Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03770-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03770-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03770-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03770-00
Demandantes: MANUEL ESTEBAN PIMENTEL ÁLVAREZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra incidente de desacato. Declara improcedente por
falta de relevancia constitucional, agotamiento de todos los
mecanismos de defensa judicial en inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la parte accionante, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Los señores Manuel Esteban Pimentel Álvarez, Andrés Leonardo Pimentel Álvarez,
Juan Sebastián Pimentel Álvarez, Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel
Salinas, en nombre propio, presentaron acción de tutela2 contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y de los niños.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de
las providencias de 14 de noviembre de 2025 y 14 de mayo de 2026, a través de las
cuales la autoridad judicial accionada resolvió dar por terminado un trámite incidental
y se abstuvo de iniciar uno nuevo, respectivamente, en el proceso que se identificó
con el radicado 25000-23-36-000-2016-02309-00.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Con escrito presentado el 15 de mayo de 2026, a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
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Demandantes: Manuel Esteban Pimentel Álvarez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03770-00
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
PRIMERA — NULIDAD DEL AUTO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025: Declarar la
nulidad del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, Magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas, el 14 de noviembre de
2025, Exp. 25000 23 36 000 2016 02309 00, por incurrir en defecto fáctico,
desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de los artículos 4, 16,
29 y 44 de la Constitución Política.
SEGUNDA — NULIDAD DEL AUTO DE NEGATIVA DE MAYO 2026: Declarar la
nulidad del auto mediante el cual la Magistrada Suárez Vargas se negó a abrir el nuevo
incidente de desacato, por incurrir en defecto procedimental absoluto al contradecir el
Resolutivo Cuarto del auto del 14 de noviembre de 2025.
TERCERA — APERTURA DEL INCIDENTE DE DESACATO: Ordenar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca abrir de inmediato el incidente de desacato presentado
en mayo de 2026 y tramitarlo conforme a los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991,
examinando expresamente: (i) la inoponibilidad del Resolutivo Sexto a los padres no
vinculados; (ii) el contenido del Manual de Convivencia de 2016 y 2022; (iii) la salvedad
constitucional de enero de 2016; y (iv) el desacato desde enero de 2018 sobre la orden
inequívoca de asegurar cupos.
CUARTA — CAMBIO DE MAGISTRADO: Ordenar que el nuevo trámite sea asignado
a magistrado diferente a la doctora Clara Cecilia Suárez Vargas, en razón de: (i) haber
proferido el auto declarado nulo; y (ii) el vínculo de consanguinidad con el Consejero
Rafael Francisco Suárez Vargas, quien firmó el fallo de 2017 cuyo cumplimiento se
debate.
QUINTA — MEDIDA PROVISIONAL: Como medida provisional conforme al artículo 7
del Decreto 2591 de 1991, ordenar al Municipio de Chía abstenerse de negar el acceso
de Andrés Leonardo Pimentel Álvarez a los programas municipales de apoyo a la
educación superior, incluyendo el convenio vigente con la Universidad de los Andes,
mientras se resuelve la presente tutela.3
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
El señor Manuel Esteban Pimentel Álvarez presentó una acción de tutela contra la
Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales.
3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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Demandantes: Manuel Esteban Pimentel Álvarez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
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El proceso correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, bajo el radicado 25000-23-36-000-
2016-02309-00; corporación que en sentencia de 22 de noviembre de 2016 negó el
amparo de los derechos invocados.
La decisión fue impugnada por la parte actora y el trámite de la segunda instancia le
correspondió por reparto al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
mediante providencia de 9 de febrero de 2017 revocó el proveído de primer grado y,
en su lugar, amparó los derechos fundamentales de Manuel Esteban, Andrés
Leonardo y Juan Sebastián Pimentel Álvarez. En consecuencia, ordenó lo siguiente:
Tercero: Ordenar a la Institución Educativa Santa María del Río estudiar la posibilidad
de asignar un cupo escolar para el presente año a los menores de edad Manuel Esteban,
Andrés Leonardo y Juan Sebastián Pimentel Álvarez para que continúen con sus
estudios. De no ser posible la asignación de cupos para este año, asegurarlos para el
2018, previo cumplimiento de los requisitos para el efecto.
Cuarto: Ordenar al Instituto de Bienestar Familiar, orientar y acompañar
psicológicamente a los padres de los menores respecto al proceso educativo de sus
hijos, así como explicarles el alcance del amparo de los derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad y a la educación de Manuel Esteban Pimentel Álvarez
ordenado en sede de tutela el 25 de mayo de 2016 proferido por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Zipaquirá. Obligación que también deberá asumir el colegio, una vez
los menores sean reintegrados.
Quinto: Ordenar al ICBF y a la Institución Educativa acompañar psicológicamente a los
menores Manuel Esteban, Andrés Leonardo y Juan Sebastián Pimentel Álvarez en su
proceso de readaptación escolar.
Sexto: Ordenar a los padres de los menores, Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos
Pimentel, acudir a las citas que eventualmente programe la Institución Educativa Santa
María del Río y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así como cumplir con los
requisitos exigidos para el reintegro de sus hijos al establecimiento educativo.
