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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03527-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03527-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la ANI, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03527-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03527 00
Accionante: Bancolombia S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar los
requisitos generales de relevancia constitucional y
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la sociedad Bancolombia S.A., en contra
de las providencias del 17 de octubre de 2023 y 18 de marzo de 2025, proferidas,
respectivamente, por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de reparación directa, identificado con el radicado núm. 11001
33 36 036 2021 00027 00/01/02.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Bancolombia S.A., actuando por conducto de apoderada judicial, promovió
acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:

1. Conceder la protección de mis derechos fundamentales al debido
proceso (defensa y contradicción) y al acceso a la administración de
justicia, los cuales fueron vulnerados por el JUZGADO TREINTA Y SEIS (36)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN
TERCERA a partir del trámite de contestación de la demanda y proposición de
excepciones dentro del proceso de reparación directa adelantado por la
demandante FANNY BOHORQUEZ RODRIGUEZ, GLADYS MERY
RODRÍGUEZ GUASCA y DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en contra de
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CONSORCIO VÍAS
FÉRREAS ISA (CONFORMADO POR IDOM CONSULTING ENGINEERING
ARCHITECTURE S.A.U., GIC GERENCIA INTERVENTORÍA Y
CONSULTORÍA S.A.S. Y ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES
S.A.S.), BANCOLOMBIA S.A. y ALEXANDER MORENO AMAYA., identificado
con el radicado No. 11001333603620210002700.
2. Ordenar al JUZGADO TREINTA Y SEIS (36) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN TERCERA que, dentro

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03527 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03527 00
Accionante: Bancolombia S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión,
deje sin valor ni efecto la providencia emitida el 17 DE OCTUBRE DE 2023
dentro del proceso de reparación directa adelantado por la demandante
FANNY BOHORQUEZ RODRIGUEZ, GLADYS MERY RODRÍGUEZ
GUASCA y DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en contra de AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CONSORCIO VÍAS FÉRREAS ISA
(CONFORMADO POR IDOM CONSULTING ENGINEERING
ARCHITECTURE S.A.U., GIC GERENCIA INTERVENTORÍA Y
CONSULTORÍA S.A.S. Y ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES
S.A.S.), BANCOLOMBIA S.A. y ALEXANDER MORENO AMAYA., identificado
con el radicado No. 11001333603620210002700, en su lugar proceda a
proferir una nueva providencia en la que se garantice el derecho al debido
proceso, defensa y contradicción, y acceso a la administración de justicia
mediante el cual se tenga en cuenta la contestación y los llamamientos en
garantía radicados por BANCOLOMBIA S.A. el día 14 de febrero de 2023 y
proceda a correr el traslado correspondiente a cada una de las partes para
que se pronuncien al respecto.
3. Que en virtud de la petición del numeral inmediatamente anterior, se decrete
por parte del JUZGADO TREINTA Y SEIS (36) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN TERCERA, la nulidad
de todo lo actuado con posterior a la decisión del 17 de octubre de 2023, dentro
del proceso de reparación directa adelantado por la demandante FANNY
BOHORQUEZ RODRIGUEZ, GLADYS MERY RODRÍGUEZ GUASCA y
DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en contra de AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, CONSORCIO VÍAS FÉRREAS ISA (CONFORMADO
POR IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U., GIC
GERENCIA INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. Y ARREDONDO
MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.), BANCOLOMBIA S.A. y
ALEXANDER MORENO AMAYA., identificado con el radicado No.
11001333603620210002700 como quiera que el despacho procedió a
continuar con el trámite procesal sin tener en cuenta los medios exceptivos
presentados en termino por el demandado BANCOLOMBIA S.A.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
4. Conceder la protección de mis derechos fundamentales al debido
proceso (defensa y contradicción) y al acceso a la administración de
justicia, los cuales fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C a partir del
trámite del recurso de apelación al auto de fecha 17 de octubre de 2023, dentro
del proceso de reparación directa adelantado por la demandante FANNY
BOHORQUEZ RODRIGUEZ, GLADYS MERY RODRÍGUEZ GUASCA y
DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en contra de AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, CONSORCIO VÍAS FÉRREAS ISA (CONFORMADO
POR IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U., GIC
GERENCIA INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. Y ARREDONDO
MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.), BANCOLOMBIA S.A. y
ALEXANDER MORENO AMAYA., identificado con el radicado No.
11001333603620210002700.
5. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN C que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta decisión, deje sin valor ni efecto la
providencia emitida el 18 DE MARZO DE 2025 dentro del del trámite del
recurso de apelación al auto de fecha 17 de octubre de 2023, en el proceso de
reparación directa adelantado por la demandante FANNY BOHORQUEZ
RODRIGUEZ, GLADYS MERY RODRÍGUEZ GUASCA y DIEGO
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Accionante: Bancolombia S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en contra de AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, CONSORCIO VÍAS FÉRREAS ISA (CONFORMADO
POR IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U., GIC
GERENCIA INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. Y ARREDONDO
MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.), BANCOLOMBIA S.A. y
ALEXANDER MORENO AMAYA., identificado con el radicado No.
11001333603620210002700, en su lugar proceda a proferir una nueva
providencia en la que se garantice el derecho al debido proceso, defensa y
contradicción, a cada una de las partes para que se pronuncien al respecto.
6. Que en virtud de la petición del numeral inmediatamente anterior, se decrete
por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN C y del JUZGADO TREINTA Y SEIS (36)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN
TERCERA, la nulidad de todo lo actuado con posterior a la decisión del 18 de
marzo de 2025, dentro del proceso de reparación directa adelantado por la
demandante FANNY BOHORQUEZ RODRIGUEZ, GLADYS MERY
RODRÍGUEZ GUASCA y DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en contra de
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CONSORCIO VÍAS
FÉRREAS ISA (CONFORMADO POR IDOM CONSULTING ENGINEERING
ARCHITECTURE S.A.U., GIC GERENCIA INTERVENTORÍA Y
CONSULTORÍA S.A.S. Y ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES
S.A.S.), BANCOLOMBIA S.A. y ALEXANDER MORENO AMAYA., identificado
con el radicado No. 11001333603620210002700 como quiera que el
despacho procedió a continuar con el trámite procesal sin tener en cuenta los
medios exceptivos presentados en termino por el demandado BANCOLOMBIA
S.A. y en su lugar acójase el juzgado a la nueva decisión que llegase a
proferirse por parte del tribunal. (SIC a toda la cita).

