Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00047-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00047-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2016-00047-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
22 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
Demandante : Dalgy Esther Polo Yépez
Demandado : Municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba)
Tema : Sanción moratoria por falta de pago de cesantías
anualizadas
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación (parcial) interpuesto por la
demandante contra la sentencia de 4 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba (sala tercera), mediante la cual declaró probada la
excepción de prescripción extintiva y negó las súplicas de la demanda dentro
del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 1 a 18). La señora Dalgy Esther Polo Yépez, a
través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de San
Andrés de Sotavento (Córdoba), para que se acojan las pretensiones que en el
apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio de 27 de mayo de 2014, que
«[…] declara improcedente las peticiones tales como CESANT[Í]AS,
INTERESES DE CESANT[Í]AS, VACACIONES, PRIMAS, AUXILIO DE
TRANSPORTE, INDEXACIÓN, INTERESES Y SANCIÓN MORATORIA
[…] por el pago tardío y la no afiliación o dep[ó]sito oportuno de las cesantías
a un fondo público o privado […]» (sic).
A título de restablecimiento del derecho, se condene al pago de «[…] las
CESANT[Í]AS, INTERESES DE CESANT[Í]AS, VACACIONES, PRIMAS,
AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEXACIÓN, INTERESES Y SANCIÓN
MORATORIA […]» (sic), valores que deberán ser indexados.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que «[…] fue vinculada en
[c]arrera [a]dministrativa (Decreto 015 de 27 de Febrero de 1989), en la
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dalgy Esther Polo Yépez contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
actualidad se encuentra prestando sus servicios al [m]unicipio de San Andrés
de Sotavento - Córdoba [e]n calidad de Auxiliar de Servicios Generales
([c]ódigo 470 - [g]rado 01) […]» (sic).
Que, de acuerdo con certificado de tiempo de servicios de 23 de julio de 2012,
expedido por el ente accionado, «[…] la fecha de afiliación al fondo de
cesantías, certificada por el jefe de servicios generales es el día 17 de febrero
del 2012 horizonte BBVA […] [por lo que] [c]on anterioridad a la fecha citada
no se consignaron aportes a fondo al[g]uno por administraciones anteriores»
(sic).
Afirma que, en diferentes oportunidades1, solicitó del demandado el pago de las
prestaciones aquí reclamadas, empero, únicamente la de 12 de mayo de 2014
fue atendida en forma negativa, por medio de oficio de 27 siguiente, que
comporta la decisión censurada en este proceso.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996
y el Decreto 1582 de 1998.
Arguye que el demandado «[…] incumplió la obligación legal de consignar la
cesantía anual que le correspondía […] desde la entrada en vigencia de la Ley
344 de 1996 y [L]ey 50 de 1990, en las entidades territoriales, esto es, desde la
vigencia del Decreto 1582 de 1998 que reglamentó la aplicación de este
régimen anualizado a los trabajadores que venían vinculadas a la
administración con régimen retroactivo y que decidían acogerse al nuevo
régimen anualizado y las cesantías debían liquidarse y entregarse al fondo
privado de cesantías al que el empleado se afiliara, acorde con lo estipulado
en el artículo 3º del Decreto 1582 citado. Sólo a partir de tal fecha, 10 de
agosto de 1998, con la entrada en vigencia del Decreto 1582 se puede entender
que procede la sanción moratoria por la falta de consignación de cesantías
en los fondos privados, ello aplica para los empleados públicos del orden
territorial, y se trata de una sanción por incumplimiento del deber legal para
la administración como es el caso del [m]unicipio de San Andrés de Sotavento
que jamás consign[ó] los dineros de cesantías de sus funcionarios a un fondo
[…]» (sic).
1
A través de escritos de 9 de junio de 1998, 14 de enero de 2014, 23 de noviembre de 2000, 23 de julio de 2001, 12
de agosto de 2003, 9 de agosto de 2004, 26 de junio de 2007, 1º. de septiembre de 2008, 16 de agosto de 2010 y 25
de septiembre de 2013.
2
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1.5 Contestación de la demanda (ff. 100 a 107). El accionado, por intermedio
de apoderada, contesta el libelo introductorio con oposición a sus súplicas;
respecto de los hechos dice que algunos son ciertos y otros no, por lo que deben
probarse; y formula las excepciones denominadas inexistencia de la obligación
y prescripción.