El 21 de febrero de 2017 los accionantes pidieron la adición y aclaración de la
sentencia, petición que fue resuelta desfavorablemente a través de proveído de 2 de
marzo de 2017 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
El 1. ° de abril de 2022 los señores Juan Sebastián Pimentel Álvarez y Andrés
Leonardo Pimentel Álvarez solicitaron la apertura del correspondiente incidente de
desacato. Sin embargo, el 8 de abril del mismo año la magistrada sustanciadora de
ese proceso manifestó su impedimento para conocer del asunto, en atención a que es
hermana del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas, quien suscribió la providencia
que se reprochaba como desatendida.
Mediante auto registrado en Samai el 4 de noviembre de 2025, los magistrados Henry
Aldemar Barreto Mogollón y Franklin Pérez Camargo, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, declararon infundado el impedimento
manifestado por la magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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En consecuencia, mediante auto de 5 de noviembre de 2025 la autoridad judicial
accionada requirió a la representante legal de la Institución Educativa Santa María del
Río, la señora María Patricia Ortiz Benavides, a su rector, el señor Wilson Javier
Álvarez Rodríguez, y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la
señora Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, para que acreditaran el cumplimiento de las
órdenes impartidas en la sentencia de 9 de febrero de 2017.
Luego, a través de proveído de 10 de noviembre de 2025, la magistrada sustanciadora
del caso dio apertura al incidente de desacato contra los mencionados funcionarios.
Sin embargo, mediante auto de 14 de noviembre de 2025 la sala de decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B resolvió
finalizar el incidente de desacato sin la imposición de sanciones, en atención a las
siguientes conclusiones:
(i) En el acta del Comité Municipal de Convivencia se dejó constancia del proceso
adelantado por la institución educativa para garantizar la legalización de la matrícula
de los menores, con la que se evidenció que la entidad había realizado múltiples
gestiones para comunicarse con la familia y reiterarles la disponibilidad de los cupos
escolares, así como la solicitud de formalización del proceso conforme al cronograma
institucional.
(ii) El 21 de febrero de 2017, se suscribió el acta de retiro de los estudiantes en el
sistema SIMAT, en el que se registró su desvinculación oficial del sistema educativo
ante su inasistencia prolongada y la falta de formalización de la matrícula por parte de
sus acudientes.
(iii) Se remitió un informe al Consejo de Estado y a la Fiscalía General de la Nación
con las actuaciones administrativas, pedagógicas y comunicativas desplegadas por la
institución para garantizar la educación de los menores, así como el cumplimiento de
la sentencia.
(iv) Se constató que los cupos escolares fueron ofrecidos y mantenidos disponibles
para los menores y que entre 2016 y 2021 se garantizó su derecho a la educación, a
través de las comunicaciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la
Defensoría de Familia, la Personería Municipal y la Secretaría de Educación.
(v) Se observó que los padres de los menores no formalizaron el proceso de matrícula,
en contravía de lo ordenado en el ordinal sexto del fallo de tutela, pese a los llamados
institucionales y del contacto establecido por la Defensoría de Familia.
(vi) Se concluyó que no existió desacato a las órdenes impartidas, comoquiera que no
existió una conducta omisiva, voluntaria e injustificada por parte de la autoridad
accionada, pues esta actuó con diligencia, oportunidad y trazabilidad documental
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Finalmente, dispuso:
Por lo anterior, dado que, la falta de ejecución material de las órdenes judiciales se debió
a la desatención de los requerimientos institucionales y formalización de la matrícula no
imputable a las accionadas, ya que su cumplimiento se vio obstaculizado por causas
ajenas a la voluntad de estas, la Sala dará por terminado el presente trámite incidental
sin imposición de sanciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 52
del Decreto 2591 de 1991.
Empero, el 8 de mayo de 2026 los señores Manuel Esteban Pimentel Álvarez, Andrés
Leonardo Pimentel Álvarez, Juan Sebastián Pimentel Álvarez, Mónica Álvarez Cortés
y Juan Carlos Pimentel Salinas solicitaron la apertura de un nuevo incidente de
desacato y, entre otras, las siguientes pretensiones:
TERCERO: Ordenar la REPARACIÓN INTEGRAL del daño continuado causado por
nueve años de incumplimiento, incluyendo expresamente la garantía del financiamiento
completo de la carrera de Medicina de Andrés Leonardo Pimentel Álvarez en la
Universidad de los Andes, con vinculación al convenio vigente entre el Municipio de Chía
y dicha universidad.
CUARTO: Ordenar la modificación inmediata de los manuales de convivencia de todas
las instituciones educativas del Municipio de Chía para ajustarlos a la Constitución y a
la Convención Americana.
Mediante auto de 11 de mayo de 2026, la autoridad judicial accionada requirió al
municipio de Chía, Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Educación Municipal de Chía
y a la Institución Educativa Santa María del Río para que ejercieran su derecho de
defensa.
Por último, a través de providencia de 14 de mayo de 2026, la magistrada
sustanciadora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B resolvió abstenerse de dar apertura al incidente de desacato, bajo un
estudió similar al realizado en el auto de 10 de noviembre de 2025:
No obstante, del informe rendido por el actual Rector de la Institución Educativa Santa
María del Río y de los documentos obrantes en el expediente, se constata que los cupos
escolares fueron ofrecidos y mantenidos disponibles para los menores y, entre los años
2016 y 2021 se realizaron múltiples gestiones administrativas, pedagógicas e
interinstitucionales orientadas a garantizar el derecho a la educación. Estas actuaciones
incluyeron comunicaciones con el ICBF, la Defensoría de Familia, la Personería
Municipal y la Secretaría de Educación, en cumplimiento de la Ley 115 de 1994, la Ley
1098 de 2006 y el Decreto 1075 de 2015.
