Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00479-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Cesantías servidores públicos: traslado del régimen de liquidación retroactivo al anualizado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00479-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2014-00479-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
30 de mayo de 2019
CESANTÍAS SERVIDORES PÚBLICOS – Traslado del régimen de liquidación retroactivo al anualizado / CESANTÍAS SERVIDORES PUBLICOS – Manifestación expresa para trasladarse del régimen retroactivo al anualizado
[E]l régimen de liquidación retroactivo de cesantías regulado por la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la modifican y reglamentan, es aplicable a los servidores públicos vinculados antes del 30 de diciembre de 1996, salvo que DECIDAN acogerse al régimen anualizado, para lo cual deben manifestar a la entidad empleadora su decisión de trasladarse, quien a su vez, liquidará y entregará la prestación al fondo administrador seleccionado por el empleado público. […] [A] efectos de que opera el traslado de los servidores públicos del nivel territorial beneficiarios de la retroactividad de las cesantías al anualizado, debe mediar la manifestación expresa del empleado por tratarse de una decisión de aquel, de modo que no basta la simple afiliación a una sociedad administradora de aquellas creadas por la Ley 50 de 1990, toda vez que también se encuentran facultadas para el manejo de la prestación social conforme al sistema tradicional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 23001-23-33-000-2014-00479-01(1168-17)
Actor: ORMANDY DAVID POLO SUÁREZ
Demandado: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
Referencia: SANCIÓN MORATORIA LEY 50 DE 1990 – SERVIDOR PÚBLICO DEL RÉGIMEN RETROACTIVO DE CESANTÍAS
ASUNTO
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 2 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria del sistema anualizado consagrada en la Ley 50 de 1990, por los años 1998 a 2003 y 2008 a 2010.
II. ANTECEDENTES
La demanda.
2. El señor Ormandy David Polo Suárez, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda el 3 de octubre de 2014, contra el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba), con el objeto de solicitar las siguientes:
Pretensiones.
a. Declarar la nulidad del oficio de 27 de mayo de 2014, por el cual el alcalde municipal de la entidad territorial le negó la sanción moratoria del régimen anualizado, bajo el argumento de que no se acreditó la mala fe del empleador.
b. En consecuencia de la anterior declaración y como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada al pago de las acreencias laborales relacionadas en precedencia, debido a que no fueron incluidas en el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado por el municipio y la correspondiente sanción moratoria por el incumplimiento del empleador en la consignación de las cesantías por los años 1998 a 2003 y 2008 a 2010.
c. La indexación de las sumas reconocidas.
3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes que se extraen de la demanda y de los documentos aportados con esta:
Fundamentos fácticos.
a. El demandante señaló que fue vinculado en carrera administrativa al municipio demandado desde el 7 de mayo de 1979 en el cargo de líder de programa, y pese a la fecha de inicio de la relación laboral, solo fue afiliado al fondo privado Horizonte BBVA el 17 de febrero de 2012, sin que con anterioridad a dicha fecha se realizara alguna consignación por concepto de la prestación aludida a cualquier otra sociedad administradora de cesantías.
b. Sostuvo que elevó reiteradas peticiones ante la alcaldía municipal en las fechas 9 de junio 1998, 23 de noviembre de 2000, 23 de julio de 2001, 12 de agosto de 2003, 9 de agosto de 2004, 26 de junio de 2007, 1º de septiembre de 2008, 16 de agosto de 2010 y el 12 de mayo de 2014, por las cuales solicitó «el reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, auxilio de transporte, así como la sanción moratoria de que trata la Ley 344 de 1996 y la Ley 50 de 1990, por el pago tardío y la no afiliación o depósito oportuno de dichas cesantías a un fondo público o privado, intereses y demás emolumentos salariales que le adeude la entidad (excepto los años 2004 a 2007)». Frente a la última solicitud, se expidió el acto administrativo acusado a través del presente medio de control.
c. Indicó que el municipio de San Andrés de Sotavento se sometió al proceso de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999, dentro del cual se convocó a una reunión el 18 de octubre de 2012, con el fin de verificar el listado preliminar de acreencias y debido a que no se encontraban incluidas las prestaciones sociales y la sanción moratoria señalada de manera precedente se formuló una petición con el fin de que se incluyeran, pero ello fue igualmente negado, pues tampoco se incorporó al listado definitivo.
d. Señaló que por lo anterior, formuló una objeción ante la Superintendencia de Sociedades a través de un proceso verbal sumario, frente al cual se declaró la falta de competencia, al considerar que se trata de un asunto del que debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Normas violadas y concepto de violación.-
4. Invocó como normas desconocidas las siguientes disposiciones: Leyes 50 de 1990, 344 de 1996, 996 de 2005, artículo 38, y Decreto 1582 de 1998.