Asevera que esta Corporación «[…] ha señalado en reiteradas sentencias, que
para que el empleado tenga derecho a cobrar la sanción moratoria de que trata
la Ley 50 de 1990 en su artículo 99, por remisión del artículo 1º del Decreto
1582 de 1998, es presupuesto indispensable que aparezca demostrado en el
plenario, que el empleado se afilió a un fondo privado de cesantías y que,
llegados los plazos de ley, el empleador, a pesar de estar enterado de esta
novedad de personal, actuó con negligencia en el cumplimiento de la
obligación de ordenar la consignación que le exigen la ley en esos casos»; no
obstante, «[…] de las pruebas que reposan en el expediente, no existe
documento alguno que permita corroborar que la demandante se encuentra
dentro de alguno de [tales] supuestos […], ya que no se demostró ni su intención
manifiesta ni su afiliación voluntaria a un fondo privado de cesantías […]
circunstancia que […] no da lugar a la configuración de la sanción moratoria
solicitada. Por el contrario, lo que se acredita por parte de la misma accionante
en el acápite de hechos en el numeral 2 es que la fecha de afiliación al fondo
de cesantías fue solo a partir del 17 de febrero de 2012 en el fondo privado
BBVA».
1.6 Providencia apelada (ff. 333 a 348 vuelto). El Tribunal Administrativo de
Córdoba (sala tercera), mediante sentencia de 4 de marzo de 2021, declaró
probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y negó las súplicas
de la demanda (sin condena en costas), al considerar que la actora «[…] tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria […] por el per[í]odo
comprendido por el año 2000 y los años 2008 a 2010, pero solo hasta el
momento de Determinación definitiva de acreencias y votos, es decir, hasta el
24 de julio de 2013, pues al haber participado en la adopción del mismo, sin
que se presentara objeción, se suspende la contabilización de la sanción
moratoria hasta la ejecutoria de la decisión que estableció el pago de las
acreencias […]».
Que «en principio resulta evidente que la señora Dalgy Esther Polo Yépez tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria […] desde su
causación y hasta el 24 de julio de 2013, no obstante, como quiera que la
sanción moratoria que se estudia, se originó por la no consignación de las
3
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cesantías correspondientes a las anualidades 2000 y 2008 a 2010, es claro, que
frente a las mismas acaeció parcialmente el fenómeno extintivo de la
prescripción, por no haberse ejercido en tiempo el derecho a reclamar su
reconocimiento y pago […]» (sic).
Concluye que «[…] como la reclamación de la sanción moratoria se realizó el
12 de mayo de 2014, […] se encuentra prescrito la totalidad del derecho
pretendido, pues para dicha fecha ya había acaecido -conforme a la sentencia
de unificación invocada- la extinción del derecho por prescripción desde el 15
de febrero de 2014. Así las cosas, como no hay lugar al reconocimiento de las
prestaciones y la sanción moratoria pretendida, se negarán las súplicas de la
demanda y se declarará configurada la excepción de prescripción […]» (sic).
1.7 Recurso de apelación (ff. 350 a 354). La accionante, por intermedio de
apoderada, interpuso recurso de apelación únicamente frente a la negativa de la
sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías anualizadas, en la medida
en que «[…] le manifestó reiteradamente a la administración del ente
demandado, que le reconociera y pagara sus [c]esantías [a]nuales y que le
adeudaba e igualmente le hizo saber la norma expresa que consagraba ese tipo
de derecho por el[la] reclamado, dándose como resultado […] que un
administrador de turno […] le reconoció y pagó mediante resolución una parte
de los años adeudado[s] por concepto de sus cesantías anualizada[s] […]».
Que «[…] resulta entonces de imperiosa necesidad, ratificar con absoluta
vehemencia que el [m]unicipio de San Andrés de Sotavento s[í] obró de mala fe
[…] en relación con el reconocimiento y pago de […] sus cesantías, [pues] […]
de manera oficiosa lo trasladó al régimen […] anualizado lo cual se demuestra
con la liquidación de sus cesantías correspondientes al año 2012, e igualmente
cancel[ó] las […] de los años 2004 a 2007 de manera anualizada, las cuales
fueron consignadas por la entidad en el mes de febrero de 2012 en el Fondo
Privado BBVA Horizontes, de tal manera que si le dio el tratamiento de un
funcionario anualizado es porque previamente ya le había hecho el traslado de
régimen correspondiente, de lo contrario resultaría contradictoria la actuación
adelantada por la actual administración municipal».
Agrega que lo que «[…] hay que tener en cuenta para determinar si hay lugar
o no al reconocimiento de la sanción moratoria […] es el [p]rincipio de la
primacía de la realidad […]».