Así mismo, se observa que los padres de los menores no formalizaron el proceso de
matrícula, en contravía de lo ordenado en el ordinal sexto del fallo de tutela, que solicitó
a los señores Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel, acudir a las citas que
eventualmente programara la Institución Educativa Santa María del Río y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, además de cumplir con los requisitos exigidos para
el reintegro de sus hijos al establecimiento educativo.
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Sobre este punto, se evidencia que pese a los llamados institucionales y del contacto
establecido por la Defensoría de Familia, en comunicación telefónica sostenida con la
señora Mónica Álvarez, madre de los menores, se le informó sobre los resultados de la
acción de tutela y se le instó a colaborar en el seguimiento del caso, no obstante, por
diversas razones la progenitora de los menores indicó no estar en disposición de acudir
al Centro Zonal de Zipaquirá para avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales
impartidas.
Por las situaciones descritas, no fue posible la vinculación académica efectiva, motivo
por el cual, en el presente asunto no se configuró un desacato, el cual, de acuerdo con
la jurisprudencia, exige la verificación de una conducta omisiva, voluntaria e injustificada
por parte del sujeto obligado, sin que se acredite tal conducta en el presente asunto,
toda vez que la institución educativa actuó con diligencia, oportunidad y trazabilidad
documental, desplegando esfuerzos verificables para cumplir lo ordenado en el fallo de
tutela al igual que por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por lo anterior, dado que, la falta de ejecución material de las órdenes judiciales se debió
a la desatención de los requerimientos institucionales y formalización de la matrícula no
imputable a las accionadas, ya que su cumplimiento se vio obstaculizado por causas
ajenas a la voluntad de estas, la Sala dará por terminado el presente trámite incidental
sin imposición de sanciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 52
del Decreto 2591 de 1991.
En consecuencia, consideró que se encontraba acreditado el cumplimiento de las
órdenes impartidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y de los niños, con la expedición
de las providencias de 14 de noviembre de 2025 y 14 de mayo de 2026, a través de
las cuales se resolvió dar por terminado un trámite incidental y se abstuvo de iniciar
uno nuevo, respectivamente, en el proceso que se identificó con el radicado 25000-
23-36-000-2016-02309-00.
Particularmente, destacó que las providencias enjuiciadas incurrieron en los defectos
fáctico, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y
procedimental absoluto.
1.4.1. Defecto fáctico
Alegó que el auto del 14 de noviembre de 2025 aceptó como cierta la afirmación de la
Institución Educativa Santa María del Río de que el Manual de Convivencia era
ajustado anualmente, sin que se verificara si esas actualizaciones eliminaban las
normas inconstitucionales que causaron su expulsión de la institución.
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Así mismo, explicó que se incurrió en este yerro, dado que se trasladó la
responsabilidad a los padres de los menores (Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos
Pimentel Salinas), al señalar que ellos no formalizaron la matrícula de los estudiantes,
pese a que nunca fueron vinculados a la acción de tutela. Es decir que, a su juicio, el
ordinal sexto de la sentencia de 9 de febrero de 2017 no les era oponible y únicamente
se le podía exigir el cumplimiento a la Institución Educativa Santa María del Río y al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Particularmente, alegó que «[u]n padre que se niega a entregar a sus hijos a una
institución cuyo Manual de Convivencia — herramienta de la vulneración original —
permanece incólume no está desobedeciendo una orden judicial: está cumpliendo el
mandato constitucional superior de proteger a sus hijos».
Por último, reprochó que el tribunal accionado no valoró la salvedad que los
estudiantes hicieron el 25 de enero de 2017 cuando firmaron el Manual de
Convivencia, antes de que fueran expulsados.
1.4.2. Desconocimiento del precedente
Afirmó que los autos enjuiciados desconocieron «el precedente de las sentencias T-
476 de 1995, T-259 de 1998, T-565 de 2013 y T-526 de 2017, que establecen que las
normas de presentación personal en manuales de convivencia que contraríen el libre
desarrollo de la personalidad son inconstitucionales».
1.4.3. Violación directa de la Constitución
Invocó como desatendidos los artículos 4, 16, 29 y 44 de la Constitución, al reiterar los
argumentos citados en precedencia.
1.4.4. Procedimental absoluto
Comentó que en el auto de 14 de mayo de 2026 la autoridad judicial accionada
contrarió lo que ella misma indicó en el ordinal cuarto4 de la providencia de 14 de
noviembre de 2025, puesto que allí le permitió solicitar nuevamente la apertura de
incidente de desacato, pero se negó a iniciar un nuevo trámite.
Puso de presente que la parte resolutiva de una providencia judicial es una expresión
vinculante de la voluntad del juez, por lo que tiene fuerza obligatoria inmediata.
Señaló que Juan Carlos Pimentel Salinas es un adulto mayor con discapacidad
psicosocial certificada y que Mónica Álvarez Cortés es una mujer cabeza de familia en
situación de pobreza extrema.
4 «CUARTO: Lo anterior no obsta, para que la parte actora, solicité nuevamente la apertura de incidente
de desacato, en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991».
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Por último, informó que en marzo de 2026 se radicó ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos una petición individual y dos solicitudes de medidas cautelares
contra Colombia, a las cuales se les asignó el número de radicado MC-426-26.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 19 de mayo de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, como autoridad accionada.
