Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2019-00086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2019-00086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2019-00086-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 81001-23-39-000-2019-00086-01 (0041-2024)
Demandante: Darío Fernando Erazo Benavides
Demandadas: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Tema: Retiro por solicitud propia de las fuerzas militares. Ámbito de
aplicación de los Decretos 1790 y 1793 de 2000. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el dos (2) de diciembre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Darío Fernando Erazo Benavides instauró demanda contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho regulado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 4739 del 4 de julio de 2018, por
medio de la cual el ministro de defensa nacional lo retiró del servicio activo de las
fuerzas militares, en forma temporal y con pase a la reserva, por solicitud propia.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro al
grado de capitán, que se paguen los salarios, primas, reajustes, aumentos de sueldo
y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha en que se efectuó el retiro
y hasta el día que se dé cumplimiento a la sentencia.
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4. Que se reconozca la suma de 1 a 100 salarios mínimos, a su favor y de su
esposa, por concepto de daño moral; así como la suma de 1 a 100 salarios mínimos,
por concepto de pérdida de la oportunidad, las cuales deberán indexarse.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que ingresó al Ejército Nacional el 11 de julio de 2006 y que mediante Oficio Nro.
0720 del 5 de febrero de 2018 presentó solicitud de retiro por voluntad propia ante
el Ministerio de Defensa Nacional.
7. Que desistió tácitamente de su solicitud de retiro, en consideración a que inició
el curso de inteligencia militar y que, pese a lo anterior, se expidió la Resolución
Nro. 4739 del 4 de julio de 2018, por medio de la cual se le retiró del servicio en
forma temporal y con pase a la reserva, por solicitud propia.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 23, 29, 42, 48, 49 y 54
de la Constitución Política.
9. En el concepto de violación manifestó que el acto demandado violó su derecho
al debido proceso por indebida actuación procesal, al no habérsele notificado
personalmente; y que los hechos que se tuvieron en cuenta para su expedición no
se probaron dentro de la actuación administrativa.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
10. La demanda se admitió en auto del 25 de septiembre de 20191.
11. La entidad demandada se opuso a las pretensiones e indicó que no se demostró
que existiera alguna de las causales de nulidad contra la actuación administrativa.
Que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto demandado, en especial si
se tenía en cuenta que se siguió el procedimiento al que se refiere el Decreto 1790
de 2000, cuando un miembro de las fuerzas militares solicita su retiro por voluntad
propia2.
12. El 3 de marzo de 2020 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas3. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia del dos (2) de diciembre de
dos mil veintidós (2022), negó las pretensiones. Indicó que, respecto a las causales
1 Véase a folio 17 PDF del archivo «02Cuaderno1Continuación», del expediente digital.
2 Véase a folios 29-39 PDF, ibid.
3 Véase a folios 74-79 PDF, ibid.
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de nulidad de violación al debido proceso y expedición irregular por falta de
notificación del acto demandado, debía manifestarse que ello no constituía un vicio
de ilegalidad, en la medida que esa falencia solo producía la inejecutabilidad de la
decisión.
14. Que el material probatorio permitió concluir que el demandante se notificó por
conducta concluyente, como se confesó en la demanda, lo cual, de acuerdo con el
artículo 193 del Código General del Proceso, era válido porque la confesión por
apoderado judicial constituye medio de prueba.
15. Señaló que, con base en lo anterior, el demandante sí conoció el acto
administrativo a tiempo, razón por la que pudo solicitar su modificación y ejercer las
vías extrajudiciales para cuestionarlo. Que, en gracia de discusión, si se estimara
que la Resolución Nro. 4739 del 4 de julio de 2018 no quedó en firme, ni adquirió
carácter ejecutorio hasta el 30 de octubre de 2018, ello no constituía vicio de
ilegalidad, porque la consecuencia era que el acto era inejecutable.
16. Que cuando a pesar de la falta de notificación del acto, este se ejecuta, se está
ante una operación administrativa, por lo que procedería otro medio de control,
diferente al de nulidad y restablecimiento del derecho.
17. Concluyó que el Ministerio de Defensa Nacional sí cumplió con el trámite
especial que le exigía el procedimiento administrativo de desvinculación de un
oficial-capitán por la causal de solicitud propia, porque el demandante manifestó, en
2 ocasiones, que era su deseo retirarse de la institución, máxime si se tenía en
cuenta que: ni siquiera se insinuó que su solicitud estuviera incursa en algún vicio
del consentimiento; se emitió concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional; y no se demostró que mediaran razones de seguridad nacional
o especiales del servicio que requirieran la permanencia en actividad.
