Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03495-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03495-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03495-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03495-01
Accionante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Inmediatez.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 4 de junio de 2026, por la Sección Segunda – Subsección A
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 6 de mayo de 2026, los señores Francined de Jesús Cano Ramírez, Rosa Elena
Ramírez Sterling, Francined Cano Brito y Erbin Hinestroza Palacios, presentaron
acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a elegir y ser elegidos,
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, propiedad privada
y vida digna.
2.
Solicitaron dejar sin efectos la sentencia del 11 de diciembre de 2024, así como
las demás providencias que resolvieron los recursos y solicitudes posteriores,
proferidas dentro del medio de control de reparación directa1 que promovieron junto
con otros2, contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC) y la Nación – Rama Judicial. Explicaron que dicho proceso tenía
por objeto declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de esas entidades
por la falla en la prestación del servicio del Sistema Nacional Electoral derivada de
1 Radicado: 76001-23-33-000-2015-00206-02
2 Teresa Pérez López, en nombre propio y en representación de Juan David y Kristian Camilo Cano Pérez; Rosa
Elena Ramírez Sterling, Francined Cano Brito, Nancy Cano Ramírez, Fanny María Ramírez, Ruby Ramírez,
Javier Ramírez, Jessica Alexandra Cano Pérez, Sandra Viviana Vélez, Juan Diego Galeano Ramírez, Jorge
Eliecer Rivera Méndez, Luis Carlos Chantre Vargas, Víctor Manuel Marín Serna y Johnny Alexandre Rivera
Rojas.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03495-01
Accionante: Francined de Jesús Cano y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
las irregularidades ocurridas en el conteo de votos, los escrutinios y la declaratoria
de los Representantes a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca para el
periodo 2010-2014, que permitieron la elección irregular del señor Juan Carlos
Martínez Gutiérrez en lugar del señor Francined de Jesús. Asimismo, también
atribuyeron a la Sección Quinta del Consejo de Estado un error judicial y un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por abstenerse de
declarar la nulidad parcial de la elección3, ordenar nuevos escrutinios, cancelar la
credencial del candidato elegido y expedir una nueva a quien, en su criterio,
correspondía.
3.
Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado 4 confirmó la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca 5 el 22 de agosto de 2019, que negó las
pretensiones de la demanda. Consideró que, si bien en el proceso de nulidad
electoral, se acreditaron algunas irregularidades en el escrutinio, no se demostró que
estas hubieran incidido en el resultado de la elección, pues no obraba el formulario
E-26 de revisión ni otros elementos que permitieran verificar dicha incidencia. A su
vez, concluyó que la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en error
judicial al proferir fallo del 6 de diciembre de 2012, toda vez que esa decisión fue
adoptada con fundamento en el material probatorio disponible; además, el medio de
control de reparación directa no podía utilizarse para reabrir el debate decidido en el
proceso de nulidad electoral.
4.
Inconformes con la sentencia de segunda instancia, los demandantes
promovieron, en escritos separados, solicitudes de nulidad, aclaración y adición. La
autoridad judicial demandada rechazó esas solicitudes. Posteriormente, formuló
solicitudes de control de legalidad, aclaración y adición contra el auto que resolvió
dichos recursos. La Subsección C las rechazó al considerar que, bajo distintas
denominaciones, el actor pretendía reabrir un debate ya resuelto y expresar su
inconformidad con las decisiones adoptadas, finalidad ajena a la naturaleza de tales
mecanismos procesales.
5.
