RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03772-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03772-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03772-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar el amparo solicitado por Julián Salamanca Vanegas, por las razones expuestas en la parte considerativa. 2. En caso de no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03772-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

9 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Tema: Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor Julián
Salamanca Vanegas contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1. ° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones

El 15 de mayo de 2026, Julián Salamanca Vanegas interpuso acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca por estimar vulnerados el derecho fundamental al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con los principios
de legalidad y seguridad jurídica. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«Solicito respetuosamente que se amparen los derechos fundamentales invocados, que
se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado
el 5 de marzo de 2026 y que se ordene a dicha Corporación proferir una nueva decisión
en la que se aplique el precedente judicial vigente y se reconozca el derecho al pago de
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el periodo de
desvinculación.»

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

De los hechos que dieron origen al medio de control

El señor Julián Salamanca Vanegas, se vinculó al Hospital Universitario del Valle
«Evaristo García» E.S.E. el 1. ° de julio de 1994, en el cargo técnico operativo, Código
314, Grado 4, empleo de carrera administrativa de la planta de cargos de la entidad.

El 26 de octubre de 2016, la junta directiva del Hospital Universitario del Valle
«Evaristo García» E.S.E. celebró una sesión y expidió el Acuerdo 020. Dicho acto
administrativo modificó la planta de personal de la entidad y suprimió varios cargos,
pues redujo el número de empleos de técnico operativo, código 314, grado 4, y causó
la desvinculación del demandante.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

Ante esta situación, Salamanca Vanegas presentó reclamación de incorporación ante
la comisión de personal del hospital; sustentó su petición en que la entidad vinculó a
personal en provisionalidad e ignoró el derecho preferencial consagrado a su favor en
el artículo 44 de la Ley 909 de 2004.

La Comisión de Personal resolvió la reclamación mediante la Resolución CP 032/2017
del 6 de abril de 2017 y reconoció a favor del demandante el derecho a la
incorporación en la nueva planta de la entidad. La gerencia del hospital recurrió esa
decisión.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución CNSC -
20172010058605 del 21 de septiembre de 2017, rechazó por improcedente el recurso
presentado; no obstante, aplazó la firmeza de la decisión adoptada por la Comisión
de Personal en la Resolución 032 de 2017, por cursar reclamaciones en segunda
instancia, pendientes de resolución, presentadas por las señoras María Alexandra
Quilindo Chaparral, Damaris Moreno Portilla y Yamileth Vargas Ramírez.

Posteriormente, la junta directiva de la Entidad Hospitalaria, mediante el Acuerdo 036
del 28 de noviembre de 2017, dio cumplimiento a unas incorporaciones reconocidas
por la Comisión de Personal del Hospital Universitario del Valle «Evaristo García»
E.S.E. a favor de unos funcionarios inscritos en el escalafón público de carrera
administrativa, dentro de los cuales se encontraba el tutelante.

Mediante la Resolución CNSC-20182010034275 del 6 de abril de 2018, la Comisión
Nacional del Servicio Civil resolvió las reclamaciones laborales presentadas por las
señoras María Alexandra Quilindo Chaparral, Damaris Moreno Portilla y Yamileth
Vargas Ramírez, por la presunta vulneración de su derecho preferencial de
incorporación, en la cual se confirmó la incorporación reconocida por la Comisión de
Personal en la Resolución 032 del 6 de abril de 2017 al señor Julián Salamanca
Vanegas.

En atención al Acuerdo 036 de 2017, el gerente del Hospital emitió la Resolución 1272
del 25 de abril de 2018, mediante la cual dio cumplimiento a las incorporaciones
reconocidas por la Comisión de Personal del mencionado Hospital; asimismo, se
estableció que esos nombramientos surtieron «efectos a partir de la posesión en el
cargo al cual se incorpora el funcionario inscrito en el escalafón de carrera
administrativa. El tiempo servido antes de la supresión del cargo se acumulará, para
efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás
derechos laborales a partir de la posesión.»

