Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03501-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03501-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03501-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03501-00
Accionante: Mary Luz Zambrano Arteaga y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03501-00
Accionante: Mary Luz Zambrano Arteaga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia - Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Mary Luz Zambrano Arteaga, en nombre
propio y en representación de sus hijas Diana Carolina y María Isabel Castro Zambrano,
así como de su hermano Roberto Germán Arteaga Basante que, según afirma, se
encuentra en condición de discapacidad, contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Mary Luz Zambrano Arteaga, en nombre propio y en representación de sus hijas Diana
Carolina y María Isabel Castro Zambrano, así como de su hermano Roberto Germán
Arteaga Basante, interpuso acción de tutela en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso material y efectivo a la administración de
justicia, a la igualdad material bajo una perspectiva de vulnerabilidad y al principio de
confianza legítima1, los cuales estima vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño
con ocasión de la sentencia proferida el 23 de enero de 2026 dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado núm. 52001-33-33-007-2016-00154-00/02.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. La señora Mary Luz Zambrano Arteaga, víctima de desplazamiento forzado e inscrita
en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) desde el 29 de septiembre de
2003, afirmó ser madre cabeza de familia y tener a su cargo a sus dos hijas menores de
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 3B8D19E56F0EE6A9 9E59905B0F461C92 7A9C6A805E0E784C
786AFB834D5CE093.
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edad, Diana Carolina y María Isabel Castro Zambrano, así como a su hermano Roberto
Germán Arteaga Basante, quien presenta una discapacidad profunda derivada de
sordomudez, circunstancia certificada por ASORNAR 2.
2.2. La accionante manifestó que desempeñó labores de vigilancia, aseo y control de
acceso en el parque Bolívar entre el 1.º de junio de 2004 y el 13 de noviembre de 2014,
razón por la cual sostuvo haber mantenido una relación laboral con Pasto Deporte y/o con
el Municipio de Pasto. Asimismo, indicó que, debido a sus condiciones de vulnerabilidad,
ella y su núcleo familiar ocuparon los camerinos de la cancha del parque Bolívar como
mecanismo de subsistencia.
2.3. El 13 de noviembre de 2014, los accionantes fueron desalojados de los camerinos por
la Inspección de Policía Tercera de Urbanismo, pese a que el Juzgado Décimo Penal
Municipal de Pasto, mediante fallo de tutela del 4 de marzo de 2010, había ordenado
suspender dicho procedimiento.
2.4. Con fundamento en tales circunstancias, los accionantes promovieron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Municipio de Pasto y el
Instituto para la Recreación y el Deporte-Pasto Deporte, con el propósito de obtener el
reconocimiento de los perjuicios inmateriales derivados de la falla en el servicio que, a su
juicio, ocasionó el deterioro de sus condiciones de vida y la omisión consistente en no crear
el cargo de administradora de la cancha de fútbol del parque Bolívar, que permitiera
vincular a la señora Mary Luz Zambrano Arteaga como empleada pública o trabajadora
oficial.
2.5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Pasto, bajo el radicado número 52001-33-33-007-2016-00154-00, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 18 de agosto de 2020 declaró administrativa y
patrimonialmente responsables al Municipio de Pasto y al Instituto para la Recreación y
Deporte – Pasto Deporte por la afectación moral causada a la señora Zambrano Arteaga
y, en consecuencia, los condenó al pago de sesenta (60) SMLMV a favor de la
demandante. Lo anterior, en cuanto encontró probado que la parte actora habitó en la
cancha durante un periodo aproximado de 10 años y consideró que, por lo menos durante
los años 2006 y 2007 la administración municipal conoció y avaló que la señora Zambrano
Arteaga habitara junto a su núcleo familiar en la cancha.
2.6. Inconforme con la decisión adoptada, el municipio de Pasto y el Instituto Municipal
para la Recreación y Deporte – Pasto Deporte interpuso recurso de apelación. Por un lado,
el Municipio de Pasto sostuvo que la señora Mary Luz Zambrano Arteaga había promovido
múltiples procesos en los que presentó pretensiones similares, en el que se demostró que
no existió relación laboral entre la señora Zambrano y el Municipio, y tampoco se demostró
que hubiera ocupado un cargo de empleada pública ni trabajadora oficial. Por ello, al partir
de que no existió ningún vínculo laboral entre las partes, el municipio sostuvo que el
2 Índice 00015 en el aplicativo SAMAI, certificados 0F6806E65D2C0E74 E6C8D5E18B72A4C2
DF606F36A64F079E CE301D1E4E9CED48.
