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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01024-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01024-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones y en su lugar se niegan las pretensiones de la demanda. Segundo. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Tercero. Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-01024-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-01024-01 (4222-2022)
Demandante: Julián Salamanca Vanegas
Demandado: Hospital Universitario del Valle

Tema: Pago de salarios y prestaciones dejados de percibir exempleado de
carrera administrativa retirado en proceso de supresión y posteriormente
incorporado. «Derecho amparado en norma jurídica invocadas».
REVOCA LA DECISIÓN. NIEGA LAS PRETENSIONES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Julián Salamanca Vanegas instauró demanda contra del HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad parcial del Acuerdo No. 036 de noviembre 28 de 20171 y
la Resolución No. 1272 de abril 25 de 20182, en lo concerniente al no reconocimiento
de los salarios, prestaciones y demás emolumentos laborales dejados de percibir
durante el tiempo que estuvo separado de su cargo mientras se resolvía su

1 "Por medio del cual se da cumplimiento a unas INCORPORACIONES reconocidas por la Comisión de Personal

del Hospital universitario del Valle "EVARISTO GARCIA" E.S.E. a favor de unos funcionarios inscritos en el escalafón
público de carrera administrativa"
2 "Por medio del cual se da cumplimiento a unas INCORPORACIONES reconocidas por la Comisión de Personal

del Hospital Universitario del Valle "EVARISTO GARCIA" E S.E, a favor de unos funcionarios inscritos en el escalafón
público de Carrera Administrativa según resolución No. 032 de 2017, modificada por la Resolución No.
20182010034275 del 06 de abril de 2018".

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001233300020180102401 (4222-2022)

reclamación de INCORPORACION. Específicamente el parágrafo del artículo
primero del Acuerdo 036 de 2017 y el parágrafo primero del artículo primero de la
Resolución no. 1272 de abril 25 de 2018.

3. Como restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada reconocer y pagar
todas las sumas correspondientes a salarios, primas, bonificaciones, vacaciones,
aportes a la seguridad social y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes
a su cargo, desde la fecha de su desvinculación por supresión del cargo, hasta el
momento de su incorporación, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieren
decretado en dicho periodo de tiempo.

4. Que la condena sea actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 192
del CPACA., aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha de la
desvinculación hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que el señor Julián Salamanca Vanegas se vinculó al Hospital Universitario del
Valle “Evaristo García ESE” el 1° de julio de 1994 en el cargo de técnico operativo,
código 314, grado 4, empleo del cual ostenta derechos de carrera.

7. Que en dicha ESE en octubre de 2016 se realizó una modificación de la planta de
personal y en virtud de eso, se suprimieron algunos cargos, reduciendo el número
de empleos de técnico operativo. Por lo anterior, el actor fue desvinculado.

8. Como consecuencia de lo anterior, presentó solicitud de incorporación ante la
comisión de personal por violación al derecho preferencial de acuerdo con lo
normado en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 por efectuarse nombramientos en
provisionalidad en los cargos que subsistieron.

9. La comisión de personal de la ESE mediante Resolución CP 032 del 06 de abril de
2017, dio respuesta reconociéndole el derecho a la incorporación en la nueva planta
de la entidad. Decisión que fue objeto de recursos por parte del gerente de la ESE,
sin embargo, fueron rechazados por improcedentes. Sin embargo, la firmeza de
dicho acto quedó en suspenso por estar en curso reclamaciones pendientes de
resolución en segunda instancia.

10. Posteriormente, a través del Acuerdo 036 de noviembre 28 de 2017, la
demandada dio cumplimiento a lo resuelto por la citada comisión de personal
respecto a nuevas incorporaciones de los funcionarios inscritos en carrera
administrativa; en este caso respecto a los empleados “auxiliar área salud, médico
general y técnico área de la salud”. Sin embargo, dicha decisión quedó sujeta a la
firmeza de los actos que resolvían reclamaciones y recursos interpuestos.

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11. Que mediante Resolución CNSC-20182010034275 del 6 de abril de 2018 la
Comisión Nacional del Servicio Civil resolvió las reclamaciones en segunda
instancia confirmando la incorporación reconocida por la comisión de personal en la
Resolución 032 de abril 6 de 2017.

