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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03875-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03875-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 26 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03875-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03875-01
Accionante: Julio César Orozco Serna
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Confirma la decisión impugnada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 26 de junio de
2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante la cual negó las pretensiones de la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Julio César Orozco Serna en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho presentó una demanda contra la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas con el
régimen retroactivo.

3. El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Armenia que,
mediante sentencia del 27 de noviembre de 2024, resolvió acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia del
14 de mayo de 2026 revocó la anterior decisión, al considerar que no era beneficiario
del régimen retroactivo, pues, si bien antes consideraba que dicho régimen le
resultaba aplicable por haberse vinculado antes del 30 de diciembre de 1996, lo cierto
es que dicha postura había sido replanteada con fundamento en jurisprudencia
reciente del Consejo de Estado según la cual, la afiliación del trabajador al Fondo
Nacional del Ahorro (FNA) obedeció al marco normativo vigente y no a una actuación
arbitraria de la administración, por ende, sus cesantías debían liquidarse conforme al
sistema anualizado.

5. En el caso concreto, señaló que el demandante prestó sus servicios a la Corporación
Autónoma Regional del Quindío y se afilió al FNA sin formular salvedad ni manifestar
inconformidad, razón por la que aceptó voluntariamente la aplicación del régimen

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Accionante: Julio César Orozco Serna

anualizado de cesantías.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte actora sostuvo que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo. No
obstante, la Sala advierte que sus argumentos corresponden, en realidad, a un
presunto desconocimiento del precedente, pues cuestionó la aplicación del criterio
adoptado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia del 30 de octubre de 20241, lo que, a su juicio, produjo un resultado
inequitativo, pues condujo a negar el régimen retroactivo de cesantías que, bajo la
postura anterior, había sido reconocido a otros servidores de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío que se encontraban en condiciones fácticas y
jurídicas similares.

7. Lo anterior, al considerar que el Tribunal se apartó de su propio precedente
horizontal2, en el que reconoció el régimen retroactivo de cesantías a otros empleados
de la Corporación Autónoma Regional del Quindío por estar vinculados antes del 30
de diciembre de 1996, quienes tampoco habían expresado su voluntad de acogerse
al sistema anualizado. Máxime cuando la sentencia del Consejo de Estado del 30 de
octubre de 2024, acogida por el despacho judicial accionado, no era aplicable a su
caso porque presentaba diferencias fácticas relevantes.

8. Señaló que la autoridad judicial accionada concluyó que su afiliación al Fondo
Nacional del Ahorro implicaba la aceptación voluntaria del régimen anualizado, esto,
sin verificar si recibió información previa, clara y suficiente acerca de las
características y consecuencias económicas de ambos regímenes.

9. En ese orden de ideas, alegó que en la decisión que se pretende infirmar se omitió
aplicar lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 3118 de 1968, disposición
normativa que exigía notificar personalmente al trabajador las liquidaciones anuales
de cesantías y obtener su asentimiento.

10. Sostuvo que el Tribunal incurrió en desconocimiento de precedente de la Sección
Segunda del Consejo de Estado3 en las que se estableció que la afiliación de un
servidor público a un fondo administrador de cesantías no comporta, por sí sola, el
cambio del régimen retroactivo al anualizado, pues para ello se requiere una
manifestación expresa de voluntad ante el empleador.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a la seguridad social, a la buena fe y confianza legítima, y al principio de favorabilidad

1
Sentencia de 30 de octubre de 2024, expediente 63001-23-33-000-2023-00016-01 (4955-2024), C. P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez
2 Sentencias del 23 de junio (expediente 63001-33-33-004-2021-00260-01) y 7 de diciembre de 2023 (expediente

63001-33-33-002-2021-00257-02), con ponencia del magistrado Luis Carlos Alzate Ríos, y 29 de febrero
(expediente 63001-33-33-002-2021-00285-01) y 7 de marzo de 2024 (63001-33-33-002-2021-00286-01), cuyo
magistrado ponente fue el Dr. Luis Carlos Marín Pulgarín.
3Sentencias de 19 de julio de 2018, expediente Radicado 08001-23-31-000-2012- 0524-01; 22 de febrero de 2018,

expediente 08001-23-31-000-2011-01429-01; 30 de mayo de 2019, expediente 23001-23-33-000-2014- 00479-01;
y 18 de septiembre de 2020, expediente 76001-23-33-000-2015-00627-01.