Como sustento de sus pretensiones, la parte accionante sostuvo que la autoridad
judicial demandada incurrió en un defecto fáctico, al realizar una valoración
incompleta del material probatorio, lo que condujo a concluir equivocadamente que
no se acreditaron el daño antijurídico, la falla en el servicio electoral y el error
jurisdiccional alegados. En primer lugar, adujo que se minimizó la conducta asumida
por la RNEC y el CNE durante el trámite de la nulidad electoral, al restarle relevancia
al hecho de que dichas autoridades se rehusaron reiteradamente a remitir el
formulario E-26 de revisión, pese a los múltiples requerimientos efectuados por la
Sección Quinta. Tampoco se valoró que la mencionada Sala se limitó a requerir la
3 Radicados acumulados: 1100103280000201000071-00 y 110010320000201000074-00.
4 Magistrados: Nicolás Yepes Corrales (ponente) y William Barrera Muñoz.
5 Magistrados: Zoranny Castillo Otálora (ponente), Ana Margoth Chamorro Benavides y Víctor Adolfo Hérnandez
Díaz.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03495-01
Accionante: Francined de Jesús Cano y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
remisión del formulario, sin desplegar otras medidas encaminadas a obtenerlo antes
de dictar sentencia. Actuaciones que impidieron que dicho documento fuera
incorporado oportunamente al proceso.
6.
Agregó que, una vez el formulario E-26 fue obtenido e incorporado al proceso de
reparación directa, la Subsección C se abstuvo de valorarlo por considerar que no
se allegó dentro del proceso de nulidad electoral, sin tener en cuenta que su ausencia
obedeció precisamente a la conducta atribuida a las autoridades electorales y no a
la falta de diligencia del demandante. De otro lado, afirmó que se omitió apreciar
integralmente la sentencia del 6 de diciembre de 2012, pues en ella se reconoció que
al candidato inicialmente declarado electo le habían sido asignados 145 votos de
manera irregular y que la diferencia real entre ambos candidatos era de 38 votos (a
favor de Francined Cano), circunstancias que evidenciaban la incidencia de las
irregularidades en el resultado electoral y la responsabilidad atribuida a las entidades
demandadas.
7.
Finalmente, reprochó que no se hubiera otorgado valor a la confesión efectuada
por Juan Carlos Martínez Gutiérrez al contestar la demanda de nulidad electoral, en
cuanto aceptó la votación atribuida al señor Cano. Puso de presente que esa
declaración podía sustituir probatoriamente al formulario E-26 para corroborar el
derecho a ocupar la curul disputada, pues es un hecho que no tiene tarifa legal.
8.
También se alegó la configuración de un defecto procedimental y por exceso
ritual manifiesto, al validar la actuación surtida por la Sección Quinta dentro del
proceso de nulidad electoral, pese a que esta se apartó del régimen probatorio
vigente y de los deberes de dirección e instrucción del proceso, al no agotar las
facultades previstas en los artículos 37 y 40 del Código de Procedimiento Civil para
obtener el formulario E-26 de revisión.
9.
Agregó que tanto la Sección Quinta como la Subsección C le impusieron una
carga probatoria imposible de satisfacer, al exigirle aportar un documento cuya
custodia correspondía exclusivamente al Estado, pese a que había sido solicitado
reiteradamente por la propia autoridad judicial y el actor carecía de facultades para
obtenerlo. Además, esa exigencia no superaba un juicio de proporcionalidad, pues,
aunque el formulario E-26 constituía un medio de prueba idóneo para acreditar los
hechos debatidos, no era el único.
10.
De otro lado, los accionantes afirmaron que se incurrió en defecto sustantivo por
indebida interpretación de los artículos 177, 195 y 40 del CPC, vigentes para la época
de los hechos, y desconocer el precedente contenido, entre otras, en el fallo del 20
de noviembre de 2008 de la Sección Quinta del Consejo de Estado (rad. 11001-03-
15-000-2008-01079-01), y las Sentencias C-218 de 1996 y SU-768 de 2014 de la
Corte Constitucional. Con fundamento en ello, sostuvieron que la autoridad judicial
validó una carga probatoria imposible para el demandante y privilegió el rigor formal
sobre la verdad material.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03495-01
Accionante: Francined de Jesús Cano y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
11.
Por último, los demandantes alegaron la configuración de un error inducido, al
sostener que se avaló la apariencia de legalidad de la sentencia proferida por la
Sección Quinta el 6 de diciembre de 2012, pese a que esta habría sido inducida a
error por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral
al ocultar el formulario E-26 de revisión durante el trámite de nulidad electoral.