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La entidad bancaria accionante indicó que, mediante auto del 28 de octubre de 2022, el
Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó la notificación de
Bancolombia S.A. y de los demás demandados dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado núm. 11001 33 36 036 2021 00027 00.

Resaltó que la notificación personal a Bancolombia S.A. se surtió los días 16 y 19 de
diciembre de 2022, por lo que, bajo su consideración, el término para contestar la
demanda transcurrió entre el 12 de enero y el 22 de febrero de 2023.

Expuso que el 14 de febrero de 2023 presentó oportunamente la contestación de la
demanda, el escrito de excepciones y dos llamamientos en garantía, dirigidos a Modelos
Comerciales MC S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A. Al respecto, afirmó que
dicha documentación fue remitida a los correos electrónicos oficiales del precitado
juzgado y a las demás partes del proceso, acompañada de la correspondiente constancia
de envío.

Manifestó que ese mismo día recibió la confirmación de entrega del correo electrónico, la
cual evidenciaba que los mensajes habían sido recibidos en los buzones
correspondientes al despacho judicial y que las direcciones utilizadas pertenecían al
servidor de la Rama Judicial; no obstante, sostuvo que el correo nunca fue abierto ni
incorporado al expediente.

Agregó que el 2 de marzo de 2023 la sociedad Modelos Comerciales MC S.A.S. contestó
el llamamiento en garantía formulado por Bancolombia, actuación que, en su criterio,
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Accionante: Bancolombia S.A.
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demostraba que los documentos enviados el 14 de febrero de 2023 habían sido
efectivamente recibidos por las demás partes del proceso.

Indicó que solo hasta el 1 de agosto de 2023 el juzgado advirtió la ausencia de la
contestación de la demanda y mediante Oficio J-36-2023-2021-27-01, le solicitó remitir la
constancia de radicación. Anotó que ese mismo día dio respuesta al requerimiento,
reenviando toda la documentación a través de la misma cadena de correos electrónicos
utilizada inicialmente y haciendo referencia expresa al oficio recibido.

Relató que, pese a lo anterior, mediante auto del 17 de octubre de 2023 el juzgado tuvo
por no contestada la demanda por parte de Bancolombia S.A. Contra esa decisión
interpuso recurso de reposición y, en subsidio.

Expuso que, por auto del 9 de julio de 2024, el juzgado confirmó la decisión de tener por
no contestada la demanda y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.
Precisó que, mientras el expediente era remitido al superior funcional, el Juzgado
continuó con el trámite del proceso.

Señaló que, mediante auto del 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó el recurso de apelación por estimarlo improcedente.

