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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03875-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03875-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social invocados por la parte actora, en atención a las consideraciones planteadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03875-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03875-00
Accionante: Julio César Orozco Serna
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Reconocimiento de cesantías retroactivas / NIEGA AMPARO – No se configura la
causal específica de procedibilidad de la tutela de desconocimiento del precedente

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 21 de mayo de 2026, el señor Julio César Orozco Serna promovió acción de
tutela contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con
el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y seguridad social2.

2.
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 14 de mayo de 2026, emitida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que incoó contra la Corporación
Autónoma Regional del Quindío (CRQ), encaminado a obtener el reconocimiento y
pago de sus cesantías definitivas bajo el régimen de retroactividad.

3.
Mediante la providencia acusada, se revocó la de 27 de noviembre de 2024, a
través de la cual el Juzgado Primero Administrativo de Armenia accedió de manera
parcial a las pretensiones de la demanda4, para en su lugar, negarlas. Indicó que el

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó la protección de los principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad laboral.
3 Expediente 63001-33-33-001-2023-00111-01.
4 El demandante al trabajar para la CRQ desde el 1º de septiembre de 1993, le es aplicable el régimen laboral

de los empleados del orden nacional, y como ingresó a laborar con anterioridad al 30 de diciembre de 1996, es

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Accionante: Julio César Orozco Serna
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demandante no es beneficiario del régimen retroactivo de cesantías. Si bien se
consideraba que, al haberse vinculado laboralmente con antelación al 30 de
diciembre de 1996, le era aplicable dicho régimen, lo cierto es que se replanteó dicha
tesis con fundamento en reciente jurisprudencia del Consejo de Estado 5, según la
cual la adscripción del trabajador al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) respondió al
marco normativo vigente y no a una actuación arbitraria, por lo que sus cesantías
debían liquidarse bajo el sistema anualizado. En ese sentido, como el demandante
prestó sus servicios a la CRQ y se vinculó al Fondo Nacional del Ahorro, sin que
manifestara salvedad o inconformidad alguna, de manera voluntaria aceptó que el
régimen anualizado se le aplicara sin reparos.

4.
La parte actora sostuvo que se presentó defecto sustantivo “por aplicación
retroactiva e inequitativa del precedente judicial”. El Tribunal accionado
reconoció en la providencia cuestionada que abandonó su posición jurisprudencial
previamente consolidada, con base en el criterio del Consejo de Estado fijado en
octubre de 2024, el cual no comporta una sentencia de unificación. Ese cambio
implicó que se produjera un resultado diferente al obtenido por sus cuatro
compañeros en idéntica situación fáctica y jurídica, cuyas sentencias 6 favorables
habían quedado ejecutoriadas bajo la tesis anterior, lo que vulneró su derecho a la
igualdad y los principios de buena fe y confianza legítima.

5.
No existe ninguna diferencia relevante entre su situación y la de sus compañeros
favorecidos: todos fueron empleados de la misma entidad, con vinculación anterior
a 1996, ninguno suscribió formulario de afiliación voluntaria al FNA ni recibieron
información sobre el régimen retroactivo al momento de su vinculación. La única
diferencia es la fecha en que el proceso terminó, lo cual no constituye una razón
constitucionalmente válida para el trato desigual.

6.
Además, la sentencia del Consejo de Estado se apartó de su propio criterio
reiterado7, sin explicar de manera suficiente su razón. La tesis consistía en que la
afiliación de un empleado público a un fondo administrador de cesantías no conlleva
por sí sola el cambio del régimen retroactivo al anualizado y que para que aquel
opere se requiere la manifestación expresa del servidor ante su empleador.
Adicionalmente, incurre en cuatro omisiones que impiden su aplicación, a saber: (i)
no se examinó si la demandante contaba con información previa, explicación de
consecuencias o consentimiento real o informado de su parte; (ii) se acogió el
Decreto 3118 de 1968 para justificar la afiliación al FNA, pero no examina dicha

beneficiario del régimen de cesantías retroactivas contemplado en el artículo 6 de la Ley 6 de 1945 y no es
evidenció manifestación expresa al empleador de cambiar al régimen anualizado.
5 Sentencia de 30 de octubre de 2024, expediente 63001-23-33-000-2023-00016-01 (4955-2024), C. P. Jorge

Iván Duque Gutiérrez.
6 Emitidas el 23 de junio (expediente 63001-33-33-004-2021-00260-01) y 7 de diciembre de 2023 (expediente