4
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II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 13 de
septiembre de 2021 (f. 367) y admitido por esta Corporación a través de auto de
20 de mayo de 2022 (f. 362 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del
CPACA2, y en virtud de lo establecido en el numeral 4 ibidem, el demandado,
por conducto de apoderado, presentó alegatos de conclusión para reiterar los
argumentos de defensa expresados en el escrito de contestación de la demanda3.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación (parcial),
corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la actora, en su
condición de servidora pública del orden territorial, le es aplicable el régimen
de cesantías anualizadas, y de ser así, si le asiste o no derecho a la sanción
moratoria por su pago tardío y si se encuentra configurada o no la prescripción
extintiva del derecho.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
3.3.1 Cesantías de los empleados territoriales. El auxilio de cesantías es una
prestación social a la que todos los empleados del Estado tienen derecho, cuya
finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever las necesidades que se
originan para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo
que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo»4,
que actualmente también promueve el acceso de los trabajadores a los
componentes de educación y vivienda.
La letra f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 19455 estipula que el monto de esta
prerrogativa es equivalente a un mes de salario por cada año de servicios o
2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
4
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
5
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
5
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proporcionalmente al lapso laborado. Además, la mencionada norma dispone
que solo hay lugar a pagarla una vez culmine la relación laboral, por lo que esta
forma de reconocimiento recibió el nombre de régimen de cesantías retroactivo.
El artículo 1º. de la Ley 65 de 19466 extendió dicha garantía a los trabajadores
del orden territorial, entre otros, en los siguientes términos:
Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no
escalafonados en la Carrera Administrativa, tendrán derecho al
auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o
discontinuamente, a partir del 1 de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa del retiro.
Parágrafo.- Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los
Departamentos, Intendencias y comisarías y Municipios […].
La norma en cita la reprodujo el Decreto 1160 de 19477 con la aclaración de
que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese lapso.
Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del
Ahorro como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de
Desarrollo Económico, constituido por las cesantías de los trabajadores
oficiales y empleados públicos, cuyo objeto, entre otros, era garantizar el pago
oportuno del aludido derecho laboral. En esta norma se individualizó las
entidades públicas que debían realizar la liquidación anual del emolumento, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a
partir del 1º de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía
que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no
podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del
respectivo empleado o trabajador.
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«Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras».
7
«Sobre auxilio de cesantía».
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El citado precepto no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial,
quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías dispuesto en las Leyes
6ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo.
Por otra parte, la Ley 50 de 19908 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo 99:
El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12%
anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas
vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la
suma causada en el año o en la fracción que se liquide
definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes
del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador
que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por
cada retardo.
El artículo 13 de la Ley 344 de 19969 extendió el régimen de cesantías fijado en
la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados con posterioridad a su
entrada en vigor (31 de diciembre de 1996), en los siguientes términos:
Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las
personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado
tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuar en fecha diferente por la terminación
de la relación laboral;
8
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
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«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
7
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b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen
que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente
artículo.
Por su parte, el artículo 1º. del Decreto 1582 de 199810 amplió el régimen de
cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores públicos
del orden territorial, así:
El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre
de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el
previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes
de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel
que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las retroactivas que son
dables para quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30 de
diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990, inicialmente
para el sector privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores
públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigor (31 de diciembre de
1996).
Conforme a la normativa trascrita se tiene entonces que los empleados que se
vincularon a partir del 31 de diciembre de 1996 les es aplicable el régimen de
cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la realización
de la liquidación anual de dicha prestación social, suma que deberá ser
consignada en el respectivo fondo de cesantías, con anterioridad al 15 de febrero
del año siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado al pago de un día
de salario por cada uno de retardo.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 previó la
posibilidad para los servidores públicos vinculados con anterioridad a la Ley
344 de 1996 que gocen del régimen de retroactividad, acogerse al de cesantías
allí previsto, de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las
cesantías a la fecha de solicitud de traslado;
10
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
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b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la
administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades
territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores
públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por
el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que
se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites
legales necesarios para su expedición.
En el mismo sentido, de conformidad con el artículo 2 del citado Decreto 1582,
para que los servidores públicos territoriales puedan afiliarse a un fondo de
cesantías y acogerse al nuevo régimen anualizado, se realizará un convenio
entre la entidad territorial y el fondo respectivo, en los siguientes términos:
Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de
1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el
pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial
que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es
decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344
de 1996.
La afiliación de los servidores públicos territoriales a un fondo de
cesantías en el evento previsto en el inciso anterior, se realizará en
virtud de convenios suscritos entre los empleadores y los
mencionados fondos, en los cuales se precisen claramente las
obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se
harán los aportes por la entidad pública, y la responsabilidad de la
misma por el mayor valor resultante de la retroactividad de las
cesantías.
