República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03783-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos, incidente de desacato núm. 3. Subtema 2:
solicitud de levamiento de medida cautelar. Subtema 3: defectos fáctico y
sustantivo. Subtema 4: improcedencia.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B.
1. Síntesis del caso
El Ministerio de Vivienda Ambiente y Desarrollo presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de las
providencias del 12 de febrero y 13 de marzo de 2026, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con
el radicado núm. 25000-23-15-000-2001-00479-02.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 2, D89DF9718CCCAB75 6D86D41F5F11938F
0D762F91D052A6A1 BE8911E837A037DC.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
2. El señor Gustavo Moya Ángel presentó demanda en ejercicio del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos con el fin de obtener la
protección de las garantías superiores al goce de un ambiente sano, la seguridad y
salubridad pública y otros, con ocasión de los vertimientos de aguas negras que
generaban contaminación sobre el río Bogotá.
3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 25 de
agosto de 2004, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra
dicha decisión las partes e intervinientes presentaron recurso de apelación.
4. El Consejo de Estado, Sección Primera, a través de providencia del 28 de marzo
de 2014, modificó y confirmó el amparó de los derechos colectivos invocados.
Además, profirió 87 órdenes a las distintas entidades accionadas.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, se
conformó un comité de verificación que, actualmente, adelanta el seguimiento y
cumplimiento de las órdenes impartidas por el Consejo de Estado, en la sentencia
del 28 de marzo de 2014, a través del trámite de 146 incidentes de desacato.
6. En atención a lo previsto en el numeral 4.2 de la sentencia del Consejo de
Estado, se constituyó un Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río
Bogotá (CECH), hasta tanto se expidiera la ley de creación de la Gerencia de la
Cuenta Hidrográfica del río Bogotá (GCH), con el propósito de «dirigir, gestionar,
articular, integrar y coordinar con un enfoque sistémico la cuenca del río Bogotá»,
el cual está conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Distrital
de Ambiente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y dos (2) representantes de los entes
territoriales concernientes a la cuenca, quienes establecerán por mayoría simple su
reglamento y funcionamiento y de toma de decisiones.
7. Dentro de los 146 incidentes de desacato, se adelantan los números 3 y 31,
denominados incidentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del
CECH. En dicho trámite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B decretó medida cautelar el 14 de marzo de 2025, la cual fue
modificada por el Consejo de Estado, Sección Primera, en sede de apelación, el 26
junio de 2025 en los siguientes términos:
MODIFICAR el ordinal segundo de la providencia de 14 de marzo de 2025. Proferida
por la SECCIÓN CUARTA — SUBSECCIÓN “B” — DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, el cual quedará así:
«(…) SEGUNDO: DECRETAR como medida cautelar que la Secretaría Técnica del
Consejo Estratégico de la cuenca del Río Bogotá — CECH convoque a una reunión,
en los términos del Acuerdo 08 de 16 de octubre de 2020, para que se discutan los
efectos del proyecto de resolución que define los lineamientos para el ordenamiento
ambiental de la sabana de Bogotá en el marco del cumplimiento de la sentencia de 28
de marzo de 2014 (…).
2
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Ejecutoriado este proveído, devuélvase el expediente al Tribunal de origen».
8. El Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá (CECH) realizó
Sesión Extraordinaria núm. 57 los días 10, 13, 18, 19 y 26 de noviembre y, el 2 de
diciembre del 2025.
9. La Secretaría General del CECH, mediante escrito del 5 de diciembre de 2025,
remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
el «informe detallado» de la sesión extraordinaria núm. 57, con el cual comunicó el
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal y por el Consejo de Estado, en el marco
de la medida cautelar dictada respecto del «proyecto de resolución de
implementación de los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá». Razón
por la cual solicitó que se decretara el cumplimiento y, en consecuencia, el
levantamiento de la medida. Dicho requerimiento fue coadyuvado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
profirió auto el 16 de diciembre de 2025, por medio del cual informó que procedería
a realizar el análisis de la solicitud de levantamiento de la medida cautelar.
11. La Fundación para el Estado de Derecho, a través de escrito del 11 de febrero
de 2026, le solicitó al Tribunal decretar como medida cautelar de urgencia: «la
suspensión inmediata del trámite de expedición del proyecto de Resolución del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible «Por el cual se adopta la zonificación
ambiental en trescientos ochenta y cinco (385) municipios a partir de la
implementación de la metodología usada por el Plan de Zonificación Ambiental del
punto 1.1.10 del Acuerdo Final para la Paz», en lo que respecta a los municipios de
la sabana de Bogotá y la cuenta hidrográfica del río de Bogotá».
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
mediante auto del 12 de febrero de 2026, resolvió no levantar la medida cautelar y
ordenó requerir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al CECH, para
que allegarán información detallada sobre el estado actual del proyecto de
resolución de las directrices o lineamientos para el ordenamiento ambiental de la
sabana de Bogotá. Contra dicha decisión, la cartera ministerial presentó recurso de
reposición.
13. La referida autoridad judicial, a través de auto del 13 de marzo de 2026, resolvió
no responder la providencia que negó la solicitud de levantamiento de la medida
cautelar y rechazó por improcedente el recurso de apelación.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
14. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS los autos de 12 de febrero de 2026 y 13 de marzo
de 2026, proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B”, dentro del trámite incidental de seguimiento de la acción popular Rad.
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25000-23-15-000-2001-00479-02, por vulnerar los derechos fundamentales invocados
y desconocer lo resuelto por el Consejo de Estado en el auto de 26 de junio de 2025 y
su aclaración de 25 de septiembre de 2025.
TERCERA. ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar decretada inicialmente
mediante auto de 14 de marzo de 2025 y posteriormente modificada por el Consejo de
Estado mediante auto de 26 de junio de 2025, al encontrarse plenamente acreditado el
cumplimiento integral de la obligación impuesta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá (CECH),
consistente en la convocatoria y realización de la sesión de discusión sobre los efectos
del proyecto de resolución de lineamientos para el ordenamiento ambiental de la
Sabana de Bogotá.
CUARTA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B”, abstenerse de imponer requisitos, condicionamientos o cargas
adicionales no previstas por el Consejo de Estado para el levantamiento de la medida
cautelar, así como de interferir indebidamente en el ejercicio de las competencias
constitucionales, legales y reglamentarias atribuidas al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en materia de formulación de política pública ambiental y
ordenamiento ambiental del territorio.
QUINTA. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR que se permita al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible continuar el trámite administrativo correspondiente
y ejercer plenamente sus competencias legales para la expedición de la resolución “Por
medio de la cual se establecen directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana
de Bogotá”, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, de las Bases del
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incorporadas en la Ley 2294 de 2023, del
Decreto 3570 de 2011 y de las órdenes impartidas en la sentencia del Río Bogotá de
28 de marzo de 2014.
