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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03554-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03554-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por las empresas Proyectos de Ingeniería S.A. – PROING S.A. e Ingenierías y Servicios S.A.S. en reorganización, junto con el señor Jaime Antonio Puerto Ramon, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03554-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03554 00
Accionante: Proyecto de Ingeniería S.A. – PROING S.A. y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por las empresas Proyectos de Ingeniería
S.A. – PROING S.A. e Ingenierías y Servicios S.A.S. en reorganización, junto con el señor
Jaime Antonio Puerto Ramon en contra de sentencia proferida el 17 de abril de 2026 por
la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso de controversias
contractuales identificado con el radicado núm. 18001 23 40 000 2019 00067 00/01/02.

1. SÍNTESIS DEL CASO
Las empresas Proyectos de Ingeniería S.A. – PROING S.A. e Ingenierías y Servicios SAS
en reorganización, junto con el señor Jaime Antonio Puerto Ramon, promovieron acción
de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formularon las siguientes
pretensiones1:

PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho
sustancial, al principio de legalidad y a la igualdad de JAIME ANTONIO
PUERTO RAMON, INCER S.A.S y PROING S.A., vulnerados por el
CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B, con
ocasión del fallo judicial de segunda instancia proferido dentro del medio de
control de controversias contractuales radicación 18001-23-40-000-2019-
00067-02 (71860) promovido por los integrantes del CONSORCIO
ELÉCTRICO DEL SUR en contra de la ELECTRIFICADORA DEL
CAQUETA SA ESP

SEGUNDA: Declarar que la sentencia proferida por el CONSEJO DE
ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN B, dentro del proceso distinguido con el número
de radicación 18001-23-40-000-2019-00067-02 (71860), incurre en defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la
Constitución y transgresión de los artículos 84 y 228 de la Constitución
Política, este último por desconocer el principio de prevalencia del derecho

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03554 00.

1

Radicado: 11001 03 15 000 2026 3554 00
Accionante: Proyectos de Ingeniería SA– PROING SA y otros
Accionados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B

sustancial sobre las formas e incurrir en un exceso ritual manifiesto; al
fundarse en una interpretación arbitraria, contradictoria e incoherente del
ordenamiento jurídico, que introduce requisitos inexistentes y restringe de
manera injustificada derechos derivados de la relación contractual.

TERCERA: Dejar sin efectos la sentencia proferida el 17 de abril de 2026
por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B dentro del
proceso distinguido con el número de radicación 18001-23-40-000 2019-
00067-02 (71860) por constituir una decisión incompatible con el orden
constitucional y vulneradora de derechos fundamentales.

CUARTA: Ordenar al Consejo de Estado que, dentro de un término
perentorio, profiera una nueva decisión en la cual: 1) Se respete el régimen
jurídico aplicable sin vaciar su contenido, 2) Se abstenga de imponer
requisitos no previstos en la ley ni en el contrato, 3) Se valore integralmente
el acervo probatorio, en especial las circunstancias extraordinarias de orden
público., 4) Se adopte una decisión coherente con los principios de buena
fe, conmutatividad, equivalencia económica y justicia material, y 5) Se
garantice la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228
C.P.).

QUINTA: Ordenar que la nueva sentencia judicial garantice una decisión de
fondo, razonable, coherente y materialmente justa, conforme a los
parámetros fijados por la Corte Constitucional en relación con el derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia; y que en la
nueva decisión se observen los principios de coherencia judicial, seguridad
jurídica y respeto del precedente. [Negrillas y mayúsculas del escrito de
tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que el 6 de septiembre de 2010, la Electrificadora del
Caquetá S.A. E.S.P. celebró con el Consorcio Eléctrico del Sur (conformado por
Proyectos de Ingeniería S.A. - PROING S.A., INGRAL S.A.S. e Ingenierías y Servicios
S.A. – INCER S.A.) un contrato de obra “para la construcción del proyecto de
interconexión eléctrica a 34.5 KV San Antonio de Getuchá – Tres Esquinas – Solano,
incluyendo la inspectoría y certificación RETIE”.

Señalaron que el valor inicial de la obra se fijó en $12.855.810.112, suma que
posteriormente fue adicionada en $987.052.918 mediante otrosí por obras adicionales,
para un valor total de $13.842.863.030.

Indicaron que el plazo de ejecución pactado fue inicialmente de doce (12) meses
contados desde la suscripción del acta de inicio, el cual fue ampliado en cuatro (4) meses
más mediante un otrosí, estableciéndose un término total de dieciséis (16) meses.