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laboral del accionante JULIO CÉSAR OROZCO SERNA, vulnerados por la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia del 14 de mayo
de 2026.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 14 de mayo de 2026 proferida por
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío dentro del Radicado
No. 63001-3333-001-2023-00111-01.

TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Quindío que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera nueva
sentencia dentro del proceso radicado 63001-3333-001-2023-00111-01, en la que se
confirme la sentencia favorable del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Armenia del 27 de noviembre de 2024, garantizando al accionante el mismo
tratamiento jurídico dado a sus compañeros Néstor Jairo Rodríguez, Adriana Lucía
Duque Velasco, Claudia Janeth Zapata Beltrán y Gloria Elena Ocampo Echeverry.

CUARTA (subsidiaria): En caso de que no se acceda a la pretensión anterior,
ORDENAR al Tribunal Administrativo del Quindío que profiera nueva sentencia en la
que aplique el principio de favorabilidad laboral del artículo 53 de la Constitución, el
principio del consentimiento informado en materia de cesantías, y la correcta inversión
de la carga de la prueba sobre el deber de información del empleador, reconociendo
el régimen retroactivo al accionante. (…)»

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 25 de mayo de 2026 a través del
cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de
Decisión como accionado y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

13. El Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión manifestó
que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto, se circunscribe a una discrepancia frente a la interpretación de disposiciones
normativas y al alcance de precedentes jurisprudenciales aplicados en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, debate que fue debidamente abordado y
resuelto por el juez natural.

14. Al respecto, indicó que, la decisión cuestionada fue adoptada con fundamento en
un examen integral del marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto en
cuestión.

15. Ahora, señaló que, de encontrar acreditados tales requisitos, la sentencia
cuestionada no adolecía de ningún defecto o irregularidad que vulnere derechos
fundamentales invocados en protección.

16. En efecto, abordó el estudio del régimen prestacional aplicable al accionante,
partiendo de la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales como
entidades de carácter especial y del vacío normativo existente en materia prestacional,
para concluir, con fundamento en la normativa vigente y en decisión del Consejo de
Estado que resultaba procedente la aplicación del régimen anualizado de cesantías.

17. La Corporación Autónoma Regional del Quindío solicitó que se niegue el
amparo o, en su defecto se declare improcedente porque la decisión cuestionada se
encuentra sustentada en normatividad vigente y precedente jurisprudencial aplicable
al asunto en cuestión.

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2.5. Sentencia impugnada

18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
providencia del 26 de junio de 2026 resolvió negar el amparo.

19. Previo a abordar el problema jurídico, precisó que, aunque el tutelante enmarcaba
su reproche en la causal específica de procedibilidad de la tutela de defecto sustantivo,
aquel se fundamentaba en la inobservancia del criterio que la misma autoridad judicial
había acogido en litigios anteriores con similares contornos fácticos y jurídicos, lo cual
se circunscribía a un desconocimiento del precedente.

20. Al respecto, señaló que no se configuraba el desconocimiento del precedente
horizontal alegado, pues, si bien el Tribunal varió el criterio que aplicaba en litigios
similares al suscitado por el actor, lo cierto es que dicha circunstancia obedeció a la
modificación de postura jurisprudencial del Consejo de Estado, la cual explicó de
manera suficiente en la providencia objeto de censura.