SEXTA (SUBSIDIARIA). En caso de no accederse directamente al levantamiento de la
medida cautelar, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “B”, que, dentro del término improrrogable de cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva decisión respecto de
la solicitud de levantamiento presentada por el Secretario Técnico del CECH el 4 de
diciembre de 2025, observando estrictamente lo resuelto por el Consejo de Estado en
los autos de 26 de junio y 25 de septiembre de 2025, valorando integralmente el
material probatorio obrante en el expediente y absteniéndose de exigir condiciones o
presupuestos ajenos al objeto y alcance de la medida cautelar modificada por el
superior jerárquico
15. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que los
autos del 12 de febrero y del 13 de marzo de 2026, proferidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrieron en defecto fáctico, al negar el
levantamiento de la medida cautelar sin valorar en debida forma los elementos
probatorios aportados al trámite judicial, con los cuales se demostró de manera
suficiente, documentada y verificable, el cumplimiento de la obligación impuesta por
el Consejo de Estado mediante auto del 26 de junio de 2025, aclarado en
providencia del 25 de septiembre de 2025, que consistía en convocar y desarrollar
una reunión del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá
(CECH) para discutir los efectos del proyecto de resolución que define los
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lineamientos o directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá,
en el marco del cumplimiento de la sentencia del 28 de marzo de 2014.
16. En este sentido, expuso que, «el objeto probatorio relevante para decidir sobre
el levantamiento de la cautela consistía en verificar si dicha reunión fue convocada,
si se desarrolló efectivamente, si allí se discutieron los efectos del proyecto y si el
Ministerio y la Secretaría Técnica del CECH acreditaron documentalmente el
cumplimiento de esa obligación».
17. Al respecto, indicó que en el expediente se acreditó la convocatoria formal de la
Sesión Extraordinaria núm. 57 del CECH, la cual se realizó conforme al Acuerdo 08
de 2020, cuyo único propósito fue analizar los efectos del proyecto de resolución
sobre el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá. Esta sesión no fue un
trámite formal: se desarrolló en varias jornadas entre noviembre y diciembre de
2025, con amplia participación institucional y ciudadana, y abordó todas las
categorías de análisis definidas por el Consejo de Estado.
18. Asimismo, durante la Sesión núm. 57 se elaboró y aprobó una matriz oficial de
efectos, se recibieron y sistematizaron observaciones, se formularon
recomendaciones al Ministerio y se produjeron soportes técnicos. En la jornada final,
el CECH concluyó que la medida cautelar debía darse por cumplida y solicitó su
levantamiento. Además, el 4 de diciembre de 2025 se radicó ante el Tribunal el
informe de cumplimiento con acta y soportes.
19. Adicionalmente, en la Sesión Extraordinaria núm. 58, que se realizó en enero
de 2026, confirmó que las recomendaciones de la Sesión núm. 57 fueron
incorporadas en la versión ajustada del proyecto normativo, cuya trazabilidad fue
presentada mediante la matriz de incorporación de observaciones.
20. En suma, la tutelante advirtió que el Tribunal requirió información adicional
sobre aspectos conceptuales y técnicos del proyecto normativo, particularmente la
diferencia entre lineamientos y directrices, su jerarquía normativa frente a las
órdenes de la sentencia del río Bogotá y las condiciones del régimen de transición.
Sin embargo, esa decisión no identificó cuál elemento específico de la obligación de
hacer, que impuso el Consejo de Estado se encontraba incumplido, ni explicó por
qué las pruebas allegadas (actas, informes, matrices, soportes técnicos, solicitudes
de levantamiento, coadyuvancia y memoriales de alcance) resultaba insuficientes
para declarar cumplida la cautela.
21. Por otro lado, afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo porque: (i) alteraron el alcance jurídico de la medida cautelar fijada por el
Consejo de Estado; (ii) atribuyeron al CECH funciones de validación y control
sustancial que no le corresponden; (iii) trasladaron indebidamente el eje del análisis
cautelar hacia el contenido material del proyecto normativo; (iv) incurrieron en
contradicciones internas entre sus fundamentos y la decisión adoptada; y (v)
desconocieron la naturaleza temporal e instrumental de la medida cautelar, al
prolongar injustificadamente una restricción judicial sobre las competencias
regulatorias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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22. De igual manera, la accionante advirtió que las decisiones acusadas
desconocieron la regla jurisprudencial prevista en las sentencias C-054 de 1997 y
C-490 de 2000, al no tener en cuenta el carácter transitorio de las medidas
cautelares.
2.3. Trámite procesal
23. El despacho ponente, mediante auto del 21 de mayo de 20262, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y puso en conocimiento el escrito de
tutela al Consejo de Estado, Sección Primera, a los demandantes, a los
demandados y a los terceros que intervinieron en el proceso de protección de
derechos e intereses colectivos con radicado núm. 25000-23-27-000-2001-0479-01.
2.4. Intervenciones
24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B3
manifestó que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, porque los
argumentos y las pruebas aportadas por la parte actora no demuestran ni plantean
un debate de orden superior.
25. Por otro lado, advirtió que la tutela tampoco cumple con el presupuesto de
subsidiariedad, pues, aunque la accionante interpuso los recursos contra el auto del
12 de febrero de 2026, lo cierto es que aún debe atender la carga procesal de
aportar la información detallada solicitada en dicha decisión. De modo que, cuando
ello se cumpla y el incidente esté en estado de decisión se podrá evaluar la solicitud
de medida cautelar propuesta por la Fundación para el Progreso de la Región
(PROBOGOTÁ) y la Fundación para el Estado de Derecho conforme a la sentencia
de descontaminación del río Bogotá.
26. Resaltó que la tutelante cuenta con otras vías para lograr lo pretendido con la
tutela, esto es: (i) cumplir el requerimiento de información formulado en los autos
del 12 de febrero y 13 de marzo de 2026, aún pendiente de respuesta completa; (ii)
obtener una nueva decisión sobre el levantamiento de la medida cautelar, una vez
allegada dicha información, con posibilidad de interponer los recursos ordinarios de
la Ley 472 de 1998; (iii) avanzar en el trámite del proyecto de decreto presidencial,
que tendría efectos vinculantes como determinante ambiental de nivel 1 para los
planes de ordenamiento territorial de 31 municipios; (iv) defender el acto
administrativo que eventualmente se expida, mediante los medios de control del
CPACA; y (v) esperar el pronunciamiento sobre la solicitud cautelar presentada por
la Fundación para el Estado de Derecho respecto de proyectos normativos conexos,
trámite en el cual el Ministerio accionante ya intervino.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 7, certificado núm. F3AC9802B2C2229C D0AD67B66FA3EA9E
9196045EF80E5957 6FCCA61F74FCCEE6.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 63, certificado núm. 9CF0E669795C3148 C5E047704C16604C
8CA879092C6BB58B FFA555FAF4B1BFA6.
