Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03570-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03570-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03570-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
30 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03570-00
Demandante: Rosa Herrera Vera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03570-00
Demandante: Rosa Herrera Vera
Demandado: Municipio de San Gil y otro
Tema: Ausencia de vulneración de derechos fundamentales – Niega
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por la señora Rosa
Herrera Vera contra el municipio de San Gil y la Defensoría del Pueblo de Colombia
de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de mayo de 2026, la señora Rosa Herrera Vera, en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el municipio de San Gil y la Defensoría del Pueblo de Colombia,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de reparación integral.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Solicito la intervención inmediata de los organismos de control y vigilancia frente al
cumplimiento de la sentencia judicial relacionada con el caso ASOVIBRISAS.
Solicito revisión integral de los criterios utilizados para excluir víctimas reconocidas
dentro del proceso judicial, especialmente aquellas personas que aparecen vinculadas
al expediente y acreditaron aportes económicos al proyecto.
Solicito se analice la posibilidad jurídica y constitucional de ampliar, revisar o reinterpretar
el alcance de los beneficiarios de la indemnización colectiva, privilegiando el principio de
igualdad material, reparación integral y prevalencia del derecho sustancial sobre
formalidades procesales.
Solicito protección especial en mi condición de adulta mayor y víctima directa del
proyecto de vivienda ASOVIBRISAS.
Solicito se informe detalladamente:
número exacto de beneficiarios reconocidos; valor individual proyectado para cada pago;
saldo total existente dentro del Fondo; estado actual de ejecución de la sentencia;
criterios utilizados para exclusiones;
destino de los recursos no distribuidos;
existencia de recursos sobrantes o pendientes de asignación.
Solicito copia completa de las actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución
de la sentencia y distribución de recursos.
Solicito se investigue si existieron posibles omisiones, negligencias o actuaciones
deficientes en la representación judicial de las víctimas que hayan generado
afectaciones a sus derechos.
Solicito que se adopten medidas urgentes para garantizar que las víctimas reales del
caso no sean nuevamente perjudicadas por errores administrativos, jurídicos o
interpretaciones restrictivas que desconozcan la finalidad reparadora de la sentencia.»
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Demandante: Rosa Herrera Vera
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
De la acción de grupo 68679-33-33-002-2016-00214-00/02
Un grupo de habitantes del municipio de San Gil promovieron acción de grupo contra
dicha entidad territorial al considerar que era responsable de los perjuicios
ocasionados por el fracaso del proyecto de vivienda de interés social Brisas del
Porvenir, desarrollado a través de la asociación ASOVIBRISAS.
Lo anterior dado que en el año 2012 el municipio ofertó un plan de vivienda de interés
social, el cual requería constituir una asociación para los posibles beneficiarios
(ASOVIBRISAS) y realizar aportes económicos de entre dos y tres millones de pesos,
además de cuotas mensuales de sostenimiento. Sin embargo, el proyecto nunca se
ejecutó ni se entregaron las viviendas, y posteriormente se iniciaron investigaciones
penales que culminaron con la captura del entonces alcalde de San Gil. En
consecuencia, al acudir al medio de control de grupo solicitaron que se declarara la
responsabilidad patrimonial del municipio y se les indemnizaran los perjuicios
materiales y morales sufridos.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de San Gil que, en sentencia del 13 de diciembre de 2022 resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la
demandada, MUNICIPIO DE SAN GIL, de conformidad con lo expuesto en esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR al MUNICIPIO DE SAN GIL, administrativa y patrimonialmente
responsable de los perjuicios causados por la pérdida de oportunidad del grupo de
personas que participaron en el plan de vivienda de interés social ofrecido por
ASOVIBRISAS, de conformidad con las razones expuestas a lo largo de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, se CONDENA al MUNICIPIO DE SAN GIL a pagar a título
de indemnización colectiva la suma equivalente a: QUINIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($562.718.000.00) correspondiente
a la suma ponderada de la indemnizaciones individuales a los participantes del proyecto
de vivienda BRISAS DEL PORVENIR, suma que deberá ser debidamente indexada bajo
los parámetros dispuestos en la parte motiva de esta providencia y que se deberá
consignar dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, a favor del Fondo de la Protección de los Derechos e Intereses Colectivos,
administrado en los términos de ley, por el Defensor del Pueblo, para que éste, a su vez,
proceda a cancelar los dineros, conforme los criterios aquí consignados.
Parágrafo Primero: Para la conformación del grupo y el pago de las sumas relacionadas
anteriormente, la persona afectada deberá acreditar debidamente los aportes que realizó
en aras de obtener su vivienda en proyecto de ASOVIBRISAS. Acreditación que deberá
realizar el titular del derecho con el correspondiente recibo [original o auténtico] expedido
dentro de la fechas antes delimitadas [22 de octubre de 2012 a 26 de octubre de 2015] y
suscrito por representantes o directivos de la Asociación de Vivienda Brisas del Provenir
–ASOVIBRISAS-.
Parágrafo Segundo: De conformidad con el artículo 65, numeral tercero, literal b, inciso
tercero de la ley 472 de 1998, cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de
las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas, el Juez o el Magistrado
podrá revisar, por una sola vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los
veinte (20) siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la
integración al grupo de que trata el artículo 61 de la presente ley. Los dineros restantes
después de haber pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandado.
TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones del presente medio de control, de
conformidad con lo expuesto anteriormente.
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Demandante: Rosa Herrera Vera
CUARTO: CONDENAR en costas al MUNICIPIO DE SAN GIL, las cuales se liquidarán
por conducto de la Secretaría de este Despacho.
QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN GIL para que, dentro del término de un (01)
mes, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, publique, por una sola
vez el resuelve de esta sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, para los
fines y términos indicados en el numeral 4° del art. 65 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO: FIJAR como honorarios en favor del abogado coordinador, el diez (10%) de la
indemnización que obtenga cada uno de los miembros del grupo, que no haya sido
representado judicialmente. SÉPTIMO: EJECUTORIADA esta providencia, ARCHÍVENSE
las diligencias, previas las anotaciones de rigor. (…)»
Contra la decisión de primera instancia, la parte demandante presentó recurso de
apelación al considerar que se delegó indebidamente en la Defensoría del Pueblo la
decisión sobre la indemnización de los integrantes del grupo, pese a tratarse de una
entidad administrativa sin funciones jurisdiccionales. Asimismo, cuestionó que el juez
solo hubiera reconocido parcialmente los perjuicios materiales por concepto de daño
emergente, y omitido el reconocimiento del lucro cesante, así como de los perjuicios
morales, el daño a la salud y el daño a la vida de relación, pese a haber sido solicitados
en la demanda. Finalmente, manifestó su inconformidad con la negativa de condenar
en agencias en derecho, al estimar que los apoderados tenían derecho a una
remuneración adecuada por su gestión.
También cuestionó la forma en que se reconoció la indemnización, al advertir que la
sentencia excluyó injustificadamente a 110 integrantes del grupo. Sostuvo que fue un
error limitar la indemnización a quienes realizaron aportes con posterioridad a la
Resolución núm. 100 R-433 del 22 de octubre de 2012, pues ello desconocía que
quienes consignaron antes de esa fecha también fueron víctimas del mismo proyecto
y que la actuación del entonces alcalde permitió legitimar la operación. Finalmente,
afirmó que la resolución expedida por el alcalde tuvo como propósito dar apariencia
de legalidad al fraude y solicitó que se reconocieran como damnificados a todos los
demandantes.
Por sentencia del 26 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de San Gil. La sentencia fue
objeto de una solicitud de aclaración; no obstante, mediante auto del 3 de junio de
2025 esta fue negada por no cumplir los presupuestos procesales para acceder a ella.
Con ocasión de la publicación de la sentencia en un medio de amplia circulación, y
dentro del término de veinte (20) días previsto en la norma (numeral 4° del artículo 65
de la Ley 472 de 1998), fueron presentadas varias solicitudes de adhesión al grupo
de víctimas ante el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil. Esa autoridad judicial,
en auto del 24 de septiembre de 2025, explicó que para acceder a la indemnización
reconocida se debía acreditar haber realizado aportes a ASOVIBRISAS dentro del
plazo comprendido entre el 22 de octubre de 2012 y el 26 de octubre de 2015.
Bajo esos parámetros destacó que dentro de la sentencia que resolvió de fondo la
acción de grupo se identificó un primer grupo de 47 beneficiarios de la condena que
acreditaron las condiciones definidas, esto es, haber realizado un aporte en aras de
obtener vivienda y haber efectuado el pago dentro de las fechas delimitadas.
En cuanto a la situación particular de la señora Rosa Herrera Vera, precisó que su
caso se encontraba definido, pues en la sentencia de segunda instancia se estableció
la condena y los parámetros que debía cumplir para ser beneficiaria de la
indemnización dispuesta.
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Demandante: Rosa Herrera Vera
Asimismo, remitió al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos
de la Defensoría del Pueblo copia de la providencia para que, mediante acto
administrativo, realizara, de haber lugar a ello, la conformación del grupo que se
adhiere al grupo inicial de 47 personas reconocidas mediante la sentencia del 13 de
diciembre de 2022, confirmada en segunda instancia. También dispuso que verificara
el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en la decisión, al igual que la
idoneidad de los soportes allegados para demostrar que formaban parte del grupo en
cuyo favor se decretó la condena y, de esa forma, reconociera el pago de la
indemnización dispuesta.
La demandante indicó que a la fecha la Alcaldía Municipal de San Gil realizó
consignación superior a mil sesenta y cinco millones de pesos ($1.065.842.531) a
favor del Fondo de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos administrado
por la Defensoría del Pueblo, con el fin de cumplir la sentencia judicial y reparar a las
víctimas del caso.
Debido a lo anterior, el 17 de marzo de 2026, la actora afirmó que radicó una petición
ante la Defensoría del Pueblo con el fin de ser incluida como beneficiaria de la
indemnización ordenada en la acción de grupo con radicado núm. 68679-33-33-002-
2016-00214-00.
No obstante, la accionante manifestó que, mediante oficio del 27 de marzo de 2026,
dicha entidad resolvió su solicitud reiterando lo expuesto en el oficio núm.
