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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2024-00671-01

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2024-00671-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 29 de agosto de 2024 por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia del accionante. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO de la acción de tutela interpuesta por el señor Alejandro Gómez Cruz, respecto a la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el radicado nro. 11001 33 42 055 2022 00012 00, promovida por el hoy accionante en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por las razones señalas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, respecto de la inconformidad y pretensión de ordenar “(…) a[l] (…) Juez 055 Administrativo del Circuito de Bogotá Sección segunda (…), dar cumplimiento al término de duración del proceso judicial de 1 año y ½ conforme a lo establecido en el artículo 1 y artículo 121 del CGP (…)”, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 25000 23 15 000 2024 00671 01 Accionante: Alejandro Gómez Cruz CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00671-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

31 de octubre de 2024

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00671 01
Accionante: Alejandro Gómez Cruz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000 23 15 000 2024 00671 01
Accionante: ALEJANDRO GÓMEZ CRUZ
Accionado: JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ

Tesis: Se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado cuando en el transcurso de la acción de
tutela la autoridad accionada acredita que atendió lo
pretendido por la parte actora.

No hay lugar a amparar los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia cuando se alega el
incumplimiento del término de un (1) año de duración
del proceso judicial en primera instancia previsto en
el artículo 121 del Código General del Proceso.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas por las partes, accionante
y accionada, en contra del fallo de tutela proferido el 29 de agosto de
2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Alejandro Gómez Cruz, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra del Juzgado Cincuenta y Cinco
1

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00671 01
Accionante: Alejandro Gómez Cruz

Administrativo del Circuito de Bogotá, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia y de petición, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

“[…] 1. Que declare la vulneración de los derechos fundamentales
de ALEJANDRO GOMEZ CRUZ por la parte Accionada por
inobservancia de los términos perentorios de duración del proceso
judicial.

2. Que en consecuencia, ordene a Doctor LUIS EDUARDO GUERRERO
TORRES Juez 055 Administrativo del Circuito de Bogotá Sección
Segunda o quien haga sus veces, dar cumplimiento al término de
duración del proceso judicial de 1 año y ½ conforme a lo establecido
en el artículo 1 y artículo 121 del CGP por remisión del artículo 306
del CPACA, teniendo como base el termino de duración de 1 año en
primera instancia.

3. Que en consecuencia, ordene a Doctor LUIS EDUARDO GUERRERO
TORRES Juez 055 Administrativo del Circuito de Bogotá Sección
segunda o quien haga sus veces, dar cumplimiento al término de
admisión de la demanda de 30 días conforme a lo establecido en el
artículo 90 del CGP por remisión del artículo 306 del CPACA.

4. Que en consecuencia, ordene al fallador de segunda instancia del
proceso judicial en caso de darse tal situación, dar cumplimiento al
término de duración del proceso judicial de 1 año y ½ conforme a lo
establecido en el artículo 1 y artículo 121 del CGP por remisión del
artículo 306 del CPACA, teniendo como base el termino de duración
de 6 meses en segunda instancia.

5. Prevenir al Doctor LUIS EDUARDO GUERRERO TORRES Juez 055
Administrativo del Circuito de Bogotá Sección Segunda o quien haga
sus veces, para que en lo sucesivo no se vuelvan a presentar este
tipo de actuaciones que vulneran y afectan los derechos
fundamentales de las personas […]”. (Mayúsculas originales del
escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que el 20 de enero de 2022 presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional para obtener el reconocimiento

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
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Accionante: Alejandro Gómez Cruz

de ascenso al grado de capitán en la fecha fiscal correspondiente y, en
consecuencia, el pago de la indemnización integral de los perjuicios
derivados del daño causado.

Manifestó que a la demanda le correspondió el radicado nro. 11001 33 42
055 2022 00012 00 y fue asignada por reparto al Juzgado Cincuenta y
Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá que, por auto del 8 de agosto
de 2022 la inadmitió y le otorgó un término de diez (10) días para
subsanarla. Señaló que el 12 de agosto de 2022 presentó escrito de
subsanación.

Indicó que el 13 de marzo y el 12 de septiembre de 2023 radicó memorial
solicitando impulso procesal. Agregó que “(…) el día 20 de junio de 2024
se registra anotación “al despacho” en el portal de procesos de la rama
judicial tyba, sin que hasta la fecha se observe una actuación para
resolver el proceso (…)”2.

