Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03724-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03724-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03724-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Primero (1º) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03724-01
Demandante: DARÍO FERNANDO ERAZO BENAVIDEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 26 de junio de 2026, por medio del cual la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, declaró improcedente esta acción por falta de
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 14 de mayo de 2026, el señor Darío Fernando Erazo Benavidez, por medio de
apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de la sentencia del
5 de marzo de 2026, proferida por la corporación citada, que confirmó la del 2 de
diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la
cual negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 81001-23-39-000-2019-
00086-00/01, promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora requirió:
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1. SE TUTELEN, SE GARANTICEN, SE PROTEJAN Y SE RESPETEN LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR COMO MECANISMO
EXCEPCIONAL:
• En el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia del
accionante, al incurrir en un defecto fáctico por omisión probatoria, toda vez que
la autoridad judicial omitió decretar, practicar y valorar pruebas determinantes
para esclarecer los hechos objeto de controversia, pese a que su práctica fue
solicitada de manera reiterada durante el trámite procesal.
2. EN CONSECUENCIA, SE ORDENE:
• DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el cinco (5) de marzo de dos mil
veintiséis (2026) por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 81001-23-39-000-2019-
00086-01 (0041-2024), mediante la cual se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
• ORDENAR a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión
respetando las garantías fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial, realizando una
valoración integral, razonable y constitucionalmente adecuada del material
probatorio obrante en el expediente.
• ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, al momento de emitir la nueva
providencia, valore de manera expresa las solicitudes probatorias formuladas
por la parte demandante y la incidencia sustancial de los medios de convicción
omitidos, particularmente aquellos encaminados a demostrar el desistimiento de
la solicitud de retiro y el conocimiento de dicha situación por parte de
funcionarios del Ejército Nacional, evitando incurrir nuevamente en el defecto
fáctico por omisión probatoria expuesto en la presente acción constitucional.
• SUBSIDIARIAMENTE, en caso de considerarse necesario para restablecer las
garantías fundamentales vulneradas, ORDENAR a la autoridad judicial
accionada decretar y practicar las pruebas omitidas que resultan pertinentes,
conducentes y útiles para esclarecer los hechos materia de controversia,
especialmente las declaraciones de los funcionarios del Ejército Nacional
solicitadas oportunamente por la parte actora dentro del trámite ordinario.
• Como medida de restablecimiento constitucional, ORDENAR que la nueva
decisión judicial se profiera dentro de un término razonable, garantizando un
análisis acorde con los principios de libertad probatoria, verdad material y tutela
judicial efectiva, conforme a los parámetros constitucionales desarrollados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto del defecto fáctico por omisión
en el decreto, práctica y valoración de pruebas determinantes.
3. LAS DEMAS QUE EL SEÑOR JUEZ CONSTITUCIONAL CONSIDERE PARA
PROTEGER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por el actor se sustenta en los siguientes hechos
que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta
sentencia:
Manifestó que ingresó al Ejército Nacional el 11 de julio de 2006 y que,
posteriormente, mediante Oficio núm. 0720 del 5 de febrero de 2018, presentó
solicitud de retiro por voluntad propia ante el Ministerio de Defensa Nacional.
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Indicó que el 12 de junio de 2018 se presentó ante el director de personal del Ejército
Nacional con el propósito de manifestar su decisión de desistir de la solicitud de
retiro, por lo que fue remitido a donde el jefe de personal, quien ordenó incluirlo en
el listado de aspirantes al curso de inteligencia, al cual asistió a partir del 22 de junio
de 2018. Asimismo, señaló que informó dicho desistimiento al jefe de talento
humano.
Sostuvo que el 24 de julio de 2018 le fue informado que no podía continuar con los
estudios correspondientes al curso de inteligencia militar, por instrucción del
subdirector de la institución castrense, debido a que ya había sido expedida la
Resolución núm. 4739 del 4 de julio de 2018, mediante la cual se dispuso su retiro
del servicio activo por solicitud propia.
Narró que desistió tácitamente de su solicitud de retiro, circunstancia que, a su
juicio, se evidencia en el hecho de haber iniciado el curso de inteligencia militar
dentro de la institución. No obstante, mediante la resolución mencionada fue retirado
del servicio activo en forma temporal y pese a la reserva por solicitud propia.
