República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00616-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00616-01 (3762-2023)
Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
Tema: régimen de cesantías aplicable al empleado de carrera reincorporado con
ocasión de la supresión de su cargo. Subtema 1: protección de los derechos de
carrera frente a la liquidación de la entidad y la supresión del empleo. Subtema 2:
conservación del régimen retroactivo de cesantías y ausencia de traslado voluntario
al sistema anualizado. Subtema 3: acumulación de los periodos efectivamente
laborados conforme al artículo 87 del Decreto 1227 de 2005.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, el 4 de octubre de
2022, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Irina Isabel Padilla García demandó la nulidad del Oficio del 20 de diciembre
de 2017, mediante el cual el departamento del Atlántico negó la reliquidación de sus
cesantías. Solicitó que la prestación se liquidara conforme al régimen retroactivo,
mediante la acumulación del tiempo servido en Metrotránsito con el laborado en el
ente territorial a partir de su reincorporación, previa deducción de las sumas
reconocidas por ese concepto.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, negó las pretensiones, al
considerar que la posesión de la demandante en el Departamento del Atlántico,
ocurrida el 10 de mayo de 2012, dio lugar a una nueva vinculación sometida al sistema
anualizado de cesantías previsto para quienes ingresaron al servicio después de la
entrada en vigor de la Ley 344 de 1996. Por esa razón, concluyó que no procedía
acumular el tiempo laborado en Metrotránsito.
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00616-01 (3762-2023)
Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocará la sentencia
de primera instancia, al determinar que la reincorporación no implicó el traslado de la
demandante al sistema anualizado, por lo que conservó el régimen retroactivo de
cesantías. En consecuencia, ordenará acumular el tiempo efectivamente servido en
Metrotránsito, entre el 15 de abril de 1994 y el 7 de diciembre de 2010, con el laborado
en el departamento del Atlántico desde el 10 de mayo de 2012, sin incluir el periodo
durante el cual permaneció retirada del servicio y con deducción de las sumas
previamente reconocidas y pagadas por ese concepto.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Irina Isabel Padilla García, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 12 de julio de 2018
contra el departamento del Atlántico, con las siguientes pretensiones1:
2. Que se declare la nulidad del Oficio del 20 de diciembre de 2017, mediante el
cual la Subsecretaría de Talento Humano del departamento del Atlántico negó la
solicitud de reliquidar sus cesantías bajo el régimen retroactivo, mediante la
acumulación del tiempo servido en Metrotránsito con el laborado en el departamento
del Atlántico.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara al
departamento del Atlántico a pagar $69.605.127, suma que estimó adeudada como
resultado de la reliquidación de sus cesantías conforme al régimen retroactivo,
mediante la acumulación del tiempo laborado antes de la supresión de su cargo en
Metrotránsito con el servido después de su reincorporación a la Gobernación del
Atlántico.
4. Para estimar dicha suma, la demandante tomó como fecha de corte el 15 de
enero de 2018 y descontó los valores que habían sido reconocidos previamente por
concepto de cesantías. Asimismo, solicitó que la entidad reliquidara y pagara las
cesantías parciales con fundamento en el régimen retroactivo y que el valor
reconocido fuera actualizado con base en el índice de precios al consumidor (IPC).
5. Finalmente, solicitó que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 192 y 203 del CPACA y que se condenara en costas a la entidad
demandada.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
1 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 1 a 14.
2
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00616-01 (3762-2023)
Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
7. La señora Irina Isabel Padilla García ingresó a laborar en el Distrito de
Barranquilla el 14 de abril de 1994 como empleada inscrita a la carrera administrativa.
Prestó sus servicios en Metrotránsito hasta el 7 de diciembre de 2010, fecha en la que
la entidad fue liquidada y se suprimió el cargo del cual era titular.
8. Como consecuencia de la supresión de su empleo, la demandante ejerció el
derecho preferencial a ser reincorporada en un cargo igual o equivalente. Mediante la
Resolución 3555 del 12 de julio de 2011, la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenó
su reincorporación en el empleo de técnico administrativo, código 367, grado 11, de
la Secretaría de Salud del departamento del Atlántico. Esta decisión fue confirmada
mediante la Resolución 4451 del 11 de noviembre siguiente.
9. Ante la negativa del departamento del Atlántico de cumplir esa orden, la
demandante promovió una acción de tutela, cuyas decisiones de primera y segunda
instancia ampararon sus derechos. En cumplimiento de lo dispuesto, mediante el
Decreto 000343 del 27 de abril de 2012, el gobernador del Atlántico la nombró en el
empleo señalado y la adscribió a la Secretaría de Salud, en la que comenzó a prestar
sus servicios el 10 de mayo de 2012.
10. Mediante oficio del 15 de marzo de 2013, la demandante informó a la entidad
territorial que pertenecía al régimen retroactivo de cesantías, debido a que su
vinculación como empleada de carrera había iniciado en 1994. Según afirmó, la
gobernación le comunicó posteriormente que dicho régimen únicamente le sería
aplicado a partir de su incorporación a la planta de personal del departamento del
Atlántico.
11. El 4 de julio de 2016, solicitó el retiro parcial de sus cesantías. Mediante la
Resolución 3408 del 21 de julio siguiente, la entidad le reconoció $17.000.000, para
cuya liquidación tuvo en cuenta únicamente el periodo laborado entre el 10 de mayo
de 2012 y el 15 de julio de 2016.
12. El 7 de noviembre de 2017, la demandante solicitó nuevamente el retiro parcial
de sus cesantías y pidió que, de manera previa, fueran reliquidadas conforme al
régimen retroactivo, con la acumulación del tiempo servido antes de la supresión de
su cargo en Metrotránsito y el laborado después de su reincorporación en el ente
territorial.
13. El departamento del Atlántico, mediante Oficio del 20 de diciembre de 2017,
notificado el 11 de enero de 2018, negó la solicitud. La entidad consideró que solo
estaba obligada a reconocer las prestaciones correspondientes al tiempo laborado en
su planta de personal, pues la vinculación de la demandante no tuvo origen en una
sentencia que hubiera ordenado su reintegro sin solución de continuidad.
14. La demandante, por el contrario, manifestó que su reincorporación implicaba la
conservación de los derechos derivados de la carrera administrativa. Por ello, para
liquidar sus cesantías, debía acumularse el tiempo efectivamente laborado en
3
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00616-01 (3762-2023)
Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
Metrotránsito, entre el 14 de abril de 1994 y el 7 de diciembre de 2010, con el servido
en el departamento del Atlántico a partir del 10 de mayo de 2012.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
15. En la demanda se invocaron como normas vulneradas los artículos 125 y 229
de la Constitución Política; la Ley 909 de 2004; los artículos 137 y 138 de la Ley 1437
de 2011; el Decreto Ley 1567 de 1998; el Decreto 1227 de 2005; y el parágrafo del
artículo 2.2.11.2.1 del Decreto 1083 de 2015.
16. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que el acto
acusado estaba viciado de falsa motivación y de infracción de las normas en las que
debía fundarse.
17. En cuanto al primer cargo, señaló que el Departamento del Atlántico negó la
reliquidación porque su ingreso a la entidad no obedeció a una sentencia que hubiera
ordenado su reintegro sin solución de continuidad, sino a una orden de
reincorporación impartida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
18. A su juicio, esa motivación desconoció que su vinculación con el Departamento
del Atlántico no correspondió a un nuevo ingreso al servicio público, sino a la
reincorporación derivada de la supresión del empleo del cual era titular en carrera
administrativa. Por tanto, consideró que la entidad debía respetar los derechos
laborales y prestacionales asociados a esa condición.
19. Explicó que la reincorporación debía efectuarse en un empleo igual o
equivalente y que esa equivalencia comprendía los aspectos funcionales, salariales y
prestacionales. En consecuencia, afirmó que debía conservar el régimen retroactivo
de cesantías que tenía antes de la supresión del cargo.