Parágrafo.- En el caso contemplado en el presente artículo,
corresponderá a la entidad empleadora proceder a la liquidación
parcial o definitiva de las cesantías, de lo cual informará a los
respectivos fondos, con lo cual éstos pagarán a los afiliados, por
cuenta de la entidad empleadora, con los recursos que tengan en su
poder para tal efecto. Esto hecho será comunicado por la
administradora a la entidad pública y ésta responderá por el mayor
valor en razón del régimen de retroactividad si a ello hubiere lugar,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 344 de 1996.
En el evento en que una vez pagadas las cesantías resultare un saldo
a favor en el fondo de cesantía, el mismo será entregado a la entidad
territorial.
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De lo anterior se desprende que, incluso, los empleados territoriales vinculados
con antelación al 31 de diciembre de 1996 podían trasladarse del régimen de
cesantías retroactivo al anualizado, siempre que se dieran las siguientes
situaciones: (i) convenio entre la entidad territorial y el fondo de cesantías y (ii)
información y publicidad entre los tres (3) sujetos (ente, fondo y afiliado) para
efectos de poner en conocimiento el traslado.
3.4.2 Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. Hace parte del
derecho sancionador por el incumplimiento de una obligación del empleador, la
que carece de carácter accesorio e imprescriptible11, habida cuenta de que (i) se
causa por su no pago y no depende directamente del reconocimiento de las
cesantías, ni hace parte de ellas, pues se genera de manera excepcional, cuando
el empleador omite su deber de cancelarlas dentro de los términos legales 12; y
(ii) no puede considerarse como un derecho exento del término de prescripción,
dada su naturaleza sancionatoria, so pena de vulnerar disposiciones legales que
consagran que no existirán sanciones imprescriptibles.
Precisamente, en lo atañedero esa sanción, la sección segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 201613, arribó a las
siguientes conclusiones:
1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las
cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la
prescripción.
2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al
fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto,
es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la
indemnización por la mora en la consignación de las cesantías
anualizadas, es el momento mismo en que se produce la mora, es
decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago.
4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento
en la consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se
produce la desvinculación del servicio.
11
Respecto del fundamento normativo de la sanción moratoria, ver sentencia de unificación de la sección segunda
de 25 de agosto de 2016, con ponencia del entonces consejero de Estado Luis Rafael Vergara Quintero, radicado
528-14.
12
Sección segunda, subsección A, sentencia de 1º. de diciembre de 2016, expediente: 08001-23-31-000-2011-
01398-01 (3221-15).
13
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
10
Expediente 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
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5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización
moratoria es el que devenga el empleado en el momento en que se
produce la mora, y cuando concurren dos o más periodos de cesantías
y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta para la liquidación
cambia en el momento en que se genera un nuevo periodo de mora,
en los términos previamente descritos.
No obstante, en auto de 7 de noviembre de 201914, esta sección consideró
necesario aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas
inconsistencias entre las conclusiones adoptadas en lo que dice relación con el
cómputo del término prescriptivo de la sanción moratoria y la solución dada al
caso allí tratado, por lo que seleccionó el expediente con fines de unificar
jurisprudencia, escenario en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-022-
202015, por medio de la que fijó las siguientes reglas:
PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección
Segunda del Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la
prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las
siguientes reglas jurisprudenciales:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la
prescripción de la sanción moratoria de las cesantías anualizadas
prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad,
es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la
reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en
la consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de
la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de
manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado
dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente
a su causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad
correspondiente, so pena de su extinción.
De conformidad con lo anterior, el término de prescripción de que trata el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el
caso de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
debe computarse desde el primer día en que se cause el incumplimiento, de
manera que si la exigibilidad de aquella sanción se origina el 15 de febrero
14
Expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
15
Consejo de Estado (sección segunda), sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de marzo de 2020; expediente 08001-
23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
11
Expediente 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dalgy Esther Polo Yépez contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
frente a las cesantías correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior,
la respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres
años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. Asimismo,
en el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año.
En este orden de ideas, resulta claro que, por omitir consignar las cesantías en
los términos previstos en el régimen anualizado, el empleador, como se dijo,
tendría que pagar la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, esto es, un día de salario por cada uno de retardo, la cual puede verse
afectada por la prescripción de no ser reclamada dentro de los tres años
siguientes a la fecha en que se origine16.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Certificación de tiempo de servicio 53-SG-2012 de 23 de julio de 2012 (ff.
