Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03770-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03770-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03770-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03770 01
Accionantes: Manuel Esteban Pimentel y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección B
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 9 de julio de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Manuel Esteban Pimentel Álvarez, Andrés Leonardo Pimentel Álvarez, Juan
Sebastián Pimentel Álvarez, Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel Salinas,
actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y para ello formularon
las siguientes pretensiones1:
PRIMERA — NULIDAD DEL AUTO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025: Declarar
la nulidad del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, Magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas, el 14 de
noviembre de 2025, Exp. 25000 23 36 000 2016 02309 00, por incurrir en defecto
fáctico, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de los
artículos 4, 16, 29 y 44 de la Constitución Política.
SEGUNDA — NULIDAD DEL AUTO DE NEGATIVA DE MAYO 2026: Declarar la
nulidad del auto mediante el cual la Magistrada Suárez Vargas se negó a abrir el
nuevo incidente de desacato, por incurrir en defecto procedimental absoluto al
contradecir el Resolutivo Cuarto del auto del 14 de noviembre de 2025.
TERCERA — APERTURA DEL INCIDENTE DE DESACATO: Ordenar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca abrir de inmediato el incidente de desacato
presentado en mayo de 2026 y tramitarlo conforme a los artículos 27 y 52 del
Decreto 2591 de 1991, examinando expresamente: (i) la inoponibilidad del
Resolutivo Sexto a los padres no vinculados; (ii) el contenido del Manual de
Convivencia de 2016 y 2022; (iii) la salvedad constitucional de enero de 2016; y
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03770 00.
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Accionantes: Manuel Esteban Pimentel y otros
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(iv) el desacato desde enero de 2018 sobre la orden inequívoca de asegurar
cupos.
CUARTA — CAMBIO DE MAGISTRADO: Ordenar que el nuevo trámite sea
asignado a magistrado diferente a la doctora Clara Cecilia Suárez Vargas, en
razón de: (i) haber proferido el auto declarado nulo; y (ii) el vínculo de
consanguinidad con el Consejero Rafael Francisco Suárez Vargas, quien firmó el
fallo de 2017 cuyo cumplimiento se debate.
QUINTA — MEDIDA PROVISIONAL: Como medida provisional conforme al
artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, ordenar al Municipio de Chía abstenerse de
negar el acceso de Andrés Leonardo Pimentel Álvarez a los programas
municipales de apoyo a la educación superior, incluyendo el convenio vigente con
la Universidad de los Andes, mientras se resuelve la presente tutela. [Mayúscula
y negrilla del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 9 de febrero de 2017, revocó la dictada el 22 de
noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, en la acción de tutela núm. 25000 23 36 000 2016 02309 00/01 y, en su
lugar, amparó los derechos fundamentales a la educación de Manuel Esteban, Andrés
Leonardo y Juan Sebastián Pimentel Álvarez, y en consecuencia, se impartieron las
siguientes órdenes:
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Manifestaron que, el 21 de febrero de 2017 los accionantes solicitaron la aclaración y
adición de la sentencia, petición que fue resuelta desfavorablemente por el Consejo de
Estado mediante providencia del 2 de marzo de 2017.
Posteriormente, el 1 de abril de 2022, Juan Sebastián Pimentel Álvarez y Andrés
Leonardo Pimentel Álvarez promovieron incidente de desacato por el presunto
incumplimiento de la referida decisión judicial.
Dentro de dicho trámite, la magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas manifestó
impedimento el 8 de abril de 2022, por su parentesco con el consejero Rafael Francisco
Suárez Vargas, quien suscribió la sentencia cuyo cumplimiento se reclamaba. No
obstante, mediante auto del 4 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró infundado el impedimento. En consecuencia, mediante proveídos
del 5 y 10 de noviembre de 2025 se requirió a las autoridades accionadas y se dio
apertura al incidente de desacato.
Surtido el trámite incidental, mediante auto del 14 de noviembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, dio por terminado el
incidente sin imponer sanciones, al concluir que la Institución Educativa Santa María del
Río y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habían desplegado actuaciones
encaminadas a garantizar el cumplimiento de la sentencia de tutela y que la falta de
ejecución material de las órdenes obedeció a circunstancias no atribuibles a dichas
entidades, particularmente a la falta de formalización de la matrícula por parte de los
acudientes. Sin perjuicio de lo anterior, en la parte resolutiva de la providencia se indicó
que la parte actora podía solicitar nuevamente la apertura de un nuevo incidente de
desacato.
Señalaron que el 8 de mayo de 2026 los señores Manuel Esteban Pimentel Álvarez,
Andrés Leonardo Pimentel Álvarez, Juan Sebastián Pimentel Álvarez, Mónica Álvarez
Cortés y Juan Carlos Pimentel Salinas promovieron una nueva solicitud de desacato y
mediante auto del 11 de mayo de 2026 se corrió traslado a las entidades involucradas.