12. El gerente del hospital emitió la Resolución 1272 de abril 25 de 2018, dando
cumplimiento a unas incorporaciones reconocidas entre las cuales estaba la del
actor y como resultado de ello, fue posesionado a partir del 2 de mayo de 2018.

13. Expresó el demandante, que no se le reconocieron salarios y demás prestaciones
dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado por haberse
interrumpido la prestación de los servicios con ocasión del trámite administrativo de
reclamación por incorporación. Que únicamente se le garantizó que el tiempo
servido antes de la supresión del cargo se acumule para efectos de causación de
prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos que se reconozcan a
partir de la posesión.

14. Finalizó diciendo que desconoce la demandada que la no prestación de servicios
obedeció al error cometido por la administración, el cual raya en arbitrariedad y es
a todas luces ilegal. Que además incorporar empleados provisionales en los cargos
de la nueva planta de personal, desconoce el derecho preferencial que le asistía a
los empleados de carrera. Decisión que le ocasionó un grave perjuicio, pues debió
esperar un largo y enredado trámite administrativo, sin tener acceso a ningún
ingreso prestacional por estar precisamente discutiendo la legalidad de su retiro.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

15. Citó como vulnerados los artículos 2°., 6°., 29 y 209 constitucionales. Expresó que
la demandada desconoció las obligaciones de realizar la actuación administrativa
en el marco de legalidad y debido proceso, respetando principios que la rigen y
acatando las disposiciones legales aplicables para la actuación administrativa.

16. Manifestó que el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, establece la incorporación como
derecho preferente de los empleados de carrera administrativa ante la supresión de
cargos de carrera, el cual les brinda una estabilidad laboral fundada en el mérito,
mientras que el nombramiento en provisionalidad es el que se hace a una persona
no seleccionada por el sistema de méritos para proveer de manera transitoria un
empleo de carrera, es decir, que se parte del supuesto de una vacancia temporal o
definitiva en un empleo de carrera.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

17. La demanda fue admitida el 24 de octubre de 2018 y notificada tanto al Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García ESE” como al Departamento del Valle del
Cauca.

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18. El Departamento del Valle del Cauca expresó que el Hospital Evaristo García ESE,
es una entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa quien tiene competencia para contraer obligaciones,
contratar y ser representado en juicio. Sobre las pretensiones de la demanda,
sostuvo que ella no está obligada a responder por el reintegro y tampoco por el pago
de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, dejando claro que la
resolución o actos que se atacan fueron expedidos conforme al derecho y dentro de
las facultades propias de la E.S.E demandada.

19. El Hospital Evaristo García ESE manifestó que el retiro del demandante se dio
dentro de un proceso de reestructuración administrativa la cual fue jurídica y
legalmente necesaria para la entidad. Que el derecho de incorporación es un
proceso administrativo señalado por la ley a favor de trabajadores de carrera
administrativa desvinculados. Que en el caso del demandante se le garantizaron y
respetaron todos los derechos hasta desembocar en la orden de incorporación, sin
que esto pruebe ningún error o arbitrariedad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones y declaró
la nulidad parcial de la Resolución 1272 de 25 de abril de 2018, por ser el acto que
negó «tácitamente» el pago de salarios, prestaciones y emolumentos laborales
dejados de percibir. En consecuencia, condenó al Hospital Universitario del Valle,
realizar el pago de esos derechos en favor del señor JULIÁN SALAMANCA
VANEGAS desde la fecha del retiro y hasta la fecha de su reintegro.

21. Sostuvo que conforme al artículo 88 del Decreto 1227 de 2005 cuando se reforma
la planta de personal de una entidad y los cargos nuevos sean iguales o solo se
distingan en la denominación, las personas que ostentan derechos de carrera
administrativa deberán ser incorporados en estos, por considerarse que no hubo
supresión efectiva.

22. Consideró que, con la expedición del acto cuestionado, se desconoce la
normatividad en que debería fundarse el proceso de incorporación del demandante
a la nueva planta de personal del Hospital Universitario del Valle por ostentar
derechos de carrera administrativa, pues desde el acto inicial Resolución No. CP
032/2017 del 06 de abril de 2017, el cual dispuso que el reintegro del actor no tendría
el carácter de nuevo nombramiento, la entidad demandada tuvo conocimiento del
derecho preferencial que le asistía, sin embargo, recurrió esta decisión.