24 y 25), expedida por el secretario de gobierno del ente accionado con
funciones específicas encargadas mediante Resolución 6 de 12 de enero
anterior, conforme a la cual la accionante «[…] labora con el [m]unicipio […]
en calidad de [a]uxiliar de [s]ervicios [g]enerales ([c]ódigo 470, [g]rado 01)
vinculada en [c]arrera [a]dministrativa […]», desde el 27 de febrero de 198917
hasta la fecha de expedición de ese documento.
De igual modo, se informa que «[…] la fecha de afiliación a[l] [f]ondo de
[c]esantías certificada por el [j]efe de [s]ección [s]ervicios [g]enerales es el día
17 de [f]ebrero de 2012, Horizonte BBVA […] [y] [c]on anterioridad a la fecha
citada no se consignaron aportes a fondo alguno por las administraciones
anteriores […]».
b) Escrito de 14 de enero de 1999, por medio del cual la demandante expresó al
municipio accionado que «[…] para todos los efectos legales y a partir de la
fecha del presente, me acojo al nuevo régimen o sistema de cesantías
16
El suscrito ponente se había apartado de tal interpretación, adoptada por la sala de subsección mayoritaria en
ocasiones anteriores, por considerar que dicha sanción tiene su causación cada día de no pago hasta cuando se
consigne el valor del auxilio de cesantías, por lo que podría haber una prescripción parcial, si se reclama dentro de
los 3 años siguientes a su cancelación.
17
Nombrada con «Decreto 15 de 27 de febrero de 1989».
12
Expediente 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dalgy Esther Polo Yépez contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
anualizadas de que trata la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996 y he
seleccionado al fondo de cesantías horizontes S.A., para que me sean
consignadas anualmente en este fondo» (f. 54).
c) En los folios 53 a 62 obran peticiones de 9 de junio de 1998, 23 de
noviembre de 2000, 23 de julio de 2001, 12 de agosto de 2003, 9 de agosto de
2004, 26 de junio de 2007, 1º. de septiembre de 2008, 16 de agosto de 2010 y
25 de septiembre de 2013, en las que la demandante, en idénticos términos,
reclama del ente territorial accionado «[c]ancelación de [sus] cesantías a las
que [tiene] derecho, por no haber[la] afiliado a ningún fondo de cesantías
[…]», con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y las Leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como el Decreto 1582 de 1998.
d) «FORMATO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LA
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE VOTOS ADMISIBLES Y LA
EXISTENCIA Y CUANTÍA DE LAS ACREENCIAS A CARGO DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO (CÓRDOBA) [de] 27 DE
DICIEMBRE DE 2012», con el cual la actora solicitó «[…] sea incluida como
acreencia cierta las cesantías y sanción moratoria […]», a lo que el promotor
del acuerdo de reestructuración de pasivos decidió: «TENIENDO EN CUENTA
QUE LA SANCI[Ó]N MORATORIA CONTEMPLADA EN LA LEY 244 DE
1995 SOLO PUEDE SER RECONOCIDA POR V[Í]A JUDICIAL Y NO
ADMINISTRATIVA, NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN» (f. 40).
e) Memorial de 12 de mayo de 2014 (ff. 13 a 18), por el que la demandante
depreca del ente accionado «[…] reconocer, ordenar, liquidar y pagar […] las
sumas que resulten a su favor por concepto de la deuda correspondiente a las
CESANT[Í]AS, INTERESES DE CESANT[Í]AS, VACACIONES, PRIMAS,
AUXILIO DE TRANSPORTE, AS[Í] COMO LA INDEXACIÓN, Y
SANCIÓN MORATORIA de que trata la [L]ey 344 de 1996, por la no
afiliación o depósito oportuno de dichas cesantías a un fondo público o
privado, INTERESES Y DEM[Á]S EMOLUMENTOS SALARIALES
([e]xcepto años 2004 a 2007), adeudadas […] que no fueron incluidos como
acreencia en el proceso de re[e]structuración de pasivo […]» (sic); lo que le
fue negado con el acto acusado (ff. 20 a 23).
f) Certificación firmada por el director general de apoyo fiscal del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, que da cuenta de que el 4 de septiembre de 2012
el ente accionado presentó solicitud de ingreso al registro de inscripción de
información relativa a los acuerdos de reestructuración de pasivos, lo que fue
13
Expediente 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dalgy Esther Polo Yépez contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
aceptado a través de Resolución 2634 de 5 siguiente y consolidado el 10 de los
mismos mes y año, mientras que el acuerdo de reestructuración fue inscrito el 8
de enero de 2013 (ff. 26 a 31).