El tutelante fue incorporado a la planta de personal del Hospital a partir del 2 de mayo
de 2018.

Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-33-008-
2018-01024-00/01

El 2 de octubre de 2018, Julián Salamanca Vanegas interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en búsqueda de la
nulidad parcial del Acuerdo 036 del 28 de noviembre de 2017 «Por medio del cual se
da cumplimiento a unas INCORPORACIONES reconocidas por la Comisión de
Personal del Hospital universitario del Valle "EVARISTO GARCIA" E.S.E. a favor de
unos funcionarios inscritos en el escalafón público de carrera administrativa» y de la
Resolución 1272 del 25 de abril de 2018, «Por medio del cual se da cumplimiento a
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

unas INCORPORACIONES reconocidas por la Comisión de Personal del Hospital
Universitario del Valle "EVARISTO GARCIA" E S.E, a favor de unos funcionarios
inscritos en el escalafón público de Carrera Administrativa según resolución No. 032
de 2017, modificada por la Resolución No. 20182010034275 del 06 de Abril de 2018».

Y solicitó que, a título de restablecimiento del derecho, se condene al Hospital
Universitario del Valle «Evaristo García» E.S.E. a reconocerle y pagarle los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales dejados de percibir durante el
tiempo en que estuvo separado de su cargo, mientras se resolvía su solicitud de
incorporación, incluyendo primas, bonificaciones, vacaciones, aportes a la seguridad
social y los incrementos decretados en ese periodo, desde la fecha de su
desvinculación hasta su efectiva incorporación.

Proceso que le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, quien, en sentencia del 29 de octubre de 2021, declaró la nulidad
parcial de la Resolución 1272 del 25 de abril de 2018 y, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó reconocer y pagar en favor del señor Julián Salamanca Vanegas
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por este desde la fecha del
retiro y hasta la de su reintegro.

Lo anterior, al considerar que el artículo 88 del Decreto 1227 de 2005 establece que,
cuando en una reforma de planta, los cargos creados son iguales o solo difieren en su
denominación, los empleados con derechos de carrera deben ser incorporados al
considerarse que no hubo supresión efectiva del empleo. Para el Tribunal, la
Resolución 1272 de 2018 reconoció el derecho preferente del demandante, pero la
entidad desconoció la normativa aplicable, pese a tener conocimiento previo de dicho
derecho, lo que obligó al actor a reclamar hasta lograr su incorporación. En
consecuencia, concluyó que el perjuicio ocasionado por el tiempo de desvinculación
debe repararse mediante el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir,
debidamente indexados, entendidos como una indemnización que restablece la
situación jurídica del demandante, como si nunca hubiera sido retirado del servicio.

Contra esta providencia el Hospital demandado interpuso recurso de apelación.
Consideró que, la demora en la incorporación no fue arbitraria, sino resultado del
trámite administrativo requerido; resaltó que inicialmente no contaban con comisión
de personal y que el proceso se consolidó tras decisiones posteriores de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, el cual culminó con la incorporación del demandante en
diciembre de 2017. Argumentó que este procedimiento no es automático y, aunque
tardó más de lo previsto, no existe sanción legal por ello. Asimismo, afirmó que, tras
la desvinculación, el demandante dejó de ser servidor público, por lo que no tiene
derecho a salarios ni prestaciones durante ese periodo, ya que no hubo prestación
efectiva del servicio, y aclaró que el cómputo del tiempo sin solución de continuidad
no implica el pago de dichos emolumentos, salvo en casos de nulidad de la
desvinculación.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 5 de
marzo de 2026, revocó la sentencia apelada y negó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto explicó que la supresión del cargo del demandante implicó su retiro
efectivo del servicio, con lo cual cesó la obligación de pagar salarios, y que la ley no
reconoce remuneración sin prestación del servicio. Aunque posteriormente fue
incorporado tras una reclamación administrativa, ello no genera el derecho al pago de
salarios durante el tiempo de desvinculación, ya que dicho proceso no es automático
y el empleado puede optar por la reincorporación o la indemnización. En
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

consecuencia, consideró que los actos demandados se ajustaron a la ley, al garantizar
el derecho de incorporación preferencial, sin que exista norma que respalde la
continuidad laboral ni el pago de los emolumentos reclamados.