23. Que en el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución 1272 del 25 de
abril de 2018, se dispone que se incorpora al demandante en el cargo a que tenía
derecho preferente y el cual se encontraba provisto por un empleado público
provisional con “condiciones de protección reconocidas por la entidad”.

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24. Según el tribunal «no hay duda que cuando el demandante sea reintegrado al cargo
como consecuencia de una reclamación por desconocimiento de sus derechos
preferenciales de carrera, resulta lógico que se le paguen los salarios y prestaciones
dejados de devengar y se tenga para todos los efectos legales como de servicio el
tiempo que permaneció desvinculado de la administración y adicionalmente sean
indexadas las sumas que se le deben por ese lapso, pues no se está disponiendo
nada distinto que hacer efectiva la consecuencia de volver las cosas a su estado
anterior, como si el empleado nunca hubiere sido retirado del servicio, es decir, que
restablece el derecho por considerarse que no hubo supresión efectiva del empleo
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 1227 de 2005». Sin condena
en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

25. La parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que manifestó que la
demora en la incorporación de los demandantes (sic) no obedeció a un capricho de
la administración, aclara que para octubre de 2016 no se contaba con comisión de
personal vigente y esta solo logró instalarse el 20 de diciembre de 2016. Que 4
meses después se expidieron las resoluciones de incorporación. Sin embargo, está
decisión fue apelada y quedó en firme finalmente en septiembre de 2017, cuando la
Comisión Nacional de Servicio Civil así lo dispuso.

26. Que con el Acuerdo 036 de 28 de noviembre de 2017 se cumplió la incorporación,
posesionándose el demandante el 4 de diciembre de 2017 (sic).

27. Afirmó que la incorporación no se produce de forma automática sino a partir de un
proceso administrativo que debe realizarse sin opción alguna. Reconoce que, si bien
en dicho trámite se tomó más tiempo del establecido en la norma, lo cierto es que
legalmente no se tiene establecida sanción alguna lo cual fue desconocido por el
tribunal.

28. Que desde el momento en que se hizo efectiva la separación del cargo, «los
demandantes dejaron de ser servidores públicos», por lo que el derecho preferente
de incorporación es una expectativa de vinculación, previa verificación de unas
exigencias por parte de las entidades correspondientes. Por lo tanto, al no existir
una prestación efectiva del servicio, «los empleados» no son acreedores a salarios
y prestaciones sociales.

29. Advirtió que el derecho preferente de incorporación para empleados públicos de
carrera tiene tres elementos: i) la posibilidad de ser incorporado en la planta de
cargos una vez agotadas las instancias correspondientes ante las comisiones de
personal y nacional del servicio civil. ii) En caso de no ser posible la incorporación,
el empleado público de carrera puede optar entre la reincorporación o por la
indemnización del artículo 44 de la Ley 909 de 2004. iii) En caso de ser incorporado

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el cómputo de tiempo para las prestaciones sociales se establece sin solución de
continuidad.

30. Sobre el último punto, explicó que el cómputo de tiempo sin solución de continuidad
no es indicativo que se debe reconocer salarios y prestaciones durante el periodo
de tiempo que tuvo la calidad de retirado. Distinto sucede cuando la desvinculación
vía supresión de los empleados públicos es declarada nula, pues el efecto es
retrotraer la situación al momento en que se emitió el acto administrativo generador
del daño y por ende, el restablecimiento del derecho sería el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación ilegal y hasta el reintegro
efectivo o hasta el término indicado en el artículo 192 inciso 5.

31. Por último, solicitó se acoja el precedente del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca del 29 de enero de 2021 proceso (#76001233300720180041600), en el que
se negaron las pretensiones y se decidió absolver a la demandada.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

32. El 15 de marzo de 2021 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el señor
agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

33. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

34. Corresponde a la Sala determinar si debe reconocerse al actor el pago de los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que
permaneció desvinculado y mientras se surtió el trámite de la reclamación
administrativa del derecho a la incorporación.

35. Previo a definir lo anotado, corresponde analizar si los actos demandados son
enjuiciables o no.

36. De acuerdo con lo propuesto, la Sala tendrá en cuenta el siguiente:

Marco normativo y jurisprudencial.

Derechos de los empleados de carrera administrativa y de los exempleados.

37. La incorporación, reincorporación e indemnización de servidores públicos con
derechos de carrera administrativa han sido regulados por la Ley 909 de 2004, el
Decreto Ley 760 de 2005 y el Decreto 1083 de 2015.