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proceso de ocupación de los camerinos de la cancha de fútbol del parque Bolívar fue un
acto arbitrario e ilegal.
Por otro lado, el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte – Pasto Deporte, señaló
que el juez de primera instancia desconoció los anteriores procesos promovidos por la
parte actora. Asimismo, manifestó que la demandante realizó una ocupación indebida de
los camerinos y por ello se llevó a cabo el proceso contravencional por ocupación de
espacio público, tras múltiples solicitudes de la comunidad. De esta forma, sostuvo que la
señora Zambrano y su núcleo familiar no tenían autorización para ocupar el espacio
público, por ello, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia.
2.7. Mediante sentencia del 23 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Nariño
revocó la decisión impugnada y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, en
tanto no encontró acreditado que se hubiera otorgado un permiso a la parte actora para
ocupar el espacio público. Asimismo, determinó que no es procedente declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de un hecho ilícito, tal como lo
es la ocupación de un espacio público. Adicionalmente, el tribunal condenó en costas de
primera y segunda instancia a la parte demandante, a favor de la parte demandada.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud 3
La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 23 de enero de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso identificado con el radicado núm.
52001-33-33-007-2016-00154-02 y, en su lugar, ordenar la expedición de una decisión de
reemplazo que:
(i) Valore íntegramente las pruebas documentales que demuestran la presunta
anuencia del Estado frente a la permanencia de los accionantes en el lugar.
Especialmente el Oficio del 23 de octubre de 2007 y la Constancia del 7 de
febrero de 2007;
(ii) Aplique el estándar de flexibilización probatoria y enfoque diferencial, debido a
la condición de mujer víctima de desplazamiento forzado y madre cabeza de
familia;
(iii) Aplique el precedente constitucional sobre confianza legítima, “reconociendo
que el Estado no puede defraudar las expectativas que él mismo auspició” 4.
Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:
3.1. Defecto fáctico. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Nariño realizó una
valoración irrazonable del material probatorio obrante en el expediente. Al respecto, señaló
que, aunque la autoridad judicial accionada reconoció la permanencia prolongada de la
accionante en las instalaciones deportivas, concluyó, de manera equivocada, que no se
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786AFB834D5CE093.
4 Ibid.
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acreditó la existencia de un daño antijurídico y calificó dicha permanencia en el espacio
público como un “hecho ilícito”5.
Asimismo, afirmó que la autoridad judicial accionada omitió valorar dos pruebas
documentales relevantes: (i) la Constancia del 7 de febrero de 2007, suscrita por Rubén
Vargas Santander, en la que se certifica que la accionante residía en la cancha y
desempeñaba funciones de celaduría; y (ii) el Oficio del 23 de octubre de 2007, suscrito
por Mónica Lorena Ortega, directora de Pasto Deporte, mediante el cual se impartieron
instrucciones a la accionante y se le advirtió que sería reportada ante la administración
central si permitía el ingreso de personas durante los periodos de lluvia.
En ese contexto, sostuvo que dicha omisión valorativa tuvo una incidencia directa y
determinante en la decisión adoptada, pues, a su juicio, una adecuada apreciación de tales
elementos de convicción habría conducido a confirmar la decisión proferida en pri mera
instancia.
3.2. Desconocimiento del precedente. La parte actora señaló que la autoridad judicial
accionada desconoció la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en
torno al principio de confianza legítima, consolidada a partir de la Sentencia SU-360 de
1999 y reiterada, entre otras, en la Sentencia T-472 de 2009.
Indicó que dicho principio guarda estrecha relación con el postulado de la buena fe y exige
que la administración no modifique de manera abrupta las condiciones previamente
generadas para los administrados sin adoptar medidas de transición que eviten
alteraciones intempestivas de su situación jurídica o material.
De igual forma, sostuvo que se desconoció el precedente contenido en la Sentencia T-472
de 2009, en la cual se ampararon los derechos fundamentales de un ciudadano y de su
núcleo familiar que habitaban en una institución educativa en la que desempeñaban
labores de celaduría.
Adicionalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo de Nariño omitió efectuar un
análisis con enfoque diferencial y perspectiva de vulnerabilidad, pese a que la señora Mary
Luz Zambrano Arteaga es víctima de desplazamiento forzado y madre cabeza de familia.
Por tal razón, concluyó que la autoridad judicial accionada desconoció las reglas fijadas en
las sentencias SU-167 de 2024 y T-168 de 2025.
En el mismo sentido, afirmó que se desconoció lo dispuesto en las sentencias T-004 de
2025 y SU-254 de 2013, en las cuales se reconoció que la población desplazada se
encuentra expuesta a una vulneración múltiple, masiva y continua de sus derechos
fundamentales.
3.3. Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. Adujo que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en una vulneración directa de la
5 Ibid.
4
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Constitución Política, en la medida en que omitió valorar la condición de sujetos de especial
protección constitucional de los accionantes. En particular, destacó que la señora Mary
Luz Zambrano Arteaga es víctima de desplazamiento forzado desde el año 2003, madre
cabeza de familia y cuidadora de su hermano, quien padece una discapacidad profunda.
En consecuencia, afirmó que la autoridad judicial accionada erró al exigir a la demandante
del proceso ordinario la acreditación de formalidades contractuales, cuando debía
administrar justicia con enfoque diferencial y consideración de sus condiciones particulares
de vulnerabilidad.
Asimismo, sostuvo que la ausencia de un análisis específico respecto de dicha situación
desconoció las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional en las
sentencias SU-167 de 2024 y T-168 de 2025, circunstancia que, a su juicio, configura un
defecto sustantivo.
Finalmente, manifestó su inconformidad con la condena en costas impuesta por el Tribunal
Administrativo de Nariño, al considerar que la autoridad judicial accionada empleó una
argumentación revictimizante al afirmar que la demanda carecía de fundamento jurídico,
lo que, en su criterio, constituye una barrera para el acceso efectivo a la administración de
justicia.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 11 de mayo de 20266 la magistrada ponente admitió la acción de tutela
y negó la medida provisional solicitada por los accionantes; vinculó en calidad de terceros
con interés al Municipio de Pasto, al Instituto para la Recreación y Deporte-Pasto Deporte
y al Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto; ofició a las autoridades judiciales para que,
quien tuviera a su cargo el expediente identificado con el radicado núm. 52001-33-33-007-
2016-00154-00/02 lo remitiera a este trámite constitucional; además, se requirió a la
señora Mary Luz Zambrano Arteaga para que allegara los anexos y el material probatorio
que afirmó aportar a este trámite en el escrito de tutela, así como los elementos probatorios
que acrediten la imposibilidad del señor Roberto Germán Arteaga Basante para promover
directamente la acción de tutela o, en su defecto, para que el referido accionante ratifique
la solicitud de amparo presentada en su nombre; se ordenó notificar a las partes y se
dispuso la suspensión de los términos.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto 7 allegó copia
del expediente digital del proceso ordinario y realizó un resumen de las actuaciones
procesales adelantadas en primera y segunda instancia. Posteriormente, expuso los
6 Índice 00004 en el aplicativo SAMAI, certificado 9EEDB943DD2FB659 305A7DF80D004CEB
EE5E2CDF63AD5FB3 F977B131D0B60967.
7 Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado 16B91DC682B8A73A F611E41FD0594F26 EFC69A3EBD62118B
CD042A19C36E06FB
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requisitos generales y las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Finalmente, alegó la configuración de falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto
la acción de tutela reprocha exclusivamente la sentencia emitida en segunda instancia.
Además, señaló que respecto a la sentencia emitida en primera instancia no se cumplen
los requisitos generales ni las causales específicas de procedencia, en tanto no se incurrió
en ninguna irregularidad en el trámite.
Asimismo, precisó que la sentencia proferida por el juzgado no vulneró los derechos
fundamentales de la señora Mary Luz Zambrano Arteaga y manifestó que una prueba de
ello es que la accionante no interpuso recurso de apelación contra esta providencia.
Por lo anterior, solicitó ser desvinculado del proceso, debido a que no ha vulnerado los
derechos fundamentales alegados por la parte actora.