3. Argumentos de la acción de tutela

El demandante sostuvo que la decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A vulneró sus derechos fundamentales, porque desconoció la naturaleza
constitucional de la carrera administrativa, que garantiza estabilidad laboral y
protección al mérito.

Argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo al
interpretar erróneamente la ley, ya que la falta de prestación del servicio fue causada
por la actuación ilegal de la propia administración. Además, afirmó que la tutela es
procedente porque no hay otro mecanismo eficaz, y porque se configuraron causales
como la violación directa de la Constitución.

Por otra parte, alegó que la Corporación demandada incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial de la misma Corporación dado que
se apartó sin justificación de decisiones previas en casos con identidad fáctica, lo que
afectó los principios de igualdad y seguridad jurídica. Por ello, el demandante solicitó
que se protejan sus derechos, se anule la sentencia cuestionada y se ordene una
nueva decisión que reconozca el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir.

4. Trámite previo

El 22 de mayo de 2026, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en calidad de demandado, y al
Hospital Universitario del Valle «Evaristo García» E.S.E. y al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en calidad de terceros con interés.

5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A guardó silencio.

6. Intervenciones de los terceros vinculados

El Hospital Universitario del Valle «Evaristo García» E.S.E. consideró que no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, ya que el accionante no plantea una
vulneración real de derechos fundamentales, sino una simple inconformidad con la
interpretación jurídica realizada por el Consejo de Estado dentro del proceso ordinario.
De modo que, a su entender, o que se debate es un asunto de legalidad (interpretación
del derecho preferencial de incorporación y sus efectos económicos), lo cual no
justifica la intervención del juez constitucional. Señaló que la jurisprudencia ha
reiterado que la tutela contra providencias judiciales es excepcional y no procede
cuando solo existe desacuerdo con la valoración probatoria o la interpretación
normativa realizada por el juez competente.

Además, sostuvo que la tutela se está utilizando indebidamente como una tercera
instancia para reabrir un debate ya resuelto de manera definitiva por la jurisdicción
contencioso-administrativa. El accionante pretende que el juez de tutela sustituya el
criterio del juez natural y vuelva a analizar los mismos argumentos ya discutidos, lo
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

cual desconoce principios como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía
judicial. En consecuencia, al no existir un problema constitucional y evidenciarse un
intento de reabrir la controversia, solicitó declarar la improcedencia del amparo.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A
vulneró los derechos fundamentales del señor Julián Salamanca Vanegas, por cuanto
incurrió en un defecto sustantivo al interpretar de manera errada la normativa y

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

desconocer la naturaleza jurídica de la carrera administrativa y por desconocimiento
del precedente.

La Sala anticipa que negará el amparo solicitado, porque la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
deprecados, por el contrario, la decisión es razonable.

Bajo ese marco, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto y, (ii)
análisis de los defectos invocados en el caso concreto.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela
cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección del
derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, por cuanto alegó que la decisión del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales al desconocer la protección constitucional de la carrera
administrativa y apartarse injustificadamente del precedente e incurrir en una
interpretación errónea de la ley frente a una situación generada por la propia
administración.

Sumado a lo anterior, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales
de tutela contra providencia judicial, se afectarían los derechos fundamentales de la
parte actora, en la medida que se trata de un asunto donde se cuestionan salarios
dejados de percibir.

Tampoco se emplea como una instancia adicional, porque si bien en la primera
instancia se declaró la nulidad parcial del acto que lo reincorporó a la planta de
personal del Hospital, fue en el trámite de la segunda instancia que se revocó la
sentencia para negar las pretensiones de la demanda.

