguiente, la solicitud de amparo perdió su objeto, pues cualquier
orden encaminada a que el Tribunal Administrativo del Chocó profiriera la decisión
reclamada resultaría inocua.

Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante
la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 12 de junio de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la solicitud de tutela que interpuso Jackson Martínez Mayo, en
nombre propio y en calidad de curador de la señora Sissy Mayo Perea, contra el Tribunal
Administrativo del Chocó.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB

8

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