Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03783-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03783-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03783-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA – SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia / ACCIÓN POPULAR – Providencias judiciales dictadas en el
trámite de los incidentes de desacatos presentados por el incumplimiento de la sentencia
del 28 de marzo de 2014, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado – Caso de
descontaminación del río Bogotá / SUBSIDIARIEDAD – No se encuentra acreditada por no
agotar todos los medios de defensa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Nación – Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por conducto de la jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, contra la sentencia del 12 de junio de 2026, proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política, así como en los artículos 29 y los 32 del
Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 18 de mayo de 2026, la parte demandante interpuso acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El 1.° de octubre de 1992, el señor Gustavo Moya Ángel, en ejercicio de la acción
popular prevista en el artículo 1005 del Código Civil, presentó demanda contra la
entonces Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, con el fin de obtener la
protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un
ambiente sano, la seguridad y salubridad pública y la protección de los derechos de
los usuarios. Lo anterior, con ocasión de los vertimientos de aguas negras que
generaban contaminación sobre el río Bogotá
1
Que ingresó a despacho para fallo el 21 de agosto de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. El asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 25 de agosto de
2004, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
4. Inconformes con la decisión precitada, las partes presentaron recursos de
apelación, los cuales fueron conocidos por la Sección Primera del Consejo de
Estado. A través de providencia del 28 de marzo de 20142, esta Corporación
modificó y confirmó el amparo de los derechos colectivos invocados y profirió 87
órdenes a las distintas autoridades accionadas.
5. En observancia de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, se
conformó un comité de verificación con el objeto de adelantar el seguimiento y
cumplimiento de las órdenes impartidas por el Consejo de Estado. Actualmente, las
acciones se siguen mediante el trámite de 146 incidentes de desacato.
6. Asimismo, en atención a lo previsto en el numeral 4.2. de la sentencia del 28 de
marzo de 2014, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, se constituyó
el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá (CECH), hasta tanto
se expidiera la ley de creación de la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del río
Bogotá (GCH), con el propósito de “dirigir, gestionar, articular, integrar y coordinar
con un enfoque sistémico la cuenca del río Bogotá”. Dicha autoridad está
conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento
de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Ambiente del Distrito Capital de Bogotá,
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca y dos representantes de los entes territoriales
concernientes a la cuenca, quienes establecen por mayoría simple su reglamento,
funcionamiento y toma de decisiones.
7. Ahora bien, dentro de los 146 incidentes de desacato presentados por el presunto
incumplimiento de las órdenes impartidas en la providencia del 28 de marzo de
2014, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, se adelantan los
números 3 y 31; procesos que son denominados incidentes del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y del CECH. El conocimiento de dichos asuntos
corresponde a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
8. Dentro del trámite incidental número 3, en audiencia de inspección judicial llevada
a cabo el 5 de marzo de 2025 en el páramo de Chingaza, la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) solicitó decretar una medida cautelar con el fin
de que se suspendiera el trámite de expedición del proyecto de resolución por la
cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pretendía establecer los
lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá.
9. Lo anterior fue adicionado por la EAAB en audiencia virtual del 7 de marzo de
2025, en el sentido de plantear la necesidad de articulación y concertación de ese
tipo de instrumentos en torno al manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá con
el Consejo Estratégico de Cuenca Hidrográfica. La petición fue coadyuvada por el
2
Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia del 28 de marzo de 2014. Consejero ponente:
Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente radicado número: 25000-23-27-000-2001-90479-01.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Distrito Capital de Bogotá, el Grupo Energía de Bogotá, el departamento de
Cundinamarca, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el señor
Néstor Guillermo Franco y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR Cundinamarca).
10. Por medio de auto del 14 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar
encaminada a que se convocara una reunión para que se discutieran los efectos del
proyecto de resolución que definía los lineamientos para el ordenamiento ambiental
de la sabana de Bogotá.
11. Contra la decisión en comento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
interpuso recurso de apelación, el cual fue estudiado por la Sección Primera del
Consejo de Estado que, a través de auto del 26 de junio de 2025, resolvió:
“MODIFICAR el ordinal segundo de la providencia de 14 de marzo de 2025.
Proferida por la SECCIÓN CUARTA — SUBSECCIÓN “B” — DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, el cual quedará así:
(…) SEGUNDO: DECRETAR como medida cautelar que la Secretaría
Técnica del Consejo Estratégico de la cuenca del Río Bogotá — CECH
convoque a una reunión, en los términos del Acuerdo 08 de 16 de
octubre de 2020, para que se discutan los efectos del proyecto de
resolución que define los lineamientos para el ordenamiento ambiental
de la sabana de Bogotá en el marco del cumplimiento de la sentencia
de 28 de marzo de 2014 (…).
Ejecutoriado este proveído, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen”3.
12. Los días 10, 13, 18, 19 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2025, el CECH
realizó la sesión extraordinaria correspondiente. En consecuencia, el 5 de diciembre
de 2025, (i) informó a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del cumplimiento de lo ordenado en la medida
cautelar respecto del “proyecto de resolución de implementación de los lineamientos
ambientales para la Sabana de Bogotá”; y (ii) solicitó que se decretara el
cumplimiento y, en consecuencia, el levantamiento de la medida. Este
requerimiento fue coadyuvado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
13. Por medio de auto del 16 de diciembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó que analizaría la
solicitud de levantamiento de la medida cautelar.
14. Posteriormente, el 11 de febrero de 2026, la Fundación para el Estado de
Derecho solicitó a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca decretar como medida cautelar de urgencia la suspensión
inmediata del trámite de expedición del proyecto de resolución del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible “[p]or el cual se adopta la zonificación ambiental
en trescientos ochenta y cinco (385) municipios a partir de la implementación de la
metodología usada por el Plan de Zonificación Ambiental del punto 1.1.10 del
3
Folios 38 y 39. Archivo “007_7ED_3Autodel26deJunio202”.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Acuerdo Final para la Paz”, en lo que respecta a los municipios de la sabana de
Bogotá y la cuenca hidrográfica del río de Bogotá.
15. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de auto del 12 de febrero de 2026, resolvió:
“PRIMERO: NO LEVANTAR la medida cautelar impuesta por este
Despacho y modificada en segunda instancia por el Consejo de Estado
mediante auto de 26 de junio de 2025, de conformidad con la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: REQUERIR al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE Y AL CONSEJO ESTRATEGICO DE LA
CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO BOGOTÁ, para que dentro del
término de quince (15) días hábiles, alleguen información detallada y
documentada respecto del estado actual del proyecto de resolución de las
directrices o lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana de
Bogotá, puntualmente, en lo referido a:
I) No se define claramente la diferencia entre lineamientos y directrices y su
nivel de jerarquía respecto de los demás reglamentos o normas que atañen
al rio Bogotá, a fin de advertir su incidencia respecto de las ordenes de la
sentencia de rio Bogotá; y que,
II) En lo relativo al régimen de transición allí planteado, se indica que: “Las
acciones en desarrollo o previstas para el cumplimiento de las ordenes
derivadas de (…), y la sentencia 250002327000200190479-01 relacionada
con la descontaminación del rio Bogotá continuaran bajo las condiciones
para garantizar su cumplimiento.”; sin explicar o determinar cuáles son esas
condiciones para garantizar el cumplimento de las órdenes judiciales
dictadas por el H. Consejo de Estado, en sede de acción popular; a más de
no entenderse acompasadas con las disposiciones sobre las situaciones
jurídicas consolidadas, abordadas previamente en el mismo capítulo.
TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia, a través de la Secretaría
de la Sección Cuarta, por Estado a las partes e intervinientes de este
incidente dentro de la acción popular, esto es, a los correos electrónicos
pertenecientes a:
-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
-Consejo Estratégico de la Cuenca del Rio Bogotá (Secretaria Técnica),
-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
-Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá,
-Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
-Gobernación de Cundinamarca”4.
16. El Tribunal consideró que, antes de decidir sobre el levantamiento definitivo de
la medida cautelar, era necesario solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y al CECH información detallada y documentada sobre los aspectos
advertidos, con el fin de verificar que la concertación del proyecto de resolución
hubiese sido sustancial y eficaz y salvaguardar los derechos colectivos protegidos
por la sentencia del 28 de marzo de 2014, dictada por la Sección Primera de esta
Corporación.
17. Inconforme con la decisión precitada, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. La Subsección
4
Folio 22. Archivo “012_12ED_8Autodel12defebrerod”.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de
auto del 13 de marzo de 2026, mantuvo incólume el auto recurrido y rechazó por
improcedente el trámite de alzada.
18. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial señaló que la negativa a
levantar la medida cautelar no obedecía a un capricho o arbitrariedad, sino que
guardaba correspondencia con las facultades y el ejercicio de la labor de verificación
del cumplimiento de la sentencia de descontaminación del río de Bogotá.
Pretensiones
19. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERA. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, vulnerados por las providencias proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”,
particularmente los autos de 12 de febrero y 13 de marzo de 2026, mediante
los cuales se mantuvo vigente una medida cautelar pese a encontrarse
plenamente cumplida y se rechazó el recurso de apelación interpuesto por
esta Cartera Ministerial.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS los autos de 12 de febrero de 2026 y 13
de marzo de 2026, proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, dentro del trámite
incidental de seguimiento de la acción popular Rad. 25000-23-15-000-2001-
00479-02, por vulnerar los derechos fundamentales invocados y desconocer
lo resuelto por el Consejo de Estado en el auto de 26 de junio de 2025 y su
aclaración de 25 de septiembre de 2025.
TERCERA. ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar decretada
inicialmente mediante auto de 14 de marzo de 2025 y posteriormente
modificada por el Consejo de Estado mediante auto de 26 de junio de 2025,
al encontrarse plenamente acreditado el cumplimiento integral de la
obligación impuesta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al
Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH),
consistente en la convocatoria y realización de la sesión de discusión sobre
los efectos del proyecto de resolución de lineamientos para el ordenamiento
ambiental de la Sabana de Bogotá.
CUARTA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “B”, abstenerse de imponer requisitos,
condicionamientos o cargas adicionales no previstas por el Consejo de
Estado para el levantamiento de la medida cautelar, así como de interferir
indebidamente en el ejercicio de las competencias constitucionales, legales
y reglamentarias atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
en materia de formulación de política pública ambiental y ordenamiento
ambiental del territorio.
QUINTA. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR que se permita al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continuar el trámite
administrativo correspondiente y ejercer plenamente sus competencias
legales para la expedición de la resolución “Por medio de la cual se
establecen directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de
Bogotá”, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, de las Bases
del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incorporadas en la Ley 2294 de
2023, del Decreto 3570 de 2011 y de las órdenes impartidas en la sentencia
del Río Bogotá de 28 de marzo de 2014.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
SEXTA (SUBSIDIARIA). En caso de no accederse directamente al
levantamiento de la medida cautelar, ORDENAR al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que, dentro del término
improrrogable de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del fallo
de tutela, profiera una nueva decisión respecto de la solicitud de
levantamiento presentada por el Secretario Técnico del CECH el 4 de
diciembre de 2025, observando estrictamente lo resuelto por el Consejo de
Estado en los autos de 26 de junio y 25 de septiembre de 2025, valorando
integralmente el material probatorio obrante en el expediente y
absteniéndose de exigir condiciones o presupuestos ajenos al objeto y
alcance de la medida cautelar modificada por el superior jerárquico”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
20. La parte demandante sostiene que la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la expedición de los autos del 12 de
febrero de 2026 y del 13 de marzo de 2026, incurrió en un defecto fáctico. Alega
que dichas decisiones negaron el levantamiento de la medida cautelar sin valorar
adecuadamente los elementos probatorios allegados al trámite, con los cuales, a su
juicio, se acreditó de manera suficiente, documentada y verificable el cumplimiento
de la obligación impuesta por el Consejo de Estado mediante auto del 26 de junio
de 2025.
21. En ese sentido, afirma que el objeto probatorio relevante para decidir sobre el
levantamiento de la medida cautelar consistía en verificar la convocatoria y
realización de la reunión, la discusión efectiva de los efectos del proyecto y la
acreditación documental de tales actuaciones por parte del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y la Secretaría Técnica del CECH. Al respecto, señala que
en el expediente se encontró demostrada la convocatoria formal de la Sesión
Extraordinaria núm. 57 del CECH, desarrollada conforme al Acuerdo núm. 08 de
2020 y cuyo propósito específico fue analizar los efectos del proyecto de resolución.
Añade, además, que dicha sesión se desarrolló en varias jornadas entre noviembre
y diciembre de 2025, con participación institucional y ciudadana, y abordó las
categorías de análisis definidas por la Sección Primera del Consejo de Estado.
22. Asimismo, aduce que durante la Sesión núm. 57 se elaboró y aprobó una matriz
oficial de efectos, se recibieron y sistematizaron observaciones, se formularon
recomendaciones al Ministerio y se produjeron soportes técnicos. Indica que, en la
jornada final, el CECH concluyó que la medida cautelar debía darse por cumplida y
solicitó su levantamiento. De igual modo, el 4 de diciembre de 2025 se radicó ante
el Tribunal el informe de cumplimiento, acompañado del acta y los respectivos
soportes.
23. Adicionalmente, refiere que la Sesión Extraordinaria núm. 58, realizada en enero
de 2026, permitió confirmar que las recomendaciones formuladas durante la Sesión
núm. 57 fueron incorporadas en la versión ajustada del proyecto normativo, cuya
trazabilidad fue acreditada mediante la correspondiente matriz de incorporación de
observaciones.
5
Folios 72 y 73 del escrito de tutela.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
24. En suma, la parte tutelante cuestiona que el Tribunal hubiera requerido
información adicional sobre aspectos conceptuales y técnicos del proyecto
normativo, particularmente en relación con la diferencia entre lineamientos y
directrices, su jerarquía normativa frente a las órdenes impartidas en la sentencia
del río Bogotá y las condiciones del régimen de transición. Indica que las
providencias cuestionadas no identificaron cuál elemento específico de la obligación
de hacer impuesta por la Sección Primera del Consejo de Estado permanecía
incumplido, ni explicaron por qué los elementos probatorios allegados, tales como
actas, informes, matrices, soportes técnicos, solicitudes de levantamiento, escritos
de coadyuvancia y memoriales de alcance, resultaban insuficientes para declarar
cumplida la medida cautelar.
