Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03724-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03724-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03724-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
26 de junio de 2026
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03724-00
Accionante: Darío Fernando Erazo Benavides
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., Veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03724-00
Accionante: Darío Fernando Erazo Benavides
Accionado: Subsección A Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia -
Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Darío Fernando Erazo Benavides
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Darío Fernando Erazo Benavides, por medio de apoderado judicial, interpuso acción
de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ocasión de la
sentencia proferida el 5 de marzo de 2026, mediante la cual se confirmó la decisión del
2 de diciembre de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca, que negó las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado número 81001-23-39-000-2019-00086-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El señor Darío Fernando Erazo Benavides ingresó al Ejército Nacional el 11 de
julio de 2006. Posteriormente, mediante Oficio núm. 0720 del 5 de febrero de 2018,
presentó solicitud de retiro por voluntad propia ante el Ministerio de Defensa Nacional.
2.2. El 12 de junio de 2018 se presentó ante el director de personal del Ejército Nacional
con el propósito de manifestar su decisión de desistir de la solicitud de retiro, por lo que
fue remitido a donde el jefe de personal quien ordenó incluirlo en el listado de aspirantes
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al curso de inteligencia, al cual asistió a partir del 22 de junio de 2018. Asimismo,
sostiene que informó dicho desistimiento al jefe de talento humano.
2.3. Señala que el 24 de julio de 2018 le fue informado que no podía continuar con los
estudios correspondientes al curso de inteligencia militar, por instrucción del
subdirector de la institución castrense, debido a que ya había sido expedida la
Resolución núm. 4739, mediante la cual se dispuso su retiro del servicio activo por
solicitud propia.
2.4. Considera que desistió tácitamente de su solicitud de retiro, circunstancia que, a
su juicio, se evidencia en el hecho de haber iniciado el curso de inteligencia militar
dentro de la institución. No obstante, mediante la Resolución núm. 4739 del 4 de julio
de 2018 fue retirado del servicio activo en forma temporal, pese a la reserva y por
solicitud propia.
2.5. Con fundamento en lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución núm. 4739 del 4
de julio de 2018, mediante la cual fue retirado del servicio activo por solicitud propia,
así como contra las consecuencias jurídicas derivadas de dicho acto administrativo.
2.6. Afirma que solicitó el decreto y la práctica de pruebas orientadas a esclarecer la
verdad material de los hechos, concretamente las declaraciones del coronel Johny
Hernando Bautista Beltrán, director de personal del Ejército Nacional; del coronel
Kurman Hernán Rivera Alfonso; y del mayor Jhon Medina Camacho.
Precisa que dichas pruebas fueron inicialmente solicitadas bajo la denominación de
interrogatorio y no mediante el medio de convicción técnicamente procedente, esto es,
el testimonio. Por tal razón, sostiene que la autoridad judicial de primera instancia omitió
su decreto y práctica.
2.7. Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2022 el Tribunal Administrativo de
Arauca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se encontraba
acreditado el desistimiento de la solicitud de retiro y que la administración había
actuado conforme al ordenamiento jurídico.
2.8. Sostiene que, tanto en los alegatos de conclusión como en una solicitud posterior,
reiteró la necesidad de decretar y practicar la prueba testimonial requerida. Sin
embargo, afirma que las autoridades judiciales omitieron pronunciarse de fondo sobre
dicha petición.
2.9. Contra la sentencia de primera instancia interpuso recurso de apelación, en el que
insistió en que la falta de recaudo y valoración de los testimonios solicitados constituía
una irregularidad probatoria determinante, por cuanto tales medios de convicción
estaban dirigidos a demostrar que había manifestado verbalmente su desistimiento de
la solicitud de retiro y que dicha circunstancia era conocida por diversos mandos y
funcionarios del Ejército Nacional.
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2.10. Mediante sentencia del 5 de marzo de 2026 la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia al concluir
que no se encontraba acreditado el desistimiento de la solicitud de retiro. El accionante
considera que dicha determinación obedeció a la falta de práctica y valoración de las
pruebas que oportunamente solicitó dentro del proceso.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud 1
La parte actora elevó al juez constitucional las siguientes pretensiones:
1. “SE TUTELEN, SE GARANTICEN, SE PROTEJAN Y SE RESPETEN LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR COMO MECANISMO
EXCEPCIONAL:
• En el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de
justicia del accionante, al incurrir en un defecto fáctico por omisión probatoria,
toda vez que la autoridad judicial omitió decretar, practicar y valorar pruebas
determinantes para esclarecer los hechos objeto de controversia, pese a que
su práctica fue solicitada de manera reiterada durante el trámite procesal.
2. EN CONSECUENCIA, SE ORDENE:
• DEJAR SIN EFECTOS: la sentencia proferida el cinco (5) de marzo de dos
mil veintiséis (2026) por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 81001-23-39-000-
2019-00086-01 (0041-2024), mediante la cual se confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
• ORDENAR a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión
respetando las garantías fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a
la administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial, realizando
una valoración integral, razonable y constitucionalmente adecuada del
material probatorio obrante en el expediente.
• ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, al momento de emitir la
nueva providencia, valore de manera expresa las solicitudes probatorias
formuladas por la parte demandante y la incidencia sustancial de los medios
de convicción omitidos, particularmente aquellos encaminados a demostrar
el desistimiento de la solicitud de retiro y el conocimiento de dicha situación
por parte de funcionarios del Ejército Nacional, evitando incurrir nuevamente
en el defecto fáctico por omisión probatoria expuesto en la presente acción
constitucional.
• SUBSIDIARIAMENTE, en caso de considerarse necesario para restablecer
las garantías fundamentales vulneradas, ORDENAR a la autoridad judicial
accionada decretar y practicar las pruebas omitidas que resultan pertinentes,
conducentes y útiles para esclarecer los hechos materia de controversia,
especialmente las declaraciones de los funcionarios del Ejército Nacional
solicitadas oportunamente por la parte actora dentro del trámite ordinario.
• Como medida de restablecimiento constitucional, ORDENAR que la nueva
decisión judicial se profiera dentro de un término razonable, garantizando un
análisis acorde con los principios de libertad probatoria, verdad material y
tutela judicial efectiva, conforme a los parámetros constitucionales
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado C723F4D3C6D447A4 C91F0973EBE7B585 CC906232CA353B6A
D85BBC62EADF8629
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Accionante: Darío Fernando Erazo Benavides
desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto del
defecto fáctico por omisión en el decreto, práctica y valoración de pruebas
determinantes.
3. LAS DEMAS QUE EL SEÑOR JUEZ CONSTITUCIONAL CONSIDERE
PARA PROTEGER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
ACCIONANTE”. (Negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
Para sustentar su solicitud, el accionante alegó la configuración de los siguientes
defectos:
3.1. Defecto fáctico. Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en una
indebida valoración probatoria del acervo probatorio, al omitir el decreto, la práctica y
la valoración de medios de convicción que resultaban determinantes para la resolución
del litigio, pese a que fueron solicitados en distintas oportunidades procesales y
cumplían los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad.
En particular, señaló que tanto durante el trámite surtido ante el Tribunal Administrativo
de Arauca como en el recurso de apelación resuelto por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado insistió en la necesidad de recaudar las declaraci ones
de varios funcionarios del Ejército Nacional que tenían conocimiento directo del
desistimiento verbal de la solicitud de retiro y de las actuaciones institucionales
posteriores que, a su juicio, evidenciaban la continuidad de su vínculo funcional con la
institución militar.
Con fundamento en lo anterior, afirmó que las autoridades judiciales omitieron decretar
y practicar pruebas constitucional y legalmente necesarias para la adecuada resolución
de la controversia. Asimismo, sostuvo que no se efectuó una valoración conjunta,
integral y sistemática del material probatorio obrante en el expediente, el cual, en su
criterio, tenía la aptitud de demostrar la existencia del desistimiento verbal alegado y
su aceptación por parte de la institución.
Finalmente, manifestó que la autoridad judicial accionada le trasladó las consecuencias
derivadas de la insuficiencia probatoria que ella misma generó, en tanto tuvo por
inexistente un hecho respecto del cual se había solicitado oportunamente la práctica
de pruebas directas y determinantes para su esclarecimiento. En consecuencia,
consideró que dicha actuación produjo una afectación grave de sus derechos
fundamentales.
3.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Adujo que la autoridad
judicial accionada otorgó prevalencia a un rigorismo formal incompatible con el deber
de esclarecer integralmente los hechos relevantes para la decisión del asunto.
Explicó que, si bien la solicitud probatoria contenía algunas imprecisiones técnicas
respecto del medio procesal idóneo para incorporar las declaraciones de determinados
funcionarios al expediente, de los hechos expuestos en la demanda y de las peticiones
formuladas a lo largo del proceso resultaba claramente identificable que la finalidad de
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tales pruebas consistía en demostrar que había desistido verbalmente de la solicitud
de retiro y que dicha circunstancia era conocida por altos mandos del Ejército Nacional.
Asimismo, sostuvo que, aun en el evento de existir una deficiencia formal en la
formulación de la solicitud probatoria, el ordenamiento jurídico y los principios
constitucionales imponían a la autoridad judicial el deber de dirigir el proceso y adoptar
las medidas necesarias para garantizar la efectividad del derecho sustancial. En ese
sentido, afirmó que el apego desproporcionado a exigencias meramente formales
terminó por afectar su derecho fundamental al debido proceso.
En conclusión, consideró configurado el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, toda vez que, pese a la relevancia de los hechos cuya demostración
pretendía obtenerse mediante las pruebas solicitadas, la autoridad judicial optó por
aferrarse de manera estricta a formalidades procesales y se abstuvo de ejercer las
facultades necesarias para el esclarecimiento de la verdad material, particularmente en
lo relacionado con el decreto y la práctica de los medios probatorios requeridos.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 15 de mayo de 20262 la magistrada ponente admitió la acción de
tutela; vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y al Tribunal Administrativo de Arauca. Asimismo, ofició a las
autoridades judiciales para que, quien tuviera a su cargo el expediente identificado con
el radicado núm. 81001-23-39-000-2019-00086-00/01, lo remitiera a este trámite
constitucional.