Relataron que, por auto del 14 de mayo de 2026, la magistrada sustanciadora se abstuvo
de dar apertura al trámite incidental al considerar acreditado el cumplimiento de las
órdenes impartidas en la sentencia del 9 de febrero de 2017 y reiteró que no se
configuraba una conducta omisiva, voluntaria e injustificada por parte de las autoridades
requeridas.
Inconformes con las decisiones del 14 de noviembre de 2025 y del 14 de mayo de 2026,
los accionantes promovieron la presente acción de tutela al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso,
educación, libre desarrollo de la personalidad y derechos de los niños.
Como fundamento de la solicitud alegaron la configuración de los defectos fáctico,
procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
En relación con el defecto fáctico, sostuvieron que la autoridad judicial aceptó sin
verificación suficiente la afirmación de la Institución Educativa Santa María del Río según
la cual el Manual de Convivencia era actualizado periódicamente, sin constatar si habían
sido eliminadas las disposiciones que consideraban contrarias a la Constitución.
Igualmente, señalaron que se atribuyó a los padres de familia una responsabilidad
derivada del incumplimiento de obligaciones que, a su juicio, no les eran oponibles, por
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no haber sido vinculados al trámite de tutela original. También reprocharon la falta de
valoración de la salvedad formulada al Manual de Convivencia antes de la expulsión de
los estudiantes.
Respecto del desconocimiento del precedente, afirmaron que las providencias acusadas
se apartaron de la jurisprudencia constitucional relativa a la inconstitucionalidad de las
disposiciones de los manuales de convivencia que restringen injustificadamente el libre
desarrollo de la personalidad de los estudiantes.
A su turno, alegaron la vulneración directa de los artículos 4, 16, 29 y 44 de la Constitución
Política, al considerar que las decisiones judiciales desconocieron los principios
superiores relacionados con el debido proceso, la protección reforzada de los niños y el
libre desarrollo de la personalidad.
Frente al defecto procedimental absoluto, manifestaron que la decisión de 14 de mayo
de 2026 resultaba contradictoria con lo dispuesto en el resolutivo cuarto del auto de 14
de noviembre de 2025, mediante el cual se había reconocido expresamente la posibilidad
de promover un nuevo incidente de desacato.
Finalmente, resaltaron las condiciones de vulnerabilidad de Juan Carlos Pimentel
Salinas, quien cuenta con certificación de discapacidad psicosocial, y de Mónica Álvarez
Cortés, a quien identificaron como mujer cabeza de familia en situación de pobreza.
Igualmente informaron que en marzo de 2026 presentaron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos una petición individual y dos solicitudes de
medidas cautelares, identificadas con el número MC-426-26.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 15 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Quinta de esta Corporación que, por auto del 19 de mayo de 20263 la admitió y dispuso
notificar4 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B,
como autoridad judicial accionada; y vincular al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Educación Nacional, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, a la Fundación Cavellier Lozano, al Consejo Superior
de la Judicatura, a la Institución Educativa Santa María del Río y a la Universidad de los
Andes como terceros con interés.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B para que allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso
identificado con el radicado núm. 25000 23 36 000 2016 02309 00/01.
3.2. Por auto del 11 de junio de 2026, se dispuso lo siguiente:
PRIMERO: VINCULAR, en calidad de terceros con interés en las resultas del
proceso, a la representante legal de la Institución Educativa Santa María del Río,
señora María Patricia Ortiz Benavides, a su rector, el señor Wilson Javier Álvarez
Rodríguez, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señora
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00.
4 Esta orden se cumplió el 21 de mayo de 2026. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03770 00.
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Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, al municipio de Chía, a la Alcaldía Municipal de
Chía y a la Secretaría de Educación Municipal de Chía, para que, si lo consideran
del caso, intervengan en la presente tutela dentro del término de dos (2) días
contados a partir de la fecha del recibo de la correspondiente notificación.
SEGUNDO: NEGAR la medida provisional solicitada por los actores.
TERCERO: NEGAR el decreto de las pruebas pretendidas por la parte actora.
CUARTO: ORDENAR a la oficina de sistemas de la Corporación, realizar la
publicación de la información relativa al proceso de la referencia y de esta
providencia, en la página del Consejo de Estado.
QUINTO: MANTENER el expediente de la presente acción en la Secretaría
General de esta Corporación hasta que se cumplan los respectivos plazos, lapso
en el cual se suspenden los términos perentorios de la acción constitucional.
3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
presentó informe5 en el que solicitó negar la acción de tutela o, en subsidio, declararla
improcedente.
Para el efecto, señaló que, tras tramitar el incidente de desacato promovido por los
accionantes, se constató que la Institución Educativa Santa María del Río y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar adelantaron actuaciones dirigidas al cumplimiento de
la sentencia de 9 de febrero de 2017, particularmente en lo relacionado con la
disponibilidad de cupos escolares y el proceso de reintegro de los estudiantes. Indicó que
dicho reintegro no se materializó debido a la falta de formalización de la matrícula y al
incumplimiento de las cargas impuestas a los padres de los entonces menores.
Explicó que mediante auto del 14 de noviembre de 2025 se concluyó que no existió
desacato y que, posteriormente, por auto del 14 de mayo de 2026, se abstuvo de abrir
un nuevo trámite incidental al encontrar acreditado el cumplimiento de las órdenes
impartidas en el fallo de tutela.
