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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03764-00

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03764-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03764-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03764-00
Accionante: Publicidad Lozano & Cía S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda en ejercicio de la acción de tutela
presentada por la sociedad Publicidad Lozano & Cía. S.A.S. contra la sentencia proferida
el 13 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm. 76001-23-33-000-
2020-00094-01 (71.888), mediante la cual se confirmó la sentencia del 25 de julio de 2024
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
formulada contra el Municipio de Santiago de Cali por los perjuicios derivados de la
congelación de nuevos registros de vallas publicitarias dispuesta en el Acuerdo 0436 de
2017.

SÍNTESIS1

La sociedad Publicidad Lozano & Cía. S.A.S. cuestiona la sentencia del 13 de febrero de
2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro
del proceso de reparación directa núm. 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888), que
confirmó la negativa de las pretensiones formuladas contra el Municipio de Santiago de
Cali por los perjuicios derivados del Acuerdo 0436 de 2017, que congeló la expedición de
nuevos registros de vallas publicitarias hasta el 31 de diciembre de 2027. La Sala declara
improcedente la acción de tutela porque no supera el requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. La sociedad Publicidad Lozano & Cía. S.A.S., por conducto de apoderado judicial,
interpuso demanda en ejercicio de la acción de tutela contra la providencia proferida
el 13 de febrero de 2026, por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro del proceso de reparación directa núm. 76001-23-33-000-2020-00094-
01 (71.888), por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, igualdad,
confianza legítima y libertad económica.

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Falta de relevancia constitucional /

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03764-00
Accionante: Publicidad Lozano & Cía S.A.S.
Se declara improcedente

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERA:AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
confianza legítima, buena fe, libertad económica y acceso efectivo a la administración
de justicia.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, dentro del
proceso radicado No. 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888).
TERCERA:ORDENAR a la autoridad judicial accionada emitir una nueva providencia
respetando los parámetros constitucionales sobre:
• daño especial;
• igualdad material;
• proporcionalidad;
• confianza legítima;
• valoración integral de la prueba 2.

B. Hechos

3. De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud
de amparo son los siguientes:

4. La sociedad Publicidad Lozano & Cía. S.A.S. es una sociedad dedicada al negocio
de la publicidad exterior visual.

5. El 18 de diciembre de 2017, la sociedad suscribió el contrato de arrendamiento núm.
054 con Plastic Lux Ltda., en calidad de arrendadora, en virtud del cual, se obligó a
poner a disposición de la arrendataria 25 vallas publicitarias, por un término de 10
años y un valor anual de $3.000.000.000.

6. El Concejo Municipal de Santiago de Cali expidió el Acuerdo 0436 de 2017 “Por el
cual se reglamenta la publicidad exterior visual mayor, menor, electrónica y/o digital,
publicidad en amoblamiento urbano y avisos en el Municipio de Santiago de Cali y se
dictan otras disposiciones”, publicado y sancionado el 27 de diciembre de ese año,
con el propósito de propender por la descontaminación visual y del paisaje, la libre
movilización, la protección del espacio público, el medio ambiente, la seguridad vial
y la simplificación de la actuación administrativa.

7. El parágrafo 4º del artículo 283 del Acuerdo dispuso congelar la expedición de nuevos

2
Índice 2 Samai.
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“Artículo 28°. La valla o elementos estructurales y la publicidad exterior visual que se encuentre instalada
y que no cumpla con la reglamentación establecida en el presente Acuerdo, deberá ser removida,
trasladada o modificada, según sea el caso, para lo cual se le concede al propietario un plazo de seis (6)
meses a partir de la sanción del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del
presente artículo. Vencido el plazo, de presentarse el mismo supuesto fáctico descrito en el precepto, en
cualquier tiempo y en todas las oportunidades en que esto ocurra, se dará aplicación a lo dispuesto en el
Parágrafo 1 del presente artículo, con el fin de dirimir dichas controversias.

