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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2020-00094-01

Especial: la especialidad y anormalidad de un daño como elementos fundantes del título

Fecha
13 de febrero de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2020-00094-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para este efecto, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de un (1) SMLMV, a favor de la parte demandada. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital y REMITIRLA al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2020-00094-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

13 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888)
Actor: Publicidad Lozano & Cía. S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo Municipal
Referencia: Reparación directa

Temas: ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN – ELEMENTOS DEL DAÑO
ESPECIAL - la especialidad y anormalidad de un daño como elementos fundantes del título
de imputación del daño especial no pueden ser sustentados bajo argumentos que cuestionen
la legalidad del acto administrativo que impuso la medida que pudo supuestamente
desbalancear las cargas públicas, toda vez que tales circunstancias, además de no ser
propias del medio de control que se promueve, desconocen una premisa básica del daño
especial, la cual es que el daño cuya reparación se pretende se derive de un actuar lícito de
la administración / DAÑO ESPECIAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGLAMENTADAS - la
expedición de regulaciones y su aplicación, en el marco de actividades económicas
reglamentadas, como lo es la publicidad exterior, en ningún caso puede ser entendida como
un evento dañino, pues corresponde no solo al ejercicio de una competencia legal y
constitucional, sino, además, a las cargas propias que los administrados deben soportar al
decidir ejercer la actividad económica que es reglamentada / CONDENA EN COSTAS –
DEFENSA EJERCIDA POR APODERADO DE PLANTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA -
esta circunstancia no es suficiente para enervar la condena en costas, pues el hecho de que
no se hayan realizado pagos adicionales distintos al salario que el abogado de planta percibe
no desconoce que las costas del proceso se hayan causado / DISCUSIÓN DE LAS COSTAS
PROCESALES - los reparos respecto de las sumas correspondientes a expensas y agencias
en derecho, según lo previsto en el numeral 5º del artículo 366 del Código General del
Proceso, deben ventilarse mediante los recursos procedentes contra el auto que apruebe la
liquidación de las costas.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los perjuicios causados por la expedición de un
Acuerdo municipal que congeló la expedición de nuevos registros de vallas
publicitarias en la ciudad de Cali.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 25 de julio de 2024 1 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
presentada el 7 de febrero de 20202 por la sociedad Publicidad Lozano y Cía. S.A.S.,
en contra del municipio de Santiago de Cali / Concejo Municipal de Cali, con el
propósito de que se le declare administrativa y extracontractualmente responsable

1 Índice 82 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
2 Índice 94 SAMAI, actuaciones de primera instancia, Folio 1 a 78.

1

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888)
Actor: Publicidad Lozano & Cía. S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal.
Referencia: Reparación directa

por haber congelado la expedición de nuevos registros de vallas publicitarias hasta el
31 de diciembre de 2027, mediante la expedición del Acuerdo 0436 de 2017 3. La parte
actora solicitó el pago de perjuicios a título de daño emergente y lucro cesante4.

2. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal

fueron los siguientes:

Hechos5

3. Publicidad Lozano & Cía. S.A.S., es una sociedad dedicada al negocio de la
publicidad. En desarrollo de su objeto social, el 18 de diciembre de 2017 suscribió el
“contrato de arrendamiento” 054, según el cual, en calidad de arrendador, se
comprometía a brindar a la sociedad Plastic Lux Ltda., en calidad de arrendataria,
todos los servicios necesarios para la divulgación de la publicidad de sus clientes,
poniendo a su disposición para tal fin un número de 25 vallas. El contrato fue suscrito
por el término de 10 años y por un valor anual de 3.000´000.000.

4. El Concejo municipal de Cali, con el fin de propender por la descontaminación visual

y del paisaje, la libre movilización, la protección del espacio público, el medio
ambiente, la seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa, expidió
el Acuerdo 0436 de 20176, el que fue publicado y sancionado el 27 de diciembre de
ese año.

5. En el parágrafo 4º del artículo 28 del citado Acuerdo se determinó que en el
municipio de Santiago de Cali se congelaría la expedición de nuevos registros de
vallas publicitarias hasta el 31 de diciembre de 2027.

6. Derivado de dicha disposición, afirmó la sociedad demandante que el mencionado

contrato 054 de 2017 no pudo ser ejecutado, lo que le causó perjuicios materiales.

Fundamentos de derecho
7. Los demandantes señalaron que el daño reclamado resultaba imputable a título de

daño especial.

Las contestaciones de la demanda

La defensa del Municipio de Santiago de Cali / Concejo Municipal
8. El municipio de Santiago de Cali presentó contestación a la demanda y su reforma7,

en la que se opuso a los hechos y pretensiones; formuló las siguientes excepciones
de mérito: (i) legalidad de la actuación del Concejo Municipal de Santiago de Cali; (ii)

