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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00206-02

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00206-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda instancia, el cero punto cinco por ciento (0.1%) de las pretensiones solicitadas en la demanda, a cargo de la parte demandante y a favor del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Nación – Rama Judicial. LIQUÍNDESE por Secretaría. CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2015-00206-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: FRANCINED DE JESÚS CANO RAMÍREZ
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS

Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados por falla en el
sistema electoral. Privación del derecho a ser elegido como
Representante a la Cámara. No se acreditó la causación de un
daño resarcible. Error judicial. No se incurrió en error judicial en la
sentencia que resolvió el proceso de nulidad electoral.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 22 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En fecha indeterminada, Francined de Jesús Cano Ramírez y Juan Carlos Martínez
Gutiérrez, miembros del Partido Social de Unidad Nacional, se inscribieron ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil como candidatos a la Cámara de
Representantes por el departamento del Valle del Cauca, para el periodo
constitucional 2010 – 2014. El 14 de marzo de 2010 se llevaron a cabo las
elecciones para conformar el Congreso de la República para el citado periodo
constitucional. Posteriormente, mediante Resolución No. 1773 del 17 de julio de
2010, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Juan Carlos Martínez
Gutiérrez como Representante a la Cámara de Representantes por el Valle del
Cauca para el periodo constitucional 2010-2014.

El 18 de agosto de 2010, Francined de Jesús Cano Ramírez presentó demanda de
nulidad electoral contra el citado acto administrativo, pues, a su juicio, habían

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

existido irregularidades en los registros de los formularios E-14 y E-24. Mediante
sentencia de única instancia del 6 de diciembre de 2012, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.

La parte actora considera que la Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Nación - Rama Judicial son patrimonialmente
responsables por “la omisión, irregularidades o la falla en el servicio electoral del
sistema u organización nacional electoral, al momento de realizar el conteo de
votos, los escrutinios y la declaratoria de la elección de los Representantes a la
Cámara por el departamento del Valle del Cauca para el periodo 2010-2014 en la
que salió irregularmente electo Juan Carlos Martínez Gutiérrez en detrimento de
Francined de Jesús Cano Ramírez, y por la falla, error jurisdiccional y/o defectuosa
administración de justicia de la Rama Jurisdiccional dentro del proceso
110010328000201000071-00 y 110010328000201000074-00, del cual conoció la
Sección Quinta del Consejo de Estado, quien se abstuvo injustificadamente declarar
la nulidad parcial de la elección, ordenar nuevos escrutinios, la cancelación de la
credencial del irregularmente electo y expedición de nueva credencial a quien en
derecho correspondía”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 26 de febrero de 20151, Francined de Jesús Cano Ramírez, Teresa Pérez López,
en nombre propio y en representación de Juan David y Kristian Camilo Cano Pérez;
Rosa Elena Ramírez Sterling, Francined Cano Brito, Nancy Cano Ramírez, Fanny
María Ramírez, Ruby Ramírez, Javier Ramírez, Jessica Alexandra Cano Pérez,
Sandra Viviana Vélez, Juan Diego Galeano Ramírez, Jorge Eliecer Rivera Méndez,
Luis Carlos Chantre Vargas, Víctor Manuel Marín Serna y Johnny Alexandre Rivera
Rojas, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentaron demanda en contra del Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Nación - Rama Judicial, para que fueran declarados

1 Fl. 2061, C. 5.

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

patrimonialmente responsables por “la omisión, irregularidades o la falla en el
servicio electoral del sistema u organización nacional electoral, al momento de
realizar el conteo de votos, los escrutinios y la declaratoria de la elección de los
Representantes a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca para el
periodo 2010-2014 en la que salió irregularmente electo Juan Carlos Martínez
Gutiérrez, en detrimento de Francined de Jesús Cano Ramírez, y por la falla, error
jurisdiccional y/o defectuosa administración de justicia de la Rama Jurisdiccional
dentro del proceso 110010328000201000071-00 y 110010328000201000074-00,
del cual conoció la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien se abstuvo
injustificadamente de declarar la nulidad parcial de la elección, ordenar nuevos
escrutinios, la cancelación de la credencial del irregularmente electo y expedición
de nueva credencial a quien en derecho correspondía”.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
demandadas a pagar, por perjuicios morales, 500 SMLMV a Francined de Jesús
Cano Ramírez y 100 SMLMV a los demás demandantes; por “daño al proyecto de
vida”, 500 SMLMV a Francined de Jesús Cano Ramírez; por daño emergente, la
suma de $506.000.000 a Francined de Jesús Cano Ramírez; y por lucro cesante,
las sumas de $2.669.154.710 a Francined de Jesús Cano Ramírez, $247.430.400
a Sandra Viviana Vélez, $92.786.400 a Juan Diego Galeano Ramírez, $247.430.400
a Jorge Eliecer Rivera Méndez, $371.145.600 a Luis Carlos Chantre Vargas,
$340.216.800 a Víctor Manuel Marín Serna y $247.430.400 a Johnny Alexandre
Rivera Rojas.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha
indeterminada, Francined de Jesús Cano Ramírez y Juan Carlos Martínez
Gutiérrez, miembros del Partido Social de Unidad Nacional, se inscribieron ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil como candidatos a la Cámara de
Representantes por el Valle del Cauca, para el periodo constitucional 2010–2014.

Advierte que, el 14 de marzo de 2010, se llevaron a cabo las elecciones para
conformar el Congreso de la República para el citado periodo constitucional.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

Manifiesta que, mediante Resolución No. 1773 del 17 de julio de 2010, el Consejo
Nacional Electoral declaró la elección de Juan Carlos Martínez Gutiérrez como
Representante a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca para el
periodo constitucional 2010-2014.

Señala que, por lo anterior, el 18 de agosto de 2010, Francined de Jesús Cano
Ramírez presentó demanda de nulidad electoral contra el citado acto administrativo,
pues, a su juicio, habían existido irregularidades en los registros de los formularios
E-14 y E-24.

Indica que, mediante auto del 6 de abril de 2011, la Sección Quinta del Consejo de
Estado acumuló dicho trámite al proceso de nulidad electoral identificado con el
radicado 2010-00071-00, promovido por Luis Carlos Restrepo Orozco.

Argumenta que, en auto del 10 de mayo de 2011, la mencionada autoridad decretó
como prueba, entre otras, el formulario E-26 de revisión.

Afirma que, por medio de oficios del 13 de mayo, 8 de junio, 8 de julio y 22 de agosto
de 2011, la Sección Quinta del Consejo de Estado requirió al CNE y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegaran al proceso el formulario
E-26 de revisión.

Advierte que, mediante auto del 20 de septiembre de 2011, la Sección Quinta del
Consejo de Estado decretó el cierre del periodo probatorio y corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

Manifiesta que mediante sentencia del 6 de diciembre de 2012 la Sección Quinta
del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral,
aduciendo que aunque debían descontarse 145 votos al candidato Juan Carlos
Martínez Gutiérrez, no era posible verificar la posible incidencia de dicha
irregularidad en el resultado electoral, porque no se había allegado al proceso la
copia del formulario E-26 de revisión de la votación.

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

Señala que, en fecha indeterminada, Cano Ramírez presentó solicitud de aclaración
y adición de la mencionada sentencia.

Indica que, en fecha indeterminada, Francined de Jesús Cano Ramírez solicitó la
nulidad de la sentencia del 6 de diciembre de 2012 y, a su vez, allegó copia del
formulario E-26 de revisión.