202600303000576701 del 13 de febrero de 2026, en el cual se le informó que no era
posible reconocerla como beneficiaria de la referida condena. Esa negativa se
fundamentó en que las decisiones de instancia definieron como requisitos
indispensables «acreditar los aportes realizados en el proyecto de Asovibrisas» y
demostrar que estos se efectuaron «durante el período del 22 de octubre de 2012 a
26 de octubre de 2015». Al respecto, la entidad verificó que el recibo de pago allegado
por la señora Herrera Vera tiene fecha del 22 de mayo de 2012, encontrándose así
fuera del marco temporal delimitado por el despacho judicial.
3. Argumentos de la tutela
A juicio de la parte actora, las demandadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados en la medida en que fue víctima de un proyecto que ocasionó graves
perjuicios económicos y emocionales a decenas de familias y, aun así, fue excluida
de recibir la indemnización fijada en la acción de grupo en la que se estudió la referida
afectación.
Indicó que, en su caso particular, desconocen que es adulta mayor y pretenden
excluirla como beneficiaria de la condena con base en que el comprobante aportado
tiene fecha de mayo de 2012, es decir no corresponde al período delimitado por la
sentencia, pese a que fue víctima del mismo proyecto, entregó recursos económicos
y hace parte del grupo reconocido tanto en primera como en segunda instancia.
Frente a las respuestas dadas por la Defensoría del Pueblo, la demandante afirmó
que, en la actualidad, se pretende excluir a múltiples víctimas del reconocimiento
económico basándose en un «criterio restrictivo relacionado con fechas de aportes».
De acuerdo con su escrito, esta postura termina «dejando por fuera a personas que
sí fueron afectadas, que sí aparecen reconocidas dentro del proceso y que sí
aportaron recursos económicos al proyecto de vivienda».
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Demandante: Rosa Herrera Vera
Explicó que resulta injusto el hecho de que se le niegue la posibilidad de reparación
por decisiones técnicas, errores procesales, omisiones jurídicas o interpretaciones
limitadas que desconocen la realidad material de las víctimas.
Además, afirmó que existen serias preocupaciones frente a la transparencia y
distribución de los recursos consignados para la indemnización colectiva, toda vez que
el monto entregado supera ampliamente las cifras que actualmente se mencionan
para eventuales pagos individuales, lo cual genera incertidumbre sobre el manejo
integral de dichos recursos y el destino del dinero restante.
Con fundamento en lo anterior, pidió que se ordene al municipio de San Gil y la
Defensoría del Pueblo de Colombia que resuelvan varios aspectos relacionados con
el manejo del dinero que administran para el pago de las indemnizaciones.
4. Trámite previo
En providencia del 15 de mayo de 2026 el despacho sustanciador inadmitió la solicitud
de amparo y requirió a la demandante con la finalidad de que aclarara las autoridades
demandadas, los hechos y las pretensiones de la solicitud de amparo.
En respuesta a lo anterior, la señora Rosa Herrera Vera mediante escrito del 22 de
mayo de 2026 procedió a subsanar lo requerido.
Mediante auto del 5 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela de la referencia, ordenó notificar a las partes, al Tribunal Administrativo de
Santander y al Juzgado Segundo Administrativo de San Gil en calidad de terceros con
interés a quienes remitió copia de la demanda.
5. Oposición
El municipio de San Gil solicitó ser desvinculado del trámite de la referencia por falta
de legitimación en la causa por pasiva pues a su juicio ya cumplió a cabalidad, de
forma estricta y oportuna, con la carga económica impuesta por la administración de
justicia.
Aclaró que para que un ciudadano pueda acceder al pago de la indemnización en
custodia del Fondo de la Defensoría del Pueblo, debe cumplir con lo expuesto en el
fallo judicial, esto es:
i) Conforme al parágrafo primero del ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
la persona que se considere afectada debe acreditar debidamente los aportes
económicos que realizó con el propósito de obtener su vivienda en el proyecto de la
Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir (ASOVIBRISAS).
ii) El titular del derecho debe presentar ante la autoridad el recibo original o auténtico de
pago.
iii) El documento aportado debe cumplir concurrentemente con dos condiciones, a saber:
de un lado haber sido expedido estrictamente dentro del marco temporal delimitado
entre el 22 de octubre de 2012 y el 26 de octubre de 2015 y; del otro estar debidamente
suscrito por los representantes legales o directivos autorizados de la Asociación de
Vivienda Brisas del Porvenir (ASOVIBRISAS).
Afirmó que si la accionante no ha surtido el trámite de validación y acreditación ante
el Juzgado o ante el administrador del Fondo (Defensoría del Pueblo), el municipio de
San Gil no puede de forma unilateral ordenar pagos preferentes, so pena de violar el
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debido proceso colectivo y desatender las precisas instrucciones de la sentencia
judicial.
Además de lo anterior, precisó que hay lugar a negar lo solicitado por la demandante
en la medida en que la señora Rosa Herrera Vera ha acudido de manera concomitante
a los despachos judiciales promoviendo el mismo debate, lo que satura de forma
injustificada la administración de justicia.