63001-33-33-002-2021-00257-02), con ponencia del magistrado Luis Carlos Alzate Ríos, y 29 de febrero
(expediente 63001-33-33-002-2021-00285-01) y 7 de marzo de 2024 (63001-33-33-002-2021-00286-01), cuyo
magistrado ponente fue el dr. Luis Carlos Marín Pulgarín.
7 Sentencias de 19 de julio de 2018, expediente Radicado 08001-23-31-000-2012-00524-01; 22 de febrero de

2018, expediente 08001-23-31-000-2011-01429-01; 30 de mayo de 2019, expediente 23001-23-33-000-2014-
00479-01; y 18 de septiembre de 2020, expediente 76001-23-33-000-2015-00627-01.
2

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norma (artículo 30) respecto de la exigencia de la notificación personal al trabajador
de cada liquidación anual de cesantías y la obtención de su firma a conformidad,
frente a lo cual el empleador manifestó que ello no se había realizado; (iii) no se tuvo
en cuenta que el artículo 5 de la Ley 432 de 1998 reconoció la compatibilidad entre
la afiliación al FNA y el régimen retroactivo de cesantías; y, (iv) no se evidencia
afiliación al FNA.

7.
Aduce que debió haberse aplicado el principio de favorabilidad laboral, en cuanto
a la tesis que le resultaba más favorable. También se debió advertir que un trabajador
no puede renunciar válidamente a un derecho que no sabe que tiene, por falta de
información de su empleador, pues ello le impidió ejercer una elección libre e
informada sobre su régimen de cesantías. Se debía demostrar que la CRQ le puso
en conocimiento el régimen retroactivo y que él libremente eligió el anualizado, pero
ello no se hizo.

8.
También indicó que su empleador incumplió los requisitos establecidos en el
Decreto 3118 de 1968 respecto del trámite de las liquidaciones anuales de cesantías.
Su artículo 30 establece que estas deben notificarse personalmente a los
interesados, quienes deben suscribirlas en señal de asentimiento y si no estaban
conformes tenían a su disposición los correspondientes recursos legales,
actuaciones que no se ejecutaron. Solamente recibía extractos del FNA, los cuales
son de carácter meramente informativo y administrativo, por lo que no suplen la
aludida notificación, máxime cuando en estos no se le indicó que tenía derecho a un
régimen de cesantías más favorable ni las diferencias entre ambos regímenes, por
lo que no pueden considerarse como evidencia de conocimiento informado ni de
aceptación del régimen anualizado. Además, se ignoró que, de acuerdo a la Ley 432
de 1998 (artículo 5), dentro del FNA podían coexistir servidores con régimen de
retroactividad de cesantías.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

9.
Mediante auto de 25 de mayo de 20268, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó a la Corporación Autónoma Regional
del Quindío (CRQ), en condición de tercera con interés. De igual modo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.

(i) Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión

10.
Adujo que el asunto no supera el presupuesto de relevancia constitucional. El
debate presentado es de naturaleza eminentemente legal y prestacional. El actor no
está de acuerdo con el criterio jurídico que orientó el sentido de la decisión judicial

8 Notificado el 1º de junio de 2026.

3

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acusada, con base en una interpretación distinta del marco normativo aplicable a los
servidores de las Corporaciones Autónomas Regionales.

11.
Tampoco se estructuró la configuración de un defecto específico o irregularidad
que obre como causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales. En todo caso, la sentencia cuestionada se soportó en un examen integral
del marco normativo y jurisprudencial aplicable especialmente con sustento en una
providencia del Consejo de Estado que resolvió un litigio relativo al tema de
empleados de la CRQ del régimen retroactivo de cesantías.

12.
No se desconoció el principio de favorabilidad. En ejercicio de la autonomía judicial
determinó que no existía duda interpretativa que habilitara su aplicación en el caso
concreto, por cuanto el análisis normativo y jurisprudencial conducía a una solución
jurídicamente definida.

13.
La acción de tutela no constituye una instancia adicional para reabrir debates
jurídicos ya definidos por el juez natural, ni un mecanismo para imponer una
determinada interpretación normativa, pues ello implicaría desconocer los principios
de autonomía e independencia judicial.