25. Por otro lado, plantea que se configuró un defecto sustantivo, habida cuenta
de que las providencias cuestionadas: (i) alteraron el alcance jurídico de la medida
cautelar fijada por el Consejo de Estado; (ii) atribuyeron al CECH funciones de
validación y control sustancial que, a su juicio, no le corresponden; (iii) trasladaron
indebidamente el eje del análisis cautelar hacia el contenido material del proyecto
normativo; (iv) incurrieron en contradicciones internas entre sus fundamentos y la
decisión adoptada; y (v) desconocieron la naturaleza temporal e instrumental de la
medida cautelar, al prolongar injustificadamente una restricción judicial sobre las
competencias regulatorias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
26. Finalmente, la entidad accionante sostiene que las decisiones acusadas
desconocieron la regla jurisprudencial establecida en las sentencias C-054 de
1997 y C-490 de 2000, al omitir considerar el carácter transitorio de las medidas
cautelares.
Trámite procesal en primera instancia
27. Por medio de auto del 21 de mayo de 20266, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como accionado, y a la Sección Primera del Consejo de Estado y a
todas las partes e intervinientes dentro del proceso de acción popular radicado núm.
25000-23-15-000-2001-00479-01/02, como terceros con interesados en las resultas
del proceso. Entre otras decisiones.
Intervenciones en primera instancia
28. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca7 manifestó que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, pues los argumentos y las pruebas aportadas por la parte actora no
plantean ni demuestran un debate de orden superior. Asimismo, sostuvo que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que, aunque la accionante interpuso
los recursos contra el auto del 12 de febrero de 2026, aún tiene la carga procesal
de aportar la información detallada requerida en dicha providencia.
6
Ver índice 7 de Samai del expediente de primera instancia.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 63, certificado núm. 9CF0E669795C3148
C5E047704C16604C 8CA879092C6BB58B FFA555FAF4B1BFA6.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
29. Indicó que, una vez se allegue la información solicitada y el incidente se
encuentre en estado de decisión, podrá evaluarse la solicitud de levantamiento de
la medida cautelar formulada por la Fundación para el Progreso de la Región
(PROBOGOTÁ) y la Fundación para el Estado de Derecho, en el marco del
cumplimiento de la sentencia de descontaminación del río Bogotá. Añadió que el
ministerio tutelante cuenta con otros mecanismos para obtener lo pretendido, tales
como atender el requerimiento de información pendiente, obtener una nueva
decisión sobre el levantamiento de la medida cautelar y ejercer los recursos
ordinarios previstos en la Ley 472 de 1998.
30. De igual manera, señaló que la entidad accionante puede avanzar en el trámite
del proyecto de decreto presidencial, defender el acto administrativo que
eventualmente se expida a través de los medios de control previstos en el CPACA
y esperar el pronunciamiento sobre la solicitud cautelar presentada respecto de
proyectos normativos conexos. Aunado a ello, precisó que no se configura un
perjuicio irremediable, pues la potestad reglamentaria del Ministerio es de carácter
inagotable y puede ejercerse en cualquier momento, lo que descarta una afectación
irreversible derivada de la subsistencia temporal de la medida cautelar.
31. Por otro lado, explicó que las medidas cautelares adoptadas en el marco del
seguimiento a la sentencia de descontaminación del río Bogotá constituyen
herramientas propias del control judicial estructural, destinadas a garantizar la
ejecución de un fallo complejo que contiene cerca de 87 órdenes dirigidas a
múltiples entidades. En ese sentido, sostuvo que no se acreditó el defecto fáctico
alegado, dado que las providencias cuestionadas se limitaron a requerir información
adicional para evaluar el levantamiento de la medida cautelar, necesaria para
verificar el cumplimiento tanto de la providencia como de la medida vigente.
32. Finalmente, agregó que, en su condición de juez verificador de una sentencia
estructural, cuenta con facultades para requerir información a las partes con el
propósito de evitar afectaciones a los derechos colectivos protegidos, sin que ello
configure un defecto sustantivo ni implique el desconocimiento del precedente. Por
lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo.
33. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)8 manifestó que
carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la
tutela están dirigidas a cuestionar decisiones judiciales que no guardan relación con
sus funciones y competencias. En consecuencia, solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional.
34. La Defensoría del Pueblo – Regional Bogotá9 pidió que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la parte accionante pretende
convertir una controversia ambiental estructural en una discusión meramente formal
sobre su autonomía administrativa y la realización de las sesiones del Consejo
Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH).
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 19, certificado núm. 3859F52AE2877EC5
FA597F4DEF00B3DD 076E6DE9FC3FB813 F02150E8324598A4.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 22, certificado núm. A31F68E765822B3D
7CA5F4A3AB63A717 55884EACEAD35075 6AB15DA2627FBFDD.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
35. Al respecto, resaltó que la acción popular protegió el corredor ecosistémico,
hídrico y climático de la Sabana de Bogotá y de la cuenca del río Bogotá, entendido
como una unidad funcional de conectividad ecológica, regulación hídrica,
biodiversidad, restauración, adaptación al cambio climático y protección del bien
común ambiental. En ese sentido, sostuvo que no procede el levantamiento de la
medida cautelar sin acreditar, mediante estudios técnicos suficientes, que el
proyecto normativo no genera los impactos ambientales advertidos frente al
corredor ecosistémico, el sistema hídrico, los humedales, las fuentes de agua, la
biodiversidad y las obligaciones derivadas de la sentencia estructural del río Bogotá.
36. Asimismo, señaló que, en materia de agua, biodiversidad, clima y derechos
colectivos, la ausencia de estudios técnicos no puede suplirse con el levantamiento
de medidas cautelares, sino mediante la exigencia de evidencia, participación,
coordinación y control judicial efectivo. Por ello, reiteró que debía negarse el
amparo, con el fin de preservar la competencia del juez natural de la acción popular
y mantener un estándar reforzado de protección del río Bogotá y de su conexidad
funcional con el río Magdalena.
37. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)10 manifestó que no se configuró un
perjuicio irremediable que afectara los derechos fundamentales invocados, en la
medida en que las decisiones proferidas dentro del proceso fueron adoptadas con
oportunidad y suficiente motivación. Por ello, consideró que debía mantenerse la
medida cautelar con el propósito de evitar una eventual vulneración de los derechos
colectivos.
38. Por otro lado, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado
que no cuenta con competencia para resolver las pretensiones formuladas por la
parte accionante. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite.
39. La empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.11 indicó que no vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora, por cuanto sus funciones y competencias no
tienen incidencia en las actuaciones judiciales cuestionadas ni en el cumplimiento
de las órdenes estructurales objeto de discusión. En consecuencia, consideró que
no le es atribuible la presunta vulneración alegada.
40. La Contraloría General de la República12 solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, al advertir que no es la autoridad a la que se atribuye
la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 23, certificado núm. 989951439DAC875D
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11
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7A7647982AA3D871 3D90DF25D18D8B4C 34D7616A3CDEC1DE.
12
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4F8248077A6B3B70 4FC78BC719A4CEB2 3D231464A178786D.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
41. El municipio de Funza (Cundinamarca)13 expuso que la presente acción de
tutela no afecta sus derechos ni intereses, por lo que indicó que no había lugar a
emitir un pronunciamiento de fondo.
42. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)14 adujo que
no vulneró los derechos fundamentales invocados, toda vez que no fue la entidad
que profirió los autos cuestionados en la acción de tutela. Por ello, pidió su
desvinculación del proceso.
43. La Nación – Ministerio de Minas y Energía15 aseveró que no incurrió en acción
u omisión alguna que vulnerara los derechos fundamentales alegados, pues la
inconformidad de la parte accionante se dirige contra las decisiones judiciales
mediante las cuales se negó el levantamiento de una medida cautelar dentro del
proceso de acción popular.