Se cumple con el (ii) requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados; (iii) frente al requisito general de inmediatez, se advierte que la sentencia
de segunda instancia fue proferida el 5 de marzo de 2026, y el ejercicio de acción de
tutela tuvo lugar el 15 de mayo de 2026, es decir, se promovió, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación, lo que satisface el requisito previsto por la Corte
Constitucional para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

En lo demás, la Sala advierte que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que el accionante alega una (iv) irregularidad
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó
de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se cuestionan
sentencias de tutela.

En consecuencia, corresponde a la Sala examinar si en el caso concreto se configuran
los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente judicial.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

De los defectos sustantivo4 y por desconocimiento del precedente judicial5 en
el caso concreto

Julián Salamanca Vanegas interpuso la presente acción de tutela con el propósito de
que se dejara sin efecto la sentencia de 5 de marzo de 2026, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A revocó la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y había declarado la nulidad
parcial de la Resolución 1272 de 2018 al considerar que el daño generado por el
periodo de desvinculación debía ser resarcido mediante el pago de los salarios y
prestaciones que dejaron de percibirse, debidamente actualizados, a modo de
indemnización orientada a restituir la situación jurídica del demandante, para que
estuviese en la misma condición en la que estaría de no haber sido separado del
servicio.

El demandante afirmó que la decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A vulneró sus derechos fundamentales al desconocer la protección
constitucional de la carrera administrativa y al incurrir en un defecto sustantivo por
interpretar erróneamente la ley, pese a que la falta de prestación del servicio obedeció
a una actuación ilegal de la administración. Sostuvo además que la tutela es
procedente por no existir otro medio eficaz y por configurarse causales como la
violación directa de la Constitución y el desconocimiento del precedente, ya que la
corporación se apartó injustificadamente de decisiones previas en casos similares
dentro de los procesos 76001-23-33-000-2018-00416-01 y 76001-23-33-000-
201800380-01, con lo cual afectó la igualdad y la seguridad jurídica.

La Sala advierte que la solicitud de amparo se dirige a cuestionar la providencia judicial
de segunda instancia proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el cual se debatió la legalidad del acto administrativo mediante el cual el
Hospital Universitario del Valle «Evaristo García» E.S.E. dio cumplimiento al
Acuerdo 036 de 2017 y reincorporó al tutelante dentro de su planta de personal.

4
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al
caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
5
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y
que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

El demandante sostiene que la decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A vulneró sus derechos fundamentales al desconocer la naturaleza
constitucional de la carrera administrativa y al incurrir en un defecto sustantivo por
interpretación errónea de la ley, a pesar de que la falta de prestación del servicio se
originó en una actuación ilegal de la administración. Asimismo, afirma que se configuró
un defecto por desconocimiento del precedente, dado que la decisión se apartó
injustificadamente de fallos anteriores, en detrimento de los principios de igualdad y
seguridad jurídica.

Por razones metodológicas, se estudiarán, en primer lugar, el cargo por defecto
sustantivo, relativo al desconocimiento de la naturaleza de la carrera administrativa y
a la interpretación errónea de la ley y, en segundo lugar, el cargo por
desconocimiento del precedente en relación con los procesos 76001-23-33-000-
2018-00416-01 y 76001-23-33-000-2018-00380-01 los cuales se encuentran
íntimamente relacionados con los hechos objeto de tutela.

Cabe señalar que, aunque el actor mencionó la violación directa de la Constitución
entre las causales invocadas, no desarrolló una argumentación autónoma frente a ella,
pues sus reproches se dirigen a la interpretación de la ley y al alcance del precedente
judicial. Por consiguiente, ese planteamiento se examinará dentro de los defectos
sustantivo y de desconocimiento del precedente.

