Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03530-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03530-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03530-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03530 01
Accionante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela al no acreditarse el requisito
general de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 9 de junio de 2026 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El Ministerio de Relaciones Exteriores, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
Dejar sin efectos el numeral segundo de la providencia del 17 de abril de 2026
(Notificada de forma electrónica el 29 de abril de 2026) proferida por la Subsección
C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la cual
se decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1440 de 27 de
diciembre de 2025, mediante el cual se designó en provisionalidad a Juan Pablo
Francisco Calderón Flórez en el cargo de segundo secretario de relaciones
exteriores, código 2114, grado 15 de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República
Popular China, y como consecuencia se dicte una nueva decisión sobre la
procedencia o no de la medida cautelar solicitada, en los términos que
corresponde, con fundamento en las valoraciones tomadas en consideración en
el fallo de amparo, es decir, con una aplicación sistema tica de los hechos y las
pruebas recaudadas hasta la etapa de presentación de la demanda en el proceso
de contenido electoral N.° 250002341000202600311 00, en concordancia con los
artículos 229 y 231 del Co digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, así como de los diferentes pronunciamientos que ha
tenido la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre la procedencia de las
medidas cautelares en este tipo de procesos. [Cursiva del escrito de tutela]
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 22 040 00 2026 03530 00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03530 01
Accionante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La entidad accionante relató que la Asociación Diplomática y Consular de Colombia
(ASODIPLO) promovió demanda de nulidad electoral contra el Decreto 1440 del 27 de
diciembre de 2025, mediante el cual se designó en provisionalidad al señor Juan Pablo
Francisco Calderón Flórez en el cargo de Segundo secretario de Relaciones Exteriores,
código 2114, grado 15, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la
República Popular China.
Dentro de dicho proceso, identificado con el radicado núm. 25000 23 41 000 2026 00311
00, la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante auto del 17 de abril de 2026, decretó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos jurídicos del citado acto de nombramiento.
Señaló que la precitada providencia incurrió en un defecto fáctico, por cuanto se adoptó
sin una valoración probatoria suficiente e integral de la situación administrativa de los
funcionarios de carrera diplomática y consular que eventualmente podían ocupar el
cargo.
Agregó que también se configuró un defecto sustantivo, debido a la incorrecta aplicación
de las reglas previstas en los artículos 229 y 231 del CPACA para la procedencia de las
medidas cautelares en procesos electorales. Asimismo, alegó el desconocimiento del
precedente judicial aplicable y la existencia de un defecto procedimental derivado de la
falta de vinculación oportuna de la Presidencia de la República al trámite de la medida
cautelar.
Frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostuvo que
se cumplen los requisitos generales, comoquiera que, según aseveró “(…) no existe otro
medio de defensa judicial para lograr la protección de los derechos invocados, del erario
y la salvaguarda del interés general en la administración del Sistema de Carrera
Diplomática y Consular (…) por cuanto la decisión corresponde a una providencia de
única instancia de cumplimiento inmediato (…)”.
Adujo que “es procedente la acción de tutela en el caso sometido a examen, como quiera
que, esta se reduce en que la providencia demandada solo admite recurso de reposición,
sin que el mismo suspenda los efectos de la ejecución de la medida cautelar, de modo
que, las posibilidades de defensa de los intereses de la entidad pública por una vía
ordinaria están cerradas”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 7 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que, por auto del 12 de mayo de 20263
la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
22 040 00 2026 03530 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
22 040 00 2026 03530 00.
4 Esta orden se cumplió el 27 de mayo de 2026. Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03530 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03530 01
Accionante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
Primera, Subsección C, como parte accionada y vincular a la Asociación Diplomática y
Consular de Colombia – ASODIPLO y al señor Juan Pablo Francisco Calderón Flórez,
como terceros con interés en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso
de nulidad identificado con radicado núm. 25000 23 41 000 2026 00311 00.
3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C5
solicitó declarar improcedente la tutela, al considerar que el proceso judicial se
encontraba en curso y que el recurso de reposición constituía el mecanismo idóneo para
controvertir la decisión cuestionada. Asimismo, explicó que esta se encontraba
debidamente motivada conforme al precedente del Consejo de Estado y que el acto de
nombramiento había sido suscrito por la ministra competente.
3.3. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia - ASODIPLO6 solicitó declarar
improcedente o negar el amparo, al considerar que la tutela pretendía sustituir el proceso
electoral en curso.
Sostuvo que la suspensión provisional del Decreto 1440 de 2025 se sustentó en las
pruebas, la normativa aplicable y la jurisprudencia sobre la prevalencia del mérito en la
carrera diplomática, por lo que no se configuraban los defectos fáctico ni sustantivo;
además, alegó la falta de subsidiariedad, pues existían mecanismos ordinarios de
defensa, entre ellos el recurso de reposición, y afirmó que la controversia correspondía
al juez natural del proceso electoral.