44. El municipio de Subachoque (Cundinamarca)16 manifestó que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no intervino en
la adopción de la decisión judicial cuestionada. Asimismo, solicitó que la decisión
que se tome garantice la autonomía municipal en materia de ordenamiento
territorial, la eficacia de la sentencia del río Bogotá, la competencia nacional para
expedir directrices y la protección ambiental de la Sabana de Bogotá.
45. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.17 afirmó que la
acción constitucional no satisface el requisito de subsidiariedad, debido a que el
trámite incidental aún se encuentra en curso y el Tribunal no ha proferido una
decisión de fondo sobre el levantamiento de la medida cautelar. Por lo anterior,
sostuvo que no se ha configurado una vulneración de los derechos fundamentales
invocados y solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.
46. El municipio de Sopó (Cundinamarca), por conducto de la Secretaría de
Desarrollo Institucional, informó haber recibido la notificación del auto admisorio del
21 de mayo de 2026, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
47. El municipio de Tocancipá (Cundinamarca)18 manifestó que respeta la
decisión que se adopte dentro del presente trámite constitucional. De manera
subsidiaria, pidió que, en caso de proferirse una decisión de fondo, se analice de
forma estricta cada una de las órdenes contenidas en la sentencia del río Bogotá,
con el fin de determinar su relación, aplicación, armonización, alcance y pertinencia
13
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 26, certificado núm. C7BB2B8E649B19F3
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14
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 31, certificado núm. 93473755E52F76E2
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15
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16
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17
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18
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ADB9AD473C2CAD2E 1AF2C6C802802D4C 4E389E2D861C2CF6.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
frente al proyecto normativo sobre determinantes ambientales de la Sabana de
Bogotá, para que dicho instrumento incorpore efectivamente los lineamientos,
obligaciones y propósitos establecidos por la Sección Primera del Consejo de
Estado para la recuperación ambiental de la cuenca.
48. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA)19 indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que las
actuaciones cuestionadas fueron realizadas por un tercero y la entidad no cuenta
con competencia ni facultades legales que permitan atribuirle responsabilidad por la
presunta vulneración alegada. En consecuencia, señaló que lo procedente era su
desvinculación del trámite.
49. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y resaltó la ausencia
de relación jurídica, funcional y material con los hechos y pretensiones que
sustentan la presente acción constitucional. Así, precisó que esa cartera ministerial
no ha desplegado actuación alguna en lo referente a las providencias judiciales
cuestionadas ni ostenta competencia respecto de las decisiones objeto de
controversia.
50. La empresa Enel Colombia S.A. E.S.P.20 expuso que la acción de tutela se
dirige contra el Tribunal por la presunta omisión consistente en mantener vigente
una medida cautelar que, según la parte actora, ya se encontraba cumplida. Sin
embargo, sostuvo que dicha conducta no le es atribuible y, por tanto, no incurrió en
vulneración de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó su
desvinculación del presente asunto.
51. El Servicio Geológico Colombiano21 manifestó que su intervención dentro de
la acción popular ha sido exclusivamente de carácter técnico-científica y que no
cuenta con competencia respecto de las pretensiones formuladas en el presente
trámite constitucional. Por ello, solicitó su desvinculación.
52. La Personería de Bogotá D. C.22 alegó que no tiene competencia para conocer
o decidir sobre el asunto, dado que no integró el Consejo Estratégico de la Cuenca
Hidrográfica del río Bogotá ni participó en la expedición de las providencias
cuestionadas. Por consiguiente, sostuvo que no vulneró los derechos alegados y
pidió que se declare improcedente la acción de tutela.
53. La Procuraduría General de la Nación23 resaltó que la acción de tutela carece
de relevancia constitucional, toda vez que el proceso se encuentra en una etapa en
la que aún se adelantan actuaciones judiciales y corresponde al Tribunal decidir
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 38, certificado núm. E562B8218DAA49C6
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20
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EA788E11EEE1F9F6 3F1E71482D41AFCE 74E709D7C2F1B6E5.
21
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22
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23
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F4CA22FB3AECF59E DDEE7865C1B7A840 BD415E3F9D566C2A.
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
sobre el levantamiento de la medida cautelar. En consecuencia, consideró que no
se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y solicitó que se
declare su improcedencia.
54. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca
(CAMACOL B&C)24 manifestó que la acción constitucional carece de relevancia
constitucional, pues la parte accionante pretende utilizar este mecanismo
excepcional como una tercera instancia para cuestionar los criterios de valoración
probatoria empleados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por ello,
consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
55. Agregó que el 26 de mayo de 2026 la parte actora publicó un nuevo proyecto de
decreto con el que pretendía acreditar el cumplimiento de la medida cautelar. Sin
embargo, señaló que dicho proyecto aún se encuentra en discusión con los
interesados y no ha sido adoptado de manera definitiva. En consecuencia, solicitó
que se declare improcedente la solicitud de amparo.
56. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá25 sostuvo que la entidad
accionante pretende insistir en un debate que ya fue resuelto por la autoridad judicial
competente, sin explicar ni acreditar las razones por las cuales las decisiones
cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados. Por ello, consideró
que el asunto carece de relevancia constitucional e instó a que se declare
improcedente la acción.
57. La Superintendencia de Notariado y Registro26 manifestó que no vulneró las
garantías constitucionales de la parte actora, dado que no participó en la expedición
de las decisiones cuestionadas. En consecuencia, solicitó su desvinculación del
presente asunto.
58. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) pidió su
desvinculación del trámite de la referencia. Señaló que la entidad no es parte
responsable de las providencias judiciales impugnadas, es decir, los autos
proferidos el 12 de febrero de 2026 y el 13 de marzo de 2026 por la Subsección B
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni actúa como
autoridad ejecutora de la medida cautelar que mantiene suspendido dicho trámite
normativo.
59. En ese sentido, al no existir un nexo causal entre las funciones técnicas de la
UAESP (centradas en residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios) y
la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia alegada por el accionante, se configura una evidente falta
de legitimación en la causa por pasiva.
24
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 45, certificado núm. FE387B02EAB63BDB
5F6F3993234B7B99 012851E80EEE0F2A 1AEF58613B2B26C5.
25
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FC7842CE5B040CC9 BD6BE59E5CA42317 258C6112E57D99AD.
26
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12
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
60. El departamento de Cundinamarca27 afirmó que no participó en la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que intervino en el
proceso de acción popular únicamente en calidad de tercero con interés y no profirió
las decisiones judiciales objeto de tutela. Por ello, solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional.
61. El municipio de La Calera (Cundinamarca)28 consideró que no era necesario
emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la tutela, en tanto la
solicitud de amparo no implica una afectación directa, actual y concreta de sus
intereses jurídicos dentro del presente trámite constitucional.
62. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público29 informó que carece
de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no participó en la expedición de
las providencias cuestionadas ni tiene competencia funcional para modificarlas,
revocarlas o dejarlas sin efectos. Añadió que la parte actora tampoco acreditó una
vulneración cierta, concreta y actual de derechos fundamentales atribuible a esa
cartera ministerial.