(ii) Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)

14.
Sostuvo que la decisión judicial cuestionada estuvo sustentada en la normativa
aplicable al caso concreto y en el criterio acogido por el Consejo de Estado en un
proceso de igual naturaleza y con similitud fáctica y jurídica. Además, se agotaron
cada una de las etapas procesales, en las que se garantizó el debido proceso.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

15. Aunque el tutelante enmarca su reproche en la causal específica de procedibilidad

de la tutela de defecto sustantivo, aquel se fundamenta en la inobservancia del
criterio que la misma autoridad judicial había acogido en litigios anteriores con
similares contornos fácticos y jurídicos, lo cual se circunscribe a un desconocimiento
del precedente horizontal. Alega que dicho cambio de posición jurisprudencial se
produjo por una sentencia emitida en octubre de 2024 por el Consejo de Estado, la
cual no es de unificación, y causó resultados diferentes a los obtenidos por cuatro
compañeros suyos, a quienes sí se les concedió el reconocimiento de las cesantías
retroactivas, pese a que no existe ninguna diferencia relevante entre su situación y
la de ellos.

16. LaSala considera que la acción de tutela resulta procedente, al colmar los
presupuestos generales para tal efecto, por lo que se analizará la referida causal
específica de procedibilidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que (i) los

4

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planteamientos de la solicitud de amparo tienen relevancia constitucional, en tanto
suscitan un debate que pone bajo estudio el presunto cambio jurisprudencial que
impactó de manera negativa los intereses de la parte demandante, al impedirle
obtener una prestación social en los términos reclamados; (ii) no existe otro
mecanismo judicial para decidir sobre los reproches expuestos, pues se controvierte
una sentencia emitida en segunda instancia; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez, porque la providencia censurada fue notificada el 15 de mayo de 2026
y la tutela se instauró el 21 siguiente; (iv) el accionante identifica de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la alegada vulneración, como los
derechos cuya protección se persigue; y (v) no se controvierte una sentencia de
tutela o alguna de aquellas providencias respecto de las cuales la acción de tutela
es improcedente.

17. Laparte actora aduce que el Tribunal accionado desconoció su propio
precedente, en razón a que despachó de manera desfavorable sus pretensiones, a
pesar de que en asuntos con similares supuestos fácticos y jurídicos las había
concedido.

18. La causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial de

desconocimiento del precedente horizontal se configura cuando la misma autoridad
judicial dicta decisiones contrarias para zanjar controversias similares sin
explicación alguna9.

19. Se alega inobservancia del precedente horizontal respecto de las providencias

dictadas el 23 de junio y 7 de diciembre de 2023 y 29 de febrero y 7 de marzo de
2024 por el Tribunal accionado, en las que, en efecto, se abordó lo referente al
reconocimiento de las cesantías retroactivas para servidores de la CRQ. Mientras
que en esas sentencias se zanjó esa controversia en sentido favorable para los
demandantes, en la que es objeto de censura constitucional se decidió negar las
súplicas.

20. La Sala evidencia que si bien lo afirmado por el accionante corresponde a la

realidad, lo cierto es que en la providencia reprochada el Tribunal accionado expuso
el motivo por el cual en esa oportunidad decidiría en sentido contrario al modo en
que lo hizo en asuntos definidos con antelación.

21. Al respecto, explicó que en el pasado había sostenido que, “dada la fecha de

vinculación del servidor público a la CRQ -antes del 30 de diciembre de 1996, le era
entonces aplicable el régimen retroactivo de cesantías previsto en la Ley 6 de 1945
y normas concordantes. Bajo esta línea, se razonaba que, si bien coexistían para
esa época el sistema de liquidación anual de la Ley 50 de 1990 —aplicable al sector
privado— y el régimen administrado por el Fondo Nacional del Ahorro creado por el
Decreto 3118 de 1968 —para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden
nacional—, ninguno de ellos cobijaba a las Corporaciones Autónomas Regionales,

9 Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

5

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en cuanto estas son órganos autónomos e independientes, con naturaleza jurídica
especial y distinta de las ramas del poder público. En consecuencia, se entendía
que la sola afiliación al Fondo Nacional del Ahorro no implicaba la renuncia al
régimen retroactivo, salvo que existiera una manifestación expresa de
voluntad en tal sentido”.

22. Es decir, con antelación el Tribunal accionado acogía la tesis que defiende la

parte actora en este asunto. No obstante, esa autoridad judicial precisó que el
Consejo de Estado, en sentencia de 30 de octubre de 2024, determinó que “la
reclamación de la demandante carecía de fundamento jurídico, toda vez que,
contrario a lo concluido por este Tribunal, su adscripción al Fondo Nacional
del Ahorro respondió al marco normativo vigente y no a una actuación
arbitraria, por lo que la prestación debía liquidarse bajo el sistema anualizado
de cesantías”.