B. Sentencia de primera instancia
12.
Mediante sentencia del 4 de junio de 2026, la Sección Segunda – Subsección A
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de inmediatez. Precisó que, si bien contra la sentencia cuestionada se
promovieron solicitudes de adición, aclaración y nulidad, el término para acudir al
amparo constitucional debía contabilizarse desde la ejecutoria de la providencia que
resolvió la solicitud de adición, de conformidad con el artículo 302 del Código General
del Proceso, por tratarse de la última decisión con incidencia sobre el contenido y la
ejecutoria del fallo. Explicó que dicha providencia quedó ejecutoriada el 8 de
septiembre de 2025, de manera que el término de seis meses vencía el 8 de marzo
de 2026. En consecuencia, como la acción de tutela fue presentada el 6 de mayo de
2026 y no se acreditó una circunstancia excepcional que justificara la tardanza,
concluyó que esta resultaba extemporánea.
C. La impugnación
13.
Los accionantes impugnaron la decisión al considerar que se analizó
indebidamente el cumplimiento del requisito de inmediatez. Señalaron que la acción
de tutela no solo cuestiona la sentencia de segunda instancia proferida dentro del
proceso de reparación directa, sino también las decisiones posteriores que
resolvieron las distintas solicitudes de nulidad, aclaración, adición, reposición,
súplica y control de legalidad formuladas contra aquella, por ende, el término de
inmediatez debe contabilizarse desde que se notificó la última de ellas, esto es, el 6
de noviembre de 2025.
14.
Alegaron que, a diferencia de lo considerado por el a quo, todas esas actuaciones
tenían aptitud para incidir en la validez y los efectos jurídicos de la providencia
cuestionada, y que una interpretación distinta desconoce el carácter subsidiario de
la acción de tutela, pues mientras permanecieran pendientes mecanismos ordinarios
susceptibles de modificar la decisión judicial no podía predicarse la consolidación de
la situación jurídica ni la firmeza material del fallo. Sumado a lo anterior, mencionaron
que la interposición de dichos mecanismos no obedeció al propósito de extender
artificialmente el término de inmediatez, sino al ejercicio legítimo de los instrumentos
procesales previstos para obtener la corrección de las irregularidades que afectaban
la decisión, y deben ser estudiadas por el juez constitucional.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03495-01
Accionante: Francined de Jesús Cano y otros
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15.
Por demás, afirmaron que el requisito de inmediatez debe analizarse bajo criterios
de razonabilidad y atendiendo las particularidades del caso, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional —en especial, las sentencias T-619 de 2019 y SU-391
de 2016—, según la cual dicho presupuesto no constituye un término rígido de
caducidad. Además, con la decisión adoptada, se desconoció el criterio adoptado
por la propia Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado en cuanto a la
flexibilización del término de inmediatez, acorde a la gravedad de la afectación
constitucional alegada (Rad. 11001-03-15-000-2020-03495-00).
16.
Insistieron en que la controversia planteada versa sobre la persistencia de una
vulneración constitucional derivada del ocultamiento del formulario E-26, el error
inducido en que habría incurrido la Sección Quinta y la posterior convalidación de
sus efectos en el proceso de reparación directa, circunstancias que imponían un
análisis conjunto de ambas actuaciones judiciales y justificaban la flexibilización del
requisito de inmediatez.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
17.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.
E. Cuestión previa
18.
El 3 de agosto de 2026, la consejera de Estado Zoranny Castillo Otálora manifestó
su impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en el artículo
56.67 del Código de Procedimiento Penal. Señaló que “como integrante de la Sala
de decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, suscrib[ió] la providencia
del 22 de agosto de 2019”, en el marco del proceso de reparación directa con
radicación 76001-23-33-000-2015-00206-00.
19.