3 Índice 94 SAMAI, actuaciones de primera instancia Folio 19.
4 A título de perjuicios materiales, la parte actora solicitó la suma total de $42.900´000.000, tal como se desprende

de las pretensiones de la demanda reformada (Índice 12 SAMAI, actuaciones de primera instancia). En el acápite
de cuantía de la demanda reformada, la parte actora discriminó dicho valor así: daño emergente: $12.900´000.000;
lucro cesante: 30.000´000.000.
5 Índice 12 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Se precisa que, si bien la demanda inicial fue reformada, los

hechos del proceso no fueron objeto de reforma. En todo caso, a efectos de narrar los fundamentos fácticos se
tienen en cuenta los plasmados en el escrito de reforma.
6 “Por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual mayor, menor, electrónica y/o digital, publicidad en

amoblamiento urbano y avisos en el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”.
7 Índice 15 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Índice 25 SAMAI, actuaciones de primera instancia.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888)
Actor: Publicidad Lozano & Cía. S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal.
Referencia: Reparación directa

inexistencia de daño antijurídico indemnizable, pues las nuevas piezas documentales
que se habían acompañado con la reforma de la demanda eran insuficientes para
probar los perjuicios materiales solicitados. Llamó en garantía a Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A., Axa Colpatria, Allianz Seguros S.A. y Zúrich Colombia
Seguros S.A. (antes QBE Seguros S.A. y ZLS Aseguradora de Colombia S.A.), con
fundamento en la póliza de seguro 1501216001931 de fecha 10 de abril de 2017 8,
llamamiento que fue admitido por el a quo.

La contestación de Zúrich Colombia Seguros S.A.9

9. Como excepciones a los argumentos presentados por la parte actora formuló las

siguientes: (i) inexistencia de daño antijurídico; (ii) no existe rompimiento del equilibrio
ante las cargas públicas; (iii) configuración del hecho exclusivo de la víctima; (iv)
existencia de multiplicidad de causas en la producción del daño; (v) la demandante
incumplió el deber de mitigación del daño; (vi) inexistencia o sobrestimación de los
perjuicios. Igualmente coadyuvó las excepciones propuestas por el municipio de
Santiago de Cali.

10. Respecto del llamamiento en garantía, formuló los siguientes medios exceptivos:

(i) ausencia de cobertura de la póliza de seguro; (ii) limitación de la cobertura al
clausulado de la póliza: (iii) la póliza solo está llamada a cubrir la responsabilidad
contractual del asegurado; (iv) la responsabilidad cuya declaración se pretende debe
respetar el monto asegurado; (v) existencia de deducible; (vi) existencia de
coaseguro; (vii) prescripción de la acción derivada del contrato de seguro.

La contestación de Axa Colpatria10

11. Se opuso a los argumentos presentados por la parte actora y formuló las siguientes

excepciones: (i) inepta demanda (ii) haberse dado a la demanda el trámite de un
proceso diferente al que correspondía; (iii) caducidad de la acción; (iv) falta de
acreditación de los elementos esenciales del título de imputación de daño especial.

12. Respecto del llamamiento en garantía, formuló los siguientes medios exceptivos:

(i) inexistencia de amparo ante la no configuración del riesgo asegurado; (ii)
coaseguro; (iii) existencia de límite y sublímite en la póliza de seguro; (iv) existencia
de deducible a cargo del asegurado.

La contestación de MAPFRE11

13. Formuló las siguientes excepciones: (i) inepta demanda (ii) haberse dado a la

demanda el trámite de un proceso diferente al que correspondía; (iii) caducidad de la
acción; (iv) falta de acreditación de los elementos esenciales del título de imputación
de daño especial.

8 Índice 15 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF pág. 256.
9 Índice 14 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
10 Índice 44, actuaciones de primera instancia.
11 Índice 43, actuaciones de primera instancia.

3

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888)
Actor: Publicidad Lozano & Cía. S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal.
Referencia: Reparación directa

14. Respecto del llamamiento en garantía, formuló los siguientes medios exceptivos:

(i) inexistencia de amparo ante la no configuración del riesgo asegurado; (ii)
coaseguro; (iii) existencia de límite y sublímite en la póliza de seguro; (iv) existencia
de deducible a cargo del asegurado.

La contestación de Allianz Seguros S.A.12

15. Formuló como excepciones las siguientes: (i) culpa exclusiva de la víctima; (ii)

inexistencia de título de imputación en contra del demandado; (iii) ausencia de prueba
de los perjuicios solicitados y excesiva valoración.

16. Respecto del llamamiento en garantía, planteó los siguientes medios exceptivos:

(i) inexistencia de cobertura por ausencia de un hecho dañino súbito; (ii) exclusión
por inexistencia de daños patrimoniales puros; (iii) inexistencia de amparo pues el
Acuerdo 0436 de 2017 es un acto potestativo del asegurado; (iv) delimitación
contractual mediante exclusiones y garantías; (v) existencia de coaseguro; (vi)
deducible pactado en la póliza; y, (vii) inexistencia de restablecimiento automático de
la suma asegurada.

Alegatos de conclusión
17. Surtida la etapa probatoria 13, se ordenó correr traslado a las partes y llamados en

garantía para alegar de conclusión, oportunidad en la que el Ministerio Público guardó

12 Índice 42, actuaciones de primera instancia.
13 Las pruebas decretadas fueron las siguientes: Documentales: Certificado de Existencia y Representación Legal

