Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03840-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03840-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03840-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
6 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03840-01
Demandante: Alejandra Patricia Ramírez Atehortua
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 6 de agosto de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03840-01
Demandante: ALEJANDRA PATRICIA RAMÍREZ ATEHORTUA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Relación laboral encubierta en contratos
de prestación de servicios. Subordinación. Procedencia de la acción
de tutela. Defecto fáctico y por desconocimiento del precedente.
Deniega.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 28
de mayo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la presente acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 19 de mayo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y, por conducto de apoderado,
la señora Alejandra Patricia Ramírez Atehortua pidió la protección de su derecho
fundamental al debido proceso.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 4
de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó la
decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-032-2018-00252-
02.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso contenido en el artículo 29. Por
inobservancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Que obliga a juez y magistrados a
valorar las pruebas con razonabilidad y respeto con la verdad procesal.
SEGUNDA: Ordenar a quien corresponde que emitan una nueva sentencia de acuerdo con la realidad
mostrada en la prueba documental y testimonial, que prueba la subordinación.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó la tutelante que suscribió contratos de prestación de servicios, entre el 13 de
enero de 2013 hasta el 9 de noviembre de 2015, con la institución universitaria Pascual
Bravo, para desarrollar labores de aseo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03840-01
Demandante: Alejandra Patricia Ramírez Atehortua
Que pidió a la institución universitaria y a la Secretaría de Educación del departamento
de Antioquia que le reconocieran la existencia de una relación laboral y le pagaran todos
los emolumentos y prestaciones sociales dejadas de percibir.
A través de los oficios 2018004511 y 2018010239621 del 13 de julio de 2018, la institución
universitaria y la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia,
respectivamente, denegaron la petición relacionada en el párrafo anterior.
3.2. Actuación judicial
La señora Alejandra Patricia Ramírez Atehortua promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la institución universitaria Pascual Bravo y el
departamento de Antioquia, para que se declarara la nulidad de los oficios 2018004511 y
2018010239621 del 13 de julio de 2018. A título de restablecimiento del derecho, pidió
que se reconociera la existencia de una relación laboral y se le pagaran todos los
emolumentos y prestaciones sociales dejadas de percibir. Adicionalmente, que se
reconociera la sanción moratoria, prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo y en el artículo 9 de la Ley 50 de 1990, y se condenara en costas a las entidades
demandadas.
La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-33-33-032-2018-00252-00 y
correspondió al Juzgado 32 Administrativo de Medellín que, por sentencia del 8 de junio
de 2022: i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la institución universitaria Pascual Bravo, ii) declaró la nulidad del oficio
2018010239621 del 13 de julio de 2018, iii) declaró probada la excepción de prescripción
parcial de las prestaciones sociales reclamadas entre el 22 de enero y el 21 de noviembre
de 2014 y, iv) condenó al departamento de Antioquia a pagar a la demandante las
prestaciones sociales dejadas de percibir entre el 13 de enero y el 9 de noviembre de
2015 y ordenó a la entidad cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador.
Explicó que, si bien los contratos de prestación de servicios fueron suscritos entre la
institución universitaria Pascual Bravo y la demandante, habían sido celebrados en razón
a unos contratos interadministrativos entre el departamento de Antioquia con la referida
institución universitaria. Que la beneficiaria de los servicios prestados por la demandante
era la entidad territorial.
Que se había probado la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación, elementos necesarios para declarar la existencia de la relación laboral.
Respecto de la subordinación, dijo que era notoria la existencia de control, vigilancia y
seguimiento respecto de las actividades realizadas por la demandante, que, además, la
señora Ramírez Atehortua cumplía horarios asignados.
Inconformes, la demandante y el departamento de Antioquia apelaron. Por un lado, la
parte actora señaló que se debía reconocer la sanción moratoria pretendida, que no se
debió decretar la prescripción, porque la relación laboral fue continua, y que también se
debió condenar en costas a la entidad demandada.