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27. Adicionalmente, advirtió que no se configura un perjuicio irremediable, porque
la potestad reglamentaria de la entidad accionantes es «inagotable» y ello puede
ejercerse en cualquier momento, lo que descarta una afectación irreversible
derivada de la subsistencia temporal de la cautelar, así como la imposibilidad de dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993.
28. De otra parte, refirió que las medidas cautelares adoptadas en el seguimiento
de la sentencia de descontaminación del río Bogotá no son mecanismos procesales
ordinarios, sino herramientas propias del control judicial estructural destinadas a
asegurar la ejecución de un fallo complejo que impone cerca de 87 órdenes a
múltiples entidades y que actualmente genera 146 incidentes de desacato. Su
fuerza vinculante deriva precisamente de ese modelo de verificación judicial,
orientado a garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos reconocidos.
29. En este sentido, mencionó que no se acreditó el defecto fáctico alegado, pues
las providencias cuestionadas solicitaron información detallada para evaluar el
levantamiento de la medida cautelar, por lo que no es válido afirmar que hubo una
indebida valoración probatoria. Esa información es necesaria para garantizar tanto
el cumplimiento de la sentencia de descontaminación del río Bogotá como de la
medida cautelar vigente.
30. Agregó que, en su condición de juez verificador en una sentencia estructural,
puede requerir a las partes para evitar afectaciones a los derechos colectivos
protegidos. Estas facultades no constituyen un defecto sustantivo ni desconocen el
precedente.
31. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo.
32. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales4 manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la tutela se
dirigen a cuestionar unas decisiones judiciales y no guardan relación con las
funciones y competencias de la entidad. En consecuencia, pidió que se le
desvincule del presente trámite constitucional.
33. La Defensoría del Pueblo, Regional Bogotá5 solicitó que se nieguen las
pretensiones de la tutela, porque la parte accionante tiene por objeto convertir una
controversia ambiental estructural en una discusión meramente formal sobre su
autonomía administrativa y sobre la realización de sesiones del CECH.
34. Así pues, resaltó que la acción popular protegió el corredor ecosistémico, hídrico
y climático de la sabana de Bogotá y de la cuenca del río Bogotá, entendido como
una unidad funcional de conectividad ecológica, regulación hídrica, biodiversidad,
restauración, adaptación al cambio climático y protección del bien común ambiental.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 19, certificado núm. 3859F52AE2877EC5 FA597F4DEF00B3DD
076E6DE9FC3FB813 F02150E8324598A4.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 22, certificado núm. A31F68E765822B3D 7CA5F4A3AB63A717
55884EACEAD35075 6AB15DA2627FBFDD.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
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35. En este sentido, explicó que la cartera ministerial no puede pedir que se levante
una medida cautelar ambiental sin acreditar, con estudios técnicos suficientes, que
su proyecto normativo: i) no fragmenta el corredor ecosistémico; ii) no afecta el
sistema hidráulico natural; iii) no compromete fuentes hídricas superficiales o
subterráneas; iv) no debilita humedales, rondas, zonas de recarga o corredores de
fauna; v) no desconoce zonas de sustracción y obligaciones de compensación
ambiental integral; vi) no genera regresividad frente al fallo estructural del río
Bogotá; y vii) no impacta negativamente el sistema hídrico que desemboca en el río
Magdalena.
36. Resaltó que, en materia de agua, biodiversidad, clima y derechos colectivos, la
falta de estudios no se corrige levantando cautelas. Por el contrario, se corrige
exigiendo evidencia, participación, coordinación y control judicial efectivo
37. De este modo, reiteró que se debe negar la tutela, para preservar la
competencia del juez natural de la acción popular y mantener el estándar reforzado
de protección del río Bogotá y de su conexidad funcional con el río Magdalena.
38. El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU6 Manifestó que no existió un perjuicio
irremediable que afectara los derechos fundamentales del accionante debido a que
las decisiones proferidas dentro del proceso fueron resueltas bajo los parámetros
de oportunidad y motivación suficiente de las decisiones, por lo que se debía
mantener la medida cautelar decretada con el fin de evitar una vulneración de los
derechos colectivos.
39. Por otro lado, aseveró que carecía de legitimación en la causa por pasiva debido
a que no cuenta con la competencia para resolver lo solicitado por el accionante,
por lo que debía ser desvinculado del presente tramite.
40. La empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P 7. indicó que no vulneró ninguno de los
derechos fundamentales del accionante, por cuanto sus competencias y funciones
no tienen incidencia en las actuaciones judiciales cuestionadas ni en el
cumplimiento de las órdenes estructurales objeto de discusión en esta tutela.
41. La Contraloría General de la República8 solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, toda vez que no fue la autoridad que amenazó o vulneró los
derechos fundamentales del accionante.
42. El municipio de Funza9 expuso que el proceso de tutela no afecta los derechos
e intereses de la entidad, por lo cual consideró que no había lugar a emitir
pronunciamiento de fondo.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 23, certificado núm. 989951439DAC875D 614EDBA60AD31A13
EE023B30D9E19443 3120E02539EEDCF6.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 24, certificado núm DA1590394AED7024 7A7647982AA3D871
3D90DF25D18D8B4C 34D7616A3CDEC1DE.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 25, certificado núm. 20EFCAE248F96E66 4F8248077A6B3B70
4FC78BC719A4CEB2 3D231464A178786D.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 26, certificado núm. C7BB2B8E649B19F3 20983367BA282751
21586CAE0F41ED22 DC1F5C620C6439C5.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
43. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR10 adujo que no
vulneró ninguno de los derechos fundamentales del accionante, por cuanto no fue
la entidad que expidió los autos objeto de tutela, por lo que debía ser desvinculado
del proceso.
44. El Ministerio de Minas y Energía11 aseveró que no realizó alguna acción u
omisión que vulnerara los derechos alegados en el trámite constitucional, en cuanto
a que la inconformidad del accionante se dirige en contra de las decisiones judiciales
que negaron el levantamiento de una medida cautelar dentro del proceso de la
acción popular.
45. El municipio de Subachoque12 y el municipio de Tocancipá13 pidieron que se
declare improcedente la tutela, porque no se advierte alguna acción u omisión
atribuible a las entidades que haya afectado los derechos de la parte actora.
46. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 14 afirmó que la
acción constitucional no cumplió con el requisito de subsidiariedad de la tutela,
debido a que el trámite incidental aún se encuentra en curso. Además, mencionó
que el Tribunal no ha proferido una decisión de fondo sobre el levantamiento de la
medida cautelar, por lo que no existió una vulneración de los derechos
fundamentales del accionante. Por lo anterior, pidió que se declare improcedente
de la acción.
