RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03771-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03771-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03771-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 16 de junio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03771-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Seis [6] de agosto de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01
Demandante: GREGORIO ENRIQUE HERNÁNDEZ NIETO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia del requisito de
relevancia constitucional. Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Gregorio Enrique Hernández
Nieto contra la sentencia de 16 de junio de 2026 proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito radicado el 15 de mayo de 2026, el señor Gregorio Enrique Hernández
Nieto, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, y a la igualdad.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
las providencias de 23 de abril y 15 de agosto de 2025 mediante las cuales,
respectivamente, las autoridades demandadas negaron las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido contra el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, causa que se identificó con el radicado 08001-
33-33-010-2022-00323-00/01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

[…] se ordene al honorable Consejo de Estado a ordenar al Tribunal Administrativo del
Atlántico a que revise de manera pormenorizada el proceso, retrotrayendo la actuación
a la etapa de pruebas y fallando, atendiendo las documentales y testimoniales que yacen
en el plenario, y, si así lo considera, decretando prueba de oficio que permita dar cuenta
de la exoneración del impuesto a los predios del sector donde habito, para así finalmente
proferir la decisión que en derecho corresponda, la cual no puede ser otra que acceder
a las pretensiones de la demanda1.

1.3. Hechos

Del expediente de tutela se encuentran los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El señor Gregorio Enrique Hernández Nieto solicitó a la Alcaldía de Barranquilla que
accedieran a sus súplicas reiteradas relacionadas con la excepción al cobro del
impuesto predial unificado sobre el inmueble de su propiedad ubicado en el conjunto
residencial «Villas de Málaga» en el barrio Ciudad Jardín, con sustento en que ese
sector fue catalogado de alto riesgo en virtud del Decreto 0810 de 2012 en atención a
la calamidad pública de algunos barrios de la referida ciudad derivada de la ola invernal
presentada en el año 2010.

Con ocasión de la referida calamidad, el Concejo de Barranquilla expidió el Acuerdo
0013 de 2011, por el cual dispuso la exoneración del pago del mencionado impuesto
a los inmuebles localizados en diferentes sectores del ente territorial incluyendo el
conjunto residencial «Villas de Málaga», en el cual el señor Hernández Nieto reside
desde el año 2014, por el lapso de 10 años. Lo anterior, fue reglamentado a través del
Decreto 0972 de 20112.

El 14 de noviembre de 2022 pidió un préstamo con el fin de cumplir con el pago
correspondiente a las vigencias 2014 a 2021 por valor mayor a siete millones de pesos
y así evitar el embargo de su propiedad por cuanto su esposa se encuentra delicada
de salud, y el 22 de septiembre de 2022 canceló el impuesto de esa anualidad.

La conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, en agotamiento del requisito
de procedibilidad para poder demandar, no prosperó porque el referido ente consideró
que el asunto no era conciliable por tratarse de un acto administrativo relacionado con
impuestos.

El accionante indicó que el tributo le ha sido cobrado únicamente a él, durante los años
«2011 a 2022», razón por la cual el 21 de abril de 2026 nuevamente solicitó a la

1 Transcripción del texto original con posibles errores.
2 Según el cual se definió el procedimiento a seguir para conformar el inventario de inmuebles afectados

en las zonas de riesgo.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

Alcaldía de Barranquilla y obtuvo una respuesta negativa mediante el oficio QUILLA-
22-116006 de 6 de junio de 2022.

Inconforme, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
el fin de que se declarara la nulidad del referido acto, asunto del cual conoció en
primera instancia el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barranquilla, autoridad que en sentencia de 23 de abril de 2025 negó las pretensiones
por considerar que el predio del demandante no cumplía con los requisitos exigidos
para ser beneficiario del Acuerdo 0013 de 2011 y del Decreto 0972 del 2011.

El recurso de apelación giró en torno a reprochar que el juez no realizó una valoración
pormenorizada del material probatorio que obraba en el expediente, y en señalar que
la autoridad no justificó la diferencia de trato respecto de los contribuyentes que fueron
cobijados con la medida de exclusión del cobro del tributo.