Expuso que el 23 de marzo de 2025 interpuso recurso de queja contra la anterior decisión
y que, mediante auto del 11 de agosto de 2025, dicho recurso fue adecuado y tramitado
como súplica, ordenándose la remisión del expediente al despacho que seguía en turno,
quien resolvió desfavorablemente el recurso de súplica el 25 de noviembre de 2025.

Reprochó que el proceso continuó su curso sin que se hubiera tenido en cuenta la
contestación de la demanda presentada por Bancolombia, pese a que, según sostiene,
ejerció oportunamente su derecho de defensa y agotó todos los recursos procesales
disponibles para controvertir las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.

Adujo que la falta de incorporación de la contestación al expediente obedeció a fallas del
sistema de justicia digital, ajenas a su voluntad, por lo que no podían imponérsele las
consecuencias de esa situación. Agregó que el juzgado desconoció el actuar diligente de
Bancolombia, pese a que atendió el requerimiento efectuado en agosto de 2023 y reenvió
toda la documentación.

Como fundamento de la solicitud de amparo, la accionante sostuvo que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia, al desconocer la
contestación de la demanda y los llamamientos en garantía presentados oportunamente
dentro del proceso de reparación directa.

Afirmó que las decisiones cuestionadas configuran un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, el cual, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y de la Corte Constitucional, advirtió que se configura cuando el juez privilegia
las formas procesales sobre la garantía efectiva del derecho de defensa.

Asimismo, indicó que el tribunal prolongó la vulneración al rechazar el recurso de
apelación y, posteriormente, el de súplica, mediante una interpretación estricta del
artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, desconociendo el principio de integración normativa
y el derecho de defensa.

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Accionante: Bancolombia S.A.
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Finalmente, aseveró que la tutela cumple los requisitos generales de procedencia, por
cuanto agotó los recursos judiciales disponibles, la acción fue presentada oportunamente
y la irregularidad procesal alegada incidió directamente en el ejercicio del derecho de
defensa dentro del proceso de reparación directa.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 7 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección.

3.2. Mediante escritos del 11 y 19 de mayo de 2026, respectivamente, los consejeros de
Estado Carlos Fernando Mantilla Navaroo y German Eduardo Osorio Cifuentes
manifestaron impedimento para conocer del presente asunto, al considerar que podrían
estar incursos en la causal de impedimento prevista
en el numeral 2 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

3.3. Por auto del 4 de junio de 2026, la Sala declaró infundados las precitadas
manifestaciones de impedimento.

3.4. Resuelto lo anterior, por auto del 30 de junio de 20263, el despacho ponente admitió
la tutela y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera
• Subsección “C” y al Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, como autoridades
judiciales accionadas; así como vincular a la Agencia Nacional de Infraestructura5, al
Consorcio Vías Férreas ISA6 y a los ciudadanos Fanny Bohorquez Rodríguez, Gladys
Mery Rodríguez Guasca, Diego Rodríguez Rodríguez y Alexander Moreno Amaya, como
terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió tanto al Tribunal como al Juzgado para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso de reparación directa, identificado con
radicado núm. 11001 33 36 036 2021 00027 00/01/02.

3.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca7 allegó informe en el que explicó las
actuaciones surtidas con ocasión del trámite del recurso de apelación interpuesto contra
el auto que tuvo por no contestada la demanda presentada por la aquí accionante.

2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03527 00.
3 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03527 00. El suscrito magistrado ponente y el consejero de Estado Germán Eduardo Osorio
Cifuentes manifestamos impedimento para actuar en el presente asunto, el cual fue resuelto mediante
providencia de 4 de junio de 2026, que declaró infundados los impedimentos formulados.
4 Esta orden se cumplió el 2 de julio de 2026. Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03527 00.
5 En adelante la ANI.
6 Conformado por Idom Consulting Engineering Architecture S.A.U., GIC Gerencia Interventoría Y

Consultoría S.A.S. y Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S.
7 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03527 00.
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Accionante: Bancolombia S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

3.6. La ANI8 presentó contestación en la que solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se la desvincule de la presente
acción de tutela.

Sostuvo que las pretensiones de la demanda están dirigidas exclusivamente contra las
decisiones adoptadas por el juzgado y el tribunal accionado dentro del proceso de
reparación directa, por lo que la ANI carece de competencia para intervenir o modificar
dichas actuaciones judiciales.

Asimismo, manifestó que la acción de tutela no puede utilizarse como una tercera
instancia para reabrir el debate procesal ni para controvertir decisiones judiciales que
fueron adoptadas por los jueces competentes. Agregó que la accionante no demostró la
existencia de una vulneración de derechos fundamentales ni de un perjuicio irremediable
que justifique la intervención del juez constitucional.