Indicó que, con fundamento en lo anterior, promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Resolución núm. 4739 del 4 de julio de
2018, mediante la cual fue retirado del servicio activo por solicitud propia, así como
contra las consecuencias jurídicas derivadas de dicho acto administrativo.
Manifestó que solicitó el decreto y la práctica de pruebas orientadas a esclarecer la
verdad material de los hechos, concretamente, las declaraciones del coronel Johny
Hernando Bautista Beltrán (director de personal del Ejército Nacional), del coronel
Kurman Hernán Rivera Alfonso y del mayor Jhon Medina Camacho.
Precisó que dichas pruebas fueron inicialmente solicitadas bajo la denominación de
interrogatorio y no mediante el medio de convicción técnicamente procedente, esto
es, el testimonio. Por tal razón, sostuvo que la autoridad judicial de primera instancia
omitió su decreto y práctica.
Indicó que, mediante providencia del 2 de diciembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Arauca negó las pretensiones del medio de control, al considerar
que no se encontraba acreditado el desistimiento de la solicitud de retiro y que la
administración había actuado conforme al ordenamiento jurídico.
Sostuvo que, tanto en los alegatos de conclusión como en una solicitud posterior,
reiteró la necesidad de decretar y practicar la prueba testimonial requerida. Sin
embargo, afirmó que las autoridades judiciales omitieron pronunciarse de fondo
sobre dicha petición.
Narró que contra el fallo de primera instancia interpuso recurso de apelación, en el
que insistió en que la falta de recaudo y valoración de los testimonios solicitados
constituía una irregularidad probatoria determinante, por cuanto tales medios de
convicción, en su criterio, estaban dirigidos a demostrar que había manifestado
verbalmente su desistimiento de la solicitud de retiro y que dicha circunstancia era
conocida por diversos mandos y funcionarios del Ejército Nacional.
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Indicó que, mediante el fallo del 5 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, al
concluir que no se encontraba acreditado el desistimiento de la solicitud de retiro.
1.4. Sustento de la vulneración
El extremo accionante argumentó que la acción cumple con todos los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; a su juicio, se
cumplen tanto los requisitos adjetivos como los sustantivos de procedencia.
Manifestó que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico en su
dimensión negativa, toda vez que la autoridad judicial cometió una indebida
valoración del acervo probatorio, al omitir el decreto, la práctica y la valoración de
medios de convicción que resultaban determinantes para la resolución del litigio,
pese a que fueron solicitados en distintas oportunidades procesales y cumplían los
requisitos de idoneidad y utilidad.
Indicó que en el asunto particular se encuentra acreditado el defecto fáctico de
acuerdo con, entre otras, la sentencia T-419 de 2011 de la Corte Constitucional,
que establece que este se genera “cuando la decisión impugnada carece del apoyo
probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión”.
Señaló que, tanto en el trámite de primera como en el de segunda instancia, insistió
en la necesidad de recaudar las declaraciones de varios funcionarios del Ejército
Nacional que tenían conocimiento directo del desistimiento verbal de la solicitud de
retiro y de las actuaciones institucionales posteriores que, a su juicio, evidenciaban
la continuidad de su vínculo funcional con la institución castrense.
Afirmó que, pese a la relevancia de tales medios de convicción para el
esclarecimiento de la verdad material, las autoridades judiciales accionadas
omitieron su práctica y, posteriormente, concluyeron que no existía prueba
suficiente sobre el desistimiento del retiro voluntario.
Asimismo, sostuvo que no se efectuó una valoración conjunta, integral y sistemática
del material probatorio obrante en el expediente, el cual, en su criterio, tenía la
aptitud de demostrar la existencia del desistimiento tácito alegado y su aceptación
por parte de la institución.
Manifestó que la autoridad judicial accionada le trasladó las consecuencias
derivadas de la insuficiencia probatoria que ella misma generó, en tanto tuvo por
inexistente un hecho respecto del cual se había solicitado oportunamente la
práctica de pruebas directas y determinantes para su esclarecimiento. En
consecuencia, consideró que dicha actuación produjo una afectación grave de sus
derechos fundamentales, toda vez que, a su juicio, las decisiones judiciales
cuestionadas incurrieron en una apreciación caprichosa e irrazonable del material
probatorio.