20. Asimismo, sostuvo que el parágrafo del artículo 87 del Decreto 1227 de 2005,
compilado en el artículo 2.2.11.2.1 del Decreto 1083 de 2015, ordena acumular el
tiempo servido antes de la supresión del cargo con el laborado después de la
reincorporación, para efectos de la causación de prestaciones sociales, beneficios
salariales y demás derechos laborales.
21. Con fundamento en esa disposición, afirmó que la entidad debía liquidar sus
cesantías mediante la acumulación del periodo trabajado en Metrotránsito,
comprendido entre el 14 de abril de 1994 y el 7 de diciembre de 2010, y el servido en
el Departamento del Atlántico a partir del 10 de mayo de 2012, sin incluir el lapso
durante el cual no prestó sus servicios.
22. Agregó que, conforme al concepto emitido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, los valores reconocidos al momento de la supresión del cargo
debían considerarse anticipos de cesantías y descontarse de la liquidación definitiva
que efectuara la entidad en la que se produjo la reincorporación.
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Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
23. Finalmente, manifestó que el departamento del Atlántico interpretó
erróneamente las normas invocadas al exigir que la continuidad del régimen
prestacional proviniera de una sentencia de reintegro y al negarse a acumular los
tiempos efectivamente laborados. Por ello, solicitó la nulidad del acto acusado y la
consecuente reliquidación de sus cesantías conforme al régimen retroactivo.
2.2. Contestación de la demanda
24. El departamento del Atlántico se opuso a las pretensiones de la demanda y
solicitó que fueran negadas2:
25. Aunque cuestionó parcialmente la condición de empleada de carrera invocada
por la demandante, reconoció que fue reincorporada a su planta de personal y que,
desde entonces, era beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías. Asimismo,
admitió que le reconoció un retiro parcial de esa prestación, liquidado únicamente por
el tiempo servido a partir de su reincorporación.
26. Adujo que el vínculo legal y reglamentario con Metrotránsito terminó con la
supresión del empleo y la liquidación de esa entidad. Por ello, afirmó que en ese
momento debieron liquidarse y pagarse definitivamente las prestaciones sociales
causadas hasta ese momento, incluidas las cesantías correspondientes a dicho
periodo.
27. En consecuencia, a su juicio, el Departamento del Atlántico solo debía
responder por las cesantías causadas desde el ingreso de la demandante a su planta
de personal y no por el tiempo servido en Metrotránsito. En esa línea, añadió que la
demandante no acreditó si, al finalizar aquel vínculo, recibió el pago de las cesantías
cuya inclusión pretendía nuevamente.
28. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido. Respecto de la primera, sostuvo que no existía un
deber legal a cargo del departamento del Atlántico de reconocer prestaciones
causadas durante la vinculación de la demandante con Metrotránsito. En cuanto a la
segunda, afirmó que había cumplido las obligaciones laborales derivadas del tiempo
servido en su planta de personal, por lo que incluir el periodo anterior supondría
reconocer sumas que no estaban a su cargo. También propuso la excepción genérica
e innominada.
2.3. Sentencia de primera instancia
29. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 4 de octubre de
2022, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas3, en
los siguientes términos:
2
Samai, índice 2. Expediente digital, índice 2. Expediente digital, archivo “06. ContestaciónDeDemanda”.
3 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “26. SentenciaPrimera”.
5
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00616-01 (3762-2023)
Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones anotadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHIVAR el expediente sin necesidad de
auto que lo ordene.
30. Para el tribunal, el problema jurídico consistía en determinar si la demandante,
en su condición de empleada inscrita en carrera administrativa, tenía derecho a que
sus cesantías fueran liquidadas conforme al régimen retroactivo, con inclusión del
tiempo servido en Metrotránsito antes de la supresión de su empleo.
31. Como fundamento de su decisión, explicó que los empleados de carrera cuyos
cargos sean suprimidos tienen derecho preferencial a ser incorporados o
reincorporados en empleos iguales o equivalentes, o a recibir una indemnización, de
conformidad con el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 28 del Decreto Ley
760 de 2005.
32. Asimismo, agregó que el artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 dispone que,
producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la supresión debe acumularse
con el laborado a partir de aquella para efectos de la causación de prestaciones
sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales. No obstante, consideró
que esa disposición únicamente preserva la continuidad de los derechos de carrera,
pero no garantiza la conservación del régimen salarial y prestacional del empleo
suprimido.
33. Para sustentar esa interpretación, el tribunal consideró aplicable la sentencia
del 31 de enero de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de la cual
derivó que la protección de los derechos de carrera se concretaba en la
reincorporación o en el reconocimiento de una indemnización, sin que comprendiera
el traslado a la nueva entidad de los beneficios propios del empleo suprimido.
34. En ese sentido, refirió que, al posesionarse en la Gobernación del Atlántico, la
demandante adquirió el régimen salarial y prestacional correspondiente al nuevo
empleo. Precisó que la conservación de sus derechos de carrera no implicaba que
mantuviera el sistema prestacional aplicado en Metrotránsito, pues este se derivaba
de la nueva vinculación.
35. A partir de lo anterior, concluyó que, aunque la demandante había ingresado al
servicio público antes del 30 de diciembre de 1996, su vinculación con el departamento
del Atlántico se produjo el 10 de mayo de 2012. Por tanto, consideró que sus cesantías
se encontraban sometidas al sistema anualizado previsto en la Ley 344 de 1996 y que
no procedía conservar el régimen retroactivo aplicado en la entidad liquidada.
36. Finalmente, afirmó que los beneficios derivados del empleo suprimido solo
permanecían vigentes mientras subsistieran la entidad y el cargo que les servían de
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00616-01 (3762-2023)
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Demandado: Departamento del Atlántico
fundamento. En consecuencia, negó la reliquidación solicitada y se abstuvo de
condenar en costas, al no encontrar acreditada su causación.
2.4. Recurso de apelación
37. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia. Solicitó su revocatoria y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos4:
38. El tribunal interpretó erróneamente el parágrafo del artículo 87 del Decreto 1227
de 2005, pues trató la reincorporación como una nueva vinculación y, con fundamento
en ello, concluyó que a la demandante le resultaba aplicable el régimen anualizado de
cesantías previsto en la Ley 344 de 1996. Afirmó que aquella figura correspondía a la
materialización de un derecho de carrera administrativa y no a un nuevo ingreso al
servicio público.
39. Explicó que la disposición citada ordena acumular el tiempo efectivamente
laborado antes de la supresión del cargo con el servido después de la reincorporación,
para efectos de la causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás
derechos laborales. Por tanto, consideró que debían sumarse el periodo trabajado en
Metrotránsito, entre el 14 de abril de 1994 y el 7 de diciembre de 2010, y el servido en
la Gobernación del Atlántico a partir del 10 de mayo de 2012.
40. Agregó que la reincorporación debía efectuarse en un empleo igual o
equivalente y que esa equivalencia comprendía los aspectos funcionales, salariales y
prestacionales. Para sustentar esta afirmación, invocó el concepto del 15 de
noviembre de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
según el cual el servidor reincorporado conserva el régimen salarial y prestacional
correspondiente al empleo que venía desempeñando, incluido el régimen retroactivo
de cesantías.
41. Precisó que el departamento del Atlántico había reconocido que la demandante
era beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, pero únicamente lo aplicó
respecto del tiempo servido desde su ingreso a la entidad. En consecuencia, señaló
que la controversia recaía en la acumulación del periodo laborado en Metrotránsito
con el servido en el departamento y no en la extensión de beneficios correspondientes
al lapso durante el cual permaneció desvinculada.
