Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00045-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00045-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2015-00045-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Demandante : Juan Carlos Ortega Royeth
Demandado : Municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba)
Tema : Sanción moratoria por falta de pago de cesantías
anualizadas
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación (parcial) interpuesto por el
demandante contra la sentencia de 22 de julio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba (sala segunda), mediante la cual declaró probada la
excepción de prescripción extintiva y negó las súplicas de la demanda dentro
del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 1 a 17). El señor Juan Carlos Ortega Royeth, a
través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de San
Andrés de Sotavento (Córdoba), para que se acojan las pretensiones que en el
apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio de 27 de mayo de 2014, que
«[…] declara improcedente las peticiones tales como CESANTÍAS,
INTERESES DE CESANTÍAS, VACACIONES, PRIMAS, AUXILIO DE
TRANSPORTE, INDEXACIÓN, INTERESES Y SANCIÓN MORATORIA
[…] por el pago tardío y la no afiliación o dep[ó]sito oportuno de las cesantías
a un fondo público o privado […]» (sic).
A título de restablecimiento del derecho, se condene al pago de «[…] las
CESANTÍAS, INTERESES DE CESANTÍAS, VACACIONES, PRIMAS,
AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEXACIÓN, INTERESES Y SANCIÓN
MORATORIA […]» (sic), valores que deberán ser indexados.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que «[…] fue vinculad[o] en
[c]arrera [a]dministrativa mediante Resolución 02 del 05 de octubre de 1984 y
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
Decreto de 013 del 06 de febrero de 1992, en la actualidad se encuentra
prestando sus servicios al [m]unicipio de San Andrés de Sotavento - Córdoba
[e]n calidad de T[É]CNICO OPERATIVO ([c]ódigo 407 - [g]rado 07) […]»
(sic).
Que, de acuerdo con certificado de tiempo de servicios de 3 de agosto de 2012,
expedido por el ente accionado, «[…] la fecha de afiliación a fondo de
cesantías, certificada por el jefe de servicios generales es el día 17 de febrero
del 2012 horizonte BBVA […] [por lo que] [c]on anterioridad a la fecha citada
no se consignaron aportes a fondo al[g]uno por administraciones anteriores»
(sic).
Afirma que el 12 de mayo de 2014 solicitó del demandado el pago de las
prestaciones aquí reclamadas, la cual fue atendida en forma negativa, por medio
de oficio de 27 siguiente, que comporta la decisión censurada en este proceso.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996
y el Decreto 1582 de 1998.
Arguye que el demandado «[…] incumplió la obligación legal de consignar la
cesantía anual que le correspondía […] desde la entrada en vigencia de la Ley
344 de 1996 y [L]ey 50 de 1990, en las entidades territoriales, esto es, desde la
vigencia del Decreto 1582 de 1998 que reglamentó la aplicación de este
régimen anualizado a los trabajadores que venían vinculadas a la
administración con régimen retroactivo y que decidían acogerse al nuevo
régimen anualizado y las cesantías debían liquidarse y entregarse al fondo
privado de cesantías al que el empleado se afiliara, acorde con lo estipulado
en el artículo 3º del Decreto 1582 citado. Solo a partir de tal fecha, 10 de
agosto de 1998, con la entrada en vigencia del Decreto 1582 se puede entender
que procede la sanción moratoria por la falta de consignación de cesantías
en los fondos privados, ello aplica para los empleados públicos del orden
territorial, y se trata de una sanción por incumplimiento del deber legal para
la administración como es el caso del [m]unicipio de San Andrés de Sotavento
que jamás consign[ó] los dineros de cesantías de sus funcionarios a un fondo
[…]» (sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 75 a 82). El accionado, por intermedio de
apoderada, contesta el libelo introductorio con oposición a sus súplicas;
respecto de los hechos dice que unos son ciertos y otros no, por lo que deben
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Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
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Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
probarse; y formula las excepciones denominadas inexistencia de la obligación
y prescripción.