Al respecto debe indicarse que, Julián Salamanca Vanegas promovió una demanda a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Acuerdo 036 de 2017 y la Resolución 1272 de 2018, expedidos por el Hospital
Universitario del Valle «Evaristo García» E.S.E., con el fin de obtener la nulidad parcial
de dichos actos relacionados con su proceso de incorporación a la carrera
administrativa. Como consecuencia, solicitó que se le reconozcan y paguen los
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el
tiempo en que permaneció separado de su cargo, incluyendo todos los conceptos
laborales e incrementos correspondientes, desde su desvinculación hasta la efectiva
incorporación.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca acogió estos argumentos y declaró
la nulidad parcial de la Resolución 1272 del 25 de abril de 2018 y, a título de
restablecimiento del derecho ordenó reconocer y pagar en favor del señor Julián
Salamanca Vanegas los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la
fecha de su retiro hasta su reintegro.

Lo anterior se fundamentó en que el artículo 88 del Decreto 1227 de 2005 dispuso
que, en los procesos de reforma de planta, cuando los cargos creados son
equivalentes o solo difieren en su denominación, debe efectuarse la incorporación de
los servidores con derechos de carrera, al no existir una supresión real del empleo.
En este contexto, el Tribunal consideró que la Resolución 1272 de 2018 reconoció el
derecho preferente del demandante; sin embargo, la entidad desatendió la normativa
aplicable, pese a tener conocimiento previo de dicha situación, lo que obligó al actor
a insistir hasta lograr su reincorporación. En consecuencia, concluyó que el daño
ocasionado por el periodo de desvinculación debe resarcirse mediante el pago
actualizado de dichos emolumentos, como una indemnización orientada a restablecer
su situación jurídica, ubicándolo como si nunca hubiera sido separado del servicio.

Al respecto, se advierte que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, en sentencia del 5 de marzo de 2026, revocó la decisión de primera instancia y
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la supresión del cargo del
demandante produjo su desvinculación efectiva del servicio, lo que extinguió la
obligación de pagar salarios, dado que la ley no contempla remuneración sin la
prestación del servicio, tal como se pasa a ver:
«54. En el presente asunto, el cargo ocupado por el demandante fue suprimido y por
decisión de la entidad no fue incorporado en los nuevos empleos creados en la planta de
personal de la ESE, lo que conllevó a su retiro efectivo del servicio y en consecuencia, a
que cesara por parte de su empleador la obligación de reconocer y pagar sus derechos
salariales.

55. Ante ese escenario la ley no establece en favor del exempleado de carrera el derecho
a percibir remuneración sin prestar los servicios, precisamente por ser considerado
retirado del cargo. Partiendo de lo anterior, muy a pesar de que el señor Julián Salamanca
haya sido incorporado meses después de su retiro producto de la reclamación presentada,
el estudio de las normas citadas en el acápite de normas violadas y concepto de violación
no permite concluir el derecho al pago de los salarios reclamados.

56. Se recuerda que a los exempleados se les garantiza la posibilidad de ser vinculados
en un empleo de carrera administrativa existente en la nueva planta de personal de la
entidad o de otra, pero para ello deben someterse al desarrollo del trámite administrativo
previsto en las leyes relacionadas en el marco normativo o en caso contrario, si lo
prefieren, podrán optar por la indemnización.

57. Además, en este caso, está acreditado que el ejercicio de la reclamación y el trámite
administrativo establecido en la ley, permitieron verificar la decisión de no vincular al
empleado de carrera administrativa en la nueva planta y de hecho se accedió a esa
pretensión, indicando que “no tenía el carácter de nuevo nombramiento” para la Sala ello
tampoco conlleva al reconocimiento y pago de los salarios mientras se surtió y definió ese
trámite.

58. Lo que se pretendió con dicha mención fue que el actor a partir de su posesión
continuaba gozando de los derechos de carrera que tenía al momento de su retiro y en
ese sentido, se le permitió la figura de la acumulación de tiempo de servicios.»