Como prueba de ello, afirmó que a la fecha la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2026-04096-00, que cursa actualmente ante la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado, fue interpuesta por la demandante por los
mismos hechos que hoy motivan la presente tutela.
La Defensoría del Pueblo se opuso a todas las pretensiones formuladas por la
accionante, debido a que no ha violado ninguno de los derechos fundamentales
invocados, dado que sus actuaciones se encuentran dentro del marco legal
establecido por la Ley 472 de 1998.
Informó que en cumplimiento de la sentencia, la Alcaldía Municipal de San Gil expidió
la Resolución núm. 100-33-0275-2025 del 21 de abril de 2025, mediante la que ordenó
y autorizó el pago al Fondo para La Defensa de Derechos Colectivos de la suma de
mil sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y un
pesos M/CTE ($1.065.842.531), valor correspondiente al 100% de la condena,
decretada en la sentencia de primera instancia, y debidamente indexada bajo los
parámetros dispuestos en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia.
Explicó que la Subdirección Financiera de la Defensoría del Pueblo reportó la
consignación realizada el 24 de abril de 2025, por parte de la Alcaldía Municipal de
San Gil, por la suma de $1.065.842.531.
Anotó que, el 15 de julio de 2025, se efectuó en un medio impreso de amplia
circulación nacional, la publicación del extracto de la sentencia en el periódico
Vanguardia, con el propósito de que las personas lesionadas por los mismos hechos
y que no hubieren concurrido al proceso presentaran, dentro del término de veinte (20)
días siguientes a dicha publicación, su solicitud de indemnización, acompañada de las
pruebas correspondientes.
Posteriormente en auto del 24 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo de San Gil remitió al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos las 75 solicitudes presentadas por los beneficiarios interesados en
acogerse a la sentencia proferida dentro de la acción de grupo, con el fin de que,
mediante acto administrativo, se realizara la conformación del grupo adherente al
grupo inicial.
Por lo anterior, indicó que el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos está revisando los documentos que se allegaron de los posibles
beneficiarios adherentes y actualmente el proyecto de acto administrativo se
encuentra en revisión para su posterior notificación.
Asimismo, afirmó que no existe correspondencia entre las funciones de esa entidad y
la presunta omisión, acción o amenaza alegada, más aún cuando existe falta de
legitimación en la causa por pasiva en la medida en que no fue quien delimitó el grupo
beneficiario de la indemnización sino que esto fue fijado en la providencia judicial.
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Solicitó que la presente solicitud de amparo se acumule con el trámite identificado bajo
el radicado 11001-03-15-000-2026-04096-00, admitido el 4 de junio de 2026, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Además, aportó copia del oficio del 3 de junio de 2026, el cual fue remitido en la misma
fecha al correo electrónico de la actora, esto es, edwingvesga1986@gmail.com, en el
que informó a la demandante los pormenores del proceso de ejecución de la sentencia
de la acción de grupo frente a la cual busca ser reconocida como víctima.
6. Intervención de los terceros con interés
El Tribunal Administrativo de Santander informó que la solicitud de amparo de la
referencia es improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez dado que
la sentencia de segunda instancia cuestionada fue proferida el 26 de marzo de 2025,
notificada personalmente a las partes el 1º de abril de 2025 y en auto del 3 de junio de
2025 fue resuelta una aclaración presentada en su contra, la cual se notificó el 6 de
junio de 2025; mientras que la acción de tutela fue presentada el 28 de mayo de 2026,
es decir, casi un año después de la notificación de la providencia.
Ello deja en evidencia que se superó el término razonable y unificado de seis meses
para impugnar en sede de tutela el contenido de la decisión judicial.
Explicó que para que proceda la solicitud de amparo se debe justificar concretamente
la afectación de derechos fundamentales dado que este mecanismo constitucional no
puede emplearse para controvertir decisiones judiciales por simple discrepancia
jurídica, ni por intereses meramente económicos sin incidencia directa en derechos
de orden superior.
Asimismo, señaló que no se cumple el requisito de relevancia constitucional para la
procedencia de la acción de tutela, por cuanto la parte actora no cumplió con una
carga argumentativa que justifique la intervención del juez constitucional, y adujo que
la presunta vulneración de los derechos fundamentales y los defectos alegados no
son más que las discrepancias que la parte accionante tiene frente a la decisión
judicial.
Afirmó que si bien la decisión cuestionada confirmó la sentencia apelada en cuanto
declaró la responsabilidad del municipio de San Gil y delimitó el reconocimiento
indemnizatorio, ello no obedeció a una restricción desproporcionada de los derechos
fundamentales de la parte actora, sino al análisis de las pruebas oportunamente
allegadas al proceso y a la determinación del daño efectivamente imputable a la
entidad territorial.
Destacó que los reproches formulados por la tutelante son idénticos a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia dado que en esa oportunidad la inconformidad se dirigió a controvertir el
criterio temporal fijado para integrar el grupo indemnizable, pues se sostuvo que no
solo debían reconocerse los aportes efectuados con posterioridad a la Resolución
núm. 100-R-433-2012 del 22 de octubre de 2012, sino también aquellos realizados
desde el inicio de la administración municipal, esto es, desde el 1º de enero de 2012.