Asevera que esta Corporación «[…] ha señalado en reiteradas sentencias, que
para que el empleado tenga derecho a cobrar la sanción moratoria de que trata
la Ley 50 de 1990 en su artículo 99, por remisión del artículo 1º del Decreto
1582 de 1998, es presupuesto indispensable que aparezca demostrado en el
plenario, que el empleado se afilió a un fondo privado de cesantías y que,
llegados los plazos de ley, el empleador, a pesar de estar enterado de esta
novedad de personal, actuó con negligencia en el cumplimiento de la
obligación de ordenar la consignación que le exigen la ley en esos casos»; no
obstante, «[…] de las pruebas que reposan en el expediente, no existe
documento alguno que permita corroborar que el demandante se encuentra
dentro de alguno de [tales] supuestos […], ya que no se demostró ni su intención
manifiesta ni su afiliación voluntaria a un fondo privado de cesantías […]
circunstancia que […] no da lugar a la configuración de la sanción moratoria
solicitada. Por el contrario, lo que se acredita por parte del mismo accionante
en el acápite de hechos en el numeral 2 es que la fecha de afiliación al fondo
de cesantías fue solo a partir del 17 de febrero de 2012 en el fondo privado
BBVA».
1.6 Providencia apelada (ff. 147 a 153 vuelto). El Tribunal Administrativo de
Córdoba (sala segunda), mediante sentencia de 22 de julio de 2021, declaró
probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y negó las súplicas
de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] [p]ese a que en
los cargos de la demanda no se citan normas relacionadas con las prestaciones
sociales reclamadas distintas a las cesantías y la sanción por mora, y tampoco
ello se señala en el concepto de violación […] lo cierto es que en el expediente
se verifica que al señor Juan Carlos Ortega se le pagaron acreencias así: por
concepto de cesantías anuales la suma de $13.984.744 y por el pasivo laboral
y prestacional según la [L]ey 550 de 1999 el valor de $24.880.906 […]. En
este orden de ideas, no hay lugar a ordenar el reconocimiento y pago de las
prestaciones tales como cesantías, vacaciones, primas, auxilio de transporte,
etc., deprecadas en la demanda».
Que, «Ahora, a partir del 10 de febrero de 1999 (f. 123) cuando el empleado
Ortega Royeth solicitó el cambio de régimen de cesantías, se entiende haber
permanecido en el régimen de retroactividad, por tanto, no es factible disponer
una condena por concepto de sanción moratoria respecto a las cesantías
causadas desde su vinculación en el año 1984 hasta esa fecha, en tanto dicho
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régimen no contempla sanciones por no afiliación o depósito oportuno de las
cesantías» (sic para toda la cita).
Sostiene que «[…] en febrero de 2011 se requiere el pago de las cesantías, no
de la sanción moratoria, por tanto, al presentar el derecho de petición para el
reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías el día 12 de
mayo de 2014, ya había operado el término prescriptivo correspondiente a las
cesantías de los años 2008, 2009, incluso 2010, conforme a la primera regla de
la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 […]. En el sub judice, el
actor pretende además de las cesantías el pago de la sanción moratoria por la
no consignación oportuna de las mismas comprendida entre los años 2008 a
2010. Y resulta evidente que respecto el derecho pretendido ha operado el
fenómeno jurídico de la prescripción trienal en tanto el término prescriptivo de
la sanción moratoria empieza a contabilizarse desde su causación y
exigibilidad, es decir, desde el 15 de febrero de la anualidad siguiente. Así
mismo, conviene aclarar que no obra en el expediente prueba alguna que dé
cuenta que el actor interrumpió el termino prescriptivo del derecho
perseguido» (sic para toda la cita).
Por otra parte, aduce que el demandante «[…] participó en el acuerdo de
reestructuración de pasivos, según su propia confesión […] cuando señala que
asistió a la reunión del 18 de octubre de 2012 y presentó observaciones
respecto de la obligación de liquidar sus prestaciones sociales, cesantías y
sanción moratoria conforme a la ley».
De igual forma, advierte que el actor «[…] no acompañó con la demanda el
acto por el cual se negaron las objeciones planteadas en la asamblea de
acreedores donde señala haber participado, tampoco sustentó ante la
Supersociedades sus objeciones para que fueran resueltas conforme al trámite
previsto en la ley. Por el contrario, luego de aquella participación, presentó el
día 12 de mayo de 2014 petición para el pago de las prestaciones que ya habían
sido canceladas […]. Conforme a lo anterior, […] al haberse presentado
objeciones se continuó con la contabilización de sanción moratoria, de allí que
al momento de requerir el pago de esa sanción el 12 de mayo de 2014 […] está
ya se encontraba prescrita» (sic).