4.2. El Tribunal Administrativo de Nariño 8 allegó copia digital del expediente del proceso
ordinario. Asimismo, a través del magistrado ponente, Paulo León España Pantoja, solicitó
que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, en tanto no se encuentran
configurados los requisitos de procedibilidad señalados por la jurisprudencia
constitucional.
Asimismo, manifestó que las actuaciones adelantadas por la autoridad judicial accionada
se ajustaron a las garantías del debido proceso y profirió una decisión debidamente
motivada, en la que se mencionó detalladamente las disposiciones aplicables al caso junto
a una extensa explicación de estas.
Igualmente, señaló que efectuó una adecuada valoración del material probatorio que obra
en el expediente, lo cual le permitió llegar a las conclusiones expuestas en la decisión de
segunda instancia.
4.3. El Instituto Municipal para la Recreación y Deporte 9 solicitó declarar la
improcedencia de la acción, en tanto estimó que se pretende emplear como una instancia
adicional para cuestionar las decisiones tomadas por el Tribunal Administrativo de Nariño.
Asimismo, señaló que la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada son el
resultado de la valoración integral del material probatorio obrante en el expediente y del
análisis jurídico desarrollado por el tribunal en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales. Por ello, manifestó que el juez de tutela no debe estar llamado
a sustituir el criterio jurídico del juez natural.
8 Índice 00016 en el aplicativo SAMAI, certificado BA5881582319F0CA 93953C3C522BC830
C8EADD516DD7AC26 71E9645319238572.
9 Índice 00018 en el aplicativo SAMAI, certificados 1B0AA0871E1CF26D 1B85BD227F570B50
A9C52C18619A9058 534F619EE59F23A1
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Por otro lado, respecto a la condena en costas a la parte accionante, sostuvo que es el
resultado de una consecuencia procesal prevista en el ordenamiento jurídico y no es una
decisión en la que Pasto Deporte pueda tener injerencia. Igualmente, resaltó que aún no
se ha realizado la liquidación de costas, ni se ha iniciado el proceso ejecutivo contra los
accionantes.
Por último, mencionó que las circunstancias de vulnerabilidad de la parte actora no
implican de manera automática la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial y que la acción de tutela no reprocha ninguna actuación adelantada por Pasto
Deporte. Por ello, solicitó que se niegue por improcedente la acción de tutela.
4.4. La señora Mary Luz Zambrano Arteaga10 aportó las pruebas enunciadas en la acción
de tutela, entre estas el certificado expedido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Nariño, en el que certificó que el señor Roberto Germán Arteaga padece una
pérdida de capacidad laboral del 55,35% con diagnóstico de sordomudez e hipoacusia
bilateral profunda.
4.5. El Municipio de Pasto guardó silencio, pese a haber sido debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto la
señora Mary Luz Zambrano Arteaga, las menores Diana Carolina Castro Zambrano y
María Isabel Castro Zambran, y Roberto Germán Arteaga Basante son los titulares de los
derechos fundamentales que afirman fueron vulnerados, en su condición de demandantes
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 52001-33-33-
007-2016-00154-00/02.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Tribunal Administrativo de Nariño fue la autoridad que profirió la decisión que,
según la parte accionante, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En
10 Índice 00015 en el aplicativo SAMAI, certificados 0F6806E65D2C0E74 E6C8D5E18B72A4C2
DF606F36A64F079E CE301D1E4E9CED48
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caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia
de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la
problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha
a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 13.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad:
“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 15.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia
de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamen tales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se
advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De
manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante
graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado
con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa
y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite
determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base
en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos
fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el
interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden
jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar
su importancia.
15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Mary Luz Zambrano Arteaga y otros
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 16.
5. Caso concreto
La Sala advierte, que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. La parte actora cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, al considerar que incurrió en: (i) un defecto fáctico, por cuanto, a su juicio, omitió
valorar la Constancia del 7 de febrero de 2007, suscrita por Rubén Vargas Santander, y el
Oficio del 23 de octubre de 2007, suscrito por Mónica Lorena Ortega; (ii) desconoció el
precedente, debido a que presuntamente ignoró la jurisprudencia relativa al principio de
confianza legítima, al enfoque diferencial y a lo resuelto en la Sentencia T-472 de 2009; y
(iii) un defecto sustantivo, al omitir valorar la condición de sujeto de especial protección
constitucional de la señora Mary Luz Zambrano Arteaga, quien ostenta la calidad de
víctima de desplazamiento forzado.