Precisó que “(…) han transcurrido dos años siete meses 26 días sin que
se tenga resolución del proceso judicial ni siquiera el acto de admisión de
la demanda (…)”3.

Sostuvo que no cuenta con otro mecanismo judicial efectivo para hacer
cesar los hechos que están vulnerando sus derechos y exigir el
cumplimiento de los términos de duración del proceso ordinario.

Al efecto, anotó que “(…) el mecanismo legal ordinario para hacer valer
sus derechos por parte del accionante es la jurisdicción contencioso
administrativa a través del juez natural el cual ya fue asignado por reparto
sin embargo transcurrido un término superior a dos años no se ha
superado el trámite de admisión de la demanda por parte del despacho
judicial lo que vulnera los términos perentorios de duración del proceso
establecidos en el Código General del Proceso por vía de remisión del
artículo 306 del CPACA, que establecen que el juez debe resolver la

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
3
Ibidem.
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admisión de la demanda en un término de 30 días (art. 90), y la duración
del proceso judicial de 1 año, prorrogable de manera motivada por 6
meses (art. 121) (…)”4.

Alegó que, “(…) a la fecha se encuentran vencidos los términos de
resolución del proceso de 1 año y ½ conforme a lo establecido en el
artículo 1 y artículo 121 del CGP por remisión del artículo 306 del CPACA,
teniendo en cuenta que desde el 20 de enero de 2022 se radicó el proceso,
pasados 2 años 7 meses 26 días de acudir a la jurisdicción no ha sido
posible que la autoridad judicial resuelva el caso (…)”5.

Adujo que “(…) el CGP en el artículo 90 establece que el acto de admisión
de la demanda se debe realizar dentro de los 30 días siguientes a la
radicación de la demanda, el artículo 121 define que la duración del
proceso en primera instancia es de 1 año y en segunda instancia 6 meses,
prorrogable hasta por 6 meses por el Juez o Magistrado de manera
motivada y que según el artículo 117, los términos para la realización de
los actos procesales son perentorios e improrrogables y el Juez debe
cumplir de manera estricta los términos señalados en el Código (…)”6.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 20 de agosto de 20247 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que por auto de ese mismo día8 la
admitió y dispuso notificar9 al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo

4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
8
Ibidem.
9
Esta orden se cumplió el 21 de agosto de 2024. Visto en los índices 5 y 6 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024
00671 00.
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Accionante: Alejandro Gómez Cruz

del Circuito de Bogotá, como parte accionada, así como, vincular10 a la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y a los
intervinientes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 11001 33 42 055 2022 00012 00, como
terceros interesados en el resultado del proceso.

3.2. El titular del Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito
de Bogotá rindió informe11 en el que hizo un recuento del trámite
impartido al proceso ordinario identificado con el radicado nro. 11001 33
42 055 2022 00012 00.

Explicó que “(…) este juzgado presenta alta congestión, entre otros
aspectos, debido a que de conformidad con el reparto a diciembre de 2022
fueron remitidos más de 100 expedientes por encima de los enviados a
otros juzgados de la sección segunda, y para 2023 en estadística obran
más de setecientos procesos (…)”.

Agregó que, conforme a las estadísticas judiciales, el promedio de trabajo
del despacho a su cargo corresponde al de sus pares de la sección
segunda del circuito judicial de Bogotá, y que pese a su esfuerzo y al de
su equipo de trabajo, no ha sido posible evacuar una mayor cantidad de
expedientes lo que genera mora.

Sin embargo, resaltó que las calificaciones obtenidas en varios años han
sido en nivel de excelente, por lo que, bajo su consideración, la mora no
deriva de la negligencia o desinterés del juez, ni tampoco de los
empleados del juzgado.

Anotó que, si bien las circunstancias descritas afectan el funcionamiento
del juzgado, actualmente se están evacuando aquellos procesos que
presentan represamiento en sustanciación, atendiendo a las
circunstancias y particularidades propias de cada caso, sin sacrificar los
derechos de las partes ni la calidad de las providencias.