Así mismo, negó la medida provisional invocada por los actores y vinculó como
terceros con interés al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A5 [autoridad
judicial que amparó los derechos de los accionantes en el proceso 25000-23-36-000-2016-02309-
00/01], a la Fiscalía General de la Nación6, a la Defensoría del Pueblo7, a la
Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Educación Nacional, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar8, a la Fundación Cavellier Lozano9, al Consejo
Superior de la Judicatura10 y a la Institución Educativa Santa María del Río [autoridades
accionadas del proceso 25000-23-36-000-2016-02309-00/01], así como a la Universidad de los
Andes [mencionado en la solicitud de medida provisional] y las demás partes, personas y/o
entidades que participaron en el expediente de tutela 25000-23-36-000-2016-02309-
00/01 y en su respectivo trámite incidental.
Luego, mediante auto de 11 de junio de 2026, el magistrado ponente resolvió las
solicitudes elevadas por los accionantes en el memorial de 20 de mayo de 2026. En
ese sentido, dispuso lo siguiente:
PRIMERO: VINCULAR, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso,
a la representante legal de la Institución Educativa Santa María del Río, señora María
Patricia Ortiz Benavides, a su rector, el señor Wilson Javier Álvarez Rodríguez11, a la
directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señora Astrid Eliana Cáceres
Cárdenas12, al municipio de Chía, a la Alcaldía Municipal de Chía y a la Secretaría de
Educación Municipal de Chía, para que, si lo consideran del caso, intervengan en la
presente tutela dentro del término de dos (2) días contados a partir de la fecha del recibo
de la correspondiente notificación.
SEGUNDO: NEGAR la medida provisional solicitada por los actores.
TERCERO: NEGAR el decreto de las pruebas pretendidas por la parte actora.
5 Notificado a los correos notifjduque@consejodeestado.gov.co, dperezc@consejodeestado.gov.co,
notifjmoralest@consejodeestado.gov.co, dgavirias@consejodeestado.gov.co,
notiflmesa@consejodeestado.gov.co, dsolanolo@consejodeestado.gov.co y
ces2secr@consejodeestado.gov.co.
6 Notificada a las direcciones jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co y
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co.
7 Notificada al buzón juridica@defensoria.gov.co.
8 Notificado a la dirección notificaciones.judiciales@icbf.gov.co.
9 Notificado a los buzones carolina.martinez@alqueria.com.co y infofundacion@alqueria.com.co.
10 Notificado al correo presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
11 Notificado a la dirección colsantamariadelrio@yahoo.com.
12 Notificada a los buzones direccion.general@icbf.gov.co y notificaciones.judiciales@icbf.gov.co.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
1.6.1. Manuel Esteban Pimentel Álvarez, Andrés Leonardo Pimentel Álvarez,
Juan Sebastián Pimentel Álvarez, Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel
Salinas
Los accionantes solicitaron la vinculación del municipio de Chía, así como el derecho
de una medida cautelar y de la práctica de unas pruebas.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Luego de hacer un recuento sobre las actuaciones procesales adelantadas al interior
de la acción de tutela 25000-23-36-000-2016-02309-00/01, así como en su respectivo
incidente de desacato, la magistrada sustanciadora de las providencias reprochadas
solicitó que se niegue la acción de tutela ante la ausencia de afectación de los
derechos fundamentales de los actores o que, en su defecto, se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo por no reunir los requisitos excepcionales que
habilitan su procedencia, particularmente, el de relevancia constitucional.
Así mismo, alegó que tampoco se acreditó la ocurrencia de los defecto sustantivo,
fáctico o procedimental, puesto que solo se están reiterando las inconformidades con
el sentido de la providencia, sin que se evidencie una actuación arbitraria o contraria
al debido proceso que habilite la intervención del juez de tutela.
En cuanto al defecto procedimental absoluto, relató que los artículos 27 y 52 del
Decreto 2591 de 1991 no establecen alguna restricción para promover incidentes de
desacato, sino que, por el contrario, habilitan su presentación en cualquier momento
mientras subsista el incumplimiento de la orden de tutela, por lo que consideró que las
apreciaciones de los accionantes son desacertadas, bajo los siguientes fundamentos:
Con todo, el hecho de que los accionantes puedan acudir nuevamente al incidente de
desacato no restringe la facultad del juez constitucional para, en ejercicio de su
autonomía, declarar el cumplimiento de la orden de tutela cuando verifique su
satisfacción material, o incluso abstenerse de dar apertura al trámite incidental si, a partir
de los informes allegados y los elementos probatorios obrantes en el expediente,
concluye que no se configura un incumplimiento que lo justifique.
Sobre la solicitud de cambio de magistrado, puso de presente que la sala de decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B ya
resolvió lo correspondiente a la manifestación de impedimento realizada por ella.
Por último, señaló que lo que pretenden los accionantes es obtener medidas
reparatorias, para lo cual no está diseñada la acción de tutela, puesto que ello excede
su finalidad.
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1.6.3. Universidad de los Andes
La apoderada de la institución pidió su desvinculación del trámite constitucional,
teniendo en cuenta que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los
accionantes.
Afirmó que no tiene conocimiento del proceso 25000-23-36-000-2016-02309-00 ni del
incidente de desacato que motivó esta acción de tutela. No obstante, informó que ha
sido vinculada a otras dos acciones impetradas por los tutelantes, las cuales fueron
tramitadas bajo los radicados 11001-31-030-45-2025-00315-00 y 11001-41-89-040-
2025-02161-00, pero que en ellas no le fueron impartido órdenes.