21. En ese sentido, el hecho de que una autoridad judicial modificara su criterio para
decidir los asuntos similares puestos bajo su conocimiento no implicaba per se
vulneración de derecho fundamentales, pues, para tal propósito resultaba
indispensable que se demostrara que el juez natural de la causa no desplegó una
suficiente carga argumentativa, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

22. En ese sentido, el hecho de que el juez natural de la causa no continuara con el
criterio que había acogido con antelación en casos similares al planteado por el
tutelante no implicaba desconocimiento del precedente horizontal, dado que justificó
la razón de ello, distinto, es que tal variación resultara desfavorable a los intereses del
actor, circunstancia que no lo habilitaba para acudir a este mecanismo constitucional
para lograr una decisión que acoja su tesis, sin tener en cuenta la carga argumentativa
que la autoridad judicial desplegó para modificar su postura.

2.6. Impugnación

23. La parte actora después de insistir en los argumentos de la demanda solicitó
revocar la decisión impugnada y, en consecuencia, amparar los derechos invocados
en protección.

III CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

25. De conformidad con lo expuesto, corresponde determinar si el Tribunal
Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión, al proferir la sentencia del 14
de mayo de 2026, incurrió en un desconocimiento de precedente.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

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26. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

27. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios
y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que
la Carta le impone.

28. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

29. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

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3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no han transcurrido más de 6
meses desde que profirió la decisión cuestionada en sede de tutela, lo cual ocurrió el
14 de mayo de 2026 y la interposición de la acción de tutela se presentó el 21 de mayo
de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto para resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, igualdad y seguridad social como consecuencia de un desconocimiento de
precedente, el cual se encuentra fundamentado razonablemente.

3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

30. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18964, precisó que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por
tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos
anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión».

31. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de
2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez,
constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

5
32. Respecto del precedente vertical , la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las
decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

33. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones
jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido
a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de
la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos
relevantes de cada caso6.

34. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en
casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de
la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad
ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de
discriminación7.

4 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
5 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
7 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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35. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por
parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.7. Análisis del presunto desconocimiento de precedente

36. La parte actora sostiene que el Tribunal incurrió en un desconocimiento del
precedente, al aplicar el criterio adoptado por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la sentencia del 30 de octubre de 2024 , lo que, a su juicio,
produjo un resultado inequitativo, pues condujo a negar el régimen retroactivo de
cesantías que, bajo la postura anterior, había sido reconocido a otros servidores de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío que se encontraban en condiciones
fácticas y jurídicas similares.

37. Lo anterior, al considerar que el Tribunal se apartó de su propio precedente
horizontal, en el que reconoció el régimen retroactivo de cesantías a otros empleados
de la Corporación Autónoma Regional del Quindío por estar vinculados antes del 30
de diciembre de 1996, quienes tampoco habían expresado su voluntad de acogerse
al sistema anualizado. Máxime cuando la sentencia del Consejo de Estado del 30 de
octubre de 2024, acogida por el despacho judicial accionado, no era aplicable a su
caso porque presentaba diferencias fácticas relevantes.

38. Señaló que la autoridad judicial accionada concluyó que su afiliación al Fondo
Nacional del Ahorro implicaba la aceptación voluntaria del régimen anualizado, esto,
sin verificar si recibió información previa, clara y suficiente acerca de las
características y consecuencias económicas de ambos regímenes.

39. En ese orden de ideas, alegó que en la decisión que se pretende infirmar se omitió
aplicar lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 3118 de 1968, disposición
normativa que exigía notificar personalmente al trabajador las liquidaciones anuales
de cesantías y obtener su asentimiento.

40. Igualmente, sostuvo que el Tribunal incurrió en desconocimiento de precedente de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se estableció que la afiliación
de un servidor público a un fondo administrador de cesantías no comporta, por sí sola,
el cambio del régimen retroactivo al anualizado, pues para ello se requiere una
manifestación expresa de voluntad ante el empleador.

41. Sobre el particular, se tiene que la autoridad judicial en la providencia cuestionada
consideró:

«Ahora bien, en lo que concierne al caso bajo examen, la sala observa que el
demandante se vinculó a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) el 1°
de septiembre de 1993, en calidad de servidor público en carrera administrativa, para
desempeñar el cargo de Profesional Especializado, código 3010, grado 13, conforme a
lo dispuesto en la Resolución No. 0001972 de la misma fecha. Lo anterior, permite
establecer que su ingreso tuvo lugar con anterioridad al 30 de diciembre de 1996.