De igual manera, ordenó la notificación a las partes, reconoció personería y dispuso la
suspensión de los términos.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.1 El Tribunal Administrativo de Arauca3 solicitó su desvinculación de la presente
acción constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en subsidio,
que se declarara la improcedencia del amparo, al no evidenciarse vulneración alguna
de derechos fundamentales.
Al respecto, señaló que las pretensiones de la tutela se encuentran dirigidas a
controvertir la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Asimismo, indicó que el accionante no
atribuyó a dicha corporación la comisión de irregularidades procesales o sustanciales
autónomas que pudieran comprometer su actuación. Por consiguiente, sostuvo que
2 Índice 00005 en el aplicativo SAMAI, certificado 4F8AA63FF89CF855 23110DC1A8C6A085 A3A0E55224CF09CD
840226B5F5FCCC48.
3 Índice 00017 en el aplicativo SAMAI, certificado 8C85C427AB2FBFAD 2D871635BC03B8CC
AFB8520ADF7B8C57 AD83EC307D193544.
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carece de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no se advierte una actuación
atribuible al tribunal que hubiera vulnerado los derechos fundamentales invocados.
De igual forma, manifestó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, no se
configuró un defecto fáctico, toda vez que la decisión adoptada se sustentó en la
valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente, conforme a las reglas de
la sana crítica y a la jurisprudencia aplicable del Consejo de Estado.
Por su parte, la Secretaría General de la corporación 4 informó que el expediente
correspondiente al proceso ordinario se encuentra incorporado en el aplicativo SAMAI
y suministró el enlace electrónico para su consulta.
4.2 El Ministerio de Defensa5 adujo que la acción de tutela es improcedente por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Como sustento de su posición, indicó que el señor Darío Fernando Erazo Benavides
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, con el propósito de obtener la nulidad
de la Resolución núm. 4739 de 4 de julio de 2018. Dentro de dicho proceso, en la
audiencia inicial celebrada el 3 de marzo de 2020, se negó el decreto del testimonio del
demandante, decisión que fue objeto de recurso de reposición y confirmada por el juez
de conocimiento.
Precisó que, durante el trámite de la segunda instancia, el demandante insistió en la
práctica de pruebas testimoniales mediante diversas solicitudes y recursos. No
obstante, tanto la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado como
la Sala que resolvió el recurso de súplica concluyeron que no se cumplían los
presupuestos legales para decretarlas, por lo que las solicitudes fueron rechazadas
mediante providencias que quedaron ejecutoriadas.
Sostuvo que la controversia planteada en la tutela se limita a cuestionar nuevamente
la negativa de decretar dichas pruebas, asunto que ya fue analizado y resuelto por los
jueces naturales de la causa. En ese sentido, afirmó que no existe una omisión
probatoria ni un defecto fáctico, pues las autoridades judiciales se pronunciaron
expresamente sobre las solicitudes formuladas por el actor y explicaron las razones por
las cuales los testimonios pretendidos no resultaban procedentes ni determinantes para
la resolución del litigio.
Agregó que el expediente contaba con material probatorio suficiente para adoptar una
decisión de fondo y que la parte demandante dispuso de las oportunidades procesales
previstas en la ley para controvertir las decisiones relacionadas con la actividad
4 Índice 00013 en el aplicativo SAMAI, certificado 7555C08C1CB1CA15 A9E04045374F54BD 5F0FFEDAC04E1436
2D13146D4A73CE0F.
5 Índice 00016 en el aplicativo SAMAI, certificado CF5B915DE2F1F971 0475174CEAE457F2 843AC7109E35144D
D65AD004336E351E.
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probatoria, las cuales ejerció de manera amplia mediante la interposición de múltiples
recursos.
Finalmente, señaló que acceder a las pretensiones de la tutela implicaría reabrir un
debate ya definido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y desconocer los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por ello, solicitó negar el amparo al no
evidenciarse vulneración alguna de derechos fundamentales.
4.3. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado 6 precisó que el
expediente había sido devuelto al Tribunal Administrativo de Arauca desde el 6 de abril
de 2026.
4.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio
durante el trámite de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Darío Fernando Erazo Benavides es el titular de los derechos fundamentales que
afirma fueron vulnerados en su condición de demandante dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 81001-23-
39-000-2019-00086-00/01.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue la
autoridad que profirió la decisión que, según la parte accionante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
6 Índice 00011 en el aplicativo SAMAI.
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4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 9.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícu lo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 11.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya
que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
11 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto12.
5. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. La parte actora cuestiona la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, al considerar que dicha providencia incurrió en: (i) un
defecto fáctico, derivado de la presunta omisión en el decreto, práctica y valoración de
las declaraciones de varios funcionarios del Ejército Nacional que, a su juicio,
resultaban determinantes para acreditar el desistimiento verbal de la solicitud de retiro;
y (ii) un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto las autoridades
judiciales habrían privilegiado exigencias formales sobre la necesidad de esclarecer la
verdad material de los hechos debatidos en el proceso.
5.2. No obstante, la Sala observa que los cuestionamientos planteados no trascienden
el ámbito de la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales de la causa respecto de la actividad probatoria desplegada en el proceso
ordinario. En efecto, el debate relacionado con la procedencia del decreto y práctica de
las declaraciones testimoniales de varios funcionarios del Ejército Nacional, así como
con la declaración de parte del demandante, fue objeto de análisis y pronunciamiento
en distintas etapas procesales por las autoridades judiciales competentes.