En cuanto al convenio entre la Universidad de los Andes y el municipio de Chía, explicó
que en la actualidad se encuentra vigente el «CO1.PCCNTR.7111498».
1.6.4. Institución Educativa Santa María del Río
El rector de la institución solicitó que se nieguen las pretensiones de la parte
accionante y que se le desvincule del trámite constitucional.
Indicó que no son ciertas las manifestaciones de los actores sobre la supuesta
expulsión de los estudiantes, puesto que en el fallo de tutela quedó demostrado que
los padres no cumplieron con su deber de realizar la matrícula para el año escolar
2017, por lo que allí mismo se les ordenó acudir a las citas programadas por la entidad,
así como cumplir con los requisitos exigidos para el reintegro de sus hijos.
Puso de presente que en cumplimiento de las órdenes de tutela se otorgaron cupos
para el 2017 y que se invitó a los padres de familia para que se acercaran a cumplir
con el fallo del Consejo de Estado, quienes se negaron a asistir y recibir
comunicaciones de la entidad educativa.
Consideró que el Consejo de Estado sí tenía las facultades para ordenar acciones a
los padres de los accionantes, puesto que al involucrasen los derechos de menores
son responsables el Estado, la sociedad y la familia.
Insistió en que, luego del fallo, los padres nunca manifestaron su voluntad en reintegrar
a los estudiantes y mucho menos sus diferencias ideológicas. Por el contrario, en el
trámite incidental quedó acreditado que entre el 2016 y 2021 «se realizaron múltiples
gestiones administrativas, pedagógicas e interinstitucionales orientadas a garantizar el
derecho a la educación».
1.6.5. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La Unidad de Asistencia Legal de la entidad solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al considerar que se configura la falta de legitimación en la causa
por pasiva, puesto que las pretensiones de la demanda no se dirigen en su contra ni
de estas se desprende la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
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Demandantes: Manuel Esteban Pimentel Álvarez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03770-00
Así mismo, explicó que en el asunto no se cumplen con los requisitos jurisprudenciales
establecidos para la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial.
De otro lado, consideró que «el auto que niega el trámite incidental, no resuelve sobre
la protección de derechos fundamentales, sino sobre la imposición de sanciones por
el presunto incumplimiento de una orden de tutela» y que de la lectura de este no se
evidencia que haya sido producto de una situación de fraude.
Finalmente, reiteró que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no actúa
como superior jerárquico del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que su
naturaleza es eminentemente técnica y administrativa y que su función corresponde a
ejecutar las actividades administrativas de la Rama Judicial.
1.6.6. Procuraduría General de la Nación
La apoderada de la entidad pidió: (i) declarar su falta de legitimación en la causa por
pasiva; (ii) desvincular a la entidad del presente trámite constitucional, y (iii)
subsidiariamente, negar el amparo solicitado ante la inexistencia de una vulneración
atribuible al ministerio público.
Al respecto, precisó que de la lectura del escrito de tutela y del auto admisorio no se
evidencia alguna imputación concreta contra la Procuraduría General de la Nación ni
que exista alguna acción u omisión que le sea atribuible que permita consolidar la
violación de las garantías constitucionales de los actores.
Además, puso de presente que las pretensiones de la demanda están dirigidas
directamente contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, corporación que es distinta e independiente de la Procuraduría General
de la Nación.
1.6.7. Ministerio de Educación Nacional
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela, teniendo en cuenta que no se encuentra acreditada una vulneración
de derechos atribuible al Ministerio de Educación Nacional.
Igualmente, indicó que esa carta ministerial carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que la controversia que planteó el tutelante recae sobre una decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, corporación con la que no tiene una relación de subordinación o control.
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Demandantes: Manuel Esteban Pimentel Álvarez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03770-00
1.6.8. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
El presidente de la corporación solicitó que no se le vincule a la acción constitucional
o que, en su defecto, se declare improcedente la acción de tutela, comoquiera que no
advierte algún reproche contra la comisión y por cuanto no está acreditada su
participación en los hechos que motivaron la solicitud de amparo.
Puso de presente que del análisis de la demanda se pudo observar que las
inconformidades de los demandantes se dirigen exclusivamente contra la autoridad
judicial accionada dentro del proceso que se identificó con el radicado 25000-23-36-
000-2016-02309-00.
Informó que al consultarse el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI y el Sistema
Público de Consulta de Procesos de la Rama Judicial no se encontró registro sobre
alguna actuación disciplinaria en trámite ante esa comisión que haya sido promovida
por los demandantes contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B.
1.6.9. María Patricia Ortiz Benavides
Pidió su desvinculación del proceso toda vez que mediante la Resolución 0505 de 13
de febrero de 2024 se aceptó su renuncia como rectora de la Institución Educativa
Santa María del Río, por lo que a la fecha no presta sus servicios a esa institución.
1.6.10. Secretaría de Educación de Chía
El secretario de educación solicitó su desvinculación del trámite constitucional y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones elevadas por loas accionantes, toda vez
que no ha vulnerado sus derechos fundamentales.