La alzada la resolvió el Tribunal Administrativo del Atlántico en proveído de 15 de
agosto de 2025 al confirmar la decisión del a quo luego de coincidir en que el
demandante no demostró que los inmuebles vecinos estuvieran en las mismas
condiciones técnicas y jurídicas en que se encuentra su propiedad, a fin de justificar
que tiene derecho a la referida exoneración.

Lo anterior, habida cuenta de que el tribunal, si bien reconoció que, aunque algunos
inmuebles aledaños se encontraban dentro del inventario de bienes exonerados de
pago del impuesto predial, ello no extendía automáticamente esa conclusión a la
propiedad del demandante; aunado a que la ilicitud del acto demandado debía
enmarcarse en el examen sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la
normativa que estableció dicho beneficio tributario.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora sostuvo que las providencias dictadas por las autoridades le vulneraron
sus derechos fundamentales al desatender lo estipulado en los artículos 4, 6, 13, 29 y
229 de la Constitución Política.

Indicó que las sentencias reprochadas incurrieron en defecto fáctico por cuanto no
efectuaron una valoración integral y razonable del material probatorio que obraba en
el expediente, el cual, a su juicio, daba cuenta de que su inmueble se encuentra
afectado por una situación atípica desde el punto de vista tributario, puesto que los
predios colindantes se encuentran exentos del pago del impuesto predial mientras que
su propiedad no goza de dicho beneficio.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

Cuestionó que las autoridades judiciales accionadas no aplicaran el principio de la
carga dinámica de la prueba con la finalidad de exigir a la entidad demandada a revisar
en sus bases de datos y aportar la documentación necesaria para verificar que el
predio del accionante es el único del conjunto «Villas de Málaga» al que le facturan el
recibo de impuesto predial.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante auto de 19 de mayo de 2026, el magistrado ponente de primer grado admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar en calidad de demandados al
Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla y al Tribunal
Administrativo del Atlántico.

En calidad de terceros con interés vinculó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, al Ministerio Público y a los demás intervinientes en el proceso ordinario
08001-33-33-010-2022-00323-00/01.

1.6. Contestación

Luego de remitidos los oficios y efectuadas las notificaciones correspondientes, el
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla manifestó
que se atiene a los fundamentos y consideraciones plasmadas en la sentencia dictada
por ese despacho el 23 de abril de 2025 en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho objeto de esta acción constitucional.

1.7. Fallo impugnado3

Mediante providencia de 16 de junio de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia
luego de concluir que no supera el análisis del requisito de relevancia constitucional
debido a que los argumentos elevados por el extremo accionante denotan un mero
desacuerdo con la decisión ordinaria en el sentido de insistir en que se le imprimió un
trato diferente porque a los predios colindantes se les exceptuó del pago del impuesto,
pese que el tribunal fue claro al señalar que tal hecho no le otorgaba de manera
automática el beneficio tributario, puesto que, era su deber el haber demostrado que
su propiedad se encontraba en las mismas condiciones técnicas y jurídicas para poder
acceder a lo requerido.

3 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 26 de junio de 2026.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

Adicionalmente, precisó que el asunto se concentra en la reapertura de un debate legal
y netamente económico que se surtió ante los jueces naturales al procurar la
devolución de los valores pagados por concepto del impuesto predial.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 1. ° de julio de 2026 la parte accionante solicitó
que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se conceda el amparo
de sus derechos fundamentales.

Como sustento de lo anterior, indicó que, contrario a lo señalado por el a quo
constitucional, el asunto objeto de atención sí cumple con los criterios de relevancia
comoquiera que la tutela no plantea una discusión meramente legal o económica,
puesto que el núcleo de la discusión consiste en analizar la vulneración de su derecho
a la igualdad en tanto aseguró que en el conjunto residencial en donde tiene su
inmueble es el único de los propietarios que está obligado a cumplir con el pago del
impuesto predial.

En ese orden, insistió en la existencia de un defecto fáctico, por cuanto refirió que el
punto central de la discusión consistía en establecer «por qué razón el único inmueble
gravado con el impuesto predial era el de mi propiedad, cuando las pruebas
testimoniales y documentales demostraban que los predios vecinos sí habían sido
beneficiados con la exención. Lejos de esclarecer ese hecho determinante, las
autoridades judiciales se limitaron a formular hipótesis sobre posibles razones por las
cuales los demás inmuebles conservarían el beneficio, sin exigir a la Administración la
demostración objetiva de esas circunstancias»4.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Gregorio Enrique Hernández Nieto contra la providencia 16 de junio de 2026 dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
20215, así como el Acuerdo 080 de 20196 de la Sala Plena de esta corporación.