5. Acusó el acto administrativo de haberse expedido con infracción de las normas que establecen los términos para la consignación de las cesantías anualizadas al fondo administrador dentro del término legal y la sanción moratoria a cargo del empleador moroso que incumpla el plazo. Alegó que en el caso concreto, la entidad demandada incurrió en retardo «desde la entrada en rigor de la Ley 344 de 1996 y Ley 50 de 1990, esto es, desde la vigencia del Decreto reglamentario 1582 de 1998 (10 de agosto de 1998) que dispuso la aplicación del régimen anualizado a los empleados públicos del orden territorial que venían vinculados a la administración con retroactividad de las cesantías».
Contestación de la demanda.-
6. El municipio de San Andrés de Sotavento señaló que todos los emolumentos laborales adeudados a sus empleados les fueron cancelados en su totalidad en el mes de enero de 2014 y, en lo concerniente a la sanción moratoria, indicó que no tiene derecho a ella, por cuanto el actor es beneficiario del régimen retroactivo de liquidación de las cesantías en atención a la fecha de la vinculación a la administración municipal ocurrida en el año 1979, sin que demostrara su intención de afiliarse a un fondo privado de cesantías o trasladarse al nuevo sistema anualizado.
7. Formuló como medio exceptivo la prescripción del derecho, al no haberse reclamado a tiempo, en los términos del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el 102 del Decreto 1848 de 1969.
III. AUDIENCIA INICIAL
8. El Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de Decisión en audiencia inicial realizada el 26 de noviembre de 2015, defirió la de prescripción para el fondo del asunto y declaró probada de oficio la excepción de «ineptitud sustantiva parcial de la demanda respecto de las pretensiones relativas al reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima, auxilio de transporte, indexación e intereses», al considerar que los argumentos esgrimidos en el concepto de violación «guardan relación únicamente con lo referente a la sanción moratoria de que trata la Ley 344 de 1996 y la Ley 50 de 1990, pero nada se dice respecto de las demás prestaciones sociales, por lo que resulta imposible despachar favorablemente esta pretensión». La anterior decisión se notificó en estrados, frente a la cual, las partes guardaron silencio.
9. Igualmente, se fijó el litigio en los siguientes términos:
«Determinar si el acto administrativo contenido en el oficio sin número y de fecha 27 de mayo de 2014 está viciado de nulidad, y si en el evento de declararse nulo, tendría la parte actora derecho a que se condene al ente demandado a que le reconozca y pague la sanción o indemnización moratoria establecida en la Ley 344 de 1996 y la Ley 50 de 1990, por la consignación tardía de las cesantías a un fondo público o privado, de los años 1998 a 2003 y 2008 a 2010, esto es, a pesar de estar el municipio demandado acogido a un proceso de reestructuración de pasivos conforme a la Ley 550 de 1999; o si por el contrario, debido a ello puede sustraerse de la obligación.»
IV. SENTENCIA APELADA
10. El Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de Decisión mediante sentencia proferida el 2 de febrero de 2017, negó las pretensiones de la demanda, al señalar que de acuerdo con los elementos probatorios aportados al proceso, se acreditó que el actor es beneficiario del sistema retroactivo de las cesantías, por las siguientes razones: i) su vinculación laboral ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, esto es, «el 7 de mayo de 1979 y desde el 4 de agosto de 1987»; y ii) en virtud del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio demandado se efectuó en favor del actor una liquidación de cesantías con base en la última asignación básica a ese momento (2012), más 1/12 parte de la prima de navidad y 1/12 de la prima de vacaciones, por todo el tiempo laborado en la entidad, sin lugar al reconocimiento de intereses, es decir, que se aplicó el artículo 6º del Decreto 1160 de 1947, el cual consagró el régimen retroactivo.
11. El a quo consideró igualmente que dentro del expediente no obra prueba alguna a partir de la cual se demuestre que el demandante manifestó en forma expresa su voluntad de optar por el sistema anualizado, ni que haya adelantado alguno de los trámites exigidos por el Decreto reglamentario 1582 de 1998 para renunciar a la retroactividad, pues si bien a partir de los documentos se observa que se encuentra afiliado a un fondo privado administrador, «ese solo hecho no conlleva al cambio del régimen retroactivo al anualizado, pues la manifestación de cambio de régimen es obligatoria, y además el mismo artículo 2º del Decreto 1582 de 1998, prevé la posibilidad de que los fondos privados administren en cuentas individuales los recursos destinados al pago de las cesantías de los servidores públicos del orden territorial cobijados por el sistema de retroactividad», tal como lo ha entendido el Consejo de Estado.
12. Finalmente, el tribunal de instancia sostuvo que al proceso se aportó una certificación del 4 de diciembre de 2015 por parte de la entidad territorial, a través de la cual se informa que el actor se encuentra sometido a la liquidación anualizada, ello se relaciona con las consignaciones anuales efectuadas en el fondo Provenir S.A. por los años 2012, 2013 y 2014, los cuales no son objeto de la pretensión de sanción moratoria, máxime cuando existen los medios probatorios que llevan a la convicción de que antes del 2012, el accionante era beneficiario del sistema retroactivo.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
13. La apoderada judicial del demandante, manifestó su desacuerdo frente al fallo de primera instancia, al indicar que el señor Polo Suárez fue vinculado mediante Decreto 0038 del 1º de abril de 1996 hasta la fecha, según consta en el certificado de tiempo de servicios, igualmente fue afiliado a un fondo privado administrador el 17 de febrero de 2012 y sus cesantías fueron consignadas tardíamente el 9 de abril de 2014, razón por la cual, contrario a lo señalado por el a quo, sí es beneficiario del sistema anualizado de liquidación de cesantías.