de Publicidad Lozano y Cía S.A.S.; Copia acuerdo 0436 de 2017; Copia del contrato No. 054 de 2017; Certificación
suscrita por la Sra. María Luz Amparo Zapata; Acta y constancia expedida por la procuraduría; Cuenta de cobro
No. 01 de fecha 1 de diciembre de 2017; Cuenta de cobro No. 002 de fecha 19 de enero de 2018; Paz y salvo;
Certificación de fecha 20 de diciembre de 2017; Certificación de fecha 10 de enero de 2018; Contrato de trabajo
de Tatiana Parra Lozano; Acuerdo 0179 de 2006; Contrato No. 054 de 18 de diciembre de 2017; Carta información
Plastic lux, sobre incumplimiento del contrato; Carta aceptación de Plastic lux, sobre incumplimiento del contrato;
Carta comunicación Plastic lux de aceptación de la demanda; Copia de contratos de compraventa para la
instalación de las vallas publicitarias; Copia de contratos para la desinstalación de las vallas; Certificación de
cimentación y resistencia de las vallas publicitarias; Proyección de 10 años para el arrendamiento de vallas
publicitarias; Contrato de arrendamiento de sitios para la instalación de vallas; Contrato de cobro de indemnización;
Diseños estructurales de vallas memorias de cálculos; Estudio de suelo; Estudio de factibilidad de sitios donde se
ubicaron las vallas; Registros de perforación – resumen de ensayos de laboratorio y gráficas; Fotografías de
desmonte de vallas; Fotografía de material guardado en bodegas; Contrato de arrendamiento de bodega; Contrato
de arrendamiento de sitios donde serían instaladas las bodegas; Copia auténtica póliza responsabilidad civil
extracontractual No. 1501216001931; Certificados de Existencia y Representación Legal de las compañías de
seguro llamadas en garantía; Copia Oficio No. 201341110071719-2 de fecha 26 de septiembre de 2013; Copia
oficio No. 2013413110141131 de fecha 30 de septiembre de 2013; Copia oficio No. 2013413110141131 de fecha
30 de septiembre de 2013; Copia oficio No. 202041210100027594 de fecha 22 de septiembre de 2020; Copia
oficio No. 202041320300009224 de fecha 22 de septiembre de 2020; Registros enviados por Planeación Municipal;
Copia de oficio No. 202041210100008311 de fecha 23 de septiembre de 2020; Copia oficio No.
201741320300141032; Copia oficio No. 201941320300085305; Copia oficio No. 201941320300116451; Copia
oficio No. 201941320300115722; Copia oficio No. 2019413203001322561; Copia oficio No.
201841320300140852; Copia Oficio No. 201941320300132271; Copia acuerdo No. 0179 de 2006; Trámite
administrativo del Acuerdo 0436 de 2017; Oficio No. 2021-00075 de fecha 22 de enero de 2021; Matrículas
inmobiliarias No. 370-10527,370-332873, 370-197667, 370- 432013, 370-713991, 370-20267, 370-277840 y 370-
73097 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Cali; Copia póliza de responsabilidad civil
extracontractual No. 15012160019631; Copia póliza de responsabilidad civil extracontractual No.
15012160019631; Copia póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 15012160019631; Escritura Pública
No. 1470; Certificado de Existencia y Representación Legal de Zúrich Colombia Seguros; Copia de las Condiciones
Generales y Particulares de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1501216001931; Copia de las
Condiciones Particulares de la Póliza de Responsabilidad Civil No. 000706536385; Copia del Certificado expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se consagra que la dirección de notificación electrónica de
Ricardo Vélez Ochoa; Condiciones de la póliza No. 1501216001931. TESTIMONIOS: Jairo Ríos Álvarez
(Desistido. El testigo murió previo a rendir el testimonio); Luís Fernando Oquendo (desistido); Tatiana Parra Lozano
(practicado audiencia de pruebas del 28 de marzo de 2023); Juan Manuel Llanos Aguilar (desistido); Estiven David
Aristizábal Rojas (desistido); Manuel Salvador Castaño Castaño (desistido); Lucy Alvarado Suárez (practicada

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888)
Actor: Publicidad Lozano & Cía. S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal.
Referencia: Reparación directa

silencio y los demás sujetos procesales reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda y en la defensa14.

La decisión del tribunal15

18. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca16 negó las pretensiones de la
demanda por considerar que no se acreditó la existencia de un daño especial que
pudiera configurar una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas.

19. Empezó su análisis indicando que era procedente el medio de control de reparación

directa por invocarse el título de imputación del daño especial en la demanda, en
consonancia con la jurisprudencia sobre la materia.

20. El Tribunal descartó que la censura de la demanda estuviera dirigida a cuestionar

la legalidad del parágrafo 4 del Acuerdo 0436 de 2017; sin embargo, en su análisis
concluyó que la medida allí adoptada era acorde con la Ley 140 de 1994 y respondía
a fines legítimos en cumplimiento de lo previsto en dicha norma

21. Señaló que la especialidad y anormalidad del daño no se configuraron en el caso

concreto, pues con la expedición del Acuerdo 0436 de 2017 no se le impuso a la
sociedad demandante una carga anormal ni especial, ya que era aplicable a todas las
empresas que se dedicaran a la actividad publicitaria.

22. Se analizaron los requerimientos que las empresas de publicidad debían cumplir,

para lo cual se concluyó que si bien la Ley 140 de 1994 no consideró la posibilidad de
congelar las solicitudes de registro de vallas publicitarias, el Acuerdo 0436 de 2017 sí
previó tal situación en desarrollo del principio de rigor subsidiario, de manera que
resultaba viable aplicar lo dispuesto en el acuerdo municipal con preferencia frente al
contenido marco nacional. Dijo que incluso si tal disposición no existiera, la sociedad
demandante no cumplió con ninguno de los requerimientos que le hubiesen permitido
instalar las vallas comprometidas en el contrato 054 de 2017.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