4 Cita del texto original con posibles errores.
5 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.

6 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

2.2. Cuestión previa

En este punto del debate, la Sala precisa que, si bien el extremo accionante demandó
las sentencias de 23 de abril y 15 de agosto de 2025, dictadas por las autoridades
ordinarias en primera y en segunda instancia, lo cierto es que, en esta sede, el análisis
se realizará respecto de la última providencia por ser la que puso fin a esa causa.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 16 de junio de 2026 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, a través de la cual declaró la improcedencia
de la acción de tutela de la referencia.

Para resolver el interrogante planteado, se abordarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados; (iii)
el análisis del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20127 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 10, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Para la Sala resulta necesario anunciar que, en consonancia con lo analizado por el a
quo, el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto
de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo elevada por el señor Gregorio
Enrique Hernández Nieto no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:

(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal11.
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico12; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»13.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés

11 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-573 de 2019.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

general”14. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»15.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso16, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

2.5.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el señor Gregorio Enrique Hernández Nieto, advierte que
el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional para que proceda su
análisis en sede de tutela contra providencia judicial.

En síntesis, la parte accionante manifestó que con la sentencia de 15 de agosto de
2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico se configuró el defecto fáctico
en atención a que dicha autoridad no valoró de manera integral las pruebas allegadas
al proceso ordinario a partir de las cuales se evidenciaba la vulneración a su derecho
a la igualdad en relación con los propietarios de los predios colindantes, a quienes sí
les aplica la exención del impuesto predial establecida en el Acuerdo 0013 de 2011
[reglamentado por el Decreto 0972 del 2011], mientras al tutelante se le exige el pago del
mencionado tributo. Además, aseguró que en este caso la judicatura demandada debió
invertir la carga de la prueba a fin de determinar si su predio se encontraba en la misma
condición técnica y jurídica de sus vecinos a efectos de establecer si era acreedor al
mencionado beneficio.

En ese orden, es claro para la Sala de decisión que la discusión planteada por el
extremo actor se limita a un debate de interpretación legal que ya se surtió en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, concerniente a determinar si el
señor Gregorio Enrique Hernández Nieto acreditó cumplir los requisitos exigidos en el

14 Ibídem.
15 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
16 Sentencia SU-573 de 2019.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

Acuerdo 0013 de 2011 y en el Decreto 0972 del 2011, más allá de revisar si hubo una
vulneración al derecho a la igualdad, puesto que, en todo caso, el Tribunal
Administrativo del Atlántico concluyó que el accionante no demostró que su inmueble
estaba en las mismas condiciones de los predios colindantes, pues ese solo hecho no
le otorgaba de manera automática el beneficio reclamado.

Aunado, la Sala resalta que el cargo por defecto fáctico tampoco cumple con la carga
relativa a señalar cuál o cuáles pruebas fueron las omitidas o indebidamente valoradas
por la autoridad accionada, así como la incidencia de estas en la decisión adoptada.
Ello, conlleva que se demuestre que el caso, lejos de ameritar un análisis a partir de
los postulados constitucionales, se limita a proponer con deficiencia argumentativa,
que se realice el estudio de la legalidad de la decisión del juez competente en materia
de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue adoptada en el marco de los
principios de autonomía e independencia judicial.

En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado la judicatura cuestionada.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el extremo accionante ejecute una exposición
que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías superiores que permita tener por satisfecho el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que el debate presenta una falencia en la carga argumentativa, gira en
torno a un asunto de interpretación meramente legal y no se evidencia una vulneración
palmaria que amerite la intervención del juez de tutela17. Todo lo anterior, da lugar a
que se confirme la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.

17 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-

000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gregorio Enrique Hernández Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03771-01

2.6. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 16 de junio de
2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró
improcedente la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 16 de junio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta providencia fue generada con firma electrónica. Puede consultar la providencia con el número de
radicado en el siguiente link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.