Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00455-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2019 › Radicado 08001-23-33-000-2013-00455-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Prestaciones sociales: supresión de cargo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00455-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2013-00455-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
31 de enero de 2019
PRESTACIONES SOCIALES - Supresión de cargo / SUPRESION PLANTA DE PERSONAL - Efecto natural de la liquidación de entidades estatales / SUPRESION - Causa legal de retiro del servicio / DERECHOS DE CARRERA FRENTE A LA SUPRESION DEL CARGO - Indemnización o reincorporación a la nueva planta de personal / REINCORPORACION A LA NUEVA PLANTA DE PERSONAL - El estado no está obligado a que se le reconozcan o paguen salarios y prestaciones sociales desde la fecha de retiro del servicio hasta aquella en la que se logre
Con el tiempo, la variación en los requerimientos de la entidad, en sus planes y programas, pueda dar lugar a modificaciones en su estructura organizacional y funcional con el propósito de que esta se adapte a nuevas realidades existentes. De acuerdo con ello, la planta de personal puede verse expuesta a reformas, como ocurre en los eventos de supresión o creación de cargos, o incluso puede extinguirse como una consecuencia inexorable de la liquidación de la entidad estatal. La supresión de empleos es causa legal de retiro del servicio de los empleados del sector público en carrera administrativa, y se justifica en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los requerimientos del servicio para hacer más ágil, eficaz y eficiente la función que deben cumplir. De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 760 de 2005, si no es posible la incorporación en la nueva planta de personal de la entidad, debido a que no existe cargo igual o equivalente o porque aquella fue suprimida, se deberá comunicar por escrito esta circunstancia al servidor, con indicación del derecho que le asiste de optar por percibir la indemnización de que trata el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 909 de 2004 o por ser reincorporado a un empleo de carrera igual o equivalente al suprimido, conforme con las reglas establecidas en el artículo 28 del decreto en mención. En el presente asunto no le asiste razón a la parte demandante, toda vez que cuando se suprimen cargos de carrera administrativa como consecuencia de la liquidación de la entidades públicas y el Estado cumple al empleado escalafonado las garantías consagradas en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, no existe regulación que disponga derecho alguno al trabajador para que se le reconozcan o paguen salarios y prestaciones sociales desde la fecha de retiro del servicio hasta aquella en la que se logre la reincorporación, si aquel opta por dicha prerrogativa especial de permanencia en el servicio, como sucedió en el presente asunto, en el cual el actor optó por la reincorporación.
FUENTE FORMAL: LA LEY 909 DE 2004 - ARTICULO 44
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "A"
Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00455-01(4178-16)
Actor: JORGE LUIS BAYUELO JIMENEZ
Demandado: DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES, METROTRANSITO EN LIQUIDACION Y DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Jorge Bayuelo Jiménez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con el fin de que se acceda a las siguientes:
Pretensiones
Se declare que es nula la decisión contenida en el oficio 2012 10016051-2 del 20 de septiembre de 2012 proferido por la asesora de la oficina de gestión humana de la dirección distrital de liquidaciones, recibido el 23 de septiembre de 2012, por el cual se le niega el reconocimiento y pago de las sumas correspondientes a los salarios y prestaciones sociales como ex servidor público del entonces Metrotránsito en liquidación, desde su despido hasta el momento en que fue reincorporado en el cargo de Auxiliar Administrativo 407-08, en la Alcaldía del municipio de Envigado, a través del Decreto 2239 del 14 de junio de 2012, y posesionado el 9 de agosto de 2012.
Se declare que es nula la decisión contenida en el oficio OJ 5674 del 19 de diciembre de 2012 expedida por el jefe de la oficina jurídica del distrito de Barranquilla, frente a la petición antes mencionada, remitiéndola a la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla.
Como consecuencia de lo anterior, se ordene a las demandadas que reconozcan y paguen todas las sumas de dinero correspondientes a sus salarios y prestaciones sociales como ex servidor público del entonces Metrotránsito en liquidación, desde su despido hasta el momento en que fue reincorporado en el cargo de auxiliar administrativo 407-08, en la Alcaldía del municipio de Envigado.
Que las sumas que se ordenen reconocer y pagar sean indexadas o actualizadas.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
En el presente caso a folios 161 a 162, se indicó lo siguiente en la etapa de excepciones previas:
«[…] Revisado el expediente se observa que el Distrito de Barranquilla dentro del término de traslado la demanda (sic), propuso como excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva, compensación e inexistencia de la obligación.