Estos reproches ya fueron resueltos en la providencia cuestionada.
Por ello, señaló que la acción de tutela no puede erigirse en una tercera instancia para
reabrir el debate decidido por el juez natural, quien valoró las particularidades del caso
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y el acervo probatorio conforme al marco jurídico aplicable, máxime cuando el
presente asunto versa sobre un contenido meramente económico.
Expuso que la intención de la actora es imponer una postura que resulte favorable a
sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela e impide al juez
constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el particular. En esa
medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que desbordan su
competencia y, de paso, desconocen el carácter excepcional y especial de la solicitud
de amparo.
Además indicó que en el escrito inicial no se invocó de manera expresa la
configuración de alguno de los defectos específicos que habilitaran excepcionalmente
la procedencia del amparo contra providencias judiciales dado que la acción de tutela,
en realidad, está dirigida a cuestionar la exclusión del reconocimiento indemnizatorio
por la aplicación del criterio temporal fijado en las decisiones judiciales, al estimar que
dicha interpretación resultaba restrictiva frente a su condición de aportante e
integrante del grupo demandante.
Explicó que la delimitación temporal adoptada en las providencias cuestionadas no
tuvo lugar por una cuestión meramente formal, como lo sugiere la parte actora, sino
que obedeció a la determinación del momento a partir del cual la actuación del
municipio de San Gil, desde el punto de vista jurídico, tuvo incidencia en la confianza
de los aportantes. Así, se determinó, por parte del juez de primera instancia, que esto
ocurrió desde la expedición de la Resolución núm. 100-R-433-2012 del 22 de octubre
de 2012, mediante la cual se autorizó la captación anticipada de recursos para el
proyecto de vivienda.
Por lo expuesto solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia.
El Juzgado Segundo Administrativo de San Gil remitió copia del expediente objeto
de debate, afirmó que no ha desconocido los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante, toda vez que las actuaciones adelantadas dentro del proceso
cuestionado se surtieron respetando el debido proceso, el derecho de contradicción y
acceso a la administración de justicia.
Además, señaló que la actora incurrió en temeridad dado que actualmente ante la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado cursa la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2026-04096-00, que fue interpuesta por la demandante
por los mismos hechos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1º establece: « Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Demandante: Rosa Herrera Vera
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si resulta procedente la acción de tutela interpuesta
por la señora Herrera Vera para obtener la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como
del principio de reparación integral, que considera fueron desconocidos por la
Defensoría del Pueblo y el municipio de San Gil al excluirla de la indemnización fijada
en la sentencia del 26 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander en el marco de la acción de grupo 68679-33-33-002-2016-00214-00/02.
Cabe precisar que los reproches de la actora no se dirigen contra las providencias
proferidas en la acción de grupo (no formuló pretensión alguna encaminada a que se
dejen sin efecto), sino contra el proceder de las entidades encargadas de su
cumplimiento, en particular de la Defensoría del Pueblo, a través del Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, en el trámite de conformación del
grupo de beneficiarios y pago de la indemnización. Así lo confirma el escrito de
corrección de la demanda, en el que la actora señaló que la vulneración alegada deriva
de las actuaciones y omisiones presentadas dentro del trámite de ese proceso.
De acuerdo con lo anterior, la Sala deberá verificar si en el caso objeto de estudio se
desconocieron o no los derechos fundamentales invocados por la demandante.
La Sala anticipa que negará el amparo solicitado, porque no se acreditó la vulneración
de los derechos fundamentales invocados. Si bien la actora no aportó con la demanda
prueba de la petición, lo cierto es que sus solicitudes fueron resueltas de fondo
mediante el oficio del 3 de junio de 2026 suscrito por la Defensoría del Pueblo, que le
fue remitido en el trámite de la presente acción. Sin embargo, antes de realizar el
correspondiente estudio, es necesario resolver las solicitudes de desvinculación
elevadas por las entidades demandadas y la solicitud de acumulación elevada por la
Defensoría del Pueblo.
(i) Legitimación en la causa por pasiva
En el sub examine, el municipio de San Gil y la Defensoría del Pueblo solicitaron que
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. Empero, la Sala no accederá
a esa solicitud porque en el presente trámite fueron vinculadas como entidades
demandadas y en ese sentido no se puede desconocer que contra estas se dirigió la
solicitud de amparo.
(ii) De la solicitud de acumulación
En el caso objeto de estudio no hay lugar a acceder a la solicitud de acumulación
elevada por la Defensoría del Pueblo con el proceso 2026-04096-00, dado que, de
conformidad con el Decreto 1834 de 2015, la acumulación procede hasta antes del
fallo y exige identidad de partes y de causa; sin embargo, la solicitud de amparo con
radicado 2026-04096-00 se dirige directamente contra el Tribunal Administrativo de
Santander y entre sus pretensiones menciona:
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Demandante: Rosa Herrera Vera
«PRIMERA: Que se AMPAREN mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, buena fe y confianza legítima.