Por último, sostuvo que los accionantes no demostraron la existencia de defectos
fácticos, procedimentales o sustantivos ni una cuestión de relevancia constitucional que
justificara la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales. Añadió
que la posibilidad de promover un nuevo incidente de desacato no impedía al juez
abstenerse de abrirlo cuando verificara el cumplimiento de la orden judicial y que las
pretensiones formuladas excedían el objeto propio de la acción de tutela.
3.4. La Universidad de los Andes6 solicitó su desvinculación de la presente acción de
tutela.
Al respecto, indicó que no intervino en el proceso de tutela radicado bajo el número
25000-23-36-000-2016-02309-00 ni en el incidente de desacato que dio lugar a este
trámite constitucional. Precisó que, aunque fue vinculada en otras acciones de tutela
promovidas por Andrés Leonardo Pimentel Álvarez y Juan Carlos Pimentel Salinas, en
ninguna de ellas se emitieron órdenes ni condenas en su contra.
5 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00.
6 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B
Asimismo, informó que Andrés Leonardo Pimentel Álvarez se encontraba matriculado en
el programa de medicina durante el primer semestre de 2026 y que había realizado los
pagos correspondientes a su matrícula.
También explicó que el convenio vigente suscrito con el municipio de Chía tiene como
finalidad otorgar apoyos educativos a determinados beneficiarios, siendo la Alcaldía de
Chía la única autoridad competente para definir los requisitos de postulación, selección y
asignación de tales beneficios. En consecuencia, sostuvo que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados y solicitó ser excluida del trámite.
3.5. La Institución Educativa Santa María del Rio allegó escrito7 en el que solicitó negar
las pretensiones de la acción de tutela.
Manifestó que nunca expulsó a Manuel Esteban, Andrés Leonardo y Juan Sebastián
Pimentel Álvarez y que, por el contrario, desplegó diversas actuaciones administrativas,
pedagógicas e interinstitucionales encaminadas a garantizar su permanencia en el
sistema educativo y a dar cumplimiento a la sentencia del 9 de febrero de 2017.
Expuso que los cupos escolares fueron conservados y ofrecidos oportunamente; sin
embargo, el reintegro efectivo de los estudiantes no se concretó debido a que sus
acudientes no formalizaron el proceso de matrícula.
Agregó que adelantó gestiones ante el ICBF, la Defensoría de Familia, la Personería
Municipal, la Secretaría de Educación y distintas autoridades judiciales, con el propósito
de salvaguardar el derecho a la educación de los menores y demostrar el cumplimiento
de las órdenes impartidas en el fallo de tutela.
3.6. La Dirección ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura8 solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
Señaló que las pretensiones de la tutela no se dirigen en su contra y que de los hechos
expuestos no se desprende ninguna actuación u omisión atribuible a dicha entidad que
comprometa los derechos fundamentales invocados. Adicionalmente, sostuvo que no se
satisfacen los presupuestos jurisprudenciales para la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En ese sentido, indicó que el auto que
negó la apertura del incidente no resolvió sobre la protección de derechos fundamentales,
sino sobre la eventual imposición de sanciones derivadas del presunto incumplimiento de
una orden judicial, sin que se advierta la existencia de fraude o irregularidad alguna.
Por último, precisó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no ejerce
funciones de superioridad jerárquica sobre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
pues su naturaleza es exclusivamente técnica y administrativa, orientada a la gestión de
los asuntos administrativos de la Rama Judicial.
3.7. La Procuraduría General de la Nación9 solicitó declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva y, de manera subsidiaria, negar el amparo.
7 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00.
8 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00
9 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00
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Accionantes: Manuel Esteban Pimentel y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B
Afirmó que las vulneraciones alegadas por los accionantes se atribuyen únicamente a las
decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del trámite incidental de desacato, sin que exista conducta alguna
atribuible a ese órgano de control.
Asimismo, indicó que no intervino en el proceso judicial que originó la controversia y que
carece de competencia respecto de las pretensiones formuladas en la demanda.
3.8. El Ministerio de Educación Nacional10 argumentó que no se encuentra acreditada
ninguna vulneración de derechos fundamentales atribuible a esa cartera ministerial y que,
además, carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que la controversia
planteada por los accionantes recae sobre una decisión judicial adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, autoridad respecto de la cual no ejerce funciones de
dirección, control o subordinación.
3.9. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial11 solicitó su desvinculación del trámite o,
subsidiariamente, que se declarara improcedente la acción de tutela. Señaló que de la
lectura de la demanda no se advierte reproche alguno en su contra ni se evidencia su
participación en los hechos que dieron origen a la solicitud de amparo.
Precisó que las inconformidades de los accionantes se dirigen exclusivamente contra las
decisiones adoptadas por la autoridad judicial accionada dentro del proceso identificado
con el radicado 25000-23-36-000-2016-02309-00. Además, informó que, tras consultar el
Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI y el Sistema Público de Consulta de Procesos de
la Rama Judicial, no encontró registros de actuaciones disciplinarias promovidas por los
demandantes contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.