3.4. El señor Juan Pablo Francisco Calderón Flórez a través de apoderado7 solicitó
amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y legalidad, al considerar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, decretó la suspensión provisional de su
nombramiento sin contar con un soporte probatorio suficiente y con desconocimiento de
las reglas aplicables a las medidas cautelares en los procesos electorales.
Manifestó que la providencia del 17 de abril de 2026 vulneró las garantías de las partes
y desconoció el estándar probatorio y jurídico exigible para adoptar una medida cautelar
de tal alcance.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
4.1. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia del
9 de junio de 20268, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad.
Inicialmente, señaló que, al tratarse de un auto interlocutorio, el análisis de procedibilidad
debía ser más riguroso, toda vez que no se trataba de decisiones definitivas y, por regla
5 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03530 00.
6 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03530 00
7 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03530 00
8 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Subsección C
general, las partes disponían de mecanismos procesales para controvertirlas dentro del
respectivo trámite judicial.
Al examinar el requisito de subsidiariedad, la Sala advirtió que la tutela se dirigía contra
el auto del 17 de abril de 2026 proferido por la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se decretó la suspensión
provisional de los efectos del Decreto 1440 del 27 de diciembre de 2025 dentro del
proceso de nulidad electoral radicado 25000-23-41-000-2026-00311-00.
Destacó que dicho proceso aún se encontraba en curso y que el Ministerio de Relaciones
Exteriores había contado con mecanismos ordinarios para cuestionar la medida cautelar,
particularmente el recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorable
mediante providencia del 3 de junio de 2026. Asimismo, indicó que, de conformidad con
el artículo 235 del CPACA, la medida cautelar podía ser modificada o revocada en
cualquier estado del proceso cuando se acreditaran las circunstancias que lo justificaran.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la acción de tutela no satisfacía el requisito
de subsidiariedad, pues admitirla implicaría propiciar una indebida concurrencia entre el
juez constitucional y el juez natural de la causa. Adicionalmente, estimó que no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia
excepcional del amparo como mecanismo transitorio, ya que la alegada afectación
derivada de la suspensión provisional del nombramiento no tenía la entidad suficiente
para desplazar los mecanismos ordinarios de defensa judicial previstos dentro del
proceso electoral.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la entidad accionante lo impugnó9
señalando lo siguiente:
Alegó que el a quo efectuó una interpretación equivocada y excesivamente restrictiva de
los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Al efecto,
resaltó que la declaratoria de improcedencia se fundamentó exclusivamente en la
existencia del recurso de reposición y en que el proceso de nulidad electoral aún se
encontraba en trámite, sin examinar de fondo las irregularidades constitucionales
denunciadas respecto de la providencia que decretó la suspensión provisional del Decreto
1440 del 27 de diciembre de 2025.
Indicó que la acción de tutela no pretendía sustituir al juez natural ni obtener un
pronunciamiento sobre la legalidad del acto demandado, sino cuestionar la decisión
cautelar por la presunta configuración de defectos fáctico y sustantivo.
Reiteró que la medida cautelar fue adoptada con una valoración probatoria incompleta, al
no examinar integralmente la situación administrativa de los funcionarios de carrera
diplomática y consular que eventualmente podían ser designados en el cargo, ni tener en
cuenta circunstancias relevantes como la ausencia de postulaciones para la vacante en la
misión diplomática en China. Asimismo, afirmó que la motivación de la providencia fue
insuficiente y desconoció criterios normativos y jurisprudenciales aplicables a las medidas
cautelares en procesos de contenido electoral.
9 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03530 00
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03530 01
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Adicionalmente, adujo que se configuró un defecto procedimental por la omisión de vincular
oportunamente a la Presidencia de la República al trámite de la medida cautelar, pese a
ser la autoridad que expidió el acto de nombramiento cuestionado.
Finalmente, argumentó que el recurso de reposición no resultó idóneo para conjurar la
afectación ocasionada por la medida cautelar y que la primera instancia omitió analizar la
existencia de un perjuicio irremediable y las consecuencias derivadas de la prolongación
de la suspensión provisional. Con fundamento en ello, solicitó revocar la sentencia
impugnada y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
5.2. Por auto proferido el 24 de julio de 2026 se concedió la impugnación10 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 12 de agosto de 202611.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
6.2.1. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO), presentó medio
de control de nulidad con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 1440 del 27
de diciembre de 2025, mediante el cual se designó en provisionalidad al señor Juan
Pablo Francisco Calderón Flórez como segundo secretario de Relaciones Exteriores en
10 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 03530 00
11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03530 00.