SEGUNDA: Que, como consecuencia del amparo constitucional, se ORDENE mi
inclusión directa como beneficiaria de la indemnización reconocida dentro del
proceso de grupo Radicado No. 686793333002-2016-00214-00, adelantado
contra el Municipio de San Gil, disponiendo el reconocimiento y pago de la
indemnización correspondiente conforme a los parámetros establecidos
judicialmente, sin exclusión derivada exclusivamente del criterio temporal aplicado
respecto de la fecha del aporte realizado a ASOVIBRISAS.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAMENTE, en caso de no
accederse a la pretensión anterior:
TERCERA: Que se DEJEN SIN EFECTOS PARCIALMENTE, respecto de mi
situación jurídica particular, las siguientes providencias: Sentencia del 13 de
diciembre de 2022 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil. Sentencia del 26 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander. Auto del 24 de septiembre de 2025 proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil. CUARTA: Que
se ORDENE a la autoridad judicial competente emitir nueva decisión
constitucionalmente ajustada, valorando mi situación jurídica conforme a los
principios constitucionales de debido proceso, buena fe, confianza legítima,
igualdad material y reparación integral, absteniéndose de excluirme únicamente
por la fecha de realización del aporte efectuado dentro del mismo proyecto de
vivienda cuya responsabilidad estatal fue judicialmente declarada.»
Es decir que en la acción de tutela que cursa ante la Sección Tercera, Subsección C
del Consejo de Estado se busca dejar sin efecto las providencias dictadas en el marco
de la acción de grupo, mientras que en el presente asunto la actora no controvierte
esas providencias, sino el proceder de las entidades encargadas de su cumplimiento;
de modo que esa demanda no se dirigió contra las mismas entidades ni se fundó en
la misma causa, razón por la cual no hay lugar a acceder a la solicitud de acumulación.
De igual forma, la Sala considera necesario precisar que tampoco se configura la
temeridad prevista en el artículo 381 del Decreto 2591 de 1991 pues esta exige la
interposición de la misma acción de tutela, con identidad de partes, hechos y
pretensiones, sin motivo expresamente justificado, presupuestos que no se cumplen
en este caso.
Si bien existe (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela pues en últimas
lo pretendido por la actora es ser incluida en calidad de víctima para recibir parte de
la indemnización ordenada en la acción de grupo; (ii) hay identidad del demandante,
puesto que la otra acción de tutela también se presentó por la señora Rosa Herrera
Vera; lo cierto es que (iii) no existe identidad del sujeto demandado, porque en esa
ocasión se demandó al Tribunal Administrativo de Santander con la finalidad de dejar
sin efecto la sentencia dictada en el marco de la acción de grupo; y (iv) tampoco existe
identidad de pretensiones, porque mientras aquella solicitud de amparo persigue dejar
sin efectos las providencias proferidas en la acción de grupo, la presente se limita a
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Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos
será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar».
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Demandante: Rosa Herrera Vera
cuestionar el proceder de la Defensoría del Pueblo en el trámite de cumplimiento del
fallo y a obtener información sobre esa gestión.
(iii) Análisis del caso concreto
La Sala observa que la actora planteó la demanda contra el municipio de San Gil y la
Defensoría del Pueblo porque, a su juicio, no hay lugar a su exclusión como víctima
de ASOVIBRISAS por haber aportado un comprobante de pago de mayo de 2012,
pues esa exclusión tuvo como fundamento una interpretación excesivamente
restrictiva de la sentencia del 26 de marzo de 2025, dictada en el marco de la acción
de grupo.
De la lectura del escrito de tutela y de su corrección se advierte que la actora no
discute la legalidad de las providencias proferidas en la acción de grupo, sino que
censura el proceder de la Defensoría del Pueblo en la fase de cumplimiento del fallo,
en concreto, los criterios aplicados para la conformación del grupo de beneficiarios, el
estado de ejecución de la condena y el destino de los recursos consignados por el
municipio de San Gil.
Al efecto, se tiene que de los documentos que obran en la presente solicitud de
amparo es posible evidenciar que la exclusión de la señora Herrera Vera del grupo de
beneficiarios de la indemnización obedeció a los parámetros fijados desde la primera
instancia, en una providencia que es clara y que, en su parte considerativa, determinó
que solo había lugar a indemnizar al grupo de personas que realizó aportes luego del
22 de octubre de 2012 así:
«Es de aclarar que los aportes que se realizaron con anterioridad a la autorización
de captación expedida por el Municipio demandado no son de indemnizar dado
que aquellas personas no acreditan una oportunidad legitima de acceder al
proyecto de vivienda pues entregaron el capital a una asociación que no les
mostraba reunir lo normativo para ejercer su objeto social, lo que debió́ ser
evaluado por ellos mismos, bajo los cuidados mínimos de realizar un negocio de
esta índole. Se insiste, la legitimación de oportunidad se da cuando ingresan a
una asociación que el MUNICIPIO DE SAN GIL permitió́ que cumpliera los
requisitos legales de forma irregular lo que aconteció́ con la expedición de la
autorización dada en la Resolución 100-R-433-2012 de 22 de octubre de 2012».