Señaló, además que, aunque el actor fue posteriormente incorporado tras un trámite
administrativo, ello no genera el derecho al pago de salarios durante el periodo de
desvinculación, pues este proceso no es automático y el servidor puede elegir entre
la reincorporación o la indemnización.

Para tal efecto, trajo a colación un precedente de la misma Subsección6 donde se
estableció que no existe fundamento legal para reconocer salarios y prestaciones
durante el tiempo en que el trabajador esperó su reincorporación, pues el parágrafo
del artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 no contempla tal beneficio, sino únicamente
la acumulación del tiempo efectivamente laborado para efectos prestacionales al
momento de una nueva vinculación. En ese sentido, la norma no establece una
continuidad laboral ni permite extender beneficios más allá de las alternativas
previstas ante la supresión del cargo, que son la indemnización o la reincorporación,
sin que sea posible combinarlas para obtener pagos por periodos no trabajados.
Además, anotó que no puede darse a la norma un alcance que no tiene, conforme al
principio de que el intérprete no debe distinguir donde la ley no lo hace. Por ello, al
haberse ofrecido al trabajador las opciones legales y permitirle elegir libremente, no
se configuró vulneración de derechos ni imposición de cargas indebidas, sino el
cumplimiento de las garantías previstas en la ley.

6
Sección Segunda, Subsección A, CP: William Hernández Gómez, 31 de enero de 2019, Exp.08001233300020130045501.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

En consecuencia, concluyó que los actos administrativos cuestionados se ajustaron a
derecho, al garantizar el derecho preferencial de incorporación conforme con el
artículo 44 de la Ley 909 de 2004, sin que exista disposición que respalde la
continuidad laboral ni el reconocimiento de los emolumentos reclamados, de la
siguiente manera:

«62. En síntesis, si el actor consideraba que su retiro fue ilegal y que merecía ser
incorporado inmediatamente en la nueva planta de personal -lo que le garantizaría percibir
su remuneración salarial y prestacional-, le correspondía demandar el acto que lo retiró
del servicio por ser el causante del daño.

63. En últimas se concluye los actos acusados cumplieron con la finalidad establecida por
el legislador, resolver una reclamación administrativa de incorporación preferencial por ser
empleado de carrera administrativa, en ese sentido, no existe vulneración al artículo 44 de
la Ley 909 de 2004, pues al actor se le garantizó su derecho y lo cierto es que tampoco
citó norma que regule la continuidad laboral y el reconocimiento de los derechos
pretendidos.

64. Por las razones expuestas, la Sala no comparte la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que se revocará y, en consecuencia, se
negarán por las razones anteriormente expuestas.»

Ahora bien, sobre el defecto sustantivo, la Sala advierte que la conclusión de la
Sección Segunda, Subsección A fue razonable, toda vez que la autoridad judicial
accionada explicó que el pago de salarios y prestaciones sociales supone la vigencia
del vínculo laboral y la prestación efectiva del servicio; que la supresión del cargo
produjo el retiro efectivo del demandante, quien adquirió la condición de exempleado
de carrera, y que ninguna de las normas invocadas en la demanda consagra el
derecho a percibir remuneración durante el trámite de la reclamación de incorporación,
pues el parágrafo del artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 únicamente prevé la
acumulación del tiempo servido para efectos prestacionales. Así mismo, precisó que
las alternativas que el ordenamiento ofrece al empleado de carrera ante la supresión
del empleo son la reincorporación o la indemnización, sin que resulte viable una figura
mixta que equivalga a una reincorporación con el pago de un lapso no laborado.

De igual forma, la autoridad judicial accionada advirtió que el actor no demandó el acto
que suprimió su cargo y lo retiró del servicio, único del cual podría derivarse, en caso
de declararse la nulidad, el reconocimiento de las acreencias pretendidas. Con
fundamento en ello, concluyó que los actos acusados cumplieron la finalidad prevista
por el legislador, esto es, resolver una reclamación de incorporación preferencial, sin
vulneración del artículo 44 de la Ley 909 de 2004.

