Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03593-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03593-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03593-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
25 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03593-00
Demandante: Edwin Hernando Cardona Reyes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03593-00
Demandante: EDWIN HERNANDO CARDONA REYES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B, Y OTRO.
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Privación injusta de la libertad. Rechazo de demanda por caducidad.
Defecto sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de
subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Edwin Hernando Cardona
Reyes contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, y el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 8 de mayo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el señor Edwin Hernando Cardona Reyes pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del auto del 22 de
marzo de 2024, dictado por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá, que
rechazó la demanda de reparación directa con radicado 11001-33-36-034-2024-00014-
00, al considerar que se había configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Primero: Se reconozca personería jurídica al suscrito para actuar en la presente acción constitucional,
conforme las facultades otorgadas por el señor Edwin Hernando Cardona Reyes, identificado con cédula
de ciudadanía N° xxxxxxxx de Bogotá D.C.
Segundo: Conceder el amparo interpuesto y en consecuencia tutelar los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Edwin Hernando Cardona Reyes,
identificado con cédula de ciudadanía N° xxxxxxxx de Bogotá D.C., conculcado por el Juzgado Treinta
y Cuatro Administrativo de Bogotá.
Tercero: Revocar y dejar sin efectos el auto del 22 de marzo del 2022, proferido por el Juzgado Treinta
y Cuatro Administrativo de Bogotá, dentro del proceso administrativo de nulidad y restablecimiento de
derecho, con el número radicado 110013336034-2024-00014-00.
Cuarto: En consecuencia de la anterior declaración admitir la demanda de medio de control presentada
por el suscrito en representación del señor Edwin Hernando Cardona Reyes, identificado con cédula de
ciudadanía N° xxxxxxxx de Bogotá D.C. y su grupo familiar, que obra dentro del proceso administrativo
con número radicado 110013336034-2024-00014-00. (sic para toda la cita)
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Demandante: Edwin Hernando Cardona Reyes
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestó el señor Edwin Hernando Cardona Reyes que desde el 1 de diciembre de 2009
fungió como patrullero de la Policía Nacional.
Que el 30 de marzo de 2020 fue capturado por el Gaula de la Policía Nacional junto con
otro patrullero, quien había recibido una suma de dinero, presuntamente por una
extorsión.
Que el 31 de marzo de 2020 se realizó la audiencia preliminar de legalización de captura
y que en esa diligencia no se le imputaron cargos, por lo que se ordenó su libertad.
El 26 de enero de 2024, el tutelante y su grupo familiar promovieron demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que
se les declarara patrimonialmente responsable por la privación injusta que padeció el
señor Edwin Hernando Cardona Reyes el 30 y 31 de marzo de 2020.
Los demandantes indicaron que el término de caducidad debía computarse desde el 14
de agosto de 2021, fecha en la que se materializó la orden de archivo de la investigación
adelantada por los hechos ocurridos el 30 de marzo de 2020.
La demanda se adelantó bajo el radicado 11001-33-36-034-2024-00014-00 y
correspondió al Juzgado 34 Administrativo de Bogotá que, por auto del 22 de marzo de
2024, la rechazó al encontrar que se había configurado el fenómeno jurídico de la
caducidad.
Señaló que el 31 de marzo de 2020, el juez de control de garantías determinó, por
solicitud del ente acusador, no imputar ningún delito en contra del señor Cardona Reyes,
por lo que a partir del día siguiente se debía contabilizar el término de caducidad.
Que, por lo anterior, la demanda se debió interponer a más tardar el 1 de abril de 2022,
tiempo al que había que sumarle 3 meses y 16 días, por la suspensión de términos
derivada de la pandemia por el covid-19, que, en ese orden, la solicitud de conciliación
prejudicial debió radicarse hasta el 17 de julio de 2022.
Que la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 4 de marzo de 2022 y
declarada fallida el 1 de julio siguiente, por lo que al 17 de julio de 2022 se le debía sumar
3 meses y 27 días, en los que los términos estuvieron suspendidos por el trámite de
conciliación, con lo que, según dijo, la fecha final para presentar la demanda se extendía
hasta el 14 de noviembre de 2022.
Que, sin embargo, la demanda fue radicada el 26 de enero de 2024, cuando se había
superado el término para el efecto. Que no se podía tener en cuenta la fecha en la que
se archivó la investigación penal, porque el señor Cardona Reyes ni siquiera estuvo
formalmente vinculado al proceso, debido a que contra él no se imputaron cargos.
Inconforme, los demandantes presentaron recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación. No obstante, el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá los rechazó por haber
sido presentados de forma extemporánea.