En tales condiciones, los argumentos expuestos en la solicitud de amparo no
evidencian la existencia de una controversia con relevancia constitucional, sino que
pretenden reabrir una discusión ya resuelta en el trámite del medio de control, con el
propósito de obtener una nueva valoración de aspectos eminentemente probatorios
que fueron sometidos al conocimiento de los jueces de instancia.
Por esta razón, resulta pertinente exponer de manera sucinta las actuaciones surtidas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con las
solicitudes probatorias formuladas por la parte demandante y las decisiones adoptadas
por las autoridades judiciales frente a tales peticiones, con el fin de evidenciar que el
asunto sometido a consideración del juez constitucional corresponde a una
controversia previamente examinada y decidida por la jurisdicción ordinaria.
12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Aunque la acción de tutela se dirige formalmente contra la sentencia de segunda
instancia, la Sala hará referencia a las actuaciones surtidas en ambas instancias del
proceso ordinario, en la medida en que los reparos formulados por el accionante
respecto del decreto y práctica de las pruebas fueron planteados de manera reiterada
a lo largo del trámite judicial y recibieron respuesta expresa por parte de las autoridades
judiciales competentes.
Finalmente, la Sala estudiará de manera conjunta los defectos fáctico y procedimental
por exceso ritual manifiesto, toda vez que ambos se sustentan en un mismo
presupuesto: la inconformidad del accionante con la decisión de no decretar ni practicar
determinados medios de prueba. En consecuencia, el análisis de uno y otro cargo
converge en una misma discusión, la cual, como se explicará, carece de relevancia
constitucional.
5.3. Actuaciones de primera instancia relacionadas con la inconformidad frente
a la negativa de decretar las pruebas solicitadas:
Dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó
que se fijara fecha y hora para la práctica de diligencias de interrogatorio respecto del
director de personal del Ejército Nacional, del jefe de personal de dicha institución y del
subdirector de la Escuela de Inteligencia, quienes desempeñaban esos cargos para la
época de los hechos objeto de controversia. Asimismo, pidió que se citara al
demandante con el fin de que rindiera declaración juramentada sobre los hechos
expuestos en la demanda13.
Al resolver las solicitudes probatorias formuladas por la parte demandante, el Tribunal
Administrativo de Arauca, en el acta núm. 007 que corresponde a la audiencia inicial
celebrada el 3 de marzo de 202014, decidió: (i) negar la práctica de los interrogatorios
solicitados respecto de los miembros del Ejército Nacional, al considerar que dicho
medio probatorio únicamente procede frente al representante legal de la entidad
13 Índice 00050 del expediente ordinario primera instancia en Samai, certificado 4C6D7CD1BDC408B1
98DC4D0EB091480D C2515D8191D7957B B1A283FD1D289127pagina 9 de 60.
14 “a. Los interrogatorios de parte que pidió el demandante (fl.7), por cuanto esta prueba solo procede contra el
representante legal de la entidad demandada; pero si así se hubiera pedido, tampoco sería procedente por lo
establecido en el Artículo 217 del CPACA que señala: "Declaración de representantes de las entidades públicas. No
valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan
o el régimen jurídico al que estén sometidas".
b. La versión juramentada a cerca de los hechos que el demandante Darío Fernando Erazo Benavides pide de sí
mismo. Se niega porque como parte, no es dable citarlo como testigo; ni tampoco a interrogatorio de parte, pues
respecto de dicho medio probatorio, debe tenerse presente que se trata de una prueba tendiente a provocar la
confesión de la persona citada, con el objeto que diga algunas cosas pero no en su propio beneficio sino en favor
de la parte contraria, y así lo establece el CGP en el artículo 191.
De manera que el hecho que pretende probar la parte demandante sobre el tema que reclama, no es posible tenerlo
por acreditado en razón que lo diga la misma persona reclamante, pues como lo exige la norma jurídica que citada,
un requisito que como objetivo se persigue con la prueba, es que perjudique al interrogado y favorezca a su
contraparte procesal, y por eso es ésta la legitimada para convocar al contrincante judicial.
Así mismo, no es dable que en el ordenamiento jurídico se permita que la misma persona se dé su propia prueba,
por más honesta que sea, y al respecto de ha pronunciado el Consejo de Estado (M.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera, 6 de febrero de 2013, rad. 73001-23-31-000-2008-00288-01, 41922).
Significa lo anterior que el interrogatorio que de sí mismo pidió el demandante que se decretara, no resulta
procedente ni útil en el proceso, por lo cual se niega.” Índice 00050 del expediente ordinario primera instancia en
Samai, certificado 06F7903D86C779A0 090B9065077A06DF A1FE51D22A7E2536 6AFC695C331EB5BF página
78 de 92.
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demandada; y (ii) negar la declaración juramentada del demandante acerca de los
hechos expuestos en la demanda, por cuanto no era procedente recibir su declaración
ni en calidad de testigo ni mediante interrogatorio de parte.
Frente a esta última determinación, la parte demandante interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorable una vez surtido el traslado
correspondiente a los demás sujetos procesales.