5.2. En relación con la presunta configuración de un defecto fáctico, la parte actora sostuvo
que el Tribunal Administrativo de Nariño omitió valorar la constancia y el oficio referidos,
pruebas documentales que considera determinantes para la resolución del litigio, en tanto,
a su juicio, permiten acreditar que la ocupación del espacio público no tuvo carácter ilícito.
Al respecto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada valoró en la sentencia del
23 de enero de 2026 las pruebas alegadas por la parte actora e incluso se encargó de
trascribir los fragmentos que la señora Zambrano Arteaga considera que son relevantes
para el proceso. En particular, sostuvo que17:
“En el expediente obra oficio del 23 de octubre de 2007 dirigido a la señora Mary Luz
Zambrano Arteaga y suscrito por la señora Mónica Lorena Arteaga en calidad de
directora encargada de Pasto Deporte indicando lo siguiente:
“De la manera en más atenta nos dirigimos a usted con el fin de recordarle
que es usted en el momento quien se encarga de controlar la entrada al
escenario Deportivo como de su cuidado y mantenimiento, acuerdo que se
llego verbalmente con usted y el Director del Instituto Pasto Deporte…” (Pdf.
001, pág. 29).
(…)
Obra constancia del 7 de febrero de 2007 suscrita por el señor Rubén Vargas
Santander en calidad de administrador de escenarios deportivas de Pasto Deporte
donde indicó que el señor Roberto Germán Arteaga Basante vive con la señora Mary
16 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
17 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado BA5881582319F0CA 93953C3C522BC830 C8EADD516DD7AC26
71E9645319238572.
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Accionante: Mary Luz Zambrano Arteaga y otros
Luz Zambrano Arteaga en las instalaciones de la cancha de fútbol del parque Bolívar,
además que la señora Mary Luz Zambrano Arteaga trabajaba como celadora de la
cancha, dependiente de las oficinas de Pasto Deporte. (Pdf. 001, pág. 33)”.
Asimismo, la Sala advierte que el Tribunal de Nariño identificó como hechos probados
una mayor cantidad de comunicaciones remitidas a la señora Mary Luz Zambrano
Arteaga en la que se le informan novedades sobre el uso de la cancha y se imparten
instrucciones, tales como el Oficio del 25 de agosto de 2006, el Oficio del 1 de febrero de
2006, el Oficio del 23 de enero de 2007 emitidos por Rubén Vargas Santander. Al
respecto, la autoridad judicial accionada precisó lo siguiente:
“En la demanda se adujo que, la ocupación obedeció al consentimiento de la misma
administración, pues a través del oficio del 23 de octubre de 2007 suscrito por la
señora Mónica Lorena Arteaga en calidad de directora encargada de Pasto Deporte
y oficio del 1 de febrero de 2006 suscrito por el señor Rubén Vargas Santander en
calidad de administrador de escenarios deportivos del Instituto para la Recreación y
el Deporte Pasto Deporte se dio instrucciones a la señora Mary Luz Zambrano
Arteaga respecto del cuidado y mantenimiento del escenario deportivo.
Frente a este aspecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial de la
Corte Constitucional han establecido unos criterios para su configuración. Así, con
ocasión a la protección de los derechos fundamentales de los vendedores
ambulantes, la Corte Constitucional ha indicado que el principio de confianza legítima
es el límite que tiene la administración de asegurar y mantener el espacio público y
tiene tres criterios de aplicación:
“En primer lugar, la necesidad de preservar de manera perentoria el
interés público; en segundo lugar, una desestabilización cierta, razonable
y evidente en la relación entre la administración y los administrados; por
último, la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que
adecuen la actual situación a la nueva realidad. Por lo tanto, el principio
de la buena fe exige a las autoridades y a los particulares mantener una
coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que
se han obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación
que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias
del tráfico jurídico, como quiera que “así como la administración pública
no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a
quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en
contra de aquellas exigencias éticas” 18.