En razón de ello, y bajo una interpretación razonada que en su momento adoptó esta
Corporación, se podría entonces considerar que el demandante tiene derecho a que
su régimen de cesantías sea el retroactivo, luego que conforme al precedente horizontal

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desarrollado por este Tribunal, ante supuestos fácticos y jurídicos análogos, se
reconoció —tanto en primera como segunda instancia— la procedencia del régimen
retroactivo de cesantías para estos servidores públicos. No obstante, en esta
oportunidad se adoptará por parte de esta Sala un criterio distinto al inicialmente
establecido como pasa a explicarse.
(…)
Sin embargo, el Consejo de Estado8, en pronunciamiento reciente respecto de un
proceso de esta Corporación, precisó que la reclamación de la demandante
carecía de fundamento jurídico, toda vez que, contrario a lo concluido por este
Tribunal, su adscripción al Fondo Nacional del Ahorro respondió al marco
normativo vigente y no a una actuación arbitraria, por lo que la prestación debía
liquidarse bajo el sistema anualizado de cesantías; sostuvo en la referida
providencia que:
(…)
En ese sentido, la posición que anteriormente sostenía este Tribunal fue reevaluada y
armonizada con el criterio fijado por el superior funcional, en aras de garantizar la unidad
de la jurisprudencia y la seguridad jurídica. El cambio de postura se originó en la Sala
Quinta9 de Decisión, la cual expuso los argumentos que ahora son acogidos también
por esta Sala, en los siguientes términos: “10. Bajo ese esquema, a la demandante le
asistía la posibilidad de manifestar en cualquier momento que su afiliación en materia
de cesantías al FNA no le satisfacía y que prefería el régimen retroactivo anterior; sin
embargo, no lo hizo, por lo que ahora no es posible solicitar una reliquidación de estas,
a la manera como lo planteó en sede administrativa y en sede judicial. 11. La Ley 3118
de 1968 que creó el FNA era aplicable a empleados públicos y trabajadores oficiales de
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional. Si bien
en efecto tal normativa comprendía a dichos empleados y trabajadores, no se puede
pasar por alto, que las normas creadoras y reguladoras de las CARs, las equiparaba,
en lo no regulado específicamente – como en el tema de las cesantías, a las entidades
descentralizadas de orden nacional, llámese departamentos administrativos,
superintendencias o establecimientos públicos, por lo cual la afiliación de la accionante
al FNA no resultaba ilegal. 12. Pese a lo consignado con antelación y no obstante
haberse vinculado como empleada pública con anterioridad a 1994, su régimen de
cesantía se inició a través del FNA y ninguna manifestación hizo para que dicha
situación no continuara siendo así, es decir, de manera voluntaria aceptó que el régimen
anualizado antiguo, propio del FNA, se le aplicara sin reparos”.

En consecuencia, el recurso interpuesto por la parte demandada está llamado a
prosperar, razón por la cual se impone la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, al quedar desvirtuadas las pretensiones de la demanda, toda vez que el
régimen retroactivo de cesantías no es predicable respecto de los servidores de la CRQ
vinculados al Fondo Nacional del Ahorro.
(…)»

42. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala estima que no se configura el
desconocimiento de precedente, en la medida que el Tribunal cumplió con la carga de
transparencia, pues reconoció que, conforme a su precedente horizontal,
anteriormente había admitido la aplicación del régimen retroactivo de cesantías a
servidores de la Corporación Autónoma Regional del Quindío vinculados antes del 30
de diciembre de 1996.