Argumenta que, mediante auto del 24 de abril de 2013, la Sección Quinta del
Consejo de Estado rechazó por improcedente solicitud de nulidad presentada.

Afirma que, en auto del 10 de mayo de 2011, la mencionada autoridad judicial negó
la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 6 de diciembre de 2012.

La parte demandante considera que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil son patrimonialmente responsables por haber
contabilizado de forma irregular la votación del candidato Juan Carlos Martínez
Gutiérrez, asignándole 145 votos más de los obtenidos, tal y como quedó en
evidencia en la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el
6 de diciembre de 2012 y, por consiguiente, porque le privaron de ejercer su derecho
a ser elegido como Representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

De otro lado, se indican que la Nación - Rama Judicial es patrimonialmente
responsable por los errores jurisdiccionales contenidos en los proveídos del 6 de
diciembre de 2012, 26 de febrero de 2013 y 24 de abril de 2013, proferidos por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante los cuales se lesionaron
injustificadamente los derechos de acceso a la administración de justicia y debido
proceso de la parte actora.

Sobre el particular, sostuvo que en la sentencia del 6 de diciembre de 2012 la
Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda al
estimar que ante la ausencia del formulario E-26 de revisión no resultaba posible
verificar la incidencia de los votos asignados irregularmente al candidato Martínez
Gutiérrez.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

Indicó que, pese a que dicho documento fue decretado como prueba, la mencionada
autoridad no ejerció sus poderes de instrucción e “incumplió su deber frente a la
negativa del CNE para allegar al proceso de nulidad electoral el acto de escrutinio
formulario E-26 de revisión”. No obstante lo anterior, afirmó que el referido
formulario no era el único medio probatorio para acreditar la incidencia de las
irregularidades en el resultado, pues en los hechos de la demanda se precisó la
votación obtenida por Cano Ramírez, aspecto que fue aceptado por el demandado
Martínez Gutiérrez en su contestación de demanda.

En cuanto a los autos del 26 de febrero y 24 de abril de 2013, alegó que en el
término de ejecutoria de la sentencia del 6 de diciembre de 2012 se allegó copia del
formulario E-26, prueba que no pudo ser aportada antes por culpa del CNE y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado debió aplicar por analogía el numeral 3 del artículo 214 del CCA
y dar “la misma consecuencia jurídica estipulada para los procesos de doble
instancia, que daban la oportunidad de aportar y practicar pruebas en situaciones
especifica al momento de recurrir”.

2. Contestaciones

El 6 de julio de 20172 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. El Consejo Nacional Electoral3 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que el daño alegado por la parte demandante devino de la
Resolución 1773 del 17 de julio de 2010 - mediante la cual el CNE declaró la
elección de los Representantes a la Cámara por el departamento del Valle del
Cauca -. Propuso las excepciones de “inexistencia de daño jurídico, caducidad e
improcedencia de la acción de reparación directa”.

2 Fl. 2147 a 2150, C. 6.
3 Fl. 2184 a 2198, C. 6.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

2.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil4 se opuso a las pretensiones de la
demanda, manifestando que el daño alegado por el demandante no le era atribuible,
toda vez que no tuvo injerencia en la realización de los escrutinios, ni en sus
resultados. Formuló como excepciones las que denominó “falta de legitimación en
la causa por pasiva, culpa exclusiva de un tercero y ausencia de falla en el servicio”.

2.3. La Rama Judicial5 solicitó desestimar las pretensiones de la demanda,
argumentando que en el sub examine no se configuró un error judicial, dado que las
providencias cuestionadas se dictaron conforme a las normas sustanciales y
procedimentales aplicables al caso concreto.

3. Audiencia inicial

Los días 10 de abril6 y 8 de octubre de 20187, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso,
resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial es responsable extracontractualmente por los perjuicios materiales y
morales ocasionados a los demandantes por la decisión judicial proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad radicación
110010320000201000074-00 y 1100103280000201000071-00?. [y si] La
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral son
responsables extracontractualmente por las presuntas irregularidades en los
escrutinios en el proceso de elección de los Representantes a la Cámara por el
Departamento del Valle del Cauca 2010-2014, en los que no salió electo el señor
Francined de Jesús Cano Ramírez”.

4 Fl. 2204 a 2261, C. 6.
5 Fl. 2340 a 2342, C. 6.
6 Fl. 2387 a 2390, C. 7.
7 Fl. 2431 a 2433, C. 7.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 4 de diciembre de 20188 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora9, la Registraduría Nacional del Estado Civil10 y la Nación - Rama
Judicial11 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las
contestaciones de la misma, respectivamente.

4.2. El Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 22 de agosto de 201912 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

Al efecto, consideró que en el sub examine no se configuró una falla en el servicio
por parte del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, porque, si bien al candidato Juan Carlos Martínez Gutiérrez se le aumentaron
145 votos sin justificación, lo cierto era que “como lo determinó el H. Consejo de
Estado como juez natural de la legalidad del acto acusado [Resolución 1773 de
2010], la presunta irregularidad del escrutinio no vicia per se la elección a menos
que incida en la votación final cambiando el orden de elegibilidad, lo que no se
probó”.

En cuanto al error jurisdiccional alegado por la sentencia proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado el 6 de diciembre de 2012, el a quo sostuvo que dicha
decisión se dictó de conformidad con la realidad procesal, basándose tanto en la
ley, la jurisprudencia y las pruebas allegadas al proceso de nulidad electoral.

8 Fl. 2596 a 2599, C. 7.
9 Fl. 2600 a 2610, C. 7.
10 Fl. 2613 a 2628, C. 7.
11 Fl. 2629 a 2631, C. 7.
12 Fl. 3066 a 3078, C. P.

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

En ese sentido, precisó que el hecho de que se hubiesen advertido algunas
irregularidades en el conteo de votos, no imponía la obligación de declarar la nulidad
del acto acusado, toda vez que, de conformidad con el principio de la eficacia del
voto, debía acreditarse la incidencia de dichas anomalías en el resultado de la
elección; frente a lo cual el demandante no había cumplido con la carga de acreditar
lo que pretendía probar, esto es, que tenía un mejor derecho que el candidato Juan
Carlos Martínez Gutiérrez.

6. Recurso de apelación

El 4 de septiembre de 201913, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido el 3 de diciembre de 201914 y admitido el 12 de marzo de
202015.

6.1. La parte demandante sostuvo que “se encuentra probado que el acto
administrativo electoral de escrutinio formulario E-24 expedido por el CNE, [fue]
declarado nulo tácita[mente] parcialmente [...] por el Consejo de Estado”, pues se
advirtió que la votación obtenida por Juan Carlos Martínez Gutiérrez no fue de
20.696 votos sino de 20.551, la cual fue inferior a la votación lograda por Francined
de Jesús Cano Ramírez. En ese sentido, afirmó que el CNE y la Registraduría
Nacional del Estado Civil le causaron un daño antijurídico a Cano Ramírez, dado
que le impidieron ocupar una curul como Representante a la Cámara por el Valle
del Cauca.

En cuanto a la configuración del error judicial en la sentencia del 6 de diciembre de
2012, adujo que, aunque el formulario E-26 de revisión fue decretado como prueba,
la Sección Quinta del Consejo de Estado no ejerció sus poderes de instrucción e
“incumplió su deber frente a la negativa del CNE para allegar al proceso de nulidad
electoral el acto de escrutinio formulario E-26 de revisión”.