63. La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá30 solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se acreditan las
circunstancias definidas por la jurisprudencia para la configuración de una vía de
hecho judicial. Sostuvo que las providencias cuestionadas no incurrieron en los
defectos alegados ni amenazaron o vulneraron los derechos fundamentales de la
parte actora y que, además, se desconoce el requisito de subsidiariedad.
64. La Agencia Nacional de Minería (ANM)31 manifestó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, porque no profirió ni participó en la expedición de las
decisiones cuestionadas y tampoco tiene competencia funcional para atender las
pretensiones formuladas en la acción de tutela. En consecuencia, solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional.
65. El Distrito Capital de Bogotá32 expuso que la solicitud de amparo es
improcedente, dado que el asunto planteado carece de relevancia constitucional, no
satisface el requisito de subsidiariedad y no se configuran las causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
66. La Fundación para el Progreso de la Región (PROBOGOTÁ) y la Fundación
para el Estado de Derecho33 se opusieron a las pretensiones de la tutela, al estimar
27
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 49, certificado núm. BB3C6838D78A47D5
E22FE01451A9313A 5D26E9C390A368AA 442AEE84104EB7B3.
28
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 50, certificado núm. BD3EBCED7B0751F1
1AE8447AD3BC0170 5665B7D9101C7F5B BA098171B138C2FF.
29
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 51, certificado núm. 84B6602419A67863
BAF05EE6A1C63CB4 C08636FD264623C2 AE35B30E48DAC2F1.
30
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 52, certificado núm. C24AE4EB30AC0D63
677692B5D6B14BAE 169B333CF36F3C2F 3618D3108D4A88C8.
31
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 53, certificado núm. E82DB015CA90D500
E2EF6AAF548ACD4E 96DC286DED476626 5FF469BF51E25AF9.
32
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 54, certificado núm. 4AD33DFEEF58A170
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33
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 55, certificado núm. 91E86F2644AC058B
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13
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
que el asunto carece de relevancia constitucional, pues la entidad accionante no
plantea ni demuestra una actuación arbitraria o ilegítima en las providencias
cuestionadas. Por el contrario, sostuvieron que pretende convertir este mecanismo
excepcional en una nueva oportunidad para que otro juez valore los hechos y
argumentos ya analizados por la autoridad judicial accionada.
67. Agregaron que el Tribunal analizó integralmente el material probatorio allegado
al expediente, motivó sus decisiones, identificó razones concretas para mantener la
medida cautelar y ejerció las facultades que le corresponden como juez de
seguimiento de la sentencia estructural del río Bogotá. Por ello, consideraron que
no se configuraron los defectos alegados y que la inconformidad de la parte
accionante con una decisión desfavorable no constituye, por sí sola, una vulneración
de derechos fundamentales, especialmente cuando el asunto se encuentra próximo
a una decisión de fondo dentro del mismo trámite.
68. Asimismo, destacaron que, según los registros de consulta pública del proceso
en el aplicativo Samai, no se evidencia que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible hubiera aportado un memorial que acreditara el cumplimiento integral de
los requerimientos efectuados por el Tribunal accionado.
69. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)34 informó que los
cuestionamientos formulados en la tutela recaen sobre las providencias proferidas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del trámite de seguimiento
de la acción popular del río Bogotá, particularmente en relación con el
mantenimiento de una medida cautelar. En consecuencia, sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, pues no cuenta con competencias para
modificar o revocar decisiones judiciales ni para intervenir en la valoración jurídica
realizada por la autoridad judicial accionada.
70. El Departamento Nacional de Planeación (DNP)35 manifestó que los
argumentos expuestos en la solicitud de tutela no revelan acción u omisión alguna
atribuible a la entidad. Por ello, consideró que no existe un nexo causal entre sus
actuaciones y funciones y la presunta vulneración de derechos fundamentales
alegada por la parte actora, por lo que solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
71. La Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá36 informó que corresponde a la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
pronunciarse sobre las pretensiones formuladas en la tutela, puesto que la
vulneración alegada se deriva de decisiones judiciales proferidas por dicha
corporación en el marco del seguimiento y verificación del cumplimiento de la
sentencia del río Bogotá y de la medida cautelar decretada dentro de ese trámite.
En consecuencia, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva y
solicitó su desvinculación.
34
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 56, certificado núm. 014B44999D17C510
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35
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 57, certificado núm. CA8AE56C1943F964
F953EEE10221861D E72EB44ABBB8BFB5 A2DAC338934893BF.
36
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 58, certificado núm. D8BDBFDA1EC3DD06
BDA7E9CF7437DFB0 0B1C1C7B61BD0C6F 69634E493A681BDF.
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
72. El municipio de El Colegio (Cundinamarca)37 afirmó que la solicitud de
amparo no afecta los intereses de la entidad territorial, por lo que manifestó que no
había lugar a emitir un pronunciamiento de fondo.
73. La Sección Primera del Consejo de Estado38 informó que no vulneró los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, toda vez que los argumentos
en que se sustenta la acción de tutela se dirigen a cuestionar los autos del 12 de
febrero de 2026 y del 13 de marzo de 2026, mediante los cuales la Subsección B
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió sobre la
solicitud de levantamiento de la medida cautelar.
74. El municipio de Cachipay (Cundinamarca)39 acompañó los argumentos de la
parte accionante, al considerar que la medida cautelar ha generado un perjuicio
grave para el ejercicio de la función pública del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al impedir la entrada en vigor de un proyecto normativo que, a su juicio,
resulta relevante y no contradice la protección de la cuenca del río Bogotá.
75. Asimismo, sostuvo que se configuró un defecto fáctico, debido a que el Tribunal
no valoró adecuadamente las pruebas que acreditaban el cumplimiento de lo
ordenado por la Sección Primera del Consejo de Estado. De igual manera, alegó la
configuración de un defecto sustantivo, puesto que la autoridad judicial modificó el
esquema jurídico de la medida cautelar e impuso nuevas condiciones para su
levantamiento, con lo cual la convirtió en una medida prácticamente permanente,
pese a su naturaleza temporal.
76. En consecuencia, solicitó que se acceda al amparo solicitado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
77. El municipio de Mosquera (Cundinamarca)40 afirmó que no profirió las
providencias judiciales cuestionadas ni tiene competencia sobre las medidas
cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por ello,
instó a su desvinculación del presente trámite constitucional.
78. La Nación – Ministerio de Educación Nacional41 destacó que no tiene
competencia para pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones formuladas en
la acción de tutela, pues la controversia se circunscribe a actuaciones y decisiones
adoptadas por una autoridad judicial, respecto de las cuales la entidad no tiene
injerencia. En consecuencia, solicitó su desvinculación.
37
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 59, certificado núm. 4B1900F23B0EAF09
BCB72BB87EECAE1A 5EEF4053F9CD193C D14F0B23E1D4FBC6.
38
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 61, certificado núm. BBE07A4B6ED01E91
E4ADB2D00EEB46BA 3FECFD9431D9B649 09F6415979671C30.
39
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 62, certificado núm. 3D500A48E1CEF7F5
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Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 66, certificado núm. 5262A74A6E47AE9B
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41
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 67, certificado núm. 46D7F28B49644E68
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15
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
79. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)42 instó a que
se declare improcedente la solicitud de amparo, al estimar que no satisface los
requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales establecidos
en la providencia C-590 de 2005. Sostuvo que las decisiones cuestionadas no
configuran una vía de hecho, sino que corresponden al ejercicio razonado de las
facultades del juez verificador de una sentencia estructural.