14. Indicó que de acuerdo al material probatorio que reposa en el expediente, se demostró que el demandante «[…] le manifestó reiteradamente a la administración del ente demandado que le reconociera y pagara sus cesantías anuales y que el adeudaba e igualmente le hizo saber la norma expresa que consagra ese tipo de derecho por él reclamado, dándose como resultado a su petición que un administrador de turno del ente demandado le reconoció y pagó mediante resolución una parte de los años adeudados por concepto de sus cesantías anualizadas (años 2004, 2005, 2006, 2007 a 2011)», de manera que sí reconoció las cesantías conforme al régimen anualizado, es porque ya se había efectuado el trámite correspondiente.
15. Por último, señaló que a fin de establecer si hay lugar al reconocimiento de la penalidad aludida, es necesario aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las formas con el fin de no incurrir en el exceso ritual manifiesto, apoyándose en la sentencia T-158/12 de la Corte Constitucional, máxime cuando la entidad pública actuó de mala fe, sin que pueda excusarse en la celebración del acuerdo de reestructuración para desatender el pago de sus cesantías.
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
16. El demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. La entidad demanda y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
VI. CONSIDERACIONES
Análisis del asunto.
17. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el problema jurídico a resolver por la Sala de decisión.
Problema jurídico.-
18. Establecer si un servidor público del orden territorial beneficiario del régimen retroactivo, en virtud de la afiliación a un fondo privado administrador de cesantías, sin la manifestación expresa de la voluntad de aquel, renuncia automáticamente o se genera un traslado al régimen previsto en la Ley 50 de 1990.
19. Para resolver el cuestionario planteado, la Sala abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) El marco legal del auxilio de cesantías en el sector público; (ii) antecedentes jurisprudenciales y; (iii) solución del caso.
Regímenes de liquidación de cesantías –retroactivo y anualizado.
20. El auxilio de cesantías en principio fue contemplado como un derecho para los trabajadores del sector privado a través de la Ley 10 de 1934, otorgándole un carácter indemnizatorio que operaba por el despido que no fuere originado en mala conducta o por incumplimiento del contrato; y en virtud de la Ley 6 de 1945, se extendió a los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.
21. Con posterioridad, la Ley 65 de 1946 replanteó el carácter indemnizatorio de la cesantía al establecer que este auxilio debe ser pagado cualquiera que fuere el motivo del retiro, de modo que se le sustrajo de su carácter sancionatorio para el empleador y correlativamente indemnizatorio para el trabajador, y se convirtió en una prestación social, reproducida finalmente así en el Código Sustantivo del Trabajo.
22. Desde el punto de vista jurisprudencial, ha sido entendida como uno de los componentes de la protección constitucional establecida a favor de los trabajadores, como manifestación del derecho a la seguridad social y asimismo, como una garantía irrenunciable de todo empleador.
23. En el sector público fue contemplada en su inicio por el legislador bajo el siguiente régimen:
Retroactivo: Se encuentra previsto en la Ley 6 de 1945 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo», la cual en su artículo 17 creó el auxilio de cesantías como una prestación social de los empleados y obreros del orden nacional de carácter permanente quienes gozarían de esta prestación social en los siguientes términos:
«a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.»
24. La Ley 65 del 20 de diciembre de 1946 «Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras », extendió dicho beneficio a los trabajadores del orden territorial y a los particulares, cuando previó en el parágrafo del artículo 1º, la siguiente disposición:
«Artículo 1º.- Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro.
Parágrafo.- Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de 1945, y a los trabajadores particulares». (Se resalta).
25. En el artículo 2º ibídem se consagró la forma de liquidación de cesantías de los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares. Así, para su cómputo se tiene en cuenta no solo el salario fijo sino lo que se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones y se aplican las reglas del Decreto 2567 de 1946 que en su parte pertinente estableció:
«Artículo 1º.- El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce meses.
Parágrafo. Las liquidaciones de cesantía efectuadas con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, cuando se hayan hecho con sujeción a disposiciones legales o reglamentarias, entonces vigentes, no darán lugar a reclamación alguna contra tales entidades, instituciones o empresas oficiales.» (Se destaca)
26. El Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 «Sobre auxilio de cesantía», en su artículo 1º reiteró el precepto normativo preceptuado en la Ley 65 de 1945 relativo a hacer extensivo este derecho a empleados del orden territorial y en el artículo 6º señaló que la base para su liquidación lo constituye el último sueldo o el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo de servicios (si fuere menor de 12 meses), en caso de que la remuneración haya variado en los 3 últimos meses, así:
«Artículo 1º.- Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año, cualquiera que sea la causa de su retiro y a partir del 1 de enero de 1942.
