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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04096-00

Fecha
10 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04096-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la Rosa Herrera Vera en contra del Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 11 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00 Accionante: Rosa Herrera Vera Segundo Administrativo del Circuito de San Gil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04096-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de San Gil
Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela contra
providencia judicial. Inmediatez. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Rosa Herrera
Vera en contra del Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de San Gil.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Rosa Herrera Vera, en nombre propio 1, interpuso acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia 2, que considera vulnerados por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander, con
ocasión de las sentencias proferidas el 13 de diciembre de 2022 y el 26 de marzo
de 2025, respectivamente, dentro del medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo, identificado con el radicado número 68679-33-33-
002-2016-00214-00/01.

Adicionalmente, también atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales al
auto proferido el 24 de septiembre de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de San Gil “en el que volvió a pronunciarse respecto del proceso de
conformación del grupo beneficiario y de las solicitudes remitidas al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo” 3.

1
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado D376B30D729845B9 4C20E9029AE1C067
7665D1C5B4B91AF1 05FD9B9701936460.
2 Ibid.
3 Ibid.

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

2. Hechos

2.1. La señora Rosa Herrera Vera manifestó que efectuó aportes económicos a la
Asociación de Vivienda Popular Brisas del Porvenir (ASOVIBRISAS), con el
propósito de acceder a una vivienda de interés social en el municipio de San Gil.

Indicó que hizo parte del grupo demandante dentro del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo, identificado con el radicado
68679-33-33-002-2016-00214-00, promovido contra el Municipio de San Gil con
ocasión de los perjuicios derivados del proyecto de vivienda desarrollado por
Asobrisas.

2.2. Señaló que, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2022, el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de San Gil declaró administrativamente
responsable al Municipio de San Gil por los perjuicios ocasionados a los integrantes
del grupo. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Santander mediante sentencia del 26 de marzo de 2025.

2.3. Expuso que, contra la sentencia de segunda instancia, la parte demandante
presentó solicitud de aclaración, la cual fue resuelta desfavorablemente por el
Tribunal Administrativo de Santander mediante auto del 3 de junio de 2025.

2.4. Indicó que, con posterioridad, el 24 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de San Gil profirió un auto mediante el cual impartió el
trámite correspondiente a la conformación del grupo beneficiario de la condena y
adoptó las determinaciones relacionadas con las solicitudes presentadas por
quienes pretendían acogerse a los efectos de la sentencia.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones la parte actora solicitó:

“PRETENSIÓN PRINCIPAL

PRIMERA: Que se AMPAREN mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, buena fe y confianza legítima.

SEGUNDA: Que, como consecuencia del amparo constitucional, se ORDENE
mi inclusión directa como beneficiaria de la indemnización reconocida dentro
del proceso de grupo Radicado No. 686793333002-2016-00214-00,
adelantado contra el Municipio de San Gil, disponiendo el reconocimiento y
pago de la indemnización correspondiente conforme a los parámetros
establecidos judicialmente, sin exclusión derivada exclusivamente del criterio
temporal aplicado respecto de la fecha del aporte realizado a ASOVIBRISAS.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

2

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

TERCERA: Que se DEJEN SIN EFECTOS PARCIALMENTE, respecto de mi
situación jurídica particular, las siguientes providencias:
• Sentencia del 13 de diciembre de 2022 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil.
• Sentencia del 26 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.
• Auto del 24 de septiembre de 2025 proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil.

CUARTA: Que se ORDENE a la autoridad judicial competente emitir nueva
decisión constitucionalmente ajustada, valorando mi situación jurídica
conforme a los principios constitucionales de debido proceso, buena fe,
confianza legítima, igualdad material y reparación integral, absteniéndose de
excluirme únicamente por la fecha de realización del aporte efectuado dentro
del mismo proyecto de vivienda cuya responsabilidad estatal fue judicialmente
declarada”.

La accionante sostuvo que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en
defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución, por cuanto, a su juicio,
adoptaron una interpretación irrazonable y excesivamente formalista de los
presupuestos para integrar el grupo beneficiario de la indemnización reconocida
dentro de la acción de grupo adelantada contra el Municipio de San Gil.

En relación con el defecto sustantivo, afirmó que las autoridades judiciales
establecieron como criterio determinante para el reconocimiento de la
indemnización la fecha en que los afectados realizaron aportes económicos a
Asobrisas, de manera que únicamente consideraron indemnizables aquellos
efectuados con posterioridad a la expedición de la Resolución 100-R-433 del 22 de
octubre de 2012. Indicó que, como su aporte fue realizado el 22 de mayo de 2012,
quedó excluida del grupo beneficiario, pese a haber participado en el mismo
proyecto de vivienda, haber integrado el grupo demandante y encontrarse en la
misma situación fáctica de las personas cuya indemnización fue reconocida. En su
criterio, el elemento temporal utilizado por los ju eces carece de razonabilidad y
desconoce la realidad material del daño cuya reparación fue judicialmente
declarada.