42. Asimismo, manifestó que el tránsito de una entidad distrital a otra
departamental carecía de relevancia, pues la vinculación con la gobernación se
produjo en virtud del derecho preferencial de reincorporación y no mediante una forma
ordinaria de ingreso a la carrera administrativa.
43. Cuestionó la aplicación que el tribunal hizo de la sentencia del 31 de enero de
4 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “30. Recurso de Apelación”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00616-01 (3762-2023)
Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Explicó que ese pronunciamiento
negó el pago de salarios y prestaciones por el periodo durante el cual el servidor no
trabajó, pero reconoció que el parágrafo del artículo 87 permite acumular los tiempos
efectivamente laborados antes y después de la reincorporación para causar
prestaciones sociales, entre ellas las cesantías.
44. En ese contexto, solicitó revocar la sentencia apelada y ordenar la reliquidación
de las cesantías retroactivas mediante la acumulación del tiempo servido en las dos
entidades.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
45. Mediante auto del 16 de noviembre de 20235, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA.
46. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
Consideró que la liquidación de Metrotránsito extinguió el vínculo laboral de la
demandante y que su reincorporación al departamento del Atlántico dio lugar a una
nueva vinculación, sometida al régimen salarial y prestacional del empleo receptor.
Añadió que, aunque el artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 permite acumular los
tiempos efectivamente servidos, no obliga a la nueva entidad a conservar el régimen
retroactivo de cesantías que se aplicaba en la entidad liquidada6.
47. La parte demandada no se pronunció sobre el recurso de apelación.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
48. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
49. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:
50. ¿La reincorporación de una empleada de carrera en una entidad distinta, como
consecuencia de la supresión del cargo del cual era titular, constituye una nueva
5
Samai, índice 4.
6 Samai, índice 9.
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Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
vinculación sometida al régimen anualizado de cesantías previsto en la Ley 344 de
1996 o permite conservar el régimen retroactivo que le era aplicable antes de la
supresión y liquidación de la entidad?
51. En caso de conservarse el régimen retroactivo, ¿el parágrafo del artículo 87 del
Decreto 1227 de 2005 permite acumular, para efectos de la liquidación de las
cesantías, el tiempo efectivamente servido antes de la supresión del cargo con el
laborado después de la reincorporación, sin incluir el periodo durante el cual no existió
prestación del servicio?
52. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) el régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos; (ii) régimen
de reincorporación de empleados públicos por la liquidación de entidades de nivel
territorial; (iii) hechos probados y (iv) en el análisis del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos formulados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
53. En los términos de la Ley 6ª de 1945, «Por la cual se dictan algunas
disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo», el legislador determinó, en el artículo 12,
literal f), el reconocimiento del auxilio de cesantías en favor de los trabajadores
oficiales, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio y
proporcionalmente por fracciones de año. A su vez, el artículo 17, literal a), de la
misma normativa dispuso que dicho auxilio debía reconocerse a todos los empleados
y obreros nacionales de carácter permanente7.
54. Este derecho se extendió a los empleados de los departamentos, intendencias,
comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. Posteriormente, la Ley 65
de 1946 estableció:
Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera
que sea la causa de retiro.
Parágrafo. Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6ª de
7 Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones
sociales:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este
auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.
[…].
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1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos
12 y 36 de la misma Ley.
Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares,
se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto de 1946, y su
cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que se perciba a
cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y
permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones, etc.
55. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
al sistema anualizado, inicialmente, con el Decreto 3118 de 19688, el cual dispuso el
cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales de
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1º de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán
la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.
56. El propósito del Gobierno nacional con la expedición del decreto citado fue
«iniciar el proceso de desmonte de la llamada retroactividad de las cesantías, para
dar paso a un sistema de liquidación anual, así como con la finalidad de pagar
oportunamente el auxilio de cesantía a los empleados públicos y trabajadores
oficiales; contribuir a la solución del problema de vivienda de estas personas y
proteger dicho auxilio de la depreciación monetaria, previendo, para el efecto, el
reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del trabajador»9.
57. A su turno, la Ley 432 de 1998, «Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional
de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones»,
mantuvo el objetivo de administrar eficientemente las cesantías. Asimismo, le asignó,
entre otras, las funciones de recaudar y pagar el auxilio de cesantías a favor de sus
afiliados y adoptar mecanismos orientados a preservar su valor real frente a la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda10.
58. De igual manera, los artículos 6º y 7º de la misma normativa establecieron, de
una parte, un monto destinado a reconocer intereses sobre el auxilio de cesantías
depositado, con el fin de contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo y, de otra,
fijaron un porcentaje específico por concepto de intereses en beneficio del trabajador.
8 Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de empleados
públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.
9 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de septiembre de 2018, expediente 44001-23-33-000-2014-00030-01 (1522-
2016).
10 Artículo 3, literales a), b) y c) del Ley 432 de 1998.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00616-01 (3762-2023)
Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
59. Luego, la Ley 344 de 199611 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías para quienes se vincularan a las entidades del Estado a partir de su entrada
en vigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:
Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91
de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a
los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
[…].
60. Para entonces, la Ley 50 de 1990 ya había regulado el sistema anualizado de
cesantías, cuyo artículo 99 dispuso:
Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
61. Mediante el Decreto 1582 de 199812 se extendió el régimen anualizado de
liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —aplicable al sector privado—
a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de diciembre de 1996 que
se afiliaran a fondos privados, al señalar:
11 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
12
Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
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Artículo 1º El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432
de 1998.
62. De otro lado, el artículo 3º de la misma normativa reguló el traslado voluntario
al régimen anualizado por parte de los servidores vinculados con anterioridad a la Ley
344 de 1996, así:
En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen
de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la
solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir
a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título
de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características
que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales
necesarios para su expedición.
63. Por su parte, el Decreto 1919 de 200213, en su artículo 3º, ratificó que los
«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de
cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344
de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
64. De este recuento normativo se desprende que el sistema anualizado se aplica
a los servidores del orden territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996.
En cambio, quienes se encontraban vinculados con anterioridad y eran beneficiarios
del régimen retroactivo continuaban sometidos a este, salvo que decidieran acogerse
al sistema anualizado mediante el procedimiento previsto en el artículo 3º del Decreto
1582 de 1998.
65. En consecuencia, para establecer si una actuación posterior a la entrada en
vigor de la Ley 344 de 1996 determina la aplicación del sistema anualizado, debe
13
Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.
12
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examinarse si aquella constituyó una nueva vinculación o si, por el contrario,
correspondió a la reincorporación de un empleado que ya era beneficiario del régimen
retroactivo.
3.3.2. La reincorporación de empleados de carrera por supresión del cargo y sus
efectos sobre los derechos salariales y prestacionales
66. La Ley 909 de 200414, en su artículo 44, estableció:
Artículo 44. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia
de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o
dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación
de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán
derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva
planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos
iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará
el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.
Parágrafo 1. Para los efectos de reconocimiento y pago de las indemnizaciones de que
trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir de
la fecha de posesión como empleado público en la entidad en la cual se produce la
supresión del empleo.
67. La normativa distingue entre la incorporación y la reincorporación. La primera
procede cuando existe un empleo igual o equivalente en la nueva planta de la entidad
en la que el servidor venía prestando sus servicios. La segunda tiene lugar cuando
aquella no es posible y el empleado de carrera opta por ser ubicado en un empleo
igual o equivalente de otra planta de personal, en lugar de recibir la indemnización
correspondiente.
68. En ese sentido, el artículo 29 del Decreto Ley 760 de 200515 dispone que,
cuando no sea posible efectuar la incorporación, la entidad debe comunicar esa
circunstancia al servidor e informarle su derecho a optar entre la indemnización y la
reincorporación. Por su parte, el artículo 28 de la misma normativa establece las reglas
aplicables a esta última figura:
«[…] Suprimido un empleo de carrera administrativa, cuyo titular sea un empleado con
derechos de carrera, este tiene derecho preferencial a ser incorporado en un empleo
igual o equivalente al suprimido de la nueva planta de personal de la entidad u
organismo en donde prestaba sus servicios.