En el evento de que ello no se realice, se deberán adelantar las medidas establecidas en el Título IX de
este acuerdo.”
(…) parágrafo 4º. Se congela en el Municipio de Santiago de Cali la expedición de nuevos registros de
vallas hasta el 31 de diciembre de 2027. Exceptuándose las contempladas en el presente acuerdo Artículo.
Solo se permitirá la reubicación de las vallas que por fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentado
deben ser removidas a otro lugar, caso en el cual y cumpliendo con los requisitos establecidos en el
presente Acuerdo se expedirá el registro

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Accionante: Publicidad Lozano & Cía S.A.S.
Se declara improcedente

registros de vallas publicitarias en el municipio de Santiago de Cali hasta el 31 de
diciembre de 2027.

8. La accionante afirmó que, como consecuencia de esa medida, el contrato núm. 054
de 2017 no pudo ejecutarse, lo cual le causó perjuicios materiales.

9. El 7 de febrero de 2020, Publicidad Lozano & Cía. S.A.S. presentó demanda de
reparación directa contra el Municipio de Santiago de Cali y el Concejo Municipal de
Cali, con el fin de que se declarara su responsabilidad administrativa y
extracontractual por la congelación de registros de vallas publicitarias dispuesta en el
Acuerdo 0436 de 2017. El proceso se tramitó bajo el radicado núm. 76001-23-33-
000-2020-00094-01 (71.888).

10. El 25 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda al considerar que no se configuró el título de imputación
de daño especial invocado por la actora. En particular, concluyó que la entrada en
vigencia del parágrafo 4º del artículo 28 del Acuerdo 0436 de 2017, que congeló la
expedición de nuevos registros de vallas publicitarias hasta el 31 de diciembre de
2027, no constituyó una medida que afectara de manera especial y anormal a la
sociedad demandante ni generó una ruptura de la igualdad frente a las cargas
públicas. Estimó que la sociedad actora debía adelantar los registros exigidos para
la instalación de las vallas y que no podía derivar un beneficio del hecho de haber
celebrado el contrato sin contar con las autorizaciones requeridas para su ejecución.
Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

11. La decisión fue apelada por la sociedad Publicidad Lozano & Cía. S.A.S. En su
recurso sostuvo, principalmente, que sí se encontraban acreditados los elementos
de especialidad y anormalidad requeridos para configurar el daño especial y, por
tanto, la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas; afirmó que el Acuerdo
0436 de 2017 impuso una restricción injustificada al congelar la expedición de
nuevos registros de vallas publicitarias por diez años, lo que le impidió ejecutar el
contrato celebrado con Plastic Lux Ltda. y le ocasionó perjuicios económicos.
Asimismo, cuestionó la aplicación de la normativa que regula la publicidad exterior
visual y controvirtió la condena en costas impuesta en primera instancia.

12. Mediante sentencia del 13 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida el 25 de julio de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y mantuvo la condena en costas
impuesta a la parte demandante.

13. La providencia concluyó que la congelación de nuevos registros de vallas
publicitarias prevista en el parágrafo 4º del artículo 28 del Acuerdo 0436 de 2017 no
impuso una carga singular o excepcional a la demandante, puesto que era una
medida aplicable a todos los operadores de publicidad exterior visual en el municipio
de Santiago de Cali; que la regulación de una actividad económica sometida a
intervención estatal constituye el ejercicio legítimo de competencias normativas y,
por sí sola, no genera un daño especial indemnizable; que los contratos celebrados
por particulares no crean regímenes exceptivos frente a las restricciones propias de

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Se declara improcedente

dicha actividad; y que ya existían antecedentes regulatorios similares en materia de
publicidad exterior visual.

C. Fundamentos de la vulneración

14. La accionante sostiene que la sentencia del 13 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza legítima, buena fe, libertad
económica y acceso a la administración de justicia.