47. El Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA 15
indicó que debía ser desvinculado del trámite constitucional, ya que no contaba con
legitimación por pasiva, debido a que, lo que se solicitó en la acción de tutela
corresponde a actuaciones que fueron realizadas por un tercero, y no contaba con
la competencia y facultades legales de las cuales se pueda acreditar alguna
responsabilidad.
48. La empresa Enel Colombia S.A. E.S.P16. refirió que la acción de tutela se dirigió
hacia el Tribunal por la presunta omisión en la que incurrió, al mantener vigente una
medida cautelar que ya se cumplió; sin embargo, dicha conducta no es atribuible a
la entidad por lo que no incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
deprecados. De esta manera, pidió su desvinculación del presente asunto.
49. El Servicio Geológico Colombiano17 manifestó que la intervención que realizó
en la acción popular fue exclusivamente técnico-científica, por lo que no tiene
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 31, certificado núm. 93473755E52F76E2 D3DABA76EBE54097
5836A478A512E185 CFC46877029BED87.
11
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0C299DF5389A21C1 B91D435CC1499542.
12
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13
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1AF2C6C802802D4C 4E389E2D861C2CF6.
14
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15
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16
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3F1E71482D41AFCE 74E709D7C2F1B6E5.
17
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2625299092FC8EF3 02BF2F2A12F96168.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
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competencia sobre lo que se solicitó en el trámite constitucional. En consecuencia,
pidió su desvinculación.
50. La Personería de Bogotá18 alegó que no tenía competencia para conocer del
asunto, debido a que no integró el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica
del río Bogotá ni expidió las providencias cuestionadas, por lo que no vulneró los
derechos alegados, por consiguiente, pidió que se declarar la improcedencia de la
acción de tutela.
51. El municipio de Subachoque19 indicó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no intervino en la decisión
judicial cuestionada.
52. Adicionalmente, solicitó que la providencia constitucional que se llegare a tomar
garantice la autonomía municipal en materia de ordenamiento territorial, la eficacia
de la sentencia del río Bogotá, la competencia nacional para expedir directrices y la
protección ambiental de la Sabana de Bogotá.
53. El municipio de Tocancipá20 manifestó que respeta la determinación que se
tome en el presente trámite Constitucional. De manera subsidiaria pidió que, en el
evento de emitir decisión de fondo se analice en sentido estricto cada una de las
órdenes contenidas en la sentencia del río Bogotá, con el fin de determinar su
relación, aplicación, armonización, alcance y pertinencia frente a la propuesta de
resolución de determinantes ambientales de la sabana de Bogotá diseñada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que dicho instrumento
incorpore de manera efectiva los lineamientos, obligaciones y propósitos
establecidos por el Consejo de Estado, para la recuperación ambiental de la cuenca
de la fuente hídrica.
54. La Procuraduría General de la Nación21 resaltó que la acción de tutela carece
de relevancia constitucional, toda vez que el proceso se encuentra en una fase legal
y procesal en la que aún se realizaban actuaciones judiciales, por lo que
correspondía al Tribunal decidir el levantamiento de la medida cautelar. Por lo
anterior aseveró que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela, de modo que es procedente declarar su improcedencia.
55. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca (CAMACOL
BYC)22 mencionó que la acción constitucional no tiene relevancia constitucional,
dado que el accionante, a través de este mecanismo excepcional pretende abrir una
tercera instancia, dado que presentó una inconformidad respecto de los criterios que
se utilizaron para la valoración probatoria por parte del Tribunal Administrativo de
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 43, certificado núm. F09F714A15DE594D 133EB512F95398A0
40AB948434B844D1 03E0C838411D046E.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 33, certificado núm. 9BC30BA673176301 6D28E508733EF296
9C94F07A7C798B47 0F8225134E67CEC4.
20
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 37, certificado núm. E4C04B33E5DE872 ADB9AD473C2CAD2E
1AF2C6C802802D4C 4E389E2D861C2CF6.
21
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 44, certificado núm. 69152872ABEFC1CE F4CA22FB3AECF59E
DDEE7865C1B7A840 BD415E3F9D566C2A.
22
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 45, certificado núm. FE387B02EAB63BDB 5F6F3993234B7B99
012851E80EEE0F2A 1AEF58613B2B26C5.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
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Cundinamarca en la decisión que resolvió la solicitud de levantamiento de la medida
cautelar, por lo que no fueron vulnerados sus derechos fundamentales.
56. Por otra parte, refirió que la actora publicó el 26 de mayo de 2026 un nuevo
proyecto de decreto con el que pretendía demostrar el cumplimiento de la medida
cautelar; sin embargo, ello aún se encuentra en discusión con los interesados y no
se ha proferido de forma definitiva, por lo que solicitó que se declare su
improcedencia, dado que aún se encuentra en discusión.
57. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá23 refirió que la entidad accionante
pretende insistir en un debate que ya fue resuelto por la autoridad judicial
competente, sin explicar ni acreditar las razones por las cuales se vulneraron los
derechos fundamentales invocados, por lo que consideró que el asunto carece de
relevancia constitucional y debe ser declarado improcedente.
58. La Superintendencia de Notariado y Registro24 manifestó que no vulneró las
garantías constitucionales de la parte actora, pues no participó en la expedición de
las decisiones cuestionada, por lo que solicitó su desvinculación del presente
asunto.
59. El departamento de Cundinamarca25 afirmó que no participó en la vulneración
de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que su actuación en el
proceso de acción popular fue en calidad de tercero con interés y no profirió las
decisiones judiciales que son objeto de tutela, por lo que pidió su desvinculación del
presente trámite constitucional.
60. El municipio de la Calera26 consideró que no era necesario emitir un
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la tutela, toda vez que la
solicitud de amparo no implica una afectación directa, actual y concreta de sus
intereses jurídicos dentro del presente trámite constitucional.
61. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público27 informó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, en tanto la entidad no participó en la expedición de las
providencias cuestionadas ni tiene competencia funcional para modificar, revocar o
dejar sin efectos las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
accionadas. Así mismo, la parte actora no acredita una vulneración cierta, concreta
y actual de derechos fundamentales atribuible a dicha cartera ministerial.
62.La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá28 pidió que declare
improcedente la tutela, debido a que en la solicitud de amparo no se demuestra
23
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 46, certificado núm. 41EB984D25B5D57F FC7842CE5B040CC9
BD6BE59E5CA42317 258C6112E57D99AD.
24
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 47, certificado núm. D0DB3BCB8932A76D E0777537E3059223
1C453693224B9A31 32FF917FA15A0F29.
25
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 49, certificado núm. BB3C6838D78A47D5 E22FE01451A9313A
5D26E9C390A368AA 442AEE84104EB7B3.