80. El municipio de Villapinzón (Cundinamarca)43 manifestó que los hechos y
pretensiones de la acción de tutela permiten concluir que no ha vulnerado ni
amenazado los derechos fundamentales invocados, dado que la controversia se
concentra exclusivamente en cuestionar unas decisiones judiciales. En
consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de
legitimación en la causa.
81. El municipio de Tenjo (Cundinamarca)44 expresó que la acción de tutela tiene
por objeto cuestionar las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante las cuales se negó el levantamiento de la medida cautelar.
Por ello, sostuvo que no amenazó ni vulneró derecho fundamental alguno y que
tampoco tiene competencia o intervención en las providencias judiciales acusadas.
En consecuencia, pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva
y se ordene su desvinculación.
82. Los municipios de La Mesa y Cogua (Cundinamarca)45 solicitaron su
desvinculación del presente trámite constitucional, al manifestar que la acción de
tutela cuestiona actuaciones judiciales en cuya adopción no intervinieron.
83. El municipio de Choachí (Cundinamarca)46 sostuvo que carece de interés
jurídico directo en la controversia, dado que no participó en la expedición de los
actos objeto de discusión ni en la adopción de las providencias judiciales
cuestionadas. Añadió que tampoco ostenta competencia funcional respecto de las
materias cuya protección se reclama en el presente trámite constitucional.
84. El municipio de Tabio (Cundinamarca)47 indicó que el escrito de tutela no
describe de manera precisa hechos u omisiones atribuibles a la entidad territorial.
Asimismo, advirtió que la solicitud de amparo está dirigida a cuestionar decisiones
judiciales, por lo que consideró que carece de legitimación en la causa por pasiva y
solicitó su desvinculación del trámite.
42
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ED8FCF8090176E83 DF749B6C4F6BC9C9 00405BCC3F3D0FEA.
43
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 71, certificado núm. 56E23C811352C534
959BCA6993417004 42782C3D18F39D71 3D5506828B14B364.
44
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 83, certificado núm. 59E56626E4472DFA
BB4AB4CFC1F56DFF 019A7E64E1D25BA6 738E0F2C1E67CD83.
45
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65B076B0656507B3 FAC2D60AA125CE86 77C2C4CEF933AC1A 2F39045493598A3F y
1030735921369A95 68A48570F644B2D7 DAAB5B5CED8A8FCE A0D12E4F0E994725
46
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 85, certificado núm. BB8578BC05F81AC0
06C2E4B257AA88CF B2F339C7F476C00A 796014ED640D88BB.
47
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 86, certificado núm. 1030735921369A95
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16
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
85. El municipio de Guatavita (Cundinamarca)48 instó a su desvinculación del
presente trámite constitucional, al sostener que carece de legitimación en la causa
por pasiva, pues no participó en la expedición de las providencias cuestionadas ni
tiene competencia para adoptarlas, modificarlas o revocarlas. Añadió que no existe
acción u omisión atribuible a la entidad territorial que pueda considerarse
generadora de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
86. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios49 afirmó que
carece de legitimación en la causa por pasiva y de interés jurídico en el presente
trámite, dado que no actúa como parte accionante ni como autoridad accionada y
tampoco intervino en la expedición de las providencias cuestionadas. Por ello,
señaló que no tiene facultades para modificarlas o revocarlas.
87. El señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez50, en calidad de tercero con interés,
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela. Sin embargo, no expuso
de manera clara y concreta las razones que, a su juicio, sustentan la improcedencia
del mecanismo de protección constitucional ni formuló consideraciones específicas
frente a las decisiones cuestionadas por la parte accionante.
88. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)51
manifestó que la acción de tutela se dirige contra las providencias proferidas por la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del trámite de seguimiento de la acción popular del río Bogotá, mediante las
cuales se decidió mantener una medida cautelar relacionada con el proyecto
normativo denominado “Directrices para el Ordenamiento Ambiental de la Sabana
de Bogotá”.
89. En ese sentido, sostuvo que no participó en la expedición de las decisiones
cuestionadas, no ejerce funciones jurisdiccionales y carece de competencia para
adoptar, modificar, suspender o levantar medidas cautelares dentro de procesos
judiciales. En consecuencia, pidió su desvinculación del presente trámite
constitucional.
La sentencia de primera instancia
90. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio
de sentencia del 12 de junio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
91. El a quo consideró que el trámite del incidente de desacato núm. 3 aún se
encuentra en curso, toda vez que no se ha definido la controversia relacionada con
la procedencia de la medida cautelar solicitada por la Fundación para el Progreso
48
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 99, certificado núm. CDAACFA280C30D8D
67B50F7393D6D2D4 5DA1E2164DC801EE 369C40D602F43008
49
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 101, certificado núm. 792F52B173549158
DFD17005D7720FEC A57A8766760005CE A81EF6AEDC3E1DF1.
50
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 106, certificado núm. 7BEB34B6E9573CDC
A1815D072CB07D05 10A3F234549B49B7 D3ABE062EFEB322D.
51
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03783-00, índice 108, certificado núm. 66BE697F1D69D261
4C246FB998F9FB0C E98578EC6507441A EF55B5981087399C.
17
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
de la Región (PROBOGOTÁ) y la Fundación para el Estado de Derecho. Lo anterior,
por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aún no se ha pronunciado
de fondo sobre el contenido de la información requerida al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible ni sobre los argumentos expuestos por las partes en el marco
de dicho trámite judicial. En consecuencia, hasta el momento no existe una decisión
definitiva.
92. En ese sentido, señaló que la medida cautelar solicitada por PROBOGOTÁ y la
Fundación para el Estado de Derecho tiene por objeto suspender el proyecto de
resolución mediante el cual se pretenden establecer los lineamientos para el
ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá, en el marco del cumplimiento de
la sentencia del 28 de marzo de 2014. Ello, debido a que dicho proyecto, según la
solicitud, omitió incluir a los municipios ubicados en la cuenca del río Bogotá,
aspecto que, a juicio de los peticionarios, resulta necesario para garantizar una
adecuada reglamentación y la debida articulación con los instrumentos de
ordenamiento territorial existentes.
93. Con fundamento en lo anterior, expuso que el estudio que adelante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sobre la solicitud de medida cautelar presentada
por las mencionadas fundaciones permitirá verificar el alcance de las actuaciones
desarrolladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cumplimiento
de la medida cautelar que le fue impuesta. Dicha verificación podría, incluso,
conducir a una decisión favorable respecto de la pretensión formulada en la solicitud
de amparo.
94. Por esta razón, consideró que el juez de tutela no podía pronunciarse sobre los
argumentos planteados en la acción de tutela, pues actualmente existe un escenario
judicial idóneo para resolver las inconformidades formuladas por la entidad
accionante mediante este mecanismo constitucional. Tales cuestionamientos,
además, señaló que ya fueron planteados en el marco del incidente de desacato
núm. 3.
95. Así, indicó que el incidente de desacato núm. 3 constituye un escenario
adecuado para resolver las pretensiones formuladas por la entidad accionante en
sede de tutela, dado que las distintas etapas procesales que integran dicho trámite
permiten examinar las cuestiones planteadas. En particular, lo pretendido por la
accionante que se dirige a establecer si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible cumplió la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto del 14 de marzo de 2025, posteriormente modificada
por la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia del 26 de junio de
2025, y, en consecuencia, a obtener su levantamiento.