g) Acta de la reunión de determinación de derechos de voto y acreencias del
acuerdo de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999 de San Andrés de
Sotavento de 27 de diciembre de 2012 (ff. 32 a 37).
h) En los folios 163 a 186 se hallan los documentos que dan cuenta de que las
cesantías de 2004 a 2007 de la accionante, junto con otros empleados
municipales, fueron canceladas como anualizadas.
i) Certificación de 14 de julio de 2017 (ff. 234 y 235), suscrita por la secretaría
de hacienda de San Andrés de Sotavento, según la cual dentro del procedimiento
de reestructuración a la actora de fueron reconocidas unas acreencias por valor
de $20.709.475, en las que se incluyen unas cesantías por la suma de
$13.787.668, sufragadas el 9 de enero de 2014.
j) Certificado de 28 de julio de 2007 (f. 236), proferido por el jefe de sección
de servicios generales del municipio accionado, en el que se indica:
[…] revisada la base de datos de la historia laboral inscrita en el
Programa PASIVOCOL, la Señora DALGY ESTHER POLO
Y[É]PEZ […] labor[ó] con el Municipio de San Andrés de Sotavento
Córdoba de conformidad con los siguientes:
Fecha de ingreso/fecha Acto
Cargo
de retiro administrativo
01/04/1996 a la fecha Decreto 38 de 1º Mensajera de
de abril de 1996 la oficina de
educación
27/02/1989 a Decreto 15 de 26 Auxiliar de
31/12/1995 de febrero de Telecom
1989
24/01/1984 a Resolución 1 de Profesora
27/11/1985 24 de enero de rural
1984
Que en los años 2001, 2002, 2003 y 2005 solicit[ó] el reconocimiento
y pago de las Cesantías anualizadas […]
Que los años 1989-2003, 2008-2010 se cancelaron sus cesantías en el
marco del Proceso de Reestructuración de Pasivos – Ley 550 de 1999
que adelanta la entidad.
14
Expediente 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dalgy Esther Polo Yépez contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
Que los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se le consignaron
sus cesantías al Fondo de Cesantías BBVA Horizonte, hoy Porvenir,
bajo el régimen de liquidación anualizado [sic para toda la cita].
k) De acuerdo con certificado emitido por la secretaría de hacienda de San
Andrés de Sotavento, la accionante «[…] en la reunión de Determinación de
Votos y Acreencias NO presentó objeción alguna» (sic) [f. 330].
De las pruebas relacionadas, se colige que la actora (i) labora para el municipio
de San Andrés de Sotavento (Córdoba) desde el 27 de febrero de 198918, según
certificación allegada al expediente; (ii) a partir del 17 de febrero de 2012 se
afilió para cesantías al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir (antes
Horizonte BBVA); (iii) a través de escritos de 9 de junio de 1998, 23 de
noviembre de 2000, 23 de julio de 2001, 12 de agosto de 2003, 9 de agosto de
2004, 26 de junio de 2007, 1º. de septiembre de 2008, 16 de agosto de 2010 y
25 de septiembre de 2013, reclamó del ente territorial accionado la
«[c]ancelación de [sus] cesantías a las que [tiene] derecho, por no haber[la]
afiliado a ningún fondo de cesantías […]», a lo que guardó silencio; (iv) dentro
del trámite de reestructuración de pasivos del demandado, pidió el pago de sus
cesantías y la consecuente sanción moratoria, a lo que el promotor del acuerdo
solo accedió a sufragar las primeras; y (v) por medio de memorial de 12 de
mayo de 2014, solicitó del ente accionado la sanción moratoria por la falta de
cancelación de sus cesantías, excepto por los años 2004 a 2007, lo que fue
negado con el acto acusado.
También está acreditado que las cesantías de 1989 a 2003 y 2008 a 2010 fueron
liquidadas y pagadas a la accionante dentro del trámite de reestructuración de
pasivos, mientras que las de 2004 a 2007 y 2011 a 2016 se sufragaron por el
régimen anualizado, a pesar de que no obra en el expediente prueba de que
aquella se haya trasladado de régimen con anterioridad al 17 de febrero de 2012
(fecha certificada como de vinculación al fondo de cesantías Horizonte BBVA).
Sea del caso advertir que el recurso de apelación parcial impetrado por la actora
únicamente se contrae al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías anualizadas, frente a lo cual el a quo declaró probada la
excepción de prescripción extintiva del derecho.
18
Se tiene como fecha de vinculación para este proceso el 27 de febrero de 1989, dado que tras la culminación de
su trabajo anterior con la Administración municipal (24 de enero de 1984 a 27 de noviembre de 1985), hubo solución
de continuidad.