Asimismo, alegó un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez
que, según él, la autoridad judicial accionada otorgó prevalencia a un rigorismo
formal incompatible con el deber de esclarecer integralmente los hechos relevantes
para la decisión del asunto.
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Explicó que, si bien la solicitud probatoria contenía algunas imprecisiones técnicas
respecto del medio procesal idóneo para incorporar las declaraciones de
determinados funcionarios al expediente, de los hechos expuestos en la demanda
y de las peticiones formuladas a lo largo del proceso resultaba claramente
identificable que la finalidad de tales pruebas consistía en demostrar que había
desistido verbalmente de la solicitud de retiro y que dicha circunstancia era
conocida por altos mandos del Ejército Nacional.
Asimismo, sostuvo que, aun en el evento de existir un error de técnica jurídica en
la formulación de la solicitud probatoria, el ordenamiento jurídico y los principios
constitucionales imponían a la autoridad judicial el deber de dirigir el proceso y
adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad del derecho
sustancial. En ese sentido, afirmó que el apego desproporcionado a exigencias
meramente formales terminó por afectar su derecho fundamental al debido proceso.
En conclusión, consideró configurado el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, toda vez que, pese a la relevancia de los hechos cuya demostración
pretendía obtenerse mediante las pruebas solicitadas, la autoridad judicial optó por
aferrarse de manera estricta a formalidades procesales y se abstuvo de ejercer las
facultades necesarias con las que podía decretar pruebas de oficio para el
esclarecimiento de la verdad material.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 15 de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Asimismo, ordenó vincular, en calidad de terceros con interés, a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y al Tribunal Administrativo de
Arauca.
1.6. Intervenciones
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Arauca solicitó su desvinculación de la
presente acción constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en
subsidio, que se declarara la improcedencia del amparo, al no evidenciarse
vulneración alguna de derechos fundamentales.
Al respecto, señaló que las pretensiones de la tutela se encuentran dirigidas a
controvertir la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Asimismo, indicó que el accionante no
atribuyó a dicha corporación la comisión de irregularidades procesales o
sustanciales autónomas que pudieran comprometer su actuación. Por
consiguiente, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, en tanto
no se advierte una actuación atribuible al tribunal que hubiera vulnerado los
derechos fundamentales invocados.
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De igual forma, manifestó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, no se
configuró un defecto fáctico, toda vez que la decisión adoptada se sustentó en la
valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente, conforme a las reglas
de la sana crítica y a la jurisprudencia aplicable del Consejo de Estado.
Por su parte, la Secretaría General de esa corporación informó que el expediente
correspondiente al proceso ordinario se encuentra incorporado en el aplicativo
SAMAI y suministró el enlace electrónico para su consulta.
1.6.2. El Ministerio de Defensa Nacional adujo que la acción de tutela es
improcedente por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Como sustento de su posición, indicó que el señor Darío Fernando Erazo
Benavidez promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, con el propósito
de obtener la nulidad de la Resolución núm. 4739 de 4 de julio de 2018. Dentro de
dicho proceso, en la audiencia inicial celebrada el 3 de marzo de 2020, se negó el
decreto del interrogatorio de partes, decisión que fue objeto de recurso de
reposición y confirmada por el juez de conocimiento.
Precisó que, durante el trámite de la segunda instancia, el demandante insistió en
la práctica de pruebas testimoniales mediante diversas solicitudes y recursos. No
obstante, tanto la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
como la sala que resolvió el recurso de súplica concluyeron que no se cumplían ni
los presupuestos legales para decretarlas ni las características de la prueba, por lo
que las solicitudes fueron rechazadas mediante providencias que quedaron
ejecutoriadas.
Sostuvo que la controversia planteada en la tutela se limita a cuestionar
nuevamente la negativa de decretar dichas pruebas, asunto que ya fue analizado y
resuelto por los jueces naturales de la causa. En ese sentido, afirmó que no existe
una omisión probatoria ni un defecto fáctico, pues las autoridades judiciales se
pronunciaron expresamente sobre las solicitudes formuladas por el actor y
explicaron las razones por las cuales los testimonios pretendidos no constituían una
prueba idónea en tanto que no era pertinente ni imprescindible para probar el hecho
objeto del litigio.