10
Ibidem.
11
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
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Accionante: Alejandro Gómez Cruz

Aseveró que “(…) este es un juzgado congestionado lo que retrasa la
evacuación de expedientes, pese a esto, el equipo busca
permanentemente dar respuesta a los usuarios a la mayor brevedad,
resultando difícil proferir decisiones en menor tiempo; no obstante, no se
genera vulneración a la administración de justicia y debido proceso, pues,
el tutelante no prueba los elementos que configuran dicha vulneración de
acuerdo a las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, esto es, que no solo haya trascurrido el tiempo, sino
negligencia del juez, descuido y desinterés que generen decisiones fuera
de tiempo, sin que exista justificación en el retardo de las decisiones (…)”.

Sin perjuicio de lo anterior, adujo que, para atender el requerimiento de
esta acción de tutela, el expediente del proceso ordinario ingresó al
despacho y el 21 de agosto de 2024 se profirió auto en el que se dispuso
admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido
por el señor Alejandro Gómez Cruz, en contra de la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional, y se ordenó notificar por estado al demandante, y a los
demandados.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo o, en su defecto, la carencia actual de objeto por hecho
superado.

3.3. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional guardó
silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 29 de agosto de 202412 dispuso lo
siguiente:

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
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Accionante: Alejandro Gómez Cruz

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia y debido proceso del señor Alejandro
Gómez Cruz.

SEGUNDO: ABSTENERSE de dar alguna orden adicional, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

Para ello, expuso que el objeto de la acción de tutela es que el juzgado
instructor del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Alejandro Gómez Cruz, en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, diera el impulso
procesal pertinente y definiera si admitía o no la demanda.

En ese sentido, indicó que el 21 de agosto de 2024, durante el trámite de
esta acción constitucional, la autoridad judicial accionada admitió la
demanda, atendiendo así a las solicitudes del accionante para que se
impulsara el proceso, por lo que consideró que se cumplió con el objeto
de la tutela.

No obstante, precisó que “(…) la decisión expedida por el accionado se
produjo en el trámite de la presente acción y luego de un plazo que no es
razonable para tramitar lo pertinente a la admisión del proceso ordinario,
puesto que el auto que lo inadmitió es del 08 de agosto de 2022 y la
subsanación de la misma del 12 de agosto siguiente (…)”.

Aclaró que “(…) si bien el accionado puso de presente la carga efectiva
del despacho, esa situación no justifica la mora judicial, porque no se
estableció como esas razones han congestionado ese despacho judicial a
tal punto que no le ha permitido resolver las solicitudes como la indicada
en la solicitud de tutela por un plazo de más de 2 años. // Así, la sola
carga judicial no conduce a entender que un trámite de esa naturaleza
hubiese estado inactivo por más de 2 años (…)”.

Finalmente arguyó que “(…) no puede aplicarse la figura de la carencia
actual de objeto por hecho superado, porque fue precisamente la solicitud
de tutela la que determinó que cesara la violación del derecho

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Accionante: Alejandro Gómez Cruz

fundamental de la accionante, pues el juzgado accionado impulsó el
proceso porque medió una acción que derivaría en una orden judicial (…)”.

5. EL TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. De la impugnación presentada por el accionante.

Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó13
manifestando lo siguiente:

Sostuvo que la sentencia está viciada de efecto sustantivo por violación
directa a la Constitución y la ley al omitir el cumplimiento de los términos
perentorios de duración del proceso establecidos en los artículos 1, y 121
del Código General del Proceso, por remisión directa del artículo 306 de
la Ley 1437 de 2011.

Afirmó que el a quo no resolvió los extremos de la litis comprendidos en
sus pretensiones, donde de manera explícita solicitó el cumplimiento de
los términos procesales de un año en primera instancia y seis meses en
segunda.

Advirtió que “(…) el fallador de instancia ampara los derechos
fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia pero no
toma ninguna medida para prevenir y asegurar el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia en un tiempo razonable, pues si se
encuentra evidenciado que el proceso lleva un tiempo de 2 años 7 meses
y 26 días a la presentación de la acción constitucional sin contar siquiera
con la admisión de la demanda lo que se encuentra es que ya se violó el
término de duración del proceso del artículo 121 es decir un año en
primera instancia y 6 meses en segunda instancia luego la decisión debe
estar orientada a tomar medidas para restablecer los derechos del
accionante en cuanto ya se le violo el término de duración del proceso de
un año en primera instancia y el término en la segunda instancia luego es

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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razonable que la decisión de acción de tutela adopte medidas para que el
juez de primera instancia y el de segunda instancia den cumplimiento a
los términos a futuro por vía de la orden del juez de tutela al encontrarse
que a la fecha se violó el debido proceso en relación con esos términos
procesales que son perentorios y de obligatorio cumplimiento según el
artículo 117 del CGP (…)”.