23. La parte actora cuestionó la decisión de primera instancia y presentó los siguientes

argumentos para señalar que estaba demostrada en el proceso la existencia de un
daño especial17: (i) que existió una indebida aplicación de la normativa que rige la

audiencia de pruebas del 28 de marzo de 2023); María Luz Amparo Zapara Rodríguez (desistido); María Eufrocina
Alcalá Triana (practicada audiencia de pruebas del 28 de marzo de 2023). INTERROGATORIO DE PARTE:
Practicado en audiencia de pruebas del 28 de marzo de 2023. OFICIOS: Se le ordenó a la sociedad demandante
que acredite: i) los pagos realizados por concepto de arrendamiento de los inmuebles en los que estaban
levantadas las vallas de publicidad; ii) el pago del IVA sobre el canon de arrendamiento; iii) los pagos realizados
a los profesionales que expidieron el certificado de cimentación y resistencia de cada una de las vallas enlistadas
en el contrato de arrendamiento; iv) los pagos realizados por la instalación y desinstalación de cada una de las
vallas referidas en el contrato de arrendamiento; v) el pago realizado, por concepto de la cláusula penal, a la
sociedad Plastic Lux Ltda. y vi) los demás pagos relacionados con la logística y los elementos requeridos para la
instalación de las vallas publicitarias.
14 Índices 76, 77, 69, 78, 79 y 72 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
15 Índice 82 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
16 En la sentencia de primera instancia el Tribunal declaró fundado el impedimento manifestado por la Magistrada

Luz Elena Sierra.
17 Índice 85 SAMAI, actuaciones de primera instancia.

5

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888)
Actor: Publicidad Lozano & Cía. S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal.
Referencia: Reparación directa

actividad económica de publicidad; (ii) se probó la configuración de los elementos del
título de imputación de daño especial, lo que justifica la configuración de un daño
antijurídico ante la imposibilidad de cumplir el contrato 054 de 2017; y, (iii) era
improcedente la condena en costas.

24. Eldesarrollo de los anteriores argumentos será expuesto en lo pertinente al
resolver de fondo sobre el recurso.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Objeto del recurso de apelación

25. Teniendo en cuenta lo expuesto por la parte actora en su recurso, la ruta decisoria

se contrae a estudiar: (i) la configuración del título de imputación de daño especial; y,
(ii) la viabilidad de la condena en costas impuesta en primera instancia.

La configuración del título de imputación de daño especial
26. Como sustento de este reparo, el recurrente afirmó que en el proceso se acreditó

la configuración de los elementos del título de imputación de daño especial, relativos
a la especialidad y la anormalidad del daño; sin embargo, la argumentación
presentada en el recurso se encuentra dirigida a plantear reproches a la legalidad del
Acuerdo 0436 de 2017, como pasa a explicarse.

27. Elsustento del recurso no desarrolla de qué manera estarían probados los
mencionados elementos del daño especial, pues el grueso de las razones ofrecidas
se dirige a enjuiciar la legalidad del Acuerdo 0436 de 2017, ya que censura la
motivación del acto administrativo y su contradicción frente a una norma anterior en el
tiempo y de superior jerarquía, como es la Ley 140 de 1994.

28.Para justificar la anormalidad y gravedad del daño, afirma que el Acuerdo municipal
había sido expedido de forma “caprichosa” y sin ningún “criterio o Justificación”, lo que
implica un cuestionamiento frente a los motivos del acto administrativo18, lo cual no es
susceptible de análisis en el medio de control de reparación directa ni se encamina a
demostrar la especialidad o la anormalidad del daño. Argumentos como el esgrimido
corresponden a una típica censura de la legalidad de un acto administrativo que, en
sentir del apelante, no satisfizo la motivación necesaria para que pueda considerarse
legal.

29. Así mismo, el recurrente indica que no era dable aplicar la decisión municipal, toda

vez que se debió acudir preferentemente a lo dispuesto en la Ley 140 de 1994, en la
medida en que dicha norma, no previó ningún tipo de restricción, sanción o bloqueo

18 En el recurso literalmente se lee: “La expresión “Se congela en el Municipio de Santiago de Cali la expedición

de nuevos registros de vallas hasta el 31 de diciembre del 2027”, no hace parte de la reglamentación de publicidad
exterior efectuada por el Concejo en el Acuerdo No. 0436 de 2017, sino una PROHIBICIÓN, establecida sin
ningún criterio o justificación de carácter técnico, legal, ambiental, y/o administrativo que demuestren siquiera
sumariamente que la decisión adoptada se toma por afectación al paisaje y al ambiente sano, siendo necesario lo
anterior, para demostrar que LA MEDIDA NO ES CAPRICHOSA”. (destacado del texto original).

6

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888)
Actor: Publicidad Lozano & Cía. S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal.
Referencia: Reparación directa

para las empresas que se dedican a la actividad comercial de publicidad exterior
visual19.

30. De esta manera, salta a la vista que la argumentación ofrecida no está dirigida a

analizar los elementos del daño especial, sino a plantear un dilema hermenéutico que
tampoco es propio ni del medio de control que se ventila ni del problema jurídico que
desde las pretensiones de la demanda fue planteado, pues en el libelo se adujo la
legalidad del acuerdo municipal, sin formular cuestionamientos como los que ahora se
presentan en sede de apelación.

31. Como conclusión de su argumentación, el recurrente afirmó que a pesar de que el

acto administrativo era legal, le ocasionó un daño a los demandantes, pues la
reglamentación adoptada por el municipio impuso una sanción o bloqueo sin ningún
motivo que así lo sustente20, con lo que nuevamente se alude a la ausencia de
motivación del acto administrativo causante del daño, sin posibilidad de entender que
con tal alegato se esté refiriendo a la excepcionalidad del daño pues este solo se abre
paso cuando no media tacha de legalidad del acto, esto es, cuando el daño se deriva
de un actuar lícito de la administración21.