Teniendo en cuenta lo mencionado, el Tribunal, si bien evidencia la existencia de los
oficios ya señalados, no observa que las actuaciones de la señora Mary Luz
Zambrano Arteaga se hayan ceñido a los postulados de la buena fe. En el expediente,
no obran pruebas encaminadas a demostrar que la ocupación de los camerinos de la
cancha del parque Bolívar del Municipio de Pasto, estuviera precedida de un hecho
permisivo de la administración de ocupar tal lugar, con fines de vivienda tanto para
ella como para su núcleo familiar.
Es decir, que la génesis de dicha ocupación (hechos anteriores al 2006) tuviera
anuencia de una autoridad competente o de un hecho lícito del cual, la señora Mary
Luz Zambrano Arteaga sin mayor examen, hubiese creído que el espacio no se
catalogaba como público o que le era permitida su permanencia, más cuando se
trataba de un camerino de una cancha de fútbol.
18 Corte Constitucional, Sentencia de Unificación 360 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03501-00
Accionante: Mary Luz Zambrano Arteaga y otros
Tampoco, existe certeza del tiempo de tal ocupación, pues no hay prueba que
acredite el inicio, lo único que se puede concluir es que para el 2006 Pasto Deporte
conocía del hecho, en razón del oficio suscrito por el señor Rubén Vargas Santander
en calidad de administrador de escenarios deportivos del Instituto para la Recreación
y el Deporte Pasto Deporte.
Es más, el Tribunal echa de menos si para la época de los hechos, es decir, entre
2006 a 2007 el Instituto para la Recreación y el Deporte Pasto Deporte tenía la
administración de ese escenario deportivo, pues el contrato de comodato celebrado
entre el Municipio de Pasto y el Instituto para la Recreación y el Deporte Pasto
Deporte data del 15 de julio de 2013.
Es así, que, desde 2006, transcurrieron aproximadamente tres años para el inicio del
proceso por la infracción de ocupación de espacio público con elementos personales,
estadio de fútbol del parque Bolívar contra la señora Mary Luz Zambrano, que dio
lugar a las Resoluciones No. 0013 del 24 de noviembre de 2009 por medio de la cual
se ordenó la restitución del espacio público y No. 0022 del 18 de diciembre de 2009
por medio de la cual se decidió un recurso de reposición dentro del proceso
contravencional No. 0583.08.
Es decir, hasta el día del desalojo, 13 de noviembre de 2014, la demandante Mary
Luz Zambrano fue conocedora de la infracción, tiempo en el cual no se puede señalar
que la administración fue auspiciadora de la ocupación, ni hizo creer a la demandante,
que estaba legitimada para habitar el camerino de las canchas del parque Bolívar.
Es así, que un hecho ilícito como lo es la ocupación de un espacio público, no puede
ser fuente de obligaciones para quien lo ocasiona” 19.
De esta manera, se advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño sí valoró las pruebas
documentales allegadas al proceso y expuso de manera suficiente las razones por las
cuales, pese a la existencia de dichos documentos, concluyó que no se configuró un daño
antijurídico que hiciera procedente la declaratoria de responsabilidad extracontractual del
Estado.
En efecto, la autoridad judicial accionada sostuvo de manera expresa que, aunque se
encontraba acreditado que para el año 2006 Pasto Deporte conocía la situación de la
señora Zambrano Arteaga y de su núcleo familiar, no se demostró la existencia de un
permiso o autorización otorgados por la administración que le permitieran considerar que
la cancha de fútbol del parque Bolívar no constituía un bien de uso público o que estaba
facultada para ocuparlo de manera permanente.
5.3 En cuanto al presunto desconocimiento del precedente, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Nariño omitió considerar la jurisprudencia constitucional relativa
al principio de confianza legítima, particularmente la desarrollada en la Sentencia SU-360
de 1999 y reiterada en la Sentencia T-472 de 2009.
Al respecto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada sí se pronunció sobre la
Sentencia SU-360 de 1999. En efecto, del aparte previamente transcrito se evidencia que
el Tribunal Administrativo de Nariño reprodujo un fragmento de dicha providencia, en el
que, tal como lo señala la parte actora en el escrito de tutela, se reconoce la necesidad de
19 Ibid.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03501-00
Accionante: Mary Luz Zambrano Arteaga y otros
adoptar medidas transitorias cuando la administración pretende recuperar el espacio
público.