Respecto de la violación directa de la Constitución, sostuvo que las providencias
desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y los
principios de buena fe y confianza legítima, al imponer un tratamiento diferenciado
fundado exclusivamente en la fecha del aporte económico, sin considerar que todos
los integrantes del proyecto participaron del mismo contexto fáctico y resultaron
afectados por la misma actuación estatal.

Finalmente, señaló que el auto del 24 de septiembre de 2025 reiteró el criterio
aplicado en las sentencias de instancia al mantener la exclusión de su reclamación
dentro del trámite de conformación del grupo beneficiario, razón por la cual estimó
que la vulneración de sus derechos fundamentales persistía al momento de
promover la presente acción de tutela.

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 4 de junio de 20264 el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; ofició a las autoridades judiciales accionadas para que
remitieran el expediente objeto de amparo e informaran los nombres y direcciones
de las personas que integraron las partes demandantes, demandadas y terceros
dentro del referido trámite; vinculó como terceros con interés al municipio de San
Gil, a la Asociación de Popular Brisas del Porvenir-Asovibrisas, al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo y a
quienes hayan participado dentro del medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo identificado con el radicado número 68679-33-33
002-2016-00214-00/01; además, ordenó la notificación a las partes y suspendió los
términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil5 informó que
conoció del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo
identificado con el radicado 68679-33-33-002-2016-00214-00, dentro del cual
profirió la sentencia de primera instancia del 13 de diciembre de 2022,
posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander mediante
sentencia del 26 de marzo de 2025. Asimismo, señaló que el auto del 24 de
septiembre de 2025 fue expedido en desarrollo de las competencias atribuidas por
la Ley 472 de 1998, con el propósito de adelantar el trámite de conformación del
grupo beneficiario y disponer las actuaciones correspondientes frente a las
solicitudes presentadas por los interesados y al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, manifestó que las actuaciones surtidas dentro del proceso judicial se
ajustaron al ordenamiento jurídico y respetaron las garantías del debido proceso,
razón por la cual remitió el expediente solicitado por esta Corporación.

4.2. El Tribunal Administrativo de Santander6, por intermedio de la magistrada
ponente de la decisión del 26 de marzo de 2025, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por no superar los requisitos de inmediatez ni relevancia
constitucional y, subsidiariamente, negar las pretensiones.

Sostuvo que la solicitud de amparo no satisface el requisito de inmediatez, dado
que fue presentada más de un año después de proferida la sentencia de segunda
instancia y varios meses después del auto que resolvió la solicitud de aclaración,

4 Índice 00006 del aplicativo SAMAI, certificado 61E0ACC9BE81AEEE B3DD3A80E93D0006
9CC6AE228A0F171C E30DDDCA41BEFCBF.
5 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 79B59921573AB997 A1637463AAE8128E
F534ECE0964CCD82 70FD4D0DE792C77F.
6 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado 9F3B73BCFAF613DE BF38C9DA52B0F2C3
6F75C6908912A8E0 B77DD67370804487.
4

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

sin que el auto del 24 de septiembre de 2025 hubiera reabierto el debate jurídico
decidido en la sentencia, por tratarse de una actuación encaminada exclusivamente
a su ejecución. Igualmente, afirmó que la controversia carece de relevancia
constitucional, pues la accionante pretende reabrir una discusión ya resuelta por el
juez natural mediante argumentos que corresponden a una discrepancia con la
interpretación jurídica acogida en el proceso ordinario.

Por otra parte, sostuvo que las providencias cuestionadas no incurrieron en defecto
sustantivo ni en violación directa de la Constitución, toda vez que la delimitación
temporal del grupo beneficiario obedeció al análisis de las circunstancias que dieron
origen a la responsabilidad administrativa del Municipio de San Gil, particularmente
a la expedición de la Resolución 100-R-433 del 22 de octubre de 2012, mediante la
cual se autorizó la captación anticipada de recursos para el proyecto de vivienda,
circunstancia que justificó la determinación del universo de personas con derecho a
la indemnización.

4.3. La señora Rosa Herrera Vera7 allegó escrito en el que, bajo juramento, informó
lo siguiente:

“- Aporté recursos económicos para acceder al proyecto de vivienda
Asovibrisas, junto con más de 200 personas.
• La sentencia de segunda instancia reconoció únicamente a un grupo reducido
de 47 personas, pese a que existen listados y constancias de aportes que
suman aproximadamente $450.000.000.
• El Municipio de San Gil transfirió a la Defensoría del Pueblo la suma de
$1.065.842.531 (Comprobante de Egreso CE-25-01107), lo que demuestra que
existen recursos suficientes para indemnizar a más víctimas.
• La exclusión de la mayoría de afectados vulnera nuestros derechos
fundamentales de igualdad, debido proceso y acceso a la justicia”8.