De no ser posible la incorporación en los términos establecidos en el inciso anterior,
podrá optar por ser reincorporado en un empleo igual o equivalente o a recibir una
14 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
15
Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil
para el cumplimiento de sus funciones.
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indemnización, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2.º del artículo 44 de la
Ley 909 de 2004 y con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Para la reincorporación de que trata el presente artículo se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
28.1. La reincorporación se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha
en que el jefe de la entidad comunique a la Comisión Nacional del Servicio Civil que el
exempleado optó por la reincorporación, en empleo de carrera igual o equivalente que
esté vacante o provisto mediante encargo o nombramiento provisional o que, de
acuerdo con las necesidades del servicio, se cree en las plantas de personal, en el
siguiente orden:
28.1.1. En la entidad en la cual venía prestando el servicio.
28.1.2. En la entidad o entidades que asuman las funciones del empleo suprimido.
28.1.3. En las entidades del sector administrativo al cual pertenecía la entidad, la
dependencia o el empleo suprimido.
28.1.4. En cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial, según
el caso.
28.1.5. La reincorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos
exigidos para el desempeño del empleo en la entidad obligada a efectuarla.
De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado, el exempleado
tendrá derecho al reconocimiento y pago de la indemnización.
Parágrafo. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad
u organismo, no tendrá el carácter de nuevo nombramiento la incorporación que se
efectúe en cargos iguales a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad
de provisionales».
69. Por su parte, el artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 regula los efectos de la
reincorporación. La disposición establece que el empleado continuará con los
derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión y que el tiempo servido
antes de esta se acumulará con el laborado a partir de la reincorporación, para efectos
de la causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos
laborales.
Artículo 87. Los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los
cuales sean titulares como consecuencia de la supresión o fusión de entidades o
dependencias o del traslado de funciones de una entidad a otra o de modificación de
planta, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente
de la nueva planta y, de no ser posible, a optar por ser reincorporados o a percibir la
indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, conforme a las reglas
previstas en el decreto-ley que regula el procedimiento que debe surtirse ante y por la
Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.
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Mientras se produce la reincorporación, el registro de inscripción en carrera del
exempleado continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada dicha
reincorporación, será actualizada la inscripción y el empleado continuará con los
derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo.
De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado en el decreto ley el
exempleado tendrá derecho al reconocimiento de la indemnización y será retirado del
Registro Público de Carrera.
Parágrafo. Producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la supresión del
cargo se acumulará con el servido a partir de aquella, para efectos de causación de
prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales.
70. De acuerdo con este marco normativo, la reincorporación no corresponde a una
forma ordinaria de ingreso al servicio público ni puede equipararse a una nueva
vinculación autónoma. Se trata de una medida de protección derivada de la condición
de empleado de carrera, mediante la cual se permite su continuidad en el servicio en
un empleo igual o equivalente al suprimido.
71. Esa equivalencia no se limita a la denominación o a las funciones del empleo,
sino que comprende las condiciones salariales y prestacionales que integran la
situación jurídica del servidor.
72. Lo anterior no significa que la reincorporación produzca una continuidad
material e ininterrumpida en la prestación del servicio ni que permita reconocer
salarios o prestaciones por el periodo durante el cual el servidor permaneció retirado.
Su efecto consiste en conservar los derechos de carrera y acumular los tiempos
efectivamente laborados antes de la supresión y después de la reincorporación, para
las finalidades expresamente previstas en el artículo 87 del Decreto 1227 de 200516.
73. Estas garantías responden a la protección de los derechos adquiridos y a la
prohibición de desmejorar las condiciones laborales, previstas en los artículos 53 y 58
de la Constitución Política. En relación con la estabilidad de los empleados de carrera
y el procedimiento aplicable ante la supresión de sus cargos, la jurisprudencia
constitucional ha señalado:
«[C]on el fin de proteger los derechos de los trabajadores afectados con la
reestructuración, de la Constitución, la ley y la jurisprudencia de esta Corporación se
encuentra que: “i) los servidores públicos que inscritos en la carrera administrativa
ostentan unos derechos subjetivos que materializan el principio de estabilidad en el
empleo; ii) la administración pública está facultada para suprimir cargos de carrera
administrativa en los términos establecidos por la Constitución y la ley; iii) en los casos
de supresión de cargos de empleados inscritos en la carrera administrativa estas
personas, en virtud del derecho a la estabilidad laboral, tienen derecho a optar
libremente por la incorporación, reincorporación o la indemnización. En los primeros
dos eventos se tiene un límite temporal de seis meses para efectuar la incorporación
o reincorporación, término después del cual si no es posible encontrar una vacante se
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, exp. núm. 08001-23-33-000-2013-00455-01 (4178-2016).
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procede a indemnizar al servidor; iv) el respeto a tales reglas fijadas en la ley configura
el debido proceso administrativo a seguir en estos eventos»17.
3.4. Hechos probados relevantes
74. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
75. En la liquidación de prestaciones laborales anexa a la Resolución 4013 del 7
de diciembre de 2010, Metrotránsito registró que la demandante estuvo vinculada
entre el 15 de abril de 1994 y el 7 de diciembre de 2010, en el cargo de técnico
operativo. El documento señaló un total de cesantías de $40.268.282, de las cuales
$34.775.870 correspondían a cesantías parciales previamente reconocidas, por lo que
estableció un saldo de $5.492.412 por ese concepto. Asimismo, incluyó $3.672.752
por prestaciones y $1.538.311 por deuda laboral y, luego de efectuar descuentos por
$38.257, fijó un total a pagar de $10.665.21618.
76. Durante el trámite de liquidación de Metrotránsito, se suprimió el empleo que
desempeñaba la demandante. Por esta razón, el 7 de diciembre de 2010 se le
comunicó que podía optar entre la reincorporación en un cargo igual o equivalente y
el reconocimiento de una indemnización. La interesada eligió la primera alternativa19.
77. En atención a esa elección, mediante la Resolución 3555 del 12 de julio de
2011, la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenó al gobernador del Atlántico
reincorporar a la señora Irina Isabel Padilla García en el empleo vacante definitivo de
técnico operativo, código 367, grado 01, de la planta de personal de la entidad, dentro
de los 15 días siguientes a la firmeza de la decisión20.
78. Para adoptar esa decisión, la Comisión Nacional del Servicio Civil comparó los
dos empleos y concluyó que pertenecían al mismo nivel jerárquico, tenían igual
denominación, funciones similares y requisitos equivalentes de formación y
experiencia. Asimismo, verificó que la asignación básica del empleo vacante era
superior en $162.673 a la correspondiente al cargo suprimido. Con fundamento en
ese estudio, consideró que la reincorporación protegía el derecho preferencial de la
demandante y permitía conservar sus derechos de carrera administrativa.
79. Seguidamente, a través de la Resolución 4451 del 11 de noviembre de 2011,
la Comisión Nacional del Servicio Civil rechazó por extemporáneo el recurso de
reposición interpuesto por la Subsecretaría de Talento Humano del departamento del
Atlántico contra la Resolución 3555 del 12 de julio anterior. No obstante, revisó de
oficio la actuación y advirtió que en la decisión inicial se había identificado
erróneamente el empleo vacante, pues el cargo existente en la planta departamental
era el de técnico administrativo, código 367, grado 11, y no el de técnico operativo,
17 Corte Constitucional, sentencia C-314 de 2004.
18 Samai, índice 2. Expediente, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 56.
19
Samai, índice 2. Expediente, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 24 a 27.
20 Samai, índice 2. Expediente, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 24 a 27.
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código 367, grado 0121.