Por otro lado, el departamento de Antioquia manifestó que no había delegado un
supervisor para vigilar el cumplimiento de los contratos y que había pactado una cláusula
de supervisión, pero con la institución universitaria. Que no se había probado el salario
como retribución del servicio. Que el rector de la institución educativa solo coordinaba
funciones que la contratista se había obligado a cumplir. Que entre las partes se había
acordado el sitio donde se prestaría el servicio y los horarios.
Que no se había probado que el rector de la entidad universitaria hubiere asignado a su
antojo funciones a la demandante. Que no era cierto que la institución universitaria
actuara como simple mandatario, por lo que esa era la entidad que debía ser condenada.
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Demandante: Alejandra Patricia Ramírez Atehortua
Por sentencia del 4 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
de Oralidad, revocó la decisión apelada, para, en su lugar, denegar las pretensiones de
la demanda, al considerar que no se probó el elemento subordinación y que, por el
contrario, se acreditó un ejercicio de coordinación en el marco de los contratos celebrados
con la demandante.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, alegó que la decisión cuestionada incurrió en:
Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio aportado al expediente,
que permitía acreditar la configuración del elemento subordinación.
Dijo que el rector de la institución universitaria Pascual Bravo no podía fungir como su
supervisor, que, por el contrario, las instrucciones impartidas por ese funcionario
evidenciaban el elemento subordinación y no una mera coordinación.
Que había quedado demostrado que el rector le impartía órdenes para ejecutar labores
que no fueron objeto de los contratos, pues le imponía que cumpliera sus obligaciones
contractuales en medio tiempo y que luego reemplazara a la secretaria o cumpliera
funciones para las que no había sido contratada. Que debía trabajar los sábados para
completar las 48 horas laborales a la semana. Que no se podía retirar de su lugar de
trabajo aun cuando ya había terminado sus labores o se encontraba enferma, que, de lo
anterior, daba cuenta el interrogatorio de parte y las pruebas testimoniales recaudadas.
Que la testigo María Aurora Castaño, vinculada por contratos de prestación de servicios
como auxiliar de biblioteca, había manifestado que los permisos se debían pedir por
escrito al rector de la institución educativa, que antes de firmar los contratos les advertían
que debían cumplir órdenes y horarios, que también la enviaban a cumplir labores de
secretaría.
Que el tribunal demandado incurrió en valoración arbitraria e irracional de las pruebas
aportadas, que, a su juicio, sí acreditaban el elemento subordinación.
Dijo que en la actualidad a las personas que cumplen funciones relacionadas con el aseo
las vincularon a través de contratos de obra y les pagan sus prestaciones sociales
correspondientes.
Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 23 de octubre de 2025,
dictada por el Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 85001-23-33-000-2015-00131-02 (3295-2020), relacionada con el
reconocimiento de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios
suscritos por una señora que cumplía labores de aseo en un liceo del Ejército Nacional.
5. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad,
ponente de la decisión cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela o, subsidiariamente, que se denegara el amparo solicitado, debido a que no se
vulneraron los derechos fundamentales reclamados.
Indicó que actuó dentro del marco de sus competencias y resolvió el litigio conforme a
las pruebas allegadas al proceso ordinario, sin incurrir en defecto fáctico. Que, con
fundamento en una valoración razonada del acervo probatorio, pudo concluir que no se
acreditó el elemento subordinación y que, por el contrario, se demostró que fue una
relación de coordinación necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.
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Que la declaración de partes y las pruebas testimoniales no fueron suficientes para
acreditar una sujeción permanente, directa y efectiva a órdenes, en los términos exigidos
por la jurisprudencia, puesto que las declaraciones sobre el cumplimiento de horarios solo
constituían indicios, las manifestaciones sobre órdenes del rector se enmarcaban en
directrices necesarias para la ejecución del contrato y que no se aportaron pruebas
documentales, evidencia de control disciplinario ni imposición formal de órdenes que
permitiera inferir el poder de subordinación real.