23. Con base en lo anterior, advirtió que reevaluaba su criterio y lo armonizaba con

el fijado por su superior funcional, en aras de garantizar la unidad de la jurisprudencia
y la seguridad jurídica. Dicho cambio lo efectuó en la sentencia que emitió el 28 de
agosto de 202510, en la que se precisó que pese a que la demandante se vinculó
como empleada pública con anterioridad a 1994, su régimen de cesantías se inició
a través del FNA y ninguna manifestación hizo para que dicha situación no
continuara siendo así, es decir, de manera voluntaria aceptó que el régimen
anualizado antiguo, propio del FNA, se le aplicara sin reparos.

24. Dichapremisa la aplicó al caso del tutelante al concluir que el régimen de
cesantías no es predicable respecto de los servidores de la CRQ vinculados al FNA,
calidad que tenía aquel.

25. Para la Sala no se configura el desconocimiento del precedente horizontal
alegado. El Tribunal accionado si bien varió el criterio que aplicaba en litigios
similares al suscitado por el actor, ello obedeció a la modificación de postura
jurisprudencial del Consejo de Estado, lo cual explicó de manera suficiente en la
providencia objeto de censura.

26. En ese sentido, el hecho de que una autoridad judicial modifique su criterio para

decidir los asuntos similares puestos bajo su conocimiento no implica per se
vulneración de derecho fundamentales. Para tal propósito, resulta indispensable que
se demuestre que el juez natural de la causa no desplegó una suficiente carga
argumentativa, lo cual no ocurre en este caso, pues el Tribunal accionado brindó los
motivos de tal modificación.

27. La motivación brindada por el Tribunal accionado resulta razonable y suficiente,

en la medida en que tuvo como fundamento el cambio jurisprudencial que sobre la
materia fue emitido por su superior funcional. Situación que no comporta quebranto

10 Expediente 63001-33-33-006-2021-00257-01.

6

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de los derechos al debido proceso e igualdad del accionante, pues se explicó el por
qué se adoptó una decisión contraria a la adoptada en litigios anteriores. Aunque se
haya invocado vulneración a la prerrogativa superior de seguridad social, no se
explicó ni se evidencia de qué modo la providencia acusada impactó de manera
directa y negativa en esa garantía.

28. Ahora bien, pese a que el aludido cambio jurisprudencial se dio en el trámite del

proceso ordinario, la discusión es eminentemente legal, por lo que no era viable que
la autoridad judicial le otorgara oportunidad alguna para que se pronunciara sobre
tal situación, en razón a que el nuevo precedente fijado no le impuso algún tipo de
carga probatoria adicional a las partes. Además, la sentencia del Consejo de Estado
fue emitida el 30 de octubre de 2024, es decir, con antelación a que se tuviera la
oportunidad de interponer recurso de apelación contra el fallo ordinario de primera
instancia.

29.Por otro lado, la parte actora aduce que la aludida sentencia del Consejo de
Estado no podía ser aplicada, porque se apartó de su propio precedente sin explicar
el motivo de ello y por incurrir en distintas falencias en sus consideraciones.

30. Frente a tales reproches no se emitirá pronunciamiento en razón a que se dirige

contra una providencia judicial emitida dentro de un proceso en el que el tutelante
no fue parte ni intervino de modo alguno, por lo que carece de legitimación en la
causa por activa para exponer algún tipo de afectación derivado de esa providencia.

31. Por último, dado que el Tribunal accionado expuso de manera suficiente el cambio

jurisprudencial, se colige que esa variación de criterio no transgredió de modo
alguno los principios de favorabilidad laboral, buena fe o confianza legítima
invocados por el accionante, máxime cuando ello involucra examinar la
interpretación que debía efectuarse sobre la normativa aplicable para zanjar la
controversia, aspecto sobre el que versó la sentencia del Consejo de Estado, la cual
acogió el Tribunal accionado para decidir el caso del tutelante.

32.
En ese sentido, el hecho de que el juez natural de la causa no continuara con el
criterio que había acogido con antelación en casos similares al planteado por el
tutelante no implica desconocimiento del precedente horizontal, dado que justificó la
razón de ello. Diferente es que tal variación resulte desfavorable a los intereses del
actor, circunstancia que no lo habilita para acudir a este mecanismo constitucional
para lograr una decisión que acoja su tesis, sin tener en cuenta la carga
argumentativa que la autoridad judicial desplegó para modificar su postura.

33.
Así las cosas, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y seguridad social, al no configurarse la causal específica de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial de desconocimiento del
precedente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03875-00
Accionante: Julio César Orozco Serna
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión

34.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y seguridad social invocados por la parte actora, en atención a las
consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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