80. Luego de rexaminar las funciones y los requisitos de formación y experiencia
de los empleos, la Comisión concluyó que el cargo de técnico administrativo, código
367, grado 11, era equivalente al de técnico operativo, código 314, que la demandante
había desempeñado en Metrotránsito. En consecuencia, aclaró la Resolución 3555 de
2011 y confirmó la orden de reincorporarla en aquel empleo, dentro de los quince días
siguientes a la firmeza de la decisión.
81. Ante la falta de cumplimiento de las Resoluciones 3555 y 4451 de 2011, la
demandante promovió una acción de tutela. Mediante sentencia del 9 de abril de 2012,
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Barranquilla amparó su derecho
fundamental al debido proceso y ordenó al gobernador del Atlántico acatar las
decisiones de la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de los cinco días
siguientes22.
82. En cumplimiento de esa orden judicial, el gobernador del Atlántico expidió el
Decreto 000343 del 27 de abril de 2012, mediante el cual reincorporó a la señora Irina
Isabel Padilla García en el empleo de técnico administrativo, código 367, grado 11, de
la planta global de personal del departamento, con una asignación mensual de
$2.248.634.
83. Posteriormente, el 15 de marzo de 2013, la demandante solicitó a la
Subsecretaría de Talento Humano del departamento del Atlántico que reconociera su
pertenencia al régimen retroactivo de cesantías. Como fundamento, indicó que había
ingresado a Metrotránsito en 1994, que su retiro obedeció a la supresión del cargo y
que fue reincorporada en el departamento del Atlántico, donde tomó posesión el 10
de mayo de 2012. Para respaldar su petición, invocó un concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado relativo a los efectos salariales y
prestacionales de la reincorporación en un empleo igual o equivalente23.
84. Más adelante, el 4 de julio de 2016, la demandante solicitó al departamento del
Atlántico el retiro parcial de sus cesantías para la remodelación de su vivienda y aportó
los documentos destinados a justificar su utilización24.
85. Luego, el 7 de noviembre de 2017, solicitó nuevamente el retiro parcial de sus
cesantías, previa reliquidación conforme al régimen retroactivo. Para tal efecto, pidió
que se acumulara el tiempo servido en Metrotránsito, comprendido entre el 14 de abril
de 1994 y el 7 de diciembre de 2010, con el servido desde su reincorporación al
departamento del Atlántico, el 10 de mayo de 2012, hasta la fecha de la solicitud.
Asimismo, solicitó descontar de la liquidación $40.268.282 y $17.000.000,
correspondientes a los valores que afirmó haber recibido de Metrotránsito y de la
21 Samai, índice 2. Expediente, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 29 a 33.
22 Samai, índice 2. Expediente, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 34 a 36.
23
Samai, índice 2. Expediente, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 43 a 51.
24 Samai, índice 2. Expediente, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 38 a 42.
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gobernación, respectivamente25.
86. Como consecuencia de esa reliquidación, pidió que se liquidaran y pagaran las
cesantías retroactivas parciales destinadas a la remodelación de su vivienda.
Adicionalmente, solicitó que, en lo sucesivo, para efectos de prestaciones sociales,
beneficios salariales y demás derechos laborales, se acumulara el tiempo servido
antes de la supresión del cargo en Metrotránsito con el laborado desde su
reincorporación al departamento del Atlántico.
87. El departamento del Atlántico, mediante oficio del 20 de diciembre de 2017,
negó la solicitud de reliquidación, en cuanto pretendía acumular el tiempo servido en
Metrotránsito, entre el 14 de abril de 1994 y el 7 de diciembre de 2010, con el laborado
en la entidad territorial a partir del 10 de mayo de 201226.
88. Para sustentar esa decisión, la entidad argumentó que solo estaba obligada a
reconocer las prestaciones sociales causadas desde la incorporación de la
demandante a su planta de personal. Aunque afirmó que no había desconocido el
régimen retroactivo de cesantías del cual era beneficiaria, consideró que este
reconocimiento no comprendía la acumulación del tiempo servido en otra entidad.
Agregó que dicha acumulación únicamente procedía cuando existiera continuidad en
el servicio sin interrupción y que, en este caso, la vinculación con la gobernación
obedeció a una orden de reincorporación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y
no a una sentencia que hubiera dispuesto el reintegro sin solución de continuidad.
3.5. Caso concreto
89. En el asunto bajo análisis, la demandante pretende la nulidad del Oficio del 20
de diciembre de 2017 y, como consecuencia, la reliquidación de sus cesantías
conforme al régimen retroactivo. Para ello, solicitó acumular el tiempo servido en
Metrotránsito, entre el 14 de abril de 1994 y el 7 de diciembre de 2010, con el laborado
en el departamento del Atlántico a partir del 10 de mayo de 2012, previa deducción de
las sumas que ambas entidades le hubieran reconocido por ese mismo concepto.
90. En sustento de sus pretensiones, señaló que su reincorporación al
departamento del Atlántico no constituyó una nueva vinculación, sino la
materialización del derecho que le asistía como empleada de carrera con ocasión de
la supresión del cargo que desempeñaba en Metrotránsito. Por ello, consideró que
conservó el régimen retroactivo de cesantías y que, de conformidad con el artículo 87
del Decreto 1227 de 2005, debían acumularse los periodos efectivamente servidos en
ambas entidades.
91. Por su parte, el tribunal negó las pretensiones al considerar que, cuando tomó
posesión en el departamento del Atlántico el 10 de mayo de 2012, la demandante
quedó sometida al régimen salarial y prestacional correspondiente al nuevo empleo y,
25
Samai, índice 2. Expediente, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 52 a 55.
26 Samai, índice 2. Expediente, archivo “01. DemandayAnexos”, pp. 20 a 21.
18
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por tanto, al sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 344 de 1996. En
consecuencia, concluyó que la conservación de sus derechos de carrera no implicaba
la continuidad del régimen retroactivo que había disfrutado en Metrotránsito.
92. En el recurso de apelación, la parte demandante cuestionó esa conclusión,
pues sostuvo que el tribunal asimiló indebidamente la reincorporación a una nueva
vinculación. Insistió en que aquella figura le permitía conservar el régimen prestacional
anterior y que el artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 autorizaba la acumulación de
los periodos efectivamente servidos.
93. Como se advierte, aunque la pretensión se dirigió a obtener la acumulación de
los tiempos servidos en ambas entidades, bajo la premisa de que la demandante
conservó el régimen retroactivo de cesantías, el tribunal examinó la controversia a
partir de la aplicación del sistema anualizado con ocasión de su reincorporación, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
94. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si la reincorporación de la
demandante al departamento del Atlántico implicó su sometimiento al régimen
anualizado de cesantías o si, por el contrario, le permitió conservar el régimen
retroactivo del cual era beneficiaria. De concluirse esto último, deberá establecerse si
procede acumular el tiempo efectivamente servido en Metrotránsito con el laborado
después de su reincorporación, sin incluir el periodo durante el cual estuvo
desvinculada y con el descuento de las sumas previamente reconocidas por ese
mismo concepto.
95. Para resolver la controversia, se advierte, en primer lugar, que la demandante
estuvo vinculada a Metrotránsito desde el 14 de abril de 1994 hasta el 7 de diciembre
de 2010, fecha en la que, con ocasión de la liquidación de esa entidad, fue suprimido
el cargo que venía desempeñando. Ante esa circunstancia, optó por la reincorporación
en un cargo igual o equivalente, en lugar de recibir la indemnización correspondiente.
96. En atención a esa elección, la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante
la Resolución 3555 del 12 de julio de 2011, ordenó la reincorporación de la
demandante en una vacante de la planta de personal del departamento del Atlántico,
luego de establecer su equivalencia con el empleo suprimido. Esta decisión fue
confirmada mediante la Resolución 4451 del 11 de noviembre de 2011.