26
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 50, certificado núm. BD3EBCED7B0751F1 1AE8447AD3BC0170
5665B7D9101C7F5B BA098171B138C2FF.
27
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 51, certificado núm. 84B6602419A67863 BAF05EE6A1C63CB4
C08636FD264623C2 AE35B30E48DAC2F1.
28
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 52, certificado núm. C24AE4EB30AC0D63 677692B5D6B14BAE
169B333CF36F3C2F 3618D3108D4A88C8.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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alguna situación que cumpla con los requisitos definidos por la jurisprudencia para
la configuración de una vía de hecho judicial. En efecto, advirtió que las providencias
objeto de estudio no incurrieron en los defectos alegados ni amenazaron o
vulneraron derechos fundamentales de la parte actora. Además, se desconoció el
principio de subsidiariedad.
63. La Agencia Nacional de Minería, ANM29 manifestó que no tiene legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto la entidad no profirió ni participó en la expedición de
las decisiones cuestionadas. Asimismo, refirió que no tiene competencia funcional
para atender las pretensiones de la tutela. Por consiguiente, solicitó que se le
desvincule del presente trámite constitucional.
64. El Distrito Capital de Bogotá30 expuso que la solicitud de amparo es
improcedente, por cuanto el asunto planteado en el escrito inicial no tiene relevancia
constitucional, no cumple con el presupuesto de subsidiariedad y no se configuran
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.
65. La Fundación para el Progreso de la Región (PROBOGOTÁ) y la Fundación
para el Estado de Derecho31 se opusieron las pretensiones de la tutela, al considerar
que el asunto carece de relevancia constitucional, pues la entidad accionante no
plantea ni demuestra una actuación arbitraria o ilegitima en las providencias
cuestionadas; por el contrario, busca que este mecanismo excepcional se convierta
en una nueva oportunidad para que un juez diferente valore los hechos y
argumentos que ya fueron resueltos por la autoridad judicial accionada.
66. Agregaron que el Tribunal accionado valoró íntegramente el material probatorio
aportado al expediente, motivó sus decisiones, identificó razones concretas para
mantener la medida cautelar y ejerció una competencia que el ordenamiento
expresamente le atribuye como juez de seguimiento de la sentencia estructural del
río Bogotá, por lo que no incurrió en los defectos alegados.
67. Resaltaron que la inconformidad de la accionante con una decisión judicial que
le resultó desfavorable no configura vulneración de derechos fundamentales ni
justifica el uso del amparo constitucional, máxime cuando el asunto se encuentra
próximo a una decisión de fondo dentro del mismo trámite ordinario.
68. Asimismo, destacaron que según los registros de consulta pública del proceso
en el aplicativo Samai (radicado 25000-23-15-000-2001-00479-02), no se evidencia
que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible haya aportado memorial con
el cumplimiento integral de los requerimientos efectuados por el Tribunal accionado.
29
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 53, certificado núm. E82DB015CA90D500 E2EF6AAF548ACD4E
96DC286DED476626 5FF469BF51E25AF9.
30
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 54, certificado núm. 4AD33DFEEF58A170 382E90A1462D3081
1B47A8C174021A45 5C4D70522FBC280F.
31
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 55, certificado núm. 91E86F2644AC058B 3550DD2124FA6219
3A33B8D06713BF57 5C6F6E06635EA115.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
69. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC 32, informó que los
cuestionamientos expuestos por la accionante recaen sobre las providencias
judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
trámite de seguimiento de la acción popular del río Bogotá, particularmente en
relación con el mantenimiento de una medida cautelar.
70. Por lo anterior, consideró que el IGAC carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que no tiene competencias para modificar o revocar decisiones
judiciales, así como para intervenir en la valoración jurídica realizada por el
despacho accionado.
71. El Departamento Nacional de Planeación, DNP33 manifestó que los argumentos
planteados en el escrito de tutela no revelan alguna acción u omisión atribuible a la
entidad, razón por la cual no existe un nexo causal entre las actuaciones y funciones
del DNP y la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada por la parte
actora. En consecuencia, consideró que se configura la falta de legitimación en la
causa por pasiva, lo que debe conducir a su desvinculación del presente trámite de
tutela.
72. La Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá34 informó que la autoridad que debe
pronunciarse sobre las pretensiones de la tutela es el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por cuanto la vulneración alegada
se deriva de decisiones judiciales proferidas por dicha corporación en el marco del
seguimiento y verificación del cumplimiento de la sentencia del río Bogotá y la
medida cautelar decretada dentro de ese trámite judicial.
73.Por lo anterior, expresó que no tiene legitimación en la causa por pasiva y, por
consiguiente, solicitó su desvinculación de esta acción de tutela.
74. El municipio de El Colegio, Cundinamarca35 afirmó que la solicitud de amparo
no afecta los intereses de la entidad territorial, por lo que consideró que no había
lugar a emitir pronunciamiento de fondo.
75. El Consejo de Estado, Sección Primera36 informó que la corporación no vulneró
los derechos fundamentales alegados por la parte actora, por cuanto los
argumentos en los que se sustenta la tutela están dirigidos a cuestionar las
providencias del 12 de febrero y del 13 de marzo de 2026, a través de las cuales la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el levantamiento
de la medida cautelar en su contra.
32
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 56, certificado núm. 014B44999D17C510 6BDB027B71426025
3B7659E2D1BF5D36 20069F961D0BC936.
33
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 57, certificado núm. CA8AE56C1943F964 F953EEE10221861D
E72EB44ABBB8BFB5 A2DAC338934893BF.
34
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 58, certificado núm. D8BDBFDA1EC3DD06 BDA7E9CF7437DFB0
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35
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 59, certificado núm. 4B1900F23B0EAF09 BCB72BB87EECAE1A
5EEF4053F9CD193C D14F0B23E1D4FBC6.
36
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 61, certificado núm. BBE07A4B6ED01E91 E4ADB2D00EEB46BA
3FECFD9431D9B649 09F6415979671C30.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
76. El municipio de Cachipay37 acompaño los argumentos de la parte tutelante, al
considerar que la medida cautelar ha causado un perjuicio grave a la función pública
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al impedir que un proyecto de
decreto entre en vigencia, pese a su importancia normativa y a que no contradice la
protección de la cuenca del río Bogotá.
77. Asimismo, manifestó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, por no
valorar adecuadamente las pruebas que demostraban el cumplimiento de lo
ordenado por el Consejo de Estado. Además, se configuró un defecto sustantivo,
porque la autoridad judicial modificó el esquema jurídico de la medida cautelar e
impuso condiciones nuevas para su levantamiento, convirtiéndola en una medida
prácticamente permanente, cuando debería ser temporal. En consecuencia, pidió
que se acceda al amparo de tutela.