Si bien el reproche del accionante se dirige contra la sentencia del 11 de diciembre
de 2024, que profirió en segunda instancia el Consejo de Estado, dentro del referido
proceso; es claro que la magistrada Castillo Otálora participó en ese trámite judicial
y suscribió la decisión de primera instancia, por lo que su imparcialidad puede verse
comprometida. Debido a ello, se declarará fundado su impedimento y se le separará
del conocimiento de este asunto.
6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7 “Artículo
56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (…) 6. Que el funcionario haya
dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o
compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de
afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.”
5
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E. Análisis del caso concreto
20.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente el
amparo solicitado. Lo anterior, por cuanto, uno de los accionantes carece de
legitimación en la causa por activa. Además, aunque no se comparten íntegramente
las razones expuestas por el a quo para determinar el punto de partida del cómputo
del requisito de inmediatez, se coincide en que la solicitud de amparo fue presentada
por fuera de un término razonable.
21.
En primer lugar, la Subsección advierte que el señor Erbin Hinestroza Palacios
carece de legitimación en la causa por activa en el presente asunto, toda vez que
intervino en el proceso de reparación directa en calidad de apoderado judicial de la
parte demandante y no como titular de la relación jurídico-material debatida. En el
expediente ordinario, reposa copia del contrato de prestación de servicios jurídicos
profesionales suscrito el 30 de septiembre de 2014, suscrito entre los señores
Hinestroza Palacios y Francined de Jesús Cano, en virtud del cual el primero se
obligó a iniciar y tramitar hasta su culminación el medio de control de reparación
directa que dio origen a la decisión cuestionada en este trámite constitucional 8 .
También se pudo verificar que en el escrito de demanda el señor Hinestroza no fue
enlistado como integrante de la parte actora e, incluso, ninguna pretensión se dirigió
a su nombre y, consecuentemente, en el numeral 8 del auto admisorio del 6 de julio
de 2017, se le reconoció personería jurídica para actuar como apoderado de la parte
demandante9.
22.
En esa medida, la providencia cuestionada y las decisiones posteriores, no
recayeron sobre sus derechos o intereses fundamentales, sino sobre los de quienes
representó judicialmente, razón por la cual no está legitimado para reclamar, en
nombre propio, la protección constitucional frente a una presunta vulneración
derivada de dicha decisión. Adicionalmente, se aclara que no es procedente
entender que la legitimación del referido accionante pueda derivar de las eventuales
consecuencias patrimoniales que la decisión judicial pudiera generar respecto de
sus honorarios profesionales. La acción de tutela contra providencias judiciales
exige que quien la promueva alegue la vulneración de derechos fundamentales
propios, personales y directo, por ende, se entiende que respecto al señor Erbin
Hinestroza la solicitud de amparo es improcedente.
23.
Superado lo anterior, corresponde a la Sala analizar el cumplimiento del requisito
de inmediatez en cuanto a los demás demandantes respecto de quienes se
encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa. Al respecto, se anticipa
que, contrario a lo manifestado en el escrito de impugnación, la tutela se presentó
por fuera del término razonable para proceder a analizar los defectos judiciales
invocados por los accionantes.
8 Folio 1554, Cuaderno 4, expediente digitalizado que reposa a índice 20 del aplicativo SAMAI.
9 Folios 2147 a 2150, Cuaderno 6, ídem.
6
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24.
Esta Corporación ha señalado que el plazo razonable para interponer la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis meses contados desde la
notificación de la decisión que se cuestiona, debido a que es desde ese momento
que la parte actora conoce la decisión y puede advertir la posible vulneración
derechos fundamentales. Sin embargo, ese referente temporal debe examinarse a
la luz de las particularidades de cada caso, de manera que, si se surten actuaciones
procesales con aptitud para modificar el contenido de la decisión, el análisis de la
inmediatez se efectúe a partir de la última de estas.
25.
Revisado el expediente, se advierte que la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia en el proceso de
reparación directa, con fecha del 11 de diciembre de 2024, providencia notificada a
las partes el 22 de enero de 2025.
26.