Agregó que el expediente contaba con material probatorio suficiente para adoptar
una decisión de fondo y que la parte demandante dispuso de las oportunidades
procesales previstas en la ley para controvertir las decisiones relacionadas con la
actividad probatoria, las cuales ejerció de manera amplia mediante la interposición
de múltiples recursos.
Finalmente, señaló que acceder a las pretensiones de la tutela implicaría reabrir un
debate ya definido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y desconocer
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por ello, solicitó negar el amparo
al no evidenciarse vulneración alguna de derechos fundamentales.
1.6.3. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que
el expediente había sido devuelto al Tribunal Administrativo de Arauca desde el 6
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de abril de 2026.
1.6.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó
silencio durante el trámite de la presente acción.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 26 de junio de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C encontró acreditada la legitimación en la causa de los extremos
procesales, sin embargo, nada dijo respecto de la solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Tribunal Administrativo
de Arauca.
Antes de exponer las razones de su decisión consideró que, aunque la
solicitud de amparo se dirige formalmente contra la sentencia de segunda
instancia, haría referencia a las actuaciones surtidas en ambas instancias del
proceso ordinario, en la medida en que los reparos formulados por el
accionante respecto del decreto y práctica de las pruebas fueron planteados
de manera reiterada a lo largo del trámite judicial y recibieron respuesta
expresa por parte de las autoridades judiciales competentes.
Asimismo, dispuso estudiar de manera conjunta los defectos fáctico y procedimental
por exceso ritual manifiesto, toda vez que ambos se sustentan en un mismo
presupuesto: la inconformidad del accionante con la decisión de no decretar ni
practicar determinados medios de prueba.
En ese sentido, declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional puesto que los cuestionamientos planteados por la parte actora para
acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales no trascienden el
ámbito de la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales de la causa respecto de la negativa de decretar y practicar determinadas
pruebas en el proceso ordinario y se limita a reproducir una controversia de índole
probatoria.
Lo anterior constituyó, para el a quo constitucional, la ratio decidendi, ello por cuanto
el debate relacionado con la procedencia del decreto y práctica de las declaraciones
testimoniales de varios funcionarios del Ejército Nacional, así como con la
declaración de parte del demandante, fue objeto de análisis y pronunciamiento en
distintas etapas procesales por las autoridades judiciales competentes.
Aseguró que «el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente y no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de las pruebas y fundamentos normativos, ni que
se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario».
Expuso de manera sucinta las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en relación con las solicitudes probatorias formuladas
por la parte demandante y las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
frente a tales peticiones, con el fin de evidenciar que el asunto sometido a
consideración del juez constitucional corresponde a una controversia previamente
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examinada y decidida por la jurisdicción ordinaria.
En ese sentido, realizó un recuento de todas y cada una de las actuaciones surtidas
dentro del proceso ordinario y consideró que no existía alguna irregularidad que
ameritara la intervención en sede de tutela.
1.8. Impugnación
Con escrito de fecha 2 de agosto de 2026, el actor impugnó la providencia del a
quo y recalcó que no comparte la conclusión a la que llegó puesto que, en su
criterio, parte de una premisa equivocada, pues desconoce el verdadero alcance
del reproche constitucional formulado en la demanda de tutela.
En ese sentido, consideró que cumplió con el requisito de subsidiariedad exigido,
al haber agotado todos los mecanismos previstos dentro del proceso ordinario para
exponer su inconformidad y solicitar las pruebas que consideró necesarias, y que
dicho requisito no puede constituir un criterio para considerar que la solicitud de
tutela carece de relevancia constitucional.
En esa línea expuso que «una actuación judicial puede haber sido objeto de
múltiples pronunciamientos y, sin embargo, continuar desconociendo garantías
constitucionales cuando todas esas decisiones mantienen la misma afectación al
derecho fundamental invocado».
Asimismo, indicó que el hecho de que existan diversos autos y providencias que
negaron la práctica de los testimonios no excluye el examen constitucional; por el
contrario, demuestra que la vulneración alegada fue oportunamente advertida al
juez natural sin que hubiera sido corregida durante el trámite ordinario.