38. El artículo 44 de la Ley 909 de 2004, estableció los derechos del empleado de
carrera administrativa en caso de supresión del cargo. En esa medida dispuso que,

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como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de
entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad
a otra, o por modificación de plantas de personal, los empleados públicos tienen
derecho a la incorporación, la reincorporación o a la indemnización, sin
embargo, estos tres eventos son excluyentes entre sí.

39. Esta subsección3 ha diferenciado las finalidades de los conceptos “incorporación y
de reincorporación”, de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004.

40. La primera de ellas, según lo regulado en los artículos 44 y 45 de la Ley 909 de
2004, debe ocurrir cuando: (i) las funciones de un cargo de una entidad suprimida
subsisten en la nueva planta de la entidad receptora que asume la competencia de
aquella entidad, así el nuevo cargo que haya asumido las funciones cambie de
nomenclatura, o, (ii) exista en la nueva planta de personal para el momento de la
supresión del cargo otro empleo igual o equivalente.

41. El derecho a la incorporación procede de manera inmediata o directa y se
materializa una vez entre en vigencia el acto administrativo que adopta la nueva
planta de personal.

42. La reincorporación, se encuentra regulada en los artículos 44 de la Ley 909 de
2004 y 28 del Decreto 760 de 2005 y permite al empleado retirado que no fue
vinculado de forma directa en la nueva planta, optar por una incorporación en un
cargo equivalente al suprimido, para lo cual la CNSC debe proferir decisión máximo
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la supresión del cargo si
llegare a existir otro empleo equivalente en la planta del ente que asumió las
competencias de la liquidada, en cualquiera del sector administrativo al que
pertenecía la entidad o en otra de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial.

43. La opción de esta reincorporación la puede ejercer el exempleado dentro de los 5
días siguientes a la notificación del acto de supresión o dentro de los tres días
siguientes a la decisión que negó el derecho preferencial de que tratan los artículos
29 y 31 del Decreto 760 de 2005 arriba analizados.

44. Ahora debe precisarse que las decisiones definitivas sobre temas de
incorporaciones o reincorporaciones son pasibles de control judicial ante esta
jurisdicción, según lo previsto por el artículo 46 del Decreto 760 de 2005.

45. Por otro lado, el Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expidió el decreto
único reglamentario del sector función púbica, al referirse sobre los derechos de los
empleados de carrera a quienes les es suprimido el cargo señaló:

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Sección Segunda, Subsección “A” C.P: William Hernández Gómez, 14 de febrero de 2019, Radicación número:
25000-23-42-000-2013-05357-02(3698-15) Actor: Carlos Francisco Ruíz Perdomo, Demandado: Autoridad Nacional
de Televisión y Otro.

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«ARTÍCULO 2.2.11.2.1 Derechos de los empleados de carrera por supresión del
empleo. Los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los
cuales sean titulares como consecuencia de la supresión o fusión de entidades
o dependencias o del traslado de funciones de una entidad a otra o de
modificación de planta, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en
empleo igual o equivalente de la nueva planta y, de no ser posible, a optar por
ser reincorporados o a percibir la indemnización de que trata el ARTÍCULO
44 de la Ley 909 de 2004, conforme a las reglas previstas en el decreto-ley que
regula el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del
Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

Mientras se produce la reincorporación, el registro de inscripción en carrera
del exempleado continuará vigente con la anotación sobre la situación.
Efectuada dicha reincorporación, será actualizada la inscripción y el
empleado continuará con los derechos de carrera que ostentaba al
momento de la supresión del empleo.

De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado en el
decreto ley el exempleado tendrá derecho al reconocimiento de la
indemnización y será retirado del Registro Público de Carrera.

PARÁGRAFO. Producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la
supresión del cargo se acumulará con el servido a partir de aquella, para
efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y
demás derechos laborales.

ARTÍCULO 2.2.11.2.2 Incorporación. Cuando se reforme total o
parcialmente la planta de empleos de una entidad y los cargos de carrera
de la nueva planta sean iguales o se distingan de los que conformaban la
planta anterior solamente en su denominación, los titulares con derechos
de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados en la
situación en que venían, por considerarse que no hubo supresión
efectiva de estos, sin que se les exija requisitos superiores para su
desempeño.