15
Expediente 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dalgy Esther Polo Yépez contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de determinarse
es el régimen de cesantías que le resulta aplicable a la accionante, respecto de
lo cual se evidencia que su vinculación a la planta de la entidad territorial
demandada ocurrió el 27 de febrero de 1989, fecha para la que el vigente era el
de cesantías retroactivas regido por la Ley 6ª. de 1945, sin que exista prueba
alguna del traslado de que trata el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que
permitió la posibilidad para los servidores públicos designados con anterioridad
a la Ley 344 de 1996 de acogerse al régimen de cesantías anualizadas.
Según el marco conceptual que antecede, los artículos 2 y 3 del citado Decreto
1582 establecen que, para que los servidores públicos territoriales puedan
afiliarse a un fondo de cesantías y acogerse al nuevo régimen anualizado, deben
cumplirse las siguientes exigencias: (i) suscripción de un convenio entre la
entidad territorial y el fondo de cesantías para efectos de administrar en cuentas
individuales los recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos
de ese nivel que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad; (ii)
información y publicidad entre los tres (3) sujetos (ente, fondo y afiliado) con
el fin de poner en conocimiento el traslado; y (iii) liquidación definitiva de las
cesantías realizada por la entidad pública a la fecha de solicitud de traslado,
cuyo valor deberá ser entregado a la administradora seleccionada por el
trabajador, representado en un título de deuda pública a favor de este.
En el presente asunto se echa de menos las anteriores condiciones, por cuanto
solo hay certificación sobre la afiliación de la accionante al Fondo de Pensiones
y Cesantías Porvenir desde el 17 de febrero de 2012, y la petición formulada
por ella el 14 de enero de 1999 por sí sola no es suficiente para materializar el
traslado de régimen, pues para ello es indispensable satisfacer las mencionadas
exigencias previstas en los artículos 2 y 3 del Decreto 1582 de 1998, pues, amén
de que no aportó ninguno de los aludidos documentos, tampoco obra
liquidación de sus cesantías con corte a la fecha de cambio de régimen con el
sistema anterior19.
En este orden de ideas, se evidencia que la demandante está vinculada a la
19
Consejo de Estado, (sección segunda), expediente 08001-23-31-000-2011-00585-01 (1435-14), C. P. Luis Rafael
Vergara Quintero: «Al respecto, es necesario hacer énfasis en que de conformidad con lo previsto en el artículo 3
del Decreto 1582 de 1998, los servidores públicos vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996,
cobijados por el régimen de retroactividad de cesantías, como en el caso de la demandante, quien se vinculó a la
administración municipal desde el año 1992, tenían la posibilidad de cambiarse de régimen, pero ese cambio no
operaba en forma automática por el sólo hecho de la creación del régimen anualizado, sino que tenía que mediar la
voluntad del empleado, para acogerse al mismo. // Y, obviamente, esa decisión debía ser puesta en conocimiento
del empleador, pues era a éste a quien le correspondía adelantar las gestiones necesarias para liquidar los valores
debidos con fundamento en el régimen de retroactividad y a partir de allí, empezar a realizar las liquidaciones
anualizadas, en la forma y términos que dispuso la Ley 344 de 1996 y complementarias».
16
Expediente 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dalgy Esther Polo Yépez contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
accionada desde el 27 de febrero de 1989 y, a pesar de haberse afiliado a un
fondo de pensiones y cesantías privado, no perdió el régimen retroactivo de
cesantías que la cobijaba por ser empleada del nivel territorial antes del 31 de
diciembre de 1996, fecha en que entró en vigor la Ley 344 de 1996; por tanto,
no hay duda sobre la falta de cumplimiento de las previsiones legales para la
configuración del cambio de régimen.
De igual modo, se precisa que la entidad sufragó a la actora las cesantías de los
años 1989 a 2003 y 2008 a 2010, conforme al régimen retroactivo en atención
a la fecha de inicio de la relación laboral, aspecto frente al que aquella no
presentó reparo alguno, por lo que resulta sorprendente que ahora pretenda
beneficiarse de un régimen anualizado de cesantías sin que haya cumplido a
cabalidad los requisitos para lograr ese propósito.
No obstante, se itera que las cesantías de los años 2004 a 2007 (a pesar de que
no son objeto de las pretensiones) y las de 2011 a 2016 fueron canceladas según
el régimen anualizado.