1.7 Recurso de apelación (ff. 156 a 159). Inconforme con la anterior decisión
el accionante interpuso recurso de apelación (parcial), al estimar que «[…] en
relación con la prescripción de la sanción moratoria establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, ha señalado el Consejo de Estado que si bien las
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Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
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obligaciones de consignar en el Fondo el auxilio de cesantía surge para el
empleador antes del 15 de febrero de cada año, la posibilidad de demandar
nace desde el momento en que la Administración, hace el retiro del servidor no
hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el
cumplimiento de su obligación. [Por tanto,] mientras esté vigente el contrato de
trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía […]» (sic). En
consecuencia, «[…] solicit[a] […] se ORDENE a la entidad demandada
reconocer y pagar […] la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, lo equivalente a un día de salario por cada día de retardo en
el pago, desde […] 1992 hasta la fecha» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 8 de
octubre de 2021 (f. 160) y admitido por esta Corporación a través de auto de 5
de mayo de 2022 (f. 164), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1, y en
virtud de lo establecido en el numeral 4 ibidem, el demandado por conducto de
apoderado presentó sus alegatos de conclusión para reiterar los argumentos de
defensa expresados en el escrito de contestación de la demanda 2.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación (parcial),
corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al actor, en su condición
de servidor público del orden territorial, le es aplicable el régimen de cesantías
anualizadas, y de ser así, si le asiste o no derecho a la sanción moratoria por su
pago tardío y si se encuentra configurada o no la prescripción extintiva del
derecho.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
5
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
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3.3.1 Cesantías de los empleados territoriales. El auxilio de cesantías es una
prestación social a la que todos los empleados del Estado tienen derecho, cuya
finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever las necesidades que se
originan para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo
que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo»3,
que actualmente también promueve el acceso de los trabajadores a los
componentes de educación y vivienda.
La letra f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 19454 estipula que el monto de esta
prerrogativa es equivalente a un mes de salario por cada año de servicios o
proporcionalmente al lapso laborado. Además, la mencionada norma dispone
que solo hay lugar a pagarla una vez culmine la relación laboral, por lo que esta
forma de reconocimiento recibió el nombre de régimen de cesantías retroactivo.
El artículo 1º. de la Ley 65 de 19465 extendió dicha garantía a los trabajadores
del orden territorial, entre otros, en los siguientes términos:
Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no
escalafonados en la Carrera Administrativa, tendrán derecho al
auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o
discontinuamente, a partir del 1 de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa del retiro.
Parágrafo.- Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los
Departamentos, Intendencias y comisarías y Municipios […].
La norma en cita la reprodujo el Decreto 1160 de 19476 con la aclaración de
que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese lapso.
Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del
Ahorro como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de
Desarrollo Económico, constituido por las cesantías de los trabajadores
oficiales y empleados públicos, cuyo objeto, entre otros, era garantizar el pago
oportuno del aludido derecho laboral. En esta norma se individualizó las
entidades públicas que debían realizar la liquidación anual del emolumento, así:
3
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
4
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
5
«Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras».
6
«Sobre auxilio de cesantía».
6
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
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Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a
partir del 1º de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía
que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no
podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del
respectivo empleado o trabajador.
El citado precepto no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial,
quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías dispuesto en las Leyes
6ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo.
Por otra parte, la Ley 50 de 19907 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo 99:
El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12%
anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas
vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la
suma causada en el año o en la fracción que se liquide
definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes
del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador
que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por
cada retardo.
El artículo 13 de la Ley 344 de 19968 extendió el régimen de cesantías fijado en
la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados con posterioridad a su
entrada en vigor (31 de diciembre de 1996), en los siguientes términos:
7
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
8
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
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Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las
personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado
tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuar en fecha diferente por la terminación
de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen
que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente
artículo.
Por su parte, el artículo 1º. del Decreto 1582 de 19989 amplió el régimen de
cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores públicos
del orden territorial, así:
El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre
de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el
previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes
de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel
que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las retroactivas que son
dables para quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30 de
diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990, inicialmente
para el sector privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores
públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigor (31 de diciembre de
1996).
Conforme a la normativa trascrita se tiene entonces que los empleados que se
vincularon a partir del 31 de diciembre de 1996 les es aplicable el régimen de
cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la realización
de la liquidación anual de dicha prestación social, suma que deberá ser
consignada en el respectivo fondo de cesantía, con anterioridad al 15 de febrero
del año siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado al pago de un día
de salario por cada uno de retardo.