Que las actividades desarrolladas por la demandante permitían un alto grado de
autonomía, que la intervención del rector solo se limitaba a aspectos logísticos y de
coordinación. Que, en ese orden, la sentencia acusada no fue arbitraria ni caprichosa,
sino el resultado de una valoración probatoria razonada, integral y motivada.
Que no se podía convertir la acción de tutela en una tercera instancia del proceso
ordinario, para reemplazar la valoración probatoria y la interpretación jurídica del juez
natural de la causa.
La Institución Universitaria Pascual Bravo solicitó denegar el amparo deprecado.
Adujo que coadyuvaba la postura asumida por el tribunal demandado en la sentencia del
4 de mayo de 2026, porque las pruebas aportadas al proceso ordinario no permitían
evidenciar la configuración del elemento subordinación.
Que no se acreditó el defecto fáctico alegado, porque la autoridad judicial demandada
construyó una conclusión jurídica sobre la base de la coordinación contractual y la
insuficiencia de elementos que demostraran la subordinación, en los términos exigidos
por la jurisprudencia.
Que el defecto fáctico no se configuraba con el simple desacuerdo de la tutelante con la
valoración de las pruebas realizada por el tribunal demandado. Que la parte actora
pretendía reabrir un debate probatorio, para convertir su desacuerdo en una presunta
vulneración de derechos fundamentales.
El Juzgado 32 Administrativo de Medellín se limitó a compartir el enlace del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-032-2018-00252-
00/02; sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.
El gobernador del departamento de Antioquia no se pronunció, pese a que fue
debidamente notificado.
6. Sentencia Impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la solicitud de amparo, al
estimar que incumplía el requisito de relevancia constitucional, debido a que los
argumentos de la parte actora obedecían a un debate sobre aspectos que ya habían sido
resueltos de forma admisible por el tribunal demandado.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Dijo que la decisión impugnada no se pronunció sobre el cargo por desconocimiento del
precedente alegado en la demanda de tutela. Que la providencia cuestionada fue el
producto de una estrategia <<para falsearse la realidad>> y omitir la jurisprudencia
aplicable.
Que el tribunal demandado incurrió en conductas graves, porque en pocos días resuelve
sobre demandas y revoca pretensiones reconocidas en primera instancia con
desconocimiento del precedente vinculante, de forma falsa y dolosa. Que, incluso, ha
llegado a cambiar la versión rendida por testigos para proferir una decisión arbitraria.
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Transcribió apartes de la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 76001-23-31-000-2005-04514-01(0533-12), relacionada con el
reconocimiento de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios
suscritos por una señora que cumplía labores de aseo en el instituto técnico industrial
Antonio José Camacho.
Finalmente, reiteró los argumentos del escrito de demanda de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada para, en su lugar, denegar la
solicitud de amparo, por cuanto el tribunal demandado no incurrió en los defectos
alegados por la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que la decisión de
primera y segunda instancia fue dictada en sentidos opuestos, no alude a una discusión
de orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si
existieran los errores que alega la parte actora, se estaría vulnerando su derecho
fundamental al debido proceso.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la sentencia del 4 de mayo de 2026 fue
comunicada por correo electrónico del 6 de mayo siguiente, de modo que fue notificada
el 8 de mayo de 2026, y la demanda de tutela fue radicada el 19 de mayo de 2026, esto
es 11 días después, término que no supera los seis meses fijados por la sala plena de
esta corporación para presentar acciones de tutela.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestiona
la sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se
evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia
atacada, puesto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de
procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque este solo procede
cuando la decisión cuestionada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 4 de mayo de 2026.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fácticos
y por desconocimiento del precedente al no tener por acreditado el elemento
subordinación para reconocer la relación laboral encubierta.