En razón de ello, determinó que, para el reconocimiento de perjuicios, era necesario
que la persona afectada anexe los soportes de los aportes realizados en aras de
obtener su vivienda en el proyecto de ASOVIBRISAS, acreditación que deberá
hacerse con el recibo [original o auténtico] expedido dentro del período comprendido
entre el 22 de octubre de 2012 y el 26 de octubre de 2015 y suscrito por representantes
o directivos de la Asociación de Vivienda Brisas del Provenir –ASOVIBRISAS-.
Ahora bien, se tiene que la Defensoría del Pueblo en el presente trámite informó que
la accionante ha presentado diversos derechos de petición mediante los cuales solicita
que se analice la posibilidad jurídica y constitucional de ampliar, revisar o reinterpretar
los criterios establecidos para reconocer a los beneficiarios de la indemnización,
invocando para ello los principios de igualdad material, reparación integral y
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procesales.
Frente a dichas solicitudes, la Defensoría del Pueblo, indicó que, a través del Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, ha brindado respuesta de
manera oportuna y de fondo, e informado que carece de competencia para ampliar,
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revisar, modificar o reinterpretar los criterios y condiciones establecidos por la
autoridad judicial en la sentencia proferida dentro de la acción de grupo.
Una vez revisadas las pretensiones de la presente solicitud y las pruebas aportadas
al presente trámite, para la Sala es oportuno indicar que en oficio del 3 de junio de
2026 la Defensoría del Pueblo se refirió a cada uno de los puntos objeto de la presente
solicitud de amparo de la siguiente manera:
Solicitud de la accionante Respuesta de la Defensoría del Pueblo
i) Intervención inmediata de los organismos La Defensoría del Pueblo indicó que no tiene
de control y vigilancia frente al cumplimiento competencia para solicitar la intervención de
de la sentencia judicial relacionada con el organismos de control; no obstante, le explicó
caso ASOVIBRISAS. que está en libertad de acudir a estos si así lo
desea. Además, explicó que una vez recibió los
recursos para el pago de la indemnización por
parte del municipio de San Gil procedió a iniciar
el trámite administrativo requerido para el pago
de indemnizaciones.
ii) Revisión integral de los criterios utilizados Sobre este punto, indicó que el Fondo para la
para excluir víctimas reconocidas dentro del Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos
proceso judicial, especialmente aquellas tiene como función administrar los recursos
personas que aparecen vinculadas al provenientes de las condenas judiciales y
expediente y acreditaron aportes efectuar el pago de las indemnizaciones
económicos al proyecto. reconocidas dentro de las acciones de grupo,
aplicando los términos, condiciones y requisitos
establecidos en la sentencia condenatoria y, por
supuesto, realizar el pago a los beneficiarios que
reconozca el despacho judicial en la sentencia,
por ello, la exclusión de beneficiarios que realice
el juez de conocimiento debe discutirse en vía
judicial y resaltó que, en el presente caso, los
criterios fueron definidos por el Juzgado
Segundo Administrativo de San Gil en la
sentencia del 13 de diciembre de 2022. En ese
entendido explicó que carece de competencia
para modificar la parametrización expuesta en la
providencia frente a la que se reclama ejecución.
iii) Que se analice la posibilidad jurídica y Respecto a esto reiteró que no cuenta con dichas
constitucional de ampliar, revisar o facultades porque las funciones atribuidas al
reinterpretar el alcance de los beneficiarios Fondo para la Defensa de los Derechos e
de la indemnización colectiva, privilegiando Intereses Colectivos se circunscriben a la
el principio de igualdad material, reparación administración de los recursos y a la ejecución de
integral y prevalencia del derecho sustancial los pagos ordenados por el juez competente a los
sobre formalidades procesales. beneficiarios reconocidos en la sentencia, y, por
ende, el Fondo no puede ordenar pagos a los
beneficiarios excluidos o a aquellos cuya
condición de víctima fue negada en la sentencia.
iv) Informe detalladamente número exacto de Le informó que en la sentencia de primera
beneficiarios reconocidos. instancia el Juzgado Segundo Administrativo de
San Gil reconoció 47 beneficiarios y a la fecha
cuenta con 75 solicitudes en proceso de
verificación las cuales le fueron trasladadas en
providencia del 24 de septiembre de 2025 y se
encuentran en estudio.
v) Informe detalladamente valor individual En este punto señaló que este será liquidado con
proyectado para cada pago. fundamento en los valores acreditados con los
soportes de pago indexados por el tiempo
transcurrido.
vi) Informe detalladamente saldo total Afirmó que corresponde al valor total consignado
existente dentro del Fondo. por el municipio de San Gil, esto es, la suma de
mil sesenta y cinco millones ochocientos
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cuarenta y dos mil quinientos treinta y un pesos
($1.065.842.531).
vii) Informe detalladamente estado actual de Indicó que adelanta las actuaciones necesarias
ejecución de la sentencia. para la ejecución integral de la sentencia y
precisó que se encuentra en la etapa final de
revisión de las solicitudes de adhesión para
proceder con el acto administrativo y frente a las
víctimas reconocidas en la sentencia afirmó que
avanza en la expedición de la Resolución que
ordene el pago.