3.10. La señora María Patricia Ortiz Benavides12 solicitó su desvinculación del proceso.
Explicó que mediante la Resolución 0505 del 13 de febrero de 2024 fue aceptada su
renuncia al cargo de rectora de la Institución Educativa Santa María del Río, razón por la
cual actualmente no tiene vínculo laboral ni funcional con dicha institución.
3.11. La Secretaría de Educación del municipio de Chia13 solicitó su desvinculación del
trámite constitucional y se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados y que ni la sentencia del 9 de febrero
de 2017 ni el auto del 14 de noviembre de 2025 le impusieron obligaciones a la Alcaldía
de Chía o a esa Secretaría, pues las órdenes allí contenidas estaban dirigidas
exclusivamente a la Institución Educativa Santa María del Río.
De igual forma, rechazó la afirmación según la cual se habría negado al señor Andrés
Leonardo Pimentel Álvarez el acceso a programas de apoyo para educación superior.
Explicó que el Fondo para el Fomento de la Educación Superior (FOES) fue creado
mediante el Acuerdo Municipal 172 de 2020 y que su administración corresponde a un
Comité Administrador encargado de establecer los criterios de asignación, las
condiciones de acceso y la reglamentación aplicable a los apoyos educativos.
10 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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11 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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12 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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13 Visto en el índice 48 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Añadió que, en desarrollo de dichas competencias, el Comité expidió la Resolución 2114
de 2021, mediante la cual adoptó el reglamento operativo del Fondo y unificó los criterios
para la asignación de los beneficios. Por ello, señaló que el acceso a los apoyos
educativos está condicionado al cumplimiento de requisitos objetivos previamente
definidos en la normativa que regula el FOES, circunstancia que excluye cualquier
actuación arbitraria o discriminatoria frente al accionante.
Finalmente, indicó que los hechos que sustentan la solicitud de amparo se relacionan con
actuaciones y decisiones adoptadas por autoridades distintas de la Secretaría de
Educación de Chía, por lo que no existe acción u omisión atribuible a esa entidad que
guarde relación con las pretensiones formuladas en la tutela.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de julio de 202614,
resolvió lo siguiente:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Universidad de los Andes, la Institución Educativa Santa María del Río, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Procuraduría General de la
Nación, el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la señora María Patricia Ortiz Benavides y la Secretaría de Educación de
Chía.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
los señores Manuel Esteban Pimentel Álvarez, Andrés Leonardo Pimentel Álvarez,
Juan Sebastián Pimentel Álvarez, Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel
Salinas contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.
Para ello, adujo que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, pues los
argumentos de los accionantes estaban dirigidos, en esencia, a cuestionar la valoración
realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los incidentes de desacato
y a obtener órdenes que no habían sido impartidas en la sentencia de tutela del 9 de
febrero de 2017, como la financiación de los estudios universitarios de Andrés Leonardo
Pimentel Álvarez. Por ello, estimó que la tutela pretendía convertirse en una instancia
adicional para reabrir asuntos ya definidos por el juez natural.
En segundo lugar, la Sala encontró incumplido el requisito de subsidiariedad,
particularmente frente al reproche relacionado con la falta de vinculación de la señora
Mónica Álvarez Cortés y el señor Juan Carlos Pimentel Salinas al proceso de tutela
original.
Al respecto, señaló que, si los accionantes consideraban que se había configurado una
irregularidad por la ausencia de vinculación, debieron solicitar la nulidad dentro de ese
mismo proceso, de conformidad con el numeral 8.º del artículo 133 del CGP, antes de
acudir a la acción de tutela.
Finalmente, anotó lo siguiente:
[…] la Sala encuentra que tampoco se encontraría acreditado el requisito de
inmediatez por este aspecto, toda vez que han trascurrido más de 8 años desde
que se profirió ese fallo, sin que la parte accionante haya acudido a este
mecanismo de amparo para reprochar la supuesta irregularidad en la que se
14 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00.
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incurrió al impartirse órdenes constitucionales a sujetos que no fueron vinculados
al trámite […].
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la sentencia de primera instancia, los accionantes la impugnaron15
solicitando lo siguiente:
PRIMERA: REVOCAR la sentencia de primera instancia del 9 de julio de 2026 y,
en su lugar, declarar PROCEDENTE la acción de tutela y estudiar de fondo los
defectos alegados contra los autos del 14 de noviembre de 2025 y del 14 de mayo
de 2026 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.
SEGUNDA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y a la educación de los accionantes, DEJAR SIN
EFECTOS los autos atacados y ORDENAR al Tribunal decidir nuevamente de
fondo sobre la solicitud de apertura del incidente de desacato, conforme al
precedente de la Sentencia T-029 de 2025 de la Corte Constitucional.