Agregó que “(…) el fallo está viciado de falsa motivación en su numeral
14 al establecer que el objeto de acción es que el juzgado instructor del
medio de control ordinario ejercido por el señor Gómez Cruz diera el
impulso procesal pertinente y definir sí admitía o no la demanda, asunto
que es cierto pero de manera parcial porque es una de las pretensiones
formuladas en la acción constitucional porque lo que se pretende
fundamentalmente es que se cumplan los términos procesales de
duración del proceso conforme al artículo 121 del CGP por vía de remisión
del artículo 306 del cgp (sic) en primera y segunda instancia, tal como se
formuló en las pretensiones (…)”.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

“[…] 1. Que revoque la Sentencia de Tutela de primera instancia y
en consecuencia declare la vulneración de los derechos
fundamentales de ALEJANDRO GOMEZ CRUZ por la parte Accionada.

2. Que, en consecuencia, ordene a Doctor LUIS EDUARDO
GUERRERO TORRES Juez 055 Administrativo del Circuito de Bogotá
Sección Segunda o quien haga sus veces, dar cumplimiento al
término de duración del proceso judicial de 1 año y ½ conforme a lo
establecido en el artículo 1 y artículo 121 del CGP por remisión del
artículo 306 del CPACA, teniendo como base el termino de duración
de 1 año en primera instancia.

3. Que, en consecuencia, ordene al fallador de segunda instancia del
proceso judicial en caso de darse tal situación, dar cumplimiento al
término de duración del proceso judicial de 1 año y ½ conforme a lo
establecido en el artículo 1 y artículo 121 del CGP por remisión del
artículo 306 del CPACA, teniendo como base el termino de duración
de 6 meses en segunda instancia.

4. Prevenir a Doctor LUIS EDUARDO GUERRERO TORRES Juez 055
Administrativo del Circuito de Bogotá Sección segunda o quien haga
sus veces, para que en lo sucesivo no se vuelvan a presentar este
tipo de actuaciones que vulneran y afectan los derechos
fundamentales de las personas […]”.
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Accionante: Alejandro Gómez Cruz

5.2. De la impugnación presentada por la autoridad judicial
accionada.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el titular del Juzgado
Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá lo impugnó14
señalando lo siguiente:

Indicó que existe jurisprudencia copiosa y pacífica, tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado, que explican que, la mora
judicial no se configura cuando la tardanza no es atribuible al juez o
cuando existe justificación que explique el retardo, evento en el cual, no
se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

Al respecto, reiteró que (i) el despacho a su cargo presenta alta
congestión, siendo la estadística a diciembre de 2023, de más de
setecientos expedientes; (ii) que conforme a las estadísticas judiciales, el
promedio de trabajo del juzgado corresponde a la media de sus pares de
la sección segunda del circuito judicial de Bogotá, y que pese a los
esfuerzos del titular y del equipo de trabajo, no ha sido posible evacuar
una mayor cantidad de expedientes, lo que genera la mora; y iii) que se
comprobó que, de conformidad con el sistema adoptado por el Consejo
Superior de la Judicatura para determinar si los funcionarios judiciales
cumplen con la calidad y cantidad, en el trabajo que se espera de ellos
anualmente, se observa la calificación obtenida en nivel de excelente para
el año 2023, por lo que, la mora no deriva de la negligencia o del
desinterés del juez ni de los funcionarios del juzgado.

Insistió en que “(…) si bien las circunstancias descritas han afectado el
funcionamiento del juzgado, actualmente se están evacuando aquellos
procesos que presentan algún represamiento en sustanciación,
atendiendo a las circunstancias y particularidades propias de cada caso,

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
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sin sacrificar los derechos de las partes, ni la calidad de las providencias
(…)”.