Precisaron que el acta de inicio se suscribió el 21 de septiembre de 2010 y que, durante
la ejecución, el contrato fue suspendido en varias ocasiones por causas no atribuibles al
contratista. Entre ellas, destacaron la necesidad de aprobar un replanteamiento técnico
orientado a optimizar recursos y ampliar la cobertura, así como graves alteraciones de
orden público en la zona, caracterizadas por la presencia de grupos armados ilegales que
generaron amenazas, restricciones de movilidad y presiones que impidieron la
continuidad de las obras.

2

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 3554 00
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Afirmaron que estas circunstancias extraordinarias — incluidas limitaciones de acceso,
riesgos para el personal e impedimentos para el transporte de materiales — afectaron de
manera significativa la ejecución del contrato y dieron lugar a múltiples suspensiones,
debidamente documentadas.

Con fundamento en lo anterior, los integrantes del Consorcio Eléctrico del Sur
promovieron, por conducto de apoderado judicial, una demanda en ejercicio del medio
de control de controversias contractuales contra la Electrificadora del Caquetá S.A.
E.S.P., con el propósito que se declarara el desequilibrio económico del contrato y se
reconocieran los perjuicios ocasionados.

Sostuvieron que dentro del proceso obraba el oficio núm. 2013214044 del 25 de junio de
2013, suscrito por el gerente de la entidad demandada y dirigido al Departamento
Nacional de Planeación – Dirección de Regalías, en el que se reconocían expresamente
graves problemas de orden público, oposición armada, conflictos con comunidades,
presencia de minas antipersonal y reiteradas suspensiones de la obra, lo cual
evidenciaba la ocurrencia de situaciones excepcionales que afectaron la ejecución
contractual.

Anotaron que el proceso fue asignado al Tribunal Administrativo del Caquetá, el cual,
mediante sentencia del 10 de julio de 2024, negó las pretensiones y el restablecimiento
del equilibrio económico solicitado.

Contra dicha decisión interpusieron recurso de apelación, en el que alegaron, entre otros
aspectos, que el contrato se ejecutó en condiciones sustancialmente distintas a las
previstas, debido a la ocurrencia de hechos extraordinarios no imputables al contratista,
así como una inadecuada valoración del acervo probatorio.

En segunda instancia, el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, mediante
sentencia del 17 de abril de 2026, confirmó la decisión de primera instancia.

Los accionantes aseveraron que dicha providencia adoptó una interpretación restrictiva
del derecho aplicable, al negar el restablecimiento económico pese a reconocer la
incidencia de factores externos, lo que, a su juicio, implicó desconocer el principio de
equivalencia económica del contrato e imponer cargas desproporcionadas al contratista.

Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los
accionantes manifestaron que su solicitud de amparo cumple con los requisitos generales
de procedencia y alegaron la configuración de defectos fáctico y sustantivo, así como la
violación directa de la Constitución.

Adujeron que el asunto tiene relevancia constitucional, en tanto la decisión cuestionada
no corresponde a una mera interpretación discutible del ordenamiento jurídico, sino que
comporta una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

En relación con el defecto fáctico, argumentaron que no se trata de ausencia de pruebas,
sino de su indebida valoración y omisión. Al efecto, advirtieron que el proceso contaba
con un acervo probatorio sólido, coherente y concordante, que demostraba la ocurrencia
de circunstancias extraordinarias, imprevisibles y ajenas al contratista, incluso
reconocidas por la entidad demandada; sin embargo, dichas pruebas no habrían sido
debidamente apreciadas por el Consejo de Estado.

3

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Resaltaron que la negativa de las pretensiones no obedeció a falta de prueba, sino a una
valoración arbitraria que desconoció elementos determinantes del expediente. En su
criterio, ello configura un defecto fáctico en su dimensión negativa por omitir pruebas
relevantes y positiva por fundarse en un análisis incompleto e irrazonable, en abierta
infracción de las reglas de la sana crítica.

Arguyeron que la decisión es no solo jurídicamente errónea, sino también
constitucionalmente inadmisible, al vulnerar el derecho fundamental al debido proceso y
el principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la
Constitución Política.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 8 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 12 de mayo de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección B, como parte accionada; así como vincular5
al Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión, a la empresa INGRAL
S.A.S. y a la Electrificadora del Caquetá, como terceros con interés en el resultado del
proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Caquetá y a la Subsección B,
Sección Tercera del Consejo de Estado para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 18001 23 40 000 2019
00067 00/01/02.

3.2. El consejero ponente de la providencia de segunda instancia acusada rindió informe6
en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de la decisión, aseguró que se
realizó una valoración expresa e integral del acervo probatorio.

En particular, manifestó que se analizaron las pruebas aportadas por el accionante junto
con la demanda, mencionadas en el literal g) de la acción de tutela, relacionadas con: (i)
las dificultades de orden público que afectaron la ejecución del contrato; (ii) la ampliación
de los plazos contractuales; y (iii) los mayores costos alegados por la parte demandante.
Al respecto, concluyó que tales elementos probatorios, si bien evidenciaban las
dificultades en la ejecución del contrato y la necesidad de ampliar los plazos, no
constituían prueba suficiente de la alegada alteración del equilibrio económico del
contrato.