15. Alega la configuración de un defecto sustantivo, por cuanto la providencia habría
efectuado una interpretación manifiestamente restrictiva e irrazonable de la figura
del daño especial. En su criterio, la Sala accionada redujo el análisis a la mera
existencia formal de una medida general y omitió estudiar la ruptura material del
equilibrio frente a las cargas públicas, equiparando erradamente igualdad formal con
igualdad material e ignorando que incluso las medidas generales pueden generar
afectaciones singulares y desproporcionadas.

16. Atribuye también un defecto fáctico, por omisión en la valoración integral de pruebas
que, según afirma, demostraban contratos previamente celebrados, inversiones
ejecutadas, arrendamientos, estudios técnicos, estructuración financiera del
proyecto y expectativas económicas consolidadas, así como la dimensión
patrimonial diferenciada sufrida por la sociedad.

17. Sostiene el desconocimiento de la confianza legítima y la buena fe, al no haberse
considerado que la sociedad estructuró su actividad económica bajo un marco
regulatorio vigente, ejecutó inversiones y asumió obligaciones contractuales
legítimas, y que la congelación absoluta de registros por diez años frustró
expectativas jurídicas y económicas consolidadas.

18. Afirma que la providencia omitió un juicio de proporcionalidad, al no evaluar si la
restricción absoluta durante una década era idónea, necesaria y proporcional en
sentido estricto, ni analizar medidas menos lesivas, mecanismos graduales, un
régimen de transición o el impacto económico diferencial de la medida.

19. Invoca, además, el desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C-
590 de 2005, SU-424 de 2016, SU-128 de 2021 y SU-913 de 2009, y sostiene que
la decisión generó afectación patrimonial, frustración de expectativas legítimas,
ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y restricción desproporcionada de
la libertad económica.

20. En memoriales presentados con posterioridad a la demanda de tutela, insistió en
que no pretende constituir una tercera instancia; solicitó la valoración integral de
pruebas documentales; y alegó que la carga patrimonial y litigiosa derivada de la
sentencia, incluidas las costas, también habría afectado la estabilidad financiera de
la sociedad y la salud física y emocional de su representante legal.

D. Trámite procesal

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Accionante: Publicidad Lozano & Cía S.A.S.
Se declara improcedente

21. Mediante auto del 20 de mayo de 20264, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar a la autoridad judicial accionada. En la misma providencia, se negó la
medida provisional solicitada por la sociedad accionante y se dispuso vincular, en
calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al
Municipio de Santiago de Cali - Concejo Municipal.

E. Oposiciones e intervenciones

22. El consejero José Roberto Sáchica Méndez5, en calidad de integrante de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Sostuvo
que la accionante pretende convertir este mecanismo en una tercera instancia para
reabrir un debate jurídico y probatorio que ya fue resuelto al confirmarse la sentencia
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Afirmó que no basta con enunciar
un catálogo de derechos fundamentales ni con invocar el título de los defectos para
reproducir los argumentos del recurso de apelación.

23. En cuanto al defecto sustantivo, indicó que la decisión se fundamentó en normas
vigentes y en criterios jurisprudenciales reiterados, y que una mera discrepancia con
la interpretación judicial no constituye un yerro técnico. Respecto del defecto fáctico,
precisó que las pruebas supuestamente ignoradas no eran idóneas para acreditar
los elementos del daño especial y que, al no configurarse ese título de imputación,
no era necesario valorar evidencias orientadas a demostrar los perjuicios
materiales. Finalmente, rechazó el cargo por desconocimiento del precedente por
falta de carga argumentativa y advirtió que los reproches sobre confianza legítima y
proporcionalidad escapan a las causales específicas de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales y concluyó que el fallo cuestionado es una decisión
coherente y razonable.

24. El Distrito Especial de Santiago de Cali6, vinculado como tercero con interés, solicitó
declarar improcedente la acción y, subsidiariamente, negar el amparo. Afirmó que
la tutela no acredita ninguno de los defectos específicos que habilitan el control
constitucional de providencias judiciales y que lo planteado es una inconformidad
con lo resuelto por el juez natural. Señaló que la sentencia cuestionada analizó de
manera motivada el título de daño especial y concluyó que la medida del Acuerdo
0436 de 2017 era general, abstracta e impersonal, aplicable a todos los operadores
de publicidad exterior visual, sin imponer una carga singular o anormal a la
accionante.