Artículo 6º.- De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses.
Parágrafo 1º.- Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono.
Es entendido que en el caso de que el trabajador haya recibido primas o bonificaciones que no tengan el carácter de mensuales, el promedio de la remuneración se obtendrá dividiendo el monto de dichas primas percibidas en el último año de servicio, por doce (12), y sumando tal promedio a la última remuneración fija mensual. (…)»
27. Así las cosas, se concluye que el régimen retroactivo está regulado por el literal a) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, los artículos 1° de Decreto 2767 de 1945, 1° de la Ley 65 de 1946 y 1° y 6° del Decreto 1160 de 1947, cuya liquidación se efectúa con base en el último sueldo devengado por el servidor público para la liquidación, con la inclusión de todo lo recibido por concepto de primas o bonificaciones en una doceava, si se trata de aquellas no devengadas mensualmente, y no contempló el pago de intereses.
Anualizadas: Con la expedición de Ley 50 de 1990 se estableció la liquidación anual (31 de diciembre) definitiva del auxilio de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior, la consignación del valor correspondiente antes del 15 de febrero de cada año en el fondo privado seleccionado por el trabajador, en los artículos 99 y 104, que se transcriben a continuación:
«Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.”
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.
[…]
Artículo 104º.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía.
La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá presentar al trabajador en las acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o pago del auxilio de cesantía.
En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o pignoraciones el pago de auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspondiente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones laborales sobre el particular.
Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo. […]».
28. En el sector público, la Ley 344 de 1996 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» en el artículo 13 estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado (Ramas Legislativa y Ejecutiva), a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:
«[…] Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.»
29. El artículo 13 de la Ley 344 de 1996, fue reglamentado por el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, en el que de manera expresa extendió la aplicación de los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afiliaran a los fondos privados de cesantías creados por esta última ley, tal como se transcribe a continuación:
«[…] Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.»
30. El articulado anterior, determina de manera clara el régimen de liquidación definitiva anual y manejo e inversión a través de los llamados fondos de cesantías creados por la Ley 50 de 1990, en el que el empleador deberá efectuar la liquidación definitiva del auxilio de cesantías por la anualidad o la fracción correspondiente y la entrega al empleado de un certificado sobre su cuantía y la consignación del valor correspondiente en el fondo de cesantías elegido por el empleado, antes del 15 de febrero del año siguiente, e igualmente, la sanción por el incumplimiento del plazo, a razón de un día de salario por cada día de retardo.
31. Ahora bien, en el caso de los servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, la norma dispuso:
«ARTÍCULO 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad publica entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición.» (Negrillas y subrayas fuera del texto original)
32. En consecuencia, el régimen de liquidación retroactivo de cesantías regulado por la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la modifican y reglamentan, es aplicable a los servidores públicos vinculados antes del 30 de diciembre de 1996, salvo que DECIDAN acogerse al régimen anualizado, para lo cual deben manifestar a la entidad empleadora su decisión de trasladarse, quien a su vez, liquidará y entregará la prestación al fondo administrador seleccionado por el empleado público.
33. Lo anterior, por cuanto el Decreto 1582 de 1998 contempló igualmente en el artículo 2º, la posibilidad de que los fondos creados por la Ley 50 de 1990 administren, en cuentas individuales, los recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996, lo cual sería realizado mediante convenios suscritos entre los empleadores y los mencionados fondos con precisión clara de las obligaciones de las partes, especificación de la periodicidad de los aportes por la entidad pública y la responsabilidad de la misma por el mayor valor resultante de la retroactividad de dicha prestación. Dice la norma:
«ARTÍCULO 2º.- Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996.
La afiliación de los servidores públicos territoriales a un fondo de cesantías en el evento previsto en el inciso anterior, se realizará en virtud de convenios suscritos entre los empleadores y los mencionados fondos, en los cuales se precisen claramente las obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se harán los aportes por la entidad pública, y la responsabilidad de la misma por el mayor valor resultante de la retroactividad de las cesantías.
PARÁGRAFO.- En el caso contemplado en el presente artículo, corresponderá a la entidad empleadora proceder a la liquidación parcial o definitiva de las cesantías, de lo cual informará a los respectivos fondos, con lo cual éstos pagarán a los afiliados, por cuenta de la entidad empleadora, con los recursos que tengan en su poder para tal efecto. Esto hecho será comunicado por la administradora a al entidad pública y ésta responderá por el mayor valor en razón del régimen de retroactividad si a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 344 de 1996.
En el evento en que una vez pagadas las cesantías resultare un saldo a favor en el fondo de cesantía, el mismo será entregado a la entidad territorial.»
34. Por lo expuesto, que a efectos de que opera el traslado de los servidores públicos del nivel territorial beneficiarios de la retroactividad de las cesantías al anualizado, debe mediar la manifestación expresa del empleado por tratarse de una decisión de aquel, de modo que no basta la simple afiliación a una sociedad administradora de aquellas creadas por la Ley 50 de 1990, toda vez que también se encuentran facultadas para el manejo de la prestación social conforme al sistema tradicional.
