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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03530-00

Fecha
9 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03530-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la improcedencia del amparo de los derechos fundamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03530-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03530-00
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Medida cautelar / Defecto fáctico, sustantivo y
procedimental
Decisión: Declarar improcedente la solicitud de amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores promovió solicitud de tutela con el
fin de que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la providencia proferida
el 17 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, en el proceso de nulidad electoral identificado con el
radicado 25000-23-41-000-2026-00311-00.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. El 23 de febrero de 2026 la Asociación Diplomática y Consular de Colombia
• ASODIPLO demandó la nulidad del Decreto 1440 de 27 de diciembre de 2025,
mediante el cual se designó en provisionalidad a Juan Pablo Francisco Calderón
Flórez como segundo secretario de Relaciones Exteriores en la Embajada de
Colombia ante el Gobierno de la República Popular China.

2.2. Para lo anterior, argumentó que el nombramiento debió recaer en un
funcionario de carrera, pero ello no ocurrió, por lo tanto, se infringió el artículo 125

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03530-00
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

de la Constitución Política, el principio de especialidad previsto en el artículo 4.7 del
Decreto 274 de 2000 y la excepcionalidad de que trata el artículo 60 ibidem; además
de que no se expresaron razones de imposibilidad de nombrar funcionarios de
carrera, pues de manera genérica se señaló que se cumple con lo establecido en el
referido artículo.

2.3. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que en providencia del 17 de abril
de 2026, admitió el medio de control electoral y decretó la suspensión provisional
de los efectos del Decreto 1440 de 27 de diciembre de 2025, mediante el cual se
designó en provisionalidad a Juan Pablo Francisco Calderon Flórez en el cargo de
segundo secretario de relaciones exteriores, código 2114, grado 15 de la planta
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia
ante el Gobierno de la República Popular China.

2.4. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico,
sustantivo y procedimental, como se explica a continuación:

2.4.1. Defecto fáctico: Se decretó la suspensión provisional del nombramiento con
base en una prueba aislada (certificación de funcionarios), sin realizar una
valoración integral ni verificar la situación administrativa real de los posibles
aspirantes, en una etapa inicial del proceso donde no se contaba con elementos
suficientes. Esto llevó a una decisión anticipada sin sustento probatorio adecuado.

2.4.2. Defecto sustantivo: Se aplicó de manera incorrecta las normas que regulan
las medidas cautelares en el CPACA, al considerar cumplidos requisitos como la
apariencia de buen derecho, el perjuicio de la mora y la ponderación de intereses
sin respaldo probatorio suficiente, además de desconocer precedentes judiciales
relevantes y utilizar criterios no aplicables al caso concreto.

2.4.3. Defecto procedimental: Se omitió vincular a la autoridad que expidió el acto
administrativo (Presidencia de la República), lo cual vulneró el debido proceso y el
derecho de defensa, al impedir la participación de un sujeto procesal necesario en
la discusión de la medida cautelar.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Dejar sin efectos el numeral segundo de la providencia del 17 de abril de 2026
(Notificada de forma electrónica el 29 de abril de 2026) proferida por la Subsección C de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la cual se decretó
la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1440 de 27 de diciembre de 2025,
mediante el cual se designó en provisionalidad a Juan Pablo Francisco Calderon Flórez
en el cargo de segundo secretario de relaciones exteriores, código 2114, grado 15 de la
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de
Colombia ante el Gobierno de la República Popular China, y como consecuencia se dicte
una nueva decisión sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, en los
términos que corresponde, con fundamento en las valoraciones tomadas en

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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

consideración en el fallo de amparo, es decir, con una aplicación sistemática de los
hechos y las pruebas recaudadas hasta la etapa de presentación de la demanda en el
proceso de contenido electoral N.° 250002341000202600311 00, en concordancia con
los artículos 229 y 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, así como de los diferentes pronunciamientos que ha tenido la jurisdicción
de lo contencioso administrativo sobre la procedencia de las medidas cautelares en este
tipo de procesos. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C2 solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela porque
existe un proceso judicial en curso en el cual ya se interpuso recurso de reposición,
siendo ese el mecanismo idóneo para controvertir la decisión, además señaló que
la decisión fue debidamente motivada conforme al precedente del Consejo de
Estado y que el acto sí estaba debidamente suscrito por la ministra competente

5. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia - ASODIPLO3 pidió
que se declare improcedente o se niegue el amparo al considerar que la tutela
pretende sustituir de manera indebida el proceso electoral en curso, pues la
suspensión provisional del Decreto 1440 de 2025 no constituyó una vía de hecho
sino una medida sustentada en pruebas, la normatividad aplicable y reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la prevalencia del mérito en la carrera
diplomática; sostuvo que no existe defecto fáctico ni sustantivo, dado que sí había
múltiples funcionarios escalafonados disponibles (más de 19) para proveer el cargo,
que la decisión cautelar se soportó en certificaciones oficiales y documentación
aportada incluso por la propia Cancillería, y que el ministerio no demostró la
imposibilidad de acudir a funcionarios de carrera; además, afirmó que no se
cumplieron los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
en especial la subsidiariedad, ya que existían mecanismos ordinarios como el
recurso de reposición y otras solicitudes en trámite, y que los argumentos
económicos esgrimidos por la entidad carecían de relevancia frente al principio
constitucional del mérito, por lo que la controversia correspondía a un debate de
legalidad propio del juez natural y no a la jurisdicción constitucional.

6. Los demás terceros interesados guardaron silencio.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2 Archivo obrante en el índice 18 del Samai.
3 Archivo obrante en el índice 19 del Samai.

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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20214, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado5 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema6. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado7 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

12. Ahora bien, la Corte Constitucional8 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos9,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales10.

14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.2.1. Procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios.

15. Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra “providencia
judicial”, debe tenerse en cuenta que dicho termino hace referencia al medio a
través del cual el operador judicial emite su pronunciamiento al interior de cualquier
proceso judicial, el cual, a su vez, será por intermedio de sentencias o fallos y autos,
tal y como lo consideró la Corte Constitucional en Auto 230 de 200111, en los
siguientes términos:

«[…] Tanto el ordenamiento legislativo colombiano como la doctrina procesal ha
clasificado las providencias judiciales en autos y sentencias. Según el artículo 302 del
Código de Procedimiento Civil, "son sentencias las que deciden sobre pretensiones de
la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere
la instancia en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y
revisión." y, "son autos todas las demás providencias de trámite o interlocutorias".

Por otro lado, la doctrina ha denominado sentencia o fallo a aquella providencia que
deciden de manera definitiva sobre las pretensiones de las partes resolviendo la
demanda[1] o, como diría Enrico Tullio Liebman en su Manual de Derecho Procesal Civil,
la concreta decisión sobre la demanda propuesta en juicio o la decisión que declara
como fundada o infundada la demanda propuesta, como inexistente o existente el
derecho hecho valer, y dispone los eventuales efectos consiguientes. Chiovenda la

8 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
9 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
11 Magistrado Ponente Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.

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define como "la resolución que acogiendo o rechazando la demanda del actor, afirma la
existencia o inexistencia de una voluntad de ley que le garantiza un bien"

Los autos que se pueden proferir dentro de un proceso se dividen a su vez en autos de
trámite que buscan darle curso al proceso sin que se decida nada de fondo, dentro de
los cuales se encuentra el de admisión de la demanda o el que decreta pruebas y autos
interlocutorios que contienen decisiones o resoluciones y no meras órdenes de trámite,
como el que rechaza la demanda. […]»

16. Lo anterior resulta importante, toda vez, que por regla general las decisiones
adoptadas mediante autos deben ser controvertidas a través de los recursos que la
normatividad procesal disponga, según sea el caso. Por ello, la solicitud de tutela
respecto de estas providencias solo procederá:

«[…] i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial.
Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos
para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando
fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que existen otros
medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados;
o iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio
irremediable.[16] En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los
requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que
han sido fijados por esta Corporación […]».12

2.3. Problema jurídico

17. La Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores cumple con el requisito de procedencia general de la
subsidiariedad?