25. Agregó que buena parte de la argumentación de la actora se dirigía a cuestionar la
legalidad del acuerdo municipal, discusión ajena al medio de control de reparación
directa, y que no se configuró un defecto fáctico, pues el acervo probatorio fue
valorado y la negativa de las pretensiones obedeció a la falta de acreditación de los

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Índice 4 Samai
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Índice 11 Samai
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03764-00
Accionante: Publicidad Lozano & Cía S.A.S.
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elementos del daño especial. Finalmente, sostuvo que la controversia carece de
relevancia constitucional y que la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.

26. El Concejo Distrital de Santiago de Cali7 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al carecer de personería jurídica y de capacidad
para ser parte, y al corresponder la representación judicial del Distrito a la alcaldía.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

27. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la sociedad
Publicidad Lozano & Cía. S.A.S. contra la sentencia proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera de esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

28. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela porque no cumple el
requisito de relevancia constitucional.

29. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de
tutela8.

H. El requisito de relevancia constitucional

30. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales9; en ese orden de ideas, ha determinado que este mecanismo
implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión cuestionada10,
con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

31. En línea con lo anterior, y con el propósito de evitar que la acción de tutela sea
empleada para revivir debates propios del proceso ordinario, la Corte Constitucional
ha establecido, como requisito de procedibilidad, que la cuestión sometida a
consideración del juez constitucional debe ser de evidente relevancia constitucional,
exigencia que delimita el ámbito de intervención del juez de tutela y preserva la

7
Índice 13 Samai
8
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, MP. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, MP. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, MP. José Fernando Reyes Cuartas.

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competencia de las jurisdicciones ordinarias11.

32. En la sentencia SU-215 de 202212, la Corte Constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales no puede limitarse a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico, de modo que no resulta procedente
cuando se pretende utilizar como una tercera instancia o como un mecanismo
adicional para controvertir decisiones judiciales desfavorables, siendo necesario
que la controversia trascienda la mera inconformidad con lo decidido por el juez
natural.

33. En desarrollo de lo anterior, la Corte ha identificado que este requisito supone la
verificación de varios criterios concurrentes13: i) que el caso involucre un debate
relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental y no se
circunscriba a un asunto exclusivamente legal o económico; ii) que la controversia
no esté dirigida a reabrir discusiones ya resueltas ni a sustituir la valoración del juez
natural; iii) que se formulen argumentos orientados a demostrar la existencia de una
afectación grave, directa y desproporcionada de los derechos fundamentales
invocados, pues no basta su simple enunciación; y iv) que, especialmente
tratándose de decisiones judiciales, se evidencie una actuación claramente
arbitraria, caprichosa o contraria al orden constitucional.

34. De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el requisito de
relevancia constitucional cumple tres finalidades esenciales14: (i) preservar la
competencia e independencia de los jueces de las distintas jurisdicciones, evitando
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir
su ejercicio a controversias que realmente comprometan derechos fundamentales;
y (iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir decisiones judiciales.

35. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez de tutela
sólo se justifica cuando:

(…) la providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de
los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere
una anomalía en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la
intervención del juez constitucional15.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

36. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando
se configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: i) defecto
orgánico; ii) defecto procedimental; iii) defecto fáctico; iv) defecto sustantivo; v) error

11
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, MP. Carlos Bernal Pulido.
15
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, MP. Natalia Ángel Cabo.

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inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii)
violación directa de la Constitución.

37. En el asunto sub iudice, la sociedad Publicidad Lozano & Cía. S.A.S. cuestiona la
sentencia del 13 de febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, esa autoridad judicial incurrió
en defecto sustantivo, defecto fáctico y en desconocimiento del precedente, y,
además, desconoció los principios de confianza legítima, buena fe y
proporcionalidad. A continuación, la Sala se referirá brevemente al contenido de los
defectos invocados, con el fin de delimitar el alcance de los reproches formulados y
verificar si plantean una verdadera cuestión de relevancia constitucional.