viii) Informe detalladamente sobre los Explicó que el Juzgado Segundo Administrativo
criterios utilizados para exclusiones. de San Gil estableció como requisitos para
integrar el grupo de beneficiarios de la condena,
haber efectuado aportes a la Asociación de
Vivienda Popular Brisas del Porvenir -
ASOVIBRISAS con el propósito de acceder a
una vivienda de interés social y que dichos
aportes hubiesen sido realizados entre el 22 de
octubre de 2012 y el 26 de octubre de 2015. En
consecuencia, para el reconocimiento de la
indemnización resultaba indispensable acreditar
que el aporte se efectuó dentro del período
señalado por la autoridad judicial.
ix) Informe detalladamente sobre destino de Explicó que, conforme con la parte final del inciso
los recursos no distribuidos. tercero del literal b) del numeral 3 del artículo 65
de la Ley 472 de 1998, los recursos remanentes,
una vez efectuado el pago de todas las
indemnizaciones reconocidas, deberán ser
devueltos al demandado.
x) Informe detalladamente sobre existencia Precisó que debido a que el proceso de pago se
de recursos sobrantes o pendientes de encuentra en curso no es posible determinar la
asignación. existencia de recursos sobrantes.
xi) Se le entregue copia completa de las Frente a esto explicó que no es posible remitir
actuaciones administrativas relacionadas copia completa de las actuaciones
con la ejecución de la sentencia y administrativas relacionadas con la ejecución de
distribución de recursos. la sentencia dado que contienen datos sujetos a
reserva legal, como la información personal de
los beneficiarios.
xii) Se investigue si existieron posibles Le indicó que no es competente para iniciar
omisiones, negligencias o actuaciones investigaciones disciplinarias y le explicó que, de
deficientes en la representación judicial de considerar que se cometieron irregularidades de
las víctimas que hayan generado dicha naturaleza lo procedente era acudir a la
afectaciones a sus derechos. Comisión Nacional de Disciplina Judicial como
autoridad competente en ese aspecto.
xiii) Solicitó protección especial en su Respecto a este punto afirmó que su actuación
condición de adulta mayor y víctima directa debe desarrollarse dentro del marco de
del proyecto de vivienda ASOVIBRISAS y se competencias definido por la Constitución, la ley
adopten medidas urgentes para garantizar y las decisiones judiciales que regulan el
que las víctimas reales del caso no sean presente caso, razón por la cual no resulta
nuevamente perjudicadas por errores posible apartarse de los criterios fijados por el
administrativos, jurídicos o interpretaciones juez competente. Indicó que actualmente el
restrictivas que desconozcan la finalidad procedimiento de pago continúa en curso y se
reparadora de la sentencia. adelanta con observancia de los principios de
celeridad, eficacia, economía, transparencia y
responsabilidad que rigen la función
administrativa, procurando garantizar una
ejecución oportuna y adecuada de la sentencia.
Además, reconoció la especial protección
constitucional que ampara a las personas adultas
mayores, pero aclaró que dicho reconocimiento
no autoriza al Fondo a realizar el pago de
indemnizaciones que judicialmente no estén
reconocidas en la sentencia.
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Además dicho oficio fue remitido al correo aportado por la demandante, esto es a
edwingvesga1986@gmail.com en la misma fecha, tal y como consta en la siguiente
captura de pantalla:
De modo que, es claro que las pretensiones de la acción de tutela (dirigidas a
cuestionar el proceder de la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento del fallo y a
obtener información y respuestas de fondo sobre esa gestión, no a controvertir las
providencias dictadas en la acción de grupo) fueron resueltas de fondo por la
Defensoría del Pueblo mediante el oficio del 3 de junio de 2026.
Por ello, en el presente asunto no se acreditó vulneración alguna de los derechos
invocados, pues, si bien la actora no aportó prueba de que las peticiones que dijo
haber elevado ante la Defensoría del Pueblo estuvieran pendientes de respuesta, en
todo caso, la entidad atendió de fondo cada uno de los puntos planteados y explicó
que la ejecución y el pago de la condena deben sujetarse a los parámetros fijados en
la sentencia y que, de no haber estado de acuerdo con ellos, la actora debió exponerlo
en el marco del proceso judicial.
Ahora bien, la Defensoría del Pueblo explicó que carece de competencia para ampliar,
revisar o reinterpretar los criterios de inclusión definidos por el juez de la acción de
grupo. Sin embargo, ello no desvirtúa la conclusión anterior, ya que lo que en realidad
perseguía la actora era obtener un pronunciamiento de fondo sobre cada uno de los
puntos planteados, lo cual ocurrió con el oficio del 3 de junio de 2026. Cosa distinta
es que la modificación de los criterios de inclusión fijados en las providencias que
resolvieron la acción de grupo no pueda obtenerse por esta vía, porque ello implicaría
reabrir un debate zanjado por el juez natural en decisiones que se encuentran
ejecutoriadas.
En esa medida, en el presente caso, la Sala negará el amparo solicitado, por no
encontrarse acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el municipio de San Gil
y la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
2. Negar el amparo solicitado por la señora Rosa Herrera Vera, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. Negar la solicitud de acumulación elevada por la Defensoría del Pueblo.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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