3.7. El Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá9 rindió informe en el que sostuvo
que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

Explicó que, para la época de los hechos, la radicación de memoriales se realizaba
únicamente a través de los correos electrónicos institucionales del despacho o de la
Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos y que, tras revisar los mensajes
recibidos el 14 de febrero de 2023, no se encontró evidencia de la radicación de la
contestación de la demanda. Agregó que las capturas de pantalla allegadas demuestran
que la cuenta institucional se encontraba recibiendo mensajes con normalidad durante
esa fecha.

Indicó, además, que el correo remitido por Bancolombia el 1 de agosto de 2023, en
respuesta al requerimiento de la misma fecha, no correspondía al reenvío de la cadena
original de mensajes, sino a un correo nuevo.

Asimismo, señaló que la Oficina de Apoyo certificó que tampoco encontró registro del
mensaje y advirtió que las direcciones de destino contenían la extensión ".rpost.biz",
circunstancia que pudo influir en la falta de recepción del correo. No obstante, precisó
que verificar el funcionamiento de los servicios de mensajería utilizados por las partes
excede las funciones del despacho y que la carga de acreditar la radicación efectiva de
los memoriales corresponde a quien los presenta.

Finalmente, afirmó que el despacho agotó todas las actuaciones necesarias para verificar
si la contestación de la demanda había sido radicada y que, al no encontrarse evidencia
de ello, procedía tenerla por no contestada. En consecuencia, sostuvo que no incurrió en
un defecto procedimental ni vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de Bancolombia, por lo que solicitó negar el amparo.

3.5. El Consorcio Vías Férreas ISA y a los ciudadanos Fanny Bohorquez Rodríguez,
Gladys Mery Rodríguez Guasca, Diego Rodríguez Rodríguez y Alexander Moreno
Amaya, guardaron silencio.

8 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03527 00.
9 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03527 00.
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

Se observa que la ANI, en el informe rendido durante este trámite constitucional, solicitó
su desvinculación de la acción de tutela.

No obstante, la Sala considera que no hay lugar a acceder a dicha solicitud, toda vez que
la entidad fue vinculada por haber integrado el extremo pasivo del medio de control en el
que se profirieron las providencias ahora cuestionadas.

En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
salvaguardar los principios de contradicción y defensa, permitiéndole ejercer su derecho
de defensa y pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

4.3.1. Los señores Fanny Bohórquez Rodríguez, Gladys Mery Rodríguez Guasca y Diego
Rodríguez Rodríguez, actuando a través de apoderado judicial, presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la ANI, el Consorcio Vías
Férreas ISA y Bancolombia S.A., con el propósito de que se les declarara administrativa
y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con ocasión del
accidente de tránsito ocurrido el 14 de mayo de 2019, en la esquina de la carrera interna
del Éxito con calle 175 de la ciudad de Bogotá.

4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del
Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante providencia de 17 de octubre de
2023, tuvo por no presentado el escrito de contestación de la demanda por parte de
Bancolombia S.A.

10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con radicado núm.

11001 33 36 036 2021 00027 00/01/02.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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4.3.3. Inconforme con esa decisión, la accionante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. Mediante providencia del 9 de julio de 2024, el juzgado confirmó
la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

4.3.4. Mediante providencia del 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó por improcedente el recurso de apelación. Contra esa decisión,
la parte hoy accionante interpuso recurso de queja, el cual fue adecuado al de súplica
mediante auto del 11 de agosto de 2025.

4.3.5. Por auto del 12 de noviembre de 202515, el tribunal resolvió el recurso de súplica y
confirmó el auto de 18 de marzo de 2025, mediante el cual se rechazó por improcedente
el recurso de apelación.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala observa que la parte accionante solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias del 17 de
octubre de 2023 mediante la cual el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito
de Bogotá tuvo por no presentado el escrito de contestación de la demanda por parte de
Bancolombia S.A. y la del 18 de marzo de 2025 por la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó, por improcedente, el recurso de apelación.

Cabe precisar que, de los hechos probados, se desprende que contra la providencia del
18 de marzo de 2025 la hoy accionante interpuso recurso de queja, el cual fue adecuado
al recurso de súplica. Este último fue resuelto mediante providencia del 12 de noviembre
de 2025, notificada el 25 de noviembre del mismo año.

En ese orden, se tiene que la providencia que resolvió de manera definitiva la
controversia objeto de reproche fue la del 12 de noviembre de 2025, notificada el 25 de
noviembre de 2025, mediante la cual se decidió el recurso de súplica interpuesto contra
la providencia que rechazó, por improcedente, el recurso de apelación.

En consecuencia, será esta última providencia la que se tendrá en cuenta para
contabilizar el término de la inmediatez y considerar presentada en término la presente
solicitud de amparo.