Antecedentes Jurisprudenciales.-
35. La Sección Segunda – Subsección B de esta Corporación, en sentencia de 24 de julio de 2008, estudió el asunto objeto de debate, esto es, si los servidores públicos vinculados a las entidades territoriales con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, a efectos de trasladarse del sistema retroactivo al régimen especial de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990, requieren de la manifestación de voluntad expresa a la administración en este sentido o si es suficiente la afiliación a un fondo privado de cesantías. Al respecto señaló:
“(…) los servidores públicos del nivel territorial cobijados por el sistema tradicional de retroactividad, esto es, los vinculados antes de la expedición de la ley 344 de 1996, a quienes se les dio la opción de afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro, caso en el cual los aportes al mismo se realizan por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6o. de la Ley 432 de 1998; o de afiliarse a las entidades administradoras de cesantías creadas por la ley 50 de 1990, en orden a que estas “administren” en cuentas individuales los recursos para el pago de sus cesantías (artículos 1, parágrafo, y 2º). Debe entenderse que quien se acoge a esta última opción no pierde el beneficio de la retroactividad; simplemente lo que opera es un cambio de administrador para el manejo de la prestación pues tal función deja de ser prestada por la entidad empleadora o el fondo público de cesantías para pasar a ser ejercida por un fondo privado.
(…)
Está demostrado que la actora era beneficiaria del régimen de cesantías retroactivas, se trasladó a Colfondos para que este administrara su prestación y nunca fue su intención renunciar al régimen que la cobijaba sino cambiar de administrador. En estas condiciones su situación quedó subsumida en el inciso primero del artículo 2 del decreto 1582 de 1998 y, por ende, debe entenderse que lo que operó fue un traslado de la entidad encargada de administrar las cesantías, sin que su régimen de retroactividad hubiera sufrido alguna modificación.” (Se destaca)
36. En igual sentido, se pronunció la subsección homóloga mediante fallo de 11 de julio de 2013, en la que al resolver en segunda instancia una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo actor fue vinculado con anterioridad a la Ley 344 de 1996, solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, sin la manifestación expresa de acogerse al régimen anualizado. Para resolver consideró lo siguiente:
«En el expediente, quedó demostrado que la vinculación del actor se efectuó con anterioridad a la Ley 344 de 1996, y por esta razón en principio no le era aplicable el régimen previsto en la citada normatividad, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, salvo que decidiera acogerse al mismo, lo cual no se vislumbra del material probatorio allegado al plenario.
Pese a que el actor manifiesta que de las reclamaciones que elevó ante la entidad territorial, se entiende que esta incumplió con su deber de afiliarlo a un Fondo de cesantías, revisadas las mismas se tiene que no expresó su intención de acogerse.
(…)
En efecto, solo con la tercera reclamación presentada el 2 de junio de 2005, solicitó específicamente el pago de las cesantías parciales e intereses correspondientes al período comprendido entre el 17 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2000 al Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte, pero comoquiera que con antelación a esta petición al interior del proceso no existe prueba, respecto a desde cuando el actor se acogió por los años reclamados al régimen anualizado de cesantías, cualquier análisis en torno a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 es impertinente, por cuanto no se puede derivar el incumplimiento de la entidad sin la manifestación expresa del actor de acogerse al nuevo régimen, y por tal razón se negarán las súplicas de la demanda». (Negrillas y subrayas de la Sala).
37. En un caso similar al que es objeto de estudio, esta Corporación reiteró en sentencia de 26 de noviembre de 2015, que aquellos funcionarios que se hubieren vinculado con anterioridad a la entrada en rigor de la Ley 344 de 1996, es decir, cobijados con régimen de retroactividad y que decidieran acogerse al previsto en dicha disposición legal deben manifestar su deseo de optar por el régimen anualizado, de conformidad con el Decreto 1582 de 1998, puesto que la norma no prevé la posibilidad de un cambio tácito de régimen, por cuanto esta es una actuación voluntaria del servidor.
38. De acuerdo con la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, debido a que el Decreto 1582 de 1998 prevé que el régimen contemplado en la Ley 344 de 1996, es para los servidores vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996, y además que su aplicación para quienes se vincularon con anterioridad a esta fecha solo opera para aquellos que decidan acogerse al mismo, debe precisarse que para que opere el cambio de régimen retroactivo de cesantías al anualizado es necesario que el servidor territorial vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, manifieste expresamente a la administración dicha determinación. De no ser así, su afiliación a un fondo creado en virtud de la Ley 50 de 1990 tan solo implica el cambio de administrador de dichos recursos.
39. Establecido lo anterior, la Sala procederá al estudio de los cargos formulados contra la sentencia de primera instancia, los cuales serán resueltos de conformidad con la normativa que regula el asunto y con apoyo en los lineamientos jurisprudenciales establecidos por esta Corporación.
Solución del caso.