96. Finalmente, advirtió que el juez del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, en su condición de autoridad encargada de verificar
el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia del 28 de marzo de 2014
por la Sección Primera del Consejo de Estado, cuenta con facultades para
conminar, exhortar, recomendar o prevenir las actuaciones que considere
necesarias, con el propósito de evitar una eventual vulneración o afectación de los
derechos colectivos amparados.
18
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
La impugnación
97. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
98. Insistió en que el trámite incidental ha sido prolongado mediante requerimientos,
traslados y nuevas solicitudes cautelares, mientras permanece sin solución efectiva
la restricción impuesta sobre un proyecto normativo respecto del cual el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible acreditó el cumplimiento de la obligación
procedimental ordenada por el superior funcional. Así, expuso que la existencia
formal del incidente no ha proporcionado una vía real para obtener la revisión de los
autos del 12 de febrero de 2026 y del 13 de marzo de 2026 ni para lograr una
decisión definitiva sobre el levantamiento solicitado.
Trámite procesal en segunda instancia
99. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de
auto del 5 de agosto de 2026, concedió la impugnación interpuesta oportunamente
por la parte accionante contra la sentencia del 12 de junio de 2026.
Intervenciones en segunda instancia
100. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (EAAB)
radicó escrito de oposición a la impugnación interpuesta por la entidad accionante,
tras constatar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dispone de
otros instrumentos idóneos, eficaces y efectivos al interior del trámite del incidente
de desacato núm. 3 para pedir la protección de los derechos que invoca.
101. Además, precisó que conforme al artículo 242 del CPACA el recurso de
reposición procede contra todos los autos, de suerte que la entidad accionante
puede cuestionar por esa vía la providencia que en su momento profiera la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
102. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
103. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
existir mecanismos ordinarios de defensa idóneos para obtener las pretensiones
que se persiguen en el presente asunto?
19
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
104. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección B
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la
expedición de los autos del 12 de febrero de 2026 y del 13 de marzo de 2026,
proferidos en el curso del incidente de desacato radicado núm. 25000-23-15-000-
2001-00479-02, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo y, por consiguiente, en
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte accionante?
105. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y autos
interlocutorios que resuelve medidas cautelares; (ii) el incidente de desacato en las
acciones populares; (iii) el principio de subsidiariedad y (iv) el caso concreto.
De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Autos interlocutorios que resuelve medidas cautelares
106. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 200552, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
107. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar53; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela54, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado o sentencias interpretativas proferidas por la Sección de
Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP; (iii) que se cumpla con el requisito de
inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se
identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o
afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos
hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de
subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de
defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un
perjuicio irremediable55 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos
o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia
constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional
y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es
52
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
53
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
54
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
55
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
20
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido
sustancialmente distinto.
108. En virtud del principio de subsidiaridad previsto en el artículo 86 superior, y el
artículo 6 del decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional56 ha señalado
que, la acción de tutela contra providencias procede cuando se han agotado todas
las etapas y recursos, ordinarios y extraordinarios. Por tal motivo, en principio
resulta improcedente cuando se cuestiona una decisión intermedia o que no pone
fin a un proceso judicial y el proceso judicial está abierto y pendiente de continuar
su avance.
109. Lo anterior cobra especial importancia, cuando se trata de autos interlocutorios
que resuelven medidas cautelares, toda vez que: “i) no se trata de decisiones
definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para
controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y,
además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.” Sin embargo, se ha
admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios que imponen medidas cautelares cuando se demuestra la existencia
de un perjuicio irremediable. La sentencia T-511 de 2020, reiterando la SU-659 de
2015, precisó las condiciones de procedencia de la acción de tutela contra autos
interlocutorios:
“En lo que respecta a la tutela contra autos, de cara a determinar la
procedencia del amparo, es necesario diferenciar si se trata de autos de
trámite o interlocutorios. Según la jurisprudencia constitucional, en relación
con estos últimos, la acción de tutela procede en los siguientes
eventos: i) cuando “se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada
mediante otros medios de defensa judicial”; ii) si “a pesar de que existen
otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos
afectados o amenazados”; o iii) si “la protección constitucional es urgente
para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier caso, el juez debe
verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de procedencia y
presentarse al menos una de las causales específicas de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por
esta [Corte]”.
110. En relación con el concepto de perjuicio irremediable, el artículo 8.° del Decreto
precisa que incluso en presencia de un mecanismo judicial ordinario o extraordinario
pendiente de agotar, la tutela resulta procedente cuando el tutelante está ante el
riesgo de la consumación de un perjuicio irremediable, entendido como un hecho
urgente, cierto, grave e inminente. Este se interpreta como un riesgo57 grave, el cual
supone “un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral
o material)”. Además, debe ser necesario adoptar medidas urgentes para superar
el daño, comprendidas “como una respuesta adecuada frente a la inminencia del
perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso”.
Además, la medida de protección debe ser “impostergables”. Esto es referidas a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable”.
56
Cfr. T-511 de 2020.
57
Cfr. SU-179 de 2021.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Del incidente de desacato en las acciones populares
111. El artículo 41 de la Ley 472 de 1998 establece el incidente de desacato como
un mecanismo coercitivo destinado a procurar el cumplimiento de las órdenes
impartidas en las sentencias de acción popular. Su trámite corresponde al juez que
profirió la respectiva orden y la decisión que imponga sanción está sujeta al grado
jurisdiccional de consulta. Su finalidad no es sancionatoria en sí misma, sino
instrumental, pues busca compeler al obligado al cumplimiento efectivo de la
decisión judicial.
112. En este sentido, el desacato exige la concurrencia de un elemento objetivo,
consistente en el incumplimiento de la orden judicial, y de un elemento subjetivo,
referido a la conducta negligente o deliberada de quien estaba obligado a acatarla.
Por ello, la sola constatación del incumplimiento no permite presumir la
responsabilidad del obligado ni conduce, por sí misma, a la imposición de una
sanción.
113. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
“La finalidad del incidente de desacato en las acciones populares, como lo
ha explicado el Consejo de Estado, no es la imposición de la sanción en sí
misma, sino que es una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la
sentencia. De ahí que el desacato no es más que un medio disuasorio del
que se dota al juez del conocimiento de la acción popular, en orden a que
en ejercicio de su potestad disciplinaria proceda a sancionar a quien
deliberadamente desatienda las órdenes judiciales impartidas para hacer
efectiva la protección de los derechos e intereses colectivos”58.
114. Así, el trámite incidental permite al juez examinar los aspectos relacionados
con el cumplimiento de la orden judicial, pero no constituye una nueva instancia
para reabrir las controversias propias del proceso de acción popular. Su objeto se
circunscribe, por tanto, a establecer si la orden fue cumplida y, de ser el caso, si el
incumplimiento resulta atribuible subjetivamente a la persona obligada.
115. A su vez, durante la etapa de cumplimiento, el juez conserva las facultades
previstas en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 para adoptar las medidas
necesarias dirigidas a hacer efectiva la sentencia, entre ellas la conformación de
mecanismos de verificación y la vinculación de las autoridades o entidades que,
dentro del ámbito de sus competencias, deban concurrir a su ejecución. De esta
manera, el cumplimiento de la sentencia y el incidente de desacato son actuaciones
diferenciadas, aunque relacionadas, pues mientras el primero está orientado a
materializar la orden judicial, el segundo permite determinar la eventual
responsabilidad subjetiva derivada de su incumplimiento.