En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción por inexistencia de
defectos fáctico o sustantivo, así como por ausencia de vulneración de derechos
fundamentales.

2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03554 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03554 00.
4 Esta orden se cumplió el 15 de mayo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03554 00.
5 Ibidem
6 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 03554 00.
4

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 3554 00
Accionante: Proyectos de Ingeniería SA– PROING SA y otros
Accionados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B

Finalmente, aseguró que la sentencia cuestionada no incurrió en violación directa de la
Constitución, en especial de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Por el contrario, la decisión se encuentra debidamente
motivada y fundada en las normas legales y la jurisprudencia aplicables, sin que se
advierta arbitrariedad ni afectación de derechos fundamentales.

3.3. El apoderado de la Electrificadora del Caquetá7 presentó escrito en el que solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se cumplen los
requisitos, ni generales ni específicos, exigidos por la jurisprudencia constitucional para
su procedencia contra providencias judiciales.

3.4. El Tribunal Administrativo del Caquetá remitió un escrito en el que proporcionó el
enlace del expediente en la plataforma SAMAI; sin embargo, no se pronunció sobre los
hechos ni las pretensiones de la tutela8.

3.5. Las demás partes e intervinientes guardaron silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:

4.2.1. El Consorcio Eléctrico del Sur (conformado por Proyectos de Ingeniería S.A
PROING S.A., INGRAL S.A.S. e Ingenierías y Servicios S.A. – INCER S.A.) actuando por
intermedio de apoderado judicial, promovió el medio de control de controversias
contractuales con el propósito de que se declarara el desequilibrio de la ecuación
económica del contrato de obra núm. CON 10-62 EC suscrito con la Electrificadora del
Caquetá S.A. E.S.P.

7 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 03554 00
8 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03554 00.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente del medio de control de controversias contractuales identificado con

radicado núm. 18001 23 40 000 2019 00067 00.
5

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4.2.2. La demanda fue asignada al Tribunal Administrativo del Caquetá, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 10 de julio de 2024, negó las pretensiones y condenó en
costas a la parte demandante, al considerar que no se acreditó el rompimiento del
equilibrio económico del contrato ni la ocurrencia de hechos imprevisibles al momento de
su celebración.

4.2.3. Inconformes con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y el Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B mediante sentencia
del 17 de abril de 2026 la confirmó al considerar que el contrato de obra n.º CON 10-62
EC se rige por el derecho privado y, en consecuencia, no le resulta aplicable la figura del
desequilibrio económico prevista en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]14.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

14 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

6

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A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades15:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 16. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

4.3.2.1. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que17:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…). [Se destaca].

15 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

7

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En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Lo anterior, por cuanto la petición de amparo está siendo utilizada por la parte actora para
reabrir el debate resuelto en el medio de control de controversias contractuales, dado que
sus inconformidades están encaminadas a controvertir la valoración probatoria realizada
por el juez natural de la causa al asegurar que hubo una indebida y errónea valoración
de las pruebas documentales allegadas al proceso ordinario.

Ello, con el fin de insistir en la presunta existencia de un desequilibrio económico del
contrato de obra núm. CON 10-62 EC, atribuido a la aprobación del replanteo de la obra
y a situaciones de orden público. Lo cual ya fue objeto de debate.

Bajo este contexto, la Sala advierte que la parte accionante pretende utilizar la acción de
tutela como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario, con el fin de
controvertir lo decidido por la autoridad judicial accionada en sentencia proferida el 17 de
abril de 2026 dentro del proceso de controversias contractuales identificado con el
radicado núm. 18001 23 40 000 2019 00067 00/01/02 e insistir en que debió declarar el
desequilibrio económico en el contrato obra núm. CON 10-62 EC.

Al respecto, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial accionada señaló lo
siguiente:

10. Respecto al primer escenario, la Sala comparte las conclusiones de la sentencia
de primera instancia en relación con el Otrosí No. 2 del 11 de noviembre de 2011, en
tanto evidencia que las partes de mutuo acuerdo establecieron una adición en el valor
del contrato con el fin de conjurar los costos asociados al “replanteo de las obras”
solicitadas por el contratista y que generaron las primeras suspensiones del contrato
y las primeras reclamaciones presentadas a la entidad contratante por desequilibrio
contractual24. Por esta razón, no es de recibo que el contratista formule ahora una
nueva reclamación por los mismos hechos, en abierto desconocimiento del pacta sunt
servanda y de las exigencias de la buena fe contractual.