Posteriormente, según consta en el acta núm. 022 de la audiencia celebrada el 12 de
agosto de 202115, la parte actora promovió incidente de nulidad con fundamento en el
numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso, al estimar que se habían
omitido oportunidades procesales para decretar o practicar pruebas. No obstante, dicha
solicitud fue rechazada de plano por la autoridad judicial, al considerar que los hechos
invocados no correspondían a la causal alegada.
De las actuaciones descritas se desprende que las solicitudes probatorias formuladas
por el demandante fueron objeto de estudio y decisión expresa por parte del juez de
conocimiento. En efecto, el tribunal se pronunció sobre la procedencia de los
interrogatorios solicitados respecto de los funcionarios del Ejército Nacional y sobre la
declaración del propio demandante. Asimismo, frente a la negativa de esta última
prueba, la parte actora ejerció el recurso procedente, el cual fue decidido
desfavorablemente.
Igualmente, la Sala destaca que la posterior solicitud de nulidad promovida por el
demandante tuvo como fundamento, precisamente, la inconformidad con la decisión de
no decretar ni practicar los medios de prueba antes referidos, circunstancia que
demuestra que dicha controversia fue oportunamente planteada y debatida dentro del
proceso ordinario.
En consecuencia, resulta evidente que la presunta omisión probatoria que el señor
Erazo Benavidez atribuye actualmente a las autoridades judiciales no constituye un
asunto novedoso ni inadvertido por los jueces de la causa. Por el contrario, se trata de
una cuestión que fue discutida desde las etapas iniciales del proceso, respecto de la
cual existieron pronunciamientos expresos y frente a la que el demandante ejerció los
mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas.
15 “AUTO INTERLOCUTORIO. Teniendo en cuenta que la nulidad pedida se refiere a no haberse ordenado como
prueba el interrogatorio de parte a personal del Ejército Nacional ni el testimonio del propio demandante, lo cual se
decidió en la audiencia inicial, ante lo que se presentó re curso que allí mismo se decidió, con lo cual no hubo
violación del derecho al debido proceso, artículo 29, C. Po, se encuentra que dicho fundamento constituye es una
nueva muestra de inconformidad frente a la prueba negada, pero no se enmarca dentro de la causal de nulidad que
se aduce, pues es claro que en la audiencia inicial se hizo uso de la oportunidad para decidir sobre las pruebas
pedidas y se decretaron las que correspondían y se negaron otras, por lo que no se omitió oportunidad probatoria
alguna; por lo tanto, en razón del artículo 135 del CGP, que establece: "El juez rechazará de plano la solicitud de
nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo (…)", el Magistrado
Ponente, RESUELVE: PRIMERO: Rechazar de plano la nulidad que pidió el demandante.” Índice 00050 del
expediente ordinario primera instancia en Samai, certificado 843509A6927297EA B82719B015CF59B8
A6C46A2C5AD67C05 E4E63145E9662730.
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5.4. Actuaciones en segunda instancia en las que planteó la inconformidad
respecto de la negativa en el decreto de pruebas
Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Arauca
negó las pretensiones de la demanda. Para sustentar dicha decisión, consideró que: (i)
las causales de nulidad relacionadas con la presunta vulneración del debido proceso y
la falta de notificación del acto administrativo no constituían vicios de legalidad del acto
demandado; (ii) de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, el
demandante se notificó por conducta concluyente de la resolución cuestionada; (iii) el
Ministerio de Defensa Nacional observó el procedimiento especial previsto para el retiro
del servicio de un oficial en el grado de capitán por la causal de solicitud propia; (iv)
respecto del alegado desistimiento de la solicitud de retiro, no se acreditó que, antes
de la expedición de la resolución demandada, se hubiera presentado escrito alguno
mediante el cual el actor retirara su petición de desvinculación, ni se demostraron
circunstancias relacionadas con la seguridad nacional que hicieran necesaria su
permanencia en el servicio; (v) no se configuró el vicio de falsa motivación invocado; y
(vi) no se demostraron las causales de nulidad propuestas en la demanda, razón por
la cual permanecía incólume la presunción de legalidad del acto administrativo
acusado.
Inconforme con dicha decisión, el demandante interpuso recurso de apelación del 15
de mayo de 202316. En el escrito correspondiente sostuvo que el Tribunal
Administrativo de Arauca había desconocido normas superiores y vulnerado sus
derechos fundamentales. Asimismo, en relación con el debate probatorio, reiteró los
cuestionamientos formulados durante el trámite de primera instancia respecto de la
negativa de decretar y practicar las pruebas que, en su criterio, resultaban necesarias
para demostrar el desistimiento verbal de la solicitud de retiro.
Sostuvo que tanto el juez de primera instancia como el magistrado ponente omitieron
esclarecer adecuadamente un aspecto relevante de la controversia relacionado con el
desistimiento verbal de la solicitud de retiro presentada por Darío Fernando Erazo
Benavides.
Aunque reconoció que existió un error en la solicitud probatoria al pedir el interrogatorio
de parte de determinados funcionarios, afirma que en realidad estos debieron ser
citados como testigos para declarar sobre el desistimiento verbal que, según se alega,
fue manifestado ante el coronel Johny Hernando Bautista Beltrán, entonces director de
personal del Ejército Nacional.