Precisado lo anterior, y teniendo en cuenta que la presente acción de tutela se promueve
en contra de providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se
convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

15 La providencia fue notificada el 25 de noviembre de 2025. Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica

para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 33 36 036 2021 00027 01.
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4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 16. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)17. (Se
destaca) […].

En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

En el presente asunto, la Sala advierte que la controversia planteada carece de relevancia
constitucional, por cuanto la inconformidad de la parte accionante radica en que las
autoridades judiciales desconocieron la contestación de la demanda y los llamamientos
en garantía que, según afirma, presentó oportunamente por correo electrónico, al concluir
que no existía prueba suficiente de su radicación. En otras palabras, la parte accionante
insiste en que cumplió oportunamente con la carga procesal de contestar la demanda y
que las decisiones cuestionadas desconocieron esa actuación al no otorgar mérito
demostrativo a la documentación allegada para acreditar su presentación.

No obstante, de la lectura de las providencias del 17 de octubre de 2023, la del 9 de julio
de 2024 y la del 18 de marzo de 2025 se advierte que las autoridades judiciales ya
resolvieron el reproche hoy presentado en esta sede judicial.

En efecto, al resolver el recurso de reposición, el juzgado analizó los argumentos
expuestos por Bancolombia S.A., valoró nuevamente los documentos aportados para
acreditar la remisión de la contestación de la demanda y los llamamientos en garantía,
examinó los soportes allegados y expuso las razones por las cuales concluyó que tales
elementos no permitían demostrar la radicación oportuna del memorial dentro del término
legal. En consecuencia, la inconformidad planteada en esta acción constitucional no
recae sobre un aspecto omitido por la autoridad judicial, sino que reproduce los mismos
argumentos que fueron objeto de análisis y decisión en el proceso ordinario.

17 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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En esas condiciones, la acción de tutela pretende reabrir un debate que ya fue planteado
y resuelto por el juez natural, con el propósito de obtener una nueva valoración respecto
del alcance demostrativo de los elementos allegados para acreditar la radicación de la
contestación de la demanda.

De acceder a esa pretensión, el juez constitucional tendría que sustituir el criterio
adoptado por la autoridad judicial competente acerca de la suficiencia de dichos
elementos para demostrar el cumplimiento oportuno de la carga procesal, convirtiendo la
acción de tutela en una instancia adicional para revisar una cuestión ya decidida dentro
del proceso, actuación incompatible con el carácter excepcional del amparo contra
providencias judiciales.

Por consiguiente, la Sala concluye que la solicitud de amparo no satisface el tercer criterio
que integra el requisito de relevancia constitucional, pues el supuesto defecto
procedimental alegado depende, en esencia, de que el juez de tutela reexamine la
valoración realizada por las autoridades judiciales sobre los elementos aportados para
acreditar la radicación de la contestación de la demanda y sustituya las conclusiones
alcanzadas en el proceso ordinario, sin que se advierta, prima facie, una actuación
arbitraria o manifiestamente irrazonable que justifique la intervención excepcional del juez
constitucional.

Adicionalmente, es preciso anotar que la presente acción de tutela tampoco cumple con
el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que el proceso ordinario en el que se
profirieron las providencias acusadas se encuentra en curso.

Al efecto, sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto
está en trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario18.

Al respecto, ha precisado lo siguiente:

[…] la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable […]19.

Adicionalmente, frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente:

[…] el análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas;
ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el
auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la
posibilidad de recurrir la decisión final. Tal criterio restrictivo encuentra su
justificación en que la acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante
para “controvertir una decisión adversa a [los] intereses”, en el marco de un

18 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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proceso judicial en el cual “no se ha proferido ningún fallo definitivo” […]20. (Se
destaca).

Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad de la parte accionante está
relacionada con los autos proferidos por las autoridades judiciales accionadas, por las
cuales se tuvo por no contestada la demanda por parte de Bancolombia S.A. en el
proceso de reparación directa con el radicado núm. 11001 33 36 036 2021 00270 00/01,
la acción de tutela deviene improcedente porque el referido proceso está en curso.

Al efecto, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo al proceso
judicial para la defensa de los intereses de las partes, o sus intervinientes, pues ello
implicaría que es el juez de tutela y no el juez competente de la causa quien decide sobre
la sustanciación y ritualidad de los procesos.

Adicionalmente, la Sala advierte que la accionante no alegó ni acreditó la ocurrencia de
un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio.

En consecuencia, sin que sea necesario descender a otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos generales
de relevancia constitucional y subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la ANI, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 23 de
julio de 2026.

20 Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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