11. En efecto, con la celebración del referido otrosí, las contratantes adicionaron el
valor del contrato en $987.052.918, para afrontar los efectos económicos del
“replanteo de las obras” acordadas entre las partes. En específico, se ajustaron los
rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en
los anexos técnicos de la prórroga.

12. Luego, si al momento de celebrar este acuerdo, claramente dirigido a zanjar los
efectos económicos del replanteo de las obras, el contratista no formuló
reclamaciones adicionales por los costos generados durante las suspensiones que
fueron necesarias para su autorización y perfeccionamiento durante los años 2010 y

8

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2011, se revela de manera concluyente su plena conformidad con los ajustes
económicos pactados para conjurar esas circunstancias.

13. Adicionalmente, teniendo en cuenta que en el Otrosí No 001, del 1º de abril de
2011, celebrado para prorrogar el plazo del contrato, y en la primera acta de
suspensión26, previa a la firma del Otrosí No 2, las partes establecieron que estos
pactos no incrementaban el valor del contrato ni generaban desbalance económico
para las partes.

[…]

30. Como lo ha señalado en diversas oportunidades esta corporación, a los contratos
estatales especiales sometidos al derecho privado no les resultan aplicables las
normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato en el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, pues estas fueron establecidas por el
legislador para los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública. En consecuencia, solo por esta razón procedería la
negación de la pretensión primera de la demanda relacionada con la declaratoria de
la ruptura del equilibrio económico y las demás pretensiones derivadas de esta.

[…]

37. Por lo tanto, no es procedente entrar a analizar la obligación de la entidad estatal
de reequilibrar las prestaciones contractuales por hechos imprevisibles y
extraordinarios que afectaron la economía del contrato, de conformidad con el artículo
868 del Código de Comercio.

38. En todo caso, la Sala considera importante advertir que, el análisis de la
posibilidad de reajuste de las prestaciones de las partes por hechos sobrevinientes,
ex artículo 868 del Código de Comercio, a la celebración del contrato debe tener como
punto de partida la existencia efectiva de los desbalances económicos o de la
excesiva onerosidad de las prestaciones alegados por el contratista, lo que acuerdo
con las pruebas obrante en el proceso no se verifica en el caso concreto, como lo
afirmó la decisión de primera instancia.

[…]

40. En relación con la ausencia del reajuste de precios, la Sala observa que se
encuentra demostrado en el proceso que el Contrato de Obra CON 1062 de 2010 fue
suspendido y prorrogado en varias ocasiones. Por otra parte, la permanente
devaluación de la moneda, que disminuye en el tiempo el poder adquisitivo del
ingreso, es un hecho notorio. Sin embargo, estas dos circunstancias no prueban por
sí mismas la ocurrencia de un desbalance en las prestaciones adquiridas por el
contratista en la ejecución del referido contrato.

41. En efecto, el demandante no probó que el fenómeno inflacionario impactó la
economía del contrato en cuando existió una afectación real de los costos previstos
para la ejecución del contrato de obra, pero, además, que se trató de una variación
sustancial y que no pudo ser cubierta con el rubro de imprevistos pactadas en el
contrato.

[…]

45. Como consecuencia de lo expuesto, en el caso concreto resulta inocuo entrar a
analizar las consideraciones expuestas por el Tribunal y contestadas por el
recurrente, sobre el carácter previsible o imprevisible de los problemas de orden
público que se alegaron como causa del desequilibrio económico y sobre la obligación

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contractual que tenía el contratista de asumir los costos derivados de estos
acontecimientos a pesar de su carácter imprevisibles54. Estos aspectos solo
adquirían relevancia para determinar la procedencia del reequilibrar la economía del
contrato a favor del contratista a la luz del artículo 868 del Código de Comercio, lo
que, se itera, en el presente caso no procede teniendo en cuenta que las prestaciones
del contrato fueron cumplidas y, en todo caso, porque en este caso no se probaron
sobrecostos asumidos por el contratista en la ejecución del contrato.

La Sala observa que la accionante pretende que el juez constitucional reexamine un
asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de obtener una
decisión distinta y favorable a sus intereses.

Si bien la parte actora sostiene que la providencia acusada incurrió en las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial, lo que realmente se
evidencia es su desacuerdo con las conclusiones de la autoridad judicial accionada
respecto a la no declaratoria del desequilibrio económico. Así, no se plantea un problema
estrictamente constitucional, sino que se pretende que la acción de tutela funcione como
una instancia adicional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera
el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no
ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
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fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que ese no es el
supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la parte accionante no alega que el
juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por las
empresas Proyectos de Ingeniería S.A. – PROING S.A. e Ingenierías y Servicios S.A.S.
en reorganización, junto con el señor Jaime Antonio Puerto Ramon, según lo expuesto
en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 18 de
junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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