Con fundamento en ello, argumentó que la negativa de dichas pruebas configura un
defecto fáctico en su dimensión negativa, pues se omitió decretar y practicar
testimonios que habrían sido determinantes para establecer los hechos discutidos y
que, de haberse recaudado, podrían haber conducido a una decisión favorable al
demandante.
16Índice 00036 del expediente ordinario primera instancia en Samai, certificado 47D0DA2F29EEEC82
A1EBF655B1A837ED 78C5D969BAD01A10 7143EB268E5D53ED .
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Accionante: Darío Fernando Erazo Benavides
En consecuencia, solicitó la práctica de los testimonios del coronel Johny Hernando
Bautista Beltrán, el coronel Kurman Hernán Rivera Alfonso y el mayor Jhon Medina
Camacho, al considerar que sus declaraciones podrían modificar el sentido de la
decisión adoptada en primera instancia.
En virtud de lo anterior se advierte que la inconformidad del demandante se centró en
la decisión de no decretar ni practicar las pruebas solicitadas. En efecto, sostuvo que
las autoridades judiciales no desplegaron las actuaciones necesarias para esclarecer
el debate relativo al presunto desistimiento de la solicitud de retiro, pues, aunque la
petición probatoria se formuló de manera técnicamente inadecuada, resultaba evidente
que los funcionarios identificados debían ser convocados al proceso en calidad de
testigos para declarar sobre los hechos relacionados con la retractación que, según
afirmó, había manifestado ante la institución militar.
Asimismo, la Sala observa que los argumentos expuestos en el recurso de apelación
bajo el acápite denominado «Si operó el desistimiento, fue expreso ante el Director de
Personal del Ejército Nacional, coronel Johny Hernando Bautista Beltrán: se insistirá
en el decreto de pruebas en segunda instancia», coinciden sustancialmente con los
planteados en el escrito de tutela para sustentar la configuración de los defectos fáctico
y procedimental por exceso ritual manifiesto. Esta circunstancia evidencia que el actor
reproduce en sede constitucional los mismos cuestionamientos que formuló durante el
trámite ordinario, dirigidos a controvertir la decisión judicial relacionada con el decreto
y práctica de las pruebas solicitadas.
El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal Administrativo de Arauca
mediante auto del 21 de julio de 202317. Posteriormente, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado lo admitió18 mediante providencia del 26 de febrero de
2024. Contra esta última decisión, el demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, con el propósito de que se revocara el auto admisorio y se
dispusiera la práctica de pruebas en segunda instancia19.
Al resolver dicha solicitud, la autoridad judicial, mediante providencia del 26 de agosto
de 202420, negó el decreto de las pruebas requeridas. Consideró que el solicitante no
17 Índice 00039 del expediente ordinario primera instancia en Samai, certificado 9A4C35E0B7DB39EC
7C5F29472A76C26F 86B4045F0826200E 69E03CA46498978C .
18
Índice 00004 del expediente ordinario segunda instancia en Samai, certificado 85FBDD92218FC827
9A349B8FC160C8DC 8DD035C595E9F947 2D7A1973B0282DF3.
19 Índice 00008 del expediente ordinario segunda instancia en Samai, certificado C2B1391DB1882240
207D65044643D33E 4C6FA6B8CAFB5237 5362AE7A9E886785.
20 “La solicitud de la parte demandante es oportuna, según se desprende de la lectura de la disposición en cita; no
obstante, al analizar su contenido, se advierte que, además de referirse a la causal segunda – pues indica que se
trata de pruebas cuyo decreto se negó en primera instancia–, y de enlistar los testimonios cuya práctica solicita, no
ofrece argumentos mayores acerca de su pertinencia, conducencia y utilidad.
Al respecto, cabe destacar que el decreto y práctica de los medios de prueba parte de un estudio en relación con
dichos elementos. Los primeros aspectos, estrechamente vinculados con la idoneidad de la prueba, sobre lo cual
esta Corporación ha señalado:
"(…) necesario es señalar que la prueba judicial comporta consigo dos requisitos indispensables para su
procedibilidad, uno interno y otro externo; para el caso se hará referencia solo al requisito interno o también llamado
requisito de idoneidad de la prueba.
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Accionante: Darío Fernando Erazo Benavides
había expuesto razones suficientes que permitieran establecer su pertinencia,
conducencia y utilidad para la resolución de la controversia. Señaló que, aunque en
abstracto los medios de prueba solicitados correspondían a aquellos previstos por el
ordenamiento jurídico, al confrontarlos con el objeto del litigio no se advertía una
relación directa que justificara su práctica en esa etapa procesal.
Lo anterior permite concluir que la autoridad judicial accionada examinó expresamente
la solicitud probatoria formulada por el demandante y determinó que el expediente
contaba con elementos de juicio suficientes para resolver la controversia sometida a su
consideración. Asimismo, la Sala observa que el actor contó con diversas
oportunidades procesales para sustentar la necesidad de las pruebas solicitadas,
precisar la calidad en que debían comparecer los declarantes y exponer las razones
que justificaban su decreto. Sin embargo, más allá de insistir en que había incurrido en
un error al identificar el medio probatorio correspondiente, no aportó argumentos
adicionales que condujeran a modificar las decisiones previamente adoptadas.