Alegó que la sentencia de 9 de febrero de 2017 no impartió órdenes ni a la Alcaldía de
Chía ni a su Secretaría de Educación, puesto que las obligaciones que se derivan de
ese fallo se circunscriben a la Institución Educativa Santa María del Río; situación que
también extendió en lo relacionado con el auto de 14 de noviembre de 2025.
Dijo que no es cierto que el municipio le esté negando al señor Andrés Leonardo
Pimentel Álvarez el acceso a los programas de apoyo a la educación superior, sino
que es necesario cumplir con los requisitos exigidos por el respectivo programa:
En efecto, la Secretaría de Educación del Municipio de Chía creó el Fondo para el
Fomento de la Educación Superior (FOES) mediante el Acuerdo Municipal No. 172 de
2020. Dicho acuerdo estableció que el Fondo sería administrado por un Comité
Administrador Municipal, órgano encargado de aprobar la reglamentación, definir los
criterios de asignación y establecer las condiciones de acceso a los apoyos educativos
destinados a facilitar el ingreso y permanencia de los jóvenes habitantes del municipio
en programas de educación superior, con observancia de los principios de igualdad,
equidad, oportunidad y transparencia.
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Demandantes: Manuel Esteban Pimentel Álvarez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03770-00
En ejercicio de las competencias atribuidas por el citado Acuerdo, el Comité
Administrador expidió la Resolución No. 2114 de 2021, mediante la cual adoptó el
Reglamento Operativo del FOES, unificando y reglamentando los criterios aplicables
para la asignación de los apoyos educativos, en concordancia con las disposiciones
contenidas en el Acuerdo No. 172 de 2020.
En consecuencia, el acceso a los beneficios otorgados por el FOES se encuentra sujeto
al cumplimiento de los requisitos y criterios objetivos previamente establecidos en la
normatividad que regula el Fondo, razón por la cual no puede afirmarse que exista una
negativa arbitraria o discriminatoria por parte de la Secretaría de Educación frente al
accionante.
Finalmente, señaló que los hechos que sustentan la solicitud de amparo se encuentran
relacionados con actuaciones y decisiones adoptadas por autoridades distintas a la
Secretaría de Educación de Chía, por lo que no existe una acción u omisión que guarde
relación con las pretensiones formuladas en el escrito de tutela.
1.7. Trámite del impedimento
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el 8 de
julio de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido
para conocer del asunto de la referencia con fundamento en las causales 1. ° y 5. º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, mediante auto de 9 de
julio de 2026 se declararon infundadas las mencionadas manifestaciones.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por los accionantes contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo establecido en los Decretos
1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 201913 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa
La Universidad de los Andes, la Institución Educativa Santa María del Río, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Procuraduría General de la Nación, el
Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial14, la
señora María Patricia Ortiz Benavides y la Secretaría de Educación de Chía pidieron
su desvinculación de la presente acción constitucional por considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva.
13 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
14 Si bien la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no fue parte en la mencionada tutela, lo cierto es
que su vinculación obedeció a que, en su momento, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura fue accionada en ese proceso. Por lo que su vinculación se hace con el fin de garantizar su
derecho de defensa.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03770-00
Sin embargo, las referidas peticiones serán negadas, en razón a que tales entidades
y autoridades conformaron la parte pasiva en la acción de tutela que dio origen al
incidente de desacato que hoy se reprocha, por lo cual se hace necesario mantener
su vinculación en este trámite constitucional.
En cuanto a la Universidad de los Andes, resulta importante su comparecencia, toda
vez que la parte accionante mencionó a esta institución en su solicitud de medida
provisional, por lo que se mantendrá su vinculación para que pueda ejercer su derecho
de defensa y contradicción en esta instancia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a esta Colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales invocados por los actores por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al expedir
las providencias de 14 de noviembre de 2025 y 14 de mayo de 2026, a través de las
cuales se resolvió dar por terminado un trámite incidental y se abstuvo de iniciar uno
nuevo, respectivamente, en el proceso que se identificó con el radicado 25000-23-36-
000-2016-02309-00.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato; (iii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de
tutela de la referencia, y de encontrarse superados, (iv) el estudio del caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 15
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales17.
15 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
17 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
14
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03770-00
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 18, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato19
Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que se
adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la siguiente
manera:
[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha
establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente que durante
el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi,
ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como
fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de
tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la
conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo
tránsito a cosa juzgada […]20.
De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y
requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03- 15-
000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
20 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.
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Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario encargado
de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber de atender la
orden judicial.
En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional es
hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.
Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio del
poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva […]»21 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad objetiva,
en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es necesario
que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente
del agente.
La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:
[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser coherentes
con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas que pretenda
hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa incidental porque
de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no puede ser utilizada
como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del interesado […]22.
El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe verificar
de manera rigurosa.
Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al funcionario el
derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que de advertirse una
conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de
buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar a
la imposición de sanciones23.
21 Sentencia T-763 de 1998.
22 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.
23 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a la
naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada por
la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la
comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y la
responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no reunirse cualquiera de los
presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción de tutela y la jurisprudencia de
esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si ello llegare a ocurrir, procederá el
examen de las decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales».
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Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela contra
providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra limitado a
establecer:
i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,
ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se
pueda reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella.
2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
2.6.1.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
202224, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito,
así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i)
que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
24 Acogido por esta Sección en sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional debe
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de unificación
del 5 de agosto de 2014, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser
un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia25.
2.6.1.2. Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida, se destaca que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de la parte
accionante, sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas
se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
25 Énfasis de la sala.