9
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
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Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 previó la
posibilidad para los servidores públicos vinculados con anterioridad a la Ley
344 de 1996 que gocen del régimen de retroactividad, acogerse al de cesantías
allí previsto, de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las
cesantías a la fecha de solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la
administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades
territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores
públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por
el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que
se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites
legales necesarios para su expedición.
En el mismo sentido, de conformidad con el artículo 2 del citado Decreto 1582,
para que los servidores públicos territoriales puedan afiliarse a un fondo de
cesantías y acogerse al nuevo régimen anualizado, se realizará un convenio
entre la entidad territorial y el fondo respectivo, en los siguientes términos:
Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de
1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el
pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial
que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es
decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344
de 1996.
La afiliación de los servidores públicos territoriales a un fondo de
cesantías en el evento previsto en el inciso anterior, se realizará en
virtud de convenios suscritos entre los empleadores y los
mencionados fondos, en los cuales se precisen claramente las
obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se
harán los aportes por la entidad pública, y la responsabilidad de la
misma por el mayor valor resultante de la retroactividad de las
cesantías.
Parágrafo.- En el caso contemplado en el presente artículo,
corresponderá a la entidad empleadora proceder a la liquidación
parcial o definitiva de las cesantías, de lo cual informará a los
respectivos fondos, con lo cual éstos pagarán a los afiliados, por
cuenta de la entidad empleadora, con los recursos que tengan en su
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poder para tal efecto. Esto hecho será comunicado por la
administradora a la entidad pública y ésta responderá por el mayor
valor en razón del régimen de retroactividad si a ello hubiere lugar,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 344 de 1996.
En el evento en que una vez pagadas las cesantías resultare un saldo
a favor en el fondo de cesantía, el mismo será entregado a la entidad
territorial.
De lo anterior se desprende que, incluso, los empleados territoriales vinculados
con antelación al 31 de diciembre de 1996 podían trasladarse del régimen de
cesantías retroactivo al anualizado, siempre que se dieran las siguientes
situaciones: (i) convenio entre la entidad territorial y el fondo de cesantías y (ii)
información y publicidad entre los tres (3) sujetos (ente, fondo y afiliado) para
efectos de poner en conocimiento el traslado.
3.4.2 Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. Hace parte del
derecho sancionador por el incumplimiento de una obligación del empleador, la
que carece de carácter accesorio e imprescriptible10, puesto que (i) se causa por
su no pago y no depende directamente del reconocimiento de las cesantías, ni
hace parte de ellas, dado que se genera de manera excepcional, cuando el
empleador omite su deber de cancelarlas dentro de los términos legales11; y (ii)
no puede considerarse como un derecho exento del término de prescripción,
dada su naturaleza sancionatoria, so pena de vulnerar disposiciones legales que
consagran que no existirán sanciones imprescriptibles.
Precisamente, en lo atañedero esa sanción, la sección segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 201612, arribó a las
siguientes conclusiones:
1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las
cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la
prescripción.
2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al
fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto,
es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
10
Respecto del fundamento normativo de la sanción moratoria, ver sentencia de unificación de la sección segunda
de 25 de agosto de 2016, con ponencia del entonces consejero de Estado Luis Rafael Vergara Quintero, radicado
528-14.
11
Sección segunda, subsección A, sentencia de 1º. de diciembre de 2016, expediente: 08001-23-31-000-2011-
01398-01 (3221-15).
12
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
10
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
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3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la
indemnización por la mora en la consignación de las cesantías
anualizadas, es el momento mismo en que se produce la mora, es
decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago.
4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento
en la consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se
produce la desvinculación del servicio.
5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización
moratoria es el que devenga el empleado en el momento en que se
produce la mora, y cuando concurren dos o más periodos de cesantías
y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta para la liquidación
cambia en el momento en que se genera un nuevo periodo de mora,
en los términos previamente descritos.
No obstante, en auto de 7 de noviembre de 201913, esta sección consideró
necesario aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas
inconsistencias entre las conclusiones adoptadas en lo que dice relación con el
cómputo del término prescriptivo de la sanción moratoria y la solución dada al
caso allí tratado, por lo que seleccionó el expediente con fines de unificar
jurisprudencia, escenario en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-022-
202014, por medio de la que fijó las siguientes reglas:
PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección
Segunda del Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la
prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las
siguientes reglas jurisprudenciales:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la
prescripción de la sanción moratoria de las cesantías anualizadas
prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad,
es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la
reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en
la consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de
la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de
manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado
dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente
13
Expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
14
Consejo de Estado (sección segunda), sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de marzo de 2020; expediente 08001-
23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
11
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
a su causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad
correspondiente, so pena de su extinción.