32. No se desconoce que tanto en la demanda22 como en el escrito de apelación23 la

parte actora afirmó que el Acuerdo 0436 de 2017 es legal; sin embargo, tal

19 Se transcribe en forma literal: “Se tiene entonces, que al establecer en el acuerdo municipal “congelar” en la

entidad territorial la expedición de nuevos registros de vallas hasta el 31 de diciembre del 2027 (10 años),
establece una restricción, ya que en dicho acuerdo reglamenta la publicidad visual exterior en el municipio
conforme a la Ley 140 de 1994, también establece en su artículos 8º al 20, el registro de vallas, su aprobación,
negación y otros, donde solo podrá negarse el registro si no cumple con lo establecido en la Ley 140 de 1994 y en
el mismo Acuerdo Municipal 0436/2017. Ahora bien, la Ley 140 de 1994 no contempla que se congele la
expedición de nuevos registros, solo establece una reglamentación del registro para su aprobación o negación.
(…) (destacado del texto original)
Al analizar la Ley 140 de 1994, dicha norma reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional,
donde el Concejo lo debe hacer a nivel territorial, pero la norma no establece restricciones, sanciones o
bloqueo para el registro de nuevas vallas. El parágrafo 4º del artículo 28 del el Acuerdo No. 0436 de 2017,
establece una restricción del acceso a un registro legal, ya que “congela” los nuevos registros de vallas
por 10 años, la cual no hace parte de la reglamentación de la publicidad exterior visual, sino una especie
de sanción o bloqueo para las empresas sin soporte técnico, ambiental o legal”. (se destaca).
20 Transcripción literal: “Conforme a lo expuesto, con el acto administrativo legal antes citado se ocasionó un daño

que el demandante no estaba en el deber jurídico de soportar, por cuanto la reglamentación de publicidad exterior
en el Municipio de Cali impuso una sanción o bloqueo para las empresas de publicidad de manera caprichosa,
echándose de menos en el asunto sub judice un estudio, motivo o razón que soporte el hecho de congelar la
expedición de nuevos registros por 10 años, más aún, cuando no contemplaron un plazo de gracia ni
socializaron con las empresas de publicidad esa situación. Lo anterior no fue tenido en cuenta por el Tribunal para
negar las pretensiones de la demanda”. (destacado del texto original)
21 “A manera de síntesis, para que pueda hablarse de responsabilidad administrativa por daño especial, es

indispensable la concurrencia de los siguientes requisitos tipificadores de la figura, a saber: a) Que se desarrolle
una actividad legítima de la administración; b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del
derecho de una persona; c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de la
igualdad frente a la ley y a las cargas públicas; d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y
especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados; e) Debe existir un nexo causal entre
la actividad legítima de la administración y el daño causado; y f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser
encasillado dentro de otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración. Se trata, entonces, de una
responsabilidad objetiva dentro de la cual demostrado el hecho, el daño y la relación de causalidad entre uno y
otro se produce la condena, teniendo en cuenta (...) que se presenten los demás elementos tipificadores de este
especial régimen”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1991, Exp. 6.453. M.P.
Daniel Suárez Hernández, jurisprudencia reiterada de forma reciente por el Consejo de Estado, Sala Plena de la
Sección Tercera, en sentencia del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
22 “Lo anterior generó para la empresa un perjuicio material inmenso, persiguiéndose la reparación de los daños

causados con la expedición del acto administrativo (acuerdo 0436 de 2017) cuya legalidad no se cuestiona y que
a pesar de ello produce un perjuicio que pone a mi cliente en una situación de desequilibrio (…)”.
23 En el recurso literalmente se indica: “Conforme a lo expuesto, con el acto administrativo legal antes citado se

ocasionó un daño que el demandante no estaba en el deber jurídico de soportar, por cuanto la reglamentación de
publicidad exterior en el Municipio de Cali impuso una sanción o bloqueo para las empresas de publicidad de

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888)
Actor: Publicidad Lozano & Cía. S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal.
Referencia: Reparación directa

aseveración resulta contradictoria, en la medida en que la materialidad de los
argumentos que se presentan en esta instancia constituyen reproches a la legalidad
del acto administrativo, so pretexto de configurar los elementos del daño especial. En
esta medida, aun considerando tal acusación, la misma no se opone a las bases
medulares de la sentencia que se cuestiona, sin que esta instancia pueda obviar tal
omisión o suponer motivos de reproche o asumir un control oficioso de legalidad de la
decisión del Tribunal.

33. Se resalta que el quo se refirió a que con la expedición del Acuerdo 0436 de 2017

no se le impuso a la sociedad demandante una carga anormal ni especial, ya que era
aplicable a todas las empresas que se dedicaran a la actividad publicitaria 24. Dicha
conclusión es rebatida por el recurrente, pero acudiendo a cuestionamientos de
legalidad del acto y la normatividad nacional, olvidando que el medio de control
impulsado le exigía demostrar que la medida impuesta por la entidad demandada
constituía una carga que afectaba de forma anormal a la sociedad demandante, pues
solo de esa manera se podrían sustentar los elementos del daño especial que echó
de menos el juzgador de primera instancia25.

34. La demanda partió de la base de que la prohibición del Acuerdo 0436 de 2017

correspondió a una medida general que está llamada a soportar cualquier
administrado, por lo que no solo resulta inadmisible que se desplace la causa petendi
de la demanda a un juicio de ilegalidad del acto, sino que no es posible dar curso de
manera favorable a la alzada por ausencia de carga argumentativa que bajo el eje
central de la responsabilidad extracontractual que se reclama, cuestione los
elementos basilares de la determinación del Tribunal.