TERCERA: ORDENAR que el nuevo trámite examine expresamente: (i) la
inoponibilidad del Resolutivo Sexto a los padres no vinculados al proceso original;
(ii) el memorial del 3 de marzo de 2017 y su falta de respuesta; (iii) el contenido
de los Manuales de Convivencia de 2016 y 2022; y (iv) el contenido actual de la
orden de protección del derecho a la educación conforme al artículo 27 del Decreto
2591 de 1991 y al estándar del Caso Gonzales Lluy vs. Ecuador.
CUARTA: Como medida provisional conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de
1991, y en atención a que el segundo semestre académico 2026 de la Universidad
de los Andes inicia en agosto, ORDENAR a la Secretaría de Educación de Chía
— vinculada a este trámite — la reserva presupuestal necesaria para garantizar
la continuidad educativa de Andrés Leonardo Pimentel Álvarez mientras se decide
la presente impugnación.
Para ello, sustentaron su escrito en seis, presuntos, errores verificables, los cuales se
resumirán de manera breve a continuación:
En primer lugar, alegaron el desconocimiento del precedente constitucional,
particularmente de la Sentencia T-029 de 2025 de la Corte Constitucional, en la que se
había considerado procedente una tutela contra una decisión adoptada dentro de un
incidente de desacato. Al respecto, sostuvo que la sentencia impugnada no hizo ninguna
referencia a dicho precedente ni explicó las razones para apartarse de él.
En segundo lugar, argumentaron la configuración de un defecto fáctico por omisión de
valoración del memorial presentado el 3 de marzo de 2017 por la señora Mónica Álvarez
Cortés y el señor Juan Carlos Pimentel Salinas ante el Consejo de Estado, Sección
Segunda, en el que habían advertido que no fueron vinculados al proceso de tutela, pese
a que la sentencia había impartido órdenes dirigidas a ellos. Afirmó que dicho documento
obraba en los folios 279 a 281 del expediente y nunca fue respondido ni valorado. Por
ello, cuestionó que la sentencia impugnada hubiera considerado que los padres
permanecieron durante ocho años sin controvertir su falta de vinculación.
En tercer lugar, sostuvieron que, aun si el memorial del año 2017 no hubiera constituido
formalmente una solicitud de nulidad en los términos del numeral 8.º del artículo 133 del
CGP, exigir dicha formalidad configuraba un exceso ritual manifiesto, pues su contenido
15 Visto en el índice 56 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00.
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material evidenciaba un reclamo por indebida vinculación. Añadió que, para ese
momento, los accionantes eran menores de edad o sus padres actuaban sin asistencia
técnica, por lo que debía prevalecer el derecho sustancial sobre las formas procesales.
En cuarto lugar, cuestionaron el cómputo del requisito de inmediatez al considerar que la
Sala lo había contado desde la sentencia de tutela del 9 de febrero de 2017, pese a que
esta no era objeto de controversia.
Al efecto, señalaron que la tutela se dirigió contra los autos del 14 de noviembre de 2025
y 14 de mayo de 2026 y que fue presentada el 15 de mayo de 2026, por lo que, respecto
de dichas decisiones, se había acudido oportunamente al mecanismo constitucional.
También sostuvo que la vulneración del derecho a la educación tenía carácter
continuado.
En quinto lugar, reprocharon una presunta incongruencia omisiva, porque la sentencia
impugnada no habría examinado el argumento central relacionado con la contradicción
entre el ordinal cuarto del auto del 14 de noviembre de 2025, que permitió solicitar
nuevamente la apertura de un incidente de desacato, y el auto de 14 de mayo de 2026,
mediante el cual la misma autoridad judicial se abstuvo de tramitar la nueva solicitud.
Finalmente, cuestionaron que la Sección Quinta hubiera considerado que la pretensión
de financiar los estudios universitarios de Andrés Leonardo Pimentel Álvarez constituía
una orden nueva, pues, a su juicio, se trataba de actualizar el contenido de la protección
originalmente concedida frente a la evolución de la situación y del derecho a la educación.
5.2. Por auto proferido el 24 de julio de 2026 se concedió la impugnación16 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 4 de agosto de 202617.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 18, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201519, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202120, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201921, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
16 Visto en el índice 59 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 00.
17 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03770 01.
18 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
21 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:
6.2.1. El señor Manuel Esteban Pimentel Álvarez promovió acción de tutela en contra de
la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales.
6.2.2. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, dentro del expediente
radicado bajo el número 25000-23-36-000-2016-02309-00, autoridad judicial que,
mediante sentencia del 22 de noviembre de 2016, negó el amparo solicitado.
6.2.3. Inconforme con dicha decisión, se presentó impugnación y la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de febrero de 2017
la revocó.
En su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales de los entonces menores
Manuel Esteban, Andrés Leonardo y Juan Sebatián Pimentel Álvarez e impartió las
siguientes órdenes:
22 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 25000 23 36 000 2016 02309 00.
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6.2.3. El 1 de abril de 2022, los señores Juan Sebastián Pimentel Álvarez y Andrés
Leonardo Pimentel Álvarez promovieron incidente de desacato por el presunto
incumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de tutela.23
6.2.4. Mediante auto del 5 de noviembre de 2025, la autoridad judicial accionada requirió
a la señora María Patricia Ortiz Benavides, representante legal de la Institución Educativa
Santa María del Río; al señor Wilson Javier Álvarez Rodríguez, rector de dicho
establecimiento educativo; y a la señora Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que acreditaran el cumplimiento de las
órdenes impartidas en la sentencia del 9 de febrero de 2017.