Inconforme con la negativa de decretar pruebas en segunda instancia, el demandante
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de súplica. En dicha oportunidad
sostuvo que: (i) los testimonios de los funcionarios del Ejército Nacional guardaban una
relación directa con el objeto del litigio, pues podían acreditar que el desistimiento de
la solicitud de retiro se produjo antes de su aceptación; (ii) el expediente no contaba
con elementos de juicio suficientes para esclarecer los hechos controvertidos; y (iii)
había expuesto razones que justificaban la práctica de las pruebas solicitadas, más allá
del error técnico en la forma en que inicialmente fueron requeridas.
Este requisito mira el aspecto material de la prueba, es decir, su formación interna, en donde se entra a valorar su
conducencia y pertinencia. La conducencia, hace referencia a que la prueba sea de aquellos medios permitidos por
el legislador para probar un hecho. Por su parte, la pertinencia, tiene que ver con que dicha prueba no solo sea
permitida por la Ley, como ya se anotó, si no que la misma tenga una relación directa con lo que es objeto de debate.
Lo anterior significa, que para efectos de determinar la pertinencia, el Juez debe estudiar si verdaderamente existe
una relación directa entre la prueba y el hecho objeto de debate, para luego de ello rechazar aquellos medios
probatorios que no resulten idóneos frente al problema jurídico a resolver" (negrillas en el texto original).
En cuanto a la utilidad –requisito externo, siguiendo con la clasificación de la providencia citada – se ha dicho que
"(…) consiste en la necesidad de que la prueba sea útil para ayudar a obtener convicción del juez respecto de los
hechos que interesan al proceso", lo cual implica identificar si la prueba que se solicita resulta imprescindible para
el esclarecimiento de los hechos objeto del litigio.
La solicitud de pruebas elevada por la parte demandante debe negarse, advirtiendo que, si bien en abstracto
corresponden a aquellos medios de prueba que el legislador ha dispuesto para acreditar la ocurrencia de un hecho
y, en ese orden, satisface la conducencia, al confrontarlos con el objeto de la litis, no se avizora la relación directa
entre los testimonios solicitados y el debate procesal.
Lo anterior, porque, como se definió desde la fijación del litigio, este proceso se sustrae a determinar si en la
expedición de la Resolución Nro. 4739 del 4 de julio de 2018 mediante la cual se ordenó el retiro del servicio activo
al actor se incurrió en algún vicio que lleve a declarar su nulidad, para lo cual obran en el plenario los elementos de
juicio suficientes, a los que, además, en la oportunidad procesal pertinente se les dio el alcance probatorio, sin que
la parte manifestara el motivo de inconformidad que hoy constituye el único argumento de su solicitud, más allá de
haberse equivocado en la forma en que los solicitó.
Dicho de otro modo: realizado el decreto de pruebas en primera instancia, la parte demandante contó con la
oportunidad procesal para (i) rectificar la calidad en que llamaba a los declarantes y (ii) brindar al juez las razones
para proceder al decreto y práctica de la prueba testimonial.
Tampoco se cumple con el requisito de utilidad, pues visto que la decisión sobre la nulidad del acto demandado
implica una confrontación de su forma y contenido con el ordenamiento jurídico, no es la prueba testimonial la
llamada a brindar los parámetros interpretativos y valorativos al juez.” Índice 00016 del expediente ordinario segunda
instancia en Samai, certificado 766BA3CCAD74264F EFD2B68641291C2E 2E376F4B3A04E697
BE8235558E8F71B7.
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Accionante: Darío Fernando Erazo Benavides
Mediante auto del 3 de diciembre de 202421 la Subsección A de la Sección Segunda
decidió no reponer la providencia que negó el decreto de pruebas y concedió el recurso
de súplica22. En dicha decisión destacó que la mera discrepancia frente a la valoración
realizada por el juez respecto de la necesidad o procedencia de determinados medios
de prueba no constituye, por sí sola, una irregularidad procesal. Además, recordó que
las partes y sus apoderados tienen el deber de colaborar con la administración de
justicia y de contribuir al adecuado desarrollo de la actividad probatoria, conforme a lo
previsto en los numerales 6 y 8 del artículo 78 de la Ley 1564 de 2012.
Posteriormente, mediante auto del 2 de octubre de 202523, se resolvió el recurso de
súplica interpuesto por el demandante. En esa oportunidad, la autoridad judicial
concluyó que los testimonios de Kurman Hernán Rivera Alfonso, Johny Hernando
Bautista Beltrán y Jhon Medina Camacho no cumplían los requisitos previstos en el
artículo 212 del CPACA para su decreto en segunda instancia, pues no habían sido
solicitados de común acuerdo por las partes, ya habían sido negados mediante auto
del 3 de marzo de 2020 sin que se hubieran agotado oportunamente los mecanismos
procesales correspondientes y tampoco se acreditó la existencia de hechos
sobrevinientes, caso fortuito o fuerza mayor que justificaran su incorporación en dicha
etapa procesal. Adicionalmente, consideró que tales pruebas no resultaban pertinentes
ni útiles para resolver el litigio.
Con fundamento en dichas razones, confirmó la decisión de negar la práctica de las
pruebas solicitadas.