35. En todo caso, desde la perspectiva de los elementos fundantes del título de
imputación del daño especial, no escapa a este análisis que en la sentencia de primer
grado se señaló que con la expedición del Acuerdo 0436 de 2017 no se le impuso a
la sociedad demandante una carga anormal ni especial, ya que era aplicable a todas
las empresas que se dedicaran a la actividad publicitaria26. Dicha conclusión no fue

manera caprichosa, echándose de menos en el asunto sub judice un estudio, motivo o razón que soporte el
hecho de congelar la expedición de nuevos registros por 10 años, más aún, cuando no contemplaron un plazo
de gracia ni socializaron con las empresas de publicidad esa situación. Lo anterior no fue tenido en cuenta por el
Tribunal para negar las pretensiones de la demanda”. (Destacado del texto original).
24 Dijo el tribunal: “96. En relación con el título de imputación de daño especial, el Consejo de Estado (2020)51

indicó que se deben demostrar los elementos de especialidad y anormalidad y que con ello se generó una ruptura
del principio de igualdad ante las cargas públicas. En este caso, la prohibición contenida en el parágrafo 4° del
artículo 28 del Acuerdo 0436 de 2017 no constituye una medida que afecte de forma especial y anormal a la
sociedad demandante.
97. No se configuró el requisito de la especialidad, porque se trata de una limitación —la no expedición de nuevos
registros de vallas publicitarias, hasta el 31 de diciembre de 2027— que no solo afecta a la sociedad demandante,
sino que a ella están sometidas todas las empresas cuya actividad comercial tenga relación con la publicidad
exterior visual”.
25 “ (…) De modo que no es forzoso reclamar, mediante el contencioso subjetivo, la indemnización proveniente de

actos administrativos expedidos con arreglo a la Constitución y la ley y cuya legalidad no se controvierte, sobre la
base de que al imponerse al administrado una carga especial que no tiene por qué padecer se presenta un
rompimiento del equilibrio en las cargas públicas, idea inserta en la conciencia jurídica moderna (Duez) como una
expresión del principio general de igualdad ante la ley (…)” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007. Rad: 16421. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
26 Dijo el tribunal: “96. En relación con el título de imputación de daño especial, el Consejo de Estado (2020)51

indicó que se deben demostrar los elementos de especialidad y anormalidad y que con ello se generó una ruptura
del principio de igualdad ante las cargas públicas. En este caso, la prohibición contenida en el parágrafo 4° del
artículo 28 del Acuerdo 0436 de 2017 no constituye una medida que afecte de forma especial y anormal a la
sociedad demandante.

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Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal.
Referencia: Reparación directa

rebatida por el recurrente, a quien le correspondía demostrar que la medida impuesta
por la entidad demandada constituía una carga que afectaba de forma singular a la
sociedad demandante, pues solo de esa manera se podrían sustentar los elementos
del daño especial que echó de menos el juzgador de primera instancia27.

36. La censurada prohibición del Acuerdo 0436 de 2017 correspondió a una medida

general que está llamada a soportar cualquier administrado, incluso tal prohibición
trasciende al municipio de Cali en tanto, sin importar el domicilio, a cualquier
ciudadano no le resultaría posible concretar los trámites para materializar solicitudes
de publicidad exterior visual en vallas en esa jurisdicción territorial.

37. Vale destacar que prohibiciones de esa índole no eran novedosas en el municipio

de Santiago de Cali, así como tampoco para quienes se dedican profesionalmente a
las actividades de publicidad exterior en vallas. Sobre este particular obra en el
proceso como prueba documental el Acuerdo 0179 de 200628, norma anterior al
pluricitado Acuerdo 0436 de 2017. En su momento, en el parágrafo 3º del artículo 18 29
de dicha norma, que hace parte del título primero que reguló “normas generales para
el componente de la publicidad exterior mayor”, se dispuso “congelar” en el municipio
la instalación de nuevas vallas hasta el 31 de diciembre de 2006.

38. También debe destacarse que la expedición de regulaciones y su aplicación, en el

marco de actividades económicas reglamentadas, como lo es la publicidad exterior
visual, en ningún caso puede ser entendida como un evento dañino, pues
corresponde no solo al ejercicio de una competencia legal y constitucional, sino,
además, a las cargas propias que los administrados deben soportar al decidir ejercer
la actividad económica que es reglamentada.

39. Desde el punto de vista sustancial, el recurrente planteó un debate hermenéutico

pues afirmó que no era dable aplicar la decisión municipal en comento, toda vez que
se debió acudir preferentemente a lo dispuesto en la Ley 140 de 1994, en la medida
en que dicha norma, de carácter nacional, no previó ningún tipo de restricción, sanción
o bloqueo para las empresas que se dedican a la actividad comercial de publicidad
exterior visual30.