6.2.5. Posteriormente, por auto del 10 de noviembre de 2025, la magistrada
sustanciadora dispuso la apertura del incidente de desacato contra los referidos
funcionarios. No obstante, mediante providencia del 14 de noviembre de 2025, la Sala de
Decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
ordenó dar por terminado el trámite incidental sin imponer sanción alguna.
6.2.6. El 8 de mayo de 2026, los señores Manuel Esteban Pimentel Álvarez, Andrés
Leonardo Pimentel Álvarez, Juan Sebastián Pimentel Álvarez, Mónica Álvarez Cortés y
Juan Carlos Pimentel Salinas solicitaron la apertura de un nuevo incidente de desacato.
6.2.7. En auto del 11 de mayo de 2026, la autoridad judicial accionada corrió traslado al
municipio de Chía, a la Alcaldía Municipal de Chía, a la Secretaría de Educación
Municipal y a la Institución Educativa Santa María del Río, con el fin de que ejercieran su
derecho de defensa y se pronunciaran sobre los hechos expuestos por los incidentantes.
6.2.8. Finalmente, mediante providencia del 14 de mayo de 2026, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, se abstuvo de dar
apertura al nuevo incidente de desacato, al considerar que la situación planteada ya había
sido analizada en términos sustancialmente similares dentro de la actuación resuelta en
noviembre de 2025.
6.3. CUESTIÓN PREVIA
En el escrito de impugnación, los accionantes solicitaron la siguiente medida cautelar:
ORDENAR a la Secretaría de Educación de Chía — vinculada a este trámite — la
reserva presupuestal necesaria para garantizar la continuidad educativa de
Andrés Leonardo Pimentel Álvarez mientras se decide la presente impugnación.
Al respecto, la Sala advierte que, comoquiera que se impartirá una decisión de fondo en
el presente asunto, no hay lugar a emitir pronunciamiento sobre la cautela deprecada.
Lo anterior, comoquiera que la medida pretendida estaba orientada a que se ordenara a
la Secretaría de Educación de Chía efectuar la reserva presupuestal necesaria para
garantizar la continuidad educativa de Andrés Leonardo Pimentel Álvarez mientras se
resolvía la presente impugnación.
23
El 8 de abril de 2022, la magistrada sustanciadora Clara Cecilia Suárez Vargas manifestó impedimento
para conocer del incidente, por cuanto es hermana del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, quien
suscribió la providencia cuyo incumplimiento se alegaba. No obstante, mediante auto registrado en SAMAI
el 4 de noviembre de 2025, los magistrados Henry Aldemar Barreto Mogollón y Franklin Pérez Camargo,
integrantes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, declararon
infundado el impedimento propuesto y dispusieron que continuara conociendo del asunto.
12
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Sin embargo, es importante recordar que las medidas provisionales previstas en el
artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 tienen una naturaleza instrumental y transitoria, en
la medida en que buscan evitar la consumación de un perjuicio o asegurar la efectividad
de la decisión que habrá de adoptarse dentro del trámite constitucional.
Por ello, al proferirse en esta providencia la decisión definitiva de segunda instancia,
desaparece el supuesto temporal que justificaba la medida solicitada, pues ya no existe
un lapso procesal durante el cual deba preservarse la situación jurídica objeto de
controversia.
En consecuencia, la petición formulada ha perdido su finalidad práctica y, por tanto, no
procede emitir orden alguna al respecto.
6.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la impugnación, la Sala confirmará la
decisión de primera instancia, por las razones que pasan a explicarse.
Tal como lo explicó el a quo, la presente acción de tutela es improcedente por cuanto no
cumple con los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad.
6.4.1. Frente a la relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló lo siguiente:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]24.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
24 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del primer y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
6.4.1.1. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
explicó que este primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe
involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental (…)”.
En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que se promueva
contra una providencia judicial debe proponer un debate sobre el contenido, alcance o
goce de un derecho fundamental, pues sólo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que, quien interpone
una acción de tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada
lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel”.
El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias, consistente en que, para
superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos
fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente
la existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que compone a la relevancia constitucional,
la parte interesada en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera la sentencia atacada
está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que
exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para
afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el
núcleo esencial del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional como:
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[…] el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a
los particulares”25 y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho
que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro
derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo
cual se le quita su esencia fundamental […]26.
Conforme con lo expuesto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la parte
accionante invocó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso efectivo a la administración de justicia, a la educación, al libre desarrollo de la
personalidad y el derecho de los niños, los cuales estimó vulnerados con ocasión de los
autos proferidos el 14 de noviembre de 202527 y el 14 de mayo de 202628 por el tribunal
accionado en el trámite incidental adelantado en la tutela identificada con el radicado
núm. 25000 23 36 000 2016 02309 00/01.