18
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Ahora, para resolver este asunto, resulta pertinente recordar que los cargos de la
solicitud de amparo se podrían resumir en la oposición que tiene la parte tutelante a
los autos de 14 de noviembre de 2025 y 14 de mayo de 2026, a través de los cuales
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B resolvió
dar por terminado un trámite incidental y se abstuvo de iniciar uno nuevo,
respectivamente, en el proceso que se identificó con el radicado 25000-23-36-000-
2016-02309-00. Ello, comoquiera que, a juicio de los accionantes, la autoridad judicial
incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente, violación
directa de la Constitución y procedimental absoluto.
Para fundamentar sus afirmaciones, los tutelantes señalaron que los autos enjuiciados
desconocieron «el precedente de las sentencias T-476 de 1995, T-259 de 1998, T-565
de 2013 y T-526 de 2017, que establecen que las normas de presentación personal
en manuales de convivencia que contraríen el libre desarrollo de la personalidad son
inconstitucionales», así como los artículos 4, 16, 29 y 44 de la Constitución, y al incurrir
en los siguientes errores:
(i) Imponer consecuencias procesales a los padres de los menores cuando estos no
fueron parte de la acción de tutela inicial.
(ii) Al sustentar la decisión de archivo del incidente en la conducta protectora de los
padres y señalar que estos se negaron a reintegrar a sus hijos a la Institución Educativa
Santa María del Río, cuando lo que pretendían era protegerlos al no someterlos a una
institución en la que se vulneraban sus derechos.
(iii) Al validar los informes de la Institución Educativa Santa María del Río y al no
examinar si se corrigieron las normas del Manual de Convivencia relacionadas con la
presentación personal, con lo cual se desconoció el derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
(iv) Al contrariar lo dispuesto en el ordinal cuarto26 de la providencia de 14 de
noviembre de 2025, que les permitía solicitar nuevamente la apertura de incidente de
desacato, pero negarse a hacerlo en los autos reprochados.
No obstante, esta Sección no avizora que las inconformidades de la parte actora
tengan la entidad suficiente para acreditar que las providencias enjuiciadas son
contrarias a derecho, puesto que, al tratarse de una tutela contra providencia judicial,
es indispensable que la parte interesada además de identificar los yerros de los cuales
adolece la decisión censurada, así como las garantías superiores que considera
vulneradas, exponga de manera contundente las razones del porqué el asunto implica
la intervención del fallador de esta sede.
26 «CUARTO: Lo anterior no obsta, para que la parte actora, solicité nuevamente la apertura de incidente
de desacato, en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991».
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Si bien el extremo accionante resaltó que en este caso se configuró una vulneración a
sus derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la
educación, al libre desarrollo de la personalidad y de los niños, lo cierto es que hasta
este punto del debate no se advierte, a priori, que las decisiones enjuiciadas sean
arbitrarias, irrazonables o caprichosas debido a que, en el marco de su autonomía, el
juez que conoció del incidente de desacato determinó que las órdenes impuestas en
el fallo de 9 de febrero de 2017 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, habían sido acatadas de conformidad con las pruebas aportadas al expediente.
Sin embargo, advierte la Sala que la petición de amparo se circunscribe a reiterar los
argumentos expuestos en la solicitud de desacato, los cuales se centraron en pedir no
solo la apertura del incidente sino, además, la reparación integral de los accionantes,
concretamente ordenando al municipio de Chía que financie la carrera de medicina del
señor Andrés Leonardo Pimentel Álvarez en la Universidad de los Andes 27, así como
la modificación del manual de convivencia de todas las instituciones educativas de ese
municipio.
Ello, al considerar que: (i) el ordinar tercero del fallo de 9 de febrero de 2017
presentaba un defecto al impartir órdenes a los padres que nunca fueron vinculados al
trámite de la tutela; (ii) el Manual de Convivencia nunca fue modificado para garantizar
el cumplimiento del fallo, pues a pesar de que esto no fue ordenado en la sentencia,
esa obligación nacía de la Constitución, y (iii) el municipio negó el financiamiento de la
carrera a Andrés Leonardo aun cuando tiene la capacidad para hacerlo.
Lo anterior, deja al descubierto que lo que se pretende con esta acción constitucional
es usarla como una tercera instancia del incidente de desacato y como una forma para
imponer una interpretación que, a juicio de la accionante, es la correcta, esto es, que
el cumplimiento del fallo no ha sido cabal, porque no se ha accedido al financiamiento
de la carrera de medicina del señor Andrés Leonardo Pimentel Álvarez.
En ese sentido, para esta Sala los argumentos que se refieren al defecto fáctico no
cuentan con la carga constitucional necesaria, toda vez que la parte actora no identificó
los elementos de prueba que presuntamente no fueron valorados por la autoridad
judicial ni precisó la incidencia de estos para variar el sentido de la decisión.
En cuanto al desconocimiento del precedente que invocó la parte accionante, no se
advierte que se hayan indicado las reglas fijadas en las sentencias T-476 de 1995, T-
259 de 1998, T-565 de 2013 y T-526 de 2017 de la Corte Constitucional que
presuntamente se dejaron de aplicar por la autoridad judicial accionada.