ARTÍCULO 2.2.11.2.3 Empleos equivalentes. Se entiende que un cargo es
equivalente a otro cuando tienen asignadas funciones iguales o similares,
para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y
competencias laborales iguales o similares y tengan una asignación básica
mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial
supere los dos grados siguientes de la respectiva escala cuando se trata
de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la
asignación básica cuando a los empleos se les aplique nomenclatura
diferente».(Negrillas de la Sala)

46. Ahora, el legislador también ha consagrado como derecho a los exempleados de
carrera con derecho preferencial a ser incorporados la posibilidad de presentar
reclamaciones ante la comisión de personal de la entidad de conformidad con el
artículo 29 del Decreto 760 de 2005, en concordancia con el literal d) del artículo 16
de la Ley 909 de 2004, trámite que se regula en el artículo 31 del decreto citado,
así:
«ARTÍCULO 31. La Comisión de Personal de la entidad en la que se
suprimió el cargo conocerá y decidirá en primera instancia sobre las
reclamaciones que formulen los exempleados de carrera con derecho
preferencial a ser incorporados en empleos iguales o equivalentes de la

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nueva planta de personal por considerar que ha sido vulnerado este
derecho o porque al empleado se le desmejoraron sus condiciones
laborales por efecto de la incorporación.

La reclamación deberá formularse con el lleno de los requisitos
establecidos en el presente decreto, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la comunicación de la supresión del cargo.

La Comisión de Personal decidirá, una vez comprobados los hechos
que dieron lugar a la reclamación, mediante acto administrativo
motivado en un término no superior a ocho (8) días. Contra esta
decisión procede el recurso de apelación para ante la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en los términos del Código Contencioso Administrativo.
(Negrilla de la Sala).

Si la decisión es que no procede la incorporación, el exempleado deberá
manifestar por escrito, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en
que esta quede en firme, al jefe de la entidad su decisión de optar por la
reincorporación en empleo igual o equivalente en el plazo que señala la ley
o a percibir la indemnización.

Si el exempleado hubiere optado por la reincorporación, el jefe de la entidad
dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del escrito que así lo
manifiesta, deberá poner dicha decisión en conocimiento de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, para que inicie la actuación administrativa
tendiente a obtener la reincorporación del exempleado en empleo igual o
equivalente al suprimido, de conformidad con lo dispuesto en el presente
decreto».

47. Las normas citadas nos permiten concluir que existen una serie de derechos dentro
del marco del proceso de reestructuración respecto a los empleados y exempleados
que ostentan derechos de carrera administrativa. También que la incorporación
por ser inmediata mantiene el vínculo laboral vigente y le garantiza el pago de sus
salarios y prestaciones por permanecer y continuarse la prestación de servicios. Ello
no ocurre en el caso de la reincorporación o reclamación ante las comisiones
correspondientes pues la misma ley le da la categoría de exempleado o empleado
retirado, y en esa medida, debido a la ruptura de su relación laboral, el empleador
no está obligado al pago de salarios y prestaciones.

Caso concreto.

48. La Sala advierte que en la demanda el señor Julián Salamanca no cuestionó el acto
administrativo que suprimió su cargo, el cual se presume legal mientras no sea
anulado por esta jurisdicción.

49. Lo pretendido es el pago de los salarios y prestaciones no reconocidos en los actos
de incorporación proferidos por la E.S.E. demandada, los cuales según el actor se
causaron durante el tiempo en que estuvo desvinculado y mientras se posesionó
nuevamente en su cargo. En esa medida pidió la nulidad parcial de los actos
relacionados con la incorporación a su empleo de carrera administrativa.

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50. En el presente asunto, la Subsección estima que los actos de incorporación sí
resultan enjuiciables frente a lo pretendido, toda vez que la inconformidad no se
centra en el proceso de supresión del cargo ni en la decisión de retiro, sino en que
—a juicio del actor— a través de los actos acusados se le reconoció su derecho a
la incorporación, pero se le negó el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir durante el interregno en el que permaneció por fuera del servicio
y hasta el momento de su incorporación ordenada por la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

51. Ahora, teniendo claro lo anterior, tenemos que el artículo 138 del CPACA establece:
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior. (…)»

52. Se analizará entonces si el derecho subjetivo “pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir durante el tiempo que permaneció desvinculado y
mientras se surtió el trámite de la reclamación” se encuentra contenido en las
normas que fueron indicadas como violadas en la demanda.