La Sala encuentra que esas conclusiones no obedecen a un criterio caprichoso, pues
la autoridad judicial accionada se apoyó en el texto de las disposiciones aplicables y
en pronunciamientos previos de esa misma Sección que acogieron idéntica
interpretación, esto es, la sentencia del 31 de enero de 2019, dictada en el expediente
2013-00455-01 de la Subsección A y la providencia de 11 de noviembre de 2021,
proferida en el asunto con radicado 2013- 00362-01, de la Subsección B, referidas en
la providencia cuestionada.

Por otra parte, como ya se dijo, el demandante alega que la decisión del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en desconocimiento del precedente judicial, pues se apartó de dos
decisiones de la misma Corporación, esto es, las tomadas en los expedientes 76001-

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

23-33-000-2018-00416-01 y 76001-23-33-000-2018-00380-01, con afectación de los
principios de igualdad y seguridad jurídica.

Al efecto, la Sala observa que ambos casos comparten una problemática jurídica
sustancialmente idéntica: servidores de carrera administrativa del Hospital
Universitario del Valle cuyos cargos fueron suprimidos en una reestructuración, pese
a lo cual subsistían empleos equivalentes en la nueva planta, y quienes no fueron
incorporados de manera inmediata debido a que la administración dio prelación a
trabajadores en provisionalidad. En los dos procesos, los demandantes acudieron a
la comisión de personal, que reconoció su derecho preferente de incorporación, pero
sin ordenar el pago de salarios y prestaciones durante el tiempo de desvinculación.

En los dos casos el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, concluyó
que la falta de incorporación oportuna constituyó una actuación ilegal que vulneró el
derecho de carrera (artículo 44 de la Ley 909 de 2004), razón por la cual el tiempo de
desvinculación era imputable a la administración, lo que justificaba el reconocimiento
de salarios y prestaciones dejados de percibir hasta la reincorporación efectiva.

Sin embargo, en el presente caso, no se encuentra acreditado el defecto por
desconocimiento del precedente judicial y, por lo tanto, no se advierte que la autoridad
judicial demandada haya adoptado una decisión arbitraria, ni trasgresora de los
derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama y, en ese orden, no se
encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso que invoca vulnerado
la parte actora.

Lo anterior, dado que el hecho de que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A haya adoptado un criterio distinto al sostenido por la subsección B de
la Sección Segunda de la misma Corporación no configura, por sí mismo, una
vulneración de los derechos fundamentales invocados. Ello obedece a que, dentro del
marco de autonomía e independencia judicial, el fallador conserva la facultad de
interpretar la normativa aplicable y acoger la postura que, conforme con su análisis,
resulte más adecuada, razonable y ajustada al caso concreto.

Cabe precisar que, aunque existan precedentes horizontales con criterios divergentes,
no puede exigirse que el fallador replique de manera automática una de dichas
posiciones, especialmente cuando expone razones suficientes que justifican su
entendimiento jurídico. La sola existencia de interpretaciones judiciales disímiles no
implica arbitrariedad, sino que refleja la dinámica propia del debate jurisprudencial en
materias no unificadas.

Por ello, que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A haya llegado a
conclusiones diferentes a las pretendidas por la parte actora no constituye, por si solo,
un desconocimiento del precedente ni una afectación a derechos fundamentales, en
la medida en que la decisión se encuentra motivada, es coherente con la línea
jurisprudencial que ella misma acoge y se funda en una interpretación jurídicamente
viable dentro del margen de discrecionalidad judicial que reconoce el ordenamiento.

En consecuencia, se negarán las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por
Julián Salamanca Vanegas contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, pues no incurrió en los defectos sustantivo ni por desconocimiento del
precedente invocados.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03772-00
Demandante: Julián Salamanca Vanegas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar el amparo solicitado por Julián Salamanca Vanegas, por las razones
expuestas en la parte considerativa.
2. En caso de no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

Ausente con permiso (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.