27 Particularmente, indicó que: «El cumplimiento literal del fallo de 2017 — ofrecer cupos en primaria o
bachillerato — es hoy material y jurídicamente imposible. Andrés tiene 19 años y ya obtuvo su título de
bachiller. La única forma de cumplir efectivamente el espíritu del fallo — garantizar el derecho a la
educación de los menores Pimentel — es garantizar la continuación de su trayectoria educativa en el
nivel en que se encuentra hoy».
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Igualmente, en cuanto al reproche expuesto por los actores en relación con la presunta
contradicción en la que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B al negarse a iniciar un nuevo incidente de desacato, pese a que
en el auto de 14 de noviembre de 2025 dispuso que sí podía hacerlo, la Sala encuentra
que en el auto de 14 de mayo de 2026 la autoridad judicial expuso de manera razonada
los argumentos por los cuales no era procedente iniciar el incidente pretendido al
encontrar acreditado el cumplimiento de cada una de las órdenes impartidas en el fallo
de 9 de febrero de 2017 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, así
como las pruebas aportadas al plenario que justificaban tales razones.
Así las cosas, pretender que este medio se emplee como ejercicio de una tercera sede
del proceso agotado, con el fin de que se deje sin efecto un proveído y que se ordene
proferir una decisión en el sentido que los actores consideren pertinente, es atentatorio
de los principios de autonomía judicial, debido proceso y legalidad que son pilares en
el ejercicio de la función jurisdiccional.
Máxime cuando lo que a primera vista se evidencia es que los accionantes pretenden
que se den órdenes que no fueron impartidas por el alto tribunal en la sentencia de 9
de febrero de 2017, como lo es el financiamiento del estudio de uno de ellos en una
universidad.
Recuérdese que en ese proveído solo se ordenó: (i) a la Institución Educativa Santa
María del Río estudiar la posibilidad de asignar un cupo escolar para el 2017 o, de no
ser posible para ese año, para el 2018; (ii) al Instituto de Bienestar Familiar orientar y
acompañar psicológicamente a los padres de los menores respecto al proceso
educativo de sus hijos; (iii) a las accionadas acompañar psicológicamente a los
menores en su proceso de readaptación escolar, y (iv) a los padres a acudir a las citas
que eventualmente se programaran y cumplir con los requisitos exigidos para el
reintegro de sus hijos al establecimiento educativo.
En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo no cuenta con un
ejercicio de sustentación mínimo respecto a las providencias enjuiciadas ni desde la
esfera constitucional y de la violación de las garantías que la parte actora alegó como
desatendidas, que demuestre lo urgente de la intervención del juez de tutela y de su
pronunciamiento en el asunto de la referencia.
2.6.2. Agotamiento de todos los mecanismos de defensa judicial
2.6.2.1. En lo que se refiere a este requisito, el inciso 3.º del artículo 86 de la
Constitución Política consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral
1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991.
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Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Al respecto, resulta pertinente destacar lo que ha dispuesto la Corte Constitucional
cuando la parte accionante no espera la resolución de la controversia por parte del
juez natural de la causa28:
(i) La acción de tutela contra una providencia judicial exige que, con anterioridad a
su interposición, se acredite el debido agotamiento de los mecanismos judiciales
de defensa ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, salvo
que la misma se active como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, cuando existe riesgo certero de configuración de un perjuicio
irremediable.
[…]
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos judiciales,
deben buscar la defensa de aquellos.
2.6.2.2. Ahora bien, en el escrito de tutela los accionantes manifestaron que se incurrió
en un error procedimental al trasladar la responsabilidad a los padres de los menores
(Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel Salinas) por no formalizar la matrícula
de los estudiantes, puesto que se omitió tener en cuenta que ellos nunca fueron
vinculados a la acción de tutela que dio origen al incidente reprochado, razón por lo
cual no les era oponible la decisión de 9 de febrero de 2017.
Al respecto, esta Colegiatura considera que la presente acción de tutela es
improcedente frente a este aspecto, toda vez que si los accionantes consideraban que
no fueron vinculados a la acción de tutela debieron solicitar la respectiva nulidad en
ese proceso, de conformidad con el numeral 8. ° del artículo 133 del Código General
del Proceso29.
28 Ver al respecto T-140 de 2023.
29 «Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos: […]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o
entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del
auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la
notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que
se haya saneado en la forma establecida en este código».
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Es decir que antes de acudir a esta acción constitucional, le correspondía a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en su calidad de juez
natural de la causa, revisar la decisión que tomó a través de ese proveído y determinar
si era pertinente la vinculación formal de los señores Mónica Álvarez Cortés y Juan
Carlos Pimentel Salinas.
En todo caso, la Sala encuentra que tampoco se encontraría acreditado el requisito de
inmediatez por este aspecto, toda vez que han trascurrido más de 8 años desde que
se profirió ese fallo, sin que la parte accionante haya acudido a este mecanismo de
amparo para reprochar la supuesta irregularidad en la que se incurrió al impartirse
órdenes constitucionales a sujetos que no fueron vinculados al trámite.
2.7. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la referencia,
por no encontrase acreditados los requisitos de relevancia constitucional, agotamiento
de todos los mecanismos de defensa judicial e inmediatez.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Universidad
de los Andes, la Institución Educativa Santa María del Río, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de
Educación Nacional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la señora María
Patricia Ortiz Benavides y la Secretaría de Educación de Chía.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por los
señores Manuel Esteban Pimentel Álvarez, Andrés Leonardo Pimentel Álvarez, Juan
Sebastián Pimentel Álvarez, Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel Salinas
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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