40. En el sub júdice, el tribunal de instancia negó la sanción moratoria pretendida, al considerar que el actor era beneficiario del régimen retroactivo para las anualidades objeto de la litis -1998 a 2003 y 2008 a 2010-, pues solo hasta el 2012 acreditó estar regulado bajo el sistema anualizado; frente a lo cual el apelante manifiesta su desacuerdo, al indicar que debido a la vinculación mediante el Decreto 0038 del 1º de abril de 1996 y la afiliación a un fondo privado en el 2012, debió aplicarse la Ley 50 de 1990.
41. A continuación se exponen las pruebas que obran en el expediente relacionadas con el régimen de liquidación del actor, cuyo análisis es relevante para la decisión.
41.1 Con la demanda se aportó certificación 047-SG-2012 expedida el 17 de julio de 2012 por el secretario de gobierno municipal, a través del cual detalló la historia laboral del actor, a saber:
«[…] Que revisada la historia laboral del señor Ormandy David Polo Suárez […] se verifica que labora con el municipio de San Andrés de Sotavento Córdoba, en calidad de líder de programa (código 206, grado 06), vinculado en carrera administrativa, así:
FECHA DE INGRESO
FECHA DE RETIRO
CARGO
07-05-79
A
12-06-81
Secretario Inspección de Tuchín
26-09-86
A
23-08-87
Secretario de Gobierno
24-08-87
A
LA FECHA
Jefe de Sección Servicios Generales
En cuanto a la afiliación a un fondo de cesantías, se indicó en el mismo certificado, lo siguiente:
«[…] Que la fecha de afiliación a Fondo de Cesantías certificada por el Jefe de Sección Servicios Generales es el día 17 de febrero de 2012, Horizonte BBVA.»
41.2 Igualmente, el actor allegó al proceso copia de las peticiones elevadas al alcalde municipal de San Andrés de Sotavento, en las siguientes fechas:
Fecha de radicación
Folio
Solicitud común de las peticiones
1
09/06/1998
52
«Cancelación de mis cesantías a las que tengo derecho por no haberme afiliado a ningún fondo de cesantías».
2
24/11/2000
53
3
23/07/2001
54
4
13/08/2003
55
5
09/08/2004
56
6
26/06/2007
57
7
01/09/2008
58
8
16/08/2010
59
41.3. En cuanto a las cesantías por las cuales el demandante reclama la sanción moratoria -1998 a 2003 y 2008 a 2010-, se observa que de acuerdo con la certificación del 10 de diciembre de 2015 expedida por la Coordinadora del Encargo Fiduciario del municipio, el 9 de enero de 2014 se efectuó el pago por dicho concepto, entre otras acreencias laborales adeudadas; sin embargo, en lo correspondiente al auxilio de cesantías por dichas vigencias se le canceló la suma de $43.662.625, cuya liquidación se efectuó el 14 de diciembre de 2012, así:
«[…]
Fecha de ingreso
26-09-86
Total días laborados
Fecha de corte parcial
05/09/12
9340
REGIMEN RETROACTIVO
Factores salariales
Asignación básica
$1.755.456
1/12 Prima de Navidad
$146.288
1/12 Prima de Vacaciones
$73.144
Salario base para liquidación
$1.974.888
TOTAL CESANTÍAS
$51.237.372
Pago parcial de cesantías (Resoluciones No. 1236/04, 1242/05, 038/07, 1488/07)
Pago parcial de cesantías (BBVA Horizonte Cesantías 17 de febrero de 2012)
Intereses cancelados 2012
$5.702.262
$1.671.862
$200.623
SALDO A CANCELAR
$43.662.625
42. De acuerdo con el material probatorio recaudado en el proceso se concluye que contrario a lo señalado por el apelante, el actor ha ejercido diferentes cargos en el municipio demandado, sin solución de continuidad desde su nombramiento el 26 de septiembre de 1986, pues ejerció el cargo de secretario de gobierno hasta el 23 de agosto de 1987 y, a partir del día siguiente -24 de agosto de 1987- fue nombrado en el cargo de jefe de sección de servicios generales.
43. Por consiguiente, la Subsección concluye que de acuerdo con el ingreso del actor al servicio de la administración territorial, en principio es beneficiario del sistema retroactivo de cesantías previsto entre otras disposiciones concordantes, por el literal a) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, en tanto fue vinculado con anterioridad inclusive, a la creación del sistema anualizado de cesantías.
44. Ahora bien, el apelante alega que tuvo una vinculación mediante Decreto 0038 del 1º de abril de 1996, acto administrativo que en efecto se relaciona en la certificación laboral señalada en precedencia; sin embargo, aun si se tiene en cuenta esta fecha, ello no cambia su condición de beneficiario de la retroactividad de las cesantías, en la medida que el régimen anualizado creado para los empleados del Estado a través del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, fue extendido a los servidores públicos del nivel territorial mediante el Decreto reglamentario 1582 de 1998 a partir del 31 de diciembre de 1996, por lo que a partir de este supuesto fáctico tampoco lo cobijaría por esta razón el sistema de liquidación por anualidad, salvo que decidiera acogerse al mismo y en tal sentido manifestara de forma expresa su voluntad a la entidad pública con el fin de que la entidad territorial realizara la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado y entregara dicho valor a la administradora seleccionada por el empleado.