Reprochó que, a pesar de lo expuesto en el informe rendido con destino
a este trámite tutelar, el a quo concluyó la existencia de la mora judicial
en el proceso ordinario identificado con el radicado nro. 11001 33 42 055
2022 00012 00.

Alegó que “(…) para que se entiendan vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
debe probarse que el funcionario actúa de manera negligente o
contrariando la ley, lo que deriva en que no avancen los procesos; sin
embargo, la sala no analizó lo manifestado por el juzgado, referente a las
estadísticas judiciales de este despacho, ni al promedio de trabajo (que
corresponde a la de los pares de la sección segunda de este circuito
judicial); tampoco tuvo en cuenta que, de conformidad el sistema
adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura, para determinar si los
funcionarios judiciales cumplen con la calidad y cantidad en el trabajo
anualmente la calificación obtenida por el juzgado en 2023 fue en nivel
de excelente, es decir, la mora no deriva de la negligencia o desinterés
del juez ni de las empleadas del juzgado (…)”.

Anotó que el fallo de tutela de primera instancia “(…) pasa por alto que el
fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos
fundamentales que se argumentan trasgredidos, por esto, la protección
se da con una orden precisa e imperativa; en ese sentido, la Corte
Constitucional, ha indicado: “… el amparo debe consistir en una
orden precisa e imperativa que se concreta en un plazo
inminente”; esto, porque una decisión en otro camino, contraría lo
expresado por la Guardiana Constitucional, ya que, si se ha superado la
situación, el juez no puede proferir una orden que proteja derechos, pues
resultaría inane (…)”. (Negrillas originales del escrito de impugnación).

Expuso que “(…) en la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A” de 29 de agosto de
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2024, era de concluir que, con la actuación del 21 de agosto de 2024, el
juzgado cumplió con el objeto de la acción de tutela y cesó la vulneración
de los derechos fundamentales, debiendo declarar carencia actual de
objeto por hecho superado (…)”.

Finalmente, solicitó que “(…) atendiendo los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, respetuosamente solicito a la segunda instancia:
revocar la decisión impugnada, atendiendo a que no se dan los supuestos
para que se presente mora judicial, por el contrario, se prueban
congestión y el trabajo del juzgado, por lo cual, solicito declarar la
improcedencia de la acción de tutela, de no considerarlo pertinente;
solicito declarar carencia actual de objeto por hecho superado (…)”.

5.3. Por auto proferido el 17 de septiembre de 2024 se concedió la
impugnación15, la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto
de ese mismo día16 e ingresó al despacho el 18 de septiembre de 202417.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199118, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201519, modificado por

15
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
16
Ibidem.
17
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
18
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12

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Accionante: Alejandro Gómez Cruz

el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 20, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201921 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor Alejandro Gómez Cruz, actuando por
conducto de apoderado, promovió acción de tutela pretendiendo la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia y petición, los cuales estima
vulnerados por el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito
de Bogotá, toda vez que “(…) han transcurrido dos años siete meses 26
días sin que se tenga resolución del proceso judicial ni siquiera el acto de
admisión de la demanda (…)”22, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 11001 33
42 055 2022 00012 00, que promovió en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Como sustento de lo anterior, alegó, entre otras cosas, que “(…) a la fecha
se encuentran vencidos los términos de resolución del proceso de 1 año
y ½ conforme a lo establecido en el artículo 1 y artículo 121 del CGP por
remisión del artículo 306 del CPACA, teniendo en cuenta que desde el 20
de enero de 2022 se radicó el proceso, pasados 2 años 7 meses 26 días
de acudir a la jurisdicción no ha sido posible que la autoridad judicial
resuelva el caso (…)”23.

La Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en fallo de primera instancia proferido el 29 de agosto de

20
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
22
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
23
Ibidem.
13

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Accionante: Alejandro Gómez Cruz

2024, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, sin embargo, se abstuvo de dar
alguna orden adicional.

El accionante impugnó la decisión anterior bajo la consideración de que el
a quo no resolvió los extremos de la litis comprendidos en sus
pretensiones, donde de manera explícita solicitó el cumplimiento de los
términos procesales de un año en primera instancia y seis meses en
segunda.