78.El municipio de Mosquera38 afirmó que no profirió las providencias judiciales
cuestionadas ni tiene competencia alguna sobre las medidas cautelares decretadas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por lo tanto, solicitó su
desvinculación de esta acción judicial.
79. El Ministerio de Educación Nacional39 destacó que no tiene competencia para
pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la presente acción de tutela,
pues los conflictos referidos en la solicitud de amparo se circunscriben a las
actuaciones y decisiones emitidas por una autoridad judicial, en cuyo trámite la
entidad no tiene injerencia alguna. Por consiguiente, pidió que se le desvincule de
este trámite constitucional.
80. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia40 solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo, porque no satisface los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales establecidos en la
Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, en tanto las decisiones
cuestionadas no configuran vía de hecho alguna sino ejercicio razonado de las
facultades del juez verificador de una sentencia estructural.
81. El municipio de Villapinzón41 expuso que los hechos y las pretensiones de la
acción de tutela permiten advertir que la entidad no ha vulnerado, ni amenazado los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que el asunto se
concentra en atacar unas decisiones judiciales. En consecuencia, solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la
causa.
37
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 62, certificado núm. 3D500A48E1CEF7F5 DF6012546DF79265
D7F903303FD949D8 D726682D7364DFA3.
38
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 66, certificado núm. 5262A74A6E47AE9B 020F7036A4C4F23D
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Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 67, certificado núm. 46D7F28B49644E68 905D3D1089C92508
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40
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 70, certificado núm. B690E2E4BAB64ACB ED8FCF8090176E83
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Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 71, certificado núm. 56E23C811352C534 959BCA6993417004
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14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
82. El municipio de Tenjo42 expresó que la demanda de tutela tiene por objeto
cuestionar las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negaron el levantamiento de la
medida cautelar que tenía a cargo el ministerio tutelante, por lo tanto, es claro la
entidad territorial no amenazó ni vulneró derecho fundamental alguno. Por
consiguiente, no se configura responsabilidad alguna por parte de esta entidad, toda
vez que no tiene competencia ni intervención en las providencias judiciales
acusadas. Razón por la cual solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva y, en consecuencia, ordene su desvinculación.
83. Los municipios de la Mesa y Cogua43 solicitaron su desvinculación de la
presente acción constitucional, comoquiera que la tutela se dirige a cuestionar unas
actuaciones judiciales en las que no intervino. En consecuencia, pidieron su
desvinculación.
84. El municipio de Choachí44 manifestó que carece de interés jurídico directo en la
controversia planteada, toda vez que no participó en la expedición de los actos
objeto de discusión ni intervino en la adopción de las providencias judiciales
cuestionadas y tampoco ostenta competencia funcional respecto de las materias
cuya protección se reclama en el presente trámite constitucional.
85. El municipio de Tabio45 expreso que el escrito de tutela no describe con
precisión hechos u omisiones atribuibles a la entidad territorial. Además, advirtió que
la petición de amparo está dirigida a cuestionar unas decisiones judiciales, por lo
tanto, consideró que no tiene legitimación en la causa por pasiva. Por consiguiente,
pidió que se le desvincule del trámite judicial.
86. El municipio de Guatavita46 requirió su desvinculación del presente trámite
constitucional, por cuanto no tiene legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
no participó en la expedición de las providencias censuradas y no tiene competencia
para adoptar, modificar o revocar los autos objeto de controversia y no existe acción
u omisión atribuible a la entidad territorial que pueda considerarse generadora de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.
87. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios47 afirmó que carece de
legitimación en la causa por pasiva y de interés jurídico en el trámite, por cuanto no
actúa como parte actora ni autoridad accionada y, tampoco intervino en la
expedición de las providencias cuestionadas, por ende, carece de facultades para
modificarlas o revocarlas.
42
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 83, certificado núm. 59E56626E4472DFA BB4AB4CFC1F56DFF
019A7E64E1D25BA6 738E0F2C1E67CD83.
43
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índices 84 y 86, certificado núm. 65B076B0656507B3 FAC2D60AA125CE86
77C2C4CEF933AC1A 2F39045493598A3F y 1030735921369A95 68A48570F644B2D7 DAAB5B5CED8A8FCE
A0D12E4F0E994725
44
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 85, certificado núm. BB8578BC05F81AC0 06C2E4B257AA88CF
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Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 86, certificado núm. 1030735921369A95 68A48570F644B2D7
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46
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 99, certificado núm. CDAACFA280C30D8D 67B50F7393D6D2D4
5DA1E2164DC801EE 369C40D602F43008.
47
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 101, certificado núm. 792F52B173549158 DFD17005D7720FEC
A57A8766760005CE A81EF6AEDC3E1DF1.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
88. El señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez48, en su condición de tercero con
interés, solicitó que se declare improcedente la tutela, sin explicar de forma clara y
concreta las razones por las cuales no procede este mecanismo de protección
constitucional ni exponer consideración alguna frente a las decisiones cuestionadas
por la parte actora.
89. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM49
expresó que la acción de tutela se dirige contra las providencias proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, dentro del
trámite de seguimiento de la acción popular núm. 25000-23-15-000-2001-00479-02,
mediante las cuales se decidió mantener una medida cautelar relacionada con el
proyecto normativo denominado «Directrices para el Ordenamiento Ambiental de la
Sabana de Bogotá».
90. A partir de lo anterior, advirtió que el IDEAM no participó en la expedición de las
decisiones acusadas ni ejerce funciones jurisdiccionales y tampoco tiene
competencia para adoptar, modificar, suspender o levantar medidas cautelares
dentro de procesos judiciales. En consecuencia, pidió su desvinculación de este
trámite constitucional.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
91. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Nación, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B.
3.2. Legitimación en la causa
92. La legitimación en la causa por activa de la Nación, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible está acreditada, porque fue una de las entidades demandadas
en el medio de control de protección de derechos e intereses, en cuyo trámite de
incidente de desacato núm. 3 fueron expedidas las providencias que, a su juicio,
desconocieron sus derechos fundamentales.
93. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, debido a que fue la
autoridad que profirió las decisiones objeto de estudio.
94.Por otro lado, se advierte que la ANLA, el IDU, la Contraloría General de la
República, la Empresa Aguas de Bogotá S. A. E.S.P la CAR, el Ministerio de Minas
48
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 106, certificado núm. 7BEB34B6E9573CDC A1815D072CB07D05
10A3F234549B49B7 D3ABE062EFEB322D.