El 29 de enero siguiente, los demandantes promovieron, por una parte, incidente
de nulidad, a fin de que se dejara sin efectos todo lo actuado hasta el auto que corrió
traslado para alegar de conclusión o, en su defecto, hasta antes de la providencia
mediante la cual se admitió el recurso de apelación, al considerar que se configuró
la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 133 del CGP. Expusieron
que la sustentación de la apelación y los alegatos de conclusión fueron presentados
ante la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, integrada en su
momento por los magistrados Nicolás Yepes Corrales, Guillermo Sánchez Luque y
Jaime Enrique Rodríguez Navas, pero posteriormente, el fallo fue proferido por los
consejeros Nicolás Yepes Corrales y William Barrera Muñoz, esto es, un juez
distinto. Además, no obraba en la decisión de segunda instancia, justificación legal
respecto a la falta de un tercer magistrado que debía integrar la Sala de decisión,
desconociendo lo dispuesto en el artículo 128 del CPACA.
27.
Concomitantemente, se presentó solicitud de adición y/o complementación de la
sentencia del 11 de diciembre de 2024, sustentada en la presunta falta de
pronunciamiento sobre algunos argumentos planteados en la apelación y los
alegatos de conclusión. Para el efecto, se transcribió en extenso lo alegado respecto
a la falta de análisis sobre que: (i) el acto administrativo electoral de escrutinio
formulario E-24 fue “declarado nulo tácitamente” por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en sentencia del 6 de diciembre del 2012, motivo por el cual le asistía el
derecho de reclamar los perjuicios derivados de tal situación, y (ii) reiteró que se
probaron las irregularidades en el escrutinio, razón por la cual el juez ordinario debió
acceder a las pretensiones indemnizatorias, a efectos de enmendar las decisiones
erróneas de la organización electoral y la rama judicial que impidieron que el señor
Cano Ramírez fuera electo congresista en el periodo 2010-2014.
28.
El 28 de julio de 2025, se negó la solicitud de nulidad presentada por la parte
demandante. La autoridad judicial explicó que, conforme a los artículos 125 y 128
del CPACA y al artículo 54 de la Ley 270 de 1996, las decisiones de las
subsecciones del Consejo de Estado se adoptan con el voto favorable de la mayoría
7
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de sus integrantes, requisito que se cumplió en el caso concreto, ya que la sentencia
fue suscrita por dos de los tres magistrados que conformaban la Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación. Acto seguido, precisó que los cambios en la
integración de la Sala obedecieron a la culminación de los períodos constitucionales
de los magistrados y a las designaciones -reemplazos- efectuadas por la Sala Plena,
de manera que no existía obligación de que los consejeros que conocieron la
sustentación del recurso y los alegatos de conclusión profirieran también la decisión
de segunda instancia. Finalmente, expuso que el traslado para alegar de conclusión
fue dispuesto por el mismo magistrado que, con posterioridad, presentó el proyecto
de sentencia; y que, en todo caso, la Sala que resolvió el asunto conocía
íntegramente el expediente y las actuaciones surtidas.
29.
Contra la anterior decisión, el 1 de agosto de 2025, los accionantes interpusieron
recurso de reposición y en subsidio de súplica. Reiteraron que se configuraba la
causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 133 del CGP por cambio e
indebida conformación de la Sala de decisión en el proceso ordinario. Enfatizaron
en que la definición del litigio no podía supeditarse al vencimiento del período
constitucional de uno de los magistrados, razón por la cual solicitó que se dejara sin
efectos todo lo actuado y se ordenara correr traslado para alegar nuevamente.
30.
Estando pendiente la decisión de estos recursos, el 11 de agosto de 2025 la
autoridad judicial accionada profirió auto mediante el cual negó la solicitud de adición
y/o complementación, dado que esta se sustentó en la transcripción literal de los
motivos de inconformidad que fueron formulados en el recurso de apelación y
resueltos en la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección C,
desconociéndose que el mecanismo de adición no puede utilizarse para surtir una
instancia adicional al proceso ordinario.
31.