Agregó que, en ese mismo sentido, la sentencia impugnada confunde la existencia
de pronunciamientos judiciales con la ausencia de vulneración del debido proceso
y que el análisis del juez constitucional, consistente en que la controversia «fue
discutida desde las etapas iniciales del proceso», que existieron «pronunciamientos
expresos» y que el actor ejerció los mecanismos procesales correspondientes, no
resuelve el problema constitucional planteado en el escrito de tutela.
Manifestó que su objeto no consistía en demostrar la inexistencia de decisiones
judiciales sobre las solicitudes probatorias, sino establecer que todas esas
decisiones mantuvieron una interpretación excesivamente formalista que terminó
impidiendo el esclarecimiento de los hechos relevantes para resolver el litigio.
Puntualizó que la providencia impugnada desnaturaliza el concepto de «reabrir el
debate» dado que el juez de primera instancia afirma que la acción de tutela
reproduce los planteamientos expuestos en el recurso de apelación dentro del
proceso contencioso administrativo, particularmente aquellos relacionados con la
insistencia en el decreto y práctica de las pruebas testimoniales.
Lo anterior, en su criterio, lejos de desvirtuar la relevancia constitucional del asunto,
confirma que el accionante puso de presente, desde las etapas procesales
oportunas, la afectación derivada de la negativa de los jueces de primera y segunda
instancia a decretar y practicar las declaraciones testimoniales solicitadas, pese a
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tratarse de pruebas dirigidas a acreditar uno de los hechos centrales de la
controversia.
Finalmente, reiteró los argumentos con los cuales consideró la configuración de un
defecto fáctico por la omisión de decretar y practicar las pruebas solicitadas, así
como de un defecto por exceso ritual manifiesto por no haber conducido el proceso
y decretar, incluso de oficio, las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.
Concluyó que la decisión cuestionada encontró probado que no se acreditó el
desistimiento de la solicitud de retiro, pese a que esa ausencia probatoria obedeció
precisamente a la negativa de decretar y practicar las pruebas testimoniales
oportunamente solicitadas, razón por la cual la controversia planteada comprometía
directamente el derecho al debido proceso y justificaba la intervención excepcional
del juez constitucional.
1.9 Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Por medio de oficio del 10 de septiembre de 2026, el magistrado ponente de esta
decisión manifestó su impedimento para conocer del asunto invocando la causal
prevista en el numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal; sin
embargo, mediante auto del 17 de septiembre de la misma anualidad, la magistrada
Gloria María Gómez Montoya lo declaró infundado al no encontrar acreditados los
supuestos para su configuración.
Posteriormente, mediante escrito del 1° de octubre de 2026, la magistrada Gloría
María Gómez Montoya manifestó impedimento para conocer el presente asunto,
tras considerar que podría estar incursa en la causal del numeral 5º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal, el cual fue declarado infundado mediante auto
de la misma fecha, al no encontrarse configurado el supuesto de hecho de la causal
invocada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, el 26 de junio de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20191.
2.2. Cuestión previa
El Tribunal Administrativo de Arauca solicitó ser desvinculado de la presente acción
constitucional por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
petición que no fue resuelta en primera instancia.
Esta solicitud será denegada por cuanto dicha autoridad fue vinculada debido al
interés que le asiste en el presente trámite constitucional, por lo que podría verse
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.
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afectada con cualquier decisión que se adopte en este asunto.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido el 26 de junio de 2026, por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de
encontrarse superados se estudiará iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que
debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
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relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[…] el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
Igualmente, enfatizó que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo, teniendo en cuenta que la decisión
fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que este mecanismo se convierta en
una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó
en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:
[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
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En el caso que ocupa a la sala, la parte actora cuestionó la providencia del 5 de
marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, que confirmó la sentencia del 2 de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Arauca, mediante la cual denegó las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
81001-23-39-000-2019-00086-00/01, promovido contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional.
Frente a la decisión cuestionada, la parte actora afirmó, tanto en la tutela como en
la impugnación, que se configuró un defecto fáctico en su dimensión negativa, toda
vez que la autoridad judicial demandada omitió decretar, practicar y valorar las
pruebas testimoniales que, en su criterio, demostrarían el desistimiento tácito de la
solicitud de retiro voluntario.
Asimismo, indicó que se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto porque, aun cuando la solicitud probatoria presentada por la parte
demandante hubiera podido contener imprecisiones de técnica procesal respecto
de la forma en que debían incorporarse al proceso las declaraciones de los
funcionarios mencionados, la actuación judicial no podía limitarse a un rechazo
puramente formalista.