Por su parte la Dirección Distrital de Liquidaciones en su contestación, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, pago de la acreencia al demandante e imposibilidad de cobrar un valor que no fue reclamado y falta de legitimación en la causa por pasiva.
De las excepciones se dio traslado a la parte demandante, mediante fijación realizada en la página web de la rama judicial el 14 de agosto del presente año.
De las excepciones propuestas por las entidades demandadas, encuentra el Despacho que, de conformidad con el numeral 6º del art. 180 de la Ley 1437 de 2011, en esta etapa solo sería posible entrar a estudiar la de falta de legitimación en la causa por pasiva, no obstante, del análisis de los argumentos expuestos como fundamento de la excepción propuesta, se desprende que esta hace parte del fondo de la Litis y se propusieron como de fondo, motivo por el cual el despacho no abordará su estudio dentro de la presente etapa; sino que dichos argumentos serán tenidos en cuenta al momento de desatar la Litis. Por lo que se pasará a la siguiente etapa denominada fijación del litigio. […]»
Notificada la decisión en estrados, no se presentaron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.
En el sub lite a folios 162 a 163 de la audiencia inicial se fijó el litigio con base en los hechos relevantes, así:
«[…] De acuerdo como los hechos de la demanda y las contestaciones de las entidades demandadas, se tiene que los supuestos fácticos de la misma se centran en la negativa de las entidades demandadas de reconocer y pagarle al actor, señor Jorge Bayuelo Jiménez, las sumas de dineros correspondientes a salarios y demás prestaciones sociales dejadas de cancelar como exempleado de Metrotránsito en liquidación, desde la fecha de su despido hasta aquella en que fue reincorporado al cargo de auxiliar administrativo 407-08.
[…]
Escuchadas las partes, la Magistrada ponente fija el litigio en los siguientes términos: las pretensiones de la demanda van dirigidas a que se declare la nulidad del oficio no. 201210016051-2 del 20 de septiembre de 2012 expedido por la Dirección Distrital de Liquidaciones, y en consecuencia se ordene a la demandada reconocer y pagarle al actor, señor Jorge Bayuelo Jiménez, las sumas de dineros correspondientes a salarios y demás prestaciones sociales dejadas de cancelar como exempleado de Metrotransito en liquidación desde la fecha de su despido hasta aquella en que fue reincorporado al cargo de auxiliar administrativo 407-08. […]»
La anterior decisión se notificó a las partes en estrados, no se formularon recursos.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico, profirió sentencia escrita el 27 de mayo de 2016, en la cual denegó las pretensiones del demandante, con base en las consideraciones que se reseñan así:
Como primera medida al resolver la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por las dos entidades demandadas, consideró que no tiene vocación de prosperidad, toda vez que el Distrito de Barranquilla, es el creador de las entidades públicas descentralizadas y quien les atribuye las funciones a cumplir, por lo que debe responder por las obligaciones que haya contraído la entidad liquidada, así como por las condenas judiciales que le sean endilgadas, en razón a que la liquidación no puede ser fundamento jurídico para la extinción de un derecho adquirido.
Respecto a la Dirección de Liquidaciones se advirtió que como la entidad tiene la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, y fue la que adelantó el proceso y ordenó la supresión del cargo de auxiliar administrativo, la excepción no tiene vocación de prosperidad.
Observó el a quo que mediante Acuerdo 0008 de 2008, el Concejo Distrital de Barranquilla otorgó facultades al alcalde de Barranquilla para modificar la estructura de la administración central y descentralizada del Distrito, suprimir, fusionar, reestructurar, transformar, crear, reasignar, escindir, adscribir o vincular entidades, organismos y dependencias de la administración distrital, Secretarías de despacho, Departamentos Administrativos y Establecimientos públicos, entre otros; bajo este entendido el alcalde expidió el Decreto No.0894 de 2008 «por medio del cual se ordena la supresión de la empresa de Tránsito y Transporte Metropolitano de Barranquilla S.A. sociedad por acciones de carácter pública, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones».
Así, se infirió que el alcalde actuó en desarrollo de las competencias constitucionales para liquidar entidades públicas del orden territorial, por lo que la supresión de cargos responde a las particularidades propias del proceso liquidatorio y deviene como una consecuencia inexorable de la cesación del objeto social de la entidad.