97. Dado que dicha orden no fue cumplida, la demandante promovió una acción de
tutela y, mediante sentencia del 9 de abril de 2012, el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Barranquilla amparó su derecho fundamental al debido proceso y
ordenó al gobernador del Atlántico acatar las decisiones de la Comisión Nacional del
Servicio Civil dentro de los cinco días siguientes.
98. En cumplimiento de esa decisión judicial, el departamento del Atlántico expidió
el Decreto 000343 del 27 de abril de 2012, mediante el cual reincorporó a la
demandante en el empleo de técnico administrativo, código 367, grado 11. La señora
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Demandado: Departamento del Atlántico
Irina Isabel Padilla García tomó posesión del cargo el 10 de mayo siguiente.
99. Posteriormente, la demandante solicitó que se reconociera su pertenencia al
régimen retroactivo de cesantías. En 2016, el departamento del Atlántico le autorizó
un retiro parcial por $17.000.000, liquidado con fundamento en el tiempo servido a
partir de su reincorporación. Más adelante, pidió que la prestación se reliquidara
mediante la acumulación de ese periodo con el laborado previamente en
Metrotránsito, con el descuento de las sumas que ya le habían sido reconocidas por
ese concepto.
100. Al pronunciarse sobre esta última solicitud, el departamento del Atlántico
precisó, mediante oficio del 20 de diciembre de 2017, lo siguiente:
«Teniendo en cuenta lo anterior, la administración solo está obligada al reconocimiento
y pago de sus prestaciones sociales a partir de la fecha en que se produjo la
incorporación a la entidad, toda vez que su vinculación a la entidad se produjo en virtud
de una orden impuesta por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Si bien es cierto que la Comisión Nacional del Servicio Civil conminó a la entidad a la
incorporación en un empleo de la planta de cargos de la Gobernación del Atlántico,
conservando los derechos de carrera administrativa, en ningún caso determinó que se
debía asumir la carga prestacional por el tiempo laborado en la anterior entidad a la
cual le fue suprimido su cargo, es decir Metrotransito S.A, en liquidación.
Como puede observarse, la administración solo responde por el tiempo laborado en la
entidad, pues de reconocer unas cesantías teniendo en cuenta el tiempo laborado en
la anterior entidad, estaríamos incurriendo en un pago de lo no debido pues se trata
de una entidad del orden distrital, con patrimonio, autonomía administrativa y
presupuestal, totalmente diferente a la Gobernación del Atlántico.
Sobre este particular, es importante señalar que en ningún momento la entidad
ha desmejorado sus condiciones laborales y prestacionales, así como tampoco
ha desconocido el régimen de cesantías retroactivas, al cual usted ha sido
beneficiada, no obstante, dicho reconocimiento se refiere a respetar tal condición, pero
no hace distinción a que se deba tener en cuenta acumulación de tiempos de servicios
en otras entidades a las cuales usted haya prestado sus servicios, pues es bien cierto
que lo relevante legalmente para efectos de la acumulación de tiempos servidos
oficialmente de las cesantías retroactivas es la continuidad en el servicio oficial sin
operancia de ruptura de la vinculación laboral administrativa, pues su vinculación a la
planta de cargos de la Gobernación del Atlántico no se produjo por una sentencia
judicial que ordenara su reintegro sin solución de continuidad, sino en cumplimiento a
una orden emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil que perseguía el derecho
preferencial a ser incorporado en un empleo igual o equivalente al que desempeñaba».
(negrillas propias)
101. Así las cosas, la negativa contenida en el acto acusado no se sustentó en que
la demandante hubiera perdido el régimen retroactivo de cesantías con ocasión de su
reincorporación, sino en que, a juicio de la entidad, dada su condición de funcionario
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reincorporado no era posible acumular dicha pretensión con el tiempo servido
previamente en Metrotránsito.
102. No obstante, como se expuso en precedencia, el tribunal consideró que, al
tomar posesión del empleo en el departamento del Atlántico el 10 de mayo de 2012,
la demandante inició una nueva vinculación y, por ello, quedó sometida al régimen
anualizado de cesantías previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996. Para
establecer si esa conclusión es acertada, resulta necesario precisar la naturaleza y
los efectos jurídicos de la reincorporación.
103. Al respecto, el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 reconoció una protección
especial a los empleados de carrera afectados por la supresión de sus cargos,
derivada, entre otros supuestos, de la liquidación, reestructuración o fusión de
entidades. En estos eventos, la administración debe procurar, en primer término, su
incorporación en la nueva planta, en un empleo igual o equivalente. Si esta alternativa
no resulta viable, el servidor puede elegir entre continuar vinculado a la carrera
mediante la reincorporación o recibir la indemnización prevista legalmente.
104. En desarrollo de esa disposición, el artículo 28 del Decreto Ley 760 de 2005
reguló el procedimiento para hacer efectiva esa elección. Así, cuando la incorporación
en la nueva planta no sea posible y el empleado opte por permanecer en el servicio,
deberá procurarse su reincorporación, dentro de los seis meses siguientes a la
comunicación de dicha decisión a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en un
empleo de carrera igual o equivalente. La búsqueda deberá adelantarse conforme al
orden establecido en la norma, comenzando por la entidad en la que prestaba sus
servicios y extendiéndose, de ser necesario, a las demás entidades allí previstas.
105. Por su parte, el artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 reguló los efectos de la
reincorporación. La norma previó que, mientras aquella se produce, la persona tiene
la condición de exempleada, pero su inscripción en el registro de carrera continúa
vigente. Una vez materializada, la inscripción debe actualizarse y el servidor continúa
con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión. Además, su
parágrafo dispuso expresamente:
«Producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la supresión del cargo se
acumulará con el servido a partir de aquella, para efectos de causación de
prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales».
106. La lectura conjunta de estas disposiciones permite distinguir dos
consecuencias. De una parte, entre la supresión del empleo y la reincorporación existe
una interrupción material del servicio, durante la cual el servidor tiene la condición de
exempleado y no causa salarios ni prestaciones. De otra, una vez efectuada la
reincorporación, el ordenamiento establece un vínculo jurídico entre los periodos
efectivamente laborados antes y después de aquella, pues preserva los derechos de
carrera y ordena acumular ambos tiempos para efectos salariales, prestacionales y
laborales.
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107. En esa medida, la existencia de una nueva posesión no permite asimilar
automáticamente la reincorporación a un ingreso ordinario y autónomo al servicio.
Esta surge de la supresión del empleo anterior y constituye la forma en que se
materializa el derecho de carrera reconocido por el artículo 44 de la Ley 909 de 2004.
Por ello, la interrupción impide computar como laborado el periodo intermedio, pero
no elimina los efectos que el artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 atribuye a los
tiempos efectivamente servidos.
108. Tampoco el término de seis meses previsto en el Decreto Ley 760 de 2005
determina, por sí solo, que la reincorporación efectuada después de su vencimiento
se transforme en una nueva vinculación. La consecuencia establecida por la norma
ante la imposibilidad de materializarla dentro de ese plazo es el reconocimiento de la
indemnización, no la pérdida automática de los efectos laborales y prestacionales
propios de esa figura, máxime cuando está ya fue ordenada por la entidad
competente.
109. Sobre ese punto, la Sección Segunda de esta Corporación, al resolver una
controversia relacionada con el reconocimiento de salarios y prestaciones durante el
periodo comprendido entre la supresión del empleo y la posterior vinculación del
servidor, precisó que, durante dicho lapso, no se causan derechos salariales ni
prestacionales, debido a la ausencia de una relación legal y reglamentaria vigente y
de la efectiva prestación del servicio27.