En su criterio, debía considerar que, del contenido integral de la demanda, de los
hechos expuestos y de las solicitudes elevadas, resultaba plenamente identificable
la finalidad material perseguida por la parte actora: demostrar que el señor Darío
Fernando Erazo Benavidez había desistido verbalmente de su solicitud de retiro y
que dicha circunstancia era conocida por los altos mandos de la institución
castrense.
En efecto, tanto en el trámite de primera instancia adelantado ante el Tribunal
Administrativo de Arauca como en el recurso de apelación resuelto por el Consejo
de Estado, la parte actora insistió en la necesidad de recaudar declaraciones
testimoniales de funcionarios del Ejército Nacional que tenían conocimiento directo
sobre el desistimiento verbal de la solicitud de retiro presentada por el accionante,
así como de las actuaciones institucionales posteriores que evidenciaban la
continuidad funcional del señor Darío Fernando Erazo Benavidez dentro de la
institución militar.
Es preciso señalar que la sala abordará de manera conjunta los defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que ambos se sustentan en un
mismo presupuesto: la inconformidad del accionante con la decisión de no decretar
ni practicar determinados medios de prueba. En consecuencia, el análisis conjunto
se justifica por la necesidad de establecer, en primer término, que los defectos
alegados se circunscriben a una discrepancia del accionante con la valoración y las
determinaciones adoptadas por el juez natural.
Para descender al caso concreto, se observa que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 5 de marzo de 2026, confirmó la
decisión con la cual el Tribunal Administrativo de Arauca denegó las pretensiones
del accionante dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
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Lo anterior se fundamentó en que: (i) el Ministerio de Defensa Nacional adelantó los
trámites legalmente exigidos para el retiro del servicio del demandante, incluido el
estudio relacionado con la seguridad nacional, la necesidad del servicio y el
concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas
Militares; (ii) únicamente a partir del 21 de mayo de 2018 se acreditó el cumplimiento
de todos los requisitos necesarios para atender la solicitud de retiro; (iii) no se
configuró el silencio administrativo negativo, dado que entre la sustentación de la
solicitud y la expedición del acto administrativo no transcurrió el término legal
correspondiente; y (iv) dentro del proceso no se demostró que el actor hubiera
manifestado válidamente su intención de retractarse de la solicitud de retiro con el
propósito de participar en el curso de inteligencia y contrainteligencia para el cual
fue convocado.
Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente, esta instancia
observa que el actor, en la demanda del proceso ordinario, solicitó que se
practicaran interrogatorios de parte a varios funcionarios del Ejército Nacional, así
como una declaración juramentada que sería rendida por él. Sin embargo, en la
audiencia inicial del 3 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de Arauca negó
dichas pruebas. Respecto de los funcionarios de la institución castrense, indicó que
el interrogatorio de parte no procedía; frente a la declaración juramentada, señaló
que el actor no podía ser citado como testigo ni rendir interrogatorio para probar
hechos en su propio beneficio, pues ello contrariaba la finalidad de dicho medio de
prueba.
Frente a la negativa de la declaración juramentada, el actor interpuso recurso de
reposición, que fue resuelto desfavorablemente. Posteriormente, en la audiencia del
12 de agosto de 2021, promovió incidente de nulidad, alegando que se habían
omitido oportunidades procesales para decretar y practicar pruebas. Este fue
rechazado de plano por parte del tribunal, al considerar que la situación alegada no
correspondía a la causal de nulidad invocada.
Nótese que, hasta este punto, la cuestión probatoria no pasó inadvertida, pues fue
planteada, decidida de forma expresa y posteriormente controvertida.
Seguidamente, el 15 de mayo de 2023, el actor apeló la sentencia del tribunal y
volvió a plantear la necesidad de las pruebas testimoniales para demostrar el
supuesto desistimiento verbal de la solicitud de retiro voluntario. Una vez admitida
la alzada, presentó recurso de reposición y, subsidiariamente, recurso de apelación
contra el auto admisorio, para que se revocara la decisión y se decretaran las
pruebas solicitadas en segunda instancia.