En concreto se encontró demostrado que el demandante ingresó a la carrera como auxiliar administrativo en Metrotránsito y que, al liquidarse la entidad se generó la supresión del cargo que él ostentaba a través de la Resolución 4012 del 7 de diciembre de 2010, pues se suprimió toda la planta de personal. Esa decisión le fue comunicada al señor Bayuelo y se le informaron los derechos que le asistían a ser indemnizado o reincorporado en otra entidad. Igualmente, se acreditó que mediante petición radicada el 17 de diciembre de 2010 en la Dirección Distrital de Liquidaciones, el interesado informó que optaba por la reincorporación; en virtud de ello, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución 3519 del 8 de julio de 2011, ordenando la reincorporación del libelista en el empleo vacante definitivo de Auxiliar Administrativo, código 407, grado 11 de la planta de personal de la Alcaldía de Envigado (Antioquia), para lo cual se reincorporó el 9 de agosto de 2012, según acta obrante a folio 15.
Sostuvo sobre el fondo del asunto, que la incorporación es un derecho que le asiste al funcionario de carrera administrativa cuando se le ha suprimido el empleo, para ser incorporado a un cargo igual o equivalente en la nueva planta de personal, y de no ser posible podrá optar por ser incorporado a empleos iguales o equivalentes o a recibir una indemnización.
Explicó que la reincorporación se da luego de la reestructuración previa solicitud -manifestada en la opción- del interesado, mediando, en la mayoría de los casos, la pérdida de la solución de continuidad en el ejercicio de las funciones del empleo, en la misma entidad o en otra, lo cual comporta una nueva vinculación que debe estar precedida de un acto de designación y de la respectiva posesión.
Estimó el Tribunal que el reclamante le da una interpretación o un alcance equivocado al artículo 87 del Decreto 1127 del 2005, pues la norma está lejos de imponer a la entidad el pago de unas prestaciones sociales durante un lapso en el que no se trabajó.
Adicionalmente adujo que en el momento en el que el libelista informó a la entidad su intención de optar por la reincorporación y no por la indemnización, sabía que dicho proceso podía durar hasta seis (6) meses, es decir, que era una carga que debía soportar si quería permanecer en carrera administrativa. Pero en todo caso solo podía tener derecho al pago de las sumas dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo en la espera de una reincorporación, en el evento de que se hubiera demostrado que su desvinculación se hizo de manera arbitraria, y para arribar a tal conclusión el demandante debió iniciar un proceso ordinario en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para determinar si las razones de hecho y de derecho que expuso la entidad se encontraban en las causales de retiro del servicio de los empleados de carrera.
Concluyó que no hay lugar al pago de los emolumentos salariales reclamados en la demanda, toda vez que el demandante decidió soportar dicha carga en espera de mantener su vinculación en la carrera administrativa, y que además la norma citada por el demandante contempla una situación diferente a la aquí plasmada, pues se trata de un empleado de carrera que optó por la reincorporación y su vinculación se encuentra vigente.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante formuló recurso de apelación y sus motivos de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia fueron sustentados como se resumen a continuación:
En primer lugar, indicó que se ha comprobado la violación a lo preceptuado en el parágrafo del artículo 87 del Decreto 1227 de 2005, y con ello es a la entidad a quien corresponde asumir la obligación de liquidar y cancelar al demandante todos los salarios y prestaciones sociales desde el retiro de la nómina hasta la efectiva reincorporación.
Sostuvo que al margen de si el despido fue conforme a la norma o no, se está ante una realidad concreta, la cual es que a un servidor público escalafonado en carrera administrativa a quien se le retira de su empleo, y sin que fuera su culpa o mediara su responsabilidad, se la deja en suspenso -pues ni recibe el pago de la indemnización por despido, ni es incorporada automáticamente- manteniéndole por varios meses sin empleo y por ende sin ingresos.
Citó el artículo 53 Superior respecto de la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los cuales gozan de la protección a los derechos adquiridos, a que se refiere el canon constitucional 58.
Mencionó que no está acorde con la Constitución, que el trabajador sea obligado a asumir la carga pública adicional de no recibir suma de dinero alguna por estar cesante -sin que mediara su culpa- desde el momento de su despido hasta que se le respeten sus derechos adquiridos.
Adujo que según los artículos 44 de la Ley 909 de 2004 y 87 del Decreto Nacional 1227 de 2005, el trabajador tenía derecho a que se le respetara su fuero de permanencia en la misma planta de la entidad o reincorporándolo en otra nómina.
Por lo anterior, aseveró que el parágrafo del artículo 87 del Decreto Nacional 1227 de 2005, ordena que «[…] producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la supresión del cargo se acumulará con el servido a partir de aquella, para efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales.[…]» lo cual, en su criterio, no es más que la consagración de una continuidad laboral que no se rompe, o suspende siquiera, al pasar de un empleo a otro, y por el contrario, se declara la no operancia de la solución de continuidad, porque si para la norma no existiera la intención de que fuera así, bastaría con indicar que nada se conservaba al interior de la relación laboral y que la nueva tendría implicaciones para adelante, y no con la inexistente.