De lo manifestado tanto en el escrito de tutela, como en la impugnación, la Sala advierte
que, en los términos en que se presentó tanto el escrito de tutela, como la impugnación,
la actora no cumplió con la exigencia de explicar los motivos por los cuales las
providencias acusadas vulnera la faceta constitucional de los derechos fundamentales
invocados como trasgredidos, puesto que no identificó cuál de las garantías que
componen el núcleo esencial de cada derecho resulta amenazada por la providencia que
controvierte, ni de lo expuesto se advierte prima facie que, en este caso, los autos
reprochados comprometan o involucren el contenido de estos derechos fundamentales,
por lo que el asunto no es relevante desde el punto de vista constitucional.
Por lo anterior, la Sala considera que el requisito general de relevancia constitucional no
se cumple frente a los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia.
6.4.1.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Ahora, en cuanto a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que29:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
25 Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
26 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
27 Finalizó el trámite incidental sin imponer sanciones.
28 Dispuso abstenerse de dar apertura al incidente de desacato solicitado.
29 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)». [Se
destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, por cuanto la solicitud de amparo está siendo utilizada por la parte actora
para reabrir el debate resuelto en el incidente de desacato, comoquiera que sus
reproches están orientados a controvertir lo resuelto por la autoridad judicial accionada
respecto de la apertura de dicho trámite.
Ahora bien, la Sala resalta que los accionantes, en su escrito de impugnación, aseveraron
que la Sección Quinta desconoció lo decidido en la Sentencia T-029 de 2025, mediante
la cual se estudió una acción de tutela promovida contra una providencia proferida dentro
de un incidente de desacato.
Al respecto, es preciso señalar que la sola circunstancia de que en aquel asunto se
hubiera admitido excepcionalmente el examen de fondo de una tutela dirigida contra una
decisión adoptada en un trámite incidental no implica que toda controversia de naturaleza
similar satisfaga automáticamente los requisitos generales de procedencia. Menos aun
cuando los accionantes no explicaron cuáles son las semejanzas fácticas y jurídicas entre
dicho caso y el que ahora se examina.
Además, debe recordarse que las sentencias de tutela producen efectos inter partes y
que la relevancia constitucional constituye un presupuesto que debe verificarse en cada
asunto concreto.
Por consiguiente, la invocación de la Sentencia T-029 de 2025 no desvirtúa la conclusión
según la cual la presente acción pretende reabrir una controversia previamente
examinada y decidida por el juez natural de la causa.
6.4.2. Frente a la subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable30.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
30 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
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aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. (Se destaca).
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela: (i) cuando el asunto
está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa judicial,
ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico 31.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable32.
En el caso concreto, la parte accionante reprochó, tanto en el escrito de tutela, como en
la impugnación, que la autoridad judicial accionada no vinculó a los padres de los
entonces menores al trámite de tutela inicial.
Al respecto, la Sala considera que, tal como lo indicó el a quo, la acción de tutela deviene
improcedente en los términos en los que se formuló, comoquiera que era posible
promover incidente de nulidad por la causal definida en el numeral 8 del artículo 133 del
Código General del Proceso, que al tenor literal dispone:
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas,
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago,
el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado
en la forma establecida en este código. (Se destaca).
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 134 de la misma codificación,
que señala: “Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que
se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella”.
Ahora bien, los accionantes alegaron en el escrito de impugnación que el fallo de tutela
de primera instancia omitió valorar el memorial presentado el 3 de marzo de 2017 por los
señores Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel Salinas, mediante el cual habrían
manifestado que no fueron vinculados al proceso de tutela original.
Sin embargo, la Sala advierte que en dicho memorial los señores Álvarez Cortés y
Pimente Salinas no solicitaron la nulidad de lo actuado en el trámite tutelar, por lo tanto,
dicho documento no controvierte lo resuelto por el a quo respecto de la improcedencia
por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
31 Sentencia T – 396 de 2014. Corte Constitucional.
32 Sentencia T-150 de 2016.
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Ahora bien, aclarado lo anterior, la Sala estima pertinente resolver, además, los otros
reproches presentados por los accionantes en su escrito de impugnación.
Los impugnantes sostienen que el análisis efectuado por el a quo en el fallo impugnado
fue equivocado, pues la acción de tutela se dirige contra los autos del 14 de noviembre
de 2025 y 14 de mayo de 2026, y no contra la sentencia de tutela proferida el 9 de febrero
de 2017.
La Sala advierte que los accionantes realizaron una lectura equivocada de la providencia
impugnada. En efecto, la referencia efectuada por el a quo a la actuación surtida en 2017
no tuvo como finalidad computar el término de inmediatez respecto de la sentencia de
tutela, sino evidenciar que, de considerarse que los señores Mónica Álvarez Cortés y
Juan Carlos Pimentel Salinas no fueron debidamente vinculados al trámite original, dicha
circunstancia debía ser alegada oportunamente dentro del respectivo proceso mediante
los mecanismos procesales previstos para tal fin.