18. Frente al argumento relacionado con que la entidad demandada no le dio trámite
al desistimiento tácito de la solicitud de retiro, debía señalarse que en el expediente
no se demostró que antes de la expedición de la resolución se hubiera radicado
algún escrito en el que se solicitara retirar la petición de desvincularse y tampoco
se probó que le hubiera planteado al servidor con competencia, su decisión de
continuar en el servicio.
19. Respecto al vicio de falsa motivación, manifestó que en la demanda no se indicó
alguna circunstancia específica de la parte motiva de la resolución que fuera
contraria a la realidad fáctica o jurídica, ni se señaló, ni probó, error o razón
engañosa o simulada que se hubiera consignado en sus considerandos para aplicar
la causal de retiro que reprocha.
20. Que el fundamento legal invocado para haber expedido la resolución
demandada fue correcto, que registró el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares y la causal de retiro por
voluntad propia, resaltándose que el actor no fue el único militar destinatario de la
resolución, por lo que podía establecerse que el acto demandado no contiene algún
error o razón engañosa, fingida o simulada, o con fundamentos de hecho y de
derecho que no existan o sean contrarios a la realidad.
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21. Concluyó que como no se probaron las causales de ilegalidad que se invocaron
en la demanda, ni se acreditó alguna otra, no se desvirtuó la presunción de legalidad
del acto administrativo impugnado, por lo cual no era dable tener fundamentos
fácticos y jurídicos que respaldaran la declaratoria de nulidad pedida4.
RECURSO DE APELACIÓN
22. El demandante manifestó que el fallo de primera instancia incurrió en
desconocimiento de normas superiores y, por lo tanto, violó sus derechos
fundamentales de petición, confianza legítima, debido proceso, trabajo y libertad de
profesión u oficio.
23. Que se omitió que la entidad demandada incurrió en una vía de hecho por 2
razones: i) porque sus solicitudes de retiro constituían una petición y, como el
Decreto 1790 de 2000 no reguló un procedimiento para responderla, debía acudirse
a lo que preceptúa el artículo 9 del Decreto 1793 de 2000, que dispone que dichas
solicitudes deben atenderse en un término de 45 días, plazo que, una vez vencido
sin mediar respuesta, permite que el soldado pueda separarse del cargo sin incurrir
en inasistencia al servicio, así como continuar en el desempeño de sus funciones,
caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno; y ii) porque la Administración
no puede prolongar las respuestas a las solicitudes elevadas ante ella, razón por la
que el legislador implementó el concepto de silencio administrativo.
24. Indicó que, en su caso, sí operó el desistimiento de su solicitud de retiro y que,
por lo mismo, fue enviado a realizar el curso básico de inteligencia militar. Que, por
lo anterior, era claro que el acto demandado sí incurrió en falsa motivación porque
no se basó en hechos ciertos5.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
25. El 26 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados6.
26. Mediante auto del 30 de mayo de 2024, decidió reponerse el auto admisorio del
recurso de apelación, con el fin de resolver la solicitud probatoria que se presentó
en segunda instancia7; la cual se negó en providencia del 26 de agosto de 20248.
27. Contra la anterior providencia se interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
de súplica, el cual se resolvió en auto del 2 de octubre de 2025, en el entendido de
confirmar la providencia del 26 de agosto de 20249.
28. Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
4 Véase el archivo «051Sentencia1Instancia» del expediente digital.
5 Véase el archivo «053RecursoApelacionDte» del expediente digital.
6 Véase a índice 4 de SAMAI.
7 Véase a índice 11 de SAMAI.
8 Véase a índice 16 de SAMAI.
9 Véase a índice 30 de SAMAI.
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29. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si la Resolución Nro. 4739 del 4
de julio de 2018 se ajustó o no al ordenamiento jurídico.
Marco normativo aplicable a la carrera del personal de oficiales y suboficiales
de las fuerzas militares
30. El Congreso de la República profirió la Ley 578 de 2000, por medio de la cual
confirió facultades extraordinarias al presidente para, entre otras, expedir las
normas de carrera de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares.
31. De conformidad con esas facultades extraordinarias para legislar, se expidió el
Decreto 1790 de 2000 que, en su artículo 2, reglamentó el régimen especial de la
carrera profesional de los miembros del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la
Fuerza Aérea.