De otra parte resaltó que de la lectura de las normas invocadas emerge que la obligación de reconocer y pagar los derechos laborales es del empleador que despide al servidor público, toda vez que es a quien inicialmente correspondía incorporarle.
Para finalizar destacó que no existe directriz normativa, ni jurisprudencial, que obligue al demandante a asumir la carga pública de no recibir pago alguno durante el tiempo en que estuvo desvinculado.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Dirección distrital de liquidaciones, Metrotránsito S.A. en liquidación: enfatizó que el parágrafo del artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 que invoca el demandante como sustento de sus pretensiones, lo que quiere decir es que, el tiempo de servicios anterior a la supresión del cargo se acumula con el que se preste con posterioridad a la incorporación, únicamente para efectos de causación de las prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales, pero la norma no consagra una obligación a cargo de la entidad anterior de pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir entre la desvinculación y la nueva incorporación.
Adicionalmente indicó que las acreencias laborales que le correspondían al demandante por la liquidación de la entidad, le fueron reconocidas mediante Resolución 4013 del 2010, la cual se encuentra ejecutoriada y como el proceso liquidatorio de Metrotránsito ya terminó y está en firme, existe imposibilidad fáctica y jurídica de reconocer esta nueva pretensión.
En síntesis, se ratificaron los argumentos y las excepciones de la contestación de la demanda.
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla: Adujo que las solicitudes del demandante son injustificadas al fundamentarse por fuera del verdadero alcance de la norma que se indica como sustento.
Hizo referencia a la legalidad de los actos acusados, en razón a la improcedencia de la remuneración solicitada, por cuanto durante el lapso objeto de la reclamación él no laboró ni prestó ningún servicio a alguna entidad pública.
Ratificó lo expuesto en la contestación de la demanda con relación a los derechos de carrera del demandante, la presunción de legalidad de las decisiones en controversia y la falta de legitimación del Distrito.
El Ministerio Público y la parte demandante guardaron silencio en esta etapa, según lo informó el secretario de la sección a folio 375 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:
¿Al ostentar el señor Jorge Luis Bayuelo Jiménez derechos de carrera administrativa, tiene derecho a que se le reconozcan los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la supresión del cargo que desempeñaba en Metrotránsito S.A., hasta la fecha en que fue reincorporado en la Alcaldía del municipio de Envigado?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: El demandante no tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados, por las razones que se explican a continuación:
La supresión de la planta de personal como un efecto natural de la liquidación de entidades estatales
Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos a través de los cuales satisface los fines y las funciones que le han sido atribuidas desde el ordenamiento jurídico. Este concepto responde a lo que, en materia de función pública, se conoce como planta de personal. El factor concluyente en su creación está dado por las necesidades del servicio pues la definición clara de estas permite el diseño de la estructura organizacional a nivel global, lo que conduce a decidir aspectos como la cantidad, la naturaleza y el contenido funcional de los empleos requeridos, con su respectiva clasificación.
En esos términos, por planta de personal puede entenderse la determinación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los empleos públicos que integran una entidad estatal a efectos de lograr el cumplimiento de los fines constitucionales y legales a los que responde su creación y funcionamiento.
La consagración constitucional de esta noción se encuentra en el artículo 122 superior, inciso 1, en el que puede leerse:
«[…] ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente […]»
Aunque en principio las plantas de personal tienen una vocación de permanencia que propende por la estabilidad y continuidad de la función pública que desarrolla el respectivo organismo, aquellas pueden verse afectadas, pues las necesidades de la administración pública son cambiantes atendiendo a factores de índole político, social, económico, normativo, cultural, entre otros. Ello explica que, con el tiempo, la variación en los requerimientos de la entidad, en sus planes y programas, pueda dar lugar a modificaciones en su estructura organizacional y funcional con el propósito de que esta se adapte a nuevas realidades existentes.
De acuerdo con ello, la planta de personal puede verse expuesta a reformas, como ocurre en los eventos de supresión o creación de cargos, o incluso puede extinguirse como una consecuencia inexorable de la liquidación de la entidad estatal.
Para el caso de la supresión de la planta de personal, en el Decreto Ley 254 de 2000 se expidió el régimen para la liquidación de las entidades públicas, aplicable a aquellas que pertenecen a la rama ejecutiva del orden nacional, así como a las sociedades públicas y de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento o más de su capital social y a las Empresas Sociales del Estado.