53. En principio la Sala manifiesta que el pago de los salarios, las prestaciones sociales
y aportes a seguridad social constituyen derechos del trabajador y a su vez, una
obligación del empleador fruto del vínculo laboral, la cual debe garantizarse siempre
que la relación legal y reglamentaria se encuentre vigente y que haya efectiva
prestación de los servicios.

54. En el presente asunto, el cargo ocupado por el demandante fue suprimido y por
decisión de la entidad no fue incorporado en los nuevos empleos creados en la
planta de personal de la ESE, lo que conllevó a su retiro efectivo del servicio y en
consecuencia, a que cesara por parte de su empleador la obligación de reconocer
y pagar sus derechos salariales.

55. Ante ese escenario la ley no establece en favor del exempleado de carrera el
derecho a percibir remuneración sin prestar los servicios, precisamente por ser
considerado retirado del cargo. Partiendo de lo anterior, muy a pesar de que el señor
Julián Salamanca haya sido incorporado meses después de su retiro producto de la
reclamación presentada, el estudio de las normas citadas en el acápite de normas
violadas y concepto de violación no permite concluir el derecho al pago de los
salarios reclamados.

56. Se recuerda que a los exempleados se les garantiza la posibilidad de ser vinculados
en un empleo de carrera administrativa existente en la nueva planta de personal de
la entidad o de otra, pero para ello deben someterse al desarrollo del trámite

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administrativo previsto en las leyes relacionadas en el marco normativo o en caso
contrario, si lo prefieren, podrán optar por la indemnización.

57. Además, en este caso, está acreditado que el ejercicio de la reclamación y el trámite
administrativo establecido en la ley4, permitieron verificar la decisión de no vincular
al empleado de carrera administrativa en la nueva planta y de hecho se accedió a
esa pretensión, indicando que “no tenía el carácter de nuevo nombramiento” para la
Sala ello tampoco conlleva al reconocimiento y pago de los salarios mientras se
surtió y definió ese trámite.

58. Lo que se pretendió con dicha mención fue que el actor a partir de su posesión
continuaba gozando de los derechos de carrera que tenía al momento de su retiro
y en ese sentido, se le permitió la figura de la acumulación de tiempo de servicios.

59. Igual interpretación ha realizado en anteriores oportunidades, esta subsección 5 por
ejemplo en la sentencia de 31 de enero de 2019 en la que analizó si había lugar a
reconocer el pago de salarios y prestaciones al exempleado de carrera
administrativa durante los lapsos en los que se surte el trámite de la reincorporación:

«con relación a la pretensión que se invoca para que se reconozcan
salarios y prestaciones por el lapso en el que el trabajador esperó la
reincorporación, la Sala considera que carece de asidero legal, toda vez
que, no es cierto que el parágrafo del artículo 87 del Decreto 1227 de
2005 consagre algún beneficio económico para el trabajador
escalafonado mientras se materializa la opción de reincorporación.

En efecto, el espíritu del legislador no da para interpretaciones en esta
casuística, pues el aspecto que regula el parágrafo del artículo 87 del
decreto en comento, es la figura de acumulación del tiempo de servicios
efectivamente laborado por un empleado de carrera, de tal manera que al
ser reincorporado a un nuevo empleo, tenga el derecho a que se le sumen
o unan los tiempos laborados en la entidad en la que le fue suprimido el
cargo, para efectos de que pueda causar prestaciones sociales, beneficios
salariales y demás beneficios, verbigracia, cesantías, vacaciones,
quinquenios, algunas primas e incluso una pensión vitalicia, por mencionar
algunos.

Ciertamente, la norma en comento no regula la endilgada continuidad
laboral en los términos a los que hace referencia el demandante, pues
lo que procura es salvaguardar el vínculo preferencial de permanencia del
particular para que siga siendo empleado de carrera, pero no en el sentido
de ampliar o extender aún más, las precisas prebendas que frente a la
carrera administrativa existen en caso de una supresión del empleo, las
cuales concretamente son: 1. La indemnización o 2. La reincorporación. En
consecuencia, no es viable reclamar una figura mixta de protección no
regulada por la ley, que en la práctica equivaldría a una
reincorporación con indemnización por un lapso no trabajado.