49
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 108, certificado núm. 66BE697F1D69D261 4C246FB998F9FB0C
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16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y Energía, la CRA, Enel Colombia S.A. E.S.P. el SGC, la Personería de Bogotá, la
Superintendencia de Notariado y Registro, la UAESP, el departamento de
Cundinamarca, el Ministerio de Hacienda, la ANM, el IGAC, el DNP, la Secretaría
de Hábitat, el Ministerio de Educación Nacional, los municipios de Mosquera,
Villapinzón, Tenjo, la Mesa, Cogua, Tabio, Guatavita, la Superservicios y el IDEAM
solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban llamados a responder
por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
95. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dichas entidades actuaron como partes demandadas e intervinientes dentro
del proceso del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
en el que fueron expedidas las providencias objeto de reparos y, en consecuencia,
la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos
expuestos, se negarán sus solicitudes.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
96. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado50 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional51.
97.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
98. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales52 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
50
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
51
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
52
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
17
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
99. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución53.
3.4. Problema jurídico
100. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, al proferir los autos del 12 de febrero
y 13 de marzo de 2026, mediante los cuales i) negó la solicitud de levantamiento de
la medida cautelar a cargo de la entidad accionante, ii) requirió información adicional
y iii) confirmó la decisión, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia de la parte actora?.
101. Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si ¿la solicitud de amparo
supera el requisito de subsidiariedad?. En caso afirmativo, continuará con el estudio
de los demás requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, a emitir una
pronunciamiento de fondo.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
102. En el presente asunto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el
fin de obtener la protección de sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia presentó acción de tutela y, en consecuencia, solicitó que
se dejen sin efecto: i) el auto del 12 de febrero de 2026, por medio de la cual se
negó la solicitud de levantamiento de la medida cautelar impuesta a la entidad
accionante y requirió a esta y al Consejo Estratégico de la Cuenta Hidrográfica del
Rio Bogotá, para que allegara información adicional y, ii) el auto del 13 de marzo de
2026, que negó el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión,
mantuvo el requerimiento referido y rechazó el recurso de apelación.
103. Para la parte actora, las providencias objeto de tutela incurrieron en defecto
fáctico, porque no valoraron adecuadamente las pruebas aportadas al trámite
judicial, con las que se demostraban el cumplimiento de la obligación de convocar
y realizar la reunión del CECH sobre el proyecto de resolución para el ordenamiento
ambiental de la Sabana de Bogotá, en el marco de lo ordenado en la sentencia del
28 de marzo de 2014.
104. Asimismo, indicó que en las decisiones cuestionadas se configuró un defecto
sustantivo, por cuanto modificaron el alcance de la medida cautelar, al i) atribuir
competencias indebidas al CECH, ii) desviar el análisis hacia el contenido del
proyecto normativo del proyecto de resolución, iii) incurrir en contradicciones y, iv)
53
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
18
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Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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extender injustificadamente la restricción a las funciones del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
105. De igual manera, la accionante advirtió que las decisiones acusadas
desconocieron la regla jurisprudencial prevista en las sentencias C-054 de 1997 y
C-490 de 2000, al no tener en cuenta el carácter transitorio de las medidas
cautelares.
106. En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 de la Constitución y del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, que el juez constitucional, por un lado, verifique que la
accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus
derechos fundamentales y, por otro lado, que valore si dichos mecanismos resultan
idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de
acuerdo con las particularidades de cada caso54.
107. Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que
estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección
de derechos fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un
perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de
protección impostergables55.
108. Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales56. De manera específica, el alto tribunal expresó lo
siguiente:
La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.
109. En el caso bajo estudio, al examinar las actuaciones surtidas al interior del
expediente del incidente de desacato núm. 3 con radicado núm. 25000-23-15-000-
2001-00479-02, se puede observar que la Secretaría General del CECH, mediante
escrito del 4 de diciembre de 2025 solicitó el levantamiento de la medida cautelar
decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 14 de marzo
de 2025 y modificada por el Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 26 de
junio de 2025, consiste en convocar a una reunión «en los términos del Acuerdo 08
de 16 de octubre de 2020, para que se discutan los efectos del proyecto de
resolución que define los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana
de Bogotá en el marco del cumplimiento de la sentencia de 28 de marzo de 2014».
54
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
55
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
56
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
19
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110. También, se puede advertir que dicha solicitud fue coadyuvada por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de escrito del 5 de diciembre de 2025,
con el argumento de que se cumplió lo ordenado en la medida cautelar, por medio
de las Sesión Extraordinaria núm. 57 del CECH.
111. Posteriormente, la Fundación para el Progreso de la Región (PROBOGOTÁ) y
la Fundación para el Estado de Derecho, mediante escrito del 11 de febrero de 2026,
solicitaron que se decrete como medida cautelar de urgencia «la suspensión
inmediata del trámite de expedición del proyecto de resolución del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible «por el cual se adopta la zonificación ambiental
en trescientos ochenta y cinco (385) municipios a partir de la implementación de la
metodología usada para el Plan de Zonificación Ambiental del punto 1.1.10 del
Acuerdo Final para la Paz» en lo que respecta a los municipios de la sabana de
Bogotá y la cuenca hidrográfica del río Bogotá».
112. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
mediante auto del 12 de febrero de 2026, resolvió no levantar la medida cautelar.
Adicionalmente, requirió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al
CECH para que allegara información detallada respecto del estado actual del
proyecto de resolución de las directrices o lineamientos para el ordenamiento
ambiental de la sabana de Bogotá, toda vez que el documento aportado por estas
no contenía información clara y precisa sobre el asunto. Al respecto expuso la
referida providencia indicó lo siguiente:
[…]
I) No se define claramente la diferencia entre lineamientos y directrices y su nivel de
jerarquía respecto de los demás reglamentos o normas que atañen al rio Bogotá, a fin
de advertir su incidencia respecto de las ordenes de la sentencia de rio Bogotá; y que,
II) En lo relativo al régimen de transición allí planteado, se indica que: “Las acciones en
desarrollo o previstas para el cumplimiento de las ordenes derivadas de (…), y la
sentencia 250002327000200190479-01 relacionada con la descontaminación del rio
Bogotá continuaran bajo las condiciones para garantizar su cumplimiento.”; sin explicar
o determinar cuáles son esas condiciones para garantizar el cumplimento de las
órdenes judiciales dictadas por el H. Consejo de Estado, en sede de acción popular; a
más de no entenderse acompasadas con las disposiciones sobre las situaciones
jurídicas consolidadas, abordadas previamente en el mismo capítulo. […].
113. Contra dicha decisión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
propuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Sin embargo, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por auto del 13 de marzo de 2026 resolvió no
reponer la decisión recurrida y mantuvo el requerimiento de información, ante la
necesidad de verificar la incidencia de la solicitud de cautela presentada por la
Fundación para el Progreso de la Región (PROBOGOTÁ) y la Fundación para el
Estado de Derecho, con la actuación adelantada por la cartera ministerial. Además,
rechazó por improcedente la apelación.
114. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con auto del 21 de abril
de 2026, ordenó correr traslado a las partes e intervinientes de la medida cautelar
20
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
de urgencia presentada por las referidas fundaciones. Posteriormente, a través de
providencia del 12 de mayo de 2026, dispuso correr traslado de los anexos de la
solicitud de medida cautelar citada.
115. Es pertinente indicar que, según el aplicativo Samai, el trámite del incidente de
desacato núm. 3 aún se encuentra vigente, pues la discusión en relación con la
procedencia de la medida cautelar presentada por la Fundación para el Progreso
de la Región (PROBOGOTÁ) y la Fundación para el Estado de Derecho no se ha
definido, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se ha
pronunciado de fondo sobre el contenido de la información requerida al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los argumentos expuestos por las partes al
interior del trámite judicial. Esto debido a que, por el momento, no se ha proferido
decisión definitiva.
116. Lo anterior, tiene relevancia, por cuanto la solicitud de medida cautelar
promovida por la Fundación para el Progreso de la Región (PROBOGOTÁ) y la
Fundación para el Estado de Derecho tiene por objeto suspender el proyecto de
resolución para determinar los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la
sabana de Bogotá en el marco del cumplimiento de la sentencia de 28 de marzo de
2014, por cuanto se omitió incluir a los municipios ubicados en la cuenca del río
Bogotá, lo que, a su juicio, era pertinente para garantizar una adecuada
reglamentación que permitiera alinear con los instrumentos de ordenamiento
territorial existente.
117. En efecto, el estudio que pueda hacer el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sobre la solicitud de medida cautelar presentada por las
mencionadas fundaciones, permitiría a la autoridad judicial accionada verificar el
alcance de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en el marco de la cautela asignada a su cargo, lo cual podría dar lugar a
resolver favorablemente la pretensión invocada en la solicitud de amparo.
118. Dicha circunstancia, le impide al juez de tutela pronunciarse sobre las razones
planteadas en la solicitud de amparo, pues resulta evidente que en la actualidad
existe un escenario adecuado para resolver las inconformidades presentadas por la
entidad accionante a través de este mecanismo constitucional, las cuales fueron
expuestas al interior del incidente de desacato núm. 3.
119. En este sentido, la Sala debe recordar que la acción de tutela no es un
instrumento alternativo o paralelo en la resolución de conflictos, por lo que no le es
dable al juez de tutela intervenir en asuntos que le corresponde dirimir a los jueces
naturales, máxime cuando los procesos se encuentran activos, debido a que no se
ha proferido decisión definitiva con la cual se da por terminado el litigio.
57 ha referido lo siguiente:
120. Al respecto, la jurisprudencia constitucional
57
Corte Constitucional, sentencia T- 211 de 2009, cuyo criterio fue reiterado en las sentencias T-396 de 2014 y T-401 de
2019.
21
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente
en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido la
sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como
lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento
jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su
trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle».
121. Aunado a lo anterior, conviene mencionar que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 24258 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el recurso de reposición procede
«contra todos los autos, salvo norma legal en contrario», esto significa que el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puede hacer uso de este mecanismo
judicial de defensa para cuestionar la providencia que en su momento profiera el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del incidente núm. 3 con radicado
núm. 25000-23-15-000-2001-00479-02, en el evento en que dicha decisión acceda
a las pretensiones de la solicitud de medida cautelar promovida la Fundación para
el Progreso de la Región (PROBOGOTÁ) y la Fundación para el Estado de Derecho
y, en consecuencia, resulte desfavorable a sus intereses.
122. En efecto, el incidente de desacato núm. 3 es un escenario idóneo, porque las
distintas etapas procesales que conforman el medio judicial son espacios
adecuados para resolver lo solicitado la entidad accionante vía tutela, en tanto lo
pretendido se dirige a demostrar el cumplimiento de la medida cautelar impuesta
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del auto del 14 de marzo
de 2025, modificada por el Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del
26 de junio de 2025; y por consiguiente, el levantamiento de esta.
123. Así pues, es pertinente advertir que el juez del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos en su condición de autoridad encargada de
verificar el cumplimiento de las ordenes emitidas dentro den la sentencia del 28 de
marzo de 2014, por la Sección Primera del Consejo de Estado, tiene las facultades
de conminar, exhortar, recomendar o prevenir, con el fin de evitar una eventual
vulneración o afectación a los derechos colectivos amparados.
124. De esta manera, la Sala advierte que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible dispone de otros instrumentos idóneos, eficaces y efectivos al interior del
trámite del incidente de desacato núm. 3, para pedir la protección de sus derechos
fundamentales invocados en la solicitud de amparo, por lo que no resulta
procedente analizar las razones planteadas en el escrito de tutela, toda vez que las
mismas deben ser estudiadas por el juez del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos dentro del escenario judicial previsto por el
legislador y no a través de este mecanismo constitucional de naturaleza subsidiaria.
125. Ahora bien, la entidad accionante, en los escritos de tutela e impugnación,
manifestó que la acción constitucional es procedente para evitar un perjuicio
58
ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario.
En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso. […].
22
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irremediable; sin embargo, el argumento planteado como fundamento de la
afirmación, no cuenta con respaldo probatorio, pues al interior del expediente no se
acreditó que las providencias emitidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, tengan un efecto directo en los derechos fundamentales invocados
por la tutelante y le pueda ocasionar un perjuicio de naturaleza irreparable en el
ejercicio de sus derechos. En consecuencia, no se observa una circunstancia
concreta que permita superar el requisito de subsidiariedad y le exija al juez de tutela
efectuar un estudio de fondo del asunto, como lo pretende el accionante.
126. Así las cosas, la Sala considera que la acción objeto de estudio es
improcedente, en el entendido que el agotamiento efectivo de los mecanismos de
defensa judicial no sólo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a
sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo de defensa.
4. Conclusión
127. En consecuencia, la Sala encuentra que el escrito de tutela no superó el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible puede solicitar la protección de sus derechos al interior del
incidente de desacato núm. 3. Por tal motivo, se declarará improcedente la solicitud
de amparo.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la ANLA, el IDU, la
Contraloría General de la República, la Empresa Aguas de Bogotá S. A. E.S.P la
CAR, el Ministerio de Minas y Energía, la CRA, Enel Colombia S.A. E.S.P. el SGC,
la Personería de Bogotá, la Superintendencia de Notariado y Registro, la UAESP,
el departamento de Cundinamarca, el Ministerio de Hacienda, la ANM, el IGAC, el
DNP, la Secretaría de Hábitat, el Ministerio de Educación Nacional, los municipios
de Mosquera, Villapinzón, Tenjo, la Mesa, Cogua, Tabio, Guatavita, la
Superservicios y el IDEAM conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
23
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-00 (5970)
Accionante: Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
24
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