97. No se configuró el requisito de la especialidad, porque se trata de una limitación —la no expedición de nuevos
registros de vallas publicitarias, hasta el 31 de diciembre de 2027— que no solo afecta a la sociedad demandante,
sino que a ella están sometidas todas las empresas cuya actividad comercial tenga relación con la publicidad
exterior visual”.
27 “ (…) De modo que no es forzoso reclamar, mediante el contencioso subjetivo, la indemnización proveniente de

actos administrativos expedidos con arreglo a la Constitución y la ley y cuya legalidad no se controvierte, sobre la
base de que al imponerse al administrado una carga especial que no tiene por qué padecer se presenta un
rompimiento del equilibrio en las cargas públicas, idea inserta en la conciencia jurídica moderna (Duez) como una
expresión del principio general de igualdad ante la ley (…)” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007. Rad: 16421. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
28 Índice 12 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF Pág. 41.
29 “se congela en el Municipio de Santiago de Cali la instalación de nuevas vallas hasta el 31 de diciembre de

2006.”
30 Se transcribe en forma literal: “Se tiene entonces, que al establecer en el acuerdo municipal “congelar” en la

entidad territorial la expedición de nuevos registros de vallas hasta el 31 de diciembre del 2027 (10 años),
establece una restricción, ya que en dicho acuerdo reglamenta la publicidad visual exterior en el municipio
conforme a la Ley 140 de 1994, también establece en su artículos 8º al 20, el registro de vallas, su aprobación,
negación y otros, donde solo podrá negarse el registro si no cumple con lo establecido en la Ley 140 de 1994 y en
el mismo Acuerdo Municipal 0436/2017. Ahora bien, la Ley 140 de 1994 no contempla que se congele la
expedición de nuevos registros, solo establece una reglamentación del registro para su aprobación o negación.
(…) (destacado del texto original)

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Municipal.
Referencia: Reparación directa

40. De la argumentación ofrecida, nuevamente se concluye que no está dirigida a
analizar los elementos del daño especial, sino a plantear una discusión interpretativa
que tampoco es propia ni del medio de control que se ventila ni del problema jurídico
que desde las pretensiones de la demanda fue planteado, pues en el libelo se adujo
la legalidad del acuerdo municipal, sin formular cuestionamientos como los que ahora
se presentan en sede de apelación.

41. En todo caso, este argumento a su vez resulta estéril, pues el debate planteado,

como también lo reconoce el recurrente, fue resuelto en la sentencia C-535 de 1996,
al analizar la constitucionalidad del artículo 10º de La ley 140 de 1994 (que fue
declarado inexequible), norma que en su redacción original prohibía a cualquier
autoridad la exigencia de permisos o licencias previas para la colocación de publicidad
exterior. Al respecto la Corte Constitucional concluyó que: “debe entenderse que los
concejos y las autoridades indígenas pueden establecer controles más estrictos,
que el registro posterior previsto por esa norma, pudiendo incluso exigir permisos
previos para la colocación de publicidad exterior visual, como ya se ha indicado en
esta sentencia”.

42. En el recurso de apelación el recurrente a su vez aduce que la expedición del

pluricitado Acuerdo municipal le impidió adelantar los trámites ante la administración
local con miras a dar cumplimiento al contrato 054 de 18 de diciembre de 2017.

43. Frentea este argumento se concluye que no existe justificación que permita
considerar que dicho negocio jurídico estaba exento de dar cumplimiento al Acuerdo
municipal, así como tampoco encuentra asidero la idea de que el contrato mereciera
una consideración o régimen diferencial, todo lo cual refuerza la conclusión de que la
medida impuesta corresponde a una carga que debe ser soportada por los
administrados.

44. En todo caso, con independencia de la imposibilidad o no de adelantar los trámites

administrativos, lo cierto es que esta circunstancia no se sitúa en la base de la
acreditación de un daño especial.

45. Por todo lo aquí expuesto, en el presente caso no se configuraron los requisitos del

título de imputación de daño especial, de manera que este cargo de apelación no está
llamado a prosperar.

La viabilidad de la condena en costas impuesta en primera instancia
46. Se cuestiona la condena en costas, toda vez que el apoderado del extremo pasivo

de la controversia hacía parte del personal de planta de la entidad demanda y, por
tanto, no existió pago de honorarios. En estas condiciones, en el expediente no había
prueba de que efectivamente dicho rubro se causara.

Al analizar la Ley 140 de 1994, dicha norma reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional,
donde el Concejo lo debe hacer a nivel territorial, pero la norma no establece restricciones, sanciones o
bloqueo para el registro de nuevas vallas. El parágrafo 4º del artículo 28 del el Acuerdo No. 0436 de 2017,
establece una restricción del acceso a un registro legal, ya que “congela” los nuevos registros de vallas
por 10 años, la cual no hace parte de la reglamentación de la publicidad exterior visual, sino una especie
de sanción o bloqueo para las empresas sin soporte técnico, ambiental o legal”.(se destaca).

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47. En materia contencioso-administrativa, de cara a las costas procesales, dispone el

artículo 188 del CPACA31-32 que “salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

48. De la norma en comento se extraen dos reglas: (i) la primera relativa a que la única

excepción para que en la sentencia se resuelva sobre condena en costas es que en
el proceso se ventile un interés público; y que, (ii) en lo tocante a la liquidación y
ejecución de dicho rubro deberán observarse las normas previstas en el Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

49. Respecto del contenido del artículo 188 del CPACA, esta subsección 33 ha
determinado que la condena en costas no requiere de apreciación subjetiva alguna
por parte del juez, pues, en atención a las normas aplicables, solo debe seguirse el
criterio objetivo34.

50. El Código General del Proceso en su artículo 365 reguló lo relativo a la condena

en costas y determinó una serie de reglas objetivas que atienden a eventos claros
que pueden acontecer a lo largo del proceso, sin que en dicho análisis
necesariamente deba mediar algún tipo de subjetividad del juzgador.