13 Fl. 3088 a 3125, C. P.
14 Fl. 3131, C. P.
15 Fl. 3138, C. P.

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

Sostuvo que el referido formulario no era el único medio probatorio para acreditar la
incidencia de las irregularidades en el resultado electoral, toda vez que en el hecho
36 de la demanda de nulidad electoral se precisó que Francined de Jesús Cano
Ramírez obtuvo 20.589 votos, hecho que fue admitido por el demandado Juan
Carlos Martínez Gutiérrez en su contestación de demanda. De conformidad con lo
anterior, señaló que en el proceso se probó que la votación de Cano Ramírez fue
mayor a la obtenida por Martínez Gutiérrez (20.551) y, por consiguiente, debió
accederse a la pretensión de nulidad.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 15 de octubre de 202016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte demandante17, el Consejo Nacional Electoral18, la Registraduría
Nacional del Estado Civil19 y la Nación - Rama Judicial20 reiteraron los argumentos
expuestos a lo largo del proceso.

7.2. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 22 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de

16 Fl. 3171, C. P.
17 Índice 15, SAMAI.
18 Índice 14, SAMAI.
19 Índice 13, SAMAI.
20 Índice 12, SAMAI.

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo21, pues la cuantía,
dada por la pretensión mayor de la demanda22, supera la exigida de 500 SMLMV, para
que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa,
tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación23.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14024 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de los daños provenientes de hechos imputables al Consejo
Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la administración
de justicia.

3. Vigencia del medio de control

Como en primera instancia se alegó que había operado el fenómeno de la

21 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
22 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la

demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión
mayor […]”.
23 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $1.284.577.355, lo cual es superior

a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó (2015).
24 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

caducidad del medio de control, resulta necesario verificar si la demanda se
presentó en tiempo, pues se trata de un presupuesto procesal.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general25, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción26, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

25 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure27 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia28, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de
la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Además, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada,
que cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad

27 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro29.

En el presente asunto, la parte accionante solicitó declarar patrimonialmente
responsables al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado
Civil por “la omisión, irregularidades o la falla en el servicio electoral del sistema u
organización nacional electoral, al momento de realizar, el conteo de votos, los
escrutinios y la declaratoria de la elección de los Representantes a la Cámara por
el departamento del Valle del Cauca para el periodo 2010-2014”. Asimismo, pidió
declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación - Rama Judicial por los errores
judiciales en que habría incurrido la Sección Quinta del Consejo de Estado en las
providencias del 6 de diciembre de 2012, 26 de febrero de 2013 y 24 de abril de
2013.

En primer lugar, en cuanto a la imputación efectuada en contra del Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se precisa que dicha situación
se fundamentó en la asignación de votos de forma irregular al candidato Juan Carlos
Martínez Gutiérrez y dado que tal circunstancia fue conocida por la parte actora con
la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 6 de diciembre
de 2012, el término de caducidad frente a este daño debe contarse a partir de la
ejecutoria de la mencionada providencia.

Al efecto, se advierte que la sentencia del 6 de diciembre de 2012 cobró ejecutoria
con la firmeza del auto del 24 de abril de 2013, por medio del cual la Sección Quinta
del Consejo de Estado negó la solicitud de “aclaración, adición, modificación,
corrección, complementación e incongruencia” presentada por Francined de Jesús
Cano Ramírez, lo que ocurrió el 3 de mayo de 201330, de conformidad con lo
establecido en el artículo 331 del CPC31.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
30 Folio 1160, C. 3. Obra constancia que la referida providencia se notificó por estado del 29 de abril

de 2013.
31 “Artículo 331. Ejecutoria. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después

de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

Bajo ese contexto, el derecho de accionar frente a la falla en el servicio endilgada
al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil se
ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la
acción, teniendo en cuenta: i) que la parte actora tuvo conocimiento del hecho lesivo
el 3 de mayo de 2013, día en que quedó ejecutoriada la sentencia del 6 de diciembre
de 2012; ii) que la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 5
de diciembre de 2014, la cual se declaró fallida el 25 de febrero de 201532; y iii) que
la demanda se presentó el 26 de febrero de 201533.

Ahora, frente a la imputación de la Rama Judicial por los errores judiciales en que
habría incurrido la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de
diciembre de 2012 y los autos del 26 de febrero de 2013 y del 24 de abril de 2013,
se reitera que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ejecutoria de
dichas providencias.

Pues bien, como se expuso en precedencia, la sentencia del 6 de diciembre de 2012
y el auto del 24 de abril de 2013 cobraron ejecutoría el 3 de mayo de 2013, mientras
que el auto del 26 de febrero de 2013 – mediante el cual se rechazó la solicitud de
nulidad presentada por Cano Ramírez –, fue notificado el 4 de marzo de 201334, por
lo que adquirió firmeza el 7 de marzo siguiente35.

Con fundamento en lo anterior, se estima que el derecho de accionar por los errores
judiciales en que habría incurrido la Sección Quinta del Consejo de Estado se ejerció
en tiempo, dentro del término de dos (2) años previstos para el vencimiento del
medio de control, teniendo en cuenta: i) que los proveídos del 6 de diciembre de
2012 y del 24 de abril de 2013 cobraron ejecutoría el 3 de mayo de 2013; ii) que el
auto del 26 de febrero de 2013 adquirió firmeza el 7 de marzo de 2013; iii que la
parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 5 de diciembre de

interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia,
su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”.
32 Folio 1899 a 1993, C. 3.
33 Folio 2061, C. 5.
34 Folio 1129, C. 3.
35 Según el artículo 331 del CPC, norma vigente para ese momento.

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2014, la cual se declaró fallida el 25 de febrero de 201536; y ii) que la demanda se
presentó el 25 de febrero de 201537.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.

4.1. Francined de Jesús Cano Ramírez es la persona sobre quien recae el interés
jurídico que se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa, toda
vez que, según lo narrado en el escrito de la demanda, se le privó de su derecho a
ser elegido como representante a la cámara por el departamento del Valle del Cauca
como consecuencia de la falla en el servicio imputable al Consejo Nacional Electoral
y a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el conteo de los votos para las
elecciones al congreso para el periodo 2010-2014.

Asimismo, está legitimado en la causa por activa, pues presentó la acción de nulidad
electoral en la que se profirieron los proveídos del 6 de diciembre de 2012, 26 de
febrero de 2013 y 24 de abril de 2013, los cuales se acusan de contener un error
jurisdiccional.

4.2. Teresa Pérez López, Juan David Cano Pérez, Kristian Camilo Cano Pérez,
Rosa Elena Ramírez Sterling, Francined Cano Brito, Nancy Cano Ramírez, Fanny
María Ramírez, Ruby Ramírez, Javier Ramírez, Jessica Alexandra Cano Pérez,
Sandra Viviana Vélez, Juan Diego Galeano Ramírez, Jorge Eliecer Rivera Méndez,
Luis Carlos Chantre Vargas, Víctor Manuel Marín Serna y Johnny Alexandre Rivera
Rojas no están legitimados en la causa por activa, puesto que no acreditaron haber
sido afectados por las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, así como tampoco fueron parte del proceso
nulidad electoral dentro del cual se profirieron las providencias aquí cuestionadas,
ni acreditaron tener la calidad de terceros perjudicados por las resultas del mismo.