110. Sin embargo, señaló que, una vez materializada la reincorporación, el servidor
continúa con los derechos de carrera que ostentaba al momento del retiro y puede
acumular el tiempo servido antes y después de aquella. En concreto, explicó que la
mención conforme a la cual la vinculación posterior no tenía el carácter de un nuevo
nombramiento implicaba que, a partir de la posesión, el empleado «continuaba
gozando de los derechos de carrera que tenía al momento de su retiro y, en ese
sentido, se le permitió la figura de la acumulación de tiempo de servicios».
111. Para sustentar esa conclusión, se reiteró lo decidido por esta Sección en
sentencia del 31 de enero de 2019, en la que se precisó el alcance del parágrafo del
artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 en los siguientes términos28:
«[…] el aspecto que regula el parágrafo del artículo 87 del decreto en comento, es la
figura de acumulación del tiempo de servicios efectivamente laborado por un empleado
de carrera, de tal manera que al ser reincorporado a un nuevo empleo, tenga el
derecho a que se le sumen o unan los tiempos laborados en la entidad en la que le fue
suprimido el cargo, para efectos de que pueda causar prestaciones sociales,
beneficios salariales y demás beneficios, verbigracia, cesantías, vacaciones,
quinquenios, algunas primas e incluso una pensión vitalicia, por mencionar algunos».
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2026, radicado: 76001-23-
33-000-2018-01024-01 (4222-2022).
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado: 08001-23-
33-000-2013-00455-01 (4178-2016).
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112. En esa misma providencia se aclaró que esa acumulación no comprende el
periodo durante el cual el servidor permaneció desvinculado, pues el artículo 87 no
establece una continuidad laboral que permita reconocer salarios o prestaciones
mientras se materializa la reincorporación:
«[…] la norma en comento no regula la endilgada continuidad laboral en los términos
a los que hace referencia el demandante […] En consecuencia, no es viable reclamar
una figura mixta de protección no regulada por la ley, que en la práctica equivaldría a
una reincorporación con indemnización por un lapso no trabajado».
113. Por tanto, el tribunal atribuyó al citado antecedente un alcance que no tenía,
pues este no definió el régimen de cesantías aplicable después de la reincorporación
ni excluyó la acumulación de los periodos servidos en ambas entidades. Por el
contrario, admitió expresamente dicha acumulación, incluso para la causación de las
cesantías, y únicamente descartó el reconocimiento de derechos económicos durante
el tiempo no laborado.
114. Ahora bien, es conveniente agregar que la Sala de Consulta y Servicio Civil, en
concepto del 15 de noviembre de 200629, examinó los efectos salariales y
prestacionales derivados de distintas formas de movilidad en el empleo público, entre
ellas, el cambio voluntario de cargo mediante concurso y la reincorporación
ocasionada por la supresión del empleo. Para ello, advirtió que, aunque por regla
general el servidor queda sometido al régimen correspondiente al nuevo empleo,
también deben considerarse la causa del movimiento, la existencia de solución de
continuidad y la entidad en la que se materializa la nueva vinculación.
115. En particular, distinguió el cambio voluntario de entidad, en el que el servidor
renuncia al cargo anterior para aceptar otro obtenido mediante concurso, de la
reincorporación derivada de la supresión del empleo. Frente a esta última, consideró
que «no se puede desatender la causa o motivo de la desvinculación inicial», dado
que esta es atribuible al Estado y obedece a razones del servicio o a decisiones de
reorganización administrativa.
116. Con fundamento en esa distinción, la Sala de Consulta concluyó que el
empleado de carrera cuyo cargo fue suprimido tiene derecho a ser reincorporado a un
empleo igual o equivalente al que venía desempeñando, «con el régimen salarial y
prestacional de este cargo». De esta manera, no asimiló la reincorporación a una
vinculación ordinaria en otra entidad, sino que vinculó sus efectos salariales y
prestacionales al empleo respecto del cual surgió el derecho de protección.
117. Aunque los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no constituyen
precedente judicial vinculante, el anterior pronunciamiento ofrece un criterio
interpretativo especialmente relevante para este asunto, pues respondió de manera
29
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de noviembre de 2006, radicado: 11001-
03-06-000-2006-00095-00 (1777).
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directa a la situación de un empleado de carrera que debe cambiar de entidad por la
supresión de su cargo. Bajo esas consideraciones, la vinculación de la demandante
al departamento del Atlántico no podía equipararse a la de quien voluntariamente
accede a otro empleo mediante concurso, ni producir, por esa sola circunstancia, la
pérdida del régimen retroactivo de cesantías que la cobijaba.
118. Esta interpretación resulta acorde con la protección constitucional de las
situaciones jurídicas consolidadas en materia laboral. Al respecto, se ha precisado
que las modificaciones legislativas de los regímenes prestacionales producen efectos
hacia el futuro y que las relaciones sometidas al sistema anterior no pueden quedar
cobijadas por las nuevas disposiciones, salvo que el servidor manifieste de manera
expresa, libre y voluntaria su decisión de trasladarse al nuevo régimen30.
119. De igual manera, la facultad del Estado para modificar su estructura
administrativa encuentra un límite en la estabilidad laboral y en la prohibición de
desmejorar las condiciones salariales y prestacionales de los servidores afectados.
Por ello, cuando un proceso de reorganización conduce al traslado del empleado a
otra entidad o a un régimen diferente, deben garantizarse condiciones iguales o más
favorables o, en caso de existir una desmejora, ofrecerse una compensación que evite
imponerle una carga desproporcionada31.
120. En el presente asunto, la demandante no decidió trasladarse voluntariamente
a otro régimen ni accedió al empleo del departamento del Atlántico por iniciativa
propia. Su vinculación fue consecuencia de la supresión del cargo que desempeñaba
en Metrotránsito y de la orden de reincorporación impartida por la Comisión Nacional
del Servicio Civil. Además, la demora en hacer efectiva esa decisión obedeció al
incumplimiento de la entidad territorial y no a una conducta atribuible a la interesada,
quien incluso debió acudir a la acción de tutela para obtener su cumplimiento. A ello
se suma que no se acreditó que hubiera manifestado su voluntad de acogerse al
sistema anualizado de cesantías ni que se hubiera previsto alguna medida destinada
a compensar la pérdida del régimen retroactivo.
121. En ese contexto, la solución de continuidad presentada entre la supresión del
cargo y la reincorporación no permite concluir que la demandante perdió el régimen
retroactivo de cesantías. Si bien durante ese lapso no estuvo vinculada ni prestó
efectivamente el servicio, dicha circunstancia únicamente impide la causación de
salarios y prestaciones sociales por el periodo de retiro, pero no determina, por sí
misma, su traslado al sistema anualizado.
122. Esta comprensión coincide, además, con el contenido del acto acusado. En
30 Corte Constitucional, Sentencia C-428 del 4 de septiembre de 1997. En esa oportunidad se precisó que el
régimen anualizado establecido en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 produce efectos para las vinculaciones
futuras y que quienes se encontraban sometidos al régimen anterior solo podían trasladarse al nuevo sistema por
decisión expresa y enteramente voluntaria.
31 Corte Constitucional, Sentencia C-880 del 1º de octubre de 2003. La Corte señaló que la potestad de reorganizar
la administración está limitada por la estabilidad laboral y la prohibición de desmejora salarial y prestacional, por lo
que el servidor trasladado a la entidad receptora debe conservar condiciones iguales o mejores o recibir una
compensación por las que deje de percibir.
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efecto, la entidad no sostuvo que la demandante hubiera perdido el régimen
retroactivo de cesantías ni que, por haber tomado posesión en 2012, hubiera quedado
sometida al sistema anualizado. La negativa se fundamentó en que el departamento
del Atlántico solo debía responder por el tiempo servido en su planta de personal y no
podía asumir la carga prestacional correspondiente al periodo laborado en
Metrotránsito.