32. Dicha norma, en su Título IV, regula, entre otras situaciones, la de retiro, al
siguiente tenor:
«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la
que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de
autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad.
El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia,
Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás
grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá
delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando
se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa
justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito
de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.
Artículo 100. Causales del retiro. El retiro del servicio activo para el personal
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma
y causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
[…]
ARTÍCULO 101. SOLICITUD DE RETIRO. Los oficiales y suboficiales de la
Fuerzas Militares podrán solicitar su retiro del servicio activo en cualquier
tiempo, y se concederá cuando no medien razones de seguridad nacional o
especiales del servicio que requieran su permanencia en actividad a juicio de la
autoridad competente, excepto lo dispuesto en el artículo 102 de este Decreto».
33. Con ocasión de la misma Ley 578 de 2000, se expidió el Decreto 1793 de 2000,
el cual, según su artículo 42, aplica «[…] tanto a los soldados voluntarios que se
incorporaron de conformidad con lo establecido por la Ley 131 de 1985, como a los
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nuevos soldados profesionales». Al igual que el anterior cuerpo normativo, este
decreto regula en su Capítulo III la situación de retiro, de la siguiente manera:
«ARTICULO 7. RETIRO. Es el acto mediante el cual el Comandante de la
Fuerza respectiva, dispone la cesación del servicio de los soldados
profesionales.
ARTICULO 8. CLASIFICACIÓN. El retiro del servicio activo de los soldados
profesionales, según su forma y causales, se clasifica así:
a. Retiro temporal con pase a la reserva
1. Por solicitud propia.
[…]
ARTICULO 9. RETIRO POR SOLICITUD PROPIA. Presentada la solicitud de
retiro por un soldado profesional, su aceptación se producirá mediante orden de
personal de los respectivos Comandos de Fuerza, determinándose la fecha en
que se hará efectiva, la cual no podrá ser posterior a cuarenta y cinco (45) días
calendario contados a partir de su presentación.
Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido
sobre la renuncia, el soldado profesional podrá separarse del cargo sin incurrir
en inasistencia al servicio o continuar en el desempeño de sus funciones, caso
en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.
PARÁGRAFO. A quien se retire por voluntad propia antes de cumplir los dos
(2) años de servicio, se le hará efectiva la póliza de que trata el parágrafo 2º del
artículo 6º del presente decreto».
34. Como se observa, las precitadas normas disponen la situación de retiro, pero
difieren en que la segunda de ellas sí contempló un plazo para dar respuesta a la
solicitud que eleve el personal de las fuerzas militares. También se diferencian en
que tienen destinatarios distintos, porque el Decreto 1790 de 2000 aplica a quienes
ostentan la calidad de oficiales y suboficiales, mientras que el Decreto 1793 de 2000
rige para quienes se desempeñan como soldados profesionales.
35. La diferencia entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales:
«[…] responde a la lógica interna de organización de la fuerza pública. Al existir
estas distintas categorías jurídicas dentro del universo de personas
que conforman la Fuerza Pública, es en principio válido que el legislador las
utilice como criterio de distinción para ciertos efectos.
3.6.1.3. Revisadas las normas que regulan la materia, se encuentra que en
efecto, las tres categorías se encuentran en una situación de hecho distinta. Los
oficiales son aquellos formados, entrenados y capacitados para ejercer
la “conducción y mando” de los elementos de combate y de las operaciones de
su respectiva fuerza, mientras que a los suboficiales les corresponde las
funciones de apoyo a los oficiales. Los oficiales, en el marco de su respectivo
rango, tienen bajo su responsabilidad el mando y conducción de la tropa, de los
equipos de combate, de las operaciones, de las unidades, y por lo tanto, el peso
de las decisiones más importantes, de las cuales, en muchos casos, dependen
la vida y la integridad de sus subordinados y de los demás ciudadanos. Es el
hecho de que sobre ellos recaiga esa mayor y trascendental responsabilidad, la
que explica la diferencia en la jerarquía organizacional. Esta diferencia en la
naturaleza de las funciones y responsabilidades explica también las diferencias
en los regímenes de incorporación, ascensos, retiros, remuneración y
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pensiones. Los soldados profesionales y los agentes, por su parte, ejecutan e
implementan las decisiones de los comandantes»10 (cursivas originales).