En un caso similar20, esta subsección expresó:
[…] la Sala observa que el actor se ha beneficiado de uno y otro
régimen, ya que mientras que en un interregno del 2004 a 2007, se le
canceló el auxilio de cesantías como si se tratara de un servidor
regulado por el sistema anualizado; por los años 1998 a 2003 y 2008
a 2010, la administración liquidó las cesantías conforme al régimen
retroactivo en atención a la fecha de inicio de la relación laboral;
régimen que le resulta más favorable al empleado, en la medida que
para su cómputo se tuvo en cuenta el último salario devengado a la
fecha (2012), arrojándole una suma de $51.237.372 por concepto de
9 de años de la prestación social, al paso que con el anualizado se
tuvo en cuenta la asignación de cada vigencia (2004, 2005, 2006 y
2007), reconociéndosele el valor de $5+.702.206, que si bien
corresponde a 3 años, permite concluir que de haberse liquidado por
todo el período laborado con base en este sistema no llegaba ni a una
quinta parte respecto de aquella suma dineraria pagada por
retroactividad, lo cual es sumamente beneficioso para el actor.
49. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que el actor, en calidad
de servidor público territorial cobijado por el sistema retroactivo de
cesantías, en razón a la fecha de ingreso a la administración, sin que
manifestara su voluntad de renunciar a aquel o trasladarse el
20
Sentencia de 30 de mayo de 2019, expediente 23001-23-33-000-2014-00479-01 (1168-17).
17
Expediente 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dalgy Esther Polo Yépez contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
anualizado, solicitara el pago de manera anualizada por unas
anualidades -2004 a 2007-, para posteriormente, beneficiarse del
reconocimiento y pago conforme al sistema retroactivo por los años
1998 a 2003 y 2008 a 2010-; régimen que resulta ser altamente
beneficioso para el servidor que lo cobija, para posteriormente
solicitar la sanción moratoria por estos años liquidados con
retroactividad, alegándose para ello, estar regulado por las Leyes 50
de 1990 y 344 de 1996, cuando se ha quebrantado el principio de
inescindibilidad de la ley, al obtener ventajas de uno y otro sistema
de liquidación [sic para toda la cita].
En tal sentido, esta Sala encuentra reprochable esta conducta de la accionante,
máxime cuando su pretensión se soporta en un argumento de aplicación del
principio de la primacía de la realidad, que no resulta admisible, puesto que ha
sido ella quien ha incumplido las exigencias que la ley preceptúa para estos
fines, toda vez que la entidad ha acatado su obligación de pago de las cesantías,
aún encontrándose inmersa en un trámite de reestructuración de pasivos.
Además de lo anterior, si bien el 17 de febrero de 2012 la actora fue afiliada a
un fondo privado de cesantías, ello no implicó que su régimen retroactivo haya
cambiado al anualizado, toda vez que para ello, se insiste, se requiere colmar
las exigencias previstas en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, amén de que
el artículo 2 ibidem establece que «las entidades administradoras de cesantías
creadas por la Ley 10 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los
recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel
territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es
decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996».
Asimismo, «[…] los cambios que contempla el nuevo sistema de liquidación
únicamente pueden hacerse obligatorios para las relaciones laborales futuras,
es decir, las que se inicien después de haber entrado la citada ley en pleno
vigor. En consecuencia, no es admisible cobijar bajo las nuevas disposiciones
las situaciones jurídicas nacidas a partir de vínculos que se venían ejecutando
al producirse la reforma, puesto que en términos de la Corte Constitucional
«Respecto de ellas, el único que puede optar por incorporarse al régimen
posterior, pudiendo permanecer en el antiguo, es el empleado, libre de toda
coacción externa y bajo el supuesto de su mejor conveniencia.»21»22.
21
«Sentencia C-428 de 1997. Magistrados Ponentes: Dr. José Gregorio Hernández Galindo, Dr. Alejandro
Martínez Caballero y Dr. Vladimiro Naranjo Mesa».
22
Sentencia de 30 de mayo de 2019, expediente 23001-23-33-000-2014-00479-01 (1168-17).
18
Expediente 23001-23-33-000-2016-00047-01 (4503-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Dalgy Esther Polo Yépez contra el municipio de
San Andrés de Sotavento (Córdoba)
En esas condiciones, esta Corporación encuentra que a la accionante no le asiste
el derecho a la sanción moratoria por la alegada falta de pago de sus cesantías
anualizadas, pues ella pertenecía al régimen retroactivo, del que no ha
formalizado traslado alguno al anualizado.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto
negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 4 de marzo de 2021 expedida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba (sala tercera), en cuanto negó las pretensiones de la
demanda en el proceso instaurado por la señora Dalgy Esther Polo Yépez contra
el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba), pero por las razones
expuestas en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
19
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