38. El defecto sustantivo16 se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.

39. En el presente caso, la actora fundamenta el defecto en que la Subsección A habría
efectuado una interpretación “manifiestamente restrictiva e irrazonable de la figura
del daño especial”, al reducir el análisis a la mera existencia formal de una medida
general, equiparar igualdad formal con igualdad material y omitir el estudio de la
ruptura material del equilibrio frente a las cargas públicas.

40. Sobre el defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del
material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”17.

41. Según la accionante, la providencia omitió valorar integralmente pruebas
determinantes relacionadas con contratos previamente celebrados, inversiones
ejecutadas, arrendamientos, estudios técnicos, estructuración financiera del
proyecto y expectativas económicas consolidadas, así como la dimensión
patrimonial diferenciada que habría sufrido la sociedad.

42. El desconocimiento del precedente se configura cuando el juez ignora o se aparta
de la subregla de derecho fijada por la Corte Constitucional para resolver un
problema jurídico específico. La fuerza vinculante no deriva simplemente del tránsito
a cosa juzgada de la providencia, sino de la obligatoriedad de la ratio decidendi, la
cual constituye un parámetro de interpretación constitucional de obligatorio
cumplimiento para todos los jueces, en aras de garantizar la igualdad y la seguridad
jurídica18.

43. La actora afirma que la sentencia cuestionada desconoció los parámetros
establecidos en las sentencias de la Corte Constitucional C-590 de 2005, SU-424
de 2016, SU-128 de 2021 y SU-913 de 2009.

16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-354 de 2017, M.P. (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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44. Finalmente, aunque la demanda no los formula con la rigurosidad técnica propia de
las causales específicas, también alega el desconocimiento de la confianza legítima
y la buena fe, por la frustración de expectativas económicas consolidadas ante la
congelación de registros por diez años, y la omisión de un juicio de proporcionalidad,
al no evaluarse medidas menos lesivas, mecanismos graduales, un régimen de
transición o el impacto económico diferencial de la restricción impuesta por el
Acuerdo 0436 de 2017.

J. El caso concreto

45. En el presente asunto, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

46. La Sala advierte que los cargos formulados por la sociedad accionante no plantean
una controversia constitucional autónoma, sino que constituyen una reproducción
de los argumentos propuestos en el recurso de apelación dentro del proceso de
reparación directa, ahora presentados bajo la denominación de defectos
constitucionales.

47. En efecto, al sustentar el recurso de apelación, la sociedad demandante afirmó que
“se encuentra demostrado en el proceso, los elementos de especialidad y
anormalidad, que generaron una ruptura del principio de igualdad ante las cargas
públicas”. Igualmente sostuvo que el acto administrativo demandado “generó la
conformación de un daño anormal, considerable, superior al que normalmente
debieran tolerar las empresas de publicidad exterior”.

48. Por su parte, en la demanda de tutela la accionante plantea como defecto sustantivo
que “la providencia incurrió en defecto sustantivo al efectuar una interpretación
manifiestamente restrictiva e irrazonable de la figura del daño especial” y agrega
que “la Sala accionada equiparó erradamente igualdad formal con igualdad material,
ignorando que aun las medidas generales pueden generar afectaciones singulares
y desproporcionadas”.

49. La comparación de estos planteamientos evidencia que la accionante no propone
un problema constitucional nuevo, sino que insiste en la tesis jurídica expuesta
durante el trámite ordinario acerca de la configuración del daño especial y de la
ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, con el propósito de obtener una
conclusión distinta a la alcanzada por el juez natural.