En otras palabras, antes de acudir a la acción de tutela, correspondía al juez natural de
la causa pronunciarse sobre la eventual irregularidad procesal alegada y determinar si
resultaba procedente adoptar alguna medida correctiva.
En todo caso, la Sala observa que tampoco se encontraría satisfecho el requisito de
inmediatez respecto de ese cuestionamiento, toda vez que han transcurrido más de ocho
años desde la expedición de la sentencia de tutela sin que los accionantes hubieran
promovido oportunamente un mecanismo de amparo orientado a cuestionar la supuesta
irregularidad derivada de la falta de vinculación formal de determinados sujetos
procesales.
Adicionalmente los accionantes afirman que existe una contradicción entre el ordinal
cuarto del auto del 14 de noviembre de 2025, en el que se indicó la posibilidad de
promover una nueva solicitud de desacato, y la posterior decisión de 14 de mayo de 2026,
mediante la cual el Tribunal se abstuvo de abrir un nuevo trámite incidental.
Sin embargo, de la lectura integral de ambas providencias no se advierte, prima facie,
una incompatibilidad. Ello, comoquiera que la posibilidad de presentar una nueva solicitud
de desacato no implica que el juez se encuentre obligado a abrir y tramitar cualquier
petición posterior que se formule, pues conserva la facultad de verificar, en cada caso, si
concurren elementos que justifiquen el inicio de un nuevo incidente.
De hecho, la autoridad judicial expuso de manera razonada las razones por las cuales
consideró improcedente la apertura del trámite solicitado, al concluir que las órdenes
impartidas en la sentencia de 9 de febrero de 2017 habían sido cumplidas y que las
pruebas obrantes en el expediente respaldaban dicha conclusión.
Finalmente, los accionantes en su escrito de impugnación explicaron que la pretensión
relacionada con la continuidad de los estudios universitarios de Andrés Leonardo
Pimentel Álvarez constituye una actualización de la protección inicialmente concedida en
la sentencia de tutela.
Al efecto, la Sala advierte que los incidentes de desacato tienen como finalidad verificar
el cumplimiento de las órdenes expresamente impartidas en el fallo de tutela, las cuales,
en el caso en cuestión, fueron las siguiente:
18
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03770 01
Accionantes: Manuel Esteban Pimentel y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B
Primero: Revocar la sentencia del 22 de noviembre de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. En su
lugar:
Segundo: Amparar los derechos fundamentales a la educación de los menores
Manuel Esteban, Andrés Leonardo y Juan Sebastián Pimentel Álvarez. En
consecuencia:
Tercero: Ordenar a la Institución Educativa Santa María del Río estudiar la
posibilidad de asignar un cupo escolar para el presente año a los menores de edad
Manuel Esteban, Andrés Leonardo y Juan Sebastián Pimentel Álvarez para que
continúen con sus estudios. De no ser posible la asignación de cupos para este
año, asegurarlos para el 2018, previo cumplimiento de los requisitos para el efecto.
Cuarto: Ordenar al Instituto de Bienestar Familiar, orientar y acompañar
psicológicamente a los padres de los menores respecto al proceso educativo de sus
hijos, así como explicarles el alcance del amparo de los derechos fundamentales al
libre desarrollo de la personalidad y a la educación de Manuel Esteban Pimentel
Álvarez ordenado en sede de tutela el 25 de mayo de 2016 proferido por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Zipaquirá. Obligación que también deberá asumir el
colegio, una vez los menores sean reintegrados.
Quinto: Ordenar al ICBF y a la Institución Educativa acompañar psicológicamente
a los menores Manuel Esteban, Andrés Leonardo y Juan Sebastián Pimentel
Álvarez en su proceso de readaptación escolar.
Sexto: Ordenar a los padres de los menores, Mónica Álvarez Cortes y Juan Carlos
Pimentel, acudir a las citas que eventualmente programe la Institución Educativa
Santa María del Río y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así como
cumplir con los requisitos exigidos para el reintegro de sus hijos al establecimiento
educativo. [Negrillas del texto original]
Conforme lo anterior, se entiende que el trámite incidental se suscribe únicamente a
verificar el cumplimiento de lo resuelto y no a redefinir o ampliar su contenido.
Así las cosas, la presunta ampliación del amparo al derecho de educación del joven
Andrés Leonardo implica una discusión que no puede ser planteada mediante una nueva
acción de tutela dirigida contra las decisiones adoptadas dentro del trámite incidental.
En síntesis, la Sala observa que las inconformidades de los accionantes, planteadas tanto
en el escrito de tutela, como en la impugnación, obedecen a un desacuerdo con la
interpretación jurídica efectuada por el juez natural de la causa en el trámite incidental y
pretenden que el juez constitucional sustituya el criterio adoptado en dicho trámite, con
el fin de obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que resulta ajeno a la finalidad
de la acción de tutela.
En consecuencia, y sin ser necesario descender a otras consideraciones, la Sala
confirmará el fallo proferido el 9 de julio de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en el presente trámite tutelar,
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
19
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03770 01
Accionantes: Manuel Esteban Pimentel y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de julio de 2026 proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 20 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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