Del principio de subsidiariedad
116. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
58
Corte Constitucional. Sentencia T-055 de 2021.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.
117. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.
118. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:
“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.
47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”59.
Caso concreto
119. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.
120. En el caso objeto de estudio, la parte accionante solicita que se dejen sin
efectos los autos del 12 de febrero de 2026 y del 13 de marzo de 2026, proferidos
por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de los cuales decidió no levantar la medida cautelar
relacionada con el proyecto de resolución que establece las directrices o
lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y requirió al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al CECH información adicional
sobre dicho instrumento.
59
Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
121. La Sala advierte que la circunstancia de que los autos relacionados con el
levantamiento o revocatoria de medidas cautelares no sean susceptibles de
recursos ordinarios, en los términos del numeral 2.º del artículo 243A del CPACA,
no conduce, por sí sola, a tener por satisfecho el requisito de subsidiariedad. En
efecto, la Sentencia T-511 de 2020 precisó que, tratándose de autos interlocutorios,
corresponde al juez constitucional examinar, en concreto y caso por caso, no solo
si la providencia cuestionada admite recursos, sino también si dentro del proceso
judicial subsisten otros mecanismos aptos para obtener la protección reclamada y
si estos resultan idóneos y eficaces. Por ello, la inexistencia de un recurso ordinario
directo contra el auto del 12 de febrero de 2026 no convierte automáticamente la
acción de tutela en un mecanismo principal para obtener el levantamiento de la
cautela.
122. En el presente asunto subsiste un escenario judicial específico para resolver la
controversia planteada por el Ministerio: la etapa de cumplimiento de la sentencia
del 28 de marzo de 2014. El artículo 34 de la Ley 472 de 1998 dispone que el juez
conserva competencia para adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la
sentencia y para verificar su cumplimiento. Esa competencia tiene especial
relevancia en este caso, pues la medida cautelar cuestionada fue decretada y
después modificada precisamente en desarrollo del seguimiento de la sentencia
estructural del río Bogotá, de modo que corresponde al juez natural verificar
permanentemente si persisten las circunstancias que justifican su mantenimiento, si
las obligaciones impuestas han sido satisfechas y si procede modificar o levantar
las decisiones adoptadas para hacer efectivo el fallo. Así, la medida no constituye
una determinación inmutable ni sustrae definitivamente la controversia del
conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
123. La Sala no desconoce que el Ministerio interpuso recurso de reposición y,
subsidiariamente, apelación contra el auto del 12 de febrero de 2026, ni que
mediante auto del 13 de marzo siguiente el Tribunal mantuvo su determinación y
rechazó la alzada. Sin embargo, el agotamiento de esos mecanismos respecto de
una providencia interlocutoria no implica que haya desaparecido toda posibilidad de
protección dentro del proceso judicial. El reproche de la entidad se refiere, en
esencia, a la permanencia de una medida cautelar porque, a su juicio, ya se cumplió
el objeto para el cual fue decretada. Esa situación, por su propia naturaleza, puede
variar durante la ejecución de la sentencia y debe ser valorada por el juez que
conserva la competencia para verificar su cumplimiento. En consecuencia, la
subsidiariedad no se examina únicamente desde la existencia de un recurso contra
el auto cuestionado, sino desde la disponibilidad de un escenario judicial todavía
activo que puede pronunciarse sobre la subsistencia de la cautela a partir de las
circunstancias actuales del cumplimiento.
124. Adicional a ello, las providencias cuestionadas son decisiones interlocutorias
adoptadas dentro de un trámite de cumplimiento todavía en curso y no ponen fin a
la competencia del juez natural sobre la medida cautelar. Aunque mediante ellas se
decidió mantenerla en ese momento, su subsistencia continúa sometida a la
valoración del Tribunal a partir de la evolución del cumplimiento, de los elementos
técnicos recaudados y de las circunstancias sobrevinientes.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03783-01
Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
125. De este modo, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la
acción consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.
126. Tampoco modifica esta conclusión el hecho sobreviniente invocado en la
impugnación, consistente en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió el auto del 25 de junio de 2026 para resolver una solicitud cautelar promovida
por la Fundación para el Estado de Derecho, sin adoptar en esa providencia una
decisión definitiva sobre la solicitud de levantamiento relacionada con las directrices
para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Aunque esa circunstancia
demuestra que dicha actuación posterior no satisfizo directamente la pretensión del
Ministerio, no permite concluir que el juez natural haya perdido competencia para
decidir sobre la permanencia de la medida inicialmente decretada. Por el contrario,
la solicitud de levantamiento continúa inserta en la fase de ejecución de la sentencia
estructural, dentro de la cual el Tribunal conserva facultades de seguimiento y puede
adoptar las determinaciones necesarias a partir del cumplimiento acreditado, la
información técnica recaudada y las circunstancias que sobrevengan. De este
modo, el hecho sobreviniente no elimina el mecanismo judicial existente, sino que
evidencia que la controversia permanece sometida al juez encargado de la
ejecución del fallo.
127. Conjuntamente, la Sala tampoco encuentra acreditado un perjuicio
irremediable que haga impostergable la intervención del juez de tutela60. El
Ministerio sostiene que la permanencia de la medida cautelar condiciona el ejercicio
de sus competencias para expedir las directrices de ordenamiento ambiental de la
Sabana de Bogotá; sin embargo, esa circunstancia no demuestra, por sí misma, la
existencia de un daño cierto, inminente, grave e irreversible. La restricción
cuestionada se deriva de una medida judicial adoptada en el marco del
cumplimiento de una sentencia estructural y permanece sometida al control del
mismo juez que debe verificar la protección de los derechos colectivos involucrados.
Además, la entidad conserva la posibilidad de aportar al trámite los elementos
técnicos y jurídicos que estime pertinentes para acreditar el cumplimiento de la
finalidad cautelar y obtener una nueva valoración sobre su permanencia.
128. En particular, no se acreditó que la continuidad temporal de la medida
produzca una pérdida irreversible de las competencias constitucionales y legales
del Ministerio, ni que haga imposible su ejercicio una vez el juez natural adopte la
decisión correspondiente. Lo alegado se relaciona con una limitación temporal en el
desarrollo de un proyecto regulatorio mientras se verifica su articulación con las
órdenes estructurales de protección del río Bogotá. Esta circunstancia puede
resultar relevante para la administración, pero no demuestra que la espera de la
60
Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.
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Accionante: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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decisión judicial produzca un daño de tal intensidad que torne ineficaz el trámite de
cumplimiento o haga indispensable desplazar inmediatamente al juez de la acción
popular. La T-511 de 2020 exige precisamente que la urgencia constitucional frente
a decisiones interlocutorias se encuentre respaldada por circunstancias concretas
que demuestren la necesidad impostergable del amparo, condición que no se
encuentra acreditada en este asunto.
129. Además, la improcedencia se refuerza porque, como lo ha indicado la
jurisprudencia constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra autos
interlocutorios es excepcional en tanto se trata de decisiones intermedias que no
ponen fin al proceso judicial, y que, en esa medida, pueden ser objeto de
modificación en providencias posteriores. Se ha reconocido la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias que ponen fin a procesos judiciales siempre que
se hayan agotado todos los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios.
130. En este contexto, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, esta Sala
confirmará la sentencia del 12 de junio de 2026, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
contra la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de junio de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible contra la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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