43. Sinembargo, explicó que esa posición había sido reevaluada a partir de la
sentencia del 30 de octubre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en la que se examinó una controversia relacionada
con otra servidora de la misma entidad, precedente en el que se concluyó que la

8 CE. Sección Segunda. Consejo Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez. 30 de octubre de 2024. Medio de Control:

Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 63-001-23-33-000-2023-00016-01 (4955-2024).
Demandante: María Cristina López Castaño. Demandado: Corporación Autónoma Regional del Quindío “C.R.Q”.
Tema: Cesantías con retroactividad
9 TAQ. Sala Quinta de Decisión. M.P Luis Javier Rosero Villota. Radicado 63001-3333-006-2021-00257-01. 28 de

agosto de 2025

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afiliación al Fondo Nacional del Ahorro respondió al marco normativo aplicable a la
Corporación Autónoma Regional del Quindío y no a una actuación arbitraria de la
entidad, de manera que las cesantías debían liquidarse conforme al sistema
anualizado.

44. Asimismo, la Sala observa que la autoridad judicial accionada también justificó que
la modificación de su postura tenía como finalidad armonizar su jurisprudencia con el
criterio adoptado por su superior funcional y garantizar la unidad de la jurisprudencia
y la seguridad jurídica, para lo cual, no se limitó a mencionar la existencia de la
sentencia del Consejo de Estado antes mencionada, sino que también reprodujo su
regla de decisión y acogió los argumentos desarrollados posteriormente por la Sala
Quinta del mismo Tribunal en un asunto similar.

45. En ese sentido, para la Subsección emerge con claridad que la modificación del
precedente horizontal no fue inadvertida ni arbitraria, teniendo en cuenta que se
originó en un criterio jurisprudencial sobreviniente del órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, relativo al régimen de cesantías de los
servidores de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

46. Así las cosas, no se advierte el desconocimiento de las sentencias anteriores del
Tribunal Administrativo del Quindío, pues, si bien en ellas se reconoció el régimen
retroactivo a otros servidores de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, sus
efectos se encuentran circunscritos a las partes de cada proceso y no otorgaban al
actor un derecho adquirido a obtener idéntica decisión.

47. Además, tampoco puede afirmarse que el Tribunal aplicara retroactivamente la
sentencia del 30 de octubre de 2024, toda vez que la providencia cuestionada resolvió
el proceso del demandante con fundamento en el criterio vigente al momento de
decidir la segunda instancia.

48. De modo que, el hecho de que otros servidores hubieran obtenido sentencias
favorables antes de producirse el cambio jurisprudencial no torna inconstitucional la
decisión cuestionada porque la evolución de la jurisprudencia puede ocasionar que
asuntos resueltos en momentos distintos reciban respuestas diferentes, sin que ello
configure por sí mismo una vulneración del derecho a la igualdad, siempre que la
modificación del criterio no sea arbitraria y se encuentre debidamente justificada,
como ocurrió en el caso en cuestión.

49. Ahora, en cuanto a los precedentes de la Sección Segunda invocados por la parte
actora, según los cuales la afiliación a un fondo administrador de cesantías no supone
por sí sola el cambio de régimen, la Sala advierte que no se acreditó que estos
guardaran identidad fáctica y jurídica estricta con el asunto examinado. Máxime
cuando el criterio fijado en la sentencia del 30 de octubre de 2024 se refirió
específicamente a los servidores de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
examinó la naturaleza jurídica de esa entidad, el marco normativo que determinaba
su afiliación al Fondo Nacional del Ahorro y las consecuencias derivadas de la
ausencia de oposición durante la relación laboral.

50. De otra parte, los cuestionamientos relacionados con el artículo 30 del Decreto
3118 de 1968, del deber de información de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío y la suficiencia del consentimiento del trabajador expresan una inconformidad

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03875-01
Accionante: Julio César Orozco Serna

con la interpretación y aplicación de las normas que regulan la prestación. Tales
planteamientos no demuestran el desconocimiento de una regla jurisprudencial
vinculante y tampoco autorizan al juez constitucional para sustituir al juez natural en
la resolución de la controversia.

51. De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial.

52. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para la
tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

53. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la
conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
confirmar la decisión de primer grado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 26 de junio de 2026, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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