A su turno, la autoridad judicial accionada también impugnó la decisión
de primera instancia al estimar que “(…) la sala no analizó lo manifestado
por el juzgado, referente a las estadísticas judiciales de este despacho, ni
al promedio de trabajo (que corresponde a la de los pares de la sección
segunda de este circuito judicial); tampoco tuvo en cuenta que, de
conformidad el sistema adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura,
para determinar si los funcionarios judiciales cumplen con la calidad y
cantidad en el trabajo anualmente la calificación obtenida por el juzgado
en 2023 fue en nivel de excelente, es decir, la mora no deriva de la
negligencia o desinterés del juez ni de las empleadas del juzgado (…)”24.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que hay lugar a revocar
la decisión del a quo, por las razones que pasan a explicarse:

(i) Está acreditado en el expediente25 que el 20 de enero de 2022, el señor
Alejandro Gómez Cruz, actuando por conducto de apoderado, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se
declarara la nulidad del “(…) acto administrativo ficto o presunto por

24
Aparte del escrito de impugnación de la autoridad judicial accionada. Visto en el índice
2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23
15 000 2024 00671 01.
25
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 11001 33 42 055 2022 00012 00, aportado por
la autoridad judicial accionada junto con su informe. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024
00671 01.
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Accionante: Alejandro Gómez Cruz

configuración de silencio administrativo negativo de la parte Demandada
conforme al artículo 83 del CPACA, ante la ausencia de contestación del
derecho de petición presentado por el Demandante el día 7 de mayo de
2021, solicitando el Ascenso al grado de Capitán con fecha fiscal 1 de
junio de 2013 y convocatoria a curso para Mayor en la categoría de Oficial
del Ejército Nacional, de acuerdo a la antigüedad y escalafón del curso de
graduación de Oficial, con la indexación de salarios y adehalas dejadas de
percibir desde la fecha en que se debió causar el ascenso hasta la fecha
del reconocimiento y pago efectivo de las prestaciones demandadas,
ajustadas teniendo como base el índice de precios al consumidor más los
intereses y rendimientos dejados de percibir. El día 7 de agosto de 2021
se configuró el silencio administrativo negativo (…)”.

(ii) Por auto del 8 de agosto de 2022, el Juzgado Cincuenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá inadmitió la demanda y mediante
escrito radicado el 12 de agosto de 2022, el hoy accionante la subsanó.

(iii) Durante el trámite de la acción de tutela, esto es, el 21 de agosto de
2024, el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá
admitió la demanda.

Conforme con lo anotado, se desprende que, en este evento, está
configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a la
pretensión de ordenar a la autoridad judicial accionada “dar cumplimiento
al término de admisión de la demanda”, comoquiera que, mediante auto
del 21 de agosto de 2024, notificado el 22 de agosto de 2024, luego de
radicada la acción de tutela, se admitió la demanda del proceso ordinario
objeto de debate.

Lo anterior, por cuanto, tal como se evidencia en el expediente, en la
precitada providencia se dispuso “(…) PRIMERO.- ADMITIR la demanda
ordinaria con pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentada a través de apoderada judicial por el señor Alejandro Gómez

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Cruz (…), en contra de Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional (…)”26.

Bajo dicho contexto, la Sala considera que está configurado el fenómeno
de carencia actual de objeto por hecho superado, frente a la admisión de
la demanda, porque dicha situación fue satisfecha en el transcurso del
presente trámite tutelar por parte de la autoridad judicial accionada.

Al respecto, se recuerda que, la acción de tutela fue establecida por la
Constitución Política de 1991 con la finalidad de que toda persona,
mediante un procedimiento preferente y sumario, solicite la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; “en
ocasiones, sin embargo, la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los
derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda su razón de ser como
mecanismo extraordinario de protección judicial”27.

La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se
configura “cuando la orden del juez constitucional no tendría efecto
alguno o “caería al vacío” (…)”28 y puede presentarse bajo las categorías
de (i) daño consumado, (ii) hecho superado o (iii) una situación
sobreviniente.