En relación con la disolución y liquidación de las entidades territoriales y sus descentralizadas, el artículo 1.º de la norma en cuestión, modificado por el artículo 1.º de la Ley 1105 de 2006, reguló la posibilidad de aplicar dicha ley, con las medidas necesarias para ajustar el procedimiento según las particularidades de la entidad respectiva.
Según el artículo 2 del Decreto Ley 254 de 2000, el proceso liquidatorio comienza con la expedición del acto en el que se ordena la supresión o disolución de la respectiva entidad, el cual debe justificar la procedencia de este trámite en alguna de las circunstancias a las que alude el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, lo cual garantiza que los trámites liquidatorios respondan al cumplimiento de los fines del Estado y a la satisfacción del interés general como criterios esenciales del desarrollo de la función administrativa, lo que legitima que se produzca la supresión de la planta de personal como una consecuencia natural de la extinción de la persona jurídica estatal.
En tal proceso, según lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 1105 de 2006, el liquidador tiene la obligación de presentar ante la junta liquidadora un programa de supresión de cargos en el que debe priorizar las garantías laborales de los empleados de carrera administrativa y de aquellos que gozan de estabilidad laboral reforzada, tales como las madres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas próximas apensionarse, entre otras. No obstante, una vez vencido el término de liquidación, los cargos existentes quedan suprimidos de manera automática, dándose por terminadas las relaciones laborales hasta entonces existentes.
En efecto, al estudiar la constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 1105 de 2006, que modificó el mismo artículo del Decreto Ley 254 de 2000, la Corte Constitucional, en sentencia C-795 de 2009, señaló lo siguiente:
«[…] La previsión contenida en la norma acusada en el sentido que la supresión de los cargos y la terminación de las relaciones laborales se producirán, de manera general, al vencimiento del término de la liquidación, resulta razonable y compatible con los propósitos de la Ley, orientada ésta a establecer un procedimiento para la liquidación de entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional. Se trata de una consecuencia natural y obvia, en el marco de estos procesos de reestructuración, en cuanto es de la esencia de los mismos la reducción o la readecuación de las plantas de personal; la misma norma, como es también admisible impone al liquidador el deber de elaborar un programa de supresión de cargos, determinando el personal que por la naturaleza de las funciones desarrolladas debe acompañar el proceso de la liquidación. No se advierte así en tal regulación un ejercicio irrazonable o desproporcionado de las facultades que la Constitución adscribe al legislador para establecer causales de retiro del servicio de los empleados y funcionarios del Estado […]»
Ahora bien, el hecho de que la desaparición de la entidad del mundo jurídico emerja como una causa legal y justa para que se suprima la planta de personal y, consecuentemente, los empleados sean retirados de sus cargos, supone que, más allá del soporte técnico o informe de gestión en el que se sustente la liquidación del respectivo organismo, no resulte necesario un estudio técnico adicional en los términos de la Ley 909 de 2004, su Decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto Ley 1567 de 1998.
Supresión de un cargo de carrera administrativa como justa causal de retiro del servicio.
Como se ha visto, la finalidad de la supresión se dirige a hacer más eficaz la prestación del servicio público.
De allí que el Estado no esté obligado a mantener los cargos pertenecientes a la carrera administrativa por siempre, ya que estos no son inamovibles, pues pueden existir razones y situaciones que justifiquen la supresión de los mismos, como lo es el interés general.
En ese sentido, la supresión de empleos es causa legal de retiro del servicio de los empleados del sector público en carrera administrativa, y se justifica en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los requerimientos del servicio para hacer más ágil, eficaz y eficiente la función que deben cumplir.
Derechos de un empleado en carrera administrativa ante la supresión del cargo.
Ahora bien, el hecho de haber accedido a la función pública en virtud de un concurso de méritos conlleva ciertas prerrogativas para el servidor que ha sido escalafonado en carrera administrativa, dentro de estas se encuentra la de estabilidad en el empleo y como expresión de ella el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, vigente para la época de los hechos, define los derechos que le asisten a los empleados de carrera administrativa en caso de supresión del cargo, así:
Derecho preferencial a ser incorporados en un empleo igual o equivalente de la nueva planta de la misma entidad.
De no ser posible, podrán optar por:
La reincorporación a empleos iguales o equivalentes, o
Una indemnización.
La posibilidad de opción legalmente consagrada, surge en caso de que no se pueda brindar la oportunidad de incorporación en una plaza de la misma entidad luego de su reestructuración, y constituye el debido proceso administrativo a seguir en estos eventos, de ahí que la administración tenga el deber de ponerla de presente al servidor afectado por la supresión del empleo del cual es titular.