4 El artículo 29 del Decreto 760 de 2005, en concordancia con el literal d) del artículo 16 de la Ley 909 de 2004,

trámite que se regula en el artículo 31 del decreto citado.
5 Sección Segunda, Subsección A, CP: William Hernández Gómez, 31 de enero de 2019,
Exp.08001233300020130045501

11

Radicación: 76001233300020180102401 (4222-2022)

Frente a tal planteamiento del reclamante es enfática la postura de la Sala
para aplicar el principio general de interpretación jurídica según el cual
«donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete» y
en esta vía de manera alguna se puede dar un alcance que la norma
no tiene, para reconocer una supuesta obligación a la que el legislador
no hizo referencia.

Así las cosas, es evidente el vacío normativo que existe frente a lo
reclamado por el demandante y a contrario sensu, si se encuentra
demostrado que al trabajador se le dieron las alternativas que han sido
contempladas legalmente, para escoger entre una indemnización
económica o la permanencia en el cargo, por lo tanto, tuvo
oportunidad de sopesar con libertad las consecuencias de cada
elección y atender la que más estimó conveniente.
(…)

Vale la pena aclarar que en esta casuística al demandante no se le impuso
ninguna «carga pública adicional» ilegítima, más bien, ante una justa causal
del retiro del servicio su escenario se blindó de garantías y se permeó con
el acatamiento pleno de lo reglado. Así pues, en vista de la conducta
administrativa que se desplegó, no hubo ninguna renuncia impuesta e
injustificada de los beneficios mínimos consagrados en las normas
laborales -como lo alega el demandante-, cosa distinta es que, exista una
opción de elección, en cuyo caso si es necesario que el interesado
escoja y acepte con rectitud las consecuencias de su determinación».
(Negrillas de la Sala)

60. Interpretación que fue igualmente realizada por la Subsección B, en la providencia
11 de noviembre de 20216 en las que se concluyó:

«la Sala encuentra que a la demandante le fueron respetados sus derechos
de carrera administrativa, y el debido proceso en los trámites de supresión
y reincorporación, pues ciertamente los motivos de inconformidad de la
accionante se dirigen a solicitar el pago de las sumas de dinero que dejó
de devengar mientras esperó por la reincorporación en el nuevo cargo y no
respecto a otros aspectos del procedimiento administrativo realizado. […]
en vista de que no existe una norma jurídica que disponga la obligación
de pagar salarios y prestaciones sociales a quienes se encuentran
esperando que se surta el respectivo trámite de reincorporación a un
empleo de carrera administrativa, para la Sala es claro que las
pretensiones de la demanda se tornan improcedentes. […].»(Negrillas de
la Sala)

61. Por otro lado, tal como lo sostuvo la parte demandada, no estamos ante una
demanda en contra del acto que suprimió el empleo del demandante y lo retiró del
servicio por considerarlo ilegal, -del que se desprenda el reintegro y el derecho al
pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir-, caso en el cual de prosperar
sus pretensiones y anularse el acto, ello, sí implicaría el reconocimiento de las
acreencias pretendidas.

6 Sección Segunda, Subsección “b”, C.P: César Palomino Cortés, Radicación Número: 08001-23-33-000-2013-

00362-01(4412-15).

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Radicación: 76001233300020180102401 (4222-2022)

62. En síntesis, si el actor consideraba que su retiro fue ilegal y que merecía ser
incorporado inmediatamente en la nueva planta de personal -lo que le garantizaría
percibir su remuneración salarial y prestacional-, le correspondía demandar el acto
que lo retiró del servicio por ser el causante del daño.

63. En últimas se concluye los actos acusados cumplieron con la finalidad establecida
por el legislador, resolver una reclamación administrativa de incorporación
preferencial por ser empleado de carrera administrativa, en ese sentido, no existe
vulneración al artículo 44 de la Ley 909 de 2004, pues al actor se le garantizó su
derecho y lo cierto es que tampoco citó norma que regule la continuidad laboral y el
reconocimiento de los derechos pretendidos.

64. Por las razones expuestas, la Sala no comparte la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que se revocará y, en
consecuencia, se negarán por las razones anteriormente expuestas.

De la condena en costas en segunda instancia

65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

67. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

68. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte actora, por
cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

13

Radicación: 76001233300020180102401 (4222-2022)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de octubre de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las
pretensiones y en su lugar se niegan las pretensiones de la demanda.

Segundo. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Tercero. Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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