La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que se debió confirmar la decisión de primera instancia del proceso ordinario, que
reconoció la existencia de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de
servicios, debido a que se habían acreditado los elementos necesarios para tal
reconocimiento.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas al
expediente y al análisis realizado en la providencia acusada.
En la audiencia inicial celebrada el 27 de enero de 2022, el Juzgado 32 Administrativo de
Medellín decretó como pruebas en favor de la parte actora las documentales aportadas
con la demanda, entre las que se encontraban:
• Reclamación administrativa del 21 de junio de 2018, con radicado
2018010239621, presentada ante la gobernación de Antioquia por la tutelante,
para que se le reconociera una relación laboral encubierta en contratos de
prestación de servicios.
• Reclamación administrativa del 21 de junio de 2018, radicada ante la institución
universitaria Pascual Bravo por la accionante, en la que solicitó que se le
reconociera una relación laboral encubierta en contratos de prestación de
servicios.
• Oficio 2018030253786 de la gobernación de Antioquia, en el que se le respondió
a la tutelante que << Consultadas las bases de datos de la Gobernación de Antioquia no
se ha encontrado vínculo laboral alguno entre este ente territorial y sus poderdantes. Por
lo tanto, no puede accederse favorablemente a su petición>>.
• Oficio E 2018002023 expedido por la institución universitaria Pascual Bravo en la
que se le advirtió a la demandante que <<Por las razones antes expuestas, se le
informa al peticionario, que no es procedente jurídicamente acceder a su solicitud de
reconocimiento y pago de salarios, ante la inexistencia de una supuesta relación laboral
ni al reconocimiento y pago de prestaciones sociales e indemnizaciones por inexistencia
del derecho pretendido>>.
• Copia de los contratos de prestación de servicios suscritos por la demandante y la
institución universitaria Pascual Bravo.
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Adicionalmente, decretó los testimonios de Cleyer del Socorro López Castañeda, María
Aurora Castaño Cardona y María Leonor Narvaez Toro.
Por otro lado, decretó, en favor del departamento de Antioquia, de la institución
universitaria Pascual Bravo y del llamado en garantías Seguros Generales Suramericana
SA, el interrogatorio de parte de la demandante y los testimonios de Edison Montoya
Vélez, Arcesio Álzate Ledesma y Gladiz Marina Gómez Acevedo.
En audiencia de pruebas del 7 de abril de 2022, se recibió:
• El interrogatorio de partes de la señora Ramírez Atehortua, quien manifestó que laboró
en la institución educativa la Pintada, que su vinculación se dio porque participó en una
convocatoria adelantada por la institución universitaria Pascual Bravo, que fue con esa
institución universitaria que suscribió los contratos, que cuando suscribió esos contratos
le dijeron que debía estar bajo subordinación del rector de la institución, que era quien
les daba órdenes, que debía cumplir horarios de 7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:30
pm, que las horas que les daba en Semana Santa las debía reponer los días sábado, que
suscribió varios contratos desde el 13 de enero de 2013 hasta el 15 de noviembre de
2015, que entre la finalización de un contrato y la suscripción de otro sí habían espacios
de tiempo, que generalmente correspondía a las vacaciones de los estudiantes, que su
vínculo se terminó porque le pasaron una carta de terminación del contrato y no la
volvieron a llamar, que cumplía horarios como si se tratara de un contrato laboral y que
sí le tocaba pagar su seguridad social.
Que coordinaba con el rector de la institución educativa La Pintada, Arcesio de Jesús
Ledezma, las actividades a desarrollar, que era quien le daba las órdenes de lo que debía
hacer, que era quien le imponía cumplir un horario, que esas órdenes se las daba en
reuniones, que de la institución universitaria Pascual Bravo le enviaban documentos que
debía firmar por escrito, que esos documentos se los hacían llegar a través de la
institución educativa La Pintada, que sí recibió visitas de personal perteneciente a la
institución universitaria Pascual Bravo y que nunca prestó servicios en la sede de la
institución ubicada en Medellín.