En efecto, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto 760 de 2005, si no es posible la incorporación en la nueva planta de personal de la entidad, debido a que no existe cargo igual o equivalente o porque aquella fue suprimida, se deberá comunicar por escrito esta circunstancia al servidor, con indicación del derecho que le asiste de optar por percibir la indemnización de que trata el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 909 de 2004 o por ser reincorporado a un empleo de carrera igual o equivalente al suprimido, conforme con las reglas establecidas en el artículo 28 del decreto en mención, el cual prevé:
«ARTÍCULO 28. Suprimido un empleo de carrera administrativa, cuyo titular sea un empleado con derechos de carrera, este tiene derecho preferencial a ser incorporado en un empleo igual o equivalente al suprimido de la nueva planta de personal de la entidad u organismo en donde prestaba sus servicios.
De no ser posible la incorporación en los términos establecidos en el inciso anterior, podrá optar por ser reincorporado en un empleo igual o equivalente o a recibir una indemnización, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2o del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0909_2004_pr001.html" \l "44" 44 de la Ley 909 de 2004 y con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Para la reincorporación de que trata el presente artículo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
28.1. La reincorporación se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el Jefe de la entidad comunique a la Comisión Nacional del Servicio Civil que el ex empleado optó por la reincorporación, en empleo de carrera igual o equivalente que esté vacante o provisto mediante encargo o nombramiento provisional o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal en el siguiente orden:
28.1.1. En la entidad en la cual venía prestando el servicio.
28.1.2. En la entidad o entidades que asuman las funciones del empleo suprimido.
28.1.3. En las entidades del sector administrativo al cual pertenecía la entidad, la dependencia o el empleo suprimido.
28.1.4. En cualquier entidad de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial, según el caso.
28.1.5. La reincorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos exigidos para el desempeño del empleo en la entidad obligada a efectuarla.
De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado, el ex empleado tendrá derecho al reconocimiento y pago de la indemnización.
Parágrafo. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad u organismo, no tendrá el carácter de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales.»
Sobre este mismo punto el Decreto 1227 de 2005 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley HYPERLINK "http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861" \l "0" 909 de 2004 y el Decreto-ley HYPERLINK "http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246" \l "0" 1567 de 1998», indica lo siguiente:
«Artículo 87. Los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares como consecuencia de la supresión o fusión de entidades o dependencias o del traslado de funciones de una entidad a otra o de modificación de planta, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta y, de no ser posible, a optar por ser reincorporados o a percibir la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, conforme a las reglas previstas en el decreto-ley que regula el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.
Mientras se produce la reincorporación, el registro de inscripción en carrera del ex empleado continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada dicha reincorporación, será actualizada la inscripción y el empleado continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo.
De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado en el decreto ley el ex empleado tendrá derecho al reconocimiento de la indemnización y será retirado del Registro Público de Carrera.
Parágrafo. Producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la supresión del cargo se acumulará con el servido a partir de aquella, para efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales.»
Corolario de lo anterior, se puede observar que ante la necesidad de supresión de un cargo del cual es titular un empleado de carrera administrativa, la norma ha regulado puntualmente el procedimiento a seguir, el cual no puede ser modificado o adaptado al arbitrio de las entidades estatales, toda vez que el cumplimiento de las previsiones legales se configura como una ruta que encausa las diferentes circunstancias que puedan suscitarse en ese proceso y da plena garantía frente a los derechos sustanciales de los trabajadores escalafonados.
De acuerdo con los razonamientos normativos esbozados y a la luz del caso concreto se observa lo siguiente:
Mediante Decreto 0894 del 24 de diciembre de 2008, el alcalde de Barranquilla ordenó la supresión y liquidación de Metrotránsito S.A. y la asamblea general de accionistas designó para tal fin a la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, ente este que mediante la Resolución 4011 del 7 de diciembre de 2010 declaró terminada la existencia legal de dicha empresa.
A través de la Resolución 4012 del 7 de diciembre de 2010, la directora distrital de liquidaciones, suprimió los cargos de la planta de personal de Metrotransito S.A. en liquidación, lo cual dio lugar a la terminación del vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos con la entidad. Y finalmente en la Resolución 4013 del mismo día, se reconoció la liquidación de prestaciones sociales de los ex funcionarios que se encontraban vinculados.
Al ser notificado de la supresión del cargo, el señor Bayuelo el 11 de diciembre de 2010, presentó solicitud de reincorporación el día 17 del mismo mes y año.