36 Folio 1899 a 1993, C. 3.
37 Folio 2061, C. 5.

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4.3. El Consejo Nacional Electoral está legitimado en la causa por pasiva, pues de
conformidad con lo establecido en los artículos 265 de la Constitución Política y 11
del Decreto 2241 de 198638, es a quien corresponde ejercer la inspección y
vigilancia de la organización electoral y designar sus delegados para que se realicen
los escrutinios generales en cada circunscripción. Asimismo, porque fue una de las
entidades frente a quien se atribuyó la producción del daño sufrido por la parte
actora.

4.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil está legitimada en la causa por
pasiva, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 48, 157,
163 y 181 del Decreto 2241 de 1986, los Delegados del Registrador Nacional,
actúan como secretarios de las comisiones escrutadoras y como claveros del arca
triclave que está bajo su custodia. Asimismo, porque fue una de las autoridades
electorales frente a quien se atribuyó la causación del daño sufrido por la parte
demandante.

4.5. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Rama Judicial, ya que la Sección Quinta del Consejo de Estado
profirió la sentencia del 6 de diciembre de 2012 y los autos del 26 de febrero de
2013 y del 24 de abril de 2013, los cuales son objeto de reproche.

5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar si en el sub examine i) el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil ocasionaron a Francined de
Jesús Cano Ramírez un daño antijurídico que le privó de su derecho a ser elegido
Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca y ii) si las
providencias del 6 de diciembre de 2012, 26 de febrero de 2013 y 24 de abril de
2013, proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, incurrieron en un
error jurisdiccional.

38 Por el cual se adopta el Código Electoral.

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6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y sobre el régimen de
responsabilidad por error jurisdiccional.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199139 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho40, que contraría el orden legal41 o que está desprovista de una
causa que la justifique42, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida43, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños

39 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
41 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
43 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros44.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”

La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad45.

En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
45 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.

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emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 46 y que causa
un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme
al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la
afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”47. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”48

Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios49 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima50 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que

46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de

noviembre de 2001. Rad.: 13164.
47 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabilidad del Estado, Tratado de

Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Ley Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
48 Ibídem
49 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación

manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
50 Artículo 70, Ley 270 de 1996.

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la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.

Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.

Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso51, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar

51 Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana

López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.

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que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.

De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación52, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada53 o; viii) actuó sin competencia.

Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,

52 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23

de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
53 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27

de abril de 2006. Rad.: 14837.

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una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 22 de agosto
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte activa indicó i) Que “se encuentra probado
que el acto administrativo electoral de escrutinio formulario E-24 expedido por el
CNE, [fue] declarado nulo tácita[mente] parcialmente [...] por el Consejo de Estado”,
pues se advirtió que la votación obtenida por Juan Carlos Martínez Gutiérrez no fue
de 20.696 votos sino de 20.551, la cual fue inferior a los votación lograda por
Francined de Jesús Cano Ramírez. En ese sentido, afirmó que el CNE y la
Registraduría Nacional del Estado Civil le causaron un daño antijurídico a Cano
Ramírez, dado que le impidieron ocupar una curul como Representante a la Cámara
por el departamento del Valle del Cauca. ii) En cuanto a la configuración del error
judicial en la sentencia del 6 de diciembre de 2012, adujo que, aunque el formulario
E-26 de revisión fue decretado como prueba, la Sección Quinta del Consejo de
Estado no ejerció sus poderes de instrucción e “incumplió su deber frente a la
negativa del CNE para allegar al proceso de nulidad electoral el acto de escrutinio
formulario E-26 de revisión”. Sostuvo que el referido formulario no era el único medio
probatorio para acreditar la incidencia de las irregularidades en el resultado
electoral. Afirmó que en el hecho 36 de la demanda de nulidad electoral se precisó
que Francined de Jesús Cano Ramírez obtuvo 20.589 votos, hecho que fue admitido
por el demandado Juan Carlos Martínez Gutiérrez en su contestación de demanda.
De conformidad con lo anterior, sostuvo que en el proceso se probó que la votación
de Cano Ramírez fue mayor a la obtenida por Martínez Gutiérrez (20.551) y, por
consiguiente, debió accederse a la pretensión de nulidad.

En este sentido, y comoquiera que sólo el extremo activo presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 22 de agosto de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

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328 del Código de General del Proceso54, la Sala resolverá el presente asunto en
aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso. Por ello, a continuación,
se analizará exclusivamente i) si el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil ocasionaron a Francined de Jesús Cano Ramírez un daño
antijurídico que le privó de su derecho a ser elegido Representante a la Cámara por
el Valle del Cauca y ii) si en la sentencia del 6 de diciembre de 2012, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, se incurrió en un error jurisdiccional.

No se examinará el error jurisdiccional alegado respecto de las providencias del 26
de febrero de 2013 y 24 de abril de 2013, pues frente a ellas el a quo no efectuó
pronunciamiento alguno, lo cual no fue cuestionado por la parte actora en la alzada,
por lo que permite inferir que la parte recurrente se encuentra conforme con tales
aspectos del fallo impugnado.

A propósito de este asunto, en sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012 55
esta Corporación sostuvo que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los aspectos indicados en el recurso de apelación, de manera
que los demás asuntos están llamados a excluirse del debate en la instancia
superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de
congruencia56 como el dispositivo57.

54 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley […]”.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad. 21060.
56 Con relación a la aplicabilidad del principio de congruencia, la providencia del 1° de abril de 2009,

(Rad: 32.800) puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando
resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los
aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso
se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el
evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta
de competencia funcional”.
57 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de

reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con
el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O
como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la
jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son
características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda
determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el
juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales).
López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General,
Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos Probados

7.1.1. Se probó que, en fecha indeterminada, Francined de Jesús Cano Ramírez y
Juan Carlos Martínez Gutiérrez, miembros del Partido Social de Unidad Nacional,
se inscribieron como candidatos a la Cámara de Representantes por el
departamento del Valle del Cauca, para el periodo constitucional 2010–2014. De
esta información da cuenta copia auténtica del Acuerdo No. 008 del 13 de julio de
2010, expedido por el Consejo Nacional Electoral58.

7.1.2. Se demostró que el 14 de marzo de 2010, se llevaron a cabo las elecciones
legislativas, según da cuenta copia auténtica de la Resolución No. 1773 del 17 de
julio de 2010, expedida el Consejo Nacional Electoral59.

7.1.3. Consta que el 17 de julio de 2010, Francined de Jesús Cano Ramírez
presentó solicitud de “agotamiento del requisito de procedibilidad” ante el Consejo
Nacional Electoral, para que se corrigieran las irregularidades e inconsistencias
registradas en los escrutinios en el departamento del Valle del Cauca. Esta
información consta en copia auténtica del citado documento60.

7.1.4. Se acreditó que, mediante Resolución No. 1773 del 17 de julio de 2010, el
Consejo Nacional Electoral declaró la elección, entre otros, de Juan Carlos Martínez
Gutiérrez como Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca
para el periodo constitucional 2010-2014. De ello da cuenta copia auténtica del
referido acto administrativo61.

58 Fl. 503 a 516, C. 1.
59 Fl. 10 a 19, C. 1.
60 Fl. 20 a 30, C. 1.
61 Fl. 10 a 19, C. 1.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

7.1.5. Está probado que el 17 de agosto de 2010, Francined de Jesús Cano Ramírez
presentó demanda de nulidad electoral contra el citado acto administrativo y las
demás decisiones emitidas por las autoridades electorales en marco del referido
escrutinio, pues, a su juicio, existían irregularidades en los registros de los
formularios E-14 y E-24. De esta información da cuenta copia auténtica de dicho
documento62.