18. De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, se deberá establecer:
¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
vulneró los derechos fundamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores con
ocasión de la providencia del 17 de abril de 2026 con la cual admitió el medio de
control electoral y decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1440
de 27 de diciembre de 2025, mediante el cual se designó en provisionalidad a Juan
Pablo Francisco Calderon Flórez en el cargo de segundo secretario de relaciones
exteriores, código 2114, grado 15 de la planta global del Ministerio de Relaciones

12 T-343 de 2012. Sentencia en la cual la Corte Constitucional también recordó: “La primera
oportunidad en la que la Corte admitió una tutela contra un auto fue en la sentencia T-224 de
1992[17]. En esta sentencia, la Corte consideró que el contenido y alcance de un auto interlocutorio
pueden vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes. En estos casos, los
afectados deben acudir a los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento contra la respectiva
providencia; sin embargo, si la lesión de los derechos persiste, la Corporación indicó que es posible
acudir a la acción de tutela.
Posteriormente, en las sentencias T-025 de 1997[18], T-1047 de 2003[19] y T-489 de 2006[20],
aunque la Corte no concedió la tutela en sede de revisión, admitió la procedencia de la tutela contra
autos interlocutorios; en el primer caso, contra un auto del Consejo de Estado que denegó una
solicitud de nulidad del tutelante en un proceso de reparación directa; en el segundo caso, contra un
auto que negó la libertad provisional solicitada por un recluso; y en el tercer caso, contra un auto que
en sede de apelación revocó otro auto que había decretado la nulidad de todo lo actuado por indebida
notificación dentro de un proceso ejecutivo.”

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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República
Popular China, incurriendo, presuntamente, en defectos fáctico, sustantivo y
procedimental?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad

19. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

20. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia13, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

21. Ahora bien, en cuanto a las solicitudes de tutela presentadas para controvertir
autos interlocutorios que no ponen fin al proceso, la Corte Constitucional en
sentencia T-511 de 2020, sostuvo que el estudio de procedencia debe ser más
estricto:

«[…] En este sentido, el análisis de procedencia de la acción de tutela en contra de autos
interlocutorios es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas; ii) la
persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en el
marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de
recurrir la decisión final[69]. Tal criterio restrictivo encuentra su justificación en que la
acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante para “controvertir una decisión
adversa a [los] intereses”[70], en el marco de un proceso judicial en el cual “no se ha
proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tiene a su
disposición “otros mecanismos de defensa judicial”[71]. También, esta Corte ha concluido
que la acción de tutela no procede en contra de autos interlocutorios cuando el
accionante: i) “no ha hecho uso de todos los mecanismos ordinarios de defensa a su
alcance (…) y, por ende, se encuentran pendientes los recursos procedentes contra la
decisión definitiva”[72]; y ii) no “dem[uestra] la existencia de un perjuicio irremediable”[73].
[…]»

22. En igual sentido, debe tenerse en cuenta que el auto interlocutorio censurado

13 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.

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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

impida el acceso a la administración de justicia y amenace o vulnere el derecho a la
tutela judicial efectiva de la parte demandante, sin que existan medios judiciales de
defensa en el marco del respectivo proceso judicial.

2.4.2. Caso concreto

23. El Ministerio de Relaciones Exteriores acudió al juez de tutela con el fin de
que se amparara su derecho fundamental y, en consecuencia, se dejara sin efecto
la providencia proferida del 17 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, mediante la cual resolvió:

«[…] PRIMERO: ADMITIR en única instancia la demanda de nulidad electoral
presentada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO) contra
el nombramiento de Juan Pablo Francisco Calderon Flórez en el cargo de segundo
secretario de relaciones exteriores, código 2114, grado 15 de la planta global del
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el
Gobierno de la República Popular China.

SEGUNDO: DECRETAR la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1440 de
27 de diciembre de 2025, mediante el cual se designó en provisionalidad a Juan Pablo
Francisco Calderon Flórez en el cargo de segundo secretario de relaciones exteriores,
código 2114, grado 15 de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores,
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Popular China,
conforme lo expuesto.