Explicó que el auto recurrido había sido notificado por estado el 2 de abril de 2024, por lo
que los demandantes tenían hasta el 5 de abril de 2024 para presentar los recursos, que,
no obstante, los habían radicado el 9 de abril siguiente, de forma extemporánea.
Contra esa decisión, los demandantes presentaron recurso de reposición y, en subsidio
de queja, en los que manifestaron que se desconoció el artículo 205 de la Ley 1437 de
2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, debido a que se había
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aplicado de forma restrictiva el auto de unificación del 29 de noviembre de 2020 dictado
por el Consejo de Estado en el expediente 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177),
que, según dijo, solo hacía referencia a las notificaciones de sentencias.
Que los dos días siguientes a la notificación constituían una garantía mínima y
desconocer eso era vulnerar su derecho de acceso a la administración de justicia. Que
se debía aplicar la interpretación más favorable y considerar que los recursos
presentados contra el auto que rechazó la demanda habían sido radicados dentro del
término.
El 7 de junio de 2024, el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá confirmó la decisión del
22 de abril de 2024 y concedió el recurso de queja.
Por auto del 2 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, declaró bien denegado el recurso de apelación
presentado por los demandantes contra la providencia del 1 de abril de 2024, dictada por
el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá, que había declarado la
configuración del fenómeno jurídico de la caducidad, básicamente por los mismos
argumentos del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumplía los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada
incurrió en:
Defecto sustantivo porque realizó una interpretación contraevidente, restrictiva y errada
del literal i, del artículo 164 del CPACA, puesto que, a su juicio, el término de caducidad
debía contabilizarse desde el 14 de agosto de 2021, cuando se ordenó el archivo de la
investigación penal adelantada por los hechos ocurridos el 30 de marzo de 2020.
Defecto fáctico por indebida valoración del acta de audiencia del 31 de marzo de 2020
celebrada por el Juzgado 64 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá y la orden de archivo proferida el 13 de agosto de 2021 por la Fiscalía 9 de
Cundinamarca, de la unidad del Gaula, debido a que, según dijo, había sido desvinculado
del proceso penal con la orden de archivo y a partir de esa fecha era que se debía
contabilizar el término de caducidad y no desde el día que se ordenó su libertad, como
consideró la autoridad judicial demandada.
Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 15 de agosto de 2018,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en el expediente con radicado
66001-23-31-000-2010-00235-01 (46947), que, según la parte actora, ordenaba que el
término de caducidad respecto de demandas de reparación directa relacionadas con
privación injusta de la libertad debía computarse: i) desde el día siguiente a la ejecutoría
de la providencia que precluía la investigación penal, ii) desde la notificación de la
sentencia absolutoria o iii) desde que quedara en libertad la víctima directa, lo último que
ocurra.
Dijo que en su caso lo último que ocurrió fue el archivo de la investigación, el 13 de agosto
de 2021, por lo que, a su juicio, desde esa fecha era que se debía contabilizar el término
de caducidad.
5. Trámite procesal
Por auto del 13 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandado al juez 34 administrativo de
Bogotá, y en calidad de terceros con interés, a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
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En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de mayo de
2026.
6. Intervenciones
El Juzgado 34 Administrativo de Bogotá solicitó que se denegaran las pretensiones
de la parte actora. Hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de
reparación directa con radicado 11001-33-36-034-2024-00014-00/01, para señalar que
respetó el debido proceso y garantizó el derecho de defensa de la parte actora.
Que la decisión de rechazo de la demanda ordinaria se adoptó de forma motivada y
soportada en el análisis jurídico y probatorio del expediente. Que los recursos
presentados por el demandante fueron tramitados y decididos correctamente, que,
incluso, el análisis de extemporaneidad de los recursos fue confirmado por el superior
funcional cuando resolvió el recurso de queja.
Que, por lo anterior, no hubo actuaciones arbitrarias, caprichosas o contrarias a la
Constitución. Que el señor Cardona Reyes pretendía reabrir el debate jurídico que ya
había sido resuelto en el proceso ordinario y que la acción de tutela no podía utilizarse
para revivir términos procesales precluidos.
Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, no se pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente
notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Edwin Hernando Cardona Reyes para dejar sin efectos el auto del 22 de marzo de 2024,
dictado por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá, que rechazó la
demanda de reparación directa con radicado 11001-33-36-034-2024-00014-00, al
considerar que se había configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque no satisface el
requisito general de subsidiariedad.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la subsidiariedad y (iii) el análisis del caso
concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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3. Sobre el requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela <<solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable>> . Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
4. Análisis del caso concreto
Para la Sala, las pretensiones de la acción de tutela, relacionadas con el auto del 22 de
marzo de 2024, dictado por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá, que
rechazó la demanda de reparación directa con radicado 11001-33-36-034-2024-00014-
00, al considerar que se había configurado el fenómeno jurídico de la caducidad, no
satisfacen el requisito de subsidiariedad.