No obstante, la referida sentencia también precisa que el principio de confianza legítima
encuentra fundamento en el postulado de la buena fe y exige coherencia en la conducta
tanto de las autoridades como de los particulares. En ese sentido, la Corte Constitucional
señaló que “así como la administración pública no puede ejercer sus potestades
defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el
administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas” 20.
En consonancia con lo expuesto en la Sentencia SU-360 de 1999, el Tribunal
Administrativo de Nariño estructuró su análisis a partir del principio de buena fe y concluyó
que este había sido desconocido por la parte actora, por las razones previamente
expuestas en la providencia cuestionada. Bajo esa premisa, consideró que no resultaba
procedente efectuar el examen de los presupuestos específicos para la aplicación del
principio de confianza legítima desarrollados en dicha decisión.
Por consiguiente, el reproche formulado por la parte actora no evidencia un
desconocimiento del precedente constitucional, sino una discrepancia con la interpretación
y aplicación que el juez natural realizó de las reglas jurisprudenciales que estimó
pertinentes para resolver el caso concreto.
Asimismo, la Corporación ha manifestado que:
“[e]l precedente judicial es concebido como una sentencia previa que resulta
relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que
contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos
similares, desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver el
juez. Como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento jurídico
similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la
decisión posterior”19
De esta forma, para que se alegue el desconocimiento del precedente judicial, es
necesario constatar la existencia de una regla establecida en una sentencia previa y
demostrar que los elementos fácticos contenidos en aquella son idénticos a la providencia
cuestionada. Sin embargo, pese a que el accionante mencionó la sentencia que considera
desconocida por el Tribunal Administrativo de Nariño, no sustentó la coincidencia de los
hechos entre la sentencia que considera desconocida y la sentencia proferida por la
autoridad judicial accionada.
Así las cosas, no es procedente encontrar probada la configuración del desconocimiento
del precedente, en tanto, a pesar de que la parte actora mencionó en el escrito de tutela
que la sentencia presuntamente desconocida amparó los derechos de una familia que
habitaba en su lugar del trabajo, no se precisó si esta familia contaba con un vínculo laboral
y si tenía autorización previa del empleador para ello, a diferencia de lo que ocurre en el
20 Ibidem
13
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caso concreto. Además, tampoco se señaló si el lugar de habitación de los accionantes
constituía un espacio público, siendo este un factor esencial para el análisis del caso. Por
ello, la solicitud carece de la argumentación suficiente para encontrar probado el
desconocimiento de una regla jurisprudencial.
5.4. Por otro lado, respecto a la configuración del defecto sustantivo, la parte actora
reprochó que se desconoció su condición de sujeto de especial protección constitucional
y que fue injustamente condenada en costas procesales.
Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño, a partir del testimonio
brindado por Luis Humberto Castro Tez, reconoció que la señora Mary Luz Zambrano
Arteaga llegó al parque Bolívar tras ser víctima de desplazamiento en departamento de
Putumayo. Asimismo, a partir de las razones expuestas con anterioridad, se observa que
la autoridad judicial accionada realizó un análisis completo de los hechos, en los que se
determinó que “un hecho ilícito como lo es la ocupación de un espacio público, no puede
ser fuente de obligaciones para quien lo ocasiona”21.
Por otro lado, respecto a la condena en costas procesales, se observa que el Tribunal
Administrativo de Nariño realizó un análisis extenso del contenido del artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, del cual
concluyó que:
“Entender que solamente habría lugar a imponer condena en costas a la parte
demandante en los eventos que la demanda se haya propuesto “con manifiesta
carencia de fundamento legal”, eliminado con ello cualquier otra posibilidad de
imponer condena en costas a la partes bajo un criterio objetivo que trae el primer
inciso de la norma, implicaría hacer una interpretación violatoria del derecho de
igualdad de las partes en el proceso y por consecuencia una interpretación
contraria a los preceptos constitucionales.
(…)
Es entonces que habrá de indicarse que la condena en costas es una carga de
estirpe objetivo y que se impone a la parte vencida en el proceso, sin que sea dable
examinar la conducta o proceder subjetivo de esa parte; luego no puede
consultarse, respecto de ella, la conducta observada en el curso del proceso, si
obró o no con temeridad, o de buena o mala fe.