50. Algo similar ocurre respecto del denominado defecto fáctico. En el recurso de
apelación formulado contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del
proceso de reparación directa, la demandante sostuvo que “PUBLICIDAD LOZANO
& CIA SAS, si adelantó trámites ante el departamento administrativo de planeación
municipal”. Asimismo, indicó que “firmó contrato con la empresa PLASTIC LUX
LTDA, a sabiendas que lo podía cumplir a cabalidad porque si había realizado las
gestiones pertinentes ante planeación municipal y contando con su experiencia de
varios años en la publicidad exterior”.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03764-00
Accionante: Publicidad Lozano & Cía S.A.S.
Se declara improcedente

51. No obstante, en la tutela afirma que la providencia incurrió en defecto fáctico porque
omitió valorar, entre otros elementos, “contratos previamente celebrados”,
“inversiones ejecutadas”, “estudios técnicos”, “estructuración financiera del
proyecto” y “expectativas económicas consolidadas”.

52. Para la Sala, este contraste permite concluir que el propósito de la accionante no es
denunciar una irregularidad constitucional en la valoración probatoria, sino obtener
una nueva apreciación judicial de los mismos elementos de convicción que sirvieron
de sustento a sus pretensiones dentro del proceso de reparación directa.

53. Sin embargo, tales planteamientos ya habían sido examinados por el juez natural.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó que no se acreditaban los
elementos de especialidad y anormalidad propios del daño especial, porque la
congelación de nuevos registros de vallas publicitarias constituía una medida
general aplicable a todos los operadores de publicidad exterior visual y no una carga
singular impuesta exclusivamente a la demandante. Asimismo, señaló que la
sociedad no cumplió los requisitos que le hubieran permitido instalar las vallas
comprometidas en el contrato suscrito con Plastic Lux Ltda.

54. Esa determinación fue confirmada por la Subsección A de la Sección Tercera, que
advirtió que los argumentos de la apelación estaban dirigidos principalmente a
cuestionar la legalidad y motivación del Acuerdo 0436 de 2017, asuntos ajenos al
análisis propio del daño especial. Además, reiteró que la medida de congelación
constituía una carga general para todos los administrados y que la regulación de
una actividad económica sometida a intervención estatal hace parte de las cargas
que deben soportar quienes desarrollan esa actividad.

55. Lo mismo sucede con los argumentos relacionados con la confianza legítima y la
proporcionalidad. En el recurso de apelación la actora sostuvo que la medida
cuestionada constituía “una medida caprichosa sin soporte técnico, ambiental o
legal”. Asimismo, afirmó que “al congelar por 10 años la expedición de nuevos
registros de vallas, le impidió cumplir con dicho contrato y obtener la ganancia por
el ejercicio de su actividad económica como empresa de publicidad exterior”.

56. Entretanto, en la tutela expone que “la sociedad accionante había estructurado
jurídicamente su actividad económica bajo un marco regulatorio vigente” y que “la
congelación absoluta de registros durante diez años constituye una restricción
intensísima de la libertad económica”.

57. Nuevamente se observa que los cuestionamientos formulados corresponden
sustancialmente a la misma inconformidad presentada en la apelación, referida a
los efectos que produjo la regulación municipal sobre la actividad económica
desarrollada por la accionante. Por consiguiente, tampoco en este punto se plantea
una controversia constitucional autónoma que amerite la intervención excepcional
del juez de tutela.

58. En esas condiciones, la Sala encuentra que la presente acción de tutela persigue

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03764-00
Accionante: Publicidad Lozano & Cía S.A.S.
Se declara improcedente

reabrir el debate jurídico, probatorio y valorativo ya resuelto por el juez natural dentro
del proceso de reparación directa. Así, es claro que los defectos invocados no son
más que una reformulación constitucional de los argumentos ordinarios examinados
por la autoridad judicial accionada, circunstancia que impide tener por satisfecho el
requisito de relevancia constitucional.

59. Por consiguiente, la demanda no cumple uno de los presupuestos generales de
procedencia exigidos para el estudio excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, razón por la cual la solicitud de amparo será declarada improcedente.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Ausente con permiso
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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