Que los permisos los debía tramitar ante el rector y por escrito. Que cuando el rector no
estaba, se debía dirigir ante el coordinador. Que fue contratada para realizar aseo general
a la institución, que eran tres personas, incluyéndola, las que realizaban esa labor, que
los días sábados debían reponer horas para no trabajar en Semana Santa. Que en
Semana Santa la institución educativa estuvo cerrada, que ningún día de esa semana
fueron a hacer aseo y por ello debieron compensar unas horas los días sábados. Que
siempre cumplían horarios, que podían terminar sus labores y aun así debían permanecer
en la institución, que si terminaba el aseo rápido, no se podía ir a su casa. Que en una
ocasión se fue a su casa a las once de la mañana y regresó a las dos de la tarde por
autorización del rector y debido a dolores en sus articulaciones, porque padecía de
chikungunya.
• El testimonio de María Aurora Castaño Cardona, quien indicó que conocía a la
demandante de toda la vida, porque residían en el mismo municipio. Que fueron
compañeras de trabajo en la institución educativa La Pintada, que la demandante cumplía
funciones de aseo desde el mes de enero de 2013 hasta el mes de noviembre de 2015.
Que trabajaba de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 y 6:30 pm, que para
no trabajar en la Semana Santa le tocaba trabajar tres sábados, que recibía órdenes del
rector de la institución. Que los permisos los debía presentar por escrito ante el rector.
Que su sueldo era de $1.036.000 y que debía pagar su seguridad social. Que una sola
vez les proporcionaron una gorra y una camiseta para trabajar y que la institución
educativa la Pintada estaba adscrita a la Secretaría de Educación del departamento de
Antioquia.
Que también había presentado demanda para el reconocimiento de una relación laboral,
que sabía las fechas de vinculación y desvinculación de la demandante porque tuvieron
el mismo contrato, pero ella era auxiliar de biblioteca y había ingresado primero que la
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Demandante: Alejandra Patricia Ramírez Atehortua
demandante, en el mes de febrero del año 2012. Que a ella también le tocaba pagar
algunas horas los sábados para descansar en Semana Santa, por orden del rector de la
institución educativa La Pintada, que todos los contratistas se reunían antes de firmar los
contratos y por ello sabía los honorarios que recibía la demandante.
Que en esas mismas condiciones laborales estaba el personal de aseo, de portería, la
bibliotecaria y la auxiliar administrativa, que no había personal de planta que cumpliera
esas funciones. Que suscribían los contratos cuando los estudiantes ingresaban a sus
jornadas escolares. Que su jefe directo era el rector. Que el mismo apoderado de la
demandante era su abogado en el proceso adelantado para el reconocimiento de su
relación laboral.
• El testimonio de María Leonor Narvaez Toro, quien dijo que conocía a la demandante
porque vivían en el mismo pueblo, pero que fueron más cercanas desde que trabajaron
juntas en el área de aseo de la institución educativa La Pintada. Que la demandante
trabajaba en el tercer nivel de la institución y realizaba labores de aseo de lunes a viernes,
de 7:00 am a 12 pm y de 2:00 pm a 6:30 pm. Que debía trabajar tres sábados para
descansar en Semana Santa. Que la demandante recibía órdenes del rector de la
institución, que los permisos debían ser tramitados por escrito ante el rector. Que la
demandante recibía un salario mensual de $1.036.000 y que de ese dinero debía pagar
su seguridad social. Que cuando la demandante firmó sus contratos le suministraron una
camiseta y una gorra y que la institución educativa La Pintada estaba adscrita a la
Secretaría de Antioquia.
Que también había presentado demanda para el reconocimiento de su relación laboral.