El 28 de mayo del 2012, la Comisión Nacional de Servicio Civil resolvió el recurso de reposición interpuesto por el exempleado contra la resolución n.º 3519 del 8 de julio de 2011 y confirmó en todas sus partes la orden de reincorporación del señor Bayuelo en el empleo vacante definitivo de auxiliar administrativo código 407 grado 11 de la planta de cargos de la Alcaldía de Envigado (Antioquia).
El 9 de agosto del 2012, el señor Bayuelo Jiménez, tomó posesión del cargo de auxiliar administrativo en la Secretaría Administrativa de la Alcaldía del Municipio de Envigado.
Posteriormente, el 28 y 31 de agosto del 2012 el demandante elevó solicitud ante la alcaldesa mayor de Barranquilla y la directora de distrital de liquidaciones de Metrotránsito en liquidación, respectivamente, para que le fueran reconocidos y pagados los salarios y prestaciones sociales en virtud de su reincorporación, frente a lo cual la entidad liquidadora respondió el 20 de septiembre del mismo año, denegando la petición. Este último es el acto administrativo objeto de controversia.
Como se ha visto, en Metrotránsito S.A., la supresión de cargos tuvo génesis en la liquidación definitiva de la entidad, lo que acarreó la extinción plena de su planta de personal, de ahí que fuera inviable la posibilidad de incorporación directa de los trabajadores de carrera a alguna nueva estructura laboral dentro de la misma empresa.
De cara al caso concreto del demandante, observa la Sala que en el proceso de liquidación, le fueron respetados a cabalidad sus derechos de carrera administrativa y las prerrogativas legales que ello implicaba, como se ha demostrado con la reseña probatoria efectuada, toda vez que:
i) la liquidación de la entidad se encontró justificada en los fines del Estado y en la satisfacción del interés general,
ii) la supresión del cargo fue notificada en debida forma al trabajador con plena garantía de los derechos sustanciales previstos,
iii) adoptada la opción de reincorporación se adelantó el procedimiento de rigor y finalmente y,
iv) se surtió la posesión en el cargo de carrera que era equivalente al que desempeña y en el cual hubo opción dentro de la estructura del Estado.
Empero, bien se sabe que todas estas situaciones, no son propiamente las que se encuentran en controversia según la pretensión que se plantea, pero bajo esta óptica, queda claro que al señor Bayuelo sí se le respetaron los derechos estrictamente consagrados en los artículos 44 de la Ley 909 del 2004 y 87 del Decreto 1227 de 2005, en lo relativo al fuero de permanencia.
Ahora bien, con relación a la pretensión que se invoca para que se reconozcan salarios y prestaciones por el lapso en el que el trabajador esperó la reincorporación, la Sala considera que carece de asidero legal, toda vez que, no es cierto que el parágrafo del artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 consagre algún beneficio económico para el trabajador escalafonado mientras se materializa la opción de reincorporación.
En efecto, el espíritu del legislador no da para interpretaciones en esta casuística, pues el aspecto que regula el parágrafo del artículo 87 del decreto en comento, es la figura de acumulación del tiempo de servicios efectivamente laborado por un empleado de carrera, de tal manera que al ser reincorporado a un nuevo empleo, tenga el derecho a que se le sumen o unan los tiempos laborados en la entidad en la que le fue suprimido el cargo, para efectos de que pueda causar prestaciones sociales, beneficios salariales y demás beneficios, verbigracia, cesantías, vacaciones, quinquenios, algunas primas e incluso una pensión vitalicia, por mencionar algunos.
Ciertamente, la norma en comento no regula la endilgada continuidad laboral en los términos a los que hace referencia el demandante, pues lo que procura es salvaguardar el vínculo preferencial de permanencia del particular para que siga siendo empleado de carrera, pero no en el sentido de ampliar o extender aún más, las precisas prebendas que frente a la carrera administrativa existen en caso de una supresión del empleo, las cuales concretamente son: 1. La indemnización o 2. La reincorporación. En consecuencia, no es viable reclamar una figura mixta de protección no regulada por la ley, que en la práctica equivaldría a una reincorporación con indemnización por un lapso no trabajado.
Frente a tal planteamiento del reclamante es enfática la postura de la Sala para aplicar el principio general de interpretación jurídica según el cual «donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete» y en esta vía de manera alguna se puede dar un alcance que la norma no tiene, para reconocer una supuesta obligación a la que el legislador no hizo referencia.
Así las cosas, es evidente el vacío normativo que existe frente a lo reclamado por el demandante y a contrario sensu, si se encuentra demostrado que al trabajador se le dieron las alternativas que han sido contempladas legalmente, para escoger entre una indemnización económica o la permanencia en el cargo, por lo tanto, tuvo oportunidad de sopesar con libertad las consecuencias de cada elección y atender la que más estimó conveniente.