TERCERO: NOTIFICAR personalmente a Juan Pablo Francisco Calderon Flórez y al
ministro de Relaciones Exteriores mediante mensaje de datos dirigido al buzón de
correos electrónicos para notificaciones judiciales, adjuntado copia de la demanda y
anexos, en la forma dispuesta en el numeral 1 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011,
en concordancia con el numeral 8º del artículo 162 ibidem. El traslado se entenderá
surtido a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje; y el término
respectivo empezará a correr a partir del día siguiente, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080
de 2021. […]». (sic)

24. Uno de los magistrados que conformó la Sala de decisión salvó su voto en el
sentido de indicar que la demanda presentada por Asodiplo debía admitirse, pero
se debía negar la medida cautelar de suspensión provisional, al estimar que no
existe fundamento suficiente para asumir que el cumplimiento de 12 meses de
servicio en el exterior genere disponibilidad automática para el traslado de un
segundo secretario, ya que debe respetarse el periodo legal de 4 años de
alternación salvo decisión administrativa. Agregó que la interpretación acogida por
la mayoría desvirtúa la norma y excede el alcance del parágrafo del artículo 37,
además de apoyarse indebidamente en criterios jurisprudenciales que no tienen la
jerarquía de norma superior exigida por el artículo 231 del CPACA.

25. Igualmente, indicó que la solicitud de medida cautelar carece de una carga
argumentativa autónoma frente a la demanda, ya que no se acreditó la violación
normativa ni la urgencia o gravedad para el interés público, y que los efectos del
nombramiento cuestionado se mantienen amparados por la presunción de legalidad
mientras se decide el fondo del asunto, por lo que todos los argumentos deben
analizarse en la sentencia y no anticipadamente en la etapa cautelar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03530-00
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

26. Asimismo, en atención a los informes rendidos en el presente asunto, se
verificaron las actuaciones surtidas en el Samai y se pudo verificar que el recurso
de reposición interpuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores fue resuelto de
manera desfavorable por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, en la providencia del 3 de junio de 2026.

27. Al respecto, debe precisarse que el recurso de reposición interpuesto es el
procedente para impugnar la legalidad de la medida cautelar decretada al tratarse
de un proceso de única instancia, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 242
y 243 a del CPACA, no obstante, no puede omitirse que el artículo 235 de la norma
ibidem. señala: «[…] La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en
cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado
advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se
presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para que se cumpla, según el
caso; en estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior […]».

28. A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el medio de control de nulidad electoral con radicado
25000-23-41-000-2026-00311-00, en el que fue proferida la decisión acusada, se
encuentra en trámite a la espera de proferir sentencia, frente a lo cual se advierte
que en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de
competencias entre el juez natural del asunto y el de tutela, ni los usuarios pueden
elegir entre uno y otro, como aquí se propone.

29. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que de plano no se observa que el
auto que decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1440 de 27
de diciembre de 2025, mediante el cual se designó en provisionalidad a Juan Pablo
Francisco Calderon Flórez en el cargo de segundo secretario de relaciones
exteriores, código 2114, grado 15 de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República
Popular China pueda afectar el normal desarrollo del proceso o configurar un
perjuicio irremediable que haga procedente la solicitud de amparo como mecanismo
transitorio, frente a lo cual la presunta afectación al erario público que implicaría el
traslado del referido funcionario diplomático no tiene la suficiente virtualidad para
incidir en el criterio del juez natural del asunto.

30. Por último, tampoco es potestad del juez de tutela conocer de fondo el objeto
de la demanda contenciosa-administrativa, como lo pretende la parte demandante
en el extenso escrito allegado, sino determinar si existe o no la vulneración a los
derechos fundamentales aludida.

3. Conclusión

31. Así las cosas, al encontrar que el presente asunto no cumple con el requisito
de subsidiariedad, esta Sala de decisión declarará la improcedencia del amparo en

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03530-00
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores

la solicitud de tutela presentada, de conformidad con las precisas razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia judicial.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar la improcedencia del amparo de los derechos fundamentales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

10

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