Que la demandante prestó sus servicios del mes de enero de 2013 al mes de noviembre
de 2015. Que siempre fueron aseadoras de ese colegio, pero que antes estaban
vinculadas con otra entidad desde el año 2007 al año 2011. Que luego la demandante se
ganó otra convocatoria en la que ella no participó y posteriormente las dos fueron
vinculadas con la institución universitaria Pascual Bravo. Que la demandante estuvo
vinculada en los años 2013 y 2014 en otra institución, que coincidieron en la institución
educativa La Pintada del 2007 al 2011 y del 2014 al 2015.
Que cuando firmaban los contratos les llegaba una carta en la que les decían que el rector
era quien les daba el horario laboral y que siempre fue el mismo horario. Que la
demandante estuvo contratada desde el año 2013 hasta el año 2015. Que suscribían
contrato de enero a junio y otro de julio a noviembre, de acuerdo con la jornada escolar.
Que no sabía si la institución universitaria Pascual Bravo en algún momento le impartió
órdenes a la demandante. Que la gobernación de Antioquia tampoco le daba órdenes.
Que nunca se dio cuenta si a la demandante le hicieron llamados de atención, le
remitieron oficios o memorandos por incumplir su horario laboral.
• El testimonio de Cleyer del Socorro López Castañeda, quien señaló que conocía a la
demandante de toda la vida, que fueron compañeras de trabajo en la institución educativa
La Pintada, donde la demandante realizaba labores de aseo desde enero de 2013 a
noviembre de 2015. Que su jefe inmediato era el rector y que cumplía sus funciones de
7:00 am a 12 pm y de 2:00 pm a 6:30 pm, de lunes a viernes, que para <<pagar>> los días
de Semana Santa debía trabajar los sábados de 7:00 am a 10:00 am, que su salario era
de $1.036.000 y que solo en una ocasión le suministraron una camiseta y una gorra.
Que también presentó una demanda para el reconocimiento de su relación laboral, que
sabía con precisión lo que se ganaba la demandante porque ella ganaba lo mismo. Que
semanalmente hacían reuniones con el rector, en las que les daba órdenes de cómo
cumplir sus funciones, que no se dio cuenta si a la demandante le llamaron la atención
por el incumplimiento del horario laboral. Que firmaban contratos de enero a junio y de
julio a diciembre, cuando salían los estudiantes a vacaciones.
Finalmente, el departamento de Antioquia y la institución universitaria Pascual Bravo
desistieron de sus pruebas testimoniales.
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Demandante: Alejandra Patricia Ramírez Atehortua
Ahora bien, en lo que interesa, en la sentencia del 4 de mayo de 2026, el tribunal
demandado explicó que realizaría un estudio riguroso del elemento subordinación que
determinaba la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios y era en
el que recaía el reproche de alzada, puesto que el apoderado del departamento de
Antioquia había indicado que el rector había actuado en ejercicio de la potestad de
coordinación, mas no de subordinación.
Que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la coordinación incluía facultades
de carácter administrativo, que implicaban regularizar algunas funciones, definir horarios
en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos elementos que
identificaran al contratista con la comunidad3.
Que la subordinación se entendía como aquella facultad para exigir al servidor público el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, e imponerle reglamentos durante todo el vínculo4.
Que analizaría los indicios desarrollados por el precedente del Consejo de Estado, en
armonía con los criterios de la Corte Constitucional. Que, con relación al lugar de trabajo,
de acuerdo con los testigos y con lo reconocido por las demandadas, la señora Ramírez
Atehortua prestaba sus servicios en la institución educativa La Pintada, que hacía parte
de la red de colegios del departamento de Antioquia que no estaban acreditados, por lo
que el ente territorial asumía su dirección.
Que, respecto a la asignación del horario, era un aspecto que debía revisarse con
especial cuidado, puesto que esos hechos, per se, no implicaban la existencia de
subordinación, sino que se trataba de un indicio de ese presupuesto. Que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, había enfatizado que el cumplimiento de
horarios y la supervisión del contrato no constituían elementos que por sí solos probaran
el elemento subordinación que permitiera configurar una relación laboral5.