De conformidad con lo anterior, el término de prescripción de que trata el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el
caso de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
debe computarse desde el primer día en que se cause el incumplimiento, de
manera que si la exigibilidad de aquella sanción se origina el 15 de febrero
frente a las cesantías correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior,
la respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres
años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. Asimismo,
en el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año.
En este orden de ideas, resulta claro que, por omitir consignar las cesantías en
los términos previstos en el régimen anualizado, el empleador, como se dijo,
tendría que pagar la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, esto es, un día de salario por cada uno de retardo, la cual puede verse
afectada por la prescripción de no ser reclamada dentro de los tres años
siguientes a la fecha en que se origine15.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Certificación de tiempo de servicio 72-SG-2012 de 3 de agosto de 2012 (ff.
23 y 24), expedida por el secretario de gobierno del ente accionado con
funciones específicas encargadas mediante Resolución 6 de 12 de enero
anterior, conforme a la cual el accionante «[…] labora con el [m]unicipio […]
en calidad de [t]écnico operativo ([c]ódigo 407, [g]rado 07) vinculado en
[c]arrera [a]dministrativa […]», así: (i) desde el 5 de octubre de 198416 hasta
el 24 de septiembre de 1986 en la oficina de desarrollo a la comunidad y (ii) del
6 de febrero de 199217 a la fecha de expedición de ese documento en aquel
empleo.
15
El suscrito ponente se había apartado de tal interpretación, adoptada por la sala de subsección mayoritaria en
ocasiones anteriores, por considerar que dicha sanción tiene su causación cada día de no pago hasta cuando se
consigne el valor del auxilio de cesantías, por lo que podría haber una prescripción parcial, si se reclama dentro de
los 3 años siguientes a su cancelación.
16
Nombrado por medio de Resolución 2 de 5 de octubre de 1984.
17
Designado con Decreto 13 de 6 de febrero de 1992.
12
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
De igual modo, el referido documento informa que «[…] la fecha de afiliación
a[l] [f]ondo de [c]esantías certificada por el [j]efe de [s]ección [s]ervicios
[g]enerales es el día 17 de [f]ebrero de 2012, Horizonte BBVA […] [y] [c]on
anterioridad a la fecha citada no se consignaron aportes a fondo alguno por
las administraciones anteriores […]».
b) Solicitud de 10 de febrero de 1999, por medio de la cual el demandante
deprecó del municipio accionado «[…] ordene a quien le corresponda me
traslade a un fondo de cesantía con el fin de acogerme al nuevo régimen
especial de cesantía» (f. 123).
c) Escritos de 6 de febrero de 2003 y de 9 de febrero de 2011, por las que el
actor pidió del alcalde de Sotavento el reconocimiento de las «cesantías anuales
de los años» 1999 a 2002 y 2008 a 2010 (ff. 121 y 122).
d) Memorial de 12 de mayo de 2014 (ff. 13 a 17), a través del cual el demandante
reclama del ente accionado «[…] reconocer, ordenar, liquidar y pagar […] las
sumas que resulten a su favor por concepto de la deuda correspondiente a las
CESANTÍAS, INTERESES DE CESANTÍAS, VACACIONES, PRIMAS,
AUXILIO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO LA INDEXACIÓN, Y SANCIÓN
MORATORIA de que trata la [L]ey 344 de 1996, por la no afiliación o
depósito oportuno de dichas cesantías a un fondo público o privado,
INTERESES Y DEMÁS EMOLUMENTOS SALARIALES ([e]xcepto años
2004 a 2007), adeudadas […] que no fueron incluidos como acreencia en el
proceso de re[e]structuración de pasivo […]» (sic); lo que le fue negado con el
acto acusado (ff. 19 a 22).
e) Certificación firmada por el director general de apoyo fiscal del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, que da cuenta de que el 4 de septiembre de 2012
el ente accionado presentó solicitud de ingreso al registro de inscripción de
información relativa a los acuerdos de reestructuración de pasivos, lo que fue
aceptado a través de Resolución 2634 de 5 siguiente y consolidado el 10 de los
mismos mes y año, mientras que el acuerdo de reestructuración fue inscrito el 8
de enero de 2013 (ff. 25 a 30).