Finalmente, mediante sentencia del 5 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado24 confirmó la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca. Para ello concluyó que: (i) el Ministerio de Defensa Nacional
adelantó los trámites legalmente exigidos para el retiro del servicio del demandante,
incluido el estudio relacionado con la seguridad nacional, la necesidad del servicio y el
concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares; (ii)
únicamente a partir del 21 de mayo de 2018 se acreditó el cumplimiento de todos los
requisitos necesarios para atender la solicitud de retiro; (iii) no se configuró el silencio
administrativo negativo, dado que entre la sustentación de la solicitud y la expedición
del acto administrativo no transcurrió el término legal correspondiente; y (iv) dentro del
proceso no se demostró que el actor hubiera manifestado válidamente su intención de
retractarse de la solicitud de retiro con el propósito de participar en el curso de
inteligencia y contrainteligencia para el cual fue convocado.
5.5. Así las cosas, la Sala observa que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado expuso de manera suficiente, clara y razonada los fundamentos
21 Índice 00023 del expediente ordinario segunda instancia en Samai, certificado FBE8405DE76594C2
E1891EB9CC9627EF 3B58A6440435261B 3FF9D7AE46223AE9 .
22 Índice 00020 del expediente ordinario segunda instancia en Samai, certificado 07C962006FCE0E3E
BA8C461F405CAB3B 1170ED02CEDEBCAA AAA56B213B644503.
23 Índice 00030 del expediente ordinario segunda instancia en Samai, certificado 86BB7475C11DD8FC
D27888083BF7E3D2 2D90B70838B18757 DFF5CE7D1CD16C4E.
24 Índice 00036 del expediente ordinario segunda instancia en Samai, certificado E17618FC2F5AD35F
6916A84B0A403D1E 3D1B27ECE1CDA1CD 3F58770FF7D2B596 .
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Accionante: Darío Fernando Erazo Benavides
que la condujeron a confirmar la decisión de negar las pretensiones de la demanda. En
particular: (i) examinó los elementos probatorios obrantes en el expediente, explicó su
contenido y justificó la valoración otorgada a cada uno de ellos; (ii) concluyó qu e la
parte demandante no logró acreditar el alegado desistimiento de la solicitud de retiro
voluntario, razón por la cual no era posible predicar la configuración del vicio de falsa
motivación respecto de la resolución demandada; y (iii) consideró que no se había
satisfecho la carga probatoria necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad del
acto administrativo acusado.
De igual forma, se advierte que la autoridad judicial accionada valoró el material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica y en ejercicio de la autonomía e
independencia que le son propias. Asimismo, la Sala destaca que la ausencia de los
testimonios de los funcionarios del Ejército Nacional y de la declaración del
demandante no obedeció a una omisión inadvertida o arbitraria de la autoridad judicial,
sino al resultado de decisiones procesales adoptadas desde las etapas iniciales del
proceso, mediante las cuales se negó el decreto y la práctica de tales medios de
prueba.
En efecto, como quedó expuesto, la procedencia de dichas pruebas fue objeto de
análisis en diversas oportunidades dentro del trámite ordinario. Además, las decisiones
adoptadas al respecto fueron controvertidas por el demandante a través de los
mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico, sin que sus argumentos
prosperaran. De esta manera, la controversia relacionada con el decreto y práctica de
tales medios de convicción fue examinada y resuelta por los jueces naturales de la
causa con fundamento en las normas procesales y la jurisprudencia aplicables.
5.6. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir,
con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de las pruebas y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar:
i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración 25.
25 Sentencia SU215 de 2022.
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Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados
y eleve su argumentación a rango constitucional.
A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que el accionante ni siquiera
presentó los reparos en función de los requisitos especiales, pues a pesar de que
invocó la configuración de los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual
manifiesto, su argumentación se limitó a reproducir los reproches elevados en el (i)
recurso de reposición presentado en audiencia inicial, (ii) la solicitud de nulidad
presentada, (iii) el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
(iv) el recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del auto que admitió el
recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Arauca, (v) el recurso de reposición y en recurso súplica en contra del auto que negó
la práctica de pruebas en segunda instancia, presentados en el marco del proceso
ordinario.
Por lo que, es claro que ninguno de los defectos alegados cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues el accionante se limita a proponer un debate ya zanjado
dentro del proceso ordinario que no trasciende del ámbito de la legalidad y la simple
discrepancia con las decisiones adoptadas legalmente por el juez natural de la causa.
5.7. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de primera y segunda
instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados
en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho
fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la
órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el
principio de autonomía judicial.
5.8. Respecto de los argumentos planteados en la tutela dirigidos a demostrar la
acreditación del requisito de relevancia constitucional, específicamente que no se
pretende reabrir un debate de mera legalidad ni constituirse en una instancia adicional
frente a la valoración probatoria, para la Sala resulta evidente que ocurre todo lo
contrario; pues del análisis del expediente ordinario se dilucida que el accionante y su
apoderado han utilizado distintos recursos judiciales con el fin de enmendar el error en
la solicitud probatoria y ahora pretende lograrlo a través del uso indebido de la acción
constitucional.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
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invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una in stancia
adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 26, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 27.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Darío
Fernando Erazo Benavides contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado por no superar el requisito de relevancia constitucional, conforme lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB
26 SU-215 de 2022.
27 Ibid.
19
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