4.4. El municipio de San Gil9 solicitó su desvinculación del trámite constitucional
por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que dio cumplimiento a
la condena impuesta dentro de la acción de grupo mediante la consignación de los
recursos ordenados en favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos de la Defensoría del Pueblo y que, en consecuencia, carece de
competencia para decidir sobre la inclusión de beneficiarios o efectuar pagos
individuales. Añadió que dichas actuaciones corresponden al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y al citado Fondo, de conformidad con
lo previsto en la Ley 472 de 1998 y en las providencias proferidas dentro del proceso
ordinario.

7 Índice 00018 del aplicativo SAMAI, certificado 2C70C5D673ABE4AD AB6F637D1E2BACC9
16C45EE727DC1226 9E40E2C1629CD901.
8 Ibid.
9 Índice 00019 del aplicativo SAMAI, certificado 2005FC6CB5D582BB 4CF989E77BEEDFAD
32A01D0B997F614D A7329FA94D97D733
5

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Rosa Herrera Vera es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas en su condición de parte dentro del medio de control de reparación de
los perjuicios causados a un grupo, identificado con el radicado número 68679-33-
33-002-2016-00214-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil y el Tribunal Administrativo
de Santander fueron las autoridades que profirieron las decisiones que, según la
tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

6

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que
implica que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 14, según
las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios

11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa l a legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente

sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término
de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable.
La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en
cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. ||
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable,
impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales
de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la
realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es
una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la
firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional ”.
7

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 15, al punto que la
Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis
(6) meses16.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias
fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las
siguientes variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante
una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”17.

También precisó la jurisprudencia constitucional que, el requisito de inmediatez se
supera cuando “(…) la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración”18. Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el
término razonable que define la inmediatez que es “(…) un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,

15 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos: “la Corte ha considerado en

los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez debe
ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la firmeza de
las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser laxo
con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría
siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un
escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de
[e]stos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que
incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad
jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-
594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
16 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia

de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo
han definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude
a este criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014,
en la que, explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001 -03-15-000-2012-02201-01). Léase también
en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible
a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la
ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de
2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y
autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la soli citud fue presentada dentro de un plazo razonable
y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar
la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razon able para ejercer
la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
17 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la
Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158
de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
18 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
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0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”19.

En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el
hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de
la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales. Como se
expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la eventual
afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento
de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que se
perfecciona su notificación y ejecutoria.

5. Caso concreto

La Sala anticipa que la presente acción de tutela no cumple con el requisito general
de inmediatez, toda vez que la solicitud de amparo fue presentada por fuera del
plazo razonable definido por la jurisprudencia de la Corporación, sin que se acredite
razón alguna que justifique su flexibilización, por las razones que se exponen a
continuación:

5.1. En el presente asunto, el 28 de mayo de 202620, la señora Rosa Herrera Vera
presentó escrito de tutela en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia 21, que
consideraron vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San
Gil y el Tribunal Administrativo de Santander, con ocasión de las sentencias
proferidas el 13 de diciembre de 2022 y el 26 de marzo de 2025, respectivamente,
dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo,
identificado con el radicado número 68679-33-33-002-2016-00214-00/01.

Adicionalmente, también atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales
con ocasión del auto emitido el 24 de septiembre de 2025 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de San Gil “en el que volvió a pronunciarse respecto del
proceso de conformación del grupo beneficiario y de las solicitudes remitidas al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del
Pueblo”22.

5.2. Al respecto, es preciso advertir que, una vez consultado en el aplicativo SAMAI
el expediente del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo, la
parte demandante presentó solicitud de aclaración en contra de la sentencia del 26
de marzo de 2025, la cual fue resuelta desfavorablemente por el Tribunal

19 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de
2014.Resaltado fuera del texto original.
20 Índice 00001 del aplicativo SAMAI.
21 Ibid.
22 Ibid.

9

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

Administrativo de Santander mediante auto del 3 de junio de 202523. Tal decisión
se notificó por estado el 6 de junio de 2025 24, de modo que, dicha providencia quedó
ejecutoriada el 12 de junio de 2025 y el asunto fue devuelto al juzgado de origen el
16 de junio siguiente25.

Asimismo, se constató que mediante auto del 24 de septiembre de 2025 26, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil dio trámite a las solicitudes
de adhesión al grupo beneficiario de la condena y ordenó remitirlas al Fondo para
la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo para
lo de su competencia. Esta providencia fue notificada a las partes el 25 de
septiembre de 2025.