Se debe entender que las supresiones de cargos en la administración pública obedecen a razones de interés general y que estas decisiones -como las de creación de las entidades en las que se ofertan las plazas laborales-, son de rango superior por influir en el beneficio colectivo y aun así se acompasan con prerrogativas para los trabajadores escalafonados.
Por lo tanto, debe primar el interés colectivo sobre el particular pero sin desconocer el alcance de lo regulado en pro del trabajador, incluso el Estado debe poner en marcha su estructura administrativa en aras de cumplir la reincorporación en el plazo señalado por la norma para sostenerlo en el sistema de carrera, como se hizo en el asunto que nos ocupa.
Pero, no se puede desconocer que el trabajador también es un asociado del Estado y que tiene tanto derechos como obligaciones, consecuentemente, no es de recibo que se persigan ventajas adicionales -como lo pretendido en la demanda- frente a una entidad que, no solo se encuentra ya liquidada, sino que no tenía asignada aquella carga económica por la ley, es decir, no se encontraba en posición de prever ese tipo de obligación, por ser del todo inexistente.
Vale la pena aclarar que en esta casuística al demandante no se le impuso ninguna «carga pública adicional» ilegítima, más bien, ante una justa causal del retiro del servicio su escenario se blindó de garantías y se permeó con el acatamiento pleno de lo reglado. Así pues, en vista de la conducta administrativa que se desplegó, no hubo ninguna renuncia impuesta e injustificada de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales -como lo alega el demandante-, cosa distinta es que, exista una opción de elección, en cuyo caso si es necesario que el interesado escoja y acepte con rectitud las consecuencias de su determinación.
En conclusión: En el presente asunto no le asiste razón a la parte demandante, toda vez que cuando se suprimen cargos de carrera administrativa como consecuencia de la liquidación de la entidades públicas y el Estado cumple al empleado escalafonado las garantías consagradas en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, no existe regulación que disponga derecho alguno al trabajador para que se le reconozcan o paguen salarios y prestaciones sociales desde la fecha de retiro del servicio hasta aquella en la que se logre la reincorporación, si aquel opta por dicha prerrogativa especial de permanencia en el servicio, como sucedió en el presente asunto, en el cual el señor Bayuelo Jiménez optó por la reincorporación.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda, toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De conformidad con lo señalado, en el presente caso en atención a que la parte demandante resulta vencida y hubo intervención en esta instancia de las partes demandadas, hay lugar a condenar en costas de segunda instancia al señor Jorge Luis Bayuelo Jiménez, las cuales deberán liquidarse por el a quo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Se confirma la sentencia del 27 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso el señor Jorge Luis Bayuelo Jiménez contra la Dirección Distrital de Liquidaciones, Metrotránsito en liquidación y Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Segundo: Se condena en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de las entidades demandadas; las cuales se liquidarán por el a quo.
Tercero: Se reconoce personería adjetiva al abogado Luis Iván Arango identificado con la C.C. 72.169.336 de Barraquilla y la T.P. 144.656 del C.S. de la J. para que actúe como apoderado principal del demandante, conforme al poder que obra a folios 380 a 381 del expediente.
Cuarto: Realizar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y, ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. Folio 43. Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Ramírez Ramírez Jorge Octavio, Consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Folios 312 a 322. Folios 329 332. Folios 358 a 362 vto. Folios 363 a 374. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Sobre el particular se ha pronunciado esta Corporación en sentencias del 19 de agosto de 2010, expediente 2078-08 y del 19 de julio de 2017, expediente 4042-15, ambas de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A, consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C., 18 de marzo de 2015. Radicación número: 41001-23-31-000-2002-00005-01(2762-13). Demandante: Luis Alberto Aguirre Cortés. Demandado: Municipio De Algeciras-Huila. Ver también la sentencia C-370 de 27 de mayo de 1999, M.P. Doctor Carlos Gaviria Díaz. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá, D.C., 05 de septiembre de 2013. Radicación número: 25000-23-25-000-2001-07280-01 (0698-2009). Demandante: Ana María Verano Puche. Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá-Dama.
«Artículo 44. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.
[…]». Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Al respecto ver, entre otras, la sentencia de la Corte constitucional T-204 de 2011.
Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones. Folios 135 a 141. Folios 142 a 145. Folios 146 a 151. Folio 8. Folios 9 a 14. Folio 15. Folios 16. Folios 18 a 23. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] »
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.