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1
de abril de 2019 en el Diario Oficial núm. 50913.
16 Lo que se desprende del medio de control de nulidad identificado con núm. de radicado 25000-23-41-
000-2026-00311-00
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la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Popular China. Al considerar
que el nombramiento debió recaer en un funcionario de carrera.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera – Subsección C, autoridad que, mediante auto del 17 de abril de 2026
resolvió admitirla y decretó como medida provisional la suspensión de los efectos del
mencionado acto administrativo.
6.2.3. Contra dicha determinación, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores
interpuso recurso de reposición, en el que cuestionó la procedencia de la medida cautelar
por la ausencia de prueba directa que la sustentara, la inexistencia de un perjuicio grave
que justificara su adopción y la falta de acreditación de los requisitos relacionados con el
periculum in mora y la ponderación de intereses. Mediante auto del 3 de junio de 2026,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, resolvió no
reponer la decisión adoptada el 17 de abril de 2026 y, en consecuencia, mantuvo la
suspensión provisional decretada.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sala considera que debe confirmarse el fallo de tutela de
primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad.
Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable17.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante». [Se destaca].
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela: (i) cuando el asunto
está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa judicial,
ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico 18.
Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto está en
trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario19.
Al respecto, ha precisado que “(…) la acción de tutela no procede de manera directa
cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los
17 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
18 Sentencia T – 396 de 2014. Corte Constitucional.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
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medios de defensa previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o
que se pretende evitar un perjuicio irremediable (…)”20.
Frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente:
[…] el análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas;
ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el
auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la
posibilidad de recurrir la decisión final. Tal criterio restrictivo encuentra su
justificación en que la acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante
para “controvertir una decisión adversa a [los] intereses”, en el marco de un
proceso judicial en el cual “no se ha proferido ningún fallo definitivo” […]21. (Se
destaca).
Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad de la entidad accionante está
relacionada con el auto proferido el 17 de abril de 2026 por la Subsección C, Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decretó la medida cautelar de
suspensión del acto administrativo demandado en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 25000 23 41 000 2026 00311 00, la acción de tutela
deviene improcedente porque el referido proceso está en curso.
Esta circunstancia resulta relevante para el análisis de procedencia de la acción de tutela,
en la medida en que el asunto no ha sido definido de manera definitiva por el juez natural.
Más aún, cuando, mediante auto del 3 de agosto de 2026 se fijó el litigio y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, al tiempo que se anunció la
posibilidad de proferir sentencia anticipada, lo que confirma que el proceso se encuentra
en una etapa activa y que el accionante aún dispone de oportunidades procesales para
ejercer su defensa y adoptar las actuaciones que estime necesarias dentro de la
actuación judicial.
En ese sentido, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo al
proceso judicial para la defensa de los intereses de las partes, pues ello implicaría que
es el juez de tutela y no el juez competente de la causa quien decide sobre la
sustanciación y ritualidad de los procesos.
Ahora bien, aunque la parte accionante alegó en su escrito de impugnación que el
recurso de reposición promovido en contra del auto cuestionado no resultó suficiente
para proteger de manera efectiva los derechos fundamentales invocados, pues la medida
cautelar habría generado una afectación inmediata y grave, y que el amparo fue
promovido como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es
que no identificó ni acreditó de manera concreta cuál era el perjuicio que se derivaba de
la suspensión provisional, ni explicó por qué este revestía las características de
inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad que permitieran tenerlo por
irremediable.
En particular, sus argumentos se limitaron a señalar, de manera general, las
consecuencias que la medida cautelar tendría para la administración y el interés general,
20 Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
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sin aportar elementos que permitieran establecer que la permanencia de la decisión
cuestionada mientras se definía el proceso electoral ocasionaría una afectación de tal
entidad que hiciera necesaria la intervención inmediata del juez constitucional. Por
consiguiente, tampoco se encontraba acreditada una circunstancia excepcional que
habilitara la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, máxime cuando la
controversia permanecía sometida al conocimiento del juez natural y el proceso se
encontraba próximo a su definición.
En ese sentido, se configura uno de los eventos identificados por la jurisprudencia
constitucional que conducen a la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, pues se trata de un asunto que actualmente se encuentra
en curso dentro del proceso ordinario.
Así, la intervención del juez de tutela en esta etapa implicaría una intromisión indebida
en el ámbito de competencia del juez natural, así como el desconocimiento de las reglas
propias del proceso ordinario, en el que aún existen oportunidades procesales para
debatir y resolver las cargas probatorias impuestas.
Por lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad, por las
razones expuestas en esta providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de junio de 2026, proferida por Sección
Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 10 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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