7.1.6. Está acreditado que, mediante auto del 21 de septiembre de 2010, la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral, según da
cuenta copia auténtica de dicha providencia63.

7.1.7. Se probó que, en auto del 6 de abril de 2011, la Sección Quinta del Consejo
de Estado decretó la acumulación del referido trámite al proceso de nulidad electoral
promovido por Luis Carlos Restrepo Orozco. Esta información consta en copia
auténtica de dicho proveído64.

7.1.8. Se acreditó que, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2012, la Sección
Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de las demandas de nulidad
electoral promovidas por Cano Ramírez y Restrepo Orozco. De esta información da
cuenta copia auténtica de la referida providencia65. El fundamento de dicho proveído
fue el siguiente:

“La censura ha de recordarse quedó limitada al municipio de Buenaventura y es claro
que la posibilidad de estudio recae en el reproche de diferencias entre E-14 y E-24
sobre setenta y cuatro (74) mesas que el actor detalló con ubicación del municipio, la
zona, puesto y mesa; se apoyó en el numeral 9 del capítulo de fundamentos fácticos
y determinó como punto de partida del cotejo entre formularios, las votaciones
registradas a los candidatos del partido de la U 105, que correspondió a Luis Carlos
Restrepo –demandante en el proceso 00071- y 109, que identificó en las justas
electorales al Representante a la Cámara elegido Juan Carlos Martínez Gutiérrez.
Armonizado con la pretensión segunda, en sus literales c) y d), relativa a la nulidad
de la Resolución 40 de 23 de abril de 2010 expedida por los Delegados del Consejo
Nacional Electoral por haberle negado las ‘reclamaciones’ que sustentó en diferencias
E-14, E-24 y E-26 y del Acuerdo 008 de 13 de julio de 2010 del CNE por omitir resolver
el recurso de apelación contra la Resolución 40 de 2010 precitada.

62 Fl. 364 a 422, C. 1.
63 Fl. 518, C. 1.
64 Fl. 545 a 548, C. 2.
65 Fl. 836 a 951, C. 2.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

[…] Ahora bien, la Sala encuentra que la irregularidad objetiva que sustenta la censura
contra la legalidad del acto declaratorio de elección, se determina por las diferencias
entre los formularios E-14 y E-24, que se presentaron en torno a los votos obtenidos
por el candidato Juan Carlos Martínez Gutiérrez, número 109 del Partido de la U., en
el municipio de Buenaventura.

[…] Ahora bien, con base en lo anterior, desde el punto de vista numérico, es claro
para la Sala que el demandante Luis Carlos Restrepo (candidato 105 de La U –partido
010-) probó que al candidato 109 del este partido, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, la
Comisión Escrutadora Zonal le contabilizó en forma irregular la votación. El balance
definitivo arroja un reconocimiento indebido de una mayor votación para el candidato
demandado (109 de la U) de ciento cuarenta y cinco (145) votos en las mesas
estudiadas de Buenaventura, tal como se advierte con claridad en el siguiente cuadro:

[…] Visto lo anterior, al compararlo con el acto declaratorio de elección contenido en
la Resolución 1773 de 17 de julio de 2010, el candidato 109 del Partido de la U obtuvo
en total una votación de veinte mil seiscientos noventa y seis votos (20.696 votos) –
véase folio 64 cdno. 1 exp. 00071, pág. 7 de la Res. 1773 de 2010-, resultado que al
restarle los 145 votos que injustificadamente acrecentaron su votación, arroja como
nuevo resultado veinte mil quinientos cincuenta y uno (20.551 votos).

En consecuencia, el cargo está llamado a prosperar parcialmente, pero sus efectos,
esto es, la incidencia para anular el acto acusado, se determinará mediante el estudio
que efectuará la Sala en el capítulo correspondiente, para determinar si tiene vocación
para anular la elección.

[…] 7.- Incidencia de las irregularidades demostradas

De lo discurrido en precedencia se tiene que en lo atinente a las pretensiones de los
procesos acumulados, se negarán, pues aunque se demostraron irregularidades no
se probó la incidencia de ellas para cambiar el resultado electoral.

Lo anterior, porque si bien como resultado de las anomalías probadas, al candidato
109 del Partido de la U. se le deben descontar 145 votos que se le aumentaron sin
justificación, y dicho ajuste lo llevaría a tener 20.551 votos, en lugar de 20.696 que
fueron los indicados por el CNE en la Resolución de elección 1773 de 2010, lo cierto
es que no se probó dentro del proceso la cantidad de votos que obtuvieron los
candidatos restantes de ese partido que no lograron curul, para verificar, a partir de
ellos, si el elegido fue o no superado en su votación.

Ha de notarse que la resolución que declaró la elección únicamente relaciona en
orden descendente por resultado de votación los candidatos ganadores que ocuparon
curul por el Partido de La U:

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL (010)
Código Nombre Votos
Treinta y cuatro mil doscientos
103 Jairo Ortega Samboni 34.229
veintinueve
102 Adolfo León Rengifo Santibáñez Treinta y dos mil quinientos veinte 32.520
101 Roosvelt Rodríguez Rengifo Veintiséis mil ciento cuarenta y ocho 26.148
109 Juan Carlos Martínez Gutiérrez Veinte mil seiscientos noventa y seis 20.696

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

Las razones de la anterior conclusión a que llegó la Sala se encuentra en que la
comparación señalada no se puede llevar a cabo, porque, primero, en el expediente
sólo obra copia auténtica del formulario E-26 General Departamental expedido por la
Comisión Escrutadora Departamental el 29 de marzo de 2010 (fols. 128 a 167 cdno.
pbas. 2 exp. 00074), que no sirve de soporte para efectos comparativos de la votación
porque al ser confrontado con la Resolución 1773 de 2010 que dijo basarse en el E-
26 de revisión y lo incorporó ‘…como parte integral de la (…) decisión…’ (pág. 4
Resolución 1773 de 2010), evidencia que los votos registrados a favor de los
candidatos difieren en el resultado numérico. Esto porque como consecuencia de la
revisión que efectuó dicha autoridad electoral, el E-26 General Departamental cambió
y la modificación quedó consignada en el E-26R o de revisión, no aportado al
expediente, a pesar de que fue una prueba decretada y solicitada al CNE, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y a sus Delegados Departamentales .

Es más, durante el trámite del proceso ante la infructuosa consecución del E-26 de
revisión, el Despacho sustanciador mediante auto del 17 de agosto de 2011, hizo un
último requerimiento de dicho formulario al Registrador Nacional del Estado Civil (ver
literal ix) del numeral 1º de la providencia, fl. 638 cdno. 1 exp. 00074), sin que se
allegara dicho documento, o hubiera pronunciamiento por parte de la entidad ; auto
en el que además se hizo referencia a la ‘…poca diligencia de la parte demandante
tanto en el seguimiento a los procesos acumulados como en que se complete el
acervo probatorio…’ (fl. 631 cdno. 1 exp. 00074).

En atención a la falta probatoria de documento electoral idóneo para verificar la
votación entre los candidatos en litigio, en tanto se desconoce la votación de quienes
no obtuvieron curul, que permitiera a la Sala proceder a los descuentos de la votación
para determinar si se afecta el resultado electoral, y por ende, si era viable declarar
la nulidad de la elección se negarán las pretensiones de nulidad de los procesos
acumulados.