f) Acta de la reunión de determinación de derechos de voto y acreencias del
acuerdo de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999 de San Andrés de
Sotavento de 27 de diciembre de 2012 (ff. 31 a 36).
g) Certificado de 6 de junio de 2017 (ff. 116 a 118), suscrito por el jefe de
13
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
sección de servicios generales del municipio accionado, en el que se indica:
[…] revisada la base de datos de la historia laboral inscrita en el
Archivo plano el proyecto PASIVOCOL, se verifican los siguientes
actos administrativo[s] del señor JUAN CARLOS ORTEGA
ROYETH […]:
Acto administrativo Hasta Cargo
Decreto 2 de 5 de 27 de marzo de Secretario de
octubre de 1984 1985 personería
municipal
Resolución 1 de 1º de 19 de enero de SEC oficina
abril de 1985 1986 Kardex
tesorería
Decreto 26 de 20 de 31 de diciembre Sec ofician
enero de 1986 de 1986 desarrollo
Decreto 13 de 6 de 5 de octubre de Sec oficina
febrero de 1992 1993 jurídica
Decreto 44 de 7 de 21 de agosto de Sec
octubre de 1993 1998 inspección
policía
Decreto 306 de 27 de 30 de abril de Sec oficina de
agosto de 1998 2002 contabilidad
Decreto 173 de 2 de 5 de diciembre Coordinador
mayo de 2002 de 2005 contable
Decreto 814 de 9 de Auxiliar
Activo
diciembre de 2005 administrativo
Que el señor […] se le cancel[ó] cesantías anuales 2010-00153-00,
por valor $13.984.744 y cesantías del pasivo laboral y prestaciones
sociales [L]ey 550 de 1999, por valor $24.880.906 (anexo
comprobante de pago, Inventario de Acreencias laborales LEY
550/99), fue afiliado el […] 17 de […] de febrero de […] 2012, y a la
fecha aún se encuentra activo en el cargo.
Revisada su hoja de vida se verificó la solicitud del cambio de
régimen de cesantía y sus consignaciones anuales como empleado de
la Alcaldía Municipal […], que en los años 2004, 2005, 2006 y 2007,
se liquidaron sus cesantías bajo el régimen de liquidación anualizado,
y su pago se efectuó a través de un proceso judicial, toda vez que no
fueron consignadas al Fondo de Cesantías en los términos que
establece la Ley.
Que los años 1998 al 2003, 2008, 2009 y 2010, se cancelaron sus
cesantías en el marco del Proceso de Reestructuración de Pasivos-
Ley 550 de 1999 que adelanta la entidad.
Los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, se les
14
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
consignaron al fondo de cesantías BBVA Horizontes, hoy Porvenir,
bajo el régimen de liquidación anualizado. Por consiguiente se
encuentra sometido al régimen de cesantía anualizada [sic para toda
la cita].
De las pruebas relacionadas, se colige que el actor (i) laboró para el municipio
de San Andrés de Sotavento (Córdoba) desde el 6 de febrero de 199218, según
certificación allegada al expediente; (ii) a partir del 17 de febrero de 2012 se
afilió para cesantías al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir (antes
Horizonte BBVA); (iii) por medio de memorial de 12 de mayo de 2014, solicitó
del ente accionado la sanción moratoria por la falta de pago de sus cesantías
anualizadas, excepto por los años 2004 a 2007, lo que fue negado con el acto
acusado.
También está acreditado que las cesantías de 1998 a 2003 y 2008 a 2010 fueron
liquidadas y pagadas al accionante dentro del trámite de reestructuración de
pasivos, mientras que las de 2004 a 2007 y 2011 a 2017, se sufragaron por el
régimen anualizado, a pesar de que no obra en el expediente prueba de que aquel
se haya trasladado de régimen con anterioridad al 17 de febrero de 2012 (fecha
certificada como de vinculación al fondo de cesantías Horizonte BBVA).
Sea del caso advertir que el recurso de apelación parcial impetrado por el actor
únicamente se contrae al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías anualizadas, frente a lo cual el a quo declaró probada la
excepción de prescripción extintiva del derecho.
Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de determinarse
es el régimen de cesantías que le resulta aplicable al accionante, respecto de lo
cual se evidencia que su vinculación a la planta de la entidad territorial
demandada ocurrió el 6 de febrero de 1992, fecha para la que el vigente era el
de cesantías retroactivas regido por la Ley 6ª. de 1945, sin que exista prueba
alguna del traslado de que trata el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que
permitió la posibilidad para los servidores públicos designados con anterioridad
a la Ley 344 de 1996 de acogerse al régimen de cesantías anualizadas.
Según el marco conceptual que antecede, los artículos 2 y 3 del citado Decreto
1582 establece que, para que los servidores públicos territoriales puedan
afiliarse a un fondo de cesantías y acogerse al nuevo régimen anualizado, deben
18
Se tiene como fecha de vinculación para este proceso el 6 de febrero de 1992, dado que tras la culminación de su
trabajo anterior con la Administración municipal (5 de octubre de 1984 a 24 de septiembre de 1986), hubo solución
de continuidad.
15
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
cumplirse las siguientes exigencias: (i) suscripción de un convenio entre la
entidad territorial y el fondo de cesantías para efectos de administrar en cuentas
individuales los recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos
de ese nivel que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad; (ii)
información y publicidad entre los tres (3) sujetos (ente, fondo y afiliado) con
el fin de poner en conocimiento el traslado; y (iii) liquidación definitiva de las
cesantías realizada por la entidad pública a la fecha de solicitud de traslado,
cuyo valor deberá ser entregado a la administradora seleccionada por el
trabajador, representado en un título de deuda pública a favor de este.
En el presente asunto se echa de menos las anteriores condiciones, por cuanto
solo hay certificación sobre la afiliación del accionante al Fondo de Pensiones
y Cesantías Porvenir desde el 17 de febrero de 2012, y la petición formulada
por él el 10 de febrero de 1999 por sí sola no es suficiente para materializar el
traslado de régimen, pues para ello es indispensable satisfacer las mencionadas
exigencias previstas en los artículos 2 y 3 del Decreto 1582 de 1998, pues, amén
de que no aportó ninguno de los aludidos documentos, tampoco obra
liquidación de sus cesantías con corte a la fecha de cambio de régimen con el
sistema anterior19.
En este orden de ideas, se evidencia que el demandante está vinculado a la
accionada desde el 6 de febrero de 1992 y, a pesar de haberse afiliado a un fondo
de pensiones y cesantías privado, no perdió el régimen retroactivo de cesantías
que lo cobijaba por ser empleado del nivel territorial antes del 31 de diciembre
de 1996, fecha en que entró en vigor la Ley 344 de 1996; por tanto, no hay duda
sobre la falta de cumplimiento de las previsiones legales para la configuración
del cambio de régimen.
De igual modo, se precisa que la entidad sufragó al actor las cesantías de los
años 1998 a 2003 y 2008 a 2010, conforme al régimen retroactivo en atención
a la fecha de inicio de la relación laboral, aspecto frente al que aquel no presentó
reparo alguno, por lo que resulta sorprendente que ahora pretenda beneficiarse
19
Consejo de Estado, (sección segunda), expediente 08001-23-31-000-2011-00585-01 (1435-14), C. P. Luis Rafael
Vergara Quintero: «Al respecto, es necesario hacer énfasis en que de conformidad con lo previsto en el artículo 3
del Decreto 1582 de 1998, los servidores públicos vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996,
cobijados por el régimen de retroactividad de cesantías, como en el caso de la demandante, quien se vinculó a la
administración municipal desde el año 1992, tenían la posibilidad de cambiarse de régimen, pero ese cambio no
operaba en forma automática por el sólo hecho de la creación del régimen anualizado, sino que tenía que mediar la
voluntad del empleado, para acogerse al mismo. // Y, obviamente, esa decisión debía ser puesta en conocimiento
del empleador, pues era a éste a quien le correspondía adelantar las gestiones necesarias para liquidar los valores
debidos con fundamento en el régimen de retroactividad y a partir de allí, empezar a realizar las liquidaciones
anualizadas, en la forma y términos que dispuso la Ley 344 de 1996 y complementarias».
16
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
de un régimen anualizado de cesantías sin que haya cumplido a cabalidad los
requisitos para lograr ese propósito.
No obstante, se itera que las cesantías de los años 2004 a 2007 (a pesar de que
no son objeto de las pretensiones) y las de 2011 a 2017 fueron canceladas según
el régimen anualizado.