Mediante providencia del 26 de agosto, la Sección Segunda, Subsección A, negó
nuevamente el decreto de pruebas, al considerar que el actor no había explicado
suficientemente su pertinencia, conducencia y utilidad y que, aunque los testimonios
eran medios de pruebas admisibles en abstracto, no tenían una relación directa con
el objeto del litigio.
Posteriormente, el accionante recurrió nuevamente dicha decisión mediante los
recursos de reposición y, subsidiariamente, el recurso de súplica, insistiendo en que
los testimonios eran pertinentes y necesarios y que había sustentado y explicado
su utilidad, pese al error inicial.
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Finalmente, la decisión que resolvió dichos recursos confirmó la negativa de las
pruebas solicitadas, en síntesis, porque consideró que no se cumplían las reglas
para decretarlas en segunda instancia y que tampoco resultaban pertinentes ni
útiles.
Con fundamento en lo anterior y en relación con los yerros en que, presuntamente,
habrían incurrido las decisiones judiciales censuradas, de conformidad con lo
planteado por el actor en su escrito de impugnación, la sala no observa, prima facie,
una trasgresión iusfundamental que haga necesaria la intervención
excepcionalísima del juez constitucional en los procesos que son desarrollados
conforme a las reglas que el legislador estableció para ellos.
En ese sentido, resulta pertinente recordar que el debido proceso no solo
comprende el respeto por los derechos y garantías de las partes, sino también la
observancia de las reglas establecidas por el legislador para cada una de las etapas
procesales, entre ellas, las relativas a la solicitud, el decreto y la práctica de pruebas.
Así la cosas, el juez natural, en ejercicio de su competencia, está llamado a resolver
el litigio con sujeción al ordenamiento jurídico y la reglas que regulan el trámite
procesal, sin que la sola inconformidad de las partes con la aplicación de dichas
reglas permita concluir que se desconocieron sus garantías constitucionales.
Ahora bien, en relación con el argumento de la parte accionante según el cual «la
vulneración constitucional trascendía una simple discrepancia con la valoración
judicial, pues el problema radicaba en que las autoridades judiciales omitieron
decretar, practicar y valorar pruebas testimoniales determinantes, solicitadas de
manera expresa y reiterada durante el trámite del proceso», la sala no evidencia, a
primera vista, que la autoridad hubiera omitido decretar y practicar dichas pruebas
dado que estas, según criterio del juez, no fueron solicitadas en la forma
técnicamente procedente.
En ese orden de ideas, se hace aún más evidente que la disensión del actor se
dirige contra la decisión adoptada por el juez de instancia respecto de la
procedencia de las pruebas testimoniales, pues fue dicha autoridad judicial la que,
en distintas oportunidades, consideró que estas carecían de idoneidad para
esclarecer el problema jurídico planteado y, por tanto, determinó que no había lugar
a decretarlas ni practicarlas.
Con todo, aun si, en gracia de discusión, se aceptara el supuesto hipotético de que
el actor hubiera solicitado debidamente la prueba testimonial y que el fallador la
hubiera negado, ello no cambiaría el hecho de que se trata de una mera
inconformidad de índole probatoria que no trasciende al ámbito constitucional. Esto,
porque el juez de instancia, en ejercicio de su autonomía para valorar el material
probatorio y determinar el alcance de cada medio de prueba, concluyó que, en todo
caso, los testimonios no eran pertinentes ni útiles para acreditar el vicio de nulidad
atribuido al acto administrativo, que era, en realidad, el objeto que debía
demostrarse.
De hecho, se puede observar que, luego de que el juez decretó las pruebas que
consideró necesarias y negó las demás, el actor solo recurrió la providencia en
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relación con la declaración juramentada que debía rendirse por él. En cuanto a los
testimonios solicitados como interrogatorio de parte, nada dijo. Este
comportamiento procesal resulta relevante, pues evidencia que, en la oportunidad
prevista por el ordenamiento jurídico para controvertir la decisión, no formuló reparo
alguno frente a la negativa de tales pruebas y, por tanto, permitió que esta quedara
incólume.
En esa línea, teniendo en cuenta las reglas que deben observarse en el
control constitucional de las providencias judiciales y considerando lo que dice la
parte accionante en su escrito de impugnación, la sala encuentra que el reproche
formulado no trasciende la mera inconformidad con la valoración probatoria del juez
de instancia. Tampoco se evidencia, prima facie, una afectación desproporcionada
de derechos fundamentales.