123. Por las razones expuestas, la reincorporación no produjo el cambio de régimen
considerado por el tribunal. La demandante conservó el sistema retroactivo de
cesantías que le era aplicable antes de la supresión del cargo.
124. Definido el régimen aplicable, resta establecer si, para la liquidación de la
prestación, resultan acumulables los tiempos efectivamente servidos por la
demandante en Metrotránsito y en el Departamento del Atlántico.
125. Al respecto, la Sala reitera que el parágrafo del artículo 87 del Decreto 1227 de
2005 ordena acumular el tiempo laborado antes de la supresión del cargo con el
servido a partir de la reincorporación, para efectos de la causación de prestaciones
sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales. Como se explicó, esta
Sección ha precisado que dicha regla comprende las cesantías y se refiere
exclusivamente a los periodos efectivamente trabajados.
126. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se declarará la nulidad del acto acusado. A título de
restablecimiento del derecho, se ordenará al departamento del Atlántico reliquidar las
cesantías de la demandante conforme al régimen retroactivo, para lo cual deberá
acumular el tiempo efectivamente servido en Metrotránsito, comprendido entre el 15
de abril de 1994 y el 7 de diciembre de 2010, con el laborado en el departamento del
Atlántico a partir del 10 de mayo de 2012.
127. Pata tal efecto, la entidad deberá reliquidar las cesantías parciales solicitadas
por la demandante el 7 de noviembre de 2017, con corte a esa fecha, mediante la
acumulación de los periodos antes señalados. El lapso comprendido entre el 8 de
diciembre de 2010 y el 9 de mayo de 2012 no será objeto de cómputo, dado que
durante ese tiempo permaneció retirada del servicio y no existió prestación efectiva
de labores.
128. Aunque la demandante estimó en $69.605.127 el valor adeudado, para lo cual
efectuó una liquidación con corte al 15 de enero de 2018, no se ordenará el pago de
esa suma. El efecto económico del restablecimiento debe circunscribirse a la solicitud
de cesantías parciales del 7 de noviembre de 2017, que dio lugar a la expedición del
acto acusado. Por tanto, la diferencia deberá establecerse a partir de la reliquidación
efectuada con corte a esa fecha, conforme a las reglas señaladas en esta providencia.
129. De la suma que resulte deberán descontarse las cesantías efectivamente
reconocidas y pagadas con ocasión de la terminación de la vinculación con
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Metrotránsito, los $17.000.000 retirados parcialmente por el periodo servido en el
departamento del Atlántico y cualquier otro valor pagado por el mismo concepto que
corresponda a los periodos objeto de reliquidación, con el fin de evitar un doble
reconocimiento. La prueba da cuenta de que el retiro parcial de $17.000.000
comprendió el periodo entre el 10 de mayo de 2012 y el 15 de julio de 2016.
130. La delimitación temporal anterior corresponde exclusivamente al reajuste
económico derivado de la solicitud que dio lugar al acto acusado y no limita la
aplicación del régimen retroactivo de cesantías ni de la regla de acumulación de los
tiempos efectivamente servidos respecto de las liquidaciones que posteriormente
procedan.
131. La diferencia que resulte de la reliquidación, si la hubiere, será reconocida por
el departamento del Atlántico, que deberá hacerla efectiva conforme a la modalidad
de administración de las cesantías de la demandante y, de ser el caso, consignar los
valores correspondientes al fondo de cesantías al que se encuentre afiliada.
132. Las sumas que se reconozcan a favor de la parte demandante serán ajustadas
en los términos del artículo 187 del CPACA, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R = RH Índice final
Índice inicial
133. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), correspondiente a la diferencia que resulte de la reliquidación de las cesantías
parciales solicitadas el 7 de noviembre de 2017, después de efectuar los descuentos
ordenados, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia,
entre el índice vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago correspondiente.
3.6. Conclusión
134. Con fundamento en lo expuesto, la Sala determinó que la reincorporación de la
demandante al departamento del Atlántico no implicó su traslado al sistema
anualizado de cesantías, por lo que conservó el régimen retroactivo que la cobijaba
antes de la supresión del cargo. Asimismo, precisó que la solución de continuidad
presentada entre ambas vinculaciones únicamente excluye la causación de derechos
durante el periodo en que permaneció retirada del servicio.
135. En consecuencia, procede reliquidar las cesantías parciales solicitadas el 7 de
noviembre de 2017, con corte a esa fecha, mediante la acumulación del tiempo servido
en Metrotránsito entre el 15 de abril de 1994 y el 7 de diciembre de 2010 con el
laborado en el Departamento del Atlántico desde el 10 de mayo de 2012. El periodo
comprendido entre el 8 de diciembre de 2010 y el 9 de mayo de 2012 no será
computado y, de la suma que resulte, deberán descontarse los valores previamente
reconocidos y pagados por ese mismo concepto. Esta delimitación temporal se refiere
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exclusivamente al reajuste económico derivado de la solicitud que dio lugar al acto
acusado y no afecta la aplicación del régimen retroactivo ni de la regla de acumulación
respecto de las liquidaciones posteriores que correspondan.
3.7. Costas
136. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 32 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia del 4 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda promovida por la señora Irina Isabel Padilla García contra el
departamento del Atlántico.
Segundo: Declarar la nulidad del Oficio del 20 de diciembre de 2017, expedido por la
Subsecretaría de Talento Humano de la Gobernación del Atlántico, mediante el cual
se negó la solicitud de reliquidación de las cesantías de la señora Irina Isabel Padilla
García.
Tercero: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ordenar al Departamento del Atlántico reliquidar las cesantías de la señora Irina Isabel
Padilla García conforme al régimen retroactivo. Para tal efecto, deberá acumular el
tiempo efectivamente servido en Metrotránsito, comprendido entre el 15 de abril de
1994 y el 7 de diciembre de 2010, con el laborado en el Departamento del Atlántico
32 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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desde el 10 de mayo de 2012 hasta el 7 de noviembre de 2017, fecha de la solicitud
que dio lugar al acto acusado.
El periodo comprendido entre el 8 de diciembre de 2010 y el 9 de mayo de 2012 no
será objeto de cómputo, dado que durante ese lapso la demandante permaneció
retirada del servicio y no existió prestación efectiva de labores. La anterior delimitación
temporal corresponde exclusivamente a la reliquidación objeto de este proceso y no
afecta la aplicación del régimen retroactivo ni de la regla de acumulación respecto de
las liquidaciones posteriores que correspondan.
Cuarto: Condenar al departamento del Atlántico a reconocer la diferencia que resulte
de la reliquidación ordenada y hacerla efectiva conforme a la modalidad de
administración de las cesantías de la demandante, para lo cual, de ser el caso, deberá
consignar los valores correspondientes en el fondo de cesantías respectivo. Para
determinar su valor, la entidad deberá descontar las sumas efectivamente reconocidas
y pagadas por concepto de cesantías con ocasión de la terminación de la vinculación
con Metrotránsito, los $17.000.000 reconocidos por el retiro parcial correspondiente al
periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2012 y el 15 de julio de 2016, así como
cualquier otro valor pagado por ese mismo concepto, con el fin de evitar un doble
reconocimiento.
En consecuencia, no se ordena directamente el pago de los $69.605.127 indicados
en la demanda, pues el monto adeudado deberá establecerse con fundamento en los
parámetros señalados en esta providencia.
La diferencia resultante deberá actualizarse de conformidad con el inciso cuarto del
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, mediante la siguiente fórmula:
R = RH Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
correspondiente a la diferencia resultante después de efectuar los descuentos
ordenados, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia,
entre el índice vigente en la fecha en que la suma debió pagarse.
Quinto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Sexto: Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo: El departamento del Atlántico dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos y condiciones previstos en los artículos 189 y 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Octavo: Una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
28
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Demandante: Irina Isabel Padilla García
Demandado: Departamento del Atlántico
origen, previas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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