El 6 de octubre de 2025, la misma autoridad judicial profirió providencia en la que
despachó desfavorablemente el recurso de reposición y rechazó por improcedente
el recurso de súplica presentados contra la decisión de negar la solicitud de nulidad.
Para resolver la reposición, reiteró los argumentos expuestos en el auto del 28 de
julio de 2025 sobre la conformación adecuada de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado al momento de proferir la sentencia del 11 de
diciembre de 2024 y, en cuanto a la súplica, aclaró que no es procedente respecto
del auto que niega una nulidad, acorde a lo previsto en los artículos 243 y 246 del
CPACA. Esta decisión fue notificada a las partes por estado fijado el 10 de octubre
de 202510.
32.
Con posterioridad, el 15 de octubre de esa anualidad, los accionantes presentaron
solicitud de control de legalidad y, en subsidio, aclaración y adición frente al auto
anteriormente referido, ante la inconformidad de los accionantes por la declaratoria
de improcedencia del recurso de súplica. A su juicio, ese medio de contradicción si
10 Índice 88, SAMAI de segunda instancia del proceso de reparación directa.
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era procedente, dando aplicación supletiva a lo dispuesto en el artículo 321 del CGP,
numerales 5 y 6. También cuestionó la interpretación hecha a las gacetas del
Congreso sobre la eliminación de la apelación introducida por la Ley 2080 de 2021
sobre el auto que niega nulidades procesales. Con todo, pidió aclarar o adicionar el
auto del 6 de octubre de 2025, a fin de que la autoridad accionada se pronunciara
sobre estos argumentos.
33.
Mediante auto del 4 de noviembre de 2025, notificado el 6 de noviembre siguiente,
se negaron esas solicitudes adicionales de la parte actora, dado que lo pedido
excedió la naturaleza y alcance de las figuras procesales de la aclaración y adición.
34.
Precisado el trámite surtido con posterioridad a la sentencia objeto de tutela, la
Sala no comparte el referente temporal indicado por el a quo para contabilizar el
requisito de inmediatez. En su lugar, se considera que dicho análisis debe efectuarse
a partir del auto de 6 de octubre de 2025, notificado por estado el 10 del mismo mes,
mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
providencia que negó la solicitud de nulidad parcial y se rechazó por improcedente
el recurso de súplica, por tratarse del último mecanismo procesal procedente con
aptitud para modificar las decisiones objeto de censura11.
35.
Las actuaciones surtidas con posterioridad no alteran esa conclusión. Como se
expuso en el auto de 4 de noviembre de 2025, las solicitudes de control de legalidad
y de aclaración y adición formuladas contra la providencia que resolvió el recurso de
reposición desbordaban la finalidad de esos mecanismos, pues no buscaban
aclarar, adicionar o corregir expresiones confusas dentro de esa decisión, sino
expresar el desacuerdo del actor con lo allí resuelto. En consecuencia, carecían de
aptitud para modificar el contenido material de la providencia cuestionada y, por
tanto, no cambian el punto de partida para el análisis de la inmediatez.
36.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela fue promovida por fuera
del término razonable exigido para cuestionar providencias judiciales mediante este
mecanismo excepcional, sin que se acreditara una circunstancia que justificara la
tardanza en su interposición. Por ello, se confirmará la decisión apelada, aunque por
las razones expuestas en esta providencia.
37.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
11 Respecto al requisito de inmediatez, la Corte Constitucional, en sentencia T-514 de 2025, precisó que para la
verificación de este presupuesto se debe considerar como fecha de referencia aquella a partir de la cual sea
posible advertir el alegado defecto en la providencia. Para el caso bajo estudio, la situación jurídica que se
reprocha ya se había concretado en las decisiones que se mencionan, pues las solicitudes y recursos posteriores
no tenían la potencialidad de modificarla, pues no resultaban procedentes.
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Accionante: Francined de Jesús Cano y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento presentado por la magistrada Zoranny
Castillo Otálora y separarla del conocimiento de este proceso.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo proferido el 4 de junio de 2026 por la Sección
Segunda – Subsección A del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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