Además, se reitera que el CNE en la Resolución 1743 de 15 de julio de 2010, explicó
que acogió el escrutinio realizado por sus delegados, por cuanto éstos verificaron ‘que
los demás registros electorales,…[y] las actas de escrutinio suscritas por los jurados
de votación [se refiere a los E-14] satisfacen las exigencias legales. Es esta la base…
sobre la cual reposa la decisión de acoger el escrutinio realizado por los Delegados…’
(fl. 425 anexo 1. Exp. 00071), así que el examen de escrutinios estuvo finalmente a
cargo de los Delegados del CNE, como lo dispone el artículo 177 del C.E.”

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación interpuesto por
la parte actora, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de
la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto
jurídico depende de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo
anterior, se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el
daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende

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a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración66.

7.2.1. Ausencia de un daño resarcible frente al CNE y la Registraduría Nacional
del Estado Civil

Sobre el particular el daño alegado se hace consistir en que se le privó a Francined
de Jesús Cano Ramírez de su derecho a ser elegido Representante a la Cámara
por el departamento del Valle del Cauca.

Para comenzar, debe destacarse que el derecho de acceso a un cargo de elección
popular, como expresión de la voluntad del elector, está sujeto al agotamiento del
proceso administrativo electoral, que corresponde al conjunto de actuaciones que
adelantan las autoridades electorales para producir un acto de elección popular 67,
así como a su control por vía judicial mediante el proceso de nulidad electoral,
trámites durante los cuales prevalecen los derechos de los electores, en virtud de la
prevalencia de los principios pro homine y pro electoratem, con el fin de “asegurar
que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los
ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo de los resultados de la voluntad del
elector expresada en las urnas”68.

Con la anterior finalidad, el proceso administrativo electoral se adelanta en tres
estadios o etapas69, a saber: i) la preelectoral, relacionada con la inscripción de
candidatos, la designación de los jurados de votación y todas aquellas actuaciones
necesarias para la contienda electoral70; ii) la electoral, que involucra la votación

66 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 24 de

abril de 2013, Rad.: 68001233100020110108301.
68 Artículo 1º del Código Electoral.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 29 de

agosto de 2012, Rad. 11001032800020100005000 y del 10 de abril de 2014, Rad.
76001233100020110179101.
70 Código Electoral – Capítulos IV y V.

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propiamente dicha71; y iii) la poselectoral que comprende el escrutinio de votos, la
proposición y resolución de reclamación y solicitudes de recuento, la de revisión de
irregularidades en la votación y escrutinio de votos, la declaratoria de elección y la
consecuente expedición de credenciales72.

Asimismo, en el proceso electoral propiamente dicho y en el post electoral o de
escrutinio de votos, pueden presentarse irregularidades de dos clases: unas que
configuran las causales de reclamación a las que se refieren los artículos 121 y 192
del Código Electoral y otras que tipifican causales especiales de nulidad del acto de
elección, con lo cual se abre paso al control judicial del actos de elección y de los
actos de contenido electoral que resuelven las eventuales irregularidades reveladas
durante el proceso administrativo electoral, bajo las causales generales de nulidad
del acto administrativo y las especiales de anulación electoral73.

Sobre este aspecto y en relación con los derechos que durante la contienda
electoral se protegen, es importante precisar que, el proceso de nulidad electoral,
se presenta como un “medio instituido para discutir en sede jurisdiccional, tanto la
legalidad misma del acto de elección, como la pureza del sufragio y el respeto a la
voluntad del elector”74, en tanto que, como acción pública, tiene por objeto preservar
el orden jurídico en abstracto, como expresión del derecho fundamental de todos
los ciudadanos a participar del ejercicio y control del poder político.

En efecto, en el proceso de nulidad electoral no se discuten derechos subjetivos
sino la legalidad en abstracto del procedimiento electoral, en aras de proteger la
democracia la legitimidad del poder constituido, con lo cual se busca la protección
del elector y de las instituciones democráticas, más aún cuando, dicho sea de paso,
el acto electoral no resulta asimilable a un acto administrativo propiamente dicho,
porque no se exterioriza la voluntad de la administración, sino que se sintetiza y
reconoce la voluntad de los sufragantes en torno a una decisión de carácter

71 Código Electoral – Capítulo VI.
72 Código Electoral – Capítulo VII y Acto Legislativo 01 de 2009.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 20 de junio de 2023, Rad.: 59531.
74 Corte Constitucional, sentencia SU 399 de 2012.

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político75.

Bajo el anterior contexto, es dable colegir que tanto el proceso administrativo como
el judicial buscan, mediante el acto electoral y su control de legalidad,
respectivamente, concretar o materializar el principio democrático y la voluntad
popular expresada en las urnas, sin que durante el agotamiento de tales trámites y
mientras no se haya declarado la elección de determinado candidato, sea posible
afirmar que aquel tiene un derecho adquirido de ocupar una curul, pues, el acceso
a un cargo de elección popular, como expresión propia del derecho político a elegir
y ser elegido previsto en el artículo 40 de la Constitución Política, está sujeto a
condicionamientos constitucionales y legales, y a mecanismos de control
administrativo y jurisdiccional, que de manera principal y por sobre los eventuales
derechos subjetivos del candidato, buscan garantizar “la institucionalidad misma y
el respeto de los principios de participación democrática previstos en la
Constitución”76.

En este sentido, en sentencia SU 207 del 9 de junio de 2022 la Corte Constitucional
sostuvo:

“[…] Como todo derecho, el derecho de elegir y ser elegido, no es absoluto. Debe ser
entendido en su doble dimensión de derecho – función, como una forma de contribución
a la formación de la voluntad política y al buen funcionamiento del sistema democrático.
Es por ello por lo que, como se dijo, se sujeta a las condiciones fijadas en la Constitución
y la ley. Los electores y los candidatos tienen la obligación de observar las reglas para
ejercer el derecho al voto y para postularse como candidato. Asimismo, deben acatar las
disposiciones que el mismo ordenamiento establece para el control administrativo y
judicial de los actos de elección y nombramiento. A juicio de la Corte, las disposiciones
electorales, ‘en su conjunto y no de forma aislada, garantizan la institucionalidad misma y
el respeto de los principios de participación democrática previstos en la Constitución’.

Dicho de otro modo, las reglas electorales en cuanto i) fijan procedimientos para concurrir
a las elecciones, ii) establecen condiciones que deben satisfacer los aspirantes para
participar en ellas y iii) prevén mecanismos institucionales para asegurar su cumplimiento,
constituyen un presupuesto de existencia del sistema democrático. Precisamente, en esa
dirección, la Corte ha señalado que ‘no basta con la mera expresión de voluntad popular,
se requiere que dicha voluntad se haya expresado conforme al ordenamiento jurídico, de
suerte que cualquier desconocimiento de las prescripciones en la materia, acarrea la
nulidad de las elecciones o del voto individualmente considerado. Precisamente, esta idea
refleja una enorme tensión entre la democracia – entendida como voluntad popular e

75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 17 de

junio de 2021, Rad.: 11001032800020190006100.
76 Corte Constitucional, sentencia T 510 de 2006, citada en la sentencia C 146 de 2021.

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individual- y el Estado de Derecho, y por ello, es necesario que la regulación – expresión
del Estado de Derecho – tenga por efecto potenciar el principio democrático”

Así las cosas, para poder afirmar que un candidato tiene un derecho cierto a acceder
a un cargo de elección y, por ende, a percibir las asignaciones salariales y
prestaciones respectivas, no solo basta con que finalice la jornada electoral, sino
que es menester que se agote la totalidad del proceso administrativo de elección y,
de ser el caso, se surta la acción electoral, con miras a restablecer la voluntad del
elector, pero, claro está, desde la perspectiva que le imprime el hecho de tratarse
de un proceso judicial diseñado para una acción pública, que, por ello, persigue el
exaltamiento del interés general y la preservación de los valores democráticos que
inspiran el modelo electoral colombiano, escenario en el cual, el surgimiento de
derechos subjetivos solo se produce con la firmeza del acto de elección y la
posterior posesión en el cargo.