5.3. En ese orden, el plazo de 6 meses que la jurisprudencia de esta Corporación
ha considerado como razonable, para acudir a la administración de justicia en
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial, contados a partir de la
ejecutoria del auto que resolvió la aclaración de la sentencia del 26 de marzo de
2025, venció el 13 de diciembre de 2025, empero, la solicitud de amparo fue
interpuesta el 28 de mayo de 2026, es decir, luego del plazo establecido para
presentar la acción constitucional, motivo por el cual resulta forzoso concluir que la
tutela no superó el requisito de inmediatez.

Igual conclusión se impone respecto del auto proferido el 24 de septiembre de 2025
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil. En efecto, dicha
providencia fue notificada el 25 de septiembre de 2025, de manera que el referido
término razonable para promover la acción de tutela contra providencias judiciales
venció el 25 de marzo de 2026. Sin embargo, la presente solicitud de amparo
únicamente fue radicada el 28 de mayo de 2026, esto es, más de dos (2) meses
después de expirado dicho plazo, sin que la accionante hubiera expuesto una
justificación objetiva que explique la tardanza en el ejercicio de la acción
constitucional. En consecuencia, también frente a esta providencia se encuentra
incumplido el requisito de inmediatez.

5.4. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la accionante indicó que el
requisito de inmediatez se encontraba satisfecho, en tanto el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de San Gil, mediante auto del 24 de septiembre de 2025,
“volvió a pronunciarse respecto del proceso de conformación del grupo beneficiario
y de las solicitudes remitidas al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos de la Defensoría del Pueblo”, manteniendo vigente el criterio aplicado a

23
Índice 00022 del expediente radicado 68679-33-33-002-2016-00214-02, en el aplicativo SAMAI del Tribunal
Administrativo de Santander, certificado 78B0FBAB9C037F37 3A99586B0D92E968 46AD9EE33E0B8E6A
59F6EFD12794AE4C.
24
Índice 00025 del expediente radicado 68679-33-33-002-2016-00214-02, en el aplicativo SAMAI del Tribunal
Administrativo de Santander.
25 Índice 00031 del expediente radicado 68679-33-33-002-2016-00214-02, en el aplicativo SAMAI del Tribunal

Administrativo de Santander.
26 Índice 00031 del expediente radicado 68679-33-33-002-2016-00214-02, en el aplicativo SAMAI del Tribunal
Administrativo de Santander. Certificado 4F0F664C61AC456C 0BCD92957D04B7B7 266C2D8D0E43AA2E
D26668198BB7FC0C.
10

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

su situación particular, razón por la cual estimó que la vulneración de sus derechos
fundamentales era actual y continuada.

Al respecto, la Sala no comparte esa apreciación , dado que, el referido proveído no
resolvió nuevamente la controversia sometida al conocimiento de la jurisdicción
contencioso-administrativa, ni modificó o complementó las decisiones adoptadas en
las sentencias del 13 de diciembre de 2022 y del 26 de marzo de 2025. Por el
contrario, se limitó a impulsar la etapa de ejecución del fallo colectivo, al dar trámite
a las solicitudes de adhesión presentadas y disponer su remisión al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo,
conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

En ese contexto, la circunstancia de que dicha providencia hubiera reiterado los
parámetros fijados en la sentencia para la conformación del grupo beneficiario no
tiene la virtualidad de reabrir el término para promover la acción de tutela ni de tornar
permanente la presunta vulneración alegada. Máxime si se tiene en cuenta que,
desde la fecha de notificación de tal decisión, también se superó el lapso de los 6
meses para interponer la acción constitucional.

5.5. Ahora bien, respecto la pretensión principal formulada por la accionante esta
judicatura denota que tampoco tendría vocación de prosperidad. En efecto, la
señora Rosa Herrera Vera solicitó que se ordenara su inclusión directa como
beneficiaria de la indemnización reconocida dentro de la acción de grupo y el
correspondiente pago de la indemnización, no obstante, la acción de tutela no
constituye el escenario procesal para disponer directamente el reconocimiento de
derechos indemnizatorios ni para sustituir a las autoridades judiciales competentes
en las actuaciones de ejecución de las sentencias proferidas dentro de los medios
de control.

Por consiguiente, la pretensión principal desborda el ámbito de protección de la
acción de tutela, cuyo objeto es exclusivamente el restablecimiento inmediato de
derechos fundamentales cuando se acreditan los presupuestos constitucionales
para su procedencia.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de
tutela por no superar el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la
Rosa Herrera Vera en contra del Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado
11

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04096-00
Accionante: Rosa Herrera Vera

Segundo Administrativo del Circuito de San Gil, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

SABF

12

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