En cuanto al hecho superado, se presenta cuando “(…) entre la
interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las
circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la
amenaza o violación del derecho no existen al momento de proferir el
fallo, salvo que los hechos que configuran una u otra persistan y sean

26
Visto en el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 11001 33 42 055 2022 00012 00, aportado por la
autoridad judicial accionada en su informe, visible en el índice 2 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00671 01.
27
Corte Constitucional. Sentencia SU-522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana
Fajardo Rivera.
28
Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares
Cantillo.
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actual y ciertamente percibidas por el juez”. Significa ello que el hecho
superado se consolida cuando la materia de decisión se sustrae, o lo que
en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas las pretensiones fueron
satisfechas al punto en que la amenaza sobre los derechos cesó y ésta no
reclama intervención judicial alguna (ultra o extra petita) (…)”29.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que
“(…) la ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la
desaparición de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la
acción. Estos motivos son concebidos desde dos puntos de vista distintos
pero complementarios. De una parte, hay un enfoque que liga los motivos
de la interposición de la acción a los presupuestos fácticos o situaciones
de hecho que llevaron al actor a percibir una amenaza para sus derechos
y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de decisión del juez de
tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las pretensiones
hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión
instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser”
(…)”30.

En consecuencia, como uno de los hechos que dio lugar a la presentación
de la solicitud de amparo ya fue atendida por la autoridad judicial
accionada en el trámite de la tutela, esto es, que no se había admitido la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el hoy
accionante en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, frente a dicha situación.

Ahora bien, en cuanto a la pretensión del accionante orientada a ordenar
a la autoridad judicial accionada que “(…) [de] cumplimiento al término
de duración del proceso judicial de 1 año y ½ conforme a lo establecido
en el artículo 1 y artículo 121 del CGP por remisión del artículo 306 del

29
Corte Constitucional. Sentencia T-213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz
Delgado.
30
Ibidem.
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CPACA, teniendo como base el termino de duración de 1 año en primera
instancia (…)”, la Sala advierte que dicha disposición normativa no es
aplicable a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ello, comoquiera que la Ley 1437 de 2011, en sus artículos 168 a 178,
regula el trámite de la demanda, explicando el plazo que se debe otorgar
para subsanarla en caso de ser inadmitida, así como el término del
traslado para que los demandados y terceros intervinientes propongan
excepciones, soliciten pruebas, entre otras actuaciones. En igual sentido,
los artículos 179 al 182 regulan las etapas del proceso contencioso
administrativo, incluyendo las audiencias a realizar y el término para
proferir sentencia de primera instancia.

Por lo tanto, no existe un vacío normativo en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que, por disposición
expresa de su artículo 306, permita la aplicación del artículo 121 del
Código General del proceso en esta jurisdicción.

Sin perjuicio de lo anterior, y en gracia de discusión el artículo 121 del
Código General del Proceso establece que “(…) salvo interrupción o
suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso
superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia,
contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o
mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada (…)”, lo que
tampoco resulta aplicable al caso objeto de estudio, comoquiera que no
ha transcurrido un año desde la notificación del auto admisorio de la
demanda ya que este fue notificado el 22 de agosto de 2024.

En consecuencia, se revocará el fallo del 29 de agosto de 2024 proferido
por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que tuteló los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso efectivo a la administración de justicia del accionante pero se
abstuvo de dar alguna orden adicional, para en su lugar, por una parte,
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado frente al
reproche de la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del
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derecho identificada con el radicado nro. 11001 33 42 055 2022 00012
00, y por otra, negar el amparo de los derechos fundamentales respecto
de la inconformidad y pretensión de ordenar “(…) a[l] (…) Juez 055
Administrativo del Circuito de Bogotá Sección segunda (…), dar
cumplimiento al término de duración del proceso judicial de 1 año y ½
conforme a lo establecido en el artículo 1 y artículo 121 del CGP (…)”,
comoquiera que dicha disposición normativa no es aplicable a esta
jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 29 de agosto de 2024
por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia del accionante.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO de la acción de tutela interpuesta por el señor
Alejandro Gómez Cruz, respecto a la admisión de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho identificada con el radicado nro. 11001 33
42 055 2022 00012 00, promovida por el hoy accionante en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por las
razones señalas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, respecto de la
inconformidad y pretensión de ordenar “(…) a[l] (…) Juez 055
Administrativo del Circuito de Bogotá Sección segunda (…), dar
cumplimiento al término de duración del proceso judicial de 1 año y ½
conforme a lo establecido en el artículo 1 y artículo 121 del CGP (…)”,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00671 01
Accionante: Alejandro Gómez Cruz

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

20

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