Resolución del caso concreto
36. De acuerdo con el extracto de hoja de vida, el señor Darío Fernando Erazo
Benavides ingresó al Ejército Nacional el 1° de junio de 2009, el último grado que
desempeñó fue el de capitán y estuvo al servicio de la institución por el término de
11 años, 11 meses y 2 días11.
37. Mediante Oficio Nro. _0720_/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV8-
FURON-F2 38.0 del 5 de febrero de 2018, el demandante radicó ante el ministro de
defensa una solicitud de retiro voluntario del Ejército Nacional, sustentando razones
laborales y académicas como motivación12.
38. La anterior solicitud se acompañó de los conceptos de apoyo de los brigadieres
generales Helder Fernán Giraldo Bonilla ─comandante octava división─13 y Álvaro
Vicente Pérez Durán ─comandante fuerza de tarea─14, y del teniente coronel Miguel
Antonio Chavarro Suárez ─oficial de inteligencia fuerza de tarea Quirón─15.
39. A través de Radiograma Nro. 20183052663853/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-
JEMGF-COPER-DIPER-27-3 del 16 de mayo de 2018, el director de personal del
Ejército citó al señor Erazo Benavides para que presentara sustentación de su
solicitud de retiro el 21 de mayo de 2018, a fin de continuar con el trámite
correspondiente16.
40. Mediante Radiograma Nro. 20183091128281/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-
JEMGF-COPER-DIPER-59-2 del 14 de junio de 2018, el director de personal del
Ejército le notificó al accionante que debía presentarse para dar inicio al curso de
inteligencia y contrainteligencia17.
41. A través de Resolución Nro. 4739 del 4 de julio de 2018, el ministro de defensa
nacional lo retiró del servicio activo de las fuerzas militares, en forma temporal y con
pase a la reserva, por solicitud propia18.
42. Con base en la relación probatoria, se pone de presente que no le asiste razón
al apelante cuando sostuvo que el juzgador de primera instancia omitió que la
entidad demandada incurrió en una vía de hecho al no haber aplicado el plazo del
que trata el Decreto 1793 de 2000, porque como el actor ostentaba la calidad de
capitán y de acuerdo el artículo 6 del Decreto 1790 de 2000, este era un oficial del
Ejército Nacional, no podían aplicársele las disposiciones de las que trata el Decreto
1793 de 2000, porque este únicamente está referido a quienes tienen la calidad de
soldados profesionales.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-057 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Véase a folio 38 PDF del archivo «01Cuaderno1», del expediente digital.
12 Véase a folio 33 PDF, ibid.
13 Véase a folio 42 PDF del archivo «02Cuaderno1Continuación», del expediente digital.
14 Véase a folio 43 PDF, ibid.
15 Véase a folio 44 PDF, ibid.
16 Véase a folios 34-35 PDF, ibid.
17 Véase a folio 36 PDF, ibid.
18 Véase a folios 25-26 PDF, ibid.
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43. Además, el Decreto 1793 de 2000 preceptúa que, presentada una solicitud de
retiro por solicitud propia de un soldado profesional, su aceptación se producirá
mediante orden de personal del respectivo comando de fuerza; mientras que, en el
caso de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, la aceptación se dará
cuando no medien razones de seguridad nacional o especiales del servicio que
requieran su permanencia en actividad a juicio de la autoridad competente, es decir,
se requiere el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para
las Fuerzas Militares, conforme con lo que dispone el inciso segundo, del artículo
99 del Decreto 1790 de 2000.
44. Respecto al segundo reparo, esto es, que el juzgador de primera instancia
omitió que la entidad demandada incurrió en una vía de hecho porque prolongó la
respuesta de solicitud, configurándose un silencio administrativo negativo, debe
tenerse en cuenta que la Ley 1437 de 2011 preceptúa lo siguiente:
«ARTÍCULO 83. SILENCIO NEGATIVO. Transcurridos tres (3) meses
contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado
decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para
resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo
se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió
adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad
a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición
inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto
presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda».
45. Igualmente, se pone de presente que la directiva permanente vigente para el
2018, mediante la cual se establecieron las políticas y lineamientos en
administración de personal a desarrollar al interior del Ejército Nacional, dispuso
que los retiros de los oficiales deben contar con el apoyo del comandante de la
unidad táctica, del comandante de la brigada y del comandante de división; así como
con el concepto o entrevista psicológica, cuando cuenten con menos de 20 años de
servicio; y, solo cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos, se iniciará el
proceso de retiro.