Que en el interrogatorio de parte la demandante había señalado que el rector de la
institución educativa La Pintada le asignó un horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a
12:00 p.m. y de 2.00 p.m. a 6:00 p.m., que debía pagar las horas de Semana Santa con
algunos sábados, que esa información había sido corroborada por María Aurora Castaño
Cardona y María Leonor Narváez Toro.
Que, no obstante, esas declaraciones no podían considerarse con vigor probatorio
suficiente para demostrar la imposición de un horario laboral, pues no se aportaron otros
medios de prueba que corroboraran esa estricta exigencia, por lo que debía tenerse como
indicio, pero que no necesariamente permitían evidenciar el elemento subordinación, de
acuerdo con la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el expediente 05001-23-33-000-2019-01090-01.
Que, aunque la dotación solo era un indicio, advertía que no se probó que las entidades
demandadas suministraran uniformes o elementos de aseo que utilizara la demandante
para cumplir sus labores.
Que, de acuerdo con la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 6, la
dependencia, dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar eran el indicio más
relevante para identificar la existencia de subordinación, pero que, en el expediente, no
se allegaron documentos que dieran cuenta de una obligación de la demandante de
reportar actividades a una persona vinculada a las entidades demandadas.
3 Cita del texto original: Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
66001-23-33-000-2017-00637-01 (0467-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
4 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2023,
radicado 66001-23-33-000-2018-00567-00 (3470-2021). C.P. César Palomino Cortés.
5 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2023,
radicado 73001-23-33-000-2017-00341-01 (0678-2021), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
6 Consejo de Estado, radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Que no se aportaron pruebas de directrices u órdenes de trabajo entregadas a la
demandante de forma escrita. Que tampoco se anexaron llamados de atención y
procedimientos disciplinarios o administrativos, de los que se pudiera desprender un
poder disciplinario o ejercicio del jus variandi por parte del rector o supervisor del contrato.
Indicó que a partir de la lectura del objeto y de las obligaciones de cada contrato se podía
inferir que las labores encomendadas a la demandante le permitían un alto grado de
autonomía en su ejecución, pues las actividades de aseo solo precisaban relación de
coordinación razonable en cuanto al lugar para prestar el servicio, por ejemplo, asignar
uno de los pisos o áreas del colegio, así como los marcos temporales.
Que era lógico que quien prestara un servicio estuviera supeditado al contratante en
términos de la forma en que debía ser prestado el servicio.
Que la demandante había asegurado que el rector de la institución educativa le impartía
órdenes y le decía que debía cumplir. Que, además, era quien otorgaba los permisos por
escrito y que en una oportunidad le concedió uno de forma verbal.
Que la señora María Aurora Castaño había reiterado que los permisos debían ser pedidos
por escrito ante el rector, que había manifestado que cuando firmaban los contratos
debían cumplir órdenes de aquel, así como horarios. Que, en consecuencia, esa testigo
no había dado información relevante, salvo que la demandante debía pedir permiso al
rector para ausentarse, pero que ese no era un hecho que le constara, porque hablaba
desde su propia experiencia personal.
Que la señora María Leonor Narváez Toro también había ratificado el procedimiento para
solicitar permisos, que había declarado que «Las ordenes que él daba era pues respecto al
aseo en la institución, el cumplimiento del horario, la forma en qué había que tratar, pues, como
debíamos ceñirnos a las reglas del colegio, con los alumnos, con los niños, todo (…) si teníamos
un permiso qué debíamos diligenciar (…)», pero que ese escenario solo demostraba
coordinación y no subordinación, porque eran instrucciones necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual.
Que, en todo caso, no se había allegado prueba sobre el procedimiento para pedir los
permisos.