45. Al respecto, la Sala no observa manifestación alguna del señor Polo Suárez, a quien tal como lo consideró el tribunal de instancia se le liquidaron sus cesantías por los años -1998 a 2003 y 2008 a 2010-, con base en el sistema retroactivo, esto es, con base en el último salario devengado a la fecha del reconocimiento -2012-, sin lugar al reconocimiento de intereses y en cuanto a las primas (de navidad y vacaciones) que no tienen el carácter de mensuales, se computaron en una doceava parte, sumadas a la última remuneración fija mensual.
46. Por lo anterior, se encuentra demostrado para la Subsección que al actor se le efectuó el pago de sus cesantías por las vigencias respecto de las cuales pretende la aludida sanción con base en el sistema retroactivo, sin que manifestara desacuerdo alguno frente a ello ante la administración.
47. Ahora bien, en aras de realizar un análisis integral del acervo probatorio recaudado en el proceso, la Sala no puede pasar por alto que aun cuando las cesantías de los años 2004 a 2007 no son objeto de debate en el proceso, ello obedece a que estas ya le han sido reconocidas y pagadas al actor de manera anualizada, lo cual fue discriminado por la entidad en la liquidación del 2012 como «Pago parcial de cesantías (Resoluciones No. 1236/04, 1242/05, 038/07, 1488/07)». Lo anterior, en razón a peticiones conjuntas del actor con varios funcionarios, tal como se resume a continuación:
Año
Fecha de radicación
Solicitud
Resolución a través de la cual se ordena el pago
Valor reconocido
2004
27/12/2004
«Se nos reconozca y cancele la cesantía anualizada de esta vigencia, […]»
1236 de 31/12/2014
$1.298.872
2005
27/12/2005
«Se nos reconozca y cancele la cesantía anualizada de esta vigencia, […]»
1242 de 29/12/2005
$1.383.299
2006
10/01/2007
«Se nos reconozca y cancele la cesantía anualizada de esta vigencia, […]»
038 de 11/01/2007
$1.473.213
2007
06/12/2007
«[…]nos permitimos solicitarle se nos reconozca y cancele la cesantía anualizada de esta vigencia […]»
1488 de 31/12/2007
$1.546.878
48. De lo anterior, la Sala observa que el actor se ha beneficiado de uno y otro régimen, ya que mientras que en un interregno del 2004 a 2007, se le canceló el auxilio de cesantías como si se tratara de un servidor regulado por el sistema anualizado; por los años 1998 a 2003 y 2008 a 2010, la administración liquidó las cesantías conforme al régimen retroactivo en atención a la fecha de inicio de la relación laboral; régimen que le resulta más favorable al empleado, en la medida que para su cómputo se tuvo en cuenta el último salario devengado a la fecha (2012), arrojándole una suma de $51.237.372 por concepto de 9 de años de la prestación social, al paso que con el anualizado se tuvo en cuenta la asignación de cada vigencia (2004, 2005, 2006 y 2007), reconociéndosele el valor de $5+.702.206, que si bien corresponde a 3 años, permite concluir que de haberse liquidado por todo el período laborado con base en este sistema no llegaba ni a una quinta parte respecto de aquella suma dineraria pagada por retroactividad, lo cual es sumamente beneficioso para el actor.
49. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que el actor, en calidad de servidor público territorial cobijado por el sistema retroactivo de cesantías, en razón a la fecha de ingreso a la administración, sin que manifestara su voluntad de renunciar a aquel o trasladarse el anualizado, solicitara el pago de manera anualizada por unas anualidades -2004 a 2007-, para posteriormente, beneficiarse del reconocimiento y pago conforme al sistema retroactivo por los años 1998 a 2003 y 2008 a 2010-; régimen que resulta ser altamente beneficioso para el servidor que lo cobija, para posteriormente solicitar la sanción moratoria por estos años liquidados con retroactividad, alegándose para ello, estar regulado por las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, cuando se ha quebrantado el principio de inescindibildad de la ley, al obtener ventajas de uno y otro sistema de liquidación.
50. Adicionalmente, la Sala debe precisar que si bien se demostró que fue afiliado a un fondo privado de cesantías a partir del 17 de febrero de 2012, ello no implicó el cambio de régimen del retroactivo al anualizado, como acertadamente lo concluyó el Tribunal Administrativo de Córdoba a través de la sentencia controvertida, pues se itera, el artículo 3º del Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998, dispuso que se trata de una decisión del servidor público vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, con régimen de retroactividad de acogerse al régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996; máxime cuando de conformidad con el artículo 2º ibídem, «entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996».