46. Así las cosas, en este tipo de trámites sí puede configurarse el silencio
administrativo negativo de que trata el artículo 83 del CPACA, pero con la salvedad
de que ello ocurrirá cuando presentada la solicitud y esta esté completa, la
Administración guarde silencio. Es decir: una vez surtido el procedimiento que
establece la directiva permanente vigente para el 2018, habrá lugar a la
configuración del silencio administrativo negativo cuando la Administración deje
transcurrir el plazo de 3 meses después de sustentada la solicitud de retiro y no se
pronuncie respecto a la aceptación o no de aquella.
47. De acuerdo con lo anterior, el acervo probatorio demostró que el demandante
presentó su solicitud de retiro el 5 de febrero de 2018; que fue citado a entrevista
psicológica el 16 de mayo de 2018; y que el acto demandado, que consolidó la
situación jurídica de retiro, es del 4 de julio de 2018. Entonces, la Sala concluye:
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i) Que la entidad demandada no prolongó, indefinidamente, el dar
respuesta a la solicitud de retiro que presentó el demandante pues, aun
cuando transcurrieron aproximadamente 5 meses desde que radicó la
solicitud y hasta que se expidió el acto demandado, lo cierto es que obra
prueba de que el Ejército Nacional, en ese interregno, adelantó los
trámites correspondientes para proceder con la desvinculación del
demandante, lo cual implica el estudio de las circunstancias de seguridad
nacional o de necesidad del servicio y el concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.
Igualmente, como ya se indicó, el acervo da cuenta de que el demandante
presentó la solicitud de retiro acompañada de los conceptos de apoyo. Y
como este prestó sus servicios por el término de 11 años, 11 meses y 2
días, debía anexar copia de la entrevista psicológica, la cual se llevó a
cabo el 2 de febrero de 201819 y se sustentó el 21 de mayo de 2018, por
lo que solo en esa última fecha acreditó la totalidad de los requisitos para
que su solicitud fuera atendida.
ii) Que no se configuró un silencio administrativo negativo, porque entre
la fecha de sustentación de la solicitud de retiro, momento en el cual
culminó todo el procedimiento que debía surtir el demandante, y la fecha
de expedición del acto demandado, momento en el que se materializó la
manifestación de voluntad de la Administración, no transcurrió un plazo
superior a 3 meses.
48. En cuanto a que en su caso sí operó el desistimiento de su solicitud de retiro,
motivo por el cual fue enviado a realizar el curso básico de inteligencia militar, se
estima que su participación en dicho curso no constituía desistimiento, porque hasta
que su situación jurídica no se definiera, estaba en la obligación de continuar
atendiendo las órdenes de sus superiores, así como el objeto misional de la
institución castrense; máxime cuando no se probó que hubiera manifestado su
deseo de retractarse de la solicitud voluntaria de retiro, con la finalidad de participar
en el curso de inteligencia y contrainteligencia al que fue llamado.
49. En lo atinente a que el fallo de primera instancia incurrió en desconocimiento de
normas superiores y, por lo tanto, violó sus derechos fundamentales de petición,
confianza legítima, debido proceso, al trabajo y a libertad de profesión u oficio, se
pone de presente que el hecho de no haber accedido a sus pretensiones no es
constitutivo de lo que sostuvo el apelante, porque por no realizar el análisis
probatorio conforme al interés del demandante, no significa ausencia de este, pues
simplemente se trató del ejercicio de valoración de la prueba que le corresponde al
juez.
50. Entonces, ante la ausencia de material probatorio que demostrara que el
demandante desistió, tácitamente, de su solicitud de retiro voluntario del Ejército
Nacional, se concluye que el acto demandado no incurrió en falsa motivación, pues
sí se basó en hechos ciertos.
19 Véase a folios 45-46 PDF, ibid.
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Radicado: 81001-23-39-000-2019-00086-01 (0041-2024)
51. Corolario de lo anterior, ante el incumplimiento de la carga probatoria para
satisfacer los requisitos normativos indispensables a fin de conceder lo pretendido
en la demanda, se confirmará la sentencia proferida el dos (2) de diciembre de dos
mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.
De la condena en costas
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
53. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; y, en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
55. En consecuencia, se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto se
negaron totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dos (2) de diciembre de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 81001-23-39-000-2019-00086-01 (0041-2024)
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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