De acuerdo a lo expuesto, en el presente caso se probó: i) que, en fecha
indeterminada, Francined de Jesús Cano Ramírez y Juan Carlos Martínez
Gutiérrez, miembros del Partido Social de Unidad Nacional, se inscribieron como
candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del
Cauca, para el periodo constitucional 2010 – 2014 (hecho probado 7.1.1.); ii) que
mediante Resolución No. 1773 del 17 de julio de 2010, el Consejo Nacional Electoral
declaró la elección de Juan Carlos Martínez Gutiérrez como Representante a la
Cámara por el Valle del Cauca (hecho probado 7.1.4.); y iii) que mediante sentencia
del 6 de diciembre de 2012, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las
pretensiones de las demanda de nulidad electoral promovida por Cano Ramírez
contra la referida resolución (hecho probado 7.1.8.).

Bajo el anterior contexto, se advierte, entonces, que no se acreditó la causación del
daño reclamado por Francined de Jesús Cano Ramírez, pues la presunción de
legalidad de la Resolución No. 1773 del 17 de julio de 2010, mediante la cual el
Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los Representantes a la Cámara
por el Valle del Cauca para el periodo constitucional 2010–2014 no fue desvirtuada
en el proceso electoral promovido por el aquí demandante.

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Es que, no puede perderse de vista que la contienda democrática persigue el
exaltamiento del interés general exteriorizado en las urnas y la prevalencia de los
derechos del electorado, por sobre un eventual derecho de acceso a un cargo por
parte del candidato, de ahí que el surgimiento de éste último solo germina con la
culminación del proceso electoral, incluidos sus mecanismos de control de
naturaleza administrativa y jurisdiccional, motivo por el cual, en dicho escenario, no
habría lugar a tenerse por acreditado el daño alegado, pues, como quedó en
evidencia en el proceso de nulidad electoral, Cano Ramírez no demostró tener un
derecho adquirido de acceder a la curul como Representante a la Cámara.

Por lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se acreditó que
Francined de Jesús Cano Ramírez se le hubiese ocasionado un daño antijurídico a
su derecho a ser elegido Representante a la Cámara por el departamento del Valle
del Cauca, razón por la cual se confirmará la negativa de las pretensiones de la
demanda frente a este aspecto.

7.2.2. Ausencia de error jurisdiccional

Sobre el particular, se tiene que el daño alegado consiste en la lesión injustificada
a los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la
parte actora, producto de la decisión proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 6 de diciembre de 2012, que negó las pretensiones de la acción de nulidad
electoral interpuesta contra la Resolución No. 1773 del 17 de julio de 2010 del
Consejo Nacional Electoral.

Ahora bien, se advierte que, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que
sea procedente reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el
afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y
ésta deberá encontrarse en firme77.

Bajo el anterior contexto, se observa que en el sub lite se cumplen los presupuestos
para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional en la sentencia del

77 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.

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6 de diciembre de 2012, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
pues se encontraba en firme y frente a ella no procedían recursos, pues, de
conformidad con numeral 3 del artículo 128 del CCA se trataba de un proceso de
única instancia78.

Frente a la configuración del error judicial, en su recurso de apelación la parte actora
adujo que, aunque el formulario E-26 de revisión fue decretado como prueba, la
Sección Quinta del Consejo de Estado no ejerció sus poderes de instrucción e
“incumplió su deber frente a la negativa del CNE para allegar al proceso de nulidad
electoral el acto de escrutinio formulario E-26 de revisión”. Adicionalmente, sostuvo
que el referido formulario no era el único medio probatorio para acreditar la
incidencia de las irregularidades en el resultado electoral, dado que en el hecho 36
de la demanda de nulidad electoral se precisó que Francined de Jesús Cano
Ramírez obtuvo 20.589 votos, hecho que fue admitido por el demandado Juan
Carlos Martínez Gutiérrez en su contestación de demanda y, por consiguiente, se
probó que la votación de Cano Ramírez fue mayor a la obtenida por Martínez
Gutiérrez (20.551), debiendo accederse a la pretensión de nulidad.

Ahora bien, en la sentencia del 6 de diciembre de 2012, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de nulidad electoral con
fundamento en lo siguiente:

“De lo discurrido en precedencia se tiene que en lo atinente a las pretensiones de los
procesos acumulados, se negarán, pues aunque se demostraron irregularidades no
se probó la incidencia de ellas para cambiar el resultado electoral.

Lo anterior, porque si bien como resultado de las anomalías probadas, al candidato
109 del Partido de la U. se le deben descontar 145 votos que se le aumentaron sin
justificación, y dicho ajuste lo llevaría a tener 20.551 votos, en lugar de 20.696 que
fueron los indicados por el CNE en la Resolución de elección 1773 de 2010, lo cierto

78 “Articulo 128. Competencia del consejo de estado en única instancia. El Consejo de Estado, en

Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia: […].
3. De los de nulidad de elecciones del Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores,
Representantes a la Cámara, así como de los de nulidad de las elecciones o nombramientos hechos
por el Presidente de la República, el Congreso de la República, las Cámaras, la Corte Suprema de
Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la
Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Gobierno
Nacional o por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden
nacional”.

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Radicado: 76001233300020150020601 (65879)
Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

es que no se probó dentro del proceso la cantidad de votos que obtuvieron los
candidatos restantes de ese partido que no lograron curul, para verificar, a partir de
ellos, si el elegido fue o no superado en su votación.

Ha de notarse que la resolución que declaró la elección únicamente relaciona en
orden descendente por resultado de votación los candidatos ganadores que ocuparon
curul por el Partido de La U:

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL (010)
Código Nombre Votos
Treinta y cuatro mil doscientos
103 Jairo Ortega Samboni 34.229
veintinueve
102 Adolfo León Rengifo Santibáñez Treinta y dos mil quinientos veinte 32.520
101 Roosvelt Rodríguez Rengifo Veintiséis mil ciento cuarenta y ocho 26.148
109 Juan Carlos Martínez Gutiérrez Veinte mil seiscientos noventa y seis 20.696

Las razones de la anterior conclusión a que llegó la Sala se encuentra en que la
comparación señalada no se puede llevar a cabo, porque, primero, en el expediente
sólo obra copia auténtica del formulario E-26 General Departamental expedido por la
Comisión Escrutadora Departamental el 29 de marzo de 2010 (fols. 128 a 167 cdno.
pbas. 2 exp. 00074), que no sirve de soporte para efectos comparativos de la votación
porque al ser confrontado con la Resolución 1773 de 2010 que dijo basarse en el E-
26 de revisión y lo incorporó ‘…como parte integral de la (…) decisión…’ (pág. 4
Resolución 1773 de 2010), evidencia que los votos registrados a favor de los
candidatos difieren en el resultado numérico. Esto porque como consecuencia de la
revisión que efectuó dicha autoridad electoral, el E-26 General Departamental cambió
y la modificación quedó consignada en el E-26R o de revisión, no aportado al
expediente, a pesar de que fue una prueba decretada y solicitada al CNE, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y a sus Delegados Departamentales .