51. Conforme se desprende del numeral 1º del artículo 365 del CGP, habrá lugar a

condenar en costas a la parte vencida en el proceso. Teniendo en cuenta que en la
sentencia de primera instancia se negaron la totalidad de las pretensiones, encuentra
la Sala que se cumplió lo previsto en la norma en comento, abriéndose así la
posibilidad de que el Tribunal de instancia condenara en costas.

52. El artículo 361 del CGP35 dispone que las costas procesales están integradas por

dos conceptos: (i) las expensas y gastos sufragados en el proceso; y, (ii) las agencias
en derecho. Tales rubros, luego de ser tasados, conforme lo prevé el artículo 366 del
CGP36 son liquidados de forma conjunta por el juez que haya conocido la primera
instancia del proceso.

31 ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
32 Aplicable al caso en concreto pues la demanda inicial fue radicada el 7 de febrero de 2020.
33 “De conformidad con lo consagrado en el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365

del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte
a quien se le imponen, toda vez que, en el régimen actual, dicha condena se determina con fundamento en un
criterio netamente objetivo”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 11 de agosto de 2025. Rad: 60488. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
34 En el mismo sentido ver sentencia de constitucionalidad C-157 de 2013: “La condena en costas no resulta de

un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en
el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo
366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte
beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de
que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el
propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse
como una sanción en su contra”
35 “Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso

y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes”.
36 “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido

del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al

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53. En punto de las agencias en derecho, para su cálculo, por expresa disposición del

numeral 4º del artículo 366 ibid37, se deben observar las tarifas que establece el
Consejo Superior de la Judicatura, imponiéndole al juez dos límites claros: (i) la
necesidad de respetar los límites que la judicatura disponga; y, (ii) observar los
criterios que se enlistan en la norma en cita.

54. Para el caso en concreto, de cara al cálculo de las agencias en derecho se debía

dar aplicación al Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 201638, el cual, en su artículo
2º ratificó los criterios que deben observarse y en su artículo 5º estableció las tarifas.

55. Se resalta que la calificación que debe hacer el juez de cara a establecer la tarifa

de agencias en derecho corresponde al arbitrio judicial atendiendo a los criterios que
la ley adjetiva ha establecido, sin que tenga que existir evidencia distinta a que la
parte haya constituido apoderado judicial, pues dicha designación hace presumir que
la parte se vio en la obligación de sufragar sus gastos y que su apoderado, al menos,
incurrió en la vigilancia judicial39.

56. La anterior premisa no sufre alteración cuando alguna de las entidades vinculadas

es representada por apoderado judicial que hace parte de su planta de personal. La
jurisprudencia de esta Sala ya ha aclarado que esta circunstancia no es suficiente
para enervar la condena en costas, pues resulta indiscutible que la actividad del
apoderado es remunerada y el patrimonio estatal no está obligado a asumir la carga
que implicaría absolver a la parte vencida de asumir el referido costo 40.

57. Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso está probado que la parte beneficiada

de la condena en costas actuó por conducto de abogado41, quien presentó diferentes
escritos a lo largo del proceso mediante los cuáles ejerció la defensa técnica de su
prohijada, así como está probada su participación en las diligencias judiciales42-43,
hechos que son más que suficientes para considerar acreditadas las agencias en
derecho, al margen de que se tratara de un apoderado de planta.

proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
(…)”
37 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de

la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además,
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
38 Este acuerdo resulta aplicable teniendo en cuenta la fecha en que fue radicada la demanda inicial.
39 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden

consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021, exp.
68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 21
de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp. 69.319,
auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P: José
Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193.
40 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del

6 de julio de 2022. Rad: 67.873. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. “Por lo anterior, si la parte actuó a nombre
propio y tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de
honorarios de un apoderado que lo representara, igual razonamiento debe aplicarse cuando se trata de una entidad
pública que actúa a través de un apoderado que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se
hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como parte de
la condena en costas”.
41 Índice 15 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
42 Índice 60 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
43 Índice 67 SAMAI, actuaciones de primera instancia.

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Referencia: Reparación directa

58. A su vez se hace hincapié en que los reparos respecto de las expensas y agencias

en derecho, según lo previsto en el numeral 5º del artículo 36644 del Código General
del Proceso, deben ventilarse mediante los recursos procedentes contra el auto que
apruebe la liquidación de las costas.

59. Según lo expuesto, este reparo tampoco tiene vocación de prosperidad, por lo que

la sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

Condena en costas en esta instancia

60. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA45, la liquidación y

ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, norma que fue derogada por el hoy vigente Código General del
Proceso. Según lo dispuesto en el numeral 1 y 3 del artículo 365 del CGP 46, la Sala
condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, pues su recurso de
apelación se resuelve de forma desfavorable y la sentencia de primer grado será
confirmada en su integridad.

61. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas

están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales
se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 201647, norma vigente para
la fecha en que se presentó la demanda – 7 de febrero de 2020-48 en esta instancia
se fijan las agencias en el valor equivalente a un (1) SMLMV a cargo de la parte
demandante.

62. Laliquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del CGP.

44 “5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante

los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo”.
45 Art 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en

costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
46 En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se

sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código
(…)
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda.”.
47 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro

del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
“(…)
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
48 Índice 94 SAMAI, actuaciones de primera instancia, Folio 1 a 78.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00094-01 (71.888)
Actor: Publicidad Lozano & Cía. S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal.
Referencia: Reparación directa

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 25 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para este efecto, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de un (1)
SMLMV, a favor de la parte demandada. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital
y REMITIRLA al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

VF

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