En un caso similar20, esta subsección expresó:
[…] la Sala observa que el actor se ha beneficiado de uno y otro
régimen, ya que mientras que en un interregno del 2004 a 2007, se le
canceló el auxilio de cesantías como si se tratara de un servidor
regulado por el sistema anualizado; por los años 1998 a 2003 y 2008
a 2010, la administración liquidó las cesantías conforme al régimen
retroactivo en atención a la fecha de inicio de la relación laboral;
régimen que le resulta más favorable al empleado, en la medida que
para su cómputo se tuvo en cuenta el último salario devengado a la
fecha (2012), arrojándole una suma de $51.237.372 por concepto de
9 de años de la prestación social, al paso que con el anualizado se
tuvo en cuenta la asignación de cada vigencia (2004, 2005, 2006 y
2007), reconociéndosele el valor de $5+.702.206, que si bien
corresponde a 3 años, permite concluir que de haberse liquidado por
todo el período laborado con base en este sistema no llegaba ni a una
quinta parte respecto de aquella suma dineraria pagada por
retroactividad, lo cual es sumamente beneficioso para el actor.
49. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que el actor, en calidad
de servidor público territorial cobijado por el sistema retroactivo de
cesantías, en razón a la fecha de ingreso a la administración, sin que
manifestara su voluntad de renunciar a aquel o trasladarse el
anualizado, solicitara el pago de manera anualizada por unas
anualidades -2004 a 2007-, para posteriormente, beneficiarse del
reconocimiento y pago conforme al sistema retroactivo por los años
1998 a 2003 y 2008 a 2010-; régimen que resulta ser altamente
beneficioso para el servidor que lo cobija, para posteriormente
solicitar la sanción moratoria por estos años liquidados con
retroactividad, alegándose para ello, estar regulado por las Leyes 50
de 1990 y 344 de 1996, cuando se ha quebrantado el principio de
inescindibilidad de la ley, al obtener ventajas de uno y otro sistema
de liquidación [sic para toda la cita].
En tal sentido, esta Sala encuentra reprochable esta conducta del accionante,
puesto que ha sido él quien ha incumplido las exigencias que la ley preceptúa
20
Sentencia de 30 de mayo de 2019, expediente 23001-23-33-000-2014-00479-01 (1168-17).
17
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
para estos fines, mientras que la entidad ha satisfecho su obligación de pago de
las cesantías, aún encontrándose inmersa en un trámite de reestructuración de
pasivos.
Además de lo anterior, si bien el 17 de febrero de 2012 el actor fue afiliado a un
fondo privado de cesantías, ello no implicó que su régimen retroactivo haya
cambiado al anualizado, toda vez que para ello, se insiste, se requiere colmar
las exigencias previstas en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, amén de que
el artículo 2 ibidem establece que «las entidades administradoras de cesantías
creadas por la Ley 10 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los
recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel
territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es
decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996».
Asimismo, «[…] los cambios que contempla el nuevo sistema de liquidación
únicamente pueden hacerse obligatorios para las relaciones laborales futuras,
es decir, las que se inicien después de haber entrado la citada ley en pleno
vigor. En consecuencia, no es admisible cobijar bajo las nuevas disposiciones
las situaciones jurídicas nacidas a partir de vínculos que se venían ejecutando
al producirse la reforma, puesto que en términos de la Corte Constitucional
«Respecto de ellas, el único que puede optar por incorporarse al régimen
posterior, pudiendo permanecer en el antiguo, es el empleado, libre de toda
coacción externa y bajo el supuesto de su mejor conveniencia.»21»22.
En esas condiciones, esta Corporación encuentra que al accionante no le asiste
el derecho a la sanción moratoria por la alegada falta de pago de sus cesantías
anualizadas, pues él pertenecía al régimen retroactivo, del que no ha
formalizado traslado alguno al anualizado.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto
negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
21
«Sentencia C-428 de 1997. Magistrados Ponentes: Dr. José Gregorio Hernández Galindo, Dr. Alejandro
Martínez Caballero y Dr. Vladimiro Naranjo Mesa».
22
Sentencia de 30 de mayo de 2019, expediente 23001-23-33-000-2014-00479-01 (1168-17).
18
Expediente 23001-23-33-000-2015-00045-01 (4307-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Juan Carlos Ortega Royeth contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 22 de julio de 2021 expedida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba (sala segunda), en cuanto negó las pretensiones de
la demanda en el proceso instaurado por el señor Juan Carlos Ortega Royeth
contra el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba), pero por las razones
expuestas en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
19
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