Es más, durante el trámite del proceso ante la infructuosa consecución del E-26 de
revisión, el Despacho sustanciador mediante auto del 17 de agosto de 2011, hizo un
último requerimiento de dicho formulario al Registrador Nacional del Estado Civil (ver
literal ix) del numeral 1º de la providencia, fl. 638 cdno. 1 exp. 00074), sin que se
allegara dicho documento, o hubiera pronunciamiento por parte de la entidad ; auto
en el que además se hizo referencia a la ‘…poca diligencia de la parte demandante
tanto en el seguimiento a los procesos acumulados como en que se complete el
acervo probatorio…’ (fl. 631 cdno. 1 exp. 00074).

En atención a la falta probatoria de documento electoral idóneo para verificar la
votación entre los candidatos en litigio, en tanto se desconoce la votación de quienes
no obtuvieron curul, que permitiera a la Sala proceder a los descuentos de la votación
para determinar si se afecta el resultado electoral, y por ende, si era viable declarar
la nulidad de la elección se negarán las pretensiones de nulidad de los procesos
acumulados.

Además, se reitera que el CNE en la Resolución 1743 de 15 de julio de 2010, explicó
que acogió el escrutinio realizado por sus delegados, por cuanto éstos verificaron ‘que
los demás registros electorales,…[y] las actas de escrutinio suscritas por los jurados
de votación [se refiere a los E-14] satisfacen las exigencias legales. Es esta la base…
sobre la cual reposa la decisión de acoger el escrutinio realizado por los Delegados…’
(fl. 425 anexo 1. Exp. 00071), así que el examen de escrutinios estuvo finalmente a
cargo de los Delegados del CNE, como lo dispone el artículo 177 del C.E.”

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que la decisión cuestionada se dictó
en aplicación del principio de “eficacia del voto”, previsto en el numeral 3 del artículo
1 del Código Electoral79, el cual ha sido definido por la propia Sección Quinta del
Consejo de Estado en los siguientes términos:

“Esa teoría se hizo indispensable porque en el contexto democrático colombiano
el acto administrativo por medio del cual se declara una elección por votación
popular, es el producto de la aplicación de un sistema de representación
proporcional para proveer los cargos en las corporaciones públicas, o de un
sistema de representación mayoritaria para escoger a quienes se desempeñarán
en los cargos unipersonales. Y, porque en ambos casos no basta con acreditar la
existencia de cualquier cantidad de falsedades sino de una de magnitud tal que
tenga la capacidad que se requiere para modificar el resultado consignado en el
acto cuestionado. Al efecto se discurrió:

Esta Sala ha reiterado la necesidad de que en relación con esta clase de
irregularidades se realice el análisis de su incidencia en el resultado
electoral, para de allí establecer si prospera o no la pretensión de nulidad
por esa causal, en aplicación del principio de la eficacia del voto, consagrado
en el numeral 3 del artículo 1° del Código Electoral; de donde se desprende que
ante la existencia de elementos falsos en los registros electorales que
conduzcan a la declaración de nulidad de una elección es indispensable que
estos hayan sido determinantes en el resultado electoral, vale decir, que
puedan producir verdaderas mutaciones o alterantes de dicho resultado”80.

En ese sentido, se advierte que en el sub examine Francined de Jesús Cano
Ramírez incumplió la carga que le asistía, pues de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen” y, por tanto, la omisión del demandante, a quien correspondá tal onus,
en el sub examine impidió contrarrestar la incidencia de las irregularidades
advertidas en el proceso de nulidad electoral con los resultados obtenidos por los

79 “Artículo 1. El objeto de este código es perfeccionar el proceso y la organización electorales para

asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos
y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector expresada en
las urnas.
(…).
3. Principio de la eficacia del voto. Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones,
se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector”.
80 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de octubre de 2015. Expedientes:

110010328000201400048-00, 110010328000201400062-00 y 110010328000201400064-00. C.P.
Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 6 de junio de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-
000-2018-00060.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

demás candidatos, pues no se allegó el formulario E-26 de revisión.

Adicionalmente, se precisa que la manifestación hecha por Cano Ramírez en los
hechos de la demanda de nulidad electoral, mediante la cual pretende se dé por
acreditada la votación por él obtenida, no tiene la entidad para probar tal situación.
Sobre el particular, es importante recordar que la declaración de parte proviene de
alguien que integra uno de los extremos de la litis puede ser valorada únicamente
en aquello que produzca consecuencias jurídicas adversas o que favorezca a la
parte contraria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 195
del CPC81, lo cual no ocurre en este caso. Aspecto que, en todo caso, conviene
precisar no fue aceptado en el proceso de nulidad electoral por el Consejo Nacional
Electoral ni por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Con todo, una lectura detenida de los argumentos expuestos en la decisión objeto
de reproche permite auscultar los criterios razonables y concretos que la sustentan,
pues sus motivaciones fueron congruentes con los medios probatorios, sin que se
observe la comisión de un error jurisdiccional que demuestre sin ningún asomo de
duda una actuación subjetiva, caprichosa y arbitraria por parte del operador de
justicia.

De conformidad con lo anterior, la Sala estima que la parte actora pretende utilizar
como una nueva instancia el medio de control de reparación directa sin el debido uso
que se le debe dar cuando se demanda al Estado por error jurisdiccional, pues busca
controvertir el proveído proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 6
de diciembre de 2012.

A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita
ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación
de constituirse en una instancia adicional, a las tramitadas dentro del cauce

81 “Artículo 195. La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder

dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2. Que verse sobre hechos que produzcan
consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. 3. Que recaiga
sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. 4. Que sea expresa,
consciente y libre. 5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga
conocimiento. 6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada”.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio
al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como
presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia
judiciales a las cuales se le endilga la producción del daño antijurídico82.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia del 22 de agosto de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”.

82 Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección:

Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.: 250002326000 1997 05238 01 (22982); Sentencia
del 6 de junio de 2012, Rad.: 250002326000 1997 15324 01 (24.690); Sentencia del 27 de junio de
2013, Rad.: 250002326000 2001 02345 01 (28.189); Sentencia del 29 de enero de 2014, Rad.:
250002326000 2000 02527 01 (28.215); Sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad.: 250002326000
2001 00349 02 (28.428); Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 250002326000 2001 02368 01
(29.540); Sentencia del 1° de octubre de 2014, Rad: 250002326000 2000 01292 01 (27.862);
Sentencia del 12 de febrero de 2015, Rad: 250002326000 2000 02235 02 (28.482); Sentencia del
23 de octubre de 2017, Rad.: 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493).

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De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de
apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es
decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan
efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho83 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora84.

A su turno, el Acuerdo 1887 de 200385, vigente para el momento de la presentación
de la demanda, determinaba que en los procesos con cuantía tramitados en
segunda instancia, podrán fijarse hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia86.

En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por las partes en
segunda instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión en la
oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las agencias en
derecho del demandante y a favor del Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Nación – Rama Judicial, las cuales se fijan en el cero
punto uno (0.1%) de las pretensiones solicitadas en la demanda y deberán ser
liquidadas por Secretaría.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

83 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
84 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
85 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
86 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…).III CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO (…) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.

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Demandante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la
segunda instancia, el cero punto cinco por ciento (0.1%) de las pretensiones
solicitadas en la demanda, a cargo de la parte demandante y a favor del Consejo
Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Nación –
Rama Judicial. LIQUÍNDESE por Secretaría.

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

VF

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