Que, en ese orden, la parte actora no había demostrado hechos fundantes que, vistos en
conjunto, permitieran inferir razonablemente sujeción, dirección y control, como
evidenciaran el elemento subordinación y lo procedente era revocar la decisión de
primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
A partir de lo anterior, para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, por cuanto la sentencia acusada no se enmarca
en una indebida valoración probatoria, puesto que no se separó de los hechos
debidamente probados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ni se
trata de una decisión que vaya en contravía de la evidencia probatoria. Por el contrario,
la decisión se fundamentó en las pruebas solicitadas, decretadas e incorporadas por
solicitud del propio demandante.
La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que no se acreditó que las funciones que
cumplía la demandante se daban bajo condiciones de subordinación, pues la declaración
de las testigos sobre el cumplimiento de un horario laboral solo era un indicio de
subordinación; no se había probado que la demandante recibiera dotación, directrices u
órdenes de manera escrita, o llamados de atención por parte de las entidades
demandadas. Que, por el contrario, los medios de prueba daban cuenta de una dinámica
de coordinación, que era necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.
Que no se aportaron pruebas que dieran cuenta de requerimiento o exigencia a la
demandante sobre la forma en la que debía realizar sus labores o que se le hubiera
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llamado la atención en el cumplimiento de las mismas. Que, además, no se allegaron
medios de convicción sobre el procedimiento relativo a los permisos.
En este punto se debe señalar que la carga de la prueba es <<una noción procesal que
consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para
que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan
demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados
tales hechos>>7.
Es decir, las partes en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, desde la
presentación de la demanda y la contestación, ya son conscientes del ejercicio probatorio
que deben desplegar con el objeto de que se apliquen los supuestos normativos que
invocan y así obtener una decisión favorable a sus intereses. En la misma medida
asumen las consecuencias negativas de no probar los supuestos normativos que
consagran el efecto jurídico que persiguen, puesto que el debate probatorio que
proporcionan las partes es el que finalmente permite al funcionario judicial tomar la
decisión que en derecho corresponda.
Por esa misma razón, era deber de la autoridad judicial exigir a la demandante que
acreditara que cumplía sus funciones contractuales bajo subordinación. Máxime si se
tiene en cuenta que esa circunstancia definía si existió o no una relación laboral
encubierta.
En realidad, la Sala encuentra que la decisión objeto de tutela obedece al análisis propio
del conjunto de pruebas practicadas en el proceso ordinario, que permitieron concluir que
la parte demandante no demostró el elemento subordinación para que fuera declarada la
relación laboral. Además, no se advierte que la decisión cuestionada contenga errores
sustanciales y que estos provengan directamente de deficiencias en la valoración
probatoria, a tal punto que no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios
de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Por el contrario, se observa un
análisis integral del material probatorio, que no resulta contraevidente y que permitió
arribar a la conclusión razonable de que la parte actora no acreditó los elementos
necesarios para la configuración de la relación laboral encubierta.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección8, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
Por otro lado, con relación a la sentencia del 23 de octubre de 2025, dictada por el
Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
85001-23-33-000-2015-00131-02 (3295-2020), no obstante, para la Sala, este cargo
también está dirigido a asistir en su tesis relacionada con que se encontraba acreditado
el elemento subordinación y que, en consecuencia, se debió reconocer la relación laboral
encubierta en contratos de prestación de servicios.
Finalmente, la Sala no se pronunciará sobre los argumentos desarrollados en la
impugnación, relacionada con la sentencia dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-31-000-2005-04514-01(0533-12),
puesto que se tratan de argumentos nuevos que no fueron presentados en el escrito de
demanda, por lo que la entidad demandada no tuvo tiempo de pronunciarse y porque, de
lo contrario, se transgrediría el derecho al debido proceso del tribunal demandado.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala revoque la decisión impugnada,
para, en su lugar, denegar el amparo deprecado.
7 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007.,
pág. 249.
8 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
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Demandante: Alejandra Patricia Ramírez Atehortua
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar:
2. Denegar la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las razones
expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 9
9 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, escribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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