51. En otras palabras, los cambios que contempla el nuevo sistema de liquidación únicamente pueden hacerse obligatorios para las relaciones laborales futuras, es decir, las que se inicien después de haber entrado la citada ley en pleno vigor. En consecuencia, no es admisible cobijar bajo las nuevas disposiciones las situaciones jurídicas nacidas a partir de vínculos que se venían ejecutando al producirse la reforma, puesto que en términos de la Corte Constitucional «Respecto de ellas, el único que puede optar por incorporarse al régimen posterior, pudiendo permanecer en el antiguo, es el empleado, libre de toda coacción externa y bajo el supuesto de su mejor conveniencia.»
52. Por lo anterior, la Sala con fundamento en los argumentos expuestos confirmará la sentencia de 2 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 pretendida por el señor Ormandy David Polo Suárez.
53. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 pretendida por el señor Ormandy David Polo Suárez.
SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CARMELO PERDOMO CUÉTER CESAR PALOMINO CORTÉS
El proceso de la referencia ingresó al Despacho con el informe de la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación el 6 de octubre de 2017, visible en el folio 294 del expediente.
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
Folio 11.
Folios 1 a 3 del expediente.
Folio 13.
« Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.»
Folios 6 y 7.
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
[…]
ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
[…]
ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
FF. 166 - 172. Folios 168 y 169. FF. 254 -260.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 13º.- Reglamentado parcialmente por el Decreto 1582 de 1998. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;»
«Sobre auxilio de cesantía.
[…]
ARTÍCULO 6º.- De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses.»
Al respecto citó: Sentencia del 12 de octubre de 2016. Rad. 2011-00874-01 (1325-2016). FF. 263 - 269. Folios 287 – 293.
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
«Sobre pérdida y rehabilitación de derechos políticos y por la cual se establecen algunos derechos de los empleados.
[…]
ARTÍCULO 14.- Los empleados particulares gozarán de las siguientes concesiones y auxilios:
a). Quince días de vacaciones remuneradas por cada año de servicio, de conformidad con las remuneraciones ordinarias devengadas. La época de vacaciones será señalada por el patrón;
b). Auxilio de enfermedad hasta por ciento veinte (120) días, a la rata siguiente: las dos terceras partes del sueldo, durante los primeros sesenta (60) días de la enfermedad; la mitad para los treinta días siguientes y la tercera parte para el tiempo restante;
c).En caso de despido, que no sea originado por mala conducta ni por incumplimiento del contrato comprobados, tendrán derecho a un auxilio de cesantía equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio que presten o hayan prestado y proporcionalmente por las fracciones de año. Para los efectos de este artículo se tomará el sueldo medio que el empleado hubiere devengado en los tres últimos años de servicio y si hubiere trabajado por un tiempo menor, se tomará el sueldo medio de todo el tiempo de trabajo. PARÁGRAFO. Al auxilio de cesantía tendrá derecho el empleado, aunque su retiro del servicio obedezca a terminación del contrato por vencimiento del plazo de duración, excepto, en este caso cuando el patrón se allane a renovarlo en condiciones iguales a las anteriores, y el empleado no acceda a ello.»
Ley 6 de 1945 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.», Artículo 17.
« Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras»
«ARTÍCULO 249. REGLA GENERAL. Todo {empleador} está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año.»
Corte Constitucional. Sentencia SU 336/17. M.P. IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO (E).
El Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones legales y la establecida en el artículo 22 de la Ley 6 de 1945 “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones a favor de los trabajadores oficiales”
Expedido por el Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones legales y teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 65 de 1946; artículos 12, 13 y 17 de la Ley 6 de 1945; artículo 7 de la Ley 64 de 1946; y las disposiciones pertinentes del Decreto 2350 de 1944.
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”
Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección B. Sentencia de 24 de julio de 2008. Rad. No. 25000-23-25-000-2001-00798-01(2471-04). C.P.: Dr. Jesús María Lemos Bustamante. Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 11 de julio de 2013. Rad. No. 70001-23-31-000-2008-00126-01(0259-12). C.P.: Dr. Alfonso Vargas Rincón. Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de. Rad. No. 70001-23-31-000-2008-00126-01(0259-12). C.P.: Dr. Alfonso Vargas Rincón. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 26 de noviembre de 2015. Rad. No. 080012331000201100752 01 (1528-2014). C.P.: Dr. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 8 de junio de 2006, Radicación número: 15001-23-31-000-2000-02249-01(8593-05), Actor: Ana Nemira Bernal Ávila, C.P.: Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado
Folios 24 y 25. Folios 185 a 187. A través del Decreto 00286 del 26 de septiembre de 1986, según se observa a folio 24 del expediente.
« Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.»
« Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 13º.- Reglamentado parcialmente por el Decreto 1582 de 1998. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: Ver Art.
3° Decreto Nacional 1919 de 2002
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;»
« “Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.”
[…]
ARTÍCULO 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
[…]
ARTÍCULO 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad publica entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición.»
F. 133. F.F. 134-137
F. 138
F.F. 140-143. F. 144. F.F. 146 -149
F. 150. F.F. 152-155
Sentencia C-428 de 1997. Magistrados Ponentes: Dr. José Gregorio Hernández Galindo, Dr. Alejandro Martínez Caballero y Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
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