En efecto, contra el auto que rechazó la demanda, el tutelante contaba con otro medio
de defensa judicial para controvertir esa decisión y así garantizar la protección de los
derechos invocados, como lo era la interposición del recurso de apelación previsto en el
artículo 243 del CPACA3.
La Sala no desconoce que la parte actora interpuso el aludido recurso; sin embargo,
mediante auto del 22 de abril de 2024, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de
Bogotá lo rechazó por extemporáneo, por las siguientes razones:
El artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala
que el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario.
Por su parte, el artículo 243 lista los autos susceptibles del recurso de apelación, dentro de los cuales
está el auto que rechaza la demanda.
Así las cosas, es claro que la providencia recurrida es susceptible del recurso de reposición y en
consecuencia se procederá al estudio correspondiente.
En cuanto a la oportunidad del recurso, es del caso señalar que el mismo debe interponerse dentro de
los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando este se haya dictado en una
audiencia o diligencia, caso en el cual debe interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie
el auto (artículo 318, Código General del Proceso).
El auto recurrido fue notificado por estado del 2 de abril de 2024, por lo que el actor tenía hasta el 5 de
abril de 2024 para presentar los recursos y, como los presentó el 9 de abril de 2024, encuentra el
despacho que fueron presentados de manera extemporánea.
Sobre el particular, sea preciso señalar que en auto de unificación del veintinueve (29) de noviembre de
dos mil veintidós (2022) dentro del expediente 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177), la Sala Plena
del Consejo de Estado se refirió a la materia en los siguientes términos:
(…)
Así entonces, es claro que los recursos interpuestos por el actor solo podrían tenerse por oportunos si
se considerara la notificación por estado como una notificación electrónica, pues en ese escenario se
podrían agregar los dos días de que habla el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. Sin embargo, al
descartarse tal posibilidad en sede de unificación jurisprudencial, es claro, siguiendo el mismo derrotero,
que el término concedido empezó a correr al día hábil siguiente a la desfijación del estado, es decir el 3
de abril de 2024 y feneció el día 5 de abril de 2024.
Por lo anterior, se concluye que el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por el
accionante fue extemporáneo.
3 “Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: 1. El que
rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo”.
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Análisis que fue corroborado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, en proveído del 27 de noviembre de 2025.
De lo anterior, la Sala extrae que, ante la declaratoria de extemporaneidad del recurso,
la parte accionante persigue que por este medio se examinen las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial demandada ha debido admitir la demanda de
reparación directa, análisis que era propio de la segunda instancia y que no se logró
debido a que el recurso procedente se presentó por fuera de término.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse para subsanar yerros cuando no se han agotado oportunamente todos
los mecanismos de defensa dentro del proceso ordinario.
Sobre el particular, la Corte Constitucional4 ha señalado:
28. Bajo ese entendido, esta Corporación estableció escenarios en los que las tutelas contra
providencia judicial se tornan improcedentes por ausencia del principio de subsidiariedad, en
concreto cuando: (i) el asunto se encuentra en trámite; (ii) no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios y (iii) se usa para revivir etapas procesales en las
cuales se dejaron de emplear los recursos o etapas procesales previstos en el ordenamiento jurídico.
En igual sentido, la Sala Plena precisó que la improcedencia de la tutela por falta de acreditación de
la subsidiariedad también opera cuando “el asunto que dio lugar al defecto no haya sido previamente
alegado”.
29. De esta manera, la tutela no puede ser utilizada como “una instancia más dentro del trámite
jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el Legislador o, como
un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos ordinarios”. En ese
orden de ideas, la jurisprudencia ha determinado que en el evento en que los ciudadanos
debieron acudir a los recursos judiciales o etapas procesales ordinarios y no los emplearon,
la tutela se torna improcedente. Lo anterior, toda vez que la acción constitucional “no puede
constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la
caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados”.
De conformidad con lo expuesto en la jurisprudencia, si se tiene en cuenta que el rechazo
por extemporáneo del recurso de apelación equivale materialmente a que éste no fue
agotado, es claro que en el presente caso la acción se torna improcedente.
De hecho, en este caso ni siquiera procede el estudio de perjuicio irremediable, pues su
análisis supone que el demandante todavía cuente con el mecanismo ordinario, pero,
como se vio, el demandante no presentó el recurso de apelación de manera oportuna
para controvertir el rechazo de la demanda.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo por incumplir el requisito de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4 Sentencia T 177-25
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Demandante: Edwin Hernando Cardona Reyes
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 5
5 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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