Lo anterior se concluye, después de realizar un análisis riguroso del caso, y advertir
que no se vislumbra que las autoridades judiciales resolvieron el litigio sin contar
con un respaldo probatorio suficiente para adoptar una decisión ajustad a la realidad
de los hechos. Por el contrario, se evidencia que el juez de instancia fundamentó su
decisión en las pruebas allegadas debida y oportunamente al proceso, pues solo
sobre estas debía sustentar su análisis.
En ese sentido, el alcance que el juez otorgó a las pruebas allegadas respecto del
desistimiento de la solicitud de retiro voluntario hace parte de la facultad que le
asiste para valorar el material probatorio obrante en el expediente conforme a las
reglas de la sana crítica.
En efecto, lo anterior se circunscribe en una discrepancia de índole probatoria. Así,
mientras que para el actor los testimonios resultaban determinantes para probar el
hecho de que hubo un desistimiento tácito de la solicitud de retiro voluntario, para
el fallador, aun cuando hubieran sido solicitados debidamente, no resultaban
idóneos ni útiles para acreditarlo. En otras palabras, el juez otorgó a dicho medio de
prueba el valor que, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, consideró que le
correspondía, sin que se advierta que estuviera obligado a conferirles el alcance
pretendido por el accionante.
En esa misma línea, tampoco se observa que el juez natural, como director del
proceso, estuviera obligado a hacer uso de su facultad para decretar pruebas de
oficio, pues ello depende de que advierta su pertinencia y necesidad para esclarecer
los hechos relevantes del litigio. La circunstancia de que el accionante discrepe de
la decisión de no decretarlas pone de manifiesto, en últimas, su inconformidad con
la valoración probatoria efectuada por el juez natural, mas no la configuración de los
yerros que endilga a la decisión judicial.
Por otra parte, para esta sala es pertinente resaltar que el hecho de que se hubieran
resuelto todos los recursos utilizados por la parte accionante, con respuestas
desfavorables, y que posteriormente continuara planteando el mismo reproche
en sede de tutela constituye un indicio de que pretende convertir este mecanismo
en una especie de tercera instancia, como lo quiso exponer el a quo constitucional.
En ese sentido, no es de recibo afirmar que el juez de primera instancia hubiera
considerado que el agotamiento de los recursos judiciales constituía un
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requisito para verificar la falta de relevancia constitucional, pues tal afirmación
conduciría a una contradicción. Lo que se destacó fue que la controversia había
sido planteada y resuelta por los jueces naturales de la causa y que la tutela no
podía utilizarse para reabrirla.
Con fundamento en lo anterior, para la sala es evidente que adentrarse en un
estudio de los yerros en que, presuntamente, habrían incurrido las decisiones
judiciales censuradas exige dirimir un asunto de índole probatorio, que se
circunscribe a determinar el alcance y el valor de los testimonios que durante todo
el proceso ordinario solicitó la parte accionante.
Dicho estudio, implicaría establecer la incidencia y el impacto que los testimonios
solicitados hubieran podido tener en la decisión adoptada por el fallador. Así
entonces, al adentrarse el juez de tutela en el escenario planteado por el actor,
estaría desconociendo que la discusión planteada ya fue resuelta por el juez
ordinario, quien consideró que, aun reconociendo el error técnico en que incurrió la
parte accionante al momento de solicitar los testimonios, estos no resultaban
pertinentes ni necesarios para demostrar que el acto administrativo demandado
adolecía de algún vicio de nulidad. Ello, por cuanto una situación fáctica externa
nada tenía que ver con el proceso de creación y formación de acto.
Lo anterior explica por qué revisar este particular excede el juicio de validez propio
de la tutela, mediante el cual, en síntesis, solo se verifica que el juez de instancia
haya actuado dentro del marco constitucional y legal. Además, permite concluir que
los defectos planteados no son más que una mera inconformidad con el valor y el
alcance que el juez ordinario otorgó a cada una de las pruebas obrante en el
expediente.
Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para entender superado el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el debate
de instancia, se confirmará la sentencia proferida el 26 de junio de 2026, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la
acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por el Tribunal
Administrativo de Arauca.
SEGUNDO: Confirmar la sentencia de 26 de junio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese
copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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