No es dado que el Juez realice un juicio de valor respecto del comportamiento
procesal de la parte vencida en el proceso, para establecer si le condena o no en
costas; basta con advertir que se trata de la parte vencida en el debate procesal
para impartir en su contra condena en costas.
Es entonces que la condena en costas, conforme al art. 365 del CGP, se impone
a la parte vencida, es bajo un criterio objetivo; por esta razón no hay lugar a
examinar si las partes actuaron de mala fe o con temeridad (criterio subjetivo)” 22.
21 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado BA5881582319F0CA 93953C3C522BC830 C8EADD516DD7AC26
71E9645319238572.
22 Ibidem
14
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Así las cosas, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño realizó un análisis
suficiente del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, disposición respecto de la cual explicó que la condena en costas opera de
manera objetiva frente a la parte vencida en el proceso.
Ahora bien, conviene precisar que el inciso primero del citado artículo contempla una
excepción a dicha regla, consistente en aquellos eventos en los que se ventile un interés
público. Sin embargo, dentro del proceso ordinario no se determinó que la controversia
tuviera esa naturaleza, razón por la cual no resultaba procedente excluir a la parte
demandante de la condena en costas con fundamento en dicha excepción.
De otra parte, en atención a que la parte actora sostiene que, debido a su condición de
especial vulnerabilidad, no debía ser condenada en costas, resulta pertinente señalar que
el artículo 151 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del
Artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone que la parte que “no se halle en capacidad de atender los gastos
del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia”, se le concederá
el amparo de pobreza.
A su vez, el artículo 154 del Código General del Proceso establece que la persona a quien
se le haya reconocido el amparo de pobreza no podrá ser condenada en costas. En
consecuencia, si la parte actora consideraba que su situación de vulnerabilidad le impedía
asumir las cargas económicas derivadas del litigio, debía solicitar dicho beneficio dentro
de la oportunidad procesal prevista para tal efecto, esto es, antes de la presentación de la
demanda o durante el curso del proceso, de conformidad con lo dispu esto en el artículo
152 ibidem. Por consiguiente, este era el mecanismo procesal idóneo para obtener la
exoneración de la condena en costas con fundamento en su situación económica.
Finalmente, la Sala observa que, para la fecha de esta providencia, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto aún no ha efectuado la liquidación de las
costas procesales, actuación que corresponde adelantar a dicha autoridad judicial. En
consecuencia, tampoco es posible valorar el alcance concreto de la afectación alegada
por la parte actora, toda vez que aún no se ha determinado el monto de la condena
respectiva.
5.5. Así las cosas, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Nariño expuso de
manera suficiente, clara y razonada los motivos por los cuales no resulta procedente
acceder a las pretensiones formuladas por la accionante, en tanto analizó los elementos
probatorios obrantes en el expediente, justificó suficientemente la razón por la que se
consideró que la parte actora no actuó bajo los postulados de la buena fe y sustentó las
razones por las que se efectuó la condena en costas.
En ese sentido, la Sala reitera que el juez de tutela no está llamado a reabrir el debate
definido en el proceso ordinario; por consiguiente, no le corresponde efectuar una nueva
valoración probatoria ni interferir en la órbita de competencia del juez natural.
15
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5.6. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma arbitraria,
sin respaldo o análisis de las pruebas y fundamentos normativos, ni que se hayan
trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del
proceso ejecutivo.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara qu e no basta la
simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su
carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe
aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 23.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora presente
sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y eleve su
argumentación a rango constitucional.
A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la
acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate surtido en el marco
del proceso ordinario y se pretende emplear este mecanismo constitucional como una
instancia adicional para expresar su inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad judicial.
5.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo
pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional
a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de corrección
de la decisión cuestionada 24, lo que se opone a que use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del
derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 25.
23 Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
24 SU-215 de 2022.
25 Ibid.
16
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Accionante: Mary Luz Zambrano Arteaga y otros
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Mary Luz
Zambrano Arteaga, en nombre propio y en representación de sus hijas Diana Carolina y
María Isabel Castro Zambrano, así como de su hermano Roberto Germán Arteaga
Basante, contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por no superar el requisito de
relevancia constitucional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM
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