RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-31-000-2000-00993-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-31-000-2000-00993-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Luis Rafael Vergara Quintero

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-31-000-2000-00993-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 30 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso de la referencia, en tanto declaró probada la excepción de inepta demanda y se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo en el sub lite, por las razones expresadas en precedencia. En su lugar, Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor Fernando Marconi Quintero contra el Decreto 0168 del 30 de julio de 1999, proferido por el alcalde municipal de San José de Cúcuta, y la Resolución 036 del 13 de agosto de 1999, suscrita por el liquidador del IDUC, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Reconocer personería a la abogada Ángela Patricia Puche Díaz como apoderada del municipio de San José de Cúcuta en los términos y para los efectos del poder visible en el folio 173 del expediente. 35 Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013) Demandante: Fernando Marconi Quintero Quinto. Aceptar la renuncia al poder presentada por la a abogada Ángela Patricia Puche Díaz, conforme al memorial obrante en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Sexto. Reconocer personería al abogado Gustavo Enrique González Romero como mandatario judicial de la parte accionada, conforme al poder que obra en la mencionada plataforma. Séptimo. Por Secretaría de la Sección Segunda, garantizar el acceso al expediente en los términos solicitados por el municipio de San José de Cúcuta y su apoderado. Octavo. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-31-000-2000-00993-01

Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero
Demandado: Municipio de San José de Cúcuta, Instituto de Desarrollo
Urbano de Cúcuta - IDUC en liquidación

Temas: Liquidación de establecimiento público – supresión de
cargos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, mediante la cual declaró probada la excepción de inepta
demanda y se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo dentro del sub lite.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del CCA,2 el señor
Fernando Marconi Quintero, actuando en nombre propio, solicitó declarar la nulidad

1
Folios 1 a 11.
2
Código Contencioso Administrativo – Decreto 1 de 1984.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

de los siguientes actos: i) Decreto 0168 del 30 de julio de 1999, proferido por el
alcalde municipal de San José de Cúcuta, que reglamentó el Acuerdo 0043 del 13
de noviembre de 1998; y ii) Resolución 036 del 13 de agosto de 1999, suscrita por
el liquidador del IDUC, que suprimió la planta de personal de la entidad.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes: 3

i) El Acuerdo 62 del 28 de septiembre de 1990, expedido por el Concejo Municipal
de San José de Cúcuta, creó el IDUC como un establecimiento público, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Dicho acuerdo
fue reglamentado por el Decreto 0306 del 12 de marzo de 1991.

ii) Mediante Acuerdo 0043 del 13 de noviembre de 1998, se ordenó la liquidación
del IDUC y la creación de la División de Fondos Urbanos. Igualmente, se autorizó al
alcalde para adelantar el referido trámite, quien designó una junta liquidadora.

iii) Por Acuerdo 0090 del 29 de enero de 1999, se autorizó al alcalde para crear el
Banco Inmobiliario Municipal – BIM como una empresa industrial y comercial del
Estado para reemplazar al IDUC y recibiría sus activos, pasivos y funciones. Dicha
entidad se creó por el Decreto 0169 del 30 de julio de 1999.

iv) A través del Decreto 0168 del 30 de julio de 1999, se estableció el plazo límite
para la liquidación del IDUC.

v) Por Oficio SG-283 del 5 de agosto de 1999 se le asignó a la Tesorería municipal
la función de expedir los paz y salvos de predios, que antes correspondía al IDUC.

3
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, por lo que se desarrollarán en dicho acápite.

2

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

vi) Mediante la Resolución 036 del 13 de agosto de 1999, el liquidador del IDUC
suprimió, a partir del 17 siguiente, los empleos de la planta de dicho instituto. La
decisión se comunicó personalmente a cada uno de los servidores y se les advirtió
que podían optar por la incorporación en un empleo equivalente al que venían
desempeñando.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

El accionante sostuvo que los actos administrativos enjuiciados violaron los artículos
2, 25, 29, 53, 125 y 315 de la Constitución Política; 91 y 97 de la Ley 136 de 1994;
1 a 3, 39, 41 y 66 de la Ley 443 de 1998; 3 de la Ley 489 de 1998; 1, 8 y 9 del
Decreto 2013 de 1997; 137, 148 a 156 y 165 del Decreto 1572 de 1998; 7 a 11 del
Decreto 2504 de 1998; 44 y siguientes del Decreto 1568 de 1998; 1, 34 y 35 del
Decreto 1569 de 1998; 5 a 7 del Acuerdo Municipal 0043 de 1998; Acuerdo
Municipal 0090 de 1999; y Decreto Municipal 0169 de 1999.

Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

i) El Decreto 0168 de 1999 excedió las facultades conferidas por el Acuerdo 0043
de 1998, ya que el alcalde no estaba autorizado para establecer un plazo al proceso
de liquidación; no obstante, lo fijó con fecha del 15 de agosto de 1999 y sin contar
con el aval de la junta liquidadora del IDUC.

ii) Conforme al Decreto 0168 de 1999, el liquidador solamente podía actuar hasta el
15 de agosto de 1999; sin embargo, por Resolución 036 de 1999, ordenó la
supresión de la planta de personal del IDUC a partir del 17 siguiente, por ende,
desconoció la orden impartida por el alcalde en la mencionada disposición.

iii) La junta liquidadora no autorizó al liquidador para tomar la decisión contenida en
la Resolución 036 de 1999, ni aquella estaba acorde con las posibilidades
presupuestales.

3

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

iv) El liquidador no designó a los miembros de la comisión de personal en los
términos ordenados por el artículo 60 de la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1570 de
ese año, situación que les impidió a los servidores desvinculados presentar
reclamaciones.

v) La administración omitió elaborar el estudio técnico que debe presidir a cualquier
proceso de supresión de entidades o de empleos en aras de revisar sus objetivos,
fines, dependencias, cargos y funciones, así como verificar las necesidades de
orden técnico, financiero o de modernización en las que se fundamentan tales
determinaciones. Tampoco se envió dicho documento a la Comisión Departamental
del Servicio Civil o al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP,
razón por la que estos no pudieron presentar objeciones, recomendaciones y
adoptar las decisiones de su competencia frente a la reestructuración en comento.

vi) El estudio técnico omitido también debía prever la posibilidad de «encuadrar» los
cargos del IDUC en el BIM, con base en las metodologías de diseño organizacional y
ocupacional enlistadas en el Decreto 2504 de 1998, como son el análisis de los
procesos técnico-misionales y de apoyo, evaluación de la prestación de servicios,
así como de las funciones, perfiles y cargas laborales.

vii) El alcalde municipal incumplió con lo dispuesto por los Decretos 0168 y 0169 de
1999 que impusieron el deber de poner el BIM en funcionamiento para trasladarle
las funciones, activos y pasivos del IDUC; por el contrario, el referido funcionario creó
una entidad denominada Metrovivienda, pero a la fecha de presentación de la
demanda esta tampoco está operando y el IDUC sigue en liquidación.

viii) Se vulneraron los derechos de carrera, ya que el proceso de supresión no
contaba con el respaldo financiero para sufragar las indemnizaciones que se
derivaban de aquel, pese a que el artículo 137 del Decreto 1572 de 1998 exigía la
disponibilidad presupuestal para el efecto. Además, los dineros debían provenir del
presupuesto asignado al IDUC y no al del municipio como se terminó verificando en
la práctica. Inclusive, las personas desvinculadas se vieron obligadas a interponer

4

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

acciones de tutela y de cumplimiento para obtener el pago de sus acreencias.

ix) La referida irregularidad también obedeció a que al momento de la supresión no
se había realizado el inventario de activos y pasivos como lo ordenaba el Acuerdo
0043 de 1998.

x) El IDUC se encargaba de expedir paz y salvos de predios; sin embargo, esta
actividad se le trasladó a la Tesorería Municipal, lo cual demuestra que el IDUC
cumplía importantes funciones y éstas también debían seguirse ejecutando por
parte de la División de Fondos Urbanos o el BIM. Bajo este escenario, se encuentra
demostrado que los actos enjuiciados se alejaron de la adecuada prestación del
servicio público, la función administrativa y la modernización del Estado.

xi) La parte accionada omitió conformar el comité de adaptación laboral a que alude
el artículo 8 del Decreto 2013 de 1997, pese a que es el órgano encargado de
administrar dicho programa y que es de obligatoria observancia para todas las
entidades públicas. A su vez, dicho requerimiento era necesario para lograr la
readaptación y reubicación de los servidores desvinculados. Esta irregularidad
confirma el grado de improvisación e impericia con el que se surtió la liquidación del
IDUC.

xii) El liquidador y la junta se abstuvieron de implementar el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, conforme lo ordenaba el Decreto 1569 de
1998. Esta situación impidió a los empleados optar por su incorporación en un cargo
adscrito al BIM o al municipio de San José de Cúcuta.

xiii) Las deficiencias antes anotadas, la prisa y falta de planeación son reflejo de la
irresponsabilidad y móviles ocultos con los que actuó la administración del municipio
de San José de Cúcuta para extinguir el IDUC.

1.2. Contestación de la demanda

5

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

El municipio de San José de Cúcuta, por intermedio de apoderada, contestó la
demanda en los siguientes términos:4

i) El Decreto 168 de 1998 no ordenó el traspaso de los activos y pasivos del IDUC al
BIM, sino a la administración municipal para que luego se trasladaran a la entidad

que ordenó crear el Acuerdo 0090 de 1999.

ii) La supresión de la planta de personal del IDUC se hizo a partir del 17 de agosto
de 1999, en atención a las reglas del Código de Régimen Político y Municipal, toda
vez que los días 15 y 16 fueron festivos.

iii) El alcalde municipal actuó dentro de su marco de competencias y la junta
liquidadora debía acatar las órdenes que aquél impartiera para la terminación del
IDUC.

iv) La administración solicitó un crédito a IFINORTE con el fin de pagar las
prestaciones e indemnizaciones de los servidores del IDUC.

v) En este caso no era necesario realizar un estudio técnico, ya que este solo opera
frente a las reformas de las plantas de personal, pero en este caso el IDUC se
extinguió por completo.

vi) El BIM no inició operaciones por cuanto el acuerdo que le dio origen fue derogado
por el Acuerdo 141 de 1999 y, en su lugar, creó Metrovivienda, pero esta entidad
tampoco entró en funcionamiento porque el alcalde no expidió las respectivas
reglamentaciones.

vii) La demanda busca un restablecimiento automático del derecho en favor de la
señora Any Cecilia Lemus, a quien se le suprimió el cargo que ocupaba en el IDUC;
sin embargo, la acción de simple nulidad no puede promoverse para proteger

4
Folios 52 a 59.

6

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

intereses particulares.

viii) Razones de orden económico impusieron el cierre del IDUC, por cuanto no era
posible atender sus gastos de funcionamiento.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2011, declaró probada la excepción de inepta demanda y se inhibió
para emitir pronunciamiento de fondo dentro del sub lite, con sustento en las
siguientes consideraciones: 5

i) Las decisiones acusadas conforman un acto administrativo complejo con el
Acuerdo 0043 de 1998, que ordenó la liquidación del IDUC, es decir, que este era el
principal y los demás su consecuencia para concretar la determinación inicialmente
adoptada.

ii) No es posible hacer un análisis de legalidad de las disposiciones demandadas de
manera independiente, pues el estudio también debería comprender al referido
acuerdo, pero este no fue enjuiciado.

iii) Se configura la excepción de inepta demanda por indebida individualización del
acto objeto de control jurisdiccional, en los términos del artículo 138 del CCA.

1.4. El recurso de apelación

El accionante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base
en los siguientes argumentos: 6

i) En este caso no se accionó contra el Acuerdo 0043 de 1998, pues se considera

5
Folios 125 a 143.
6
Folios 146 a 151.

7

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

legal; empero, los actos acusados desconocieron lo allí dispuesto, por las razones
indicadas en la demanda.

ii) El alcalde de San José de Cúcuta se apartó de lo establecido por el Concejo
Municipal frente a la creación de la División de Fondos Urbano y el BIM, el traspaso
de activos y pasivos, como tampoco respetó los derechos de carrera que habían
sido protegidos desde el aludido acuerdo.

iii) Las decisiones acusadas establecieron un plazo para la liquidación del IDUC sin
contar con autorización para ello. Además, la supresión de su planta de personal se
verificó en una fecha posterior a la indicada por el alcalde.

iv) El liquidador no contó con la autorización de la junta liquidadora para adoptar las
decisiones que plasmó en la Resolución 036 de 1999 y tampoco existió
disponibilidad presupuestal para pagar las indemnizaciones derivadas de la
supresión de cargos.

v) Tampoco se designó una comisión de personal, situación que les impidió a los
empleados elevar reclamaciones y hacer valer sus derechos de carrera. Igualmente,
se omitió conformar el comité de adaptación laboral que exigía la ley.

vi) La administración omitió la realización del estudio técnico para suprimir la planta
de personal del IDUC y mucho menos se remitió a la Comisión Departamental del
Servicio Civil o al DAFP.

vii) Se transfirieron funciones del IDUC a la Tesorería Municipal sin el cumplimiento
de las formalidades requeridas para ello, lo cual confirma que la parte accionada se
apartó del buen servicio, los principios que orientan la función administrativa y los
fines del Estado.

viii) El alcalde municipal no estableció las condiciones necesarias para «encuadrar»
los cargos suprimidos del IDUC en la planta del BIM, con base en metodologías de

8

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

diseño organizacional y ocupacional.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes guardaron silencio en esta etapa. 7

1.6. El ministerio público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico se contrae a determinar si se cumplieron los presupuestos para
emitir pronunciamiento de fondo dentro del sub lite. En caso afirmativo, se deberá
analizar si los actos acusados quebrantaron el ordenamiento jurídico superior al
establecer las condiciones para liquidar el IDUC y suprimir su planta de personal, en
los términos alegados por el accionante.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Finalidad de la acción de nulidad simple

El demandante interpuso la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, cuyo
tenor es el siguiente:

7
Según constancia secretarial visible en el folio 161.
8
Según constancia secretarial visible en el folio 161.

9

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

Artículo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que
deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u
organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho
de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.
[…]

En relación con la finalidad que persigue la acción de nulidad, la doctrina ha
precisado lo siguiente9:

Conocida en la práctica como la acción de nulidad, es la manifestación de voluntad
de un sujeto procesal, legitimado para ello, que se hace ante la autoridad jurisdiccional
contencioso administrativa, para que se suprima del ordenamiento jurídico la totalidad
o una parte de un acto administrativo de carácter general o particular – en este caso,
siempre y cuando la parte demandante no tenga una pretensión adicional al simple
respeto del orden jurídico –, en la medida en que éste contraría directa o
indirectamente disposiciones legales o constitucionales superiores.
[…]
Mediante la pretensión de nulidad, como lo recuerda GONZÁLEZ PÉREZ10, no se le
solicita al juez que se reconozcan situaciones individuales, sino la anulación del acto
administrativo impugnado, en tanto éste contraviene el orden jurídico. Esta especie
de manifestación de voluntad implica la solicitud al juez para que efectúe una
confrontación entre el acto administrativo y el ordenamiento legal superior, con de
comprobar si existe contradicción y, en tal caso, ordenar que cese su existencia y su
carácter vinculante. También se le conoce, por esa razón, como contencioso objetivo
– mediante el proceso, la autoridad jurisdiccional examinará la disposición acusada
frente al ordenamiento jurídico, sin referencia específica a derechos subjetivos
concretos – o de simple nulidad, en contraposición a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, como se le denomina en Colombia – o de plena
jurisdicción como se le conoce en Francia, en la que sí se examinan situaciones o
relaciones jurídicas particulares, adicionalmente a la anulación de la norma jurídica-.
[…].

En este sentido, se observa que el medio de control de simple nulidad se dirige
contra actos administrativos de carácter general y, excepcionalmente, bajo la teoría
de los móviles y finalidades, pueden acusarse actos de contenido particular y
concreto siempre y cuando «con la demanda no se persiga o de la sentencia de
nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho

9
Derecho Procesal Administrativo, Tomo I, Juan Carlos Galindo Vácha, Editorial TEMIS S.A., Bogotá D.C., 2013,
páginas 174 a 175.
10
GONZÁLEZ PÉREZ, ob. Cit., t. II, vol. I, pág. 411.

10

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

subjetivo a favor del demandante o de un tercero», pues de ser así, debe acudirse
a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.11

Al respecto, mediante providencia del 10 de agosto de 1961,12 esta corporación
sostuvo que el criterio para determinar la procedencia de las acciones de nulidad y
de plena jurisdicción no era el contenido del acto demandado, sino los motivos y
finalidades que la ley había previsto para cada mecanismo.

De conformidad con dicho pronunciamiento, la acción de nulidad (contencioso
popular de anulación) era procedente siempre que las pretensiones fueran
encaminadas a proteger el orden jurídico y la legalidad abstracta contenida en los
estatutos superiores, con el fin de que la administración pública se ajustara a la
vigencia del derecho objetivo, sin importar el contenido general o particular del acto
demandado; mientras tanto, la acción de plena jurisdicción resultaba procedente
cuando las pretensiones se dirigían a obtener el restablecimiento de un derecho,
previa anulación del respectivo acto.

Posteriormente, la teoría de los móviles y las finalidades sufrió una variación con la
sentencia del 29 de octubre de 1996, 13 en la que se reiteró que la finalidad de la
acción de nulidad consistía en procurar la defensa del orden jurídico y la legalidad
abstracta; sin embargo, se explicó que la mencionada acción procedía contra actos
particulares, únicamente, i) en los casos que estableciera la ley y ii) cuando la
situación concreta resultara de interés para la comunidad, por comprometer el orden
político, social o económico del país.

Luego, la Sentencia C-426 de 2002 declaró la exequibilidad condicionada del
artículo 84 del CCA, bajo el entendido de que la acción de nulidad procedía contra

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto de 11 de febrero de 2014,
radicado: 54001 23 33 000 2012 00089 01 (19830), actor: Ingeniería Orinoco y CIA LTDA - INOR LTDA.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de agosto de 1961; actor: Matías
Silva; M.P. Dr. Carlos Gustavo Arrieta Alandete.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de octubre de 1996; expediente
número S-404; M.P. Dr. Daniel Suárez Hernández.

11

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

actos de contenido particular, siempre que la pretensión fuera «exclusivamente el
control de la legalidad en abstracto del acto».

Empero, en sentencia del 4 de marzo de 2003, 14 el Consejo de Estado mantuvo el
alcance de la teoría de los móviles y las finalidades, con base en la autonomía para
producir su jurisprudencia.

Finalmente, el artículo 137 del CPACA recogió en gran medida dicha tesis y definió
en qué escenarios procede el medio de control de simple nulidad contra actos de
carácter particular. Esta disposición fue declarada exequible por la Sentencia C-259
de 2015.

El legislador estableció que el medio de control de simple nulidad procede, por regla
general, contra actos administrativos de carácter general y, excepcionalmente,
contra actos de contenido particular, en los precisos supuestos enlistados en el
artículo 137 del CPACA,15 siempre que la finalidad del demandante, en uno y otro
caso, sea controlar la legalidad en abstracto del acto acusado, que en otros términos
significa tutelar la vigencia del orden jurídico y encauzar a la autoridad administrativa
hacia el respeto del principio de legalidad.

Asimismo, se estableció que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho procede contra los actos de contenido particular y los de carácter general,
cuando se persiga el restablecimiento de un derecho y/o la reparación de un daño,
siempre que la demanda se formule dentro del término de caducidad
correspondiente.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de marzo de 2003; expediente

número 11001-03-24-000-1999-05683-02(IJ-030).
15
«1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente».

12

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

2.2.2. Supresión de empleos y carrera administrativa

De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos de las
entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones
expresamente consagradas en la ley.

La Ley 443 de 1998, vigente para la época en que se expidieron los actos acusados,
reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de administración de
personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública,
así como ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la
capacitación, la estabilidad en los empleos y el ascenso.

A su turno, conforme a los artículos 37 y 39 ibidem, el retiro de los servidores con
derechos de carrera se verificaría por las causas determinadas en la Constitución
Política o en la ley, entre las que se encuentran la supresión del empleo, «como
consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias,
o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta».
Igualmente, se previó que los servidores afectados por tales medidas podrían «optar
por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los
términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional».

Por su parte, la Corte Constitucional ha precisado que la reestructuración de las
entidades públicas no pugna con el derecho a la carrera administrativa, pues ello
obedece a una medida legítima inspirada en la protección del interés general. En tal
sentido, ha explicado lo siguiente: 16

La Corte ha sostenido que “el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la
estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto, en
lo que respecta a la administración pública, resulta razonable que se produzca la
correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin
de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc, y adecuarlas a los
objetivos demarcados constitucionalmente.”17

16
Sentencia C-954 de 2001.
17
Sentencia C-209/97 M.P. Hernando Herrera Vergara.

13

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

Tales reajustes pueden conducir a la supresión de cargos de carrera, concretamente
como consecuencia de reestructuraciones administrativas que impliquen reformar las
plantas de personal, lo cual podría afectar los derechos de los empleados,
especialmente los de carrera, que en principio gozan de cierta estabilidad laboral. Con
fundamento en ello, el legislador, en procura de la protección de estos derechos, exige
que la supresión de tales cargos no pueda ser caprichosa, arbitraria o subjetiva. Al
respecto, la Corte ha sostenido:

“La supresión de un cargo de carrera administrativa se puede producir por múltiples
circunstancias, vr.gr. por fusión o liquidación de la entidad pública respectiva, por
reestructuración de la misma, por modificación de la planta de personal, por
reclasificación de los empleos, por políticas de modernización del Estado con el fin de
hacer más eficaz la prestación del servicio público, controlar el gasto público, abolir la
burocracia administrativa, etc. Objetivos que deben dirigirse exclusivamente a lograr
la optimización en términos de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio público,
basarse en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés
general, sin dejar de lado la protección de los derechos de los trabajadores.” 18

De acuerdo con el anterior lineamiento, se concluye que la carrera administrativa no
confiere un derecho de inamovilidad absoluta, pues la estabilidad de los empleados
que acceden a dicho sistema debe armonizarse con las necesidades técnicas,
económicas y de modernización de la administración en aras de lograr su mayor
eficiencia y la consecución de los fines del Estado.

Además, los procesos de reestructuración tampoco conducen a un desconocimiento
de los derechos laborales de los empleados de carrera, ya que se han previsto
medidas tendientes a lograr su incorporación en otro empleo y, en caso de que ello
no sea viable, reconocer una indemnización encaminada a resarcir el daño que
ocasiona la culminación de su vínculo laboral. A su vez, dichos procesos deben
obedecer a razones ciertas y verificables con el objetivo de que no se incurra en un
ejercicio ilegítimo o arbitrario de la potestad en comento.

2.3. Hechos probados

• El 28 de septiembre de 1990, por Acuerdo 062, el Concejo Municipal de San José
de Cúcuta creó el IDUC como un establecimiento público, dotado de personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Además, se autorizó al

18
Sentencia C-370/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

14

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

alcalde para dictar sus estatutos, establecer la planta de personal fijar sus
asignaciones y las funciones de los cargos.19

• El 4 de febrero de 1997, mediante la Resolución 024, la Junta Directiva del IDUC
fijó la planta de empleos de la entidad, en atención a una reestructuración que se
había aprobado mediante las Resoluciones 022 y 023 de 1997. 20

• El 13 de noviembre de 1998, por Acuerdo 0043, el Concejo Municipal de San José
de Cúcuta ordenó la liquidación del IDUC y dispuso lo siguiente: 21

ARTÍCULO SEGUNDO : Autorícese al Alcalde Municipal, para adelantar las acciones
pertinentes para la liquidación del Instituto de Desarrollo Urbano de Cúcuta – IDUC-
designar un liquidador, formalizar el traspaso de todos los bienes a la administración
central, cancelar los pasivos laborales y prestaciones y deudas pendientes, así como
las resultantes del proceso de liquidación y garantizar la prestación de los servicios
que actualmente realiza el IDUC mediante la reasignación de funciones a la
dependencia del nivel que se cree.

Designar un liquidador, que será en todo caso un funcionario municipal del más alto
nivel, para que realice todas las acciones tendientes a la efectiva liquidación del
Instituto.

PARÁGRAFO. El Alcalde designará una Junta Liquidadora para el efecto.

ARTÍCULO TERCERO: Adscríbase a la estructura de Planeación Municipal la División de
Fondos Urbanos, como unidad administrativa del nivel ejecutivo, que depende del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, quien en lo sucesivo cumplirá
la misión que actualmente ejecuta el Instituto de Desarrollo Urbano de Cúcuta, IDUC.

ARTÍCULO CUARTO: La División de Fondos Urbanos tendrá como objetivos: […]

ARTÍCULO QUINTO: DE LAS FUNCIONES DE LA DIVISIÓN DE FONDOS URBANOS […].

ARTÍCULO SEXTO: Los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano de Cúcuta,
inscritos en el escalafón de Carrera Administrativa, que por la liquidación del IDUC le
sean suprimidos sus cargos, tendrán el tratamiento preferencial determinado en el
Ley 27 de 1992 y en especial los mencionados en el Decreto 1223 de 1993 y las
demás normas vigentes de Carrera Administrativa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Facúltese al Alcalde Municipal por el término de dos (2) meses
contados a partir de la publicación del presente acuerdo, para expedir el manual de
funciones específicas de los cargos de la estructura de la División creada.

19
Folios 66 a 67.
20
Folios 470 a 472 (anexos).
21
Folios 15 a 19.

15

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

ARTÍCULO OCTAVO: Autorícese al Alcalde Municipal, por el término de seis (6) meses,
para contratar un empréstito por el monto equivalente a las obligaciones que el
Instituto de Desarrollo Urbano de Cúcuta, IDUC no esté en propiedad de cubrir con los
activos líquidos que posea en el momento de su liquidación.

ARTÍCULO NOVENO : Autorícese al alcalde Municipal, para que efectúe las
incorporaciones y los movimientos presupuestales que sean necesarios para el
cumplimiento de lo previsto en el presente acuerdo.

• El 29 de enero de 1999, por Acuerdo 0090, el Concejo Municipal de San José de
Cúcuta autorizó al alcalde para crear, reglamentar y poner en funcionamiento una
empresa industrial y comercial del Estado denominada Banco Inmobiliario Municipal
(BIM) con el fin de reemplazar el IDUC. También se determinó que el BIM tendría las
funciones previstas por el artículo 118 de la Ley 388 de 1997, adscribiría los fondos
rotatorios municipales y traspasaría los activos y pasivos del IDUC.22

• El 28 de mayo de 1999, a través del Decreto 0117, el alcalde del municipio
accionado incluyó dentro de su presupuesto de egresos del año 1999 el rubro
denominado gastos de liquidación del IDUC, teniendo en cuenta que para atender
los pagos derivados de ese proceso obtuvo un crédito con el Instituto Financiero
para el Desarrollo del Norte de Santander - IFINORTE.23

• El 30 de julio de 1999, mediante Decreto 0168, el alcalde del ente territorial
demandado estableció el 15 de agosto de 1999 «como la fecha final para la
conclusión de la liquidación definitiva del Instituto de Desarrollo Urbano IDUC,
debiendo continuar limitando sus actos a estos solos efectos». Igualmente, se
ordenó al liquidador elaborar las actas de entrega de los activos y pasivos a la
administración municipal, los cuales serían traspasados posteriormente a la entidad
que ordenó crear el Acuerdo 0090 de 1999 y una vez aquella entrara en
funcionamiento.24

22
Folios 20 a 21.
23
Folios 389 a 392 (anexos).
24
Folio 12.

16

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

• El 30 de julio de 1999, por Decreto 0169, el alcalde de San José de Cúcuta creó el
BIM y determinó su naturaleza, domicilio, visión, misión, objeto, funciones,
facultades, duración, patrimonio, órganos de administración dirección, estructura,
entre otros aspectos.25

• El 5 de agosto de 1999, a través del Oficio SG-283, el alcalde del municipio
demandado le solicitó al tesorero adoptar medidas transitorias con el fin de cumplir
con la función de expedir certificados de paz y salvo de los predios, mientras se
adoptaba una solución definitiva de cara al cierre del IDUC y con el objetivo de que
no se afectara la prestación del servicio.26

• El 13 de agosto de 1999, por Resolución 036, el liquidador del IDUC suprimió, a
partir del 17 de agosto de 1999, la planta de personal de ese establecimiento.27

• El 27 de septiembre de 1999, mediante el Acuerdo 0141, el Concejo Municipal del
ente territorial accionado dispuso lo siguiente: i) crear la empresa industrial y
comercial del Estado denominada Metrovivienda para asumir las funciones que
venía realizando el IDUC; ii) advertir que mientras la nueva entidad iniciaba
operaciones, las actividades que desarrollaba el IDUC podrían asignarse al
Departamento de Planeación Municipal; iii) autorizar, por el término de 1 año, al
alcalde para reglamentar su objeto, facultades, estructura, entre otros aspectos; iv)
indicar que los activos y bienes del IDUC ingresarían al patrimonio de Metrovivienda;
y v) derogar el Acuerdo 0090 de 1999.28

• El 13 de diciembre de 1999, el liquidador del IDUC rindió informe ante la junta
liquidadora en relación con las actividades desarrolladas desde el 4 de noviembre
de 1999, de las cuales se destaca la realización del inventario de bienes muebles e
inmuebles.29

25
Folios 23 a 37.
26
Folio 38.
27
Folios 13 a 14.
28
Folios 60 a 61.
29
Folios 7 a 10 (anexos)

17

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

• El 17 de febrero de 2000, el liquidador del IDUC rindió informe ante la junta
liquidadora en el que se indica que 10 servidores de la entidad liquidada estaban
inscritos en carrera administrativa, a uno de ellos se le pagó la indemnización y a
los 9 restantes se les haría el desembolso el 18 de febrero de 2000. 30

• El 27 de junio de 2002 la Secretaría de Hacienda de San José de Cúcuta hizo
contar que el 10 de diciembre de 1999 se expidió certificado de disponibilidad
presupuestal en una suma de $1.047.357.393,29 por concepto de
«indemnizaciones funcionarios municipales». Asimismo, a los ex servidores del IDUC
se les pagó dicho concepto en virtud de un empréstito contratado por la entidad
territorial con ese objetivo. Finalmente, se expresó que «[e]l 25 de mayo de 1999,
se desembolsó un crédito para el pago de las indemnizaciones del personal adscrito
al IDUC, pero dichas indemnizaciones solo fueron canceladas por la administración
central en el mes de febrero de 2000».31

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El primer asunto que debe abordarse en el sub lite es la posibilidad de emitir un
pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones de la demanda, toda vez que el
a quo consideró que ello no era viable en la medida en que debió acusarse el acto
que ordenó la liquidación del IDUC.

Por su parte, el apelante sostuvo que no era necesario demandar el Acuerdo 0043
de 1998, pues la ilegalidad de la actuación de la administración se verificó durante
el proceso de liquidación y no con el acto que adoptó tal determinación.

Al respecto, la Subsección considera que le asiste razón al accionante, ya que los
actos acusados contienen decisiones autónomas en relación con la liquidación del
IDUC, especialmente frente al plazo en que debía surtirse dicho trámite y la supresión

30
Folios 11 a 13 (anexos).
31
Folios 80 a 81.

18

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

de su planta de personal, por ende, existen suficientes elementos para efectuar el
control de legalidad de cara a los motivos de nulidad endilgados, teniendo en cuenta
que se parte de la presunción de legalidad del Acuerdo 0043 de 1998, ya que el
interesado también aludió a ella en su recurso de apelación y tampoco expuso
razones encaminadas a desvirtuar su conformidad con el ordenamiento superior.

En efecto, el interesado no controvierte la decisión de liquidar el IDUC, sino que su
defensa se encamina a demostrar que el alcalde del municipio de San José de
Cúcuta se apartó de los precisos lineamientos que le fijó el Concejo Municipal para
el efecto y desconoció la normativa superior en materia de supresión de empleos
públicos.

Una vez aclarado lo anterior, a continuación, se analizarán los cargos de nulidad
expuestos por el demandante frente a las disposiciones acusadas, en el siguiente
orden:

2.4.1. Plazo para la liquidación del IDUC

En relación con este aspecto, el señor Fernando Marconi Quintero manifestó los
siguientes motivos de inconformidad: i) el alcalde municipal no podía señalar el 15
de agosto de 1999 como último plazo para liquidar el IDUC, ya que el Acuerdo 0043
de 1998, no lo autorizó para ello; ii) dicha determinación tampoco contó con el
respaldo de la junta liquidadora; y iii) el liquidador no respetó la aludida fecha, pues
determinó que la planta del personal del IDUC se suprimiría a partir del 17 de agosto
de 1999.

La Sala se aparta de los anteriores argumentos, pues se observa que el Acuerdo
0043 de 1998 autorizó al alcalde del municipio de San José de Cúcuta para
«adelantar las acciones pertinentes para la liquidación» del IDUC, así como designar
un liquidador y la junta liquidadora.

19

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

En este orden de ideas, el mandatario municipal gozaba de amplias facultades para
adoptar las medidas tendientes a lograr la liquidación del IDUC, pues se trataba de
una determinación del Concejo Municipal que debía cumplir a cabalidad, bajo los
postulados que rigen la administración pública, especialmente, los de eficacia,
economía y celeridad.

De esta manera, dentro de la autorización otorgada al alcalde se entiende
necesariamente comprendida la de establecer un plazo para culminar el proceso
liquidatorio, pues de lo contrario se corría el riesgo de que la labor no terminara y
se siguiera manteniendo una entidad que estaba llamada a extinguirse por voluntad
del mencionado órgano colegiado.

Bajo este hilo argumentativo, tampoco era imperativo que el alcalde contara con el
aval de la junta liquidadora para establecer dicho plazo, pues aquella estaba
llamada a apoyar y llevar a buen fin ese proceso, pero tal función no implicaba que
el alcalde debiera pedirle autorización para cumplir con la atribución principal que le
confirió el Concejo Municipal, esto es, «adelantar las acciones pertinentes para la
liquidación» del IDUC.

De otra parte, el liquidador tampoco actuó por fuera del plazo fijado para adelantar
la liquidación del mencionado instituto, pues aquél correspondía al 15 de agosto de
1999 y la decisión de suprimir la planta de personal se encuentra contenida en la
Resolución 036 del 13 de agosto de 1999, es decir, que fue suscrita dentro de la
oportunidad señalada.

Igualmente, el hecho de que se hubiera indicado que la supresión operaba a partir
del 17 de agosto de 1999, obedecía a que los días 15 y 16 correspondieron a
domingo y lunes festivo, por lo que era razonable que la decisión se materializara a
partir del día hábil siguiente al previsto como límite para la extinción del referido
instituto.

20

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

De esta manera, el liquidador debía sujetarse a lo dispuesto por el artículo 62 de la
Ley 4 de 1913, esto es, que «[e]n los plazos de días que se señalen en las leyes y
actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de
expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario;
pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer
día hábil».

2.4.2. Ausencia de estudio técnico

El demandante afirmó que el municipio de San José de Cúcuta desacató el
ordenamiento superior en lo que atañe a la elaboración del estudio técnico en los
procesos de reestructuración por las siguientes razones: i) omitió realizar dicho
análisis, pese a que aquel debe adelantarse previo a la supresión de entidades o
empleos, en tanto garantiza la correcta motivación de esa clase de decisiones y
permite conocer las necesidades técnicas, financieras o de modernización de las
instituciones de cara a sus objetivos, fines, dependencias, cargos y funciones; ii) el
aludido estudio debía prever la posibilidad de «encuadrar» los cargos del IDUC en el
BIM, con base en las metodologías de diseño organizacional y ocupacional
enlistadas en el Decreto 2504 de 1998; y iii) el documento no se envió a la Comisión
Departamental del Servicio Civil o al DAFP, por lo que no pudieron presentar
objeciones, recomendaciones y adoptar las decisiones de su competencia.

En este acápite de las consideraciones es oportuno recordar que en el sub lite no
se encuentra enjuiciado el Acuerdo 0043 de 1998 que dispuso la liquidación del
IDUC. A su vez, la presunción de legalidad que ampara dicho acto, conduce a concluir

que la supresión de su planta de personal era una consecuencia lógica, natural y
necesaria por la extinción de la entidad, es decir, que los reparos frente a la
obligatoriedad de elaborar el estudio técnico, los elementos que debía contener y
su remisión a la Comisión del Servicio Civil o al DAFP no están llamados a prosperar.

En efecto, el examen frente a la viabilidad del IDUC o las posibilidades de
reestructuración o liquidación total debió realizarse antes de tomar la determinación

21

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

al respecto y, como el referido acuerdo no fue enjuiciado, se presume que la
administración adelantó todos los análisis pertinentes y que la condujeron a optar
por la eliminación de la entidad.

En tal sentido, al plenario se allegó la exposición de motivos del Acuerdo 0043 de
1998 que da cuenta de lo siguiente: 32

En virtud de que el Instituto de Desarrollo Urbano de Cúcuta IDUC, viene atravesando
por una crisis financiera desde hace más de un año, y pese a la reestructuración
efectuada el pasado mes de febrero como alternativa de solución, hoy en día se
encuentra con una gran deuda representada en gastos de funcionamiento y
empréstitos, y buscando proyectar un mejor cumplimiento de sus funciones se
considera necesario la liquidación, evitando de este modo aumentar la carga
prestacional.

En la actualidad existen deudas de funcionamiento con el Banco de Occidente, Banco
Cafetero, deudas de valorización, otras deudas representadas en 3 meses de
salarios, pago de pensiones (2 meses), aportes al ICBF (5 meses), Comfaoriente,
SENA, Telecom, contando con escasos ingresos que se puedan destinar para este fin.

Adicional a la situación financiera, está la negativa de los bancos para la aprobación
de créditos con destino a la realización de obras por el sistema de valorización, debido
a la falta de credibilidad en el IDUC, ocasionando que no se cumpla con uno de los
principales objetivos del instituto.

[…] los ingresos netos de funcionamiento están muy por debajo de los egresos de
funcionamiento.

El documento antes citado evidencia que de tiempo atrás el IDUC estaba
atravesando por una crisis financiara que le había conducido a desatender sus
compromisos misionales, laborales y comerciales con lo que se afectaba el interés
general y la adecuada prestación del servicio. Además, se observa que en anterior
oportunidad se había realizado una reducción de la planta de personal, pero ello no
había sido suficiente para conjurar las dificultades económicas.

Dichos hallazgos también encuentran respaldo en la Resolución 024 del 4 de
febrero de 1997, suscrita por la Junta Directiva del IDUC, que fijó una nueva planta
de empleos para la entidad, en atención a una reestructuración que se había

32
Folios 111 a 112.

22

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

aprobado con anterioridad. En estos actos se expresó que dicha modificación
obedecía a la «iliquidez» en que se encontraba el IDUC, según informe rendido por
la jefe de la División Financiera,33 y a que el instituto carecía de la capacidad
económica para soportar la carga salarial y prestacional de todos sus servidores.

Así las cosas, las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del IDUC, y
posteriormente por el Concejo Municipal, son consecuentes con el criterio fijado por
esta corporación en el sentido de indicar que toda entidad cuenta con una planta de
personal, esto es, un número determinado de empleos a través de los cuales
satisface los fines y las funciones que tiene asignadas legamente.

A su vez, la fijación del número de empleos, nomenclatura, perfiles, funciones y
cargas de trabajo están determinados por las necesidades del servicio en orden a
diseñar globalmente la estructura organizacional, la cual es pasible de ser
modificada en aras de atender las situaciones cambiantes de las entidades,
adaptarse a las nuevas realidades, modernizase, realizar saneamientos financieros,
entre otros aspectos que conducen a que la planta de personal se vea expuesta a
reformas, «como ocurre en los eventos de supresión o creación de cargos, o incluso
puede extinguirse como una consecuencia inexorable de la liquidación de la entidad
estatal».34

Bajo esta línea argumentativa, la Corte Constitucional ha indicado que la supresión
de los cargos y la terminación de las relaciones laborales al vencimiento del término
de la liquidación es razonable y «una consecuencia natural y obvia, en el marco de
estos procesos de reestructuración, en cuanto es de la esencia de los mismos la
reducción o la readecuación de las plantas de personal». 35

33
Folio 473.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado: 08001-23-
33-000-2013-00455-01 (4178-2016). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 16 de agosto de
2018, radicado: 08001-23-31-000-2009-01016-01 (1217-2016).
35
Sentencia C-795 de 2009.

23

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

A partir de este entendimiento, el Consejo de Estado ha concluido que «el hecho de
que la desaparición de la entidad del mundo jurídico emerja como una causa legal
y justa para que se suprima la planta de personal y, consecuentemente, los
empleados sean retirados de sus cargos, supone que, más allá del soporte técnico
o informe de gestión en el que se sustente la liquidación del respectivo organismo,
no resulte necesario un estudio técnico adicional».36

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos, en esta oportunidad se concluye
que el liquidador del IDUC no tenía que contar con una autorización para suprimir la
planta de personal ni debía adelantar un estudio técnico con ese objetivo, pues se
trataba de una determinación inherente a la extinción de la entidad. Inclusive, en el
Acuerdo 0043 de 1998 se previó tal situación, al indicar que a los servidores inscritos
en carrera administrativa a quienes «por la liquidación del IDUC le sean
suprimidos sus cargos, tendrán el tratamiento preferencial determinado en la Ley
27 de 1992 y en especial los mencionados en el Decreto 1223 de 1993 y las demás
normas vigentes».

En este orden de ideas, la supresión de la planta de personal del IDUC se previó
desde el acto que ordenó su liquidación, por lo que no era imperativo adelantar un
estudio técnico adicional para el efecto, sino acatar la decisión expresada por el
Concejo Municipal dentro del ámbito de competencias asignadas por el artículo 313,
numeral 6, de la Constitución Política, en tanto determina que a dicho órgano le
corresponde «[d]eterminar la estructura de la administración municipal y las
funciones de sus dependencias». En consonancia con dicha potestad, el alcalde
tiene la atribución de «[s]uprimir o fusionar entidades y dependencias municipales,
de conformidad con los acuerdos respectivos», conforme lo preceptúa el artículo
315, numeral 4, ibidem.37

2.4.3. Disponibilidad presupuestal

36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado: 08001-23-
33-000-2013-00455-01 (4178-2016). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 16 de agosto de
2018, radicado: 08001-23-31-000-2009-01016-01 (1217-2016).
37
Al respecto, puede consultarse la Sentencia C-735 de 2007.

24

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

El señor Fernando Marconi Quintero sostuvo que la supresión de la planta de
personal del IDUC evidenció las siguientes falencias de orden económico: i) al
momento de la supresión no se había realizado el inventario de activos y pasivos,
pese a que así lo ordenó el Acuerdo 0043 de 1998; ii) no contó con el respaldo
financiero para sufragar las indemnizaciones que se derivaban de la
reestructuración, por lo que los servidores debieron interponer acciones judiciales
para obtener la satisfacción de sus acreencias laborales; y iii) las indemnizaciones
se terminaron pagando con cargo al presupuesto municipal y no al del IDUC como
correspondía.

Frente a los anteriores cargos de nulidad es preciso resaltar que la eventual
ausencia del inventario de activos y pasivos es un asunto que hubiera podido
generar responsabilidades de orden fiscal o disciplinario para el liquidador, pero no
invalidaría la supresión de los cargos del IDUC, ya que esta determinación no estaba
atada a la elaboración del referido inventario.

En efecto, el Acuerdo 0043 de 1998 autorizó al alcalde de San José de Cúcuta para
formalizar el ingreso de todos los bienes del IDUC a la administración central, como
consecuencia de la liquidación; sin embargo, en ningún momento sujetó la
supresión de la planta de personal a dicho requerimiento.

Por el contrario, con posterioridad a la culminación del proceso liquidatorio,
mediante el Acuerdo 0141 del 27 de septiembre de 1999, se fijaron nuevas
directrices para el referido traspaso, lo cual demuestra que se trataba de un
elemento relevante para proteger el patrimonio público, pero no era un requisito del
cual dependiera la supresión de la planta del personal.

Los demás argumentos relacionados con la ausencia de respaldo financiero para
adelantar el proceso de liquidación del IDUC tampoco están llamados a prosperar,
toda vez que el Acuerdo 0043 de 1998 expresamente autorizó al acalde municipal
para «cancelar los pasivos laborales y prestaciones y deudas pendientes»,

25

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

«contratar un empréstito por el monto equivalente a las obligaciones que el Instituto
de Desarrollo Urbano de Cúcuta, IDUC no esté en propiedad de cubrir con los activos
líquidos que posea en el momento de su liquidación» y efectuar «las
incorporaciones y los movimientos presupuestales que sean necesarios para el
cumplimiento de lo previsto en el presente acuerdo».

Conforme a las citadas atribuciones, se concluye que el municipio debía atender las
acreencias laborales derivadas del proceso de liquidación del IDUC, inclusive con
cargo a su presupuesto y con la posibilidad de realizar créditos para obtener el
financiamiento necesario.

En cumplimiento de lo anterior, el Decreto 0117 del 28 de mayo de 1999, suscrito
por el alcalde de San José de Cúcuta, incluyó dentro del presupuesto municipal de
egresos del año 1999 el rubro denominado gastos de liquidación del IDUC, teniendo
en cuenta que para atender los pagos derivados de ese proceso obtuvo un crédito
con IFINORTE.

De esta manera, se encuentra acreditado que antes de ordenarse la supresión de
la planta de personal del IDUC, la administración había apartado el presupuesto
requerido para cumplir con las obligaciones derivadas de aquella determinación.

Si bien es cierto que las indemnizaciones se pagaron hasta el mes de febrero de
2000, ello no es razón suficiente para invalidar los actos enjuiciados, pues la
disponibilidad presupuestal sí existía para el momento en que se suprimió la planta
de personal del IDUC y cosa distinta es que se hubieran podido presentar
inconvenientes que impidieran sufragar con mayor celeridad dichas acreencias.

Asimismo, esta corporación ha precisado que la ausencia de dicho respaldo
presupuestal no es causal de nulidad de los procesos de reestructuración, por las
siguientes razones:38

38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de marzo de 2015, radicado: 41001-
23-31-000-2002-00005-01 (2762-2013).

26

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

En relación con la necesidad de la existencia previa del certificado de disponibilidad
presupuestal que según el actor no precedió a la expedición de los actos demandados,
es preciso tener presente que dicha disponibilidad tiene por objeto sufragar los gastos
que causen las indemnizaciones, sin embargo no es un elemento que afecte la validez
del acto de supresión, toda vez que la ley no prevé dicho instrumento como requisito
del proceso de supresión.
[…]
Como la ley 443 de 1998 no contempló como requisito para la supresión de cargos la
disponibilidad presupuestal para el pago de las indemnizaciones, y la ley prima sobre
su reglamentación, se concluye que la disponibilidad presupuestal no es requisito para
la supresión de cargos y su inexistencia al momento de la supresión no puede acarrear
la nulidad del acto por expedición irregular.

De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, la omisión del certificado de
disponibilidad presupuestal no afecta la validez de los procesos de reestructuración
de las entidades públicas. Además, en el sub lite se demostró que el alcalde del ente
territorial accionado acató las disposiciones del Acuerdo 0043 en torno a la manera
en que debían atenderse las obligaciones dinerarias surgidas de la liquidación del
IDUC.

2.4.4. Comisión de personal y servicio de adaptación laboral

El actor sostuvo que el proceso de supresión cuestionado omitió el deber de
conformar los siguientes grupos: i) la comisión de personal, en los términos
ordenados por el artículo 60 de la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1570 de ese año,
situación que les impidió a los servidores desvinculados presentar reclamaciones; y
ii) el comité de adaptación laboral a que alude el artículo 8 del Decreto 2013 de
1997, pese a su obligatoriedad para todas las entidades públicas con el fin de lograr
la readaptación y reubicación de los empleados a quienes se les suprimen sus
cargos.

Al respecto, es preciso indicar que el Decreto 2013 de 1997 fue derogado por el
Decreto 717 de 1999,39 norma vigente para la fecha en que se decretó la supresión
de la planta de personal del IDUC, por lo que los argumentos de nulidad invocados

39
Esta disposición fue derogada por el Decreto 611 de 2018.

27

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

por el actor se analizarán a la luz de la última disposición mencionada.

Ahora bien, de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 443 de 1998, las
comisiones de personal, en el marco de los procesos de reestructuración, se
encargan de conocer las reclamaciones formuladas por los empleados de carrera
que hayan optado por el derecho preferencial a ser revinculados o los efectos de
las incorporaciones cuando consideren que se les vulneraron sus derechos o
desmejoraron sus condiciones laborales.

De acuerdo con lo anterior, se observa que la comisión de personal es una
dependencia que debe existir en todas las entidades y cumple funciones
encaminadas a atender los reparos que eleven los servidores de carrera en relación
con su interés en ser incorporados en cargos equivalentes a los que fueron
suprimidos o a mantener sus derechos laborales cuando estimen que dicha
incorporación implicó una desmejora de aquellos.

En este orden de ideas, la referida comisión es relevante para atender las referidas
solicitudes, pero no es un presupuesto para el perfeccionamiento de las
reestructuraciones; inclusive, se presume que todas las entidades cuentan con
dicha instancia o una análoga encargada de cumplir tal finalidad.

Además, los empleados que consideren que sus derechos fueron quebrantados
dentro de un proceso de reestructuración cuentan con las instancias judiciales para
garantizar su protección.

En consecuencia, una eventual falencia en la conformación de la comisión de
personal no tiene la relevancia suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad
de la supresión de la planta de personal del IDUC, máxime cuando ello correspondió
a una consecuencia necesaria a la liquidación de la entidad, en las condiciones
antes anotadas.

De otro lado, el Decreto 717 de 1999 creó el servicio de adaptación laboral con el

28

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

fin de apoyar «al servidor público a quien se le suprima el empleo, brindándole
herramientas que le permitan prepararse integralmente para asumir el cambio, a
través de procesos de actualización, recalificación y conversión, redefinición de
perfil ocupacional, desarrollo de nuevas habilidades laborales, orientación sobre
áreas que demande el sector productivo, entre otros, a efecto de posibilitar su
reinserción al mercado laboral o a emprender por cuenta propia actividades
productivas».

A su vez, el artículo 1 ibidem creó la Comisión Intersectorial de Adaptación Laboral
del Sector Público «para la coordinación y orientación superior de los programas del
servicio de adaptación laboral del sector público», integrada por los siguientes
funcionarios o sus delgados: los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de
Hacienda y Crédito Público; los directores de los departamentos administrativos de
Planeación Nacional, del DAFP y del SENA;40 y el consejero Presidencial de Política
Social.

A la referida comisión se le atribuyeron las siguientes funciones: i) adoptar los
lineamientos centrales del servicio de adaptación laboral para el sector público; ii)
aprobar los programas y cronogramas relacionados con dicho servicio y hacerles
seguimiento; iii) efectuar la coordinación interinstitucional para garantizar el
cumplimiento de sus objetivos; iv) solicitar y evaluar la información que estime
pertinente para el desarrollo de los mencionados programas; v) determinar las
funciones que coordinadamente desarrollarán las entidades competentes para la
obtención de los propósitos del servicio de adaptación laboral.

Por su parte, el artículo 4 del Decreto 717 de 1999 dispuso que los referidos
programas estarían a cargo del SENA, en el nivel nacional y para «los servidores
públicos del nivel territorial la ejecución y los gastos que se generen para el
desarrollo de estos programas estarán a cargo de cada una de estas entidades, las
cuales los ejecutarán de acuerdo con sus disposiciones presupuestales».

40
Servicio Nacional de Aprendizaje.

29

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

Así las cosas, el Gobierno nacional creó el servicio de adaptación laboral de los
empleados que se han visto inmersos en procesos de supresión con el objetivo
principal «de ofrecer al servidor retirado la posibilidad de incorporarse rápidamente
y sin traumatismos al sistema productivo».41

A su vez, se creó una comisión intersectorial encargada de regular la prestación de
dicho servicio, es decir, que la entidad accionada no estaba obligada a crear un
grupo para tal efecto, pues el ejecutivo creó una sola comisión para establecer
lineamientos operativos a nivel nacional y territorial, cosa distinta es que las
entidades territoriales tuvieran a su cargo la ejecución de los programas, pero
siempre con respeto de su disponibilidad presupuestal.

En este orden de ideas, el municipio de San José de Cúcuta no estaba obligado a
crear una comisión para la readaptación laboral en los términos sugeridos por el
actor, aunque sí estaba llamado a cumplir con los lineamientos trazados en ese
sentido por las autoridades antes enunciadas y siempre que contara con los
recursos suficientes para ello.

Por lo anterior, se concluye que el desarrollo de un programa de adaptación laboral
era importante para lograr que los servidores que fueron retirados del IDUC contaran
con herramientas suficientes para lograr una nueva vinculación en los sectores
público o privado; sin embargo, la eventual ausencia de dicho programa no
invalidaría la liquidación del instituto, ya que tales medidas operan de manera
posterior a los procesos de reestructuración y el ordenamiento superior sujetó su
operatividad a la existencia de recursos.

A su vez, el Consejo de Estado ha precisado que dichos programas corresponden
a «un simple servicio administrativo»42 y fungen como un «instrumento o

41
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2005, radicado: 05001-23-31-000-2004-
04221-01(ACU).

42
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de octubre de 1993, radicado: 2384.

30

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

mecanismo»43 para lograr dicha adaptación laboral, por lo cual se infiere que, pese
a su relevancia para los trabajadores interesados en adquirir mayores competencias
y acceder nuevamente al mercado laboral, no se trata de un requisito previo para la
reestructuración de las entidades de acuerdo con el Decreto 717 de 1999, ya que
este no lo estableció de ese modo y, por el contrario, condicionó su funcionamiento
en el orden territorial a la existencia de disponibilidad presupuestal.

Es preciso aclarar que con posterioridad a la expedición de la mencionada
disposición, se han proferido otras normas que han reforzado la importancia de los
programas de readaptación laboral durante procesos de supresión, como ocurre
con la Ley 617 de 2000 e, inclusive, esta corporación ha ordenado su
implementación por vía de la acción de cumplimiento;44 sin embargo, la
obligatoriedad de dicho programa no puede ser acogida en el presente asunto con
el fin de anular los actos enjuiciados, ya que tal entendimiento se esbozó frente a
normas que no se encontraban vigentes para el momento en que se surtió la
liquidación del IDUC y la consecuente supresión de su planta de personal.

2.4.5. Creación de una nueva entidad

El accionante expresó que en el proceso de supresión acusado se omitió la creación
de una nueva entidad que permitiera continuar con las funciones del IDUC e
incorporar al personal desvinculado. Al respecto, el interesado sostuvo lo siguiente:
i) los Decretos 0168 y 0169 de 1999 le impusieron al alcalde de San José de Cúcuta
el deber de poner en funcionamiento el BIM para trasladarle las funciones, activos y
pasivos del IDUC; sin embargo, la mencionada autoridad no atendió dicha obligación,
sino que creó a Metrovivienda, pero esta entidad tampoco tuvo condiciones para
operar; ii) el IDUC se encargaba de expedir paz y salvos de predios, función que se
trasladó a la Tesorería Municipal, lo cual demuestra que el IDUC cumplía importantes
actividades y éstas también debían seguirse ejecutando por parte de la División de

43
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de octubre de 1993, radicado: 2384.
44
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2005, radicado: 05001-23-31-000-2004-
04221-01(ACU).

31

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

Fondos Urbanos o el BIM; iii) el liquidador y la junta se abstuvieron de implementar
el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, conforme lo ordenaba el
Decreto 1569 de 1998, por lo que se les impidió a los empleados del IDUC optar por
su incorporación en un cargo adscrito al BIM o al municipio de San José de Cúcuta.

Los anteriores cargos de nulidad no están llamados a prosperar, por cuanto la
creación de una entidad que reemplazara al IDUC no era un requerimiento previo a
su liquidación ni mucho menos a la supresión de su planta de personal, pues el
Acuerdo 0043 de 1998 expresó la voluntad del Concejo Municipal de extinguir dicho
instituto y autorizar al alcalde de San José de Cúcuta para materializar tal decisión
y sin condicionarla a la entrada en funcionamiento de otro establecimiento.

Por el contrario, se precisó que las funciones, activos y pasivo del IDUC quedarían a
cargo de la administración central y luego pasarían a la entidad que se creara para
reemplazar a dicho instituto. Fue así como se indicó que el alcalde municipal
quedaba autorizado para lo siguiente: i) «formalizar el traspaso de todos los bienes
a la administración central»; ii) «garantizar la prestación de los servicios que
actualmente realiza el IDUC mediante la reasignación de funciones a la dependencia
del nivel que se cree»; iii) adscribir «a la estructura de Planeación Municipal la
División de Fondos Urbanos, como unidad administrativa del nivel ejecutivo, que
depende del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, quien en lo
sucesivo cumplirá la misión que actualmente ejecuta el Instituto de Desarrollo
Urbano de Cúcuta, IDUC»; y iv) «expedir el manual de funciones específicas de los
cargos de la estructura de la División creada».

En lo que atañe a la División de Fondos Urbanos, el acuerdo no previó la creación
de nuevos empleos para esa dependencia, por lo que se entiende que lo que se
buscó fue ajustar las funciones al interior del municipio para atender los
requerimientos derivados de la liquidación del IDUC.

Posteriormente, el Acuerdo 0090 de 1999 creó el BIM en orden a reemplazar al IDUC,
pero esta norma fue derogada por el Acuerdo 0141 de 1999 que dio origen a

32

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

Metrovivienda con el objetivo de realizar las funciones que venía desarrollando el
instituto liquidado.

A su vez, se resalta que el Acuerdo 0141 de 1999 se profirió luego de la extinción
del IDUC, situación que demuestra que el Concejo Municipal no condicionó la
liquidación de ese instituto a la creación de un nuevo establecimiento que hiciera
sus veces, sino que primero adoptó la decisión de liquidarlo (por Acuerdo 0043 de
1998) y después (mediante los Acuerdos 0090 y 0141 de 1999) ejerció las
potestades asignadas por el artículo 313, numeral 6, de la Constitución Política en
el sentido de «[d]eterminar la estructura de la administración municipal y las
funciones de sus dependencias» y «crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos
públicos y empresas industriales o comerciales».

En este orden de ideas, la liquidación del IDUC podía surtirse sin necesidad de que
existiera una entidad que asumiera sus funciones y mucho menos que contara con
una nueva planta de personal con la nomenclatura y clasificación de empleos
regulada por el Decreto 1569 de 1998; por el contrario, el Acuerdo 0043 de 1998
diseñó una serie de medidas tendientes a que la administración se encargara de
desarrollar las actividades que dicha entidad venía ejecutando en aras de garantizar
la correcta prestación del servicio público.45

Igualmente, al plenario se aportaron los oficios mediante los cuales el liquidador del
IDUC les comunicó a los servidores de carrera su retiro de la entidad, indicándoles

que les asistía «el derecho de optar entre percibir la indemnización que para el
efecto señala el Decreto 1572 de 1998, o de tener tratamiento preferencial para ser
incorporado[s] a un empleo equivalente conforme con las reglas establecidas en el
artículo 39 de la Ley 443 de junio 11 de 1998». 46

45
En relación con la ausencia de creación de nuevas entidades para hacer incorporaciones de servidores de
carrera, pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones
A y B: i) del 25 de febrero de 2021, radicado: 08001-23-31-000-2010-00512-01 (2087-2016); y ii) del 3 de
agosto de 2000, radicado: 15001-23-31-000-2000-17671-01 (17671), actor: Hernando Arias Ochoa.
46
Folios 39 (cuaderno principal) y 154, 186, 203, 227, 245, 289, 327, 356, 361 (anexos).

33

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

Bajo este contexto, se observa que la administración les confirió a los empleados
escalafonados en carrera administrativa la posibilidad de recibir una indemnización
o ser incorporados en un empleo equivalente. A su vez, los interesados podían
agotar las instancias administrativas o judiciales con el objetivo de que se les
salvaguardaran sus condiciones laborales en caso de considerar que el municipio
accionado no los había dotado de garantías suficientes para ejercer el mencionado
derecho de opción.

Por lo tanto, el hecho de que para el momento en que se suprimió la planta de
personal del IDUC no estuviera operando el BIM, Metrovivienda o una entidad
análoga, no es motivo suficiente para predicar una irregularidad en la liquidación del
instituto ni anular el acto de supresión de sus empleos.

2.5. La condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA.47

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye lo siguiente: i) se cumplieron los presupuestos para
emitir sentencia de fondo frente al asunto planteado; y ii) el señor Fernando Marconi
Quintero no logró desvirtuar la legalidad de los actos enjuiciados. En consecuencia,
el proveído apelado será revocado, en tanto se inhibió para resolver de mérito y, en
su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

47
Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez,
teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.

34

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

De otro lado, se observa que el municipio de San José de Cúcuta y su apoderado
solicitaron el acceso al expediente.

Por ser procedente la referida solicitud, por Secretaría de la Sección Segunda, se
garantizará dicho acceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 30 de septiembre de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso de la referencia,
en tanto declaró probada la excepción de inepta demanda y se inhibió para emitir
pronunciamiento de fondo en el sub lite, por las razones expresadas en
precedencia. En su lugar,

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor
Fernando Marconi Quintero contra el Decreto 0168 del 30 de julio de 1999, proferido
por el alcalde municipal de San José de Cúcuta, y la Resolución 036 del 13 de
agosto de 1999, suscrita por el liquidador del IDUC, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Reconocer personería a la abogada Ángela Patricia Puche Díaz como
apoderada del municipio de San José de Cúcuta en los términos y para los efectos
del poder visible en el folio 173 del expediente.

35

Radicación: 54001-23-31-000-2000-00993-01 (0018-2013)
Demandante: Fernando Marconi Quintero

Quinto. Aceptar la renuncia al poder presentada por la a abogada Ángela Patricia
Puche Díaz, conforme al memorial obrante en la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado.

Sexto. Reconocer personería al abogado Gustavo Enrique González Romero
como mandatario judicial de la parte accionada, conforme al poder que obra en la
mencionada plataforma.

Séptimo. Por Secretaría de la Sección Segunda, garantizar el acceso al expediente
en los términos solicitados por el municipio